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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-05246-01

Fecha
17 de febrero de 2025
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-05246-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. ACEPTAR la solicitud de coadyuvancia formulada por los señores Guillermo Arenas Joya y Mario Alberto Pinzón, conforme a lo esgrimido en la parte considerativa de este fallo. SEGUNDO. CONFIRMAR la sentencia de 19 de noviembre de 2024, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, que accedió al amparo de los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad invocados por el señor Lucas Patiño Beltrán, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991. CUARTO. COMUNICAR la presente decisión a la Sección Tercera, Subsección B de esta Corporación y remitir copia. QUINTO. Ejecutoriada esta providencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2024-05246-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

17 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero de Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Radicado : 11001-03-15-000-2024-05246-011
Demandante : Lucas Patiño Beltrán
Demandado : Consejo de Estado – Sala Especial de Decisión No. 16
Vinculados : Consejo de Estado – Sección Cuarta, Tribunal Administrativo
de Santander, Bingos y Casinos de Santander S.A. en
liquidación, Unidad Administrativa Especial Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Mario Alberto
Pinzón y Guillermo Arenas Joya
Acción : Tutela (impugnación)
Derechos : Debido proceso e igualdad
Tema : Tutela contra providencia, recurso extraordinario de revisión,
capacidad procesal de sociedad liquidada
Decisión : Sentencia de segunda instancia

Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por la Unidad Administrativa
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) contra el fallo de
19 de noviembre de 2024, emitido por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B2, que accedió al amparo deprecado.

I. ANTECEDENTES

1.1 Contexto fáctico.

De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos
por el actor frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se revisará lo
relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se determinará lo que
corresponda en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.

La demanda de tutela.

Lucas Patiño Beltrán, quien actúa a través de apoderado judicial, interpuso el
presente recurso de amparo, con el fin de obtener la protección de los derechos
fundamentales al debido proceso e igualdad, presuntamente vulnerados por el

1
Expediente digital disponible en Samai.
2
C. P. Martín Bermúdez Muñoz.

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05246-01
Demandante: Lucas Patiño Beltrán
Demandado: Consejo de Estado – Sala Especial de Decisión No. 16

Consejo de Estado – Sala Especial de Decisión No. 16.

Por consiguiente, solicitó dejar sin efectos los autos de (i) 21 de mayo de 2024,
por medio del cual el Consejo de Estado – Sala Especial de Decisión No. 16
admitió el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la DIAN contra la
sentencia proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado el 10 de
noviembre de 2022, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
que promovió contra esa entidad (expediente 68001-23-33-000-2016-00053-01); y
(ii) 12 de agosto del mismo año, por cuyo conducto confirmó esa decisión. En su
lugar, pidió que se ordene a la autoridad accionada emitir una nueva providencia
en la que se rechace el aludido recurso “por no reunir los requisitos formales
exigidos en [los] artículo[s] 166 y 252 del [CPACA], esto es la designación de las
partes y sus representantes, con capacidad para comparecer al proceso”.

Hechos3.

Relata el accionante que, el 15 de enero de 2016 en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho (expediente 68001-23-33-000-2016-
00053-01), en su condición de gerente liquidador de Bingos y Casinos de
Santander S.A., junto con los señores Mario Alberto Pinzón y Guillermo Arenas
Joya, en calidad de representante legal y revisor fiscal de esa sociedad, en su
orden, solicitaron la anulación de las resoluciones proferidas por la división de
gestión de liquidación de la DIAN seccional Bucaramanga que modificaron la
liquidación privada No 9100013275316 de 12 de abril de 2012 e impusieron unas
sanciones, para que, en su lugar, se estableciera que la declaración de renta del
año gravable 2011 se encontraba en firme, porque el emplazamiento para corregir
dentro de los seis meses establecidos en el estatuto tributario fue notificado
indebidamente.

Que, de ese asunto ordinario conoció el Tribunal Administrativo de Santander que,
el 12 de marzo de 2021 accedió a las pretensiones, al estimar que “existió
vulneración al debido proceso al no notificarse el emplazamiento para corregir en
la dirección señalada por el contribuyente en el RUT y, por tanto, adquirió firmeza
la declaración de renta del año 2011”, decisión que fue confirmada parcialmente4
el 10 de noviembre de 2022 por el Consejo de Estado, Sección Cuarta5.

3
Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital de primera instancia en SAMAI, índice 00002.
4
Por cuanto se revocó la condena en costas que, en primera instancia, se le había impuesto a la DIAN.
5
C. P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.

2

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05246-01
Demandante: Lucas Patiño Beltrán
Demandado: Consejo de Estado – Sala Especial de Decisión No. 16

Aduce que, inconforme con lo anterior, el 15 de noviembre de 2023 la DIAN
interpuso recurso extraordinario de revisión (expediente 11001-03-15-000-2023-
06955-00), para lo cual invocó la causal prevista en el numeral 5° del artículo 250
del CPACA, esto es, “[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y contra la que no procede recurso de apelación”, puesto que, a su juicio,
el aludido fallo de 10 de noviembre de 2022 resultaba incongruente, porque no
analizó el alcance del artículo 565 del Decreto 624 de 30 de marzo de 19896.

