Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-05268-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-05268-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-05268-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
13 de enero de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05268-00
Accionante: Procuraduría General de la Nación
Accionados: Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado y otro
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Bogotá, D. C., trece (13) de enero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05268-00
Accionante: Procuraduría General de la Nación
Accionados: Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y Subsección A de la Sección Tercera del Consejo
de Estado
Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: auto que declara terminado el
proceso de acción popular. Subtema 2: recurso de apelación en acciones populares.
Subtema 3: requisito de procedibilidad de subsidiariedad.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la
solicitud interpuesta por la Procuraduría General de la Nación en ejercicio de la acción
de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada en los
decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015 y 333 de 2021.
I. SÍNTESIS DEL CASO
La Procuraduría General de la Nación, por conducto de la Procuraduría Delegada con
Funciones Mixtas núm. 6 para la Conciliación Administrativa, presentó escrito de tutela
con la pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia, que consideró vulnerados por la Subsección A
de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, con ocasión de los autos
proferidos, respectivamente, el 28 de septiembre de 2023 y el 15 de marzo de 2024,
dentro del proceso con radicado núm. 25000-23-41-000-2021-00779-00/04.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos relevantes
A partir del escrito de tutela y demás elementos aportados por las partes en el trámite
constitucional, la Sala encuentra los siguientes hechos probados:
2.1.1. La Procuraduría General de la Nación (la Procuraduría) presentó demanda en
ejercicio del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos
(acción popular), el 8 de septiembre de 2021, en contra de la Nación, Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Fondo Único de Tecnologías de
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Accionante: Procuraduría General de la Nación
Accionados: Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado y otro
la Información y las Comunicaciones, de la Unión Temporal Centros Poblados de
Colombia 2020 (UT) y de otros1, con las siguientes pretensiones:
i) Que se declare la vulneración de los derechos colectivos a la moralidad
administrativa, a la defensa del patrimonio público y al acceso al servicio
público esencial de internet de manera eficiente, continua y permanente, con
ocasión de las acciones y omisiones acaecidas dentro del proceso licitatorio
núm. LP-038 de 2020 y la celebración y ejecución del contrato 1043 de 2020
(el contrato), suscrito entre el Fondo Único de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones y la UT.
ii) Que se ordene la devolución por el valor de setenta mil doscientos cuarenta
y tres millones doscientos setenta y nueve mil quinientos noventa y nueve
pesos (70.243.279.599).
iii) Que se ordene el resarcimiento de los perjuicios ocasionados a la Nación,
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el
Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, por
valor de cuarenta y dos mil novecientos cuarenta y cuatro salarios mínimos
legales mensuales vigentes, con fundamento en la cláusula décima segunda
penal del contrato 1043 de 2020, o lo que considere conveniente.
iv) Que se ordene el pago del daño emergente causado a la Nación, Ministerio
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Fondo Único de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Además, solicitó que se ordenara al ministerio y al fondo demandados que tomaran
las medidas que fueran necesarias en contra de todas las personas que consolidaron
las irregularidades denunciadas; adoptaran los correctivos y medidas legales,
judiciales, contractuales, administrativas, financieras y/o técnicas que propendan por
la prestación eficiente, continua y permanente del servicio público de internet; y
evitaran mayores costos sociales y económicos para el país.
Finalmente, la Procuraduría también pidió que el juez administrativo declarara que las
demandadas son responsables por los daños, perjuicios e indemnizaciones derivados
de las irregularidades advertidas en la demanda; que la firma contratista deberá
responder por responsabilidad extracontractual del Estado y por las reclamaciones que
lleguen a presentarse en el marco del contrato 1043 de 2020; y que la sentencia
favorable que se emita en el proceso de acción popular tenga prevalencia sobre
cualquier otra decisión arbitral o judicial.
El asunto correspondió conocerlo, por reparto, a la Subsección A de la Sección Primera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, autoridad que, en auto del 13 de
septiembre de 20212, admitió la demanda; vinculó al Ministerio de Relaciones
Exteriores, a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría General de la Nación,
a la Contraloría General de la República, a la Unidad de Información y Análisis
Financiero (UIAF), a las Superintendencias de Notariado y Registro, Financiera de
Colombia, de Industria y Comercio y de Sociedades, al Instituto Geográfico Agustín
1 Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación, ICM Ingenieros SAS., INTEC de la Costa
SAS., OMEGA Buildings Constructora SAS, SESCOLOMBIA SAS., BBVA Assert Management SA Sociedad
Fiduciaria, ITAU Corpobanca Colombia SA, Consorcio PE2020 C Digitales, Telemediciones SAS, PMO SOLYCOM
SAS y Eurocontrol SA Sucursal Colombia.
2 Samai, exp. núm. 25000-23-41-000-2021-00779-00, índice 2, certificado 9C08949889110846
1F022435BCAD3A77 9F7C685015398B10 DF8E439F65CD1D49.
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Accionante: Procuraduría General de la Nación
Accionados: Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado y otro
Codazzi, a la Registraduría Nacional del Estado Civil, a la Agencia Nacional de
Contratación Colombia Compra Eficiente, a la Sociedad Nuovo Security LLC y a la
Sociedad INSELSA SAS.
En auto de la misma fecha, el Tribunal decretó, como medidas cautelares de urgencia,
el levantamiento del velo corporativo de varias personas jurídicas, el embargo de
bienes, el rastreo de cuentas bancarias y la suspensión de contratos, entre otras
órdenes.
