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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-05260-01

Fecha
23 de enero de 2025
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-05260-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR no probada la falta de legitimación en la causa por pasiva alegada por el Juzgado Primero Administrativo de Tunja. 17 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001 03 15 000 2024 05260 01 Accionante: Jairo Eduardo Martínez Salamanca SEGUNDO: MODIFICAR el ordinal primero de la parte resolutiva de la sentencia del 31 de octubre de 2024, dictada por el Consejo de Estado, Sección Quinta, el cual quedará así: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por Jairo Eduardo Martínez Salamanca contra el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión Número Seis, por ausencia del requisito de relevancia constitucional. TERCERO: REVOCAR el ordinal segundo de la parte resolutiva de la sentencia del 31 de octubre de 2024, dictada por el Consejo de Estado, Sección Quinta. CUARTO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más expedito y eficaz. QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-05260-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

23 de enero de 2025

Radicación: 11001 03 15 000 2024 05260 01
Accionante: Jairo Eduardo Martínez Salamanca

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de enero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2024 05260 01
Accionantes: JAIRO EDUARDO MARTÍNEZ SALAMANCA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ, SALA DE
DECISIÓN NÚMERO SEIS

Tesis: La acción de tutela es improcedente por ausencia de
relevancia constitucional cuando el debate planteado por
el demandante pretende reabrir la controversia ya
resuelta por el juez natural.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra el
fallo del 31 de octubre de 2024, dictado por el Consejo de Estado, Sección
Quinta.

I. SÍNTESIS DEL CASO

1.1. Jairo Eduardo Martínez Salamanca, actuando en nombre propio,
solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad, de “favorabilidad laboral”, al “principio de legalidad” y al
“reconocimiento de una pensión justa”, que estimó vulnerados con
ocasión de la sentencia del 9 de julio de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión Número Seis, que revocó la
decisión del 18 de octubre de 2019, dictada por el Juzgado Primero
Administrativo de Tunja, y en su lugar denegó las pretensiones de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida contra la
Contraloría General de Boyacá1.

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Proceso que se identificó con la radicación 15001 33 33 001 2015 00168 02.

1
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Radicación: 11001 03 15 000 2024 05260 01
Accionante: Jairo Eduardo Martínez Salamanca

1.2. Como hechos antecedentes a la acción de tutela, Jairo Eduardo
Martínez Salamanca interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la Contraloría General de Boyacá, con el fin de obtener la
nulidad de la resolución número 594 del 12 de noviembre de 2014, por
medio de la cual fue retirado de la entidad a partir del 1° de marzo de 2015
con ocasión del reconocimiento de su derecho pensional, y del oficio número
OAJ 12 del 23 de enero del 2015 en el que fue resuelto el recurso de
reposición interpuesto contra la citada resolución.

1.3. La demanda de nulidad y restablecimiento del derecho se fundamentó
en que conforme a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, el
demandante era beneficiario del régimen de transición establecido en su
artículo 36 e igualmente del régimen de transición dispuesto en la Ley 33
de 1985, pues contaba con 15 años de servicio cotizados en entidades del
Estado, lo que le permitía permanecer en el empleo para reajustar su
derecho pensional mas allá de la fecha en la que le fue notificado el acto
administrativo de reconocimiento del derecho pensional.

1.4. La demanda correspondió al Juzgado Primero Administrativo de
Tunja, quien profirió sentencia el 18 de octubre de 2019, mediante la cual
declaró la nulidad de la resolución número 594 del 12 de noviembre de
2014 y del oficio número OAJ 12 del 23 de enero del 2015, y como
restablecimiento del derecho ordenó el reintegro del señor Jairo Eduardo
Martínez Salamanca al cargo que desempeñaba en la entidad o a otro de
igual o superior categoría y pagar los salarios y prestaciones sociales
dejadas de percibir desde la fecha de retiro y hasta que se produjera su
reintegro.

