RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › 2024 › Radicado 11001-03-15-000-2024-05270-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05270-00

Fecha
5 de diciembre de 2024
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello
Citada por
5 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05270-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Negar la solicitud de desvinculación solicitada por el Tribunal Administrativo de Santander, la Curaduría Urbana Primera de Barrancabermeja y la Defensoría del Pueblo, Regional Magdalena Medio, por las razones expuestas. 2. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por la sociedad Comercializadora Superestrella SAS, conforme con la motivación precedente. 3. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 14 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-037 de 2009. 10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2024-05270-00 Demandante: Comercializadora Superestrella SAS 4. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 5. De no ser impugnada, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-05270-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

5 de diciembre de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05270-00
Demandante: Comercializadora Superestrella SAS

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., cinco (5) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2024-05270-00
Demandante COMERCIALIZADORA SUPERESTRELLA SAS
Demandado JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DE BARRANCABERMEJA

Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Medio de control de los
derechos e intereses colectivos. Defectos fáctico, sustantivo y por
violación directa de la Constitución Política. Requisitos de
procedencia de tutela contra providencia judicial: la inmediatez y la
subsidiariedad.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por la sociedad Comercializadora Superestrella SAS de conformidad con
lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 30 de septiembre de 20241, actuando mediante apoderado especial, la sociedad
Comercializadora Superestrella SAS. interpuso acción de tutela contra el Juzgado
Primero Administrativo de Barrancabermeja, por considerar vulnerados sus
derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo y a los principios de seguridad
jurídica y confianza legítima.

En consecuencia, presentó la siguiente pretensión:
“Que el Juzgado Primero Administrativo del circuito de Barrancabermeja modifique la orden
accesoria prevista en el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia de octubre 20
de 2022 dentro del proceso de acción popular con radicación 2015-00159, a través de una
nueva orden por medio de providencia judicial en ejercicio de sus competencias como medida
necesaria y en aras de ejecutar la sentencia, conforme con el artículo 34 de la ley 472 de
1998; y de esta manera establezca como alternativa de cumplimiento de la sentencia la
sustitución total del bien, que consiste en la propuesta de reemplazar el bien de uso público
ocupado, por otro inmueble o predio, en cumplimiento de las especificaciones y condiciones
técnicas establecidas en el decreto distrital No. 087 de marzo 2 de 2023; de tal manera que
el distrito de Barrancabermeja garantice el cumplimiento de los fines del Estado”.
Posteriormente, en el escrito de subsanación, la sociedad tutelante precisó que
cuestionaba las siguientes providencias proferidas por el Juzgado Primero
Administrativo de Barrancabermeja: (i) auto del 24 de julio de 2023 por el que se
resolvió el incidente de desacato; (ii) auto del 22 de febrero de 2024 por el que se
verificó el cumplimiento de la sentencia; y (iii) auto del 21 de marzo de 2024 por el
que el juzgado aprobó el cronograma propuesto para el cumplimiento de las
órdenes.

2. Hechos

Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

1 Tutela radicada al correo de tutelas en línea.
1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05270-00
Demandante: Comercializadora Superestrella SAS

Hechos relativos al procedimiento administrativo:

2.1. En el año 2013, la sociedad Superestrella SAS. solicitó permiso de
construcción en la modalidad de licencia de intervención y ocupación del
espacio público, la que fue otorgada por la oficina de planeación del municipio
de Barrancabermeja mediante la Resolución Nro. 0560 del 18 de noviembre
de 2013.

El 4 de febrero de 2024, la sociedad solicitó a la oficina de planeación del
municipio de Barrancabermeja la modificación del citado acto administrativo,
con el fin de incluir unas áreas, entre ellas, el acceso de parqueaderos públicos
subterráneos.

Sostuvo la sociedad que, ante la falta de respuesta de la administración, se
configuró el silencio administrativo positivo, por lo que protocolizó la escritura
pública correspondiente, e inició la construcción de la rampa de acceso a los
parqueaderos.

2.2. La Oficina de Ornato y Espacio Público de Barrancabermeja adelantó
actuación administrativa que culminó con la expedición de la Resolución Nro.
0018 del 4 de agosto de 2015 en la que (i) dispuso la demolición de las obras
realizadas dentro del perímetro de intervención, a excepción de un muro de
contención; y (ii) impuso a la sociedad tutelante una sanción pecuniaria de 25
salarios mínimos legales mensuales vigentes, correspondientes a
$218.602.964.