2.1.2. No obstante, luego de agotadas algunas actuaciones relativas a vinculaciones,
traslados y recursos respecto de las medidas cautelares y la práctica de pruebas, la
Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
expidió auto, el 28 de septiembre de 20233, en el que declaró la terminación del
proceso por improcedencia del medio de control de protección de derechos e
intereses colectivos y por pérdida de competencia; y levantó las medidas cautelares
decretadas, con fundamento en lo dispuesto por la Sala Plena de la Sección Tercera
del Consejo de Estado en la sentencia del 27 de julio de 20234.
2.1.3. La Procuraduría General de la Nación presentó recurso de apelación en contra
del anterior auto, pues consideró que la providencia en que el Tribunal sustentó su
decisión era equivocada, no correspondía a una sentencia de unificación y abordó un
asunto distinto al discutido en el proceso de acción popular.
2.1.4. El magistrado ponente de la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, en auto del 25 de octubre de 20235, declaró
improcedente la apelación formulada por la demandante, en atención a lo previsto en
el artículo 37 de la Ley 472 de 1998 y en la jurisprudencia del Consejo de Estado6. Por
otro lado, explicó que no era posible tramitar el recurso como una reposición, de
acuerdo con el artículo 318 del Código General del Proceso (CGP), dado que el auto
controvertido había sido emitido por la Sala de Decisión y no por el ponente.
2.1.5. En consecuencia, la Procuraduría General de la Nación presentó recurso de
reposición y en subsidio queja en contra del auto del 25 de octubre de 2023, con el
argumento de que la providencia del 28 de septiembre de ese año era una sentencia
porque definió «la suerte de las pretensiones»; sin embargo, la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, en decisión del 15 de marzo de 20247, estimó
bien denegado el recurso de apelación.
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
La parte actora solicitó en el escrito de tutela lo siguiente8:
3 Samai, exp. núm. 25000-23-41-000-2021-00779-00, índice 1204, certificado EEDCAA1EE3B6F0E0
253E2C1E55CA3786 045E21BB31797910 805C22AA68DADC59.
4 Expediente núm. 25000-23-41-000-2017-00083-02.
5 Samai, exp. núm. 25000-23-41-000-2021-00779-00, índice 1232, certificado AA2BC4205631763C
A5817391443EE4A7 673AFEBD1CE31F2F 4060F010C5599614.
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, auto del 10 de febrero de 2021,
expediente núm. 08-001-23-33-000-2019-00646-01.
7 Samai, exp. núm. 25000-23-41-000-2021-00779-04, índice 28, B8CE83C45792BF9C 5F15B46603CA6B1B
3A45F8315649CA14 C84F738AF3773E3E.
8 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2024-05268-00, índice 2, certificado D4C52F26D93EC2E0
07AD6730907C261B 0A7BE05B72A1F725 E1166F39F1D2AF14.
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Accionante: Procuraduría General de la Nación
Accionados: Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado y otro
3.1. Que se declare la vulneración del derecho fundamental al debido proceso y del
derecho al efectivo acceso a la administración de justicia con fundamento en la
configuración de los defectos procedimental absoluto y fáctico, junto con la violación
directa de la Constitución […].
3.2. Que como consecuencia de la declaratoria de vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso y al efectivo acceso a la administración de justicia se
ordene dejar sin efectos las decisiones adoptadas mediante el auto del 28 de
septiembre de 2023, proferido por la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y mediante el auto del 15 de marzo de 2024 proferido
por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado con el fin de que la
acción popular continúe su trámite.
3.3. Que como consecuencia de la anterior declaración, se ordene a la Subsección A
de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca continuar con el
proceso en el estado en que se encontraba, esto es, la etapa probatoria de tal manera
que la acción popular pueda culminar con una sentencia de fondo que resuelva las
pretensiones y las demás situaciones procesales que surjan dentro del proceso9.
Como fundamento de sus pretensiones, la Procuraduría General de la Nación sintetizó
las actuaciones surtidas dentro del proceso de acción popular con radicado núm.
25000-23-41-000-2021-00779-00 y afirmó que las autoridades accionadas incurrieron
en los defectos procedimental absoluto y de violación directa de la Constitución.
Por un lado, indicó que la decisión que dio por terminado el mencionado proceso no
tuvo sustento «en una norma legal, sino en una muy poco plausible interpretación» de
la sentencia dictada el 27 de julio de 202310 por la Subsección A de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, la cual no era aplicable al caso concreto por cuanto abordó un
asunto distinto al discutido en esa oportunidad.
Manifestó que el caso que resolvió el Consejo de Estado estaba circunscrito a la
afectación de varios derechos colectivos como consecuencia de irregularidades
cometidas por particulares y exservidores públicos, con ocasión de la adjudicación de
un contrato de concesión mediante «el pago de sobornos» que los contratistas
pretendían luego cobrar al Estado.
No obstante, que en la acción popular de «centros poblados» la afectación de
derechos colectivos, si bien tiene relación con la actividad contractual, lo cierto es que
el Estado sí desembolsó el pago del anticipo del negocio de aporte 1043 de 2020 a la
UT con garantías bancarias que no fueron expedidas por entidades financieras y que
fueron presentadas como reales, situación que desencadenó la vulneración alegada.
