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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-05259-00

Fecha
25 de octubre de 2024
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-05259-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por Distasa S.A. E.S.P., por las razones expuestas en la parte motiva de la esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2024-05259-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

25 de octubre de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., veinticinco (25) de octubre de dos mil veinticuatro (2024).

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05259-00

Accionante: DISTASA S.A. E.S.P.

Accionado: SECCIÓN PRIMERA DEL CONSEJO DE ESTADO

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA – no se advierte una vulneración de derechos
fundamentales invocados.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la demanda de tutela
instauradas por Distasa S.A. E.S.P, de conformidad con el Decreto 333 de 20211.

I. A N T E C E D E N T E S

La demanda

1. El 30 de septiembre de 2024 Distasa S.A.E.S.P, a través de apoderado, presentó
acción de tutela en contra de la Sección Primera del Consejo de Estado y del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, con
ocasión de la providencia del 31 de agosto de 2023, mediante la cual se rechazó la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, que se tramitó dentro del
proceso con el radicado 25000-23-41-000-2022-00283-00, así como del auto del 14
de marzo de 2024, a través del cual se resolvió el recurso de apelación presentado
por la accionante y se confirmó esa decisión, al considerar que con ello se
vulneraban sus derechos fundamentales del debido proceso y de acceso a la
administración de justicia.

Hechos relevantes

2. Distasa S.A. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en
contra de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, con el fin de
cuestionar la validez de la Resolución No. 20202400034405, del 27 de agosto de

1 Que ingresó para fallo el 11 de octubre de 2024.

1

Radicación número: 11001-23-15-000-2024-05259-00
Accionante: Distasa S.A. E.S.P.
Accionado: Sección Primera del Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

2020, a través de la cual se determinó que la accionante incurrió en una
irregularidad en su gestión y, con base en ello, se le impuso una multa, y de la
Resolución No. 20212400413275, del 20 de agosto de 2021, que confirmó esa
sanción pecuniaria por $307’231.050, con la pretensión de que se declara la nulidad
de los actos y de que se le restituyera el valor de la multa impuesta; además, en esa
oportunidad, la parte actora solicitó como medida cautelar la suspensión provisional
de las mencionadas resoluciones.

3. El asunto fue conocido en primera instancia por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, que el 15 de julio de 2022 inadmitió
la demanda, entre otros motivos, porque no se acreditó el requisito de procedibilidad
de la conciliación extrajudicial, al considerar que si bien en el artículo 161 del
CPACA se establecía que esto era facultativo en los procesos en los que se pedían
medidas cautelares de carácter patrimonial, lo cierto era que en el caso particular,
la suspensión provisional solicitada no cumplía con esa condición, dado que, de ser
decretada, dichos actos simplemente perderían ejecutoriedad, sin que se produjera
una consecuencia económica en cabeza de la demandada.

4. El 8 de agosto de 2022, la accionante presentó memorial de subsanación de la
demanda, con lo que corrigió los demás yerros advertidos e insistió en que no era
necesario agotar el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial, por
solicitarse una medida cautelar de suspensión provisional.

5. El 26 de junio de 2023, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó el
auto que inadmitió la demanda, al reiterar que la medida cautelar solicitada no tenía
el carácter patrimonial requerido por la norma.

6. Mediante auto del 31 de agosto de 2023, se rechazó la demanda por no haberse
subsanado lo relacionado con el requisito de procedibilidad señalado.

7. El 8 de septiembre de 2023, la parte actora interpuso recurso de reposición y en
subsidio de apelación en contra del auto que rechazó la demanda, por lo que el 10
de noviembre del mismo año el tribunal accionado estableció que era improcedente
la reposición y concedió, en efecto suspensivo, el recurso de apelación, el cual fue
resuelto por la Sección Primera del Consejo de Estado el 14 de marzo de 2024, al
confirmar la decisión adoptada en primera instancia, por considerar que la medida
cautelar analizada no tenía un carácter patrimonial.