Sostiene que, por medio de auto de 21 de mayo de 2024 el Consejo de Estado –
Sala Especial de Decisión No. 167 admitió el referido recurso, al considerar que,
aunque “satisfaciendo la exigencia de que trata el inciso primero del numeral 4°
del artículo 166 del CPACA, se aportó el certificado expedido por la Cámara de
Comercio de Bucaramanga en el que consta que el trece (13) de diciembre de dos
mil trece (2013) se nombró como liquidador de la sociedad Bingos & Casinos de
Santander S.A. al señor Lucas Beltrán Patiño y que el dieciocho (18) de julio de
dos mil veintidós (2022), se aprobó la cuenta final de liquidación; […] misma fecha
[en que] se solicitó la cancelación de la matrícula mercantil siendo su estado
actual el de “cancelado” […], esta circunstancia no impide la admisión del recurso
extraordinario, no solo porque lo que se exige es el cumplimiento de una serie de
requisitos formales que son los que aquí se analizan sino porque, además, su
naturaleza no es propiamente adversarial, en tanto su propósito es despojar del
carácter de cosa juzgada a una providencia judicial que, según se alega, estaría
incursa en una causal de las establecidas en el artículo 250 del CPACA”.

Expone que, al no estar de acuerdo con esa determinación, junto con los señores
Mario Alberto Pinzón y Guillermo Arenas Joya, interpuso recurso de reposición,
desatado el 12 de agosto de 2024 por el Consejo de Estado – Sala Especial de
Decisión No. 16, en el sentido de confirmarla, comoquiera que “el hecho de que
quien fungió como parte contraria en el proceso ordinario haya desaparecido, no
se erige como causal de rechazo del recurso”.

Argumenta que, “[a]l no reunir el recurso [extraordinario de revisión interpuesto por
la DIAN] los requisitos formales exigidos en el artículo 252 [del CPACA], esto es la
designación de las partes y sus representantes, con capacidad para comparecer al

6
“Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos
Nacionales”.
7
C. P. Nicolás Yepes Corrales.

3

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05246-01
Demandante: Lucas Patiño Beltrán
Demandado: Consejo de Estado – Sala Especial de Decisión No. 16

proceso, se deberá rechazar”, porque cuando aquel se interpuso la sociedad
Bingos & Casinos de Santander S.A. estaba liquidada, por lo que no podía ser
parte dentro del proceso, lo cual ocurre también respecto de su gerente liquidador,
su representante legal y su revisor fiscal.

1.2 Contestaciones de la acción.

1.2.1 La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN)8 solicitó que se declare improcedente la presente acción de
tutela, por cuanto “la parte accionante en ningún momento cumple con la carga
argumentativa necesaria para demostrar que con la [providencia] objeto de
[reproche] se está generando una desproporcionada restricción a un derecho
fundamental, por el contrario, lo que se evidencia es que […] pretende utilizar[la]
para discutir asuntos meramente legales”.

1.2.2 El Consejo de Estado – Sala Especial de Decisión No. 169 adujo que “el
debate propuesto escapa a la finalidad de la acción de tutela que, debe
recordarse, no está prevista como una instancia adicional ni como un mecanismo
de corrección o de legalidad de las decisiones adoptadas por el juez natural de
cada proceso, lo cual descarta, de suyo, que el asunto tenga relevancia
constitucional”.

1.2.3 El Tribunal Administrativo de Santander10 sostuvo que en esta solicitud de
amparo “se reprocha específicamente la admisión del recurso extraordinario de
revisión -en sede de reposición- dispuesta por el […] Consejo de Estado, trámite
dentro del cual, […] no tiene competencia alguna”.

1.2.4 Guillermo Arenas Joya11 y Mario Alberto Pinzón12 indicaron que
coadyuvaban la solicitud de amparo y pidieron que se accediera a la misma, con
fundamento en que, con la decisión de admitir el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por la DIAN, pese a no satisfacer los requisitos relacionados con la
capacidad de representación de las partes, se transgredieron las garantías
superiores invocadas.

8
Índice 00013 del expediente de Samai de primera instancia.
9
Índices 00015 y 00016 del expediente de Samai de primera instancia.
10
Índice 00018 del expediente de Samai de primera instancia.
11
Índices 00027 y 00028 del expediente de Samai de primera instancia.
12
Índices 00029 y 00030 del expediente de Samai de primera instancia.

4

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Demandante: Lucas Patiño Beltrán
Demandado: Consejo de Estado – Sala Especial de Decisión No. 16

1.2.5 El Consejo de Estado, Sección Cuarta guardó silencio en la oportunidad
prevista para el efecto.

1.3 Providencia impugnada13.

Mediante fallo de 19 de noviembre de 2024, el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B accedió al amparo deprecado, al considerar que “resulta
evidente que los efectos extintivos de la sociedad se extienden a su liquidador,
[por lo que], no puede exigírsele a quien tuvo a cargo la liquidación que siga
representando los derechos y obligaciones de una sociedad que se encuentra
liquidada desde 2022, como efectivamente lo hizo la autoridad judicial accionada
al ordenar notificar al accionante de la admisión del recurso extraordinario de
revisión en auto del 21 de mayo de 2024”, máxime cuando “[l]a DIAN presentó el
recurso extraordinario de revisión el 15 de noviembre de 2023, es decir, más de un
año después de aprobada la cuenta final de liquidación de la sociedad Bingos &
Casinos de Santander S.A.”.

Por consiguiente, dispuso:

“PRIMERO: AMPÁRASE el derecho fundamental al debido proceso de Lucas Patiño
Beltrán.

SEGUNDO: ACÉPTASE la solicitud de coadyuvancia presentada por Guillermo
Arenas Joya y Mario Alberto Pinzón.

TERCERO: DÉJASE SIN EFECTOS el auto del 12 de agosto de 2024, proferido por
la Sala Especial de Decisión No. 16 del Consejo de Estado dentro del recurso
extraordinario de revisión identificado con el radicado 11001-03-15-000-2023- 06955-
00.

CUARTO: ORDÉNASE a la Sala Especial de Decisión No. 16 del Consejo de Estado
a dictar, dentro de los diez (10) días siguientes contados a partir de la notificación de
la presente providencia, un nuevo auto que se ajuste a lo dispuesto en la parte motiva
aquí expuesta”.