En ese orden, sostuvo que lo que busca la demanda de acción popular es la restitución
de dineros al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y al
Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para garantizar
el derecho colectivo al patrimonio público, a la moralidad administrativa y al servicio
público de acceso a internet. Por las razones expuestas, la Procuraduría consideró:
La decisión adoptada por la Sección Tercera en la sentencia del 23 de julio de 2023,
que según se indica en el auto del 28 de septiembre de 2023, es la razón de ser de la
expedición de este último, es un defecto procedimental por cuanto dicha sentencia es
una decisión que no constituye precedente en el sentido que el Tribunal le otorga en la
9 Se transcribe incluso con errores contenidos en el escrito de tutela.
10 Expediente núm. 25000-23-41-000-2017-00083-02.
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providencia del 28 de septiembre, pues en ella, nunca se expresó que deberían darse
por terminados los medios de control tendientes a la defensa de los derechos colectivos
relacionados con temas contractuales, cuando se verificara la existencia de medios de
control contractual11.
Por otro lado, la Procuraduría aseguró que el Tribunal accionado incurrió en el defecto
procedimental absoluto, toda vez que acudió a la figura de la terminación anticipada
del proceso que no está regulada en la Ley 472 de 1998, motivo por el que es
susceptible de ser apelada con sustento en lo previsto en los artículos 243 y 244 de la
Ley 1437 de 2011 (CPACA), según los cuales procede el mencionado recurso en
contra del auto que ponga fin al proceso.
Arguyó la configuración del defecto procedimental en que, de acuerdo con la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, las acciones
populares son principales y autónomas, es decir, no dependen del ejercicio de otros
medios de control para acudir a aquellas de manera directa ante la vulneración de un
derecho o interés colectivo.
En cuanto al defecto de violación directa de la Constitución, la Procuraduría expresó
que ocurrió en la medida en que el auto del 28 de septiembre de 2023 carece de
fundamentación normativa porque está justificado en una interpretación de la
sentencia del Consejo de Estado del 27 de julio de 2023 que contradice postulados
constitucionales. Además, dado que el legislador, si bien permite la terminación
anticipada de los procesos judiciales, en el asunto bajo estudio no se configuró algún
supuesto contenido en las normas que disponen esa posibilidad. En tal sentido,
enunció lo siguiente:
[…] Así las cosas, la posibilidad de terminar el proceso antes de dictar sentencia no es
una facultad arbitraria del juez sino que está reglada en la ley.” y de ello nada se
sustentó en las providencias violatorias del debido proceso que se cuestiona12.
2.3. Trámite procesal
El despacho ponente, en auto del 3 de octubre de 202413, admitió la tutela; vinculó,
como terceros con interés, al Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, a la Unión Temporal Centros Poblados de Colombia 2020 y a sus
integrantes Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación,
ICM Ingenieros SAS, INTEC de la Costa SA y SESCOLOMBIA SAS; y al BBVA ASSET
MANAGEMENT SA Sociedad Fiduciaria; requirió a la Subsección A de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que aportara el expediente de la
acción popular; tuvo como pruebas los documentos aportados con la demanda de
tutela; y ordenó la notificación de los sujetos procesales.
2.4. Intervenciones
2.4.1. BBVA Asset Management contestó que el escrito de tutela no superó los
requisitos generales de subsidiariedad, comoquiera que la Procuraduría General de la
11 Se transcribe incluso con errores contenidos en el escrito de tutela.
12 Se transcribe incluso con errores contenidos en el escrito de tutela.
13 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2024-05268-00, índice 5, certificado 7893797866CA407B
A1BCFDF86C691D68 33EEAB8A9C7E3102 3CE557238C32C1F2.
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Accionados: Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado y otro
Nación no agotó el mecanismo de revisión eventual en acciones populares, y de
inmediatez, dado que el auto del 15 de marzo de 2024, objeto de controversia, fue
notificado el 22 de marzo siguiente y la tutela fue interpuesta el 30 de septiembre de
ese año, es decir, trascurridos más de 6 meses14.
De otra parte, precisó que, contrario a lo que afirmó la accionante, la decisión que
terminó el proceso no es una sentencia, ya que no decidió de fondo las pretensiones,
sino un auto fundado en el fallo de unificación del Consejo de Estado del 27 de julio de
2023; y que, al margen de las peticiones de protección de derechos colectivos, la
argumentación de la demanda no es un asunto distinto al cuestionamiento del
cumplimiento del contrato.
Agregó que la referida providencia de esta corporación es precedente para el caso
concreto porque en esa oportunidad la Sección Tercera concluyó que no era posible
continuar con un trámite de acción popular ante la existencia de otro proceso de índole
contractual iniciado por los mismos hechos. También, explicó que los artículos 26 y 37
de la Ley 472 de 1998 limitan la procedencia del recurso de apelación al auto que
decreta medidas cautelares y a la sentencia de primera instancia, motivo por el que no
aplican normas del CPACA y del CGP sobre la materia.
Por las razones expuestas, afirmó que los autos objeto de controversia no incurrieron
en alguna irregularidad procesal que afecte derechos fundamentales, y que la acción
de tutela busca agotar una tercera instancia judicial, lo cual escapa de la órbita del juez
constitucional. Finalmente, solicitó que se nieguen las pretensiones de amparo.
2.4.2. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las comunicaciones y el
Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones solicitaron
«que se determine lo que en derecho corresponda» y destacaron que no había acción
u omisión vulneradora de derechos fundamentales que les fuera atribuibles15.
Abordó aspectos normativos del trámite de la acción popular y requirió que fueran
analizados los siguientes temas: la subsidiariedad de la acción de tutela de cara a un
posible incidente de nulidad y la oportunidad de su ejercicio; y la idoneidad de la acción
popular para la defensa de la protección del erario, pese a la existencia de otras
acciones legales iniciadas por las autoridades legitimadas con ese fin.