Pretensiones

8. Distasa S.A. E.S.P. solicita lo siguiente:

“PRIMERA.- Se ordene la protección judicial del derecho fundamental al debido
proceso y demás derechos fundamentales que le fueron vulnerados al
accionante DISTASA S.A. E.S.P. por parte de las autoridades judiciales
accionadas.

2

Radicación número: 11001-23-15-000-2024-05259-00
Accionante: Distasa S.A. E.S.P.
Accionado: Sección Primera del Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

SEGUNDA.- Como consecuencia de lo anterior, se deje sin valor y efecto el
auto que rechazó la demanda proferido el 14 de marzo de 2024 por el
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO –
SECCIÓN PRIMERA y se le ordene proferir un nuevo auto en donde no se
apliquen preceptos inaplicables, ni donde se aparte de la jurisprudencia
aplicable al caso concreto”.

Fundamentos de la demanda de tutela

9. La parte tutelante sostuvo que con la decisión de rechazar la demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho que presentó, tanto el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca como el Consejo de Estado incurrieron en un defecto sustantivo al
interpretar de manera errónea la naturaleza de la medida cautelar solicitada y, con
ello, se afectaron sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia.

10. El demandante advirtió que las autoridades judiciales accionadas utilizaron un
precepto que no era aplicable al caso en concreto, de conformidad con lo
establecido en el precedente jurisprudencial, del cual se apartaron sin justificación,
al negar el carácter patrimonial de la suspensión provisional de los actos
demandados y, consecuentemente, al exigir el cumplimiento del requisito de
procedibilidad de la conciliación extrajudicial.

11. Al respecto, señaló que el Consejo de Estado había precisado que el carácter
patrimonial de las medidas cautelares se deriva de lo reglado en el artículo 613 del
CGP y se refiere a que estas deben afectar el patrimonio de la persona sobre la que
recae, por lo que, en el caso en concreto, como la solicitud de suspensión de los
actos cuestionados tenía como finalidad no solo lograr la pérdida de ejecutoria de
las resoluciones, sino también que, como consecuencia de ello, se le ordenara a la
Superintendencia de Servicios Públicos restituir el valor pagado por la multa
impuesta, lo que, a su parecer, incorporaba el carácter patrimonial al que se refería
la norma.

12. Para destacar el precedente jurisprudencial sobre el tema, relacionó varias
decisiones de las Secciones Primera y Tercera del Consejo de Estado en las que
se determinó el carácter patrimonial de algunas medidas cautelares, una de estas
relacionadas con la suspensión de los efectos de unos actos administrativos que
impusieron unas sanciones pecuniarias en la que se concluyó que la consecuencia
económica era evidente, toda vez que si se accediera a la solicitud se impactaría el
patrimonio del afectado, en la medida que la persona no tendría, provisionalmente,
la obligación de pagar la sanción impuesta, por lo que no era exigible en esos casos
agotar el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial.

13. En igual sentido, también con fundamento en la jurisprudencia, señaló que no
todas las solicitudes de suspensión provisional de actos administrativos carecen de
carácter patrimonial y precisó que esta condición se podría ver reflejada de manera
indirecta con el decreto de la medida, dado que su objeto es devolver las cosas a
3

Radicación número: 11001-23-15-000-2024-05259-00
Accionante: Distasa S.A. E.S.P.
Accionado: Sección Primera del Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

su estado anterior y, como consecuencia de ello, generar beneficios económicos
para el demandante y un detrimento para la entidad demandada.

14. Bajo ese contexto, indicó que si la medida se hubiera concedido y, con base en
ello, restituido el estado de cosas anterior a la expedición del acto administrativo, la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios estaría obligada a reembolsar
el dinero pagado por concepto de la multa, en virtud del principio de enriquecimiento
sin justa causa, dado que el proceso se encontraba acreditado que el 7 de julio de
2021, mediante cheque No. 769936 se había pagado la sanción por $310’463.289,
por lo que, a su parecer de ese hecho deviene la consecuencia económica a la que
se refiere la norma para poderse eximir del cumplimiento del requisito de
procedibilidad de la conciliación extrajudicial.