1.4 La impugnación14.

Inconforme con la anterior decisión, la DIAN la impugnó, para cuyo propósito
reiteró los argumentos expuestos en su escrito de contestación.

Agregó que, “[n]o se vulneró ningún derecho a la parte accionante, en la medida
en que la capacidad del liquidador de la sociedad liquidada, para efectos de

13
Índice 00032 del expediente de Samai de primera instancia.
14
Índice 00040 del expediente de Samai de primera instancia.

5

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Demandante: Lucas Patiño Beltrán
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admitir un recurso extraordinario de revisión, no debe ser objeto de discusión en
sede de tutela”.
II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia.

En virtud de los artículos 3215 del Decreto ley 2591 de 199116 y 2517 del Acuerdo
80 del 12 de marzo de 201918 expedido por la sala plena del Consejo de Estado,
esta Subsección es competente para conocer de la presente impugnación.

2.2 La acción.

Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y
reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión
de cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga
de otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño
irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

2.3 Cuestiones preliminares.

2.3.1 Providencia objeto de reproche.

En el asunto sub examine el demandante pretende que se dejen sin efectos los
proveídos de (i) 21 de mayo de 2024, por medio del cual el Consejo de Estado –
Sala Especial de Decisión No. 16 admitió el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por la DIAN contra la sentencia proferida por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado el 10 de noviembre de 2022, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido por el tutelante y otras personas contra
esa entidad (expediente 68001-23-33-000-2016-00053-01); y (ii) 12 de agosto
siguiente, por cuyo conducto confirmó esa decisión

15
“Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente”.
16
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
17
“Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a
reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o
subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto”.
18
Por medio del cual se expide “el reglamento interno del Consejo de Estado”.

6

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05246-01
Demandante: Lucas Patiño Beltrán
Demandado: Consejo de Estado – Sala Especial de Decisión No. 16

Sin embargo, esta Sala únicamente centrará su estudio jurídico en la providencia
de 12 de agosto de 2024, por ser la que, al desatar el recurso de reposición
interpuesto contra la de 21 de mayo del mismo año, decidió de manera definitiva el
mencionado asunto contencioso administrativo.

2.3.2 Solicitud de coadyuvancia.

Los señores Guillermo Arenas Joya y Mario Alberto Pinzón, en calidad de
representante legal y revisor fiscal de la sociedad Bingos y Casinos de Santander
S.A., quienes integraron el extremo activo en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 68001-23-33-000-2016-00053-01, en el
que se profirió la providencia objeto de revisión dentro del recurso extraordinario
de revisión 11001-03-15-000-2023-06955-00, piden se les tenga como
coadyuvantes del actor, al considerar que con la decisión de admitir dicho recurso,
pese a no satisfacer los requisitos relacionados con la capacidad de
representación de las partes, se transgredieron las garantías superiores
invocadas.

Al respecto, se advierte que la coadyuvancia es una figura procesal por medio de
la cual alguien acude a una controversia judicial, con el objeto de apoyar la
prosperidad de las aspiraciones del demandante u oponerse a ellas (es decir,
acompañar al demandado), y así salvaguardar sus propios intereses, de acuerdo
con el inciso 2º19 del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 y el artículo 71 20 del
Código General del Proceso (CGP), aplicable a las acciones de tutela en virtud de
los artículos 421 del Decreto 306 de 199222 y 2.2.3.1.1.323 del Decreto 1069 de
201524 y de lo precisado por la Corte Constitucional25.

En ese orden de ideas, comoquiera que los señores Guillermo Arenas Joya y
Mario Alberto Pinzón están habilitados para intervenir en el presente asunto,

19
“Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la
persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud”.
20
“Quien tenga con una de las partes determinada relación sustancial a la cual no se extiendan los efectos jurídicos de la
sentencia, pero que pueda afectarse si dicha parte es vencida, podrá intervenir en el proceso como coadyuvante de ella,
mientras no se haya dictado sentencia de única o de segunda instancia[...]”.
21
“Para la interpretación de las disposiciones sobre trámite de la acción de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 se
aplicarán los principios generales del Código de Procedimiento Civil, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho
decreto”.
22
“Por el cual se reglamenta el Decreto 2591 de 1991”.
23
“Para la interpretación de las disposiciones sobre trámite de la acción de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 se
aplicarán los principios generales del Código General del Proceso, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho
Decreto”.
24
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
25
Sentencia T-70 de 2018, M. P. Alejandro Linares Cantillo.

7

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puesto que fueron vinculados como terceros con interés26 porque, junto al
accionante, interpusieron recurso de reposición y, en subsidio de apelación contra
la decisión de admitir el recurso extraordinario de revisión con radicado 11001-03-
15-000-2023-06955-00 y expusieron las razones por las cuales se deben atender
las pretensiones del mecanismo constitucional, se accederá a su solicitud de
coadyuvancia.

2.4 Problema Jurídico.

Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela, examinar el
eventual quebranto de derechos fundamentales que pueda comportar el auto de
12 de agosto de 2024, mediante el cual el Consejo de Estado – Sala Especial de
Decisión No. 16 confirmó el proveído de 21 de mayo de ese año, con el que
admitió el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la DIAN contra la
sentencia proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado el 10 de
noviembre de 2022, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
promovido por el tutelante y otras personas contra esa entidad (expediente 68001-
23-33-000-2016-00053-01); y, en caso afirmativo, si se han vulnerado las
garantías superiores al debido proceso e igualdad invocadas en la solicitud de
amparo.

2.5 La acción de tutela contra providencias judiciales.

El debate jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones
judiciales tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional
que declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más
adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la amenaza
de derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en sede de tutela,
con la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en apariencia revestido
de forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de hecho.