2.4.3. El magistrado de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado ponente del auto del 15 de marzo de 2024 objeto de tutela contestó 16 que el
escrito de amparo revela un desacuerdo con lo decidido en la mencionada providencia
bajo los mismos argumentos que ya fueron resueltos con el recurso de queja, lo que
denotaba carencia de relevancia constitucional. Además, reiteró la improcedencia de
la apelación en contra del auto que termina el proceso en acciones populares.
2.4.4. SESCOLOMBIA SAS pidió que las pretensiones de amparo fueran
desestimadas, pues no avizoró vulneración de derechos fundamentales de la
14 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2024-05268-00, índice 12, certificado 4DAF677752782933
C59A7BF9F51A47AA B82732D0CBAA368F C1C7C6923E69FB48.
15 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2024-05268-00, índice 13, certificado F19F4A5867660890
DF5AA5BD38B419EB 16ED7DC31227ADBF C7F990DD5C35C6D9.
16 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2024-05268-00, índice 14, certificado CED7122C3DDF1293
972F71F1D8806FBF C5DD350045DF9BB7 12D5D38822A21048.
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Procuraduría General de la Nación. Manifestó que la tutela pretende reabrir el debate
sobre la procedencia del recurso de apelación. Aseguró que la terminación anticipada
del proceso no es una figura extraña a la acción popular, de acuerdo con lo expuesto
por el Consejo de Estado en su jurisprudencia17, y que, en el caso concreto, esa
decisión tuvo fundamento legal y constitucional por economía procesal, además de la
sentencia de la Sección Tercera de esta corporación del 27 de julio de 2023 que guardó
similitud con el asunto en discusión18.
Abordó la procedencia de los recursos en acciones populares e indicó que la decisión
de terminar el proceso, del 28 de septiembre de 2023, no es una sentencia sino un
auto que no es apelable de acuerdo con la postura actual del Consejo de Estado 19.
Comparó las pretensiones de la demanda popular con las del proceso contractual que
se encuentra en curso en su contra por los mismos hechos, y expresó que son
idénticas en cuanto buscan la restitución del pago del anticipo al contratista.
Por último, adujo que el accionante desconoce que la falta de jurisdicción o
competencia es causal de nulidad y, por ende, debe ser declarada por el juez una vez
la advierta. Por las razones expuestas, consideró que las pretensiones de la tutela no
están llamadas a prosperar, por lo que pidió que fueran negadas o declaradas
improcedentes.
2.4.5. La magistrada de la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca ponente del auto del 28 de septiembre de 2023
contestó que la tutela no superó el requisito de inmediatez, toda vez que, desde que
fue proferida la mencionada providencia y la que resolvió el recurso de queja, hasta la
interposición del escrito de tutela, trascurrieron más de 1 año y más de 7 meses,
respectivamente20.
Reiteró las razones que sustentan la decisión objeto de tutela y citó jurisprudencia del
Consejo de Estado21 según la cual en los procesos populares solo procede el recurso
de apelación en contra del auto que decreta medidas cautelares y de la sentencia de
primera instancia.
De otra parte, resaltó que la demanda popular iniciada por la accionante tiene identidad
con el caso resuelto por la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia de
unificación del 27 de julio de 2023, en la medida en que ambos procesos tienen origen
en contratos estatales y alegan perjuicios económicos con ocasión de un contrato
estatal.
Explicó que la finalización del medio de control constitucional no desampara los
derechos a la moralidad administrativa y al patrimonio público toda vez que se
encuentran bajo la guarda del juez del conflicto contractual. Agregó que el derecho de
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, sentencias del 20 de febrero de
2014, exp. núm. 15001-23-33-000-2013-00149-02, y del 24 de junio de 2021, exp. núm. 66001-23-33-000-2018-
00106-01.
18 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2024-05268-00, índice 21, certificado 47ECBDB28D6548E5
6567674F4C8ED260 E9982BDBFD5ACCAC D653A2F45088931D.
19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, auto del 26 de junio de 2019,
exp. núm. 25000-23-27-000-2010-02540-01.
20 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2024-05268-00, índice 24, certificado 7F497AACAE76C2A5
CB00BE3E3A89CBEF 510FED28EDC13A3C B9D2592C8C57A98F.
21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, auto del 26 de junio de 2019,
exp. núm. 25000-23-27-000-2010-02540-01.
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Accionante: Procuraduría General de la Nación
Accionados: Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado y otro
la comunidad al acceso al servicio público esencial de internet tampoco quedó
desprotegido porque se firmó un contrato posterior con la finalidad de la prestación de
ese servicio.
El Tribunal advirtió que no podía emitir sentencia de fondo ya que la existencia de otros
procesos contractuales con el mismo objetivo ocasionó la pérdida de su competencia
para seguir adelantando la acción popular. Finalmente, solicitó que se declare la
improcedencia de la acción de tutela por no cumplir el requisito de inmediatez, o, en
su defecto, se nieguen las pretensiones de amparo.
2.4.6. El despacho de la magistrada ponente del trámite constitucional emitió auto, el
25 de noviembre de 202422, en el que ordenó vincular, como terceros con interés, al
Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; a Omega
Buildings Constructora SAS, como integrante de la Unión Temporal Centros Poblados
de Colombia 2020; a ITAÚ Corporación Colombiana SA; al Consorcio PE2020 C
Digitales; a Telemediciones SAS; a PMO SOLYCOM SAS; a Eurocontrol SA Sucursal
Colombia; al Ministerio de Relaciones Exteriores; a la Fiscalía General de la Nación; a
la Contraloría General de la República; a la Unidad de Información y Análisis
Financiero (UIAF); a las Superintendencias Financiera de Colombia, de Sociedades,
de Notariado y Registro y de Industria y Comercio; al Instituto Geográfico Agustín
Codazzi; a la Registraduría Nacional del Estado Civil; a la Agencia Nacional de
Contratación Pública Colombia Compra Eficiente; a la Sociedad Nuovo Security LLC;
y a la Sociedad INSELSA SAS.