Contra la decisión la sociedad interpuso los recursos de reposición y
apelación; que fueron resueltos mediante la Resolución Nro. 0029 del 6 de
noviembre de 2015 en la que se resolvió confirmar la decisión y modificar el
monto de la sanción a $109.758.579, luego de hacer un análisis en relación
con el argumento de la sociedad de haber actuado, en principio, creyéndose
amparada en la solicitud de modificación de la licencia de ocupación e
intervención del espacio público.

Hechos relacionados con el medio de control de protección de los derechos
e intereses colectivos Nro. 68081-33-32-001-2015-00159-00:

2.3. La Defensoría del Pueblo, Regional del Magdalena Medio, en ejercicio del
medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos contra
el Distrito Especial de Barrancabermeja y la sociedad Comercializadora
Superestrella SAS., pretendiendo la protección de los derechos al goce del
espacio público, la seguridad pública, la libertad de locomoción y el acceso
eficiente y oportuno a los servicios públicos.

En consecuencia, solicitó que se ordenara al Distrito Especial de
Barrancabermeja ejercer el debido control sobre el restablecimiento del
espacio público y a que se realizan obras y edificaciones respetando las
disposiciones jurídicas dando prevalencia a la calidad de vida de los habitantes
y, como medida provisional solicitó el sellamiento y que cesaran las
actividades de construcción hasta que se obtuviera el respectivo permiso o
rechazo para continuar con las obras no autorizadas.

2.4. Del asunto conoció en primera instancia el Juzgado Primero Administrativo de
Barrancabermeja (Expediente Nro. 68081-33-32-001-2015-00159-00) que,
mediante sentencia del 20 de octubre de 2022 (notificada por correo electrónico
el 21 de octubre de 2022), accedió a las pretensiones del medio de control.

Consideró que la sociedad accionante contaba con un permiso para adelantar
una obra pero que había sobrepasado los límites de la intervención del espacio
2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05270-00
Demandante: Comercializadora Superestrella SAS

público que le concedía la licencia, al construir una rampa de acceso al edificio
en espacio público sin autorización de la autoridad competente.

Por lo anterior, ordenó a la Comercializadora Superestrella SAS demoler la
rampa de acceso, el tanque de almacenamiento de agua, las columnas
levantadas y, en general cualquier obra ajena a la estructura del muro de
contención, así como el cubrimiento total de la excavación hecha en el espacio
público y la restitución de la plazoleta.

Igualmente dispuso que la sociedad debía adelantar todos los trámites para el
reconocimiento de las edificaciones ante el curador frente a las obras que
excedieron lo autorizado.

2.5. La anterior decisión no fue apelada, pero se presentó solicitud de aclaración
de la sentencia, la cual fue resuelta mediante providencia del 1º de noviembre
de 2022, en la que se resolvió aclarar el numeral tercero de la sentencia del
20 de octubre de 2022, en el que se ordenó el trámite de reconocimiento de la
existencia de edificaciones ante el curador urbano frente a las obras que
habían excedido lo autorizado en la licencia otorgada mediante la Resolución
Nro. 136 -15 del 20 de marzo de 2015, en el sentido de indicar que, ese trámite
que debía hacer la sociedad debía tener como base lo licenciado no solo en
el mencionado acto administrativo, sino en la Resolución Nro. 015 – 18 del 16
de enero de 2018.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el acto administrativo del año 2018 se
había emitido en el curso del trámite de la acción popular y, que solo se había
tenido en cuenta el que existía al momento de la presentación de la demanda
que era el del año 2015 y que, era necesario tomar como base los dos
licenciamientos a efectos de dar cabal cumplimiento a la orden.

2.6. El 26 de mayo de 2023, la Procuraduría para Asuntos Administrativos de
Barrancabermeja solicitó al juzgado se hicieran una serie de requerimientos
con el fin de verificar el cumplimiento de la orden impartida en la sentencia de
la acción popular.

El 1º de junio de 2023 se hicieron los respectivos requerimientos a la sociedad
Comercializadora Superestrella SAS., y al Distrito Especial de
Barrancabermeja, siendo atendido únicamente por la sociedad quien informó
las gestiones adelantadas.

2.7. Por auto del 29 de junio de 2023 <<notificado por estado el 30 de junio de 2023>>,
el Juzgado Primero Administrativo de Barrancabermeja ordenó dar apertura
formal al incidente de desacato contra la Comercializadora Superestrella SAS.
y el Distrito Especial de Barrancabermeja.

