Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05253-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05253-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-05253-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
7 de noviembre de 2024
Demandantes: Diego García Motta
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bogotá – Archivo Central
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05253-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05253-00
Demandante: DIEGO GARCÍA MOTTA
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN
EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
– ARCHIVO CENTRAL
Temas: Tutela de fondo – derecho fundamental de petición
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala resuelve la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos 2591 de 1991
y 1069 de 20151.
I. ANTECEDENTES
1.1. La tutela
1. El 30 de septiembre de 2024, el señor Diego García Motta, actuando en
nombre propio, instauró acción de tutela contra el Consejo Superior de la
Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de administración Judicial – Archivo
Central. Con la solicitud de amparo pretende que se le protejan sus derechos
fundamentales de petición y de acceso a la administración de justicia.
2. Las garantías mencionadas las considera vulneradas por la omisión de la
autoridad accionada en dar respuesta y trámite a las peticiones radicada el 19 de
marzo de 2024 y el 10 de mayo del mismo año, relacionadas con la solicitud de
desarchivo del proceso 11001-40-03-045-2011-01194-00 que cursó en el
Juzgado 45 Civil Municipal de Bogotá.
1.2. Pretensión constitucional
3. La parte actora solicitó:
1 Modificado por el artículo 1º del Decreto Nacional 333 de 2021.
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a) Se conteste el presente derecho de petición, punto por punto, y no con base
en un modelo de contestación, como suele hacerlo la entidad.
b) Se resuelva con resolución de fondo que resuelva el asunto solicitado.
c) Se proceda en el término de 48 horas, disponga y ponga a disposición del
accionante y del despacho judicial 45 civil municipal de Bogotá D.C el
expediente en forma física o digital, para que este disponga la expedición del
respectivo oficios u oficios que sean requeridos.
d) Lo anterior toda vez que se han cumplido ampliamente los términos
expresados por la entidad en la radicación de 60 días hábiles, como también
los relacionados al derecho de petición radicado de más de 15 días hábiles y
no hay excusa válida para que los usuarios que tenemos la necesidad del
acceso al servicio de justicia y de solucionar nuestras causas, nos veamos
afectados por la desorganización de la entidad en detrimento de los intereses
y viendo afectados los derechos fundamentales.
1.3. Hechos
4. La Sala resume los hechos relevantes de la tutela de la siguiente manera:
5. El 19 de marzo de 2024, el señor García Motta solicitó ante la Oficina de
Archivo Central del Consejo Superior de la Judicatura el desarchivo del proceso
con radicado 11001-40-03-045-2011-01194-00 que cursó ante el Juzgado 45
Civil Municipal de Bogotá. Esto, ante la existencia de una inscripción de embargo
ordenada por dicha autoridad judicial en el referido trámite sobre un bien
inmueble en el que tiene interés.
6. De tal forma, una vez el actor llevó a cabo el pago del respectivo arancel
y el procedimiento requerido por medio de la página web dispuesta por la Rama
Judicial para el efecto, se le asignó a su solicitud el radicado No. SDUE24-
003409. En la misma fecha recibió un mensaje de datos por parte de la Oficina
de Archivo Central por medio del cual se le informó lo siguiente:
Según la información por usted suministrada Archivo Central realizará la búsqueda
en el paquete o caja 143 del año 2014 enviado al Archivo Central por el Juzgado
45 Civil Municipal.
Señor (a) Diego García Motta, le informamos que la solicitud de desarchive será
remitida al Archivo Central el día siguiente hábil a la radicación, en adelante
cualquier trámite relacionado con la misma, deberá ser tratado directamente con
esa área, que es la encargada de realizar el desarchive del expediente solicitado.
7. Ante la falta de trámite de dicha solicitud, el 10 de mayo de 2024 remitió
un mensaje de datos al correo
solicitudesarchivocentraldesajbta@cendoj.ramajudicial.gov.co por medio del
cual solicitó información sobre el estado de la petición de desarchivo en cuestión.
8. A la fecha de interposición de la presente acción de tutela, el accionante
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no ha recibido respuesta sobre el trámite de la solicitud.
1.4. Sustento de la vulneración
9. Alegó que a la fecha de interposición de la tutela, han transcurrido más de
60 días hábiles desde la radicación de las peticiones objeto de esta acción
constitucional. Argumentó que, en tal sentido, se ha cumplido el plazo con el que
contaba la autoridad demandada para dar trámite a la solicitud de desarchivo del
expediente.
