Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-05268-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-05268-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-05268-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
2 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D. C., 2 de julio de 2025
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05268-01
Demandante: Procuraduría General de la Nación
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Acción popular| Terminación
anticipada del proceso por existencia de acción contractual| Defecto procedimental
absoluto – ampara| Recursos judiciales contra esa decisión – Niega. Se revoca
parcialmente la decisión de primera instancia.
Síntesis del caso: La Procuraduría General de la Nación presentó acción de tutela contra la
providencia que ordenó la terminación de un proceso en el marco de una acción popular,
la decisión que declaró improcedente la apelación contra dicha providencia y la que, en
recurso de queja, confirmó esta última. Alegó que dichas decisiones carecían de sustento
legal y vulneraron el derecho de defensa del actor popular y restringieron de forma
injustificada el acceso a la administración de justicia.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver la
impugnación presentada por la parte demandante contra la Sentencia de
13 de enero de 2025, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, que declaró la improcedencia y negó las
pretensiones del amparo solicitado2.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Sentencia de primera instancia e
impugnación. 1.3. Trámite relevante en segunda instancia.
1.1. Posición de la parte actora
1. El 1 de octubre de 2024, la Procuraduría General de la Nación
presentó una acción de tutela contra la Subsección A de la Sección Primera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, por la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de
justicia, con ocasión de los Autos de 28 de septiembre de 2023 y 15 de marzo
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2 “Primero: Declarar improcedentes los cargos de la solicitud de amparo presentada por la Procuraduría General
de la Nación en contra del auto del 28 de septiembre de 2023, de conformidad con la parte motiva de esta
providencia. Segundo: Negar las pretensiones de la acción de tutela presentada por la Procuraduría General de
la Nación en relación con el auto del 15 de marzo de 2024, en atención a las razones expuestos en esta sentencia”.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-05268-01
Demandante: Procuraduría General de la Nación
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca parcialmente – Ampara
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de 2024, respectivamente, proferidos en el marco del proceso de acción
popular Rad. 25000-23-41-000-2021-00779-00/04. Alegó la existencia de un
defecto procedimental absoluto y una violación directa de la Constitución.
2. A título de amparo constitucional, la parte demandante solicitó (se
trascribe):
“3.1. Que se declare la vulneración del derecho fundamental al debido
proceso y del derecho al efectivo acceso a la administración de justicia con
fundamento en la configuración de los defectos procedimental absoluto y
fáctico, junto con la violación directa de la Constitución, los cuales fueron
expuestos en el numeral 2.2 de la presente tutela, como consecuencia de la
adopción de las decisiones proferidas por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y del Consejo de Estado, específicamente: el auto del 28 de
septiembre de 2023 proferido por la Subsección A de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el auto del 15 de marzo de 2024
proferido por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
3.2. Que como consecuencia de la declaratoria de vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso y al efectivo acceso a la
administración de justicia se ordene dejar sin efectos las decisiones adoptadas
mediante el auto del 28 de septiembre de 2023, proferido por la Subsección A
de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y mediante
el auto del 15 de marzo de 2024 proferido por la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado con el fin de que la acción popular continúe su
trámite.
3.3. Que como consecuencia de la anterior declaración, se ordene a la
Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca continuar con el proceso en el estado en que se encontraba,
esto es, la etapa probatoria de tal manera que la acción popular pueda
culminar con una sentencia de fondo que resuelva las pretensiones y las demás
situaciones procesales que surjan dentro del proceso”.
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
identificaron los siguientes:
4. 1) El 8 de septiembre de 2021, la Procuraduría General de la Nación
presentó una demanda, en ejercicio de la acción popular, dirigida en
contra de la Nación – Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, la Unión Temporal Centros Poblados de Colombia 2020
(UT), entre otros3. El objetivo fue proteger la moralidad administrativa, el
patrimonio público y el acceso a internet, frente a las acciones y omisiones
ocurridas durante el proceso licitatorio LP-038 de 2020 y la celebración y
ejecución del contrato Fondo 1043 de 2020. También solicitó la devolución
de los recursos entregados y el resarcimiento de los perjuicios causados al
Estado.
3 Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación, ICM Ingenieros SAS., INTEC de la Costa
SAS., OMEGA Buildings Constructora SAS, SESCOLOMBIA SAS., BBVA Assert Management SA Sociedad Fiduciaria,
ITAU Corpobanca Colombia SA, Consorcio PE2020 C Digitales, Telemediciones SAS, PMO SOLYCOM SAS y
Eurocontrol SA Sucursal Colombia.
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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca parcialmente – Ampara
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5. 2) El 13 de septiembre de 2021, la Subsección A de la Sección Primera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda y vinculó
al proceso a autoridades y particulares. Ese mismo día, mediante una
providencia separada, decretó medidas cautelares urgentes, que
incluyeron el levantamiento del velo corporativo de ciertas personas
jurídicas involucradas, el embargo de bienes, el rastreo de cuentas
bancarias y la suspensión de contratos.
6. 3) Posteriormente, mediante Auto de 28 de septiembre de 2023, la
misma Subsección A declaró la terminación del proceso, al considerar
improcedente el medio de control ejercido y constatar la pérdida de
competencia. Señaló que existían acciones contractuales en curso por los
mismos hechos, por lo que no correspondía al juez popular pronunciarse, a
fin de evitar la duplicidad de procesos y decisiones contradictorias en
materia contractual. Esta conclusión se basó en el criterio adoptado por la
Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la Sentencia de
27 de julio de 2023 (Rad. 25000-23-41-000-2017-00083-02). En consecuencia,
se levantaron las medidas cautelares previamente decretadas.
7. 4) Contra la decisión de terminación del proceso, la parte accionante
interpuso recurso de apelación con fundamento en los artículos 243 y 244
del CPACA, con base en la remisión prevista en el artículo 44 de la Ley 472
de 1998, dada la ausencia de regulación específica sobre la apelación de
autos de terminación. Sostuvo que el juez popular tenía competencia para
“adoptar todas las medidas necesarias para lograr la protección de los
derechos e intereses colectivos de manera que haga cesar la amenaza o
vulneración de tales derechos cuando tienen origen en un contrato estatal”,
y, en consecuencia, afirmó que la acción popular no era de carácter
subsidiario.
8. La Procuraduría señaló que la providencia se basó en argumentos
erróneos, ya que la decisión citada por el tribunal no era una sentencia de
unificación, trataba un caso distinto y no constituía precedente. En ese
proceso no se produjo desembolso de recursos públicos, mientras que en el
presente caso se solicitó expresamente el reintegro del anticipo entregado
y la reparación de los daños causados al Estado. Además, afirmó que, en la
Sentencia de 27 de julio de 2023, proferida por la Sección Tercera del
Consejo de Estado, “nunca se expresó que debería darse por terminados los
medios de control tendientes a la defensa de los derechos colectivos
relacionados con temas contractuales, cuando se verificara la existencia de
medio de control contractual”.
9. Añadió que la terminación anticipada carecía de fundamento legal
y constitucional, ya que no se sustentó en ninguna norma específica, sino,
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únicamente, en una interpretación judicial del Consejo de Estado. Aclaró,
además, que el proceso no se encontraba en ninguno de los supuestos
previstos por el CGP ni por el CPACA que habilitaran su terminación
anticipada.