2.4.7. La Superintendencia Financiera de Colombia afirmó que no le consta la
vulneración de derechos fundamentales de la Procuraduría General de la Nación,
puesto que desconoce las presuntas irregularidades de la acción popular objeto de
controversia. Sostuvo que no tiene legitimación en la causa por pasiva, toda vez que
no tiene relación alguna con los intereses que se discuten en el trámite constitucional.
Solicitó que se niegue el amparo y se ordene su desvinculación23.
2.4.8. La Superintendencia de Sociedades indicó que ni los hechos ni las
pretensiones del escrito de tutela están relacionadas con procesos de liquidación
judicial que adelantan las sociedades ICM Ingenieros SAS o Intec de la Costa SAS,
motivo por el que carece de competencia para cumplir un eventual fallo favorable a la
accionante ante su falta de legitimación en la causa por pasiva. Pidió su desvinculación
del trámite constitucional y, de manera subsidiaria, que se niegue el amparo de tutela24.
2.4.9. La Fiscalía General de la Nación25, la Registraduría Nacional del Estado
Civil26, la Superintendencia de Notariado y Registro27 y la Agencia Nacional de
22 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2024-05268-00, índice 39, certificado 5B867148B891F689
109EB0AA67312191 68854112B69716E6 A1C9B50AEE2506C1.
23 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2024-05268-00, índice 48, certificado 5E8C15280B053BBF
380F05FE7C75CC64 91AC187FFA81E063 06F8D301C83A3081.
24 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2024-05268-00, índice 49, certificado 04724940AAB0EB69
507BCAA527C0B825 6010F28A67C9B6A0 D5FC7A3AD832F41C.
25 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2024-05268-00, índice 50, certificado 4F77444BA8575383
8B789DB30C5E35FD DD18DE52D09E281F 50AD135BE3ED32DD.
26 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2024-05268-00, índice 52, certificado DC36B2679966C5BA
B4D93F100C4968B0 87A69E66053D8DA8 BB4B63EA600ADD50.
27 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2024-05268-00, índice 53, certificado 7E7FD4DB04A66683
E0F219D9F571F3BF E7481A70AF824928 B59A36D9AF2EA404.
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Contratación Pública Colombia Compra Eficiente28, entre otros argumentos,
contestaron que no tienen legitimación en la causa por pasiva dado que las
actuaciones deprecadas en procura del amparo escapan de sus ámbitos de
competencia y porque no vulneraron derechos fundamentales. Solicitaron la
desvinculación del trámite constitucional o que se nieguen las pretensiones de tutela.
2.4.10. El Consorcio PE 2020 C Digitales, integrado por Telemediciones SAS, PMO
SOLYCOM SAS y Eurocontrol SA Sucursal Colombia, solicitó el rechazo de la acción
de tutela por resultar improcedente. Explicó que la Procuraduría General de la Nación
no cumplió con las exigencias que permitan acreditar el requisito de relevancia
constitucional porque se limitó a alegar que la negativa del recurso de apelación y la
terminación del proceso de acción popular trasgredieron sus derechos fundamentales
al debido proceso, a la defensa, a la contradicción y al acceso a la administración de
justicia29.
Expresó que es contradictorio que se adelante la acción popular por los mismos
hechos, objeto y causa que son debatidos en otros procesos judiciales iniciados por el
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Fondo para
defender el presupuesto de la Nación.
Argumentó que la accionante no cumplió el requisito de subsidiariedad porque no
agotó el recurso de revisión eventual de la decisión que terminó el proceso de acción
popular, razón por la que la tutela resulta improcedente; y que no alegó cuál era la
deficiencia procesal determinante en la vulneración de los derechos fundamentales.
También, adujo como incumplido el requisito de inmediatez, toda vez que el escrito de
amparo fue interpuesto trascurridos más de 6 meses desde el auto del 15 de marzo
de 2024 proferido por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
Finalmente, defendió la legalidad de las decisiones judiciales controvertidas.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta en contra de la Subsección A de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y de la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado.
3.2. Legitimación en la causa
La legitimación en la causa por activa de la Procuraduría General de la Nación se
encuentra acreditada, por cuanto fue la parte demandante dentro del proceso de
acción popular que finalizó con el auto del 15 de marzo de 2024, objeto de tutela, y,
por lo tanto, es la titular de los derechos que consideró fueron vulnerados.
28 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2024-05268-00, índice 55, certificado 47BE27E5C1DCABB5
A506AC1764AB4A36 5251069BF0B94161 91EC530A2E8842CF.
29 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2024-05268-00, índice 56, certificado 637BE98C3FD52D87
23B43B75D90303D0 411ECCE232368CD2 DC379DA27488698A.
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También, está probada la legitimación en la causa por pasiva de la Subsección A
de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y de la Subsección
A de la Sección Tercera del Consejo de Estado porque fueron las autoridades que
profirieron, respectivamente, el auto del 28 de septiembre de 2023, que terminó el
proceso popular, y del 15 de marzo de 2024, que resolvió el recurso de queja, los
cuales, afirmó la tutelante, vulneraron sus derechos fundamentales.
3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
Reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado30 y de la Corte Constitucional31 ha
destacado que la acción de tutela contra providencia judicial procede de manera
excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura de
evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este mecanismo
constitucional.