1.5. Contra la anterior decisión, la entidad demandada presentó recurso
de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Boyacá,
Sala de Decisión Número Seis, a través de sentencia del 9 de julio de
2024, que revocó la decisión de primera instancia, al considerar que,
según la postura del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,

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Accionante: Jairo Eduardo Martínez Salamanca

expuesta en el fallo del 7 de octubre de 20212, la causal de retiro por
cumplimiento de los requisitos para tener derecho a la pensión a los que
se refiere el parágrafo 3º del artículo 9 de la Ley 797 de 2003, no rige
para los empleados públicos que hayan consolidado el estatus pensional
antes de la entrada en vigor de dicha Ley3. En tal sentido, señaló que el
demandante adquirió el estatus pensional el 9 de noviembre de 2012, es
decir, con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 797 de 2003, por
lo que le es aplicable la causal de retiro contemplada en el parágrafo 3º
de su artículo 94 y, en consecuencia, se excluye la aplicación del artículo
150 de la Ley 100 de 19935, sin que ello implique el desconocimiento del
régimen de transición.

Lo anterior, en razón a que, mediante resolución número GNR 333707 del
24 de septiembre de 2014, la Administradora Colombiana de Pensiones
(Colpensiones) le reconoció la pensión de vejez al demandante y, a través
de la resolución número GNR 25162 del 4 de febrero de 2015, resolvió el
recurso de apelación contra el anterior acto e indicó que el disfrute de la
pensión sería a partir del 1º de febrero de 2015, es decir, a partir de la
fecha de retiro indicada en la resolución número 594 del 12 de noviembre
de 2014, por lo que se concluyó que el demandante fue incluido en la
nómina de pensionados desde el mismo día de su desvinculación laboral,
sin que se presentara solución de continuidad entre la terminación de la
relación laboral y la iniciación del pago efectivo de la mesada pensional,
como lo indica la sentencia C-1037 de 2003 y el Decreto 2245 de 2012,

2
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas, radicación número 47001 23 33 000 2015 00216-01.
3
La Ley 797 de 2003 entró en vigor el 29 de enero de 2003
4
“PARÁGRAFO 3o. <Parágrafo CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> Se considera justa causa para dar por
terminado el contrato de trabajo o la relación legal o reglamentaria, que el trabajador del sector privado o
servidor público cumpla con los requisitos establecidos en este artículo para tener derecho a la pensión. El
empleador podrá dar por terminado el contrato de trabajo o la relación legal o reglamentaria, cuando sea
reconocida o notificada la pensión por parte de las administradoras del sistema general de pensiones.
Transcurridos treinta (30) días después de que el trabajador o servidor público cumpla con los requisitos
establecidos en este artículo para tener derecho a la pensión, si este no la solicita, el empleador podrá solicitar
el reconocimiento de la misma en nombre de aquel.
Lo dispuesto en este artículo rige para todos los trabajadores o servidores públicos afiliados al sistema general
de pensiones”.
5
“RELIQUIDACIÓN DEL MONTO DE LA PENSIÓN PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PÚBLICOS. Los
funcionarios y empleados públicos que hubiesen sido notificados de la resolución de jubilación y que no se
hayan retirado del cargo, tendrán derecho a que se les reliquide el ingreso base para calcular la pensión,
incluyendo los sueldos devengados con posterioridad a la fecha de notificación de la resolución.
PARÁGRAFO. No podrá obligarse a ningún funcionario o empleado público a retirarse del cargo por el sólo
hecho de haberse expedido a su favor la resolución de jubilación, si no ha llegado a la edad de retiro forzoso”.

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Accionante: Jairo Eduardo Martínez Salamanca

razón por la cual sostuvo que los actos administrativos demandados no
causaron daño alguno al señor Martínez Salamanca.

1.6. El accionante manifestó en la tutela que la decisión atacada incurrió
en vía de hecho, pues fue proferida de manera arbitraria y desconociendo
el ordenamiento jurídico, toda vez que ignoró que estaba cobijado por el
régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993, lo que le otorgaba
el derecho a seguir trabajando hasta cumplir la edad de retiro forzoso, como
lo decidió el Juzgado Primero Administrativo de Tunja en la sentencia de
primera instancia.

Alegó que la decisión cuestionada desconoció el precedente fijado en la
sentencia de unificación dictada por la Sección Segunda del Consejo de
Estado el 28 de agosto de 2018, bajo la radicación 52001 23 000 2012
00143 01, con ponencia del magistrado Cesar Palomino Cortés, que señaló
que era suficiente con reunir los requisitos establecidos en la Ley 100 de
1993 para tener derecho adquirido al régimen de transición, entre los que
se encuentra contar con 15 años de servicio cotizados, por lo que, a su
juicio, no le era aplicable el artículo 9 de la ley 797 del 2003.