10. Cuestionó que la providencia hubiera declarado la pérdida de
competencia “por el hecho de que la entidad afectada presentó
demandas contractuales, cuatro según se expuso en el auto impugnada,
las cuales se encuentra en fase de admisión y una inadmitida. Contrario a lo
decidido por el Consejo de Estado el 27 de julio de 2023, esta honorable
Corporación no estableció ni presupuso tal premisa”.
11. Finalmente, sostuvo que la acción popular no tenía como objeto
principal analizar la legalidad de un contrato estatal ni su cumplimiento, y
mucho menos las causas que motivaron su caducidad. Su finalidad era
lograr la protección efectiva de derechos e intereses colectivos, que no
necesariamente eran defendidos en los procesos contractuales. Recordó
que el juez del contrato velaba por la legalidad del negocio jurídico, pero
no era garante de los derechos e intereses colectivos.
12. 5) Mediante Auto del 25 de octubre de 2023, la Subsección A de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró
improcedente el recurso de apelación interpuesto por la parte actora.
Fundamentó su decisión en el artículo 37 de la Ley 472 de 1998 y en la
jurisprudencia del Consejo de Estado4, al señalar que los recursos
contemplados en el CCA (hoy CPACA) no podían extenderse a la acción
popular, la cual contaba con un régimen especial orientado a la celeridad
procesal. En ese sentido, precisó que, únicamente, eran apelables el auto
que decretaba una medida cautelar y la sentencia de primera instancia;
frente a las demás decisiones, solo procedía el recurso de reposición.
Asimismo, explicó que no era viable tramitar el recurso como reposición,
conforme con el artículo 318 del Código General del Proceso (CGP), ya que
el auto fue emitido por una sala de decisión y no por el magistrado ponente.
13. 6) Ante esta determinación, la parte accionante interpuso recurso de
reposición y, en subsidio, recurso de queja. Reiteró que la providencia de 28
de septiembre de 2023 creó una modalidad de terminación anticipada sin
respaldo legal. Sostuvo que, aunque formalmente se trataba de un auto, su
contenido material equivalía a una sentencia. También alegó que la
jurisprudencia invocada no constituía precedente, dado que el artículo 243
del CPACA había sido modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021,
4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Auto de 10 de febrero de 2021,
Radicado 08-001- 23-33-000-2019-00646-01.
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norma que no se encontraba vigente cuando se profirieron las decisiones
citadas.
14. 7) Mediante Auto de 24 de enero de 2024, el tribunal negó la
reposición. Aclaró que la Ley 2080 de 2021 no modificó las reglas sobre
procedencia del recurso de apelación dentro del medio de control para la
protección de derechos e intereses colectivos, ni modificó la Ley 472 de
1998. Rechazó que la decisión tuviera naturaleza de sentencia, como lo
afirmó erróneamente el recurrente. No obstante, declaró procedente el
recurso de queja, por haberse rechazado la apelación contra el auto que
declaró la terminación del proceso.
15. 8) La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
mediante Auto de 15 de marzo de 2024, “estimó bien denegado el recurso
de apelación”. Señaló que, de acuerdo con los artículos 26 y 37 de la Ley
472 de 1998, el recurso de apelación solo procedía contra los autos que
decretaran medidas cautelares y contra las sentencias de primera instancia.
Reafirmó que esta limitación fue avalada por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-377 de 2002, que declaró constitucional la enumeración
taxativa de las decisiones apelables, así como la consagración del recurso
de reposición para controvertir los autos dictados durante la acción popular,
en atención a su carácter expedito. Por tanto, no era admisible acudir a la
remisión del artículo 44 de la Ley 472 de 1998 para aplicar la apelación
prevista en el CPACA.
16. Concluyó que la providencia que puso fin al proceso no tenía
naturaleza de sentencia, ya que no resolvía de fondo las pretensiones, no
valoraba pruebas ni analizaba excepciones de mérito. Además, señaló que
“Ley 2080 de 2021 reformó el artículo 243 de la Ley 1437 de 2011 en el sentido
de disponer que es apelable el auto que, por cualquier causa, ponga fin al
proceso. Pero esta norma no es aplicable, no solo por lo que se ha indicado,
sino en tanto esta misma ley dispuso que en los procesos e incidentes
regulados por otros estatutos procesales, la apelación procederá y se
tramitará conforme a las normas especiales que lo regulan. En este caso, la
Ley 472 de 1998, es la que lo regula”.
17. Como fundamento de la vulneración de sus derechos, la parte actora
señaló que el Auto de 28 de septiembre de 2023, dictado por la Subsección
A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y el
Auto de 15 de marzo de 2024, proferido por la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, que estimó bien denegado el recurso de
apelación contra la decisión que ordenó la terminación del proceso,
incurrieron en un defecto procedimental absoluto y en una violación directa
de la Constitución.
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18. Afirmó que la providencia del Tribunal incurrió en un defecto
procedimental absoluto, ya que la terminación del proceso carecía de
sustento legal. Reiteró que la decisión se había apoyado en una sentencia
del Consejo de Estado que no resultaba aplicable al caso.
19. Sostuvo que las acciones populares no eran subsidiarias ni alternativas
frente a la vulneración de derechos e intereses colectivos derivados de
contratos estatales, por lo que podían ser ejercidas directamente por
entidades públicas y particulares. Subrayó que su carácter era principal,
autónomo y no condicionado al uso previo de otros medios de control.
Recordó que ya había sostenido esta tesis en el recurso de apelación
presentado en el proceso ordinario, al indicar que condicionar el ejercicio,
trámite y decisión de una acción popular a la interposición previa de otro
medio de control —como el de controversias contractuales— contravenía
los mandatos constitucionales, legales y jurisprudenciales tanto de la Corte
Constitucional como del Consejo de Estado.
20. La parte accionante también alegó que el Auto de 15 de marzo de
2024 del Consejo de Estado incurrió en este defecto porque vulneró el
derecho al debido proceso, al impedir el ejercicio del recurso de apelación
contra una providencia que, al dar por terminado el proceso sin estar
expresamente contemplada en la Ley 472 de 1998, debía ser apelable
conforme con los artículos 243 y 244 del CPACA, en concordancia con la
remisión establecida en el artículo 44 de la misma ley. Insistió en que “como
se expuso en los recursos de apelación y de reposición y en subsidio de
queja, es procedente el recurso de apelación previsto en el CPACA contra
el auto que puso fin a la acción popular cuando el proceso se da por
terminado acudiendo a la figura de la terminación anticipada”.
21. Adicionalmente, la parte accionante sostuvo que la providencia del
Consejo de Estado incurrió en una violación directa de la Constitución, al
haber restringido el acceso a un recurso legalmente previsto. Señaló que
“las decisiones cuestionadas cercenaron la posibilidad de acudir a un
recurso (apelación) que legalmente está previsto como aquel que procede
contra las decisiones que ponen fin al proceso, bien sea que se profieran en
el marco de una acción legal o de una constitucional como en este caso lo
es la acción popular”.