Trámite previo

15. Mediante auto del 1° de octubre de 2024, el despacho sustanciador admitió la
tutela de la referencia, ordenó notificar a las autoridades judiciales accionadas y
vincular a la superintendencia de servicios Públicos Domiciliarios como tercero
interesado en las resultas del proceso.

Intervenciones

16. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios alegó la excepción
de falta de legitimación en la causa por pasiva, dado que la presunta vulneración de
derechos no se le estaba endilgando a esa entidad sino a las autoridades judiciales
accionadas que fueron las que profirieron las providencias cuestionadas y, en caso
de que esta no prosperara, solicitó que se declarara la improcedencia de la acción
de tutela.

17. La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó que se declarara
improcedente la acción de tutela por falta de relevancia constitucional y, en caso de
efectuarse un análisis de fondo, negar las pretensiones de la demanda por no existir
vulneración de los derechos fundamentales invocados por la accionante.

18. Sostuvo que la demanda carece de relevancia constitucional, dado que el asunto
debatido no gira en torno al alcance, aplicación o desarrollo de un derecho
fundamental, sino frente a la inconformidad con las decisiones adoptadas por el juez
natural de la controversia y los argumentos que se exponen ya fueron analizados y
resueltos en el trámite del proceso ordinario, mediante el auto de resolvió el recurso
de apelación respecto de la providencia que rechazó la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, por lo que, a su juicio, lo que pretendía el actor era
utilizar el mecanismo constitucional de amparo como una tercera instancia.

19. Además, expuso que en la jurisprudencia de la Sección se había indicado, de
forma reiterada que la suspensión provisional de los efectos de los actos acusados
no constituye una medida cautelar de carácter patrimonial, en razón a que su
4

Radicación número: 11001-23-15-000-2024-05259-00
Accionante: Distasa S.A. E.S.P.
Accionado: Sección Primera del Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

propósito no es afectar el patrimonio de las personas jurídicas o naturales, sino
despojar de sus efectos, temporalmente, a un acto administrativo que,
preliminarmente, es considerado contrario al ordenamiento jurídico, por lo que con
la decisión adoptada en el caso en concreto no se incurrió en el defecto sustantivo
endilgado.

20. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca solicitó que se negara la protección
de los derechos fundamentales invocados, al ser inexistente la vulneración alegada,
dado que lo que pretendía el accionante era utilizar la tutela como un instrumento
para debatir argumentos ya resueltos en el trámite del proceso ordinario de nulidad
y restablecimiento del derecho, por lo que las decisiones adoptadas por las
autoridades judiciales accionadas debían conservar todos sus efectos legales2.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

21. La Subsección considera que no hay lugar a hacer un estudio de fondo en el
presente asunto, por cuanto no se cumple con el requisito de relevancia
constitucional.

22. La Corte Constitucional ha establecido que el requisito de la relevancia
constitucional tiene por lo menos tres finalidades: a) proteger la autonomía e
independencia judicial y evitar que el juez de tutela invada la órbita de competencia
del juez natural de la causa; b) restringir el ejercicio de la acción de tutela a
cuestiones de relevancia constitucional que afecten derechos fundamentales e c)
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional
para controvertir las decisiones de los jueces3.

23. Por su parte, la Sala Plena del Consejo de Estado ha sostenido que para
establecer si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional
es necesario examinar dos elementos, a saber4.

24. i) Que el actor cumpla su carga argumentativa de justificar suficientemente la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, pues no
basta aducir la vulneración de estos derechos y ii) que la tutela no constituya una
instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia
acusada, dado que este mecanismo especial constitucional está constituido para
proteger derechos fundamentales y no discutir la discrepancia que el actor tenga
frente a la decisión judicial.