Además, sostuvo que la accionada, como fundamento de la decisión
atacada, aplicó el pronunciamiento del Consejo de Estado que más lo
perjudicaba, esto es, el del 7 de octubre de 2021, por lo que le vulneró el
principio de favorabilidad.

Finalmente, manifestó que la autoridad judicial demandada decidió en
forma distinta su caso que el asunto debatido en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 5001 33 33 005 2015 00168 00,
en el que la demandante se encontraba en iguales condiciones, esto es,
había llenado los requisitos para pensionarse al momento de entrar en vigor
la Ley 797 de 2003 y había manifestado su deseo de permanecer en la
Contraloría General de Boyacá hasta la edad de retiro forzoso.

De igual forma se refirió a los procesos de nulidad y restablecimiento de
derecho adelantados por las señoras Mery Yolanda Vargas y Herlinda Molina

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Accionante: Jairo Eduardo Martínez Salamanca

Sandoval, en los que el Tribunal Administrativo de Boyacá decretó la nulidad
de los actos administrativos que las desvincularon como funcionarias del
Departamento de Boyacá y ordenó su reintegro. Sin embargo, no aportó
más información frente a los procesos a los que hizo referencia.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

2.1. Mediante auto del 7 de octubre de 2024, el a quo admitió la tutela y
vinculó como terceros con interés al Juzgado Primero Administrativo de
Tunja, a la Contraloría General de Boyacá, a la Contraloría General de la
República y al departamento de Boyacá.

2.2. El Tribunal Administrativo de Boyacá, por intermedio del
magistrado ponente de la decisión atacada, allegó copia del expediente
digital e informó que dicha providencia se motivó en debida forma, cuenta
con el sustento jurídico y jurisprudencial aplicable al caso concreto, y se
basó en el análisis probatorio pertinente.

Además, manifestó que los argumentos planteados en el escrito de tutela
están dirigidos a reabrir un debate que ya fue objeto de decisión por parte
del juez natural, razón por la cual la solicitud de amparo resulta
improcedente. Y solicitó que, en caso de ser procedente, se desestimen
las pretensiones al no existir vulneración de los derechos fundamentales
del accionante.

2.3. El titular del Juzgado Primero Administrativo de Tunja manifestó
que la acción de tutela resulta improcedente ya que lo pretendido es
reabrir un debate que ya fue zanjado por el juez del proceso ordinario.

Además, sostuvo que no cuenta con legitimación en la causa por pasiva
debido a que la parte accionante alega la presunta vulneración de los
derechos fundamentales, únicamente por parte del Tribunal
Administrativo de Boyacá.

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Accionante: Jairo Eduardo Martínez Salamanca

2.4. El señor Jairo Eduardo Martínez Salamanca allegó memorial en el
que manifestó que el Tribunal Administrativo de Boyacá en su informe no
refutó los argumentos planteados en el escrito de tutela, sino que se limitó
a hablar de la procedencia de la tutela contra providencias judiciales,
presupuesto que, a su juicio, se cumple en este caso.

2.5. La Contraloría General de Boyacá, la Contraloría General de la
República y el Departamento de Boyacá, vinculados al trámite
constitucional en calidad de terceros con interés, guardaron silencio.

III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante fallo del 31 de octubre de 2024, el Consejo de Estado, Sección
Quinta, declaró improcedente el amparo solicitado por no cumplir con el
requisito general de relevancia constitucional respecto del “defecto
sustantivo”, cuya configuración no fue alegada expresamente por el actor,
y del desconocimiento del precedente fijado en la sentencia de unificación
dictada por la Sección Segunda del Consejo de Estado el 28 de agosto de
2018, bajo la radicación 52001 23 000 2012 00143 01, con ponencia del
magistrado Cesar Palomino Cortés, pues el actor no cumplió con la carga
argumentativa que se exige cuando se objeta una providencia judicial. En
tal sentido, señaló que lo pretendido por el accionante es convertir la acción
de tutela en una instancia adicional, pues busca traer a colación un debate
que ya fue zanjado por el juez natural.