22. Reiteró que “como se expuso en el recurso de apelación, en la
decisión del 28 de septiembre de 2023 "[B]rilla por su ausencia la existencia
de fundamentación normativa que la justique, pues según se ha sustentado,
tal decisión se funda en una interpretación de la sentencia adoptada por la
Sección Tercera del Consejo de Estado, el 27 de julio de 2023 (...) Contrario
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a ello, la decisión que ahora se impugna, como se ha venido sustentando,
contradice un sinnúmero de disposiciones constitucionales y legales, que
soportan la existencia de las acciones populares, y su carácter principal y
autónomo, a saber el artículo 88 de la Carta que prevé las acciones
populares y que defiere a la Ley la determinación de sus parámetros; los
artículos 29 (debido proceso), 228 y 229 ibídem, que establecen que en las
actuaciones de la administración de justicia prevalecerá el derecho
sustancial, que los términos procesales se observarán con diligencia y la
garantía del derecho de acceso a la administración de justicia, así como los
artículos 144, 152-14 y 82A del CPACA, y 1, 2, 5, 6, 9, 12-4, 15 y en general el
trámite de la acción popular regulado en la Ley 472 de 1998, en lo que no
haya sido reformado por la Ley 1437 de 2011".
1.2. Sentencia de primera instancia e impugnación
23. Mediante Sentencia de 13 de enero de 2025, la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la
acción de tutela respecto de los defectos alegados contra el Auto de 28 de
septiembre de 2023. Consideró que, aunque la entidad accionante invocó
un defecto procedimental absoluto y violaciones constitucionales, en
realidad los argumentos correspondían a un defecto sustantivo relacionado
con el desconocimiento del precedente judicial.
24. Concluyó que no se cumplía con el requisito de subsidiariedad, ya que
dicho defecto podía discutirse mediante el mecanismo de revisión eventual
previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, desarrollado en los artículos
272, 273 y 274 del CPACA. Este razonamiento se basó en que la parte
accionante cuestionó la aplicación de las Sentencias de Unificación de 27
de julio de 20235 y 13 de febrero de 20186 del Consejo de Estado.
25. Respecto del defecto procedimental absoluto alegado contra el Auto
de 15 de marzo de 2024, el Consejo de Estado declaró la procedencia de
la acción de tutela por estar relacionada con la garantía del derecho a la
doble instancia. No obstante, negó su configuración al considerar que la
decisión se sustentó en una interpretación razonable. Indicó que, conforme
con los artículos 26 y 37 de la Ley 472 de 1998, el recurso de apelación no
procedía contra el auto que daba por terminado el proceso. Además, citó
el Auto del 26 de junio de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado7, que
reafirmó que solo eran apelables el auto que decretaba medidas cautelares
y la sentencia de primera instancia.
5 Rad. 25000-23-41-000-2017-00083-02.
6 Radicado 25000-23-15-000-2002-02704-01(SU)
7 Radicado 25000-23-27- 000-2010-02540-01.
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26. Por último, el Consejo de Estado determinó que “la Ley 2080 de 2021,
que reformó el artículo 243 de la Ley 1437 de 2011, dispuso que, en los
procesos e incidentes regulados por otros estatutos procesales, como lo es
la Ley 472 de 1998, la apelación procederá y se tramitará conforme a las
normas especiales que lo regulan”.
27. La parte accionante impugnó la decisión de primera instancia. Alegó
que sí se cumplía el requisito de subsidiariedad, pues había agotado todos
los mecanismos ordinarios y extraordinarios judiciales disponibles para
impugnar el Auto de 28 de septiembre de 2023, como se expresó en el
escrito de tutela. Sostuvo que el mecanismo de revisión eventual no
constituía un recurso ordinario ni extraordinario, sino un medio excepcional
de naturaleza especial, por lo cual su agotamiento no podía ser exigido
como obligatorio8. Además, afirmó que las decisiones enjuiciadas no
desconocieron la jurisprudencia, sino que el reparo formulado consistía en
haberle dado un alcance inadecuado a la Sentencia de 27 de julio de 2023
de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
28. En relación con la negativa al defecto procedimental absoluto, la
accionante indicó que la sentencia no se pronunció sobre su argumento de
que, al no existir una figura de terminación anticipada en la acción popular,
debía aplicarse el régimen legal correspondiente a dicha figura, lo que haría
procedente su apelación. Reiteró que dicho defecto fue alegado respecto
de ambos autos, por lo que solicitó un pronunciamiento frente a ambas
decisiones. Finalmente, pidió que se analizara el presunto defecto por
violación directa de la Constitución, omitido en el fallo de primera instancia.
1.3. Trámite relevante en segunda instancia
29. Dado el impedimento que manifestó el magistrado Fredy Ibarra
Martínez el 11 de abril de 2025, el ponente de esta decisión, en Auto de 23
de abril de 20259, lo declaró fundado y lo separó del conocimiento de esta
acción10 y, en consecuencia, ordenó a la Secretaría General de esta
Corporación el sorteo de 2 conjueces para integrar la Sala de Decisión en la
acción de tutela de la referencia. Dicha diligencia se llevó a cabo el 25 de
abril siguiente y, en ella, resultaron designados los consejeros Nicolás Yepes
Corrales y Adriana Polidura Castillo11.
8 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 14 de agosto de 2018. Rad. 20001-
23-31-000-2007-00244-02.
9 Índice 12 de Samai.
10 Tras encontrar configurada la causal de impedimento invocada y contemplada en el numeral 1 del artículo 56
del Código de Procedimiento Penal.
11 Índice 19 de Samai.
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30. El 30 de mayo de 2025, el magistrado Nicolás Yepes Corrales manifestó
su impedimento para conocer el asunto, con fundamento en el numeral 1
del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal12, y bajo los siguientes
argumentos (se trascribe):
“2.4. En punto de lo precedente, señalo que mi cónyuge ocupa el cargo de
Procuradora Judicial II Delegada para la Conciliación Administrativa, lo que,
dada la calidad de accionante con la que obra la Procuraduría General de la
Nación, implica la configuración de la causal de impedimento anteriormente
citada.
En este contexto, puede advertirse que, en mi caso, podría existir un interés
actual, especial y personal, en atención a que mi cónyuge se encuentra
vinculada laboralmente a la Procuraduría General de la Nación. Esta
circunstancia implica que: (i) la afectación a la imparcialidad sería latente, en
tanto debo pronunciarme, en un término perentorio, sobre la conducta
procesal de la entidad en la que mi esposa actualmente labora; (ii) la decisión
que se adopte podría afectar o beneficiar a mi cónyuge, según se defina sobre
la posible afectación a los derechos fundamentales del ente de control, y (iii)
la resolución del caso podría tener un impacto positivo o negativo respecto de
mi esposa, en el evento en el que deba hacer parte de la Sala que decida
sobre la supuesta vulneración de derechos de la entidad que actualmente
funge como su nominador”.
31. En atención a lo expuesto, se considera que, en efecto, se configura
la causal de impedimento invocada, toda vez que el asunto que se discute
en la presente acción de tutela tiene relación con la cónyuge del
magistrado, en su calidad de Procuradora Judicial II Delegada para la
Conciliación Administrativa, de manera que le asiste interés en la actuación
procesal. En ese orden, se declarará fundado el aludido impedimento y se
le separará del conocimiento del asunto.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Fijación de la controversia. 2.2. Procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial. 2.3. Verificación de defectos alegados y/o afectación a derechos
fundamentales. 2.4. Conclusiones.
2.1. Fijación de la controversia
32. Corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los requisitos de
procedencia de la acción de tutela, si la Subsección A de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, al resolver el recurso de queja, vulneró los derechos
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, al estimar bien
denegado el recurso de apelación contra la decisión que declaró la
terminación de la acción popular No. 2021-00779-00. Si se concluye que
actuó correctamente, deberá resolverse, si la Subsección A de la Sección
12 “Artículo 56. Causales de impedimento. Son causales de impedimento: (...) 1. Que el funcionario judicial, su
cónyuge o compañero o compañera permanente, o algún pariente suyo dentro del cuarto grado de
consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, tenga interés en la actuación procesal”.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-05268-01
Demandante: Procuraduría General de la Nación
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca parcialmente – Ampara
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Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al declarar la
terminación anticipada de la acción popular referida por la existencia
simultanea de acciones de controversias contractuales, vulneró los
derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de la
parte actora. En ese orden, se procederá a confirmar, modificar o revocar
la decisión de primer grado.