Por auto del 24 de julio de 2023 <<notificado por estado el 25 de julio de 2023>>,
se resolvió el incidente de desacato por parte del juzgado y sancionó a la
representante legal de la sociedad Comercializadora Superestrella SAS por el
incumplimiento de la orden dada en la acción popular, le impuso multa y el
deber de dar acatamiento a lo dispuesto en el fallo respectivo. En relación con
el municipio de Barrancabermeja, se abstuvo de sancionarlo.

El Tribunal Administrativo de Santander conoció el asunto en consulta y
mediante providencia del 9 de agosto de 2023 confirmó la sanción impuesta.

2.8. Posteriormente por auto del 22 de febrero de 2024 <<notificado por estado el 23
de febrero de 2024>>, el juzgado verificó el cumplimiento de la orden y requirió
a las partes incidentadas para que acataran debidamente las órdenes y fijaran

3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05270-00
Demandante: Comercializadora Superestrella SAS

un cronograma de actividades en el que se indicaran las actuaciones, actos y
operaciones administrativas por parte del municipio de Barrancabermeja.

En providencia del 21 de marzo de 2024 <<notificado por estado el 22 de marzo
de 2024>>, el juzgado aprobó el cronograma propuesto para el cumplimiento
de las órdenes propuesto por la sociedad actora y por el municipio de
Barrancabermeja.

3. Fundamentos de la acción

En el escrito de subsanación, la sociedad tutelante precisó que cuestionaba las
siguientes providencias proferidas por el Juzgado Primero Administrativo de
Barrancabermeja: (i) auto del 24 de julio de 2023 por el que se resolvió el incidente
de desacato; (ii) auto del 22 de febrero de 2024 por el que se verificó el
cumplimiento de la sentencia; y (iii) auto del 21 de marzo de 2024 por el que el
juzgado aprobó el cronograma propuesto para el cumplimiento de las órdenes.

Considera que al proferir dichas providencias en el medio de control de protección
de los derechos e intereses colectivos Nro. 68081-33-32-001-2015-00159-00, el
Juzgado Primero Administrativo de Barrancabermeja incurrió en defectos fáctico,
sustantivo y por violación directa de la Constitución Política.

3.1. Defecto fáctico. Dijo que la decisión del juez de no acceder o no permitir el
cambio de la orden de demolición de la rampa de acceso a los parqueaderos,
se había sustentado en el principio de la cosa juzgada de las decisiones
judiciales, olvidando que las normas preveían circunstancias excepcionales
dentro de las acciones constitucionales de tutela y populares.

3.2. Defecto sustantivo. Sostuvo que la decisión del juzgado se basó en una
decisión administrativa del inspector de Ornato y Espacio Público del
municipio de Barrancabermeja y no en las normas, cuando existían
disposiciones que le permitían tomar decisiones distintas a la demolición de la
rampa de acceso a los parqueaderos ya que esta decisión implicaba más
dificultades que soluciones.

3.3. Defecto por violación directa de la Constitución Política. En criterio de la
sociedad actora, se desconocía el principio de proporcionalidad, lo que se
evitaría con la aplicación del artículo 34 de la Ley 472 de 1998 en el sentido
de modificar la orden accesoria del numeral segundo de la sentencia de acción
popular.

Señaló que la orden de demolición de una obra civil implicaba realizar un juicio
de proporcionalidad por quien tomaba la decisión, a fin de establecer si el daño
sobre los bienes públicos de los ciudadanos era superior al beneficio
constitucional que la norma estaba en capacidad de lograr.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. Por auto del 3 de octubre de 2024, el despacho ponente requirió a la parte
actora con el fin de que precisara cómo se configuraban los requisitos
especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, y para que identificara las autoridades judiciales accionadas y
providencias cuestionadas.

4.2. Cumplido lo anterior, por auto del 18 de octubre de 2024 se admitió la acción;
se negó la medida provisional solicitada; y se ordenaron las notificaciones de
las partes accionante y accionada.

4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05270-00
Demandante: Comercializadora Superestrella SAS

En la misma providencia, se vinculó como terceros con interés: (i) a la
Defensoría del Pueblo, Regional Magdalena Medio (autoridad que actuó como
parte demandante en el proceso de acción popular); (ii) al Tribunal Administrativo
de Santander (autoridad que conoció de la acción popular en grado de consulta);
(iii) a la Curaduría Nro. 1 Urbana de Barrancabermeja y a la Procuraduría 214
para Asuntos Administrativos, (quienes actuado como intervinientes en la acción
popular); (iv) a los señores William Adolfo Afanador Sánchez y Aldemar Rueda
Navarro (coadyuvantes); y (v) a los demás demandantes, demandados y
terceros que hubieran participado en el trámite del medio de control.