1.5. Trámite de la acción
10. Por medio de providencia del 1.º de octubre de 2024 se inadmitió la acción
constitucional con el fin de que el actor cumpliera con el requisito establecido en
el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991.
11. Una vez cumplida dicha exigencia, a través de auto del 11 de octubre de
2024 se admitió la acción constitucional de la referencia. En consecuencia, se
ordenó notificar como accionado al Consejo Superior de la Judicatura – Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Archivo Central.
Asimismo, se vinculó al Juzgado 45 Civil Municipal de Bogotá.
1.6. Intervenciones
1.6.1. Consejo Superior de la Judicatura
12. Por medio del despacho de presidencia de la entidad, expuso que esta
autoridad es el órgano de gobierno y administración de la Rama Judicial y, por
tanto, ejerce funciones de naturaleza eminentemente administrativa, sujetas al
marco normativo dispuesto en la Constitución Política y la Ley 270 de 1996.
13. En tal sentido, agregó que no tenía responsabilidad alguna dentro del
trámite de la presente acción, pues las Oficinas Judiciales, los Centros de
Servicios Administrativos Jurisdiccionales, las Oficinas de Apoyo y las Oficinas
de Servicios se encuentran adscritas a las Direcciones Seccionales de
Administración Judicial.
14. Precisó que el Consejo Superior de la Judicatura no es el llamado a
responder por órdenes que se dicten con el fin de amparar los derechos
fundamentales del actor y solicitó que se declarara su falta de legitimación en la
causa por pasiva.
15. A pesar de ser debidamente notificados, el Juzgado 45 Civil Municipal de
Bogotá y la Oficina de Archivo Central guardaron silencio.
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
16. Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de
tutela presentada por la parte actora contra el Consejo Superior de la Judicatura
y otros. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto No. 2591
de 1991, en concordancia con el Decreto No. 1069 de 2015 modificado por el
Decreto N. º 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo
de Estado.
2.2. Cuestión previa
17. Si bien el accionado en este caso es la Oficina de Archivo Central como
dependencia del Consejo Superior de la Judicatura, en el trámite de admisión se
notificó a esta última autoridad como órgano demandado. Por tanto, en su informe
solicitó que se declarara su falta de legitimación en la causa por pasiva, al no ser
la autoridad competente para dar trámite a lo solicitado por el actor.
18. Sin embargo, dado que la demandada en este caso es una dependencia
del Consejo Superior de la Judicatura, se tendrá a esta autoridad como tercero
con interés en el resultado del proceso.
2.3. Legitimación en la causa
19. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento
de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea
el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
20. La Sala advierte que el señor Diego García Motta fue quien radicó la
solicitud de desarchivo del 19 de marzo de 2024 y la petición del 10 de mayo del
mismo año. Por tanto, es el titular del derecho fundamental que reclama. En
consecuencia, goza de legitimación en la causa por activa.
21. Por su parte, la sala evidencia que tales solicitudes fueron remitidas a la
Oficina de Archivo Central del Consejo Superior de la Judicatura. Por tanto, se
concluye que esta autoridad está legitimada en la causa por pasiva.
2.4. Problema jurídico
22. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el
material probatorio recaudado y los informes presentados, el problema jurídico a
resolver en el caso concreto es el siguiente:
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• ¿La Oficina de Archivo Central del Consejo Superior de la Judicatura
vulneró el derecho fundamental de petición del señor Diego García Motta ante la
presunta falta de trámite a la solicitud de desarchivo radicada el 19 de marzo de
2024 y a la petición del 10 de mayo del mismo año?
23. Para resolver el interrogante planteado, la sala analizará, en primer lugar,
la situación relacionada con el derecho de petición de la actora. Para el efecto,
se estudiará: (i) la naturaleza de la acción de tutela; (ii) el derecho de petición;
(iii), y (iv) el análisis del caso concreto.
2.5. Estudio del derecho de la vulneración del derecho de petición
2.5.1. Naturaleza de la acción de tutela
24. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede
ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata
de sus derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la
acción u omisión de las autoridades o de los particulares en los precisos casos
en que indica el Decreto 2591 de 1991.