En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante debe
acreditar los siguientes:
i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional.
ii) Que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa
judicial.
iii) Que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado.
iv) Que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte
un derecho fundamental.
v) Que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración.
vi) Que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad del recurso de
amparo versan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen incompatible
una providencia judicial con los mandatos constitucionales32 y, por lo tanto, constituyen
fundamento para conceder o negar la acción de tutela. En otras palabras, estos
requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan la integridad de la
decisión judicial y que justifican la intervención del juez constitucional para la
salvaguarda de los derechos fundamentales.
En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere que
se configure, al menos, uno de los siguientes defectos: i) orgánico; ii) procedimental
absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la autoridad judicial;
vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente constitucional; o viii)
violación directa de la Constitución33.
30 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente
núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
31 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
32 Corte Constitucional, sentencia SU-024 de 2018.
33 Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018 y SU-215 de 2022.
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Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
En este punto, resulta oportuno aclarar que, si bien la parte tutelante adujo la posible
configuración de los defectos procedimental absoluto, fáctico y de violación de la
Constitución, lo cierto es que los cargos de tutela solo están relacionados con los
defectos sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, frente a la decisión
del 28 de septiembre de 2023; y procedimental absoluto, en relación con el auto del
15 de marzo de 2024.
3.3.1. Relevancia constitucional
Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la Corte Constitucional ha
sentado jurisprudencia en torno al deber que le asiste al juez de tutela de pronunciarse
de forma expresa, y con claridad, sobre las razones por las cuales el asunto que entra
a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos que ha impartido el
órgano de cierre sobre la materia34.
La cuestión que se discute reviste relevancia constitucional, toda vez que, de
encontrarse configurados los defectos sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial y procedimental absoluto expuestos en el escrito de tutela, prosperaría la
pretensión de amparo de que se ordene al tribunal accionado que continúe con el
trámite de la acción popular con radicado núm. 25000-23-41-000-2021-00779-00,
escenario en el cual estarían afectados los derechos fundamentales de la Procuraduría
General de la Nación, en particular, el debido proceso, para cuyo amparo acudió a esta
acción constitucional.
3.3.2. Subsidiariedad
El requisito de subsidiariedad exige, en los términos de los artículos 86 constitucional
y 6 del Decreto 2591 de 199135, que el juez constitucional, por un lado, verifique que
el accionante no cuente con otros mecanismos judiciales de protección de sus
derechos fundamentales; y, por otro lado, valore si dichos mecanismos resultan
idóneos y eficaces para garantizar de forma oportuna el amparo solicitado, de acuerdo
con las particularidades de cada caso36.
En el evento de que existan otros medios de defensa judicial pero que estos no sean
idóneos o eficaces, procede la tutela como mecanismo de protección de derechos
34 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
La Corte Constitucional ha fijado unos criterios que deben ser acatados con el fin de tener por superado el requisito
de relevancia constitucional en un caso en concreto, los cuales son: i) que esté inmiscuido «el contenido, alcance
y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico»
lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o
determinar el alcance de un derecho fundamental» ; ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no
tenga únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute la forma de interpretar o aplicar
una norma o en los eventos en que la controversia versa sobre un aspecto monetario que solo comporta incidencia
para los particulares más no para el interés general; y iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga
argumentativa mínima que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial incurrió en una
afectación grave de derechos fundamentales.
35 ARTICULO 6o. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante.
[…].
36 Corte Constitucional, sentencia T-397 de 2017.
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fundamentales, así como, en los eventos en que se configura un perjuicio irremediable,
el cual debe ser inminente y grave, y sus medidas de protección impostergables37.
Cuando se trata de una tutela interpuesta en contra de providencia judicial, la Corte
Constitucional ha indicado que los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios
constituyen vías legítimas de defensa y reconocimiento de los derechos
fundamentales38. De manera específica, el alto tribunal expresó lo siguiente:
La acción de tutela no fue diseñada para desplazar a los jueces del ejercicio de sus
competencias naturales, motivo por el cual, en principio, no es procedente acudir ante
un juez para impugnar las decisiones judiciales si previamente no se han empleado los
medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial. El agotamiento de estas
herramientas constituye, entonces, un requisito indispensable para que el juez de tutela
pueda entrar a estudiar la vulneración invocada por el accionante.
En el asunto bajo estudio, la Procuraduría General de la Nación presentó acción de
tutela en contra de la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca y de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
con la pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia, los cuales consideró vulnerados con las
decisiones emitidas dentro de la acción popular con radicado núm. 25000-23-41-000-
2021-00779-00, respectivamente, el 28 de septiembre de 2023 (que terminó el
proceso) y el 15 de marzo de 2024 (que resolvió el recurso de queja).
Los argumentos en contra del auto del 28 de septiembre de 2023 consisten en que el
Tribunal accionado, en concreto, desconoció que la sentencia del 27 de julio de 2023
no indicó que debían darse por terminadas las acciones populares que abordaran
temas contractuales ante la existencia de otros procesos iniciados por el medio de
control de controversias contractuales frente a los mismos hechos; y, por otro lado,
desatendió la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la competencia de los jueces
que conocen dichas acciones.
Al respecto, es necesario tener en cuenta que el artículo 36A de la Ley 270 de 1996,
adicionado por la Ley 1285 de 2009, creó el mecanismo de revisión eventual en
materia de acciones populares y de grupo, en los siguientes términos:
En su condición de Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, a petición de
parte o del Ministerio Público, el Consejo de Estado, a través de sus Secciones, en los
asuntos que correspondan a las acciones populares o de grupo podrá seleccionar, para
su eventual revisión, las sentencias o las demás providencias que determinen la
finalización o el archivo del respectivo proceso, proferidas por los Tribunales
Administrativos, con el fin de unificar la jurisprudencia.