La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y desprovista
de todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la acción de tutela
contra decisiones judiciales, dado que, no obstante, el reconocimiento del principio
de autonomía funcional del juez, quien la administra quebranta, bajo la forma de
una providencia judicial, derechos fundamentales.

26
Mediante auto de 24 de octubre de 2024 visible en el índice 00020 del expediente de Samai de primera instancia.

8

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La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de 1994
se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera
calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura cuando
se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i)
defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en
una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando
resulta indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente para
proceder a aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iii) defecto
orgánico, se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia
impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; y (iv) defecto
procedimental, que aparece en aquellos eventos en los que se actúa
completamente al margen del proceso establecido.

Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación
proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las cuales están las
sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002. Posteriormente, mediante
sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional destacó el carácter excepcional
de la acción de tutela, vale decir cuando de manera protuberante se vulneran o
amenazan derechos fundamentales.

Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los
eventos excepcionales de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente
para identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de
orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se
afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos porque
se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos judiciales
ordinarios.

Tales presupuestos son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. (iii)
Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga
en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración. (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro

9

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que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se
impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. (v) Que el
actor identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en el
proceso judicial siempre que esto hubiese sido posible. (vi) Que no se trate de
sentencias de tutela, en consideración al riguroso proceso de selección que hace
la Corporación.

Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra
sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de
causales genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar la
excepcionalidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, la cual
solamente cuando tenga indudable relevancia constitucional resulta procedente.

Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la
decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia;
(ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente
al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el
juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se
funda la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error
inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos
fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por
parte de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte
Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar
la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede
cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en
eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se
trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.

Por otra parte, se destaca que la sala plena de lo contencioso administrativo del
Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela
10

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resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales27, rectificó su
posición mediante sentencia de 31 de julio de 201228, en el sentido de disponer
que la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando vulneren
derechos fundamentales, con observancia de los parámetros fijados
jurisprudencialmente, así como los que en el futuro determine la ley y la
jurisprudencia; lineamientos que esta subsección con anterioridad al fallo citado ha
aplicado en los términos antes expuestos29.

2.6 Caso concreto.

Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado
comporta relevancia constitucional, en la medida en que recae sobre la presunta
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad del
tutelante; (ii) contra la decisión objeto de censura no procede recurso alguno; (iii)
se establecieron los hechos que originaron el supuesto quebranto de las aludidas
garantías superiores; (iv) el requisito de inmediatez se satisface, por cuanto la
providencia atacada quedó ejecutoriada el 23 de agosto de 202430 y la solicitud de
amparo se presentó el 30 de septiembre siguiente, es decir, dentro de un término
prudencial (1 mes y 7 días); y (v) el auto acusado no es de tutela.

En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo
del asunto bajo la causal específica denominada defecto sustantivo, comoquiera
que, pese a que el actor no la alegó, sus argumentos están relacionados con una
indebida aplicación normativa (artículo 252 del CPACA), en relación con los
requisitos para admitir un recurso extraordinario de revisión, por lo que, en virtud
del principio de oficiosidad, que señala que el juez de tutela está en la obligación

27
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-administrativo del
Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016,
C. P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993,
AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda.
6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-
03194-01, C. P. Ligia López Díaz. 8) 16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont
Pianeta.
28
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
29
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 2008-
00779-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado
Ardila. 3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp.
2009-01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando
Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp.
2010-00540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando
Alvarado Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012,
exp. 2011-01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P. Gerardo
Arenas Monsalve.
30
El correo electrónico, mediante el cual se comunicó la decisión cuestionada, fue enviado el 15 de agosto de 2024, motivo
por el cual se entiende notificada a los dos (2) días siguientes, esto es, el 20 de los mismos mes y año, conforme al artículo
205 (numeral 2) del CPACA.

11

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Demandante: Lucas Patiño Beltrán
Demandado: Consejo de Estado – Sala Especial de Decisión No. 16

de interpretar de manera extensiva el escrito inicial31, resulta adecuado analizar
este trámite a partir de la aludida causal de procedencia de tutela contra
providencia judicial.

2.6.1 Defecto sustantivo.

Sea lo primero precisar que el artículo 230 de la Constitución Política prevé que
los jueces se encuentran sometidos al imperio de la ley. En virtud de dicho
mandato, las autoridades judiciales deben decidir las controversias de acuerdo
con las normas que regulan la materia, como expresión del principio de legalidad.

La jurisprudencia constitucional32 ha estimado que la providencia judicial proferida
con desconocimiento del sistema normativo incurre en el denominado defecto
sustantivo, que se configura cuando la controversia es decidida con fundamento
en una disposición legal inaplicable al caso concreto, bien porque fue derogada,
declarada inexequible, versa sobre otro asunto que no tiene relación con el
decidido, la interpretación que hace de ella el juez es paradójica o simplemente se
omite aplicarla. Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo:

Esta Corporación ha caracterizado este defecto como la existencia de una falencia
o yerro en una providencia judicial, originada en el proceso de interpretación y
aplicación de las disposiciones jurídicas al caso sometido al conocimiento del juez.
Para que el defecto dé lugar a la procedencia de la acción de tutela, debe tratarse
de una irregularidad de alta trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que
obstaculice o lesione la efectividad de los derechos constitucionales33.