4.3. El Tribunal Administrativo de Santander, rindió informe en el que indicó que
había conocido del asunto en consulta a la sanción por desacato impuesta por
el juzgado pero que, no tenía injerencia en lo pretendido a través de la
presente acción, por lo que pidió ser desvinculado.

4.4. El Juzgado Primero Administrativo de Barrancabermeja, se pronunció e
indicó que contra la decisión de instancia no se presentaron recursos, por lo
que la presente acción era improcedente. Sostuvo que, posteriormente se
emitieron una serie de decisiones encaminadas a verificar el cumplimiento de
la orden y que todo se hizo en observancia del debido proceso.

4.5. El municipio de Barrancabermeja presentó informe en el que se refirió al
trámite surtido en el proceso de acción popular y, afirmó que se estaría a la
decisión de la acción de tutela. Pidió que se analizara la viabilidad de una
sustitución como alternativa para evitar un detrimento mayor tanto a las partes
como a los habitantes del municipio.

4.6. El Curador Urbano Primero de Barrancabermeja, rindió informe en el que
afirmó carecer de legitimación en la causa por pasiva dentro del presente
trámite, por no ser la autoridad que profirió la decisión que se cuestiona y, no
haber vulnerado derechos fundamentales a la sociedad actora.

4.7. La Defensoría del Pueblo, Regional Magdalena Medio, rindió informe en el
que justificó dentro de su objetivo misional, las razones por las que acudió a
la protección de los derechos colectivos de los ciudadanos; se refirió al
procedimiento llevado a cabo en la acción popular y consideró que dado lo
pretendido en la demanda de tutela, no le asistía legitimación por pasiva, por
lo que pidió ser desvinculado de la presente acción.

4.8. El tercero con interés Aldemar Rueda Navarro, se pronunció y, luego de
hacer un extenso recuento de lo acontecido con la construcción y los
respectivos permisos y licencias, así como del inminente riesgo que corren los
ciudadanos, indicó que era contradictorio el escrito de tutela ya que de una
parte se refería en la subsanación al escrito inicial, que se trataba de una tutela
contra unos autos emitidos en el trámite del proceso pero que, de acuerdo con
la pretensión lo que cuestionaba era la sentencia del 20 de octubre de 2022.

En consecuencia, pidió que se negaran las pretensiones de la demanda de
tutela.

4.9. El tercero con interés William Adolfo Afanador Sánchez, presentó informe
en el que hizo una síntesis de las razones por las que la construcción objeto
de la acción popular es un riesgo inminente para los ciudadanos. Indicó
además, que la tutela era improcedente al no cumplirse con el requisito de
inmediatez por haber transcurrido dos años entre la providencia del 20 de
octubre de 2022 y la presentación de la acción y, por no haber agotado los
recursos procedentes, esto es, el de apelación contra esa decisión.

5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05270-00
Demandante: Comercializadora Superestrella SAS

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19912, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin
embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales3
y especiales4 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional5 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen
de los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para
no desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de
legalidad, cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al
debido proceso. Por tal motivo, la procedencia de la acción contra providencias
judiciales exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la
sentencia judicial objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los
requisitos debe restringirse únicamente a los argumentos planteados por los
intervinientes en el proceso.

3. Cuestión previa. Solicitudes de desvinculación

Advierte la Sala que el Tribunal Administrativo de Santander, la Curaduría Urbana
Primera de Barrancabermeja y la Defensoría del Pueblo, Regional Magdalena
Medio, pidieron ser desvinculados de la presente acción al no asistirles legitimación
en la causa por pasiva.

Al respecto, basta indicar que se negarán tales solicitudes, como quiera que su
vinculación a este trámite constitucional no se hizo en calidad de partes con la
potencialidad de satisfacer las pretensiones de la parte actora; sino que se hizo en
calidad de terceros con interés, por haber intervenido en el medio de control de

2 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
3 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado
todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos
fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez);
iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en
sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.
4 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii)
defecto por violación directa de la Constitución.
5
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05270-00
Demandante: Comercializadora Superestrella SAS

protección de los derechos e intereses colectivos en que se profirieron los autos
que se cuestionan en la presente acción de tutela.

4. Planteamiento del problema jurídico