No obstante, consideró que sí se encontraba cumplido el requisito de
relevancia constitucional en relación con el desconocimiento del precedente
fijado por el Tribunal Administrativo de Boyacá en los pronunciamientos
mencionados por el actor, pues evidenció una tensión entre la decisión
objeto de reparo y tal garantía constitucional, en razón a que el accionante
alegó que la autoridad judicial emitió decisiones distintas frente a casos
iguales. Por lo tanto, analizó de fondo tales argumentos

No obstante, advirtió que el accionante no indicó los números de los
expedientes ni informó qué despachos profirieron las decisiones en los

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casos de las señoras Mery Yolanda Vargas y Herlinda Sandoval, donde
presuntamente se decidió favorablemente al declarar la nulidad de los actos
administrativos que las desvincularon de sus cargos. Por tanto, consideró
que, sin los datos de dichos expedientes, no era posible determinar si se
lesionó el derecho a la igualdad.

Luego, respecto del radicado 15001 33 33 005 2015 00168 00, manifestó
que, una vez revisado el proceso en el aplicativo SAMAI, no fue posible
acceder a la providencia dictada en dicho expediente, y esta no fue aportada
con el escrito de tutela, por lo que no era posible cotejarla con el caso sub
examine. En todo caso, constató que dicho expediente estuvo a cargo de la
Sala de Decisión Número Dos del Tribunal administrativo de Boyacá, por lo
que advirtió que el fallo al que hizo referencia el accionante no fue proferido
por la misma sala de decisión que falló desfavorablemente sus
pretensiones.

Conforme lo anterior, concluyó que no fue vulnerado el derecho a la
igualdad del accionante, por lo que denegó el amparo frente a esa
prerrogativa.

IV. IMPUGNACIÓN

El accionante impugnó la sentencia de primera instancia y reiteró los
argumentos del escrito de tutela respecto a la vulneración de sus derechos
fundamentales por haberse presentado una vía de hecho y un
desconocimiento del precedente fijado por la Sección Segunda del Consejo
de Estado en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018. Además,
enfatizó que la solicitud de amparo sí cumple los requisitos de procedencia.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1. COMPETENCIA

De conformidad con lo previsto por el numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1
del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º
del Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12

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de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a
esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala
es competente para conocer del presente asunto.

5.2. HECHOS

5.2.1. El señor Jairo Eduardo Martínez Salamanca interpuso demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la Contraloría General de
Boyacá, con el fin de obtener la nulidad de la resolución número 594 del 12
de noviembre de 2014, por medio de la cual fue retirado de la entidad a
partir del 1° de febrero de 2015 con ocasión del reconocimiento de su
derecho pensional, y del oficio número OAJ 12 del 23 de enero del 2015,
en el que fue resuelto el recurso de reposición interpuesto contra la citada
resolución.

5.2.2. Juzgado Primero Administrativo de Tunja, a través de sentencia del
18 de octubre de 2019, accedió a las pretensiones de la demanda.

5.2.3. La parte demandada interpuso recurso de apelación y, mediante
proveído del 9 de julio de 2024, el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala
de Decisión Número Seis, revocó la sentencia de primera instancia y en su
lugar denegó las pretensiones de la demanda.

5.2.4. El señor Jairo Eduardo Martínez Salamanca interpuso acción de
tutela al considerar vulnerados sus derechos fundamentales por las
anteriores providencias.

5.3. ANÁLISIS DE LA SALA

5.3.1. De la legitimación en la causa por pasiva

5.3.1.1. La sala denegará la solicitud de desvinculación del trámite tutelar
formulada por el Juzgado Primero Administrativo de Tunja, pues fue la
autoridad judicial que decidió en primera instancia el proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho, razón por la cual las decisiones que

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resulten del presente trámite constitucional pueden incidir en sus
intereses.

5.3.2. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

El análisis de las acciones de tutela contra providencias judiciales exige
una cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el
fin de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una
manera de desconocer principios constitucionales como los de cosa
juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.

5.3.2.1. Frente al requisito general de relevancia constitucional

La Corte Constitucional, en la sentencia C–590 de 2005, al determinar los
requisitos generales y especiales de procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales, más tarde acogidos también por esta corporación6,
indicó que un asunto sometido al estudio del juez de tutela tiene
relevancia constitucional cuando “se plantea una confrontación de la
situación suscitada por la parte accionada con derechos de carácter
constitucional fundamental, por cuanto los debates de orden
exclusivamente legal son ajenos a esta acción pública”.

Con la sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional 7 hizo énfasis en
“la necesidad de que la acción de tutela contra providencias judiciales
satisfaga el requisito de relevancia constitucional, el cual encuentra su
razón de ser en el carácter subsidiario de dicha acción y en la especialidad
tanto de los jueces de tutela como de los jueces ordinarios”.
Consideración a la cual agregó que:

“[…] En esta línea, el simple alegato de la vulneración a los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la justicia no es suficiente para
cumplir con el requisito de relevancia constitucional, pues se requiere demostrar
de manera razonable una restricción desproporcionada a los derechos
mencionados. […]”.