El artículo 272 del CPACA dispuso que la finalidad de la revisión eventual es la de
unificar la jurisprudencia en acciones populares y de grupo para conseguir la aplicación
de la ley en condiciones iguales en situaciones que comparten identidad fáctica y
jurídica; en cuanto a la procedencia, el artículo 273 ibidem dispuso que las partes o el
Ministerio Público podrán pedir que las sentencias o las «providencias que determinen
la finalización» del proceso sean revisadas en los siguientes casos:
37 Corte Constitucional, sentencia T-471 de 2017.
38 Corte Constitucional, sentencia T-373 de 2021.
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1. Cuando la providencia objeto de la solicitud de revisión presente contradicciones o
divergencias interpretativas, sobre el alcance de la ley aplicada entre tribunales.
2. Cuando la providencia objeto de la solicitud se oponga en los mismos términos a que
se refiere el numeral anterior a una sentencia de unificación del Consejo de Estado o a
jurisprudencia reiterada de esta Corporación.
Es preciso destacar que el legislador diseñó en la segunda causal un texto supeditado
a los términos de la primera causal, de manera que su interpretación exige realizar una
integración de ambas disposiciones. De acuerdo con la sentencia de unificación del 6
de agosto de 201939 de la Sala Veintisiete Especial de Decisión del Consejo de Estado,
la causal en comento hace referencia a la providencia contradictoria o con
divergencias interpretativas sobre el alcance de la ley, con un fallo de unificación
o jurisprudencia reiterada de esta corporación. En concreto, el alto tribunal expuso
lo que sigue a continuación:
En esta línea, como la finalidad última de la revisión eventual prevista en el artículo 273
del CPACA es lograr que se apliquen las mismas directrices en casos que compartan
iguales supuestos fácticos y jurídicos, el mecanismo procede, conforme a la causal 2
de la disposición, cuando la providencia cuya revisión se pretende, difiere del alcance
interpretativo que el Consejo de Estado le ha dado a un punto de derecho, siempre
que este haya sido fijado en una sentencia de unificación o en la jurisprudencia
reiterada de la misma Corporación, pues, se repite, lo que interesa a este mecanismo
es lograr la igualdad material en la solución de los casos.
Pues bien, de la revisión del escrito de tutela, la Sala encuentra que la Procuraduría
General de la Nación pudo discutir los argumentos atinentes al defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial a través del mecanismo de revisión eventual
previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996 y regulado en los artículos 272, 273
y 274 del CPACA, con fundamento en la mencionada causal segunda.
Lo anterior, en la medida en que la tutelante argumentó que la decisión de terminar el
proceso de acción popular estuvo fundamentada en una «muy poco plausible
interpretación de la [sentencia de unificación del 27 de julio de 2023] del Consejo de
Estado». Agregó que el mencionado fallo no constituyó precedente en el sentido que
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le «otorgó en la providencia del 28 de
septiembre [de 2023], pues en ella nunca se expresó que debían darse por terminados
los medios de control tendientes a la defensa de los derechos colectivos relacionados
con temas contractuales».
Además, la accionante arguyó que la decisión del Tribunal objeto de tutela desconoció
que el Consejo de Estado, en sentencia de unificación del 13 de febrero de 2018,
sostuvo que las acciones populares son «principales y en consecuencia autónomas»,
en cuanto a que no dependen de otras acciones para ser ejercidas.
Así las cosas, los reparos que la Procuraduría General de la Nación le atribuye al auto
del 28 de septiembre de 2023 se reducen a que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca realizó una interpretación contradictoria o divergente con sentencias de
unificación del Consejo de Estado, según las cuales no había lugar a terminar el
proceso de acción popular con radicado 2021-00779-00.
39 Expediente número 15001-33-33-007-2017-00036-01.
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En consecuencia, dado que los reproches de amparo se encuadran en la segunda
causal contenida en el artículo 273 del CPACA, la Procuraduría debió acudir al
mecanismo de revisión eventual previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996 para
ejercer la defensa de los derechos fundamentales que consideró vulnerados; empero,
no lo hizo, motivo por el cual no está superado el requisito de subsidiariedad.
Cuestión distinta ocurre con los argumentos de tutela dirigidos en contra de la
providencia del 15 de marzo de 2024, que sí superan el requisito de subsidiariedad,
en la medida en que dicha decisión resolvió un recurso de queja, providencia que no
es susceptible de ser recurrida. Por lo tanto, la Sala continuará con el estudio de los
demás requisitos de procedibilidad en relación con el defecto procedimental absoluto.
3.3.3. El requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, porque el auto que profirió
la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado el 15 de marzo de 2024,
quedó ejecutoriado el 4 de abril siguiente40, y el escrito de tutela se presentó el 1 de
octubre de 202441, esto es, dentro del plazo de seis meses establecidos por la
jurisprudencia Constitucional42 y el Consejo de Estado43 como razonable.
3.3.4. La parte actora, en el escrito de amparo, expuso de forma clara y concreta
los hechos y argumentos por los cuales consideró vulnerados sus derechos
fundamentales, y estos exponen una posible irregularidad procedimental que, de
encontrarse probada, tendría un efecto decisivo en la garantía de la doble instancia.
Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de tutela.