25. Es importante precisar que esta norma condiciona el ejercicio de esta
acción a la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para
evitar la lesión del derecho fundamental, salvo que el interesado invoque y
demuestre estar sufriendo un perjuicio irremediable, hecho que hace procedente
la tutela como mecanismo transitorio.
2.5.2. Del derecho de petición
26. La Constitución Política de 1991 consagró en su artículo 23 el derecho
fundamental de petición en virtud del cual toda persona tiene la posibilidad de
«presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés
general o particular y a obtener pronta resolución»2. El mismo artículo superior
precisa que el Legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones
privadas para garantizar los derechos fundamentales.
27. La Corte Constitucional al resolver asuntos en sede de tutela, ha
establecido algunos parámetros acerca del núcleo esencial y contenido de este
derecho: «el núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución
pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse
a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido»3.
28. Asimismo, se han establecido ciertos requisitos en cuanto a la
contestación de la petición, respecto a la oportunidad, se acude por regla general
a lo previsto en el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, que señala 15 días para
2 Corte Constitucional, Sentencia C-510 de 2004.
3 Corte Constitucional, Sentencia T-332 de 2015.
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resolver la misma, de no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí
dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la
autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el término en el
cual se realizará la contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del
término será determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de
dificultad o la complejidad de la solicitud.
29. Además, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y
congruente con lo solicitado. Ello significa que:
la respuesta al derecho de petición debe versar sobre aquello preguntado por la
persona y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la petición.
Quiere decir, que la solución entregada al peticionario debe encontrarse libre de
evasivas o premisas ininteligibles que desorienten el propósito esencial de la
solicitud, sin que ello implique la aceptación de lo solicitado. Desde luego, este
deber de contestar de manera clara y coherente, no impide que la autoridad
suministre información adicional relacionada con los intereses del peticionario,
pues eventualmente ésta puede significar una aclaración plena de la respuesta
dada4.
30. Igualmente, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento
del peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar «los medios
disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello
(…) la notificación (…) debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla
el propósito de que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el
solicitante»5.
31. Este deber de comunicación de la respuesta también debe cumplirse
cuando consista en indicar que se remitió la petición a la autoridad competente.
En palabras de la Corte Constitucional: «el deber de notificación de (sic)
mantiene, incluso, cuando se trate de contestaciones dirigidas a explicar sobre la
falta de competencia de la autoridad e informar sobre la remisión a la entidad
encargada»6.
32. En relación con el contenido y alcance del derecho fundamental de
petición la Corte Constitucional ha explicado que:
i) es un derecho fundamental determinante para la efectividad de los mecanismos
de la democracia participativa. En este sentido ha precisado que mediante él se
garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a
la participación política y a la libertad de expresión; ii) su contenido esencial
comprende los siguientes elementos: a) la posibilidad cierta y efectiva de elevar,
en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se
nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; b) la respuesta oportuna, es
decir, dentro de los términos establecidos en el ordenamiento jurídico; c) la
respuesta de fondo o contestación material, lo que supone que la autoridad entre
4 Sentencia T-149 de 2013.
5 Ibídem.
6 Corte Constitucional, Sentencia T-230 de 2020.
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en la materia propia de la solicitud, sobre la base de su competencia, refiriéndose
de manera completa a todos los asuntos planteados (plena correspondencia entre
la petición y la respuesta), excluyendo fórmulas evasivas o elusivas; y d) la pronta
comunicación de lo decidido al peticionario, con independencia de que su sentido
sea positivo o negativo7.
33. Así pues, la respuesta requiere cumplir unos lineamientos básicos en
orden a la satisfacción material de los requerimientos invocados en la solicitud y,
además incluye la obligación de ponerla en conocimiento del peticionario,
condición fundamental para entender satisfecho el derecho que se invoca.
34. Finalmente, sobre el punto debe precisarse que la jurisprudencia
constitucional ha sido enfática en señalar que deben diferenciarse el derecho de
petición y el derecho a lo pedido, por lo que el derecho de petición se ejerce y
agota en la solicitud y la respuesta, cuestión distinta a si se decide sobre el
reconocimiento o no del derecho subjetivo.