2.2. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
33. En este caso, se cumplieron los requisitos generales de procedibilidad
de la acción de tutela, porque no existe un recurso idóneo y eficaz que
permita a la parte accionante alegar los reparos planteados vía tutela y
procurar la defensa de los derechos presuntamente vulnerados con ambas
providencias.
34. Se reafirma la competencia para estudiar los defectos invocados
contra el Auto de 15 de marzo de 2024 que estimó bien denegado el recurso
de apelación contra la decisión que ordenó la terminación anticipada del
proceso, tal y como lo sostuvo el juez de tutela de primera instancia, ya que
la parte accionante agotó todos los recursos judiciales disponibles para
controvertir dicha decisión.
35. Sin embargo, la Sala no acoge la decisión del juez de tutela de
primera instancia de declarar improcedente la acción de tutela respecto
del Auto de 28 de septiembre de 2023 que ordenó la terminación anticipada
de la acción popular y levantó las medidas cautelares de urgencia
decretadas, porque contra aquel no procedían los recursos de reposición,
apelación ni el mecanismo de revisión eventual. Por lo tanto, la acción de
tutela constituía el único mecanismo de defensa disponible para plantear
las inconformidades frente a la providencia enjuiciada.
36. Lo anterior se sustenta en que la Ley 472 de 1998 establece en su
artículo 36 que “contra los autos dictados durante el trámite de la acción
popular procede el recurso de reposición, el cual será interpuesto en los
términos del Código de Procedimiento Civil”. En ese sentido, para interpretar
los escenarios en los que procede el recurso de reposición contra decisiones
adoptadas dentro del trámite de la acción popular, es necesario acudir al
artículo 318 del CGP. No obstante, como la providencia enjuiciada fue
proferida por una sala de decisión, no resulta procedente dicho recurso, de
acuerdo con el inciso 5 del artículo 318 del CGP, que establece: “los autos
que dicten las salas de decisión no tienen reposición; podrá pedirse su
aclaración o complementación, dentro del término de su ejecutoria”. En
consecuencia, no podía exigirse el agotamiento de este recurso.
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37. Tampoco procedía el recurso de apelación contra la providencia
enjuiciada, por las razones que se explicarán más adelante, dado su
alcance en el trámite de la acción popular.
38. Asimismo, no podía exigirse al accionante agotar el mecanismo de
revisión eventual antes de presentar el amparo solicitado. En este caso, la
acción de tutela no tiene por objeto resolver una contradicción o
divergencia interpretativa en los términos del artículo 273 del CPACA13, sino
reprochar la falta de competencia del juez popular para ordenar la
terminación anticipada de un proceso judicial sin justificación legal y tratar
la acción popular como un mecanismo subsidiario frente a la acción de
controversias contractuales. Estos argumentos buscan demostrar la
configuración de un defecto procedimental absoluto. En consecuencia, el
juez de tutela tiene competencia para conocer los reproches alegados
contra la providencia que ordenó la terminación anticipada del proceso.
39. Hubo un plazo razonable entre la fecha de notificación de la última
actuación del proceso (1/4/2024)14 y la interposición de la presente acción
de tutela (1/10/2024)15. La Sala advierte que, frente a ambas providencias,
se cumple el requisito de inmediatez, dado que el accionante tuvo
conocimiento de que no se resolverían de fondo los reproches formulados
contra la decisión de terminación anticipada del proceso judicial cuando
se resolvió el recurso de queja y se estimó bien denegado el recurso de
apelación. En ese sentido, el plazo razonable para interponer la acción de
tutela no podría contarse de manera separada, porque el objeto del litigio
envuelve dos discusiones que fueron conocidas al mismo tiempo y que se
relacionaban entre sí.
40. No se enjuició un fallo de tutela, pues la controversia se relacionó con
las providencias dictadas en el marco de una acción popular. Se
identificaron de manera clara, detallada y comprensible los hechos y la
presunta vulneración derivada de ellos.
41. Por último, se destaca que la controversia tiene relevancia
constitucional al tratarse de la presunta afectación de los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia
13“Artículo 273. Procedencia. La revisión eventual procederá, a petición de parte o del Ministerio Público, contra
las sentencias o providencias que determinen la finalización o archivo de los procesos promovidos para la
protección de los derechos e intereses colectivos y la reparación de daños causados a un grupo, proferidas por
los Tribunales Administrativos, que no sean susceptibles del recurso de apelación ante el Consejo de Estado, en los
siguientes casos: 1. Cuando la providencia objeto de la solicitud de revisión presente contradicciones o
divergencias interpretativas, sobre el alcance de la ley aplicada entre tribunales. 2. Cuando la providencia objeto
de la solicitud se oponga en los mismos términos a que se refiere el numeral anterior a una sentencia de unificación
del Consejo de Estado o a jurisprudencia reiterada de esta Corporación”.
14 El envío de la notificación de la última providencia se hizo el 21 de marzo de 2024, y después hubo vacancia
judicial por semana santa. Índice 32 de Samai del proceso 25000-23-41-000-2021-00779-04.
15 Según acta Individual de reparto.
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de la parte accionante. La terminación de un proceso judicial supone la
imposibilidad de que las pretensiones invocadas sean conocidas de fondo
por el juez natural. A su vez, la negación del recurso de apelación tiene la
potencialidad suficiente para comprometer el derecho a la doble instancia,
como lo señaló el fallo de primera instancia.
2.3. Verificación de defectos alegados y/o afectación a derechos
fundamentales
2.3.1. Respecto del Auto de 15 de marzo de 2024
42. La Sala encuentra que no se configuraron los defectos de violación
directa de la Constitución ni procedimental absoluto, por lo siguiente:
43. La Sala encuentra que la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, al proferir la providencia de 15 de marzo de 2024 que
estimó bien denegado el recurso de apelación contra el auto que ordenó
la terminación anticipada del proceso, no desconoció disposición
constitucional alguna ni restringió el derecho de defensa ni la garantía de la
doble instancia. Por el contrario, la decisión enjuiciada obedeció a la
interpretación que realizó la Corte Constitucional sobre el artículo 36 de la
Ley 472 de 1998, recogida en la Sentencia C-377 de 200216.
44. Para determinar si los argumentos que sustentaron la improcedencia
del recurso de apelación se ajustaron al texto constitucional, es necesario
examinar la normativa especial que regla la acción popular, su
procedimiento y los recursos judiciales aplicables. La Ley 472 de 1998, en sus
artículos 2617 y 3718, establece que el recurso de apelación solo procede
contra el auto que decreta medidas cautelares y contra la sentencia de
16 En la cual la Corte Constitucional ya había establecido la improcedencia del recurso de apelación frente a
decisiones distintas al auto que decreta una medida cautelar y al fallo de primera instancia, con fundamento en
que ello “no conculca el principio de la doble instancia, ni los derechos de defensa, de acceso a la justicia y
además la igualdad, porque con tal determinación se persigue una finalidad constitucionalmente admisible como
es la de obtener la pronta y efectiva protección de los derechos e intereses colectivos amparados con la acciones
populares, imprimiéndole celeridad al proceso judicial correspondiente”.