6
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, sentencia de unificación julio 31 de 2012 (C. P. María Elizabeth García González).
7
M. P. Natalia Ángel Cabo.

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En este caso, el accionante solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de “favorabilidad laboral”,
al “principio de legalidad” y al “reconocimiento de una pensión justa”, que
estimó vulnerados con ocasión de la sentencia del 9 de julio de 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión
Número Seis, que revocó la decisión del 18 de octubre de 2019, dictada
por el Juzgado Primero Administrativo de Tunja, y en su lugar denegó las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
promovida contra la Contraloría General de Boyacá8.

Por ello, corresponde a la Sala examinar, en primer término, si en este
caso estaría cumplido el requisito de relevancia constitucional, y para ello
se detendrá en los criterios que la jurisprudencia ha desarrollado para
identificar si la cuestión que se discute resulta de evidente relevancia
constitucional, para luego, analizarlos con respecto al caso concreto.

5.3.2.2. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte
de evidente relevancia constitucional

En la referida sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional indicó que
el primer requisito general de procedencia de la tutela contra providencias
judiciales es que el asunto que se discute resulte de evidente relevancia
constitucional. En ese sentido, señaló que “el juez constitucional no puede
entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de
tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa por qué la
cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia
constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes”.

8
Ver pie de página 1.

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Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia
constitucional, pues si no lo hace, corre el riesgo de involucrarse en
aspectos que solo corresponde resolver al juez natural y, precisamente,
esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.

Así, en la sentencia C–590 de 2005, la Corte precisó que “los fundamentos
de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con
transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el
juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra”.

A partir de esta decisión, el concepto de la relevancia ha sido decantado
por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En la sentencia SU–573
de 20199, el alto tribunal explicó que este requisito busca tres objetivos:

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

Estas finalidades fueron también reiteradas por la Corte Constitucional en
la citada sentencia SU-215 de 2022, decisión en la cual, además, expuso
la clave que sirve al juez de tutela para aplicarlas, cual es “el correcto
entendimiento de los hechos y del problema jurídico” 10.

9
M. P. Carlos Bernal Pulido. Este criterio ha sido luego reiterado en las sentencias SU-128 de 2021 y SU-103
de 2022
10
Dijo la Corte: “a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso

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Accionante: Jairo Eduardo Martínez Salamanca

5.3.2.3. La instancia adicional

La Sala analizará directamente si en este asunto se cumple con el tercero
de los criterios de relevancia constitucional arriba referidos, con el cual se
busca evitar que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces. Frente a
este elemento, la Corte Constitucional ha dicho 11:

“[…] Tercero, la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a
discutir asuntos de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, ‘la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni
puede reemplazar los recursos ordinarios’, pues la competencia del juez de
tutela se restringe ‘a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección
efectiva de los derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de
carácter legal’. En este orden de ideas, la tutela en contra de una sentencia
dictada, en particular, por una Alta Corte, exige valorar, prima facie, si la
decisión se fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad
judicial, violatoria de derechos fundamentales. Solo así se garantizaría ‘la órbita
de acción tanto de los jueces constitucionales, como de los de las demás
jurisdicciones’, en estricto respeto a la independencia de los jueces ordinarios
[…]”.

En desarrollo de la finalidad comentada, en la sentencia SU-215 de 2022,
y reiterando lo expuesto en la SU-128 de 2021, la Corte estableció que
“la tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
un juicio de corrección del fallo cuestionado”, pues, según explicó, solo
de esa forma se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que
no son de su competencia y se evita que el recurso de amparo sea
utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los
asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron
origen a la controversia judicial.

Frente al tercer presupuesto de la relevancia constitucional, además de lo
dicho por la jurisprudencia que viene de citarse, cabe destacar que en el
fallo C-590 de 2005, la Corte Constitucional precisó que “los fundamentos
de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con
transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el
juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra. No se trata

indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal”.
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Cfr. la ya citada sentencia SU-573 de 2019 (M.P. Carlos Bernal Pulido).