2 El informe de tutela remitido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca fue presentado de
forma extemporánea el 11 de octubre de 2024.
3 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico (E),
expediente 11001-03-15-000-2019-04646-00; Sentencia de tutela del 16 de enero de 2019,
expediente 11001-03-15-000-2018-04124-00, M.P. César Palomino Cortés; entre otros. 8 sentencia
T–422 de 2018.
4 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado
número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. consejero
ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Radicación número: 11001-23-15-000-2024-05259-00
Accionante: Distasa S.A. E.S.P.
Accionado: Sección Primera del Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

25. Revisada la demanda de tutela, se evidencia que la accionante cuestiona que
los despachos judiciales que conocieron en primera y segunda instancia de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que formuló hubiesen concluido
que en su caso resultaba exigible el requisito de la conciliación extrajudicial, porque,
aunque se solicitaron medidas cautelares, lo cierto era que no tenían el carácter de
patrimoniales, de ahí que no resultara aplicable la excepción prevista en el inciso
segundo del artículo 613 del CGP, a cuyo tenor:

“No será necesario agotar el requisito de procedibilidad en los procesos
ejecutivos, cualquiera que sea la jurisdicción en la que se adelanten, como
tampoco en los demás procesos en los que el demandante pida medidas
cautelares de carácter patrimonial o cuando quien demande sea una entidad
pública”.

26. La Corte Constitucional, a través de la sentencia C-834 de 2013, declaró
exequible la norma citada, para lo cual concluyó:

“[L]a realización de la audiencia de conciliación no puede entenderse como
un obstáculo para el acceso a la adecuada administración de justicia. Por
el contrario, de acuerdo con la jurisprudencia, su realización se ha constituido
en una de las formas en que pueden concretarse los contenidos
iusfundamentales que esta garantía incorpora –consideración 1.-. En
consecuencia, dentro de nuestro ordenamiento jurídico carece de fundamento
entender que existe un bloqueo al derecho de administración de justicia por la
mera exigencia de realizar audiencia de conciliación, incluso si se toma en
consideración el tiempo que implica llevarla a cabo.

La obligación de realizar audiencia de conciliación en los procesos contencioso
administrativos, en lugar de implicar un obstáculo al derecho de acceso a la
administración de justicia o para el derecho al debido proceso, constituye una
forma de garantizar los mismos, por cuanto la conciliación debe entenderse
como parte de los recursos efectivos que están previstos para la
salvaguarda de los derechos de que son titulares las personas (…). En
este sentido se reitera lo consagrado en la sentencia C-1195 de 2001, en cuanto
que las finalidades de la audiencia de conciliación son ‘(i) garantizar el acceso
a la justicia; (ii) promover la participación de los individuos en la solución de
sus disputas; (iii) estimular la convivencia pacífica; (iv) facilitar la solución de los
conflictos sin dilaciones injustificadas; y (v) descongestionar los despachos
judiciales’ (…).

Ni siquiera por el tiempo que lleva realizar la audiencia de conciliación se puede
entender que se crea un obstáculo desproporcionado para el acceso a la
administración de justicia, por cuanto: i) el Estado ha tenido el deber, y así lo ha
desarrollado, de prever la logística necesaria para la celeridad en la realización
de estas audiencias; y ii) la regulación legal determina un tiempo máximo en el
cual debe ser realizada dicha audiencia, luego de que la misma ha sido
solicitada por el o los interesados (…).

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Radicación número: 11001-23-15-000-2024-05259-00
Accionante: Distasa S.A. E.S.P.
Accionado: Sección Primera del Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

Por esta razón, (…) la realización de la audiencia de conciliación no implica per
se y de forma general una vulneración del derecho de acceso a la
administración de justicia; por el contrario, en tanto mecanismo eficaz para la
solución de controversias, se constituye en una de las formas de salvaguarda y
concreción de este derecho”.