En el asunto sub examine el demandante aduce que la providencia cuestionada
incurrió en defecto sustantivo, porque inobservó que “[a]l no reunir el recurso
[extraordinario de revisión interpuesto por la DIAN] los requisitos formales exigidos
en el artículo 252 [del CPACA], esto es la designación de las partes y sus
representantes, con capacidad para comparecer al proceso, se deberá rechazar”,
lo anterior, en atención a que cuando aquel se interpuso, la sociedad Bingos &

31
Corte Constitucional, sentencia T-389 de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva: “Respecto del papel del juez de tutela,
esta Corte ha advertido que cuenta con amplias facultades de interpretación, en razón a su función de garante de los
derechos fundamentales de las personas, y su rol es mucho más activo que el de otros operadores jurídicos. En esta
medida es su deber esclarecer los hechos que dieron origen a la acción, así como eventualmente las pretensiones que
llevarían a la salvaguarda de los mismos [...].
15. Por lo tanto, es claro que el juez de tutela no está supeditado a las formalidades que se exigen en otras jurisdicciones, y
en esta medida está dentro de sus facultades la interpretación extensiva que realice acerca de la demanda”.
32
Sentencias T-781 de 2011 y T-907 de 2012, entre otras.
33
Sentencia T-259 de 29 de marzo de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.

12

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Casinos de Santander S.A. estaba liquidada, por lo que ,no podía ser parte dentro
del proceso, lo cual ocurre también respecto de su gerente liquidador, su
representante legal y su revisor fiscal.

Ahora bien, antes de proceder a realizar el estudio de fondo, resulta oportuno
anotar que, sobre la naturaleza del recurso extraordinario de revisión, esta
Corporación34 consideró que no comporta una tercera instancia, sino “un medio de
impugnación y una excepción al principio de inmutabilidad de las sentencias que
hacen tránsito a cosa juzgada porque, a través de este, se abre la posibilidad de
controvertir fallos ejecutoriados conforme con las causales del artículo 250 del
CPACA”, es decir, es un proceso nuevo, autónomo, independiente, con trámite
propio (etapas procesales) y fallo que define sobre la legalidad de una sentencia
ejecutoriada, como medio excepcional de impugnación cuando haya sido afectado
por situaciones exógenas que no pudieron analizarse en el curso del proceso
correspondiente.

De esa forma, comoquiera que la presentación del recurso extraordinario de
revisión se asimila a la de una demanda con la cual se inicia un proceso nuevo
que cuenta con un trámite propio, deberá verificarse que hayan sido aportados los
documentos señalados en el artículo 166 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), así:

“ARTÍCULO 166. ANEXOS DE LA DEMANDA. A la demanda deberá acompañarse:
1. Copia del acto acusado, con las constancias de su publicación, comunicación,
notificación o ejecución, según el caso. Si se alega el silencio administrativo, las
pruebas que lo demuestren, y si la pretensión es de repetición, la prueba del pago
total de la obligación.

[…]

Cuando el acto no ha sido publicado o se deniega la copia o la certificación sobre su
publicación, se expresará así en la demanda bajo juramento que se considerará
prestado por la presentación de la misma, con la indicación de la oficina donde se
encuentre el original o el periódico, gaceta o boletín en que se hubiere publicado de
acuerdo con la ley, a fin de que se solicite por el Juez o Magistrado Ponente antes de
la admisión de la demanda. Igualmente, se podrá indicar que el acto demandado se
encuentra en el sitio web de la respectiva entidad para todos los fines legales.
2. Los documentos y pruebas anticipadas que se pretenda hacer valer y que se
encuentren en poder del demandante, así como los dictámenes periciales necesarios
para probar su derecho.

3. El documento idóneo que acredite el carácter con que el actor se presenta al
proceso, cuando tenga la representación de otra persona, o cuando el derecho que
reclama proviene de haberlo otro transmitido a cualquier título.

34
Consejo de Estado, sala plena de lo contencioso-administrativo, providencia13 de octubre de 2020, expediente 11001-03-
15-000-2019-00119-00, C. P. Alberto Montaña Plata.

13

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4. La prueba de la existencia y representación en el caso de las personas jurídicas de
derecho privado. Cuando se trate de personas de derecho público que intervengan en
el proceso, la prueba de su existencia y representación, salvo en relación con la
Nación, los departamentos y los municipios y las demás entidades creadas por la
Constitución y la ley.

5. Copias de la demanda y de sus anexos para la notificación a las partes y al
Ministerio Público”. (Énfasis propio).

En relación con los requisitos para interponerlo, el artículo 252 del CPACA,
establece:

“ARTÍCULO 252. REQUISITOS DEL RECURSO. El recurso debe interponerse
mediante escrito que deberá contener:

1. La designación de las partes y sus representantes.

2. Nombre y domicilio del recurrente.

3. Los hechos u omisiones que le sirvan de fundamento.

4. La indicación precisa y razonada de la causal invocada.

Con el recurso se deberá acompañar poder para su interposición y las pruebas
documentales que el recurrente tenga en su poder y solicitará las que pretende hacer
valer”.

A su vez, el artículo 253 ibidem35, dispone que dicho recurso será rechazado
cuando:

“[…]

1. No se presente en el término legal.

2. Haya sido formulado por quien carece de legitimación para hacerlo.

3. No se subsanen en término las falencias advertidas en la inadmisión”.

Ahora bien, el material probatorio traído al plenario, da cuenta de la situación
respecto de los hechos a los cuales se refiere la presente acción de tutela. En tal
virtud, se destaca:

a) Certificado expedido por la Cámara de Comercio de Bucaramanga36 en el que
consta que el 11 de diciembre de 2013 se nombró como liquidador de la sociedad
Bingos & Casinos de Santander S.A. al señor Lucas Beltrán Patiño y que el 18 de
julio de 2022, se aprobó la cuenta final de liquidación y se canceló de la matrícula
mercantil.

35
Modificado por el artículo 69 de la Ley 2080 de 2021.
36
Visible en el índice 00011 del expediente de recurso extraordinario de revisión con radicado 11001-03-15-000-2023-
06955-00.