17 Ley 472 de 1998. “Artículo 26. Oposición a las medidas cautelares. El auto que decrete las medidas previas será
notificado al demandado simultáneamente con la admisión de la demanda y podrá ser objeto de los recursos de
reposición y de apelación; los recursos se concederán en el efecto devolutivo y deberán ser resueltos en el término
de cinco días. La oposición a las medidas previas sólo podrá fundamentarse en los siguientes casos: a) Evitar
mayores perjuicios al derecho o interés colectivo que se pretende proteger; b) Evitar perjuicios ciertos e inminentes
al interés público; c) Evitar al demandado perjuicios cuya gravedad sea tal que le haga prácticamente imposible
cumplir un eventual fallo desfavorable. Corresponde a quien alegue estas causales demostrarlas”.
18 Ley 472 de 1998. “Artículo 37. El recurso de apelación procederá contra la sentencia que se dicte en primera
instancia, en la forma y oportunidad señalada en el Código de Procedimiento Civil, y deberá ser resuelto dentro
de los veinte (20) días siguientes contados a partir de la radicación del expediente en la Secretaría del Tribunal
competente. La práctica de pruebas durante la segunda instancia se sujetará, también, a la forma prevista en el
Código de Procedimiento Civil; en el auto que admite el recurso se fijará un plazo para la práctica de las pruebas
que, en ningún caso, excederá de diez (10) días contados a partir de la notificación de dicho auto; el plazo para
resolver el recurso se entenderá ampliado en el término señalado para la práctica de pruebas”.
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primera instancia. Asimismo, en su artículo 3619 dispone que, respecto de
todos los autos dictados durante el trámite de la acción popular,
únicamente procede el recurso de reposición.
45. Cabe precisar que, para 2010, la Sección Primera del Consejo de
Estado reconoció, en su jurisprudencia, que el recurso de apelación era
procedente contra el auto que admitía o negaba el llamamiento en
garantía, el que rechazaba la demanda y cualquier otro que pusiera fin al
proceso de acción popular20. En consecuencia, el auto que decretaba la
terminación anticipada del proceso era susceptible de apelación, al
considerarse una providencia que finalizaba el proceso, según la
jurisprudencia vigente en ese momento.
46. No obstante, la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante Auto de
26 de junio de 2019 y con fundamento en la Sentencia C-377 de 2002 de la
Corte Constitucional21, reafirmó la regla según la cual las únicas decisiones
19 Ley 472 de 1998. “Artículo 36. Recurso de reposición. Contra los autos dictados durante el trámite de la Acción
Popular procede el recurso de reposición, el cual será interpuesto en los términos del Código de Procedimiento
Civil”.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Auto de 22 de abril de 2010,
Radicado 73001-23-31-000-2006-00400-01. “(…) el Consejo de Estado al interpretar sistemáticamente la Ley 472 de
1998 concluyó que el auto que ordena el rechazo de la demanda es susceptible del recurso de alzada, puesto
que la naturaleza jurídica de este auto no es igual a la de los enunciados en el mencionado artículo 36, aquellos
que se dictan dentro del trámite regular de las acciones populares, pues por contraste enerva la posibilidad de
trabar el litigio. Concluye la Sala que las únicas providencias que en el trámite de la acción popular son susceptibles
del recurso de apelación son: la que rechaza la demanda, la que decreta medidas previas, la que aprueba el
pacto de cumplimiento, la sentencia de primera instancia, y cualquier otra que finalice el proceso de la acción
popular”. También ver, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de
13 de febrero de 2020, Radicado 68001-23-33-000-2018-00196-01(AP) “Por vía jurisprudencial se había aceptado la
procedencia del recurso de apelación contra el auto que admite o niega el llamamiento en garantía, el que
rechace la demanda y cualquier otro que finalice el proceso de la acción popular”.
21 Corte Constitucional, Sentencia C-377 de 2002 “Hecha esta precisión, para la Corte es claro que la medida
contenida en la norma bajo revisión no se opone a la Carta Política pues consulta la naturaleza expedita de las
acciones populares, en la medida en que al imprimirle celeridad a su trámite judicial propende por la efectividad
de los derechos e intereses colectivos amparados por dichas acciones, que según se analizó se caracterizan por
demandar del Estado una labor anticipada de protección.
Debe recordarse que en el contexto de la Ley 472 de 1998, la celeridad del procedimiento está dada
fundamentalmente por el establecimiento de un término breve para proferir la decisión respectiva (art. 34), para
lo cual el juez debe impulsar oficiosamente la actuación so pena de ser sancionado disciplinariamente, y sin que
ello pueda comportar el desconocimiento de las reglas fundamentales del proceso pues en las acciones
populares el juez tiene la obligación de velar "por el respeto al debido proceso, las garantías procesales y el
equilibrio entre las partes" (art. 5°).
En criterio de esta Corporación la determinación que se analiza tampoco implica sacrificio alguno del derecho
de defensa y del derecho de acceder a la administración de justicia (CP arts. 29 y 229), puesto que con la
consagración del recurso de reposición el accionante puede ejercer libremente su derecho de controvertir las
decisiones adoptadas por el juez durante el trámite de las acciones populares a fin de que éste funcionario revise
la validez de su propia determinación revocándola o reformándola.
Igualmente, y como bien lo aprecia el Procurador General en su concepto, la norma demandada no desconoce
los artículos 88 y 89 de la Carta, pues del mandato de estas disposiciones no se desprende que el Constituyente le
haya impuesto al legislador la obligación de consagrar el recurso de apelación contra los autos dictados durante
el trámite de la acción popular. Por el contrario, la libertad de configuración en esta materia se desprende de
estas normas superiores cuando en ellas se dispone expresamente que la ley regulará las acciones populares y
establecerá los recursos y procedimientos necesarios para su efectividad.
En suma, entendida la norma en el sentido de que se aplica a todos los autos dictados durante el trámite de las
acciones populares, no se desconoce la Carta Política pues el legislador en ejercicio de su libertad de
configuración puede señalar en qué casos es o no es procedente el recurso de apelación, decisión que, según
se advirtió, no conculca el principio de la doble instancia, ni los derechos de defensa, de acceso a la justicia y
además la igualdad, porque con tal determinación se persigue una finalidad constitucionalmente admisible como
es la de obtener la pronta y efectiva protección de los derechos e intereses colectivos amparados con la acciones
populares, imprimiéndole celeridad al proceso judicial correspondiente. Por las razones expuestas, la Corte
declarará la exequibilidad del artículo 36 de la Ley 472 de 1998”.
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apelables en las acciones populares son el auto que decreta una medida
cautelar y la sentencia de primera instancia. Las demás decisiones, de
acuerdo con dicha interpretación, solo admiten recurso de reposición (se
trascribe):
“(…) [D]ebe tenerse en cuenta que la Corte Constitucional al estudiar la
constitucionalidad del artículo 36 de la Ley 472 de 1998 en sentencia C-377 de
2002 avaló dicha norma y concluyó que las únicas providencias pasibles del
recurso de apelación, tal y como lo determinó el legislador de 1998 son el que
decreta una medida cautelar y la sentencia de primera instancia.