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entonces de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la
anulación de decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en
su tarea de interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso.
De lo que se trata es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual
para proteger los derechos fundamentales de quien luego de haber
pasado por un proceso judicial se encuentra en condición de indefensión
y que permite la aplicación uniforme y coherente -es decir segura y en
condiciones de igualdad- de los derechos fundamentales a los distintos
ámbitos del derecho”. [Se destaca].

Bajo este criterio, se tiene que, al menos en principio, en aquellos casos
en los que el interesado controvierte a través de la acción de tutela la
valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha
la convicción que generan en el fallador las pruebas allegadas al
expediente, o la inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en
la interpretación de las normas de carácter legal que regulan el caso, o
en el análisis de la jurisprudencia aplicable al mismo, resulta evidente que
este mecanismo está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el
proceso ordinario y como una instancia adicional, con lo cual se
desconocería la autonomía e independencia del juez natural.

5.3.3. Caso concreto

En este caso, la Sala recuerda que el actor en la tutela y en la impugnación
alega que, a su juicio, la providencia que decidió en segunda instancia el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho incurrió en (i) una vía
de hecho al desconocer que él estaba cobijado por el régimen de transición
establecido en la Ley 100 de 1993, lo que le otorgaba el derecho a seguir
trabajando hasta cumplir la edad de retiro forzoso, (ii) desconocimiento del
precedente fijado en la sentencia de unificación dictada por la Sección
Segunda del Consejo de Estado el 28 de agosto de 2018, bajo la radicación
52001 23 000 2012 00143 01, con ponencia del magistrado Cesar Palomino
Cortés, y (iii) vulneración del derecho a la igualdad al desconocer el

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precedente fijado por el propio Tribunal en otros casos iguales en los que sí
accedió a las pretensiones de las demandas.

5.3.3.1. En primer lugar, la Sala advierte que, en cuanto a la supuesta
desatención al derecho del demandante a acceder al régimen de
transición de acuerdo con la Ley 33 de 1985 y la Ley 100 de 1993, los
argumentos de la tutela constituyen simplemente la reiteración del debate
que ya se agotó en el proceso ordinario, lo que deja en claro que sólo
busca ventilar sus inconformidades frente a las conclusiones a las que
llegó el juez natural del asunto sobre el caso planteado, más
concretamente, respecto de si podía ser retirado del servicio como
consecuencia del reconocimiento del derecho pensional o si podía
permanecer hasta la edad de retiro forzoso.

Dicho de otro modo, la parte actora simplemente pretende que el juez
constitucional analice nuevamente la controversia y emita una nueva y
distinta resolución sobre el particular, por lo que es evidente que sólo
quiere acceder a una instancia adicional, finalidad para la cual no está
previsto este medio excepcional de protección.

5.3.3.2. En el mismo sentido, frente al desconocimiento del precedente,
se advierte que esta Sección, en sentencia del 19 de noviembre de 202112,
sostuvo que en las acciones de tutela contra providencia judicial en las
que se alega el desconocimiento del precedente se exige, como carga
argumentativa mínima, que se identifiquen: (i) la providencia
desconocida, (ii) las reglas y subreglas jurisprudenciales contenidas en la
ratio decidendi de la sentencia invocada, las cuales deben ser aplicables
al caso a resolver, y (iii) los problemas jurídicos, que en ambos casos
deben ser análogos o similares.

En el caso sub examine, el demandante se limitó a citar una sentencia de
unificación de la Sección Segunda del Consejo de Estado y a mencionar

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Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez, bajo la radicación: 11001-03-15-000-2021-06983-00(AC).

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algunos pronunciamientos del propio Tribunal Administrativo de Boyacá,
pero sin identificar los problemas jurídicos que en todos estos se
resolvieron y sin efectuar una comparación entre los hechos estudiados
en esos asuntos y en el sub lite, para acreditar que las reglas y subreglas
contenidas en la ratio decidendi le eran aplicables a su caso particular. De
hecho, como lo advirtió el a quo, el actor no identificó de manera
suficiente ni aportó las sentencias de la autoridad judicial accionada,
respecto de las cuales alegó la vulneración del derecho a la igualdad.

Siendo así, ante el incumplimiento de la carga argumentativa mínima que
se exige en los casos en los que se alega que una providencia judicial ha
incurrido en desconocimiento del precedente judicial, y ante la falta de
aportación e identificación de los proveídos que se invocan como
desconocidos, la Sala considera que la tutela no cumple con el
presupuesto de relevancia constitucional ni en cuanto al precedente
vertical fijado por la Sección Segunda del Consejo de Estado, ni en cuanto
al precedente horizontal del propio Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.