27. En la demanda que dio origen a la presente discusión, la sociedad Distasa S.A.
E.S.P., a título de medida cautelar, solicitó “la suspensión provisional de la
Resolución No. SSPD 20202400034405 del 27 de agosto de 2020 y de la
Resolución No. SSPD 20212400413275 del 20 de agosto de 2021”, expedidas por
la Superintendencia de Servicios Públicos, entidad que le habría impuesto una
multa, con infracción del ordenamiento jurídico. Decisiones que tenían efectos
económicos, en cuanto implicaban la orden de pago de una suma de dinero.

28. A través de auto del 15 de julio de 2022, la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca inadmitió la demanda para que acreditara el
requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial, dado que, si bien se
solicitó una medida cautelar: la de suspensión provisional, lo cierto era que no tenía
carácter patrimonial5, decisión que fue confirmada en sede de reposición, por auto
del 26 de junio de 2023, con fundamento en los siguientes argumentos:

“Ahora bien, es claro que la demanda persigue un fin económico y que la medida
cautelar tiene un efecto económico. Sin embargo, según lo que ha definido el
Consejo de Estado la medida cautelar solicitada debe ser de carácter
patrimonial en sí misma, y no sólo sus efectos para que el demandante resulte
liberado del cumplimiento del requisito establecido en el numeral 1 del artículo
161 del CPACA relativo a la conciliación extrajudicial en derecho.

(…) Ha enunciado el Consejo de Estado que la medida debe ser patrimonial lo
que implica que afecte directamente el patrimonio de las personas naturales o
jurídicas que deben soportarlas y no tener efectos patrimoniales. Así, como
ejemplo describe el embargo de bienes con el que se sustrae del comercio el
bien cautelado, de tal suerte que si se llegare a vender un bien que soporta un
embargo, tal contrato será declarado nulo, de nulidad absoluta, por objeto ilícito
(…).

(…) La suspensión provisional como medida cautelar tiene como finalidad evitar
(…) transitoriamente, que el acto administrativo surta efectos jurídicos, en virtud
de un juzgamiento provisorio del mismo, salvaguardando los intereses
generales y el Estado de derecho lo que claramente excluye su patrimonialidad
pues su propósito no es afectar el patrimonio de las personas jurídicas o
naturales, sino despojar de sus efectos, temporalmente, a un acto administrativo
que, preliminarmente, es considerado contrario al ordenamiento jurídico.
Cuestión diferente es que, indirectamente, la suspensión de los efectos del acto
administrativo traiga efectos benéficos en el patrimonio de las personas
naturales o jurídicas que la han solicitado.

5 Al respecto, se sostuvo “ya que, en caso de decretarla, esto implica suspender la ejecutoriedad de
los actos administrativos y que no se efectúe el pago de la sanción a favor de la demandada, lo que
no afecta el patrimonio de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios”.
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Radicación número: 11001-23-15-000-2024-05259-00
Accionante: Distasa S.A. E.S.P.
Accionado: Sección Primera del Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

El apoderado de la parte demandante fundamenta la solicitud de medida
cautelar en que los actos administrativos generan un perjuicio económico a la
su representada pues le impuso una multa de $307.231.050, dineros que ya
fueron pagados, según los recibos que aportó con el escrito del recurso de
reposición. Así las cosas, el demandante sustenta que la medida cautelar
solicitada tiene carácter patrimonial, pero según lo enunciado el dinero que su
representado pagó es un efecto de los actos administrativos, pero esto no
implica que la medida cautelar solicitada sea de carácter patrimonial.

Así las cosas, (…) la parte demandante debió agotar el trámite de la conciliación
extrajudicial en derecho establecido (…)”.

29. Luego, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca a través de providencia del
31 de agosto de 2023, rechazó la demanda presentada por la ahora accionante,
ante la evidencia de que no se allegó la constancia de conciliación extrajudicial,
pues en el memorial allegado para tal fin se limitó a insistir que no estaba no está
obligada a presentar la conciliación porque la medida cautelar solicitada era
patrimonial.

30. A través de providencia del 14 de marzo de 2024, la Sección Primera del
Consejo de Estado, en sede de apelación, confirmó el auto que rechazó la
demanda, por lo siguiente:

“[E]n la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, la conciliación
extrajudicial será facultativa en el evento en que el demandante con la
presentación de la demanda pida medidas cautelares de carácter patrimonial.