(…)
Conforme con lo expuesto, en atención a la celeridad que debe caracterizar
las acciones populares es claro que el recurso procedente contra las decisiones
dictadas en el curso de este tipo de acciones es únicamente el de reposición,
salvo lo dispuesto expresamente en los artículos 26 y 37 de la Ley 472 de 1998
respecto de las providencias a través de las cuales se dicta una medida
cautelar y se profiere sentencia de primera instancia, decisiones estas que son
apelables; sin que con dicha limitación se afecte en manera alguna el debido
proceso o el derecho a la doble instancia conforme el análisis efectuado frente
al punto por la Corte Constitucional.
Entonces es esta la oportunidad para que la Sala Plena de esta Corporación
reafirme la regla en comento según la cual, se insiste, las únicas decisiones
apelables en acciones populares son el auto que decreta una medida cautelar
y la sentencia de primera instancia, por lo que todas las demás decisiones que
se adopten en el trámite de estos procesos son únicamente pasibles del recurso
de reposición.
Ahora, aunque el presente asunto se rige por el Decreto 01 de 1984, lo cierto es
que las anteriores conclusiones resultan plenamente aplicables al trámite
actual de las acciones populares en general, toda vez que con la expedición
de la Ley 1437 de 2011 no se subrogó la regulación específica de la Ley 472 de
1998”.
47. En concordancia, la providencia enjuiciada no violó el texto
constitucional, porque obedeció a la cosa juzgada constitucional y,
además, siguió los criterios fijados por la jurisprudencia de lo contencioso
administrativo al resolver una acción popular22. Tampoco incurrió en defecto
procedimental absoluto porque no desconoció ni se apartó del
procedimiento legalmente establecido para la acción popular; por el
contrario, interpretó el proceso conforme al sistema dispositivo especial que
regla dicha acción y, en consecuencia, no podía acoger una interpretación
contraria a su naturaleza célere.
48. Por lo tanto, la Sala confirmará la decisión que negó la acción de
tutela contra el Auto de 15 de marzo de 2024, proferido por la Subsección A
de la Sección Tercera del Consejo de Estado, al no encontrarse
configurados los defectos alegados. Sin embargo, al concluirse que el
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 13 de febrero de 2020,
Radicado 68001-23-33-000-2018-00196-01(AP). En esta providencia se advirtió que la interpretación del Auto de 19
de junio de 2019, proferido por la Sala Plena, solo podría aplicarse para acciones populares instauradas con
posteridad a la fecha de expedición de esa decisión.
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Consejo de Estado actuó conforme a derecho al estimar bien denegado el
recurso de apelación, resulta imprescindible pronunciarse sobre el Auto de
28 de septiembre de 2023, que ordenó la terminación anticipada del
proceso por la existencia simultanea de acciones de controversias
contractuales. Lo anterior, especialmente porque, el actor popular solo
contaba con la acción de tutela como mecanismo de protección de sus
derechos para plantear las inconformidades frente a dicha providencia.
2.3.2. Respecto del Auto de 28 de septiembre de 2023
49. La Sala revocará la orden del fallo de tutela de primera instancia
relacionada con esta providencia que ordenó la terminación anticipada de
la acción popular y levantó las medidas cautelares de urgencia decretadas
y, en su lugar, amparará el derecho de acceso a la administración de
justicia, al configurarse un defecto procedimental absoluto23, por las razones
que se explican a continuación:
50. La Sala encuentra que la Subsección A de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca se apartó del procedimiento
legalmente establecido al ordenar, sin justificación legal, la terminación
anticipada del proceso y otorgarle de forma implícita un carácter subsidiario
a la acción popular frente a la acción de controversias contractuales. Esta
actuación constituyó un obstáculo para la garantía del derecho sustancial,
pues restringió el derecho de acceso a la administración de justicia al
impedir un pronunciamiento de fondo sobre las pretensiones. Asimismo, le
otorgó prevalencia a la acción de controversias contractuales, pese a que
la acción popular tiene carácter autónomo y principal para resolver asuntos
relacionados con los derechos e intereses colectivos invocados en la
demanda, con independencia de que emanen de una relación
contractual o convencional.
51. Está acreditado que dicha autoridad judicial ordenó la terminación
del proceso, aun reconociendo expresamente que el ordenamiento jurídico
no limitaba la competencia del juez popular para conocer de la vulneración
o amenaza de derechos e intereses colectivos derivados de contratos
estatales. Sin embargo, determinó que (se trascribe):
“(…) la Sala Plena de la Sección Tercera del H. Consejo de Estado en un caso
reciente, sentencia de fecha 27 de julio de 2023; C.P. Martín Bermúdez Muñoz;
número único de radicación 25000-23-41-000- 2017-00083-02, sostuvo que,
23 Corte Constitucional, Sentencia T-166 de 2022. “Ha reiterado la jurisprudencia constitucional que este defecto se
manifiesta en dos escenarios: (i) el absoluto, que se presenta cuando el operador judicial desconoce o se aparta
del procedimiento legalmente establecido, y (ii) el exceso ritual manifiesto, el cual tiene lugar cuando el goce
efectivo de los derechos de los individuos se obstaculiza por un extremo rigor en la aplicación de las normas
procesales. Frente al defecto procedimental absoluto, este Tribunal ha señalado que se presenta cuando el
operador judicial (i) sigue un trámite totalmente ajeno al asunto sometido a su competencia; (ii) pretermite etapas
sustanciales del procedimiento establecido o (iii) no realiza el debate probatorio”.
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cuando la violación de un derecho contractual afecte a una entidad pública,
es esta por intermedio de su representante legal quien debe adelantar en
ejercicio de la acción contractual, los procesos judiciales para solicitar la
defensa del interés patrimonial, y solo en el evento de constatar que no se está
ejerciendo el derecho de acción contractual, o que no se está haciendo de
manera adecuada, puede acudirse al medio de control de protección de los
derechos e intereses colectivos:
"[...] 123.- El simple hecho de que la afectada con la violación del derecho sea
una entidad pública, no permite que ella sea desplazada por el actor popular
en la defensa de sus intereses. La defensa del interés patrimonial de una
entidad pública debe realizarse por su representante legal, por lo que solo
cuando se constate que no se está ejerciendo, o que no se está haciendo de
manera adecuada, puede acudirse a la acción popular; ella debe estar
dirigida a lograr que quien debe hacer tal defensa la realice efectivamente, si
se verifica que no lo está haciendo: no a sustituirla. No tener este tipo de
consideraciones conduce, como ocurrió en este caso, a activar la acción
constitucional sin tener en cuenta la actividad procesal adelantada por la
entidad contratante y las pretensiones formuladas -en la acción contractual-
por los mismos hechos y en defensa del interés patrimonial la citada entidad
[...]24"
Así las cosas, revisada la plataforma SAMAI del Consejo de Estado, la Sala
constató la existencia de procesos contractuales originados de las presuntas
irregularidades del Contrato de Aporte núm. 1043 de 2020 suscrito entre el
Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Unión
Temporal Centros Poblados Colombia 2020, como a continuación se relaciona,
con número de radicado, medio de control, Magistrado Ponente, fecha de
reparto, demandante, demandado, pretensiones y estado del proceso: 1)
Expediente núm.: 25000-23-36-000-2022-000-00338-00 (…) Estado: Se inadmitió
la demanda a través de auto de fecha 3 de noviembre de 2022. (…) 2)
Expediente núm.: 25000-23-36-000-2022-000-00346-00 (…) Estado: Se admitió la
demanda a través de auto de fecha 26 de mayo de 2023, el cual fue aclarado,
mediante auto de 9 de junio de 2023. (…) 3) Expediente núm.: 25000-23-36-000-
2022-000-00349-00 (…) Estado: Se admitió la demanda, mediante auto de
fecha 5 de mayo de 2023 (…) 4) Expediente núm.: 25000-23-36-000-2022-000-
00398-00. Estado: Mediante auto de fecha 21 de abril de 2023, se resolvió
recurso de reposición contra auto admisorio de la demanda de 4 de octubre
de 2022, confirmando la decisión.