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b) El 15 de noviembre de 2023 la DIAN interpuso recurso extraordinario de
revisión37 (expediente 11001-03-15-000-2023-06955-00) contra la sentencia de 10
de noviembre de 2022, por cuyo conducto el Consejo de Estado, Sección Cuarta
confirmó la decisión de acceder a las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho promovida el 15 de enero de 2016 por la sociedad
Bingos & Casinos de Santander S.A. en su contra (expediente 68001-23-33-000-
2016-00053-01), con fundamento en la causal prevista en el numeral 5° del
artículo 250 del CPACA.

c) Por medio de auto de 21 de marzo de 2024 el Consejo de Estado – Sala
Especial de Decisión No. 16 admitió el referido recurso, al considerar que:

“[…] satisfaciendo la exigencia de que trata el inciso primero del numeral 4° del
artículo 166 del CPACA, se aportó el certificado expedido por la Cámara de Comercio
de Bucaramanga en el que consta que el trece (13) de diciembre de dos mil trece
(2013) se nombró como liquidador de la sociedad Bingos & Casinos de Santander
S.A. al señor Lucas Beltrán Patiño y que el dieciocho (18) de julio de dos mil veintidós
(2022), se aprobó la cuenta final de liquidación; en consecuencia, en esa misma fecha
se solicitó la cancelación de la matrícula mercantil siendo su estado actual el de
“cancelado” […].

Al respecto, en esta etapa procesal basta con señalar que esta circunstancia no
impide la admisión del recurso extraordinario, no solo porque lo que se exige es el
cumplimiento de una serie de requisitos formales que son los que aquí se analizan
sino porque, además, su naturaleza no es propiamente adversarial, en tanto su

37
Visible en el índice 00002 del expediente de recurso extraordinario de revisión con radicado 11001-03-15-000-2023-
06955-00.

17

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propósito es despojar del carácter de cosa juzgada a una providencia judicial que,
según se alega, estaría incursa en una causal de las establecidas en el artículo 250
del CPACA.

En todo caso, para lo que pudiera resultar procedente, el Despacho dispondrá la
notificación de esta providencia a quien fungió como liquidador de dicha sociedad 38.

d) Inconformes con la anterior decisión, el actor, en su condición de gerente
liquidador de Bingos y Casinos de Santander S.A., junto con los señores Mario
Alberto Pinzón y Guillermo Arenas Joya, en calidad de representante legal y
revisor fiscal de esa sociedad, en su orden, interpusieron recurso de reposición y
en subsidio de apelación39, con fundamento en que esa entidad, al momento de su
liquidación, “desaparec[ió] como sujeto de derechos y obligaciones y, por ende,
también termina[ron] las facultades otorgadas al liquidador […] y su revisor fiscal”.

e) Mediante auto de 12 de agosto de 2024 el Consejo de Estado – Sala Especial
de Decisión No. 16, resolvió los recursos, en el sentido de confirmar la admisión
del recurso extraordinario de revisión con radicado 11001-03-15-000-2023-06955-
00, al estimar que:

“3.2. Al respecto, el Despacho encuentra que, en efecto, en el interregno que
transcurrió entre la expedición del fallo, el diez (10) de noviembre de dos mil veintidós
(2022), y la interposición del recurso de revisión, la sociedad Bingos & Casinos de
Santander S.A.─ quien otrora fungió como demandante del proceso ordinario que dio
origen a la sentencia que la DIAN quiere despojar de sus efectos─ dejó de existir y fue
debidamente liquidada.

Sin embargo, el Despacho estima que ello no se traduce en la imposibilidad
automática de tramitar el recurso extraordinario de revisión debido a que, se insiste, la
naturaleza de esta herramienta no es propiamente adversarial, dicha situación no está
prevista como causal de rechazo o improcedencia de esta herramienta judicial y,
adicionalmente, porque esa es la interpretación que permite resolver de mejor manera
la tensión que puede presentarse entre los intereses de los involucrados,
maximizando el ejercicio de las garantías fundamentales implicadas sin necesidad de
sacrificar ninguna de ellas.

3.2.1. Sobre lo primero y tal y como se indicó en el auto recurrido, el recurso
extraordinario de revisión no tiene un carácter propiamente adversarial, pues su objeto
es la revisión de una decisión judicial ante el alegado acaecimiento de circunstancias
excepcionales que permiten sostener que ella se opone a derecho. Así lo definió la
Corte Constitucional en sentencia C-090 de 1998, al concluir que se trata de un
mecanismo para evitar “que persistan dentro del ordenamiento jurídico sentencias que
vulneren el debido proceso, o que no se ajusten al derecho y a la Constitución”, pues
con él se busca “enmendar los errores o ilicitudes cometidos en su expedición, así
como restituir el derecho del afectado a través de una nueva providencia fundada en

38
Es de anotar que con fundamento en el artículo 222 del Código de Comercio, algún sector de la doctrina ha indicado que
«la capacidad de la sociedad subiste “hasta que se verifique la liquidación, es decir hasta que se finiquiten los negocios y
operaciones que estaban en curso al disolverse, se produzca la realización de sus activos, la solución de los créditos a su
cargo, el reparto del sobrante entre los socios y la inscripción en el registro mercantil de la cuenta final de liquidación,
momento que, según la tesis tradicionalmente aceptada, determina la finalización de su existencia, tanto frente a los socios
como respecto de terceros, salvo aquellos casos donde, ante la ocurrencia de hechos relevantes respecto de sociedades
extinguidas, y para proteger los intereses de los asociados o de terceros, la jurisprudencia y la doctrina contemporáneas
han admitido la prolongación de la personalidad societaria con posterioridad a la respectiva anotación”». REYES
VILLAMIZAR, Francisco, “Derecho Societario”, Tomo I, 2ª edición, Bogotá, Temis, 2006, pág. 231.
39
Visible en el escrito de tutela en el expediente digital de primera instancia en SAMAI, índice 00002.