La Sección Primera de esta Corporación, en providencia de 6 de octubre de
2017, rectificó la tesis que venía aplicando en torno a las medidas cautelares
de carácter patrimonial, así:

‘[…] esta Sala considera que debe rectificar la posición expuesta en
las providencias judiciales precitadas, en la medida en que el
artículo 613 del CGP claramente se refiere a «[…] medidas de
carácter patrimonial […]» y nunca señala que las medidas deben
tener efectos patrimoniales (…)’.

Para la Sala, en consecuencia, el carácter patrimonial debe ser dado por la
medida cautelar que se solicita y no por los efectos patrimoniales o económicos
que se pueden desprender de ella; bajo esta consideración, como la parte
demandante solicitó que “[…] se decrete la suspensión provisional de la
Resolución No. SSPD 20202400034405 del 27 de agosto de 2020 y de la
Resolución No. SSPD 20212400413275 del 20 de agosto de 2021 […]”, por
medio de las cuales se le impuso una sanción a Distasa S.A. E.S.P., le asistió
razón al a quo cuando rechazó la demanda por carecer del requisito de
procedibilidad de la conciliación extrajudicial”.

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Radicación número: 11001-23-15-000-2024-05259-00
Accionante: Distasa S.A. E.S.P.
Accionado: Sección Primera del Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

31. Pues bien, como se explicó la parte demandante en el caso objeto de debate
solicitó la suspensión de los actos administrativos demandados, medida que se
caracteriza por atacar la eficacia más no la validez de la decisión.

32. Así, su objetivo es el de impedir que las decisiones de la Administración surtan
efectos, de ahí que, tratándose de resoluciones que imponen multas, la suspensión
resulte idónea para evitar que la entidad ejecute o exija el pago de la respectiva
deuda, lo que, claramente, tiene efectos patrimoniales; sin embargo, lo que
determina que sea exigible la conciliación o no es que la medida cautelar tenga
carácter patrimonial en sí misma, sin que esta característica sea predicable de la
aludida suspensión.

33. En todo caso, cuando la medida cautelar de suspensión se solicita luego de
haberse efectuado el pago, bien sea de manera voluntaria o coactiva, como en el
sub lite, la medida no solo carece de naturaleza patrimonial, sino que tampoco tiene
efectos en ese sentido, pues no se encuentra instituida para retrotraer las cosas al
estado anterior, en cuanto, como se explicó, de manera general, su consecuencia
natural es la de interrumpir los efectos que no se hayan causado6 y es,
precisamente, este presupuesto el que no se configura en estos casos.

34. La suspensión, como su nombre lo indica, implica el estancamiento de la
actuación, sin que genere consecuencias adicionales, tendientes a dejar sin efecto
acciones que se ejecutaron durante el tiempo que la presunción de legalidad de la
decisión se mantuvo intacta y surtió plenos efectos.

35. Así las cosas, si la parte actora pretendía que, además de la suspensión
provisional (efectos a futuro), se retrotrajeran las actuaciones que desplegó
(devolución de lo pagado), -aspecto de carácter claramente económico - debió
formular esta petición de manera expresa como medida cautelar, al margen de su
prosperidad y para efectos de conciliación, con fundamento en los artículos 229 y
230 de la Ley 1437 de 2011, los cuales habilitan al juez para decretar “las medidas
cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente,
el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia”, las cuales, tratándose de
decisiones de la administración, no se agotan con la mera solicitud de suspensión,
sino que se pueden formular de otro tipo, que bien pueden ser “preventivas,
conservativas, anticipativas o de suspensión”.