2.6 Caso concreto
35. Como se expuso en los antecedentes de este fallo, el 19 de marzo de
2024, el señor García Motta acreditó que radicó una solicitud de desarchivo del
proceso con radicado 11001-40-03-045-2011-01194-00 que cursó en el Juzgado
45 Civil Municipal de Bogotá. Una vez llevó a cabo el pago del respectivo arancel
y el procedimiento requerido para el efecto, se le asignó a su petición el radicado
No. SDUE24-003409 y la Oficina de Archivo Central le informó lo siguiente:
Según la información por usted suministrada Archivo Central realizará la búsqueda
en el paquete o caja 143 del año 2014 enviado al Archivo Central por el Juzgado
45 Civil Municipal.
Señor (a) Diego García Motta, le informamos que la solicitud de desarchive será
remitida al Archivo Central el día siguiente hábil a la radicación, en adelante
cualquier trámite relacionado con la misma, deberá ser tratado directamente con
esa área, que es la encargada de realizar el desarchive del expediente solicitado.
36. Ante la falta de trámite de dicha solicitud, el 10 de mayo de 2024 remitió
un mensaje de datos al correo
solicitudesarchivocentraldesajbta@cendoj.ramajudicial.gov.co por medio del
cual solicitó información sobre el estado de la petición de desarchivo en cuestión.
37. A la fecha de interposición de la presente acción de tutela, el accionante
no ha recibido respuesta sobre el trámite de la solicitud.
38. Por su parte, la sala corroboró que la Oficina de Archivo Central fue
notificada de la presente acción constitucional el 24 de octubre de 2024 vía correo
electrónico, tal como puede acreditarse en la siguiente imagen que reproduce el
soporte de notificación brindado por la Secretaría General del Consejo de Estado
7 Corte Constitucional, Sentencia T-161 de 2011.
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y que puede ser consultado en el índice 13 del expediente digital de esta acción
constitucional que reposa en Samai:
39. A pesar de que se surtió la debida notificación, la autoridad accionada
decidió guardar silencio. Por tanto, la sala considera que es necesario aplicar la
presunción de veracidad que, en materia de acciones de tutela, está regulada en
el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991. Esta disposición establece lo siguiente:
Si el informe no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se tendrán por
ciertos los hechos y se entrará a resolver de plano, salvo que el juez estime
necesaria otra averiguación previa.
40. Tal como se ha puesto de presente, la autoridad judicial accionada no
rindió informe alguno por medio del cual sustente los motivos de su defensa, por
lo que es procedente la aplicación de esta figura. En efecto, la Corte
Constitucional8 ha establecido que esta presunción tiene como fines sancionar
el desinterés o la negligencia de las entidades demandadas ante la presentación
de una acción de tutela en la que se alega la vulneración de derechos
fundamentales y obtener la eficacia de las garantías constitucionales
comprometidas, en observancia de los principios de inmediatez, celeridad y
buena fe.
41. En esta medida, se tendrán como ciertos los hechos manifestados y
acreditados por el señor García Motta y, ante el incumplimiento del plazo con el
que contaba la autoridad para dar trámite a la solicitud de desarchivo objeto del
presente mecanismo de amparo, la sala considera que la Oficina de Archivo
Central ha vulnerado el derecho fundamental de petición del actor.
42. En virtud de lo anterior, se ordenará a la Oficina de Archivo Central que,
en el término de 3 días contados desde la ejecutoria de esta providencia, lleve a
8 Al respecto ver, entre otras sentencias: Sentencia T-214 de 2011, T-030 de 2018, T-278 de 2017 y T-548
de 2023.
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cabo el trámite correspondiente ante la solicitud de desarchivo radicada por el
señor García Motta el 19 de marzo de 2024, reiterada el 10 de mayo del mismo
año, y que rinda el informe correspondiente al actor.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental de petición y de acceso a la
administración de justicia del señor Diego García Motta. En virtud de ello,
ORDENAR a la Oficina de Archivo Central que en el término perentorio de tres
(3) días contados desde la ejecutoria de esta providencia, lleve a cabo el trámite
correspondiente ante la solicitud de desarchivo radicada por el señor Diego
García Motta el 19 de marzo de 2024, reiterada el 10 de mayo del mismo año, y
que rinda el informe correspondiente al actor.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto N°. 2591 de 1991.
TERCERO: de no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
9
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