18

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razones de justicia material, que resulte acorde con el ordenamiento jurídico”

El propósito de esta herramienta judicial es entonces que el juez del recurso, en un
proceso autónomo e independiente del que dio origen a la sentencia cuya revisión se
solicita, determine de cara a las causales previstas por el legislador si dicha decisión
judicial resulta contraria al ordenamiento jurídico. Ello explica que, tal y como lo indica
el artículo 248 del CPACA, su procedencia esté atada a la existencia de una sentencia
debidamente ejecutoriada contra la que no proceda ningún otro mecanismo de
impugnación, lo que significa que no hay, en estricto sentido, una controversia entre
opuestos, sino la revisión, bajo ciertos parámetros, de un fallo judicial.

Así, si bien el ordenamiento jurídico, en garantía de los derechos al debido proceso,
defensa y contradicción, previó que en el escrito de presentación del recurso debe
indicarse quién ocupó el extremo contrario de quien recurre en el proceso ordinario
(numeral 1° del artículo 252 del CPACA), y la necesidad de que éste sea informado
del recurso (artículo 253 ibidem), ello no significa que aquella adquiera la calidad de
parte “demandada” en el proceso de revisión.

3.2.2. En segundo lugar, es claro que la situación bajo examen no está prevista en la
ley ni como causal de improcedencia ni como supuesto de rechazo del recurso, de
manera que no resulta posible proceder en ese sentido.

[…] el hecho de que quien fungió como parte contraria en el proceso ordinario haya
desaparecido, no se erige como causal de rechazo del recurso, de manera que no
puede el juez proceder en ese sentido. En este punto, resulta relevante indicar que las
causales de rechazo, en tanto pueden comportar una restricción al ejercicio del
derecho de acceso a la administración de justicia, deben ser interpretadas de manera
restrictiva, razón por la que no es posible crear nuevas causales de rechazo o
hacerlas extensivas a supuestos no previstos en la ley”.

De lo expuesto se colige que la autoridad accionada determinó que no era
procedente rechazar el recurso extraordinario de revisión con radicado 11001-03-
15-000-2023-06955-00, porque (i) ello no corresponde a las causales legalmente
previstas para el efecto; y (ii) su objeto “no es propiamente adversarial”, sino que
está encaminado a ejercer control sobre una decisión judicial ejecutoriada que
podría estar viciada de nulidad, por lo que, con su rechazo, dicho propósito sería
nulo.

Sin embargo, para la Sala se dejó de lado que, en efecto, la sociedad Bingos y
Casinos de Santander S.A., para la fecha en que se interpuso el recurso
extraordinario de revisión (15 de noviembre de 2023), tenía más de un año de
liquidada, porque, como se observó en el análisis probatorio efectuado en
precedencia, la cuenta final de liquidación fue aprobada el 18 de julio de 2022, lo
que implica que, a partir de ese momento no puede ser sujeto de derechos u
obligaciones ni actuar como parte dentro de un proceso, porque al desaparecer
del mundo jurídico pierde la capacidad procesal.

19

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Sobre el particular, la Sección Cuarta de esta Corporación40 ha indicado:

“La capacidad es un rango inherente a la persona, que implica la aptitud intrínseca
para ser titular de una relación jurídica, modificarla o extinguirla. En las personas
naturales es un atributo de su personalidad, desde el nacimiento hasta la muerte
(artículos 90 y 94 del Código Civil), mientras que en las agrupaciones de individuos y
de patrimonios con reconocimiento (i.e. personas jurídicas), va desde su constitución
hasta su extinción (artículos 633 del Código Civil y 9.º de la Ley 57 de 1887); sin
perjuicio de lo cual, en el caso de las sociedades que se encuentran en estado de
liquidación, dicha capacidad jurídica está limitada al ejercicio de las actividades
tendentes a su inmediata liquidación, conforme al artículo 222 del Código de
Comercio.

Surtido el trámite de la liquidación, la personalidad jurídica de las sociedades se
extingue con la inscripción de la cuenta final de la liquidación. Por esa razón la
Superintendencia de Sociedades señaló en el Oficio de nro. 220-036327, del 21 de
mayo de 2008, que la inscripción de la cuenta final de la liquidación en el registro
mercantil implica la desaparición de la sociedad y de sus órganos del mundo jurídico,
por lo cual la entidad ya no existe en el «tráfico mercantil como persona jurídica, en
consecuencia, no puede de ninguna manera seguir actuando, ejerciendo derechos y
adquiriendo obligaciones»; y la jurisprudencia de la esta Sección advirtió en la
sentencia del 07 de marzo de 2018 (exp. 23128, CP: Stella Jeannette Carvajal) que:

… la capacidad para actuar se extingue con la inscripción de la cuenta final de
la liquidación en el registro mercantil y, a partir de ese momento, las personas
jurídicas desaparecen del mundo jurídico, no pueden ser sujeto de derechos y
obligaciones, y no pueden ser parte de un proceso.

4- Con arraigo en esos análisis, cabe entender que las sociedades en estado de
liquidación pueden comparecer en juicios con observancia del límite de su capacidad,
encaminada a su inmediata liquidación. Empero, una vez se inscribe el acta de
aceptación de la terminación de la liquidación en el registro mercantil, se liquida la
sociedad, lo que conlleva la extinción de la personalidad jurídica.