(…) Así las cosas, la Sala advierte que la razón que dio origen al presente medio
de control fueron las presuntas irregularidades surtidas para la entrega del
anticipo del Contrato de Aporte núm. 1043 de 2020 y la consecuente pérdida
del mismo, esto es, de los setenta mil doscientos cuarenta y tres millones
doscientos setenta y nueve mil quinientos noventa y nueve pesos
($70.243.279.599), los mismos que son reclamados como perjuicios por el
representante legal del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones en las acciones contractuales que se relacionaron en líneas
precedentes, por lo que, con la presentación de dichos medios de control
contractuales, este el juez natural sobre quien recae el análisis de dichos
perjuicios y no al juez popular, como así lo indicó el H. Consejo de Estado en la
jurisprudencia que antecede.
(…) Por economía procesal y seguridad jurídica, se hace necesario no seguir
activando la acción constitucional de protección de los derechos e intereses
colectivos sin que se tengan en cuenta los diferentes procesos contractuales
adelantados por el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera; Sentencia de 27 de julio de 2023;
Rad. 25000234100020170008302 (64048).
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Comunicaciones -FUTIC., pudiendo existir duplicidad y contrariedad de
decisiones en el medio de control de protección de los derechos e intereses
colectivos Vs. los medios de control contractuales.
Al constatar la existencia de acciones contractuales por los mismos hechos del
presente asunto, los cuales tienen como fin la defensa del interés patrimonial
del -FUTIC, y con este, del patrimonio público en general, el juez natural que
debe estudiar sobre las irregularidades alegadas del Contrato de Aporte núm.
1043 de 2020, pasó a ser el juez contractual. Aclarándose que, al momento de
presentarse el presente medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos, de admitirse, de dictarse las medidas cautelares de
urgencia solicitadas por la Procuraduría General de la Nación y de adelantarse
todas las diferentes actuaciones, no existían procesos contractuales frente al
Contrato de Aporte, por lo que el juez natural era el popular”.
52. En concordancia, la decisión enjuiciada sustentó la terminación de la
acción popular exclusivamente en la Sentencia de 27 de julio de 2023 de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, que estableció que (se trascribe):
“El carácter principal y autónomo de la acción popular implica determinar
cuáles son las decisiones que, desde la defensa de los derechos colectivos,
pueden tomarse de manera autónoma dentro de esta acción constitucional,
las cuales no pueden corresponder a la determinación y a las consecuencias
de decretar su anulación. Al tribunal no le correspondía tomar disposiciones
temporales o definitivas propias de la anulación del contrato, que eran de la
competencia del Tribunal de Arbitramento y debían adoptarse dentro de la
acción contractual que se estaba adelantando paralelamente. No le
correspondía suspender provisionalmente el Contrato <<hasta tanto se dicte
sentencia de acción popular o se resuelva por el Tribunal de Arbitramento la
petición de nulidad del contrato>> o <<suspenderlo definitivamente>>, porque
cuando se profirió sentencia de primera instancia no se había proferido el laudo
arbitral. Adoptar en la acción popular disposiciones que quedaban
condicionadas a la decisión del Tribunal de Arbitramento (que era el juez del
contrato) reconoce que quien tiene competencia para adoptarlas es dicho
juez y desconoce el carácter autónomo y principal de la acción popular.
El desconocimiento de estos límites legales generó que el juez de la acción
popular expusiera en la sentencia consideraciones y adoptara decisiones
relativas al contrato, sobre las cuales también se pronunció el Tribunal de
Arbitramento, (…). Mientras el Tribunal de Arbitramento, al definir los efectos de
la nulidad absoluta del Contrato descontó de los reconocimientos debidos al
contratista 1,8 billones de pesos por no estar sustentados como gastos del
Contrato y por corresponder a sobrecostos no justificados en la obra, el tribunal,
como juez de la acción popular, ordenó el pago de 715 mil millones de pesos
como perjuicios por los sobornos confesados en los procesos penales, la
indebida adjudicación y la terminación anticipada del contrato.
Los pronunciamientos paralelos y divergentes del juez de la acción popular y
del juez del Contrato que se evidencian en el recuento de los antecedentes se
habrían evitado, si el primero: (i) hubiese aplicado las normas procesales que
regulan la acción popular y que están dirigidas también a impedir que en esta
acción se invada la competencia de la Administración y del juez ordinario; (ii)
si hubiese respetado la prohibición de pronunciarse sobre la nulidad del
Contrato, que implica no referirse ni a las causales que la generan ni a sus
efectos, incluyendo las restituciones a las que tiene derecho el contratista y los
perjuicios derivados de la anulación
(…)
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-05268-01
Demandante: Procuraduría General de la Nación
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca parcialmente – Ampara
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El simple hecho de que la afectada con la violación del derecho sea una
entidad pública, no permite que ella sea desplazada por el actor popular en la
defensa de sus intereses. (…)”.
53. Al contrastar el razonamiento de dicha providencia con la decisión
enjuiciada, la Sala encuentra que el Consejo de Estado no estableció que
la coexistencia de la acción popular y la acción contractual constituyera
causal de terminación anticipada. Por el contrario, precisó los limites
competenciales del juez popular y del juez del contrato para impartir
órdenes de conformidad con la naturaleza de cada proceso. En ese sentido,
La Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca asumió de manera errónea el alcance de la sentencia, la
cual, además, fue expedida con posterioridad al auto admisorio de la
acción popular.
54. En este contexto, resulta pertinente recordar el marco constitucional y
legal que define la naturaleza y el alcance de la acción popular, con el fin
de reafirmar su autonomía frente a otros mecanismos judiciales. El artículo 88
constitucional dispone que la ley regulará las acciones populares para la
protección de los derechos e intereses colectivos. En desarrollo de esa
norma constitucional, el Congreso de la República expidió la Ley 472 de
1998, cuyo artículo 2 establece que la acción popular puede ejercerse para
“evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la
vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las
cosas a su estado anterior cuando fuere posible”.
55. Por su parte, la jurisprudencia constitucional ha interpretado el
alcance de la acción popular para advertir que “ni la Constitución ni la
ley supeditan el ejercicio de la acción popular a la existencia de otro u otros
mecanismos de defensa judicial [porque] no está prevista en la Constitución
como una acción de carácter subsidiario, dado el objeto que persigue cual
es la protección de derechos e intereses colectivos (…) su configuración
constitucional y legal permite su procedencia de manera autónoma e
independiente a otros medios de defensa judicial ordinarios25”.
56. El trámite de la acción popular “no se supedita a la existencia de otros
mecanismos de defensa judicial, no es menos cierto que no son acciones
configuradas para desplazar los otros medios de defensa judicial ordinarios
establecidos por la ley para la solución de las diversas controversias jurídicas,
dado que los bienes jurídicos que protege la acción constitucional y su
órbita de acción son diferentes a aquellos que corresponden a los jueces
ordinarios26”. Por ende, la procedencia de la acción popular no puede
25 Corte Constitucional, Sentencia T-446 de 2007.
26 Ibidem.
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desestimarse por haberse interpuesto simultáneamente acciones ordinarias,
porque persiguen finalidades distintas27.