Para la Sala, lo anterior deja en claro que la parte actora simplemente se
encuentra inconforme con la decisión que adoptó la autoridad accionada,
y que, en consecuencia, pretende que el juez constitucional realice un
nuevo y distinto análisis frente al debate que ya fue agotado en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho.

A este efecto, la Sala destaca que en el proceso judicial se debate sobre
las pretensiones, las excepciones y los hechos que proponen demandante
y demandado, y que la decisión del juez se fundamenta precisamente en
las razones de la demanda y de la contestación, las pruebas y el derecho
que ellas ponen a su disposición, o, en los casos excepcionales que la ley
prevé, de conformidad con las facultades oficiosas que aquél tiene. Por lo
tanto, en los eventos en los cuales el juez decide precisamente sobre la
controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a alguna de las

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partes, simplemente está ejerciendo las funciones que le han sido
atribuidas por la Constitución y la ley, en el ámbito de sus competencias,
y cualquier desconocimiento que a tales atribuciones hiciera el juez
constitucional constituiría claramente un pronunciamiento por fuera de las
competencias que le corresponden, utilizando además el trámite de una
acción que no ha sido diseñada con ese propósito, como lo es la tutela.

En un escenario de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional
el que vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin
competencia, entraría en la valoración legal y fáctica del proceso, para
modificar una decisión del juez competente para conocer del caso, en el
escaso término legal que le da la ley para pronunciarse, y siguiendo un
procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con el evidente riesgo
de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga decirlo, no
tiene la formación requerida.

Bajo tales condiciones, cuando el juez de la causa se limita a pronunciarse
sobre las cuestiones fácticas y de derecho que fueron objeto del debate,
porque así le fueron planteadas por las partes en sus pretensiones,
excepciones y hechos, resuelve simplemente la controversia que le ha
sido sometida, atendiendo sus facultades constitucionales y legales, y no
es el juez de constitucionalidad el llamado a decirle cómo debe decidir el
caso en particular, rompiendo por demás el equilibrio entre las partes que
precisamente se garantiza con el proceso diseñado para dirimir la
controversia.

Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha
atendido el debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que
se toma, cuando ella está por fuera de los planteamientos que en los
hechos y en derecho han formulado demandante y demandado, pues en
este caso, la decisión puede comprometer el núcleo fundamental del
debido proceso, en su faceta del derecho a la defensa, en la medida en
que tal decisión no haya podido ser controvertida.

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Pero es evidente que ese no es el supuesto en asunto que aquí se
examina, pues la parte actora no alega que la autoridad judicial accionada
se haya desviado de los hechos o el derecho propuesto en el proceso, sino
que se limita a cuestionar la decisión a la que llegó, buscando que el juez
de tutela realice una nueva interpretación que resulte favorable a sus
pretensiones.

En razón a todo lo expuesto, la Sala concluye que no se encuentra
acreditado en este caso el elemento de la relevancia constitucional, en lo
relativo al tercer criterio señalado en relación con los derechos
fundamentales cuya protección se solicitó en este caso.

Siendo así, resulta completamente innecesario el estudio sobre el posible
cumplimiento de los restantes presupuestos generales de procedibilidad
de la tutela contra decisiones judiciales.

5.4. Conclusión

Como consecuencia de lo expuesto, la Sala modificará el ordinal primero
de la parte resolutiva de la sentencia impugnada, en el sentido de declarar
la improcedencia total de la tutela por falta de relevancia constitucional,
y revocará el ordinal segundo, que denegó el amparo en relación con el
derecho fundamental a la igualdad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR no probada la falta de legitimación en la causa
por pasiva alegada por el Juzgado Primero Administrativo de Tunja.

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SEGUNDO: MODIFICAR el ordinal primero de la parte resolutiva de la
sentencia del 31 de octubre de 2024, dictada por el Consejo de Estado,
Sección Quinta, el cual quedará así:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela
instaurada por Jairo Eduardo Martínez Salamanca contra el Tribunal
Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión Número Seis, por
ausencia del requisito de relevancia constitucional.

TERCERO: REVOCAR el ordinal segundo de la parte resolutiva de la
sentencia del 31 de octubre de 2024, dictada por el Consejo de Estado,
Sección Quinta.

CUARTO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.

QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.

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