36. En este punto, resulta pertinente lo sostenido por la Corte Constitucional, en la
citada sentencia C-834 de 2013, en relación con las medidas cautelares en el marco
de los procesos de conocimiento de la jurisdicción contenciosa:

Teniendo en cuenta la necesidad de garantizar la eficacia real de los fallos en
los procesos contencioso administrativos, la regulación actual previó la
existencia de medidas que, con distinto contenido, permitieran al juez tomar las

6 Salvo casos excepcionales, verbigracia, asuntos laborales: Consejo de Estado. Sección Segunda.
Expediente 3168 auto del 6 de septiembre de 2001.
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Radicación número: 11001-23-15-000-2024-05259-00
Accionante: Distasa S.A. E.S.P.
Accionado: Sección Primera del Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

decisiones útiles, no obstante las muy diversas pretensiones que puedan ser
alegadas ante esta jurisdicción. Por esta razón, el artículo 230 del CPA y CCA
estableció que “las medidas cautelares podrán ser preventivas,
conservativas, anticipativas o de suspensión” (…).

El abanico previsto por el artículo 230 del CPA y CCA es de gran amplitud y,
más que medidas cautelares en concreto, permite al juez imponer obligaciones
a las partes del proceso en acuerdo con las pretensiones en éste debatidas,
tanto así que el numeral 5º del citado artículo es una habilitación de carácter
residual que abarca todas aquellas posibles órdenes que puedan no entenderse
contenidas en los numerales anteriores”.

37. De conformidad con lo anterior, la Subsección considera que las decisiones
adoptadas por las autoridades judiciales accionadas se encuentran plenamente
sustentadas y la interpretación del alcance de la medida cautelar solicitada
responde a las particularidades del asunto, en el sentido de advertir que, en este
caso la suspensión del acto sancionatorio no trae consigo la devolución del dinero
pagado y, por tanto, carece del carácter patrimonial que exige la norma para
eximirse del requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial, por lo que se
concluye que los cuestionamientos planteados por la demandante a través de la
acción de tutela carecen de relevancia constitucional y por el hecho de que la
decisión adoptada no resultara favorable a la ahora accionante, no se puede
predicar que el auto del 14 de marzo de 2024, sea violatorio de la constitución o la
ley.

38. Para la Subsección es claro que el propósito de la accionante es reabrir el
debate que culminó en sede del juez natural de la causa, desconociendo que, como
lo ha señalado la Corte Constitucional, “la acción de tutela contra providencias
judiciales es concebida como un ‘juicio de validez’ y no como un ‘juicio de corrección’
del fallo cuestionado7 , lo que se opone a que se use indebidamente como una
nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de
interpretación del derecho legislado, que dieron origen a la controversia, más aun
cuando las partes cuentan con los recursos judiciales, tanto ordinarios como
extraordinarios para combatir las decisiones que estiman arbitrarias o que son
incompatibles con la Carta Política”8 .

39. Así las cosas, al no ser este el escenario idóneo para estudiar cuestiones que
son de resorte de los jueces naturales, se declarará la improcedencia de la acción
de tutela en este caso.

7 Original de la cita: “Al respecto, la sentencia T-310 de 2009 (MP Luis Ernesto Vargas Silva) indicó:
‘(…) la acción de tutela contra sentencias es un juicio de validez de la decisión judicial, basado en la
supremacía de las normas constitucionales. Esto se opone a que la acción de tutela ejerza una labor
de corrección del fallo o que sirva como nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole
probatoria o de interpretación del derecho legislado que dieron lugar al mismo. En cambio, la tutela
se circunscribe a detectar aquellos casos excepcionales en que la juridicidad de la sentencia judicial
resulte afectada, debido a que desconoció el contenido y alcances de los derechos fundamentales’.
Sobre el punto también se puede consultar la sentencia T-126 de 2018 (MP Cristina Pardo
Schlesinger).”
8 Sentencia T-016 de 22 de enero de 2019. M.P.: Cristina Pardo Schlesinger.

10

Radicación número: 11001-23-15-000-2024-05259-00
Accionante: Distasa S.A. E.S.P.
Accionado: Sección Primera del Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por
Distasa S.A. E.S.P., por las razones expuestas en la parte motiva de la esta
providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

11

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