57. En Sentencia C-644 de 2011, la Corte Constitucional declaró exequible
el artículo 144 del CPACA, que prohíbe al juez popular anular actos
administrativos o contratos estatales. Sin embargo, aclaró que esa
disposición en nada afectaba el carácter principal o autónomo de la
acción popular, porque el juez popular está facultado para adoptar todas
las “medidas materiales que garanticen el derecho colectivo afectado con
el acto o contrato, cuya forma no consiste precisamente en disponer su
anulación”. Esto implica que el juez popular puede adoptar cualquiera de
las medidas contempladas en el artículo 229 y siguientes del CPACA para
garantizar el derecho colectivo afectado por un acto administrativo o un
contrato, entre ellas, la suspensión de efectos jurídicos.
58. La Corte Constitucional también ha señalado que el juez popular
“puede examinar cuál es la situación de hecho que afecta el interés
colectivo, determinar qué forma vulnera dicho interés y disponer acciones
para que ella se suspenda y no vuelva a presentarse, sin anular el acto
administrativo que la provoca o que la permite”. Este razonamiento
confirma que el juez popular tiene competencia para pronunciarse sobre la
eficacia de los contratos o los actos administrativos en relación con la
protección del interés colectivo, pero no sobre su existencia o validez,
materias que corresponden al juez natural del contrato o del acto
administrativo.
59. En ese sentido, es evidente que la providencia enjuiciada de
terminación de la acción popular por la existencia simultanea de acciones
de controversias contractuales constituye un defecto procedimental
absoluto. La acción popular tiene una naturaleza y finalidad distinta,
orientada a la protección de los derechos e intereses colectivos, y no puede
subordinarse a mecanismos judiciales concebidos para resolver conflictos
entre partes contractuales. Resulta inaceptable que, sin fundamento legal
alguno y en abierta contradicción con la finalidad constitucional de las
acciones populares, se declare su improcedencia únicamente por la
existencia de acciones de controversias contractuales. Esta interpretación
desnaturaliza la acción popular y desconoce su carácter autónomo como
herramienta de protección de derechos e interés colectivos.
27 Corte Constitucional, Sentencia C-644 de 2011. “Se trata, pues, de la defensa especial de unos derechos o
intereses cuya titularidad recae en toda la comunidad y, por lo mismo, su prosperidad no puede desvirtuarse, por
haberse interpuesto simultáneamente las acciones ordinarias [pertinentes para la protección de derechos
subjetivos. Planteamiento distinto perdería de vista la esencia de las acciones populares como medio de defensa
de los derechos colectivos antes que instrumento para definir controversias particulares. Así las cosas, la existencia
de otros medios de defensa judicial (como son las acciones tradicionales ante la jurisdicción ordinaria o ante la
jurisdicción en lo contencioso administrativa) en modo alguno tornan improcedente su interposición”.
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60. El juez popular no puede crear causales de terminación del proceso
que no estén previstas en la ley, ni sorprender a las partes con decisiones no
previstas normativamente, pues esto vulnera el derecho al debido proceso
y al acceso a la administración de justicia. Además, la acción popular fue
interpuesta antes que las acciones contractuales, por lo que no puede
perder competencia por hechos posteriores que no están relacionados con
la protección de intereses o derechos colectivos.
61. El tribunal ignoró que el juez popular cuenta con múltiples medidas
para garantizar la protección de los derechos e intereses colectivos, sin
necesidad de definir la existencia y validez del acto o contrato. La simple
coexistencia de procesos judiciales de controversias contractuales no
comporta el vaciamiento de las competencias del juez popular, máxime
cuando se presentaron con posterioridad al auto admisorio de la acción
popular. Entonces, corresponde al juez popular definir el alcance de las
medidas necesarias para la protección del bien jurídico involucrado, según
los hechos del caso.
62. La actuación del juez popular, al apartarse del procedimiento legal
establecido sin justificación normativa y declinar su competencia con base
en una interpretación jurídica que otorgó carácter subsidiario a la acción
popular de manera implícita, impidió el análisis de fondo de las pretensiones.
Esto afectó gravemente el derecho de acceso a la administración de
justicia y dejó sin garantía judicial los intereses y derechos colectivos en
disputa. El Tribunal no podía trasladarle implícitamente al juez del contrato
la protección de intereses y derechos colectivos que son competencia
exclusiva del juez popular. De aceptarse una interpretación en ese sentido,
se suprimiría el rol del juez popular y se desconocería el texto constitucional.
63. Asimismo, la Sala advierte que el Tribunal desobedeció la cosa
juzgada constitucional derivada de la Sentencia C-644 de 2011, al no
interpretar las competencias del juez popular, ni el trámite de la acción
popular conforme con los criterios establecidos por la jurisprudencia
constitucional en el marco del control abstracto de constitucionalidad de
las leyes.
64. Por lo tanto, la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca conserva plena competencia para
conocer y continuar con el estudio de fondo de la acción popular Rad.
25000-23-41-000-2021-00779-00 y, de esta manera, pronunciarse sobre el
alcance de los derechos e intereses colectivos invocados por el actor
popular. Asimismo, le corresponde valorar los hechos actuales del caso y
reexaminar si las medidas cautelares de urgencia solicitadas conservan su
vigencia para salvaguardar los bienes jurídicos involucrados.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-05268-01
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2.4. Conclusiones
65. Con fundamento en las razones expuestas, la Sala revocará el fallo de
primera instancia y, en su lugar, amparará el derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia de la parte accionante como actor
popular. En consecuencia, dejará sin efectos la providencia que ordenó la
terminación anticipada de la acción popular y levantó las medidas
cautelares de urgencia decretadas, y le ordenará a la Subsección A de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca continuar su
trámite y examinar si la situación actual justifica decretar nuevamente las
medidas cautelares de urgencia que fueron levantadas al momento de la
terminación del proceso, conforme con su competencia y en atención a lo
aquí resuelto.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el
magistrado Nicolás Yepes Corrales y, en consecuencia, separarlo del
conocimiento del presente asunto, de conformidad con los argumentos
expuestos.
SEGUNDO: REVOCAR el numeral primero de la Sentencia de 13 de enero de
2025, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, que declaró la improcedencia de la acción respecto del Auto de
28 de septiembre de 2023, dictado por la Subsección A de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Rad. 25000-23-41-000-
2021-00779-00, para, en su lugar, AMPARAR el derecho fundamental de
acceso a la administración justicia de la Procuraduría General de la Nación,
en su calidad de actor popular, y DEJAR SIN EFECTOS dicho auto, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: En consecuencia, ORDENAR a la Subsección A de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, a partir de la
notificación de esta providencia, reanude de manera inmediata el trámite
de la acción popular Rad. 25000-23-41-000-2021-00779-00 y examine si la
situación actual justifica decretar nuevamente las medidas cautelares de
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Demandante: Procuraduría General de la Nación
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urgencia que fueron levantadas al momento de la terminación del proceso,
conforme con su competencia y en atención a lo aquí resuelto.
CUARTO: CONFIRMAR en lo demás la Sentencia de 13 de enero de 2025,
proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
QUINTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo
electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin28.
SEXTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ADRIANA POLIDURA CASTILLO ALBERTO MONTAÑA PLATA
28 secgeneral@consejodeestado.gov.co.
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