De acuerdo con lo expuesto, esta Sala constitucional encuentra superados los
requisitos generales de procedibilidad y continúa con el estudio de fondo en los
términos que planteó la parte actora en contra del auto del 15 de marzo de 2024.
3.4. Problema jurídico
La Sala debe decidir si la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado
incurrió en el defecto procedimental absoluto con el auto del 15 de marzo de 2024 y,
por ende, si vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia de la Procuraduría General de la Nación. Para ello, es
necesario establecer si el auto que finalizó el proceso de acción popular era susceptible
de ser controvertido por medio del recurso de apelación.
3.5. Caso concreto
Revisados los argumentos del escrito de amparo, la Sala observa que los cargos del
defecto procedimental consisten en que, dado que la figura de la terminación
anticipada del proceso no está reglada en la Ley 472 de 1998, era necesario aplicar,
por remisión del artículo 44 ibidem, lo previsto en el artículo 243 del CPACA, según el
cual procede el recurso de apelación en contra de la mencionada decisión.
40 Samai, exp. núm. 25000-23-41-000-2021-00779-04, índice 32.
41 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2024-05268-00, índice 1.
42 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
43 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente
n.º 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
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Al respecto, es necesario destacar que, en el trámite de la acción popular, la
Procuraduría General de la Nación presentó apelación en contra de la providencia del
28 de septiembre de 2023 que declaró la terminación del proceso, y que la Subsección
A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó por
improcedente dicho recurso en auto del 25 de octubre de 2023, con fundamento en
lo previsto en el artículo 37 de la Ley 472 de 1998 y lo dispuesto en el auto del 10 de
febrero de 2021 emitido por la Sección Primera del Consejo de Estado44.
De acuerdo con el referido artículo 37, el recurso de apelación solo procede, tratándose
de acciones populares, en contra de la sentencia de primera instancia. Por su parte, el
auto del 10 de febrero de 2021 reiteró la postura de la Sala Plena de esta corporación
contenida en la providencia del 26 de junio de 201945, y concluyó lo siguiente:
Con base en las anteriores premisas, el Despacho concluye que no le asiste la razón
al a quo al indicar que, en tratándose de acciones populares, y en aplicación del
Decreto 806 de 2020, la providencia que decide excepciones y da por terminado el
proceso, resulta susceptible del recurso de alzada.
Además, conviene reiterar que el auto del 25 de octubre de 2023 fue objeto del recurso
de queja, recurso resuelto por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado en auto del 15 de marzo de 2024, en el que expuso que los artículos 26 y 37
de la Ley 472 de 1998 determinan que solo son apelables el auto que decreta medidas
cautelares y la sentencia de primera instancia.
En esa oportunidad, el alto tribunal agregó, por un lado, que la enunciación taxativa de
las decisiones apelables en procesos populares, según la sentencia C-377 de 2012 de
la Corte Constitucional, no se opone a la Constitución Política en atención a la
naturaleza expedita de esos trámites que propende por la efectividad de los derechos
e intereses colectivos; y, por otro lado, explicó lo siguiente:
La Ley 2080 de 2021 reformó el artículo 243 de la Ley 1437 de 2011 en el sentido de
disponer que es apelable el auto que, por cualquier causa, ponga fin al proceso. Pero
esta norma no es aplicable, no solo por lo que se ha indicado, sino en tanto esta misma
ley dispuso que en los procesos e incidentes regulados por otros estatutos procesales,
la apelación procederá y se tramitará conforme a las normas especiales que lo regulan.
En este caso, la Ley 472 de 1998, es la que lo regula.
Pues bien, en los términos expuestos, la Sala advierte que la decisión del 15 de marzo
de 2024 de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado no comporta
una actuación arbitraria o caprichosa, y que, por lo tanto, no vulnera derechos
fundamentales de la tutelante. Lo anterior, porque, en efecto, los artículos 26 y 37 de
la Ley 472 de 1998 que regulan la apelación en materia de acciones populares no
permiten la interposición de este recurso en contra del auto que da por terminado el
proceso.
Además, según la jurisprudencia del Consejo de Estado, en particular, en el auto de
Sala Plena del 26 de junio de 201946, se indicó que solo procede el recurso de
44 Expediente radicado núm. 08001-23-33-000-2019-00646-01.
45 Expediente radicado núm. 25000-23-27- 000-2010-02540-01.
46 Expediente radicado núm. 25000-23-27- 000-2010-02540-01.
15
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05268-00
Accionante: Procuraduría General de la Nación
Accionados: Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado y otro
apelación en contra del auto que decreta medidas cautelares y la sentencia de primera
instancia.
Por último, cabe destacar que la Ley 2080 de 2021, que reformó el artículo 243 de la
Ley 1437 de 2011, dispuso que, en los procesos e incidentes regulados por otros
estatutos procesales, como lo es la Ley 472 de 1998, la apelación procederá y se
tramitará conforme a las normas especiales que lo regulan.
IV. CONCLUSIONES
Por las razones expuestas, los reparos que sustentaron el defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial no superaron el requisito de procedibilidad de
subsidiariedad, razón por la cual se declarará la improcedencia de estos; y los
reproches del defecto procedimental absoluto no fueron probados, motivos por los
cuales se negaran las pretensiones de amparo.
V. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTES los cargos de la solicitud de amparo
presentada por la Procuraduría General de la Nación en contra del auto del 28 de
septiembre de 2023, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la acción de tutela presentada por la
Procuraduría General de la Nación en relación con el auto del 15 de marzo de 2024,
en atención a las razones expuestos en esta sentencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente
(Ausente con excusa)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
DACJ/SEJV
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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