Y, una vez extinguida la personalidad jurídica de la sociedad, el liquidador de la
sociedad liquidada pierde la competencia para representar y realizar todas aquellas
gestiones encomendadas por la ley, de tal forma que carece de capacidad para
conferir poder en nombre de la sociedad y para intervenir judicial y extrajudicialmente.
En esos términos, la sociedad no solo pierde la capacidad para ser parte, sino también
la capacidad procesal, dado que no puede ser representada”. (Énfasis propio).

De lo anterior se colige que, la personalidad jurídica de una sociedad se extingue
con la inscripción de la cuenta final de la liquidación en el registro mercantil, lo que
implica que, pierde la capacidad para ser sujeto activo o pasivo en cualquier
trámite procesal, como ocurrió en el asunto sub examine.

De igual manera, cabe precisar que, con la pérdida de capacidad procesal y
extinción de la personalidad jurídica de la sociedad, su liquidador también pierde la
competencia para representarla, así lo estableció esta Corporación41:

Por supuesto, los efectos extintivos sobre de la sociedad se extienden a su liquidador,
quien por consiguiente cesa en sus funciones y no puede representarla ni actuar en

40
Sentencia de 10 de abril de 2019, expediente 23001-23-33-000-2015-00018-01 (23104), C. P. Julio Roberto Piza
Rodríguez.
41
Sentencia de 30 de abril de 2014, expediente 05001-23-31-000-2007-02998-01 (19575), C. P. Carmen Teresa Ortiz De
Rodríguez.

20

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Demandado: Consejo de Estado – Sala Especial de Decisión No. 16

nombre de aquella. Sobre este punto, la Superintendencia de Sociedades ha
señalado:

“(…).

Sobre el particular es necesario señalar que es función del liquidador proteger
no solo el patrimonio de la sociedad en liquidación, prenda general de los
acreedores, sino los intereses de los acreedores, sin distinción alguna y en
igualdad de condiciones, mediante la realización de los activos para atender en
forma ordenada el pago de las obligaciones, con el fin de distribuir y entregar el
remanente, si lo hubiere, entre los asociados, momento en el cual se entiende
culminado el proceso liquidatorio y en consecuencia cesan las obligaciones y
funciones del liquidador”42. (Énfasis propio).

Y, en otro pronunciamiento43, sostuvo:

En suma, una sociedad liquidada no es sujeto de derechos y obligaciones y por
tratarse de una persona jurídica que ya no existe, tampoco puede demandar ni ser
demandada44.

Por la misma razón, el liquidador no tiene su representación legal ni puede exigírsele a
este el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la sociedad liquidada. Igual
conclusión se aplica al representante legal que tenía la sociedad liquidada y que a
falta de liquidador debe actuar como tal, con fundamento en el artículo 227 del Código
de Comercio45. (Énfasis propio).

En ese orden de ideas, para la Sala la providencia censurada inobservó el marco
normativo que regula la materia, dado que, si bien es cierto que, el artículo 252 del
CPACA, solo exige para la presentación y admisión del recurso extraordinario de
revisión que se designen las partes y sus representantes, no la verificación de sus
condiciones, también lo es que, al entenderse aquel como una demanda nueva, se
debe verificar que se hayan aportado los documentos mencionados en el artículo
166 del CPACA, entre los que se señala “[l]a prueba de la existencia y
representación en el caso de las personas jurídicas de derecho privado”, ello con
el fin de evaluar, entre otros aspectos, su legitimación en la causa y capacidad
procesal.

Así las cosas, se concluye que el proveído reprochado incurre en el defecto
sustantivo alegado.

III. DECISIÓN

La Sala considera que como en el presente asunto la parte actora acreditó que la

42
Oficio 220-000324 del 08 de enero de 2013.
43
Sentencia de 12 de noviembre de 2015, expediente 05001-23-33-000-2012-00040-01 (20083), C. P. Carmen Teresa Ortiz
De Rodríguez.
44
Ibídem. Se reitera que en oficio 220-036327 de 21 de mayo de 2008, la Superintendencia de Sociedades precisó que “al
ser inscrita la cuenta final de liquidación en el registro mercantil, se extingue la vida jurídica de la sociedad, por tanto mal
podría ser parte dentro de un proceso una persona jurídica que no existe”. (Se resalta)
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ARTÍCULO 227. ACTUACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL COMO LIQUIDADOR ANTES DEL REGISTRO DEL
LIQUIDADOR. Mientras no se haga y se registre el nombramiento de liquidadores, actuarán como tales las personas que
figuren inscritas en el registro mercantil del domicilio social como representantes de la sociedad.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05246-01
Demandante: Lucas Patiño Beltrán
Demandado: Consejo de Estado – Sala Especial de Decisión No. 16

providencia cuestionada incurrió en la causal especial de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencia judicial invocada (defecto sustantivo), se
impone confirmar el fallo impugnado, que accedió al amparo deprecado, con el fin
de que se revise, conforme al Código de Comercio, la representación de la
extinguida sociedad Bingos y Casinos de Santander S.A.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

PRIMERO. ACEPTAR la solicitud de coadyuvancia formulada por los señores
Guillermo Arenas Joya y Mario Alberto Pinzón, conforme a lo esgrimido en la parte
considerativa de este fallo.

SEGUNDO. CONFIRMAR la sentencia de 19 de noviembre de 2024, proferida por
el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, que accedió al amparo de
los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad invocados por el señor
Lucas Patiño Beltrán, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

TERCERO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

CUARTO. COMUNICAR la presente decisión a la Sección Tercera, Subsección B
de esta Corporación y remitir copia.

QUINTO. Ejecutoriada esta providencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto
ley 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05246-01
Demandante: Lucas Patiño Beltrán
Demandado: Consejo de Estado – Sala Especial de Decisión No. 16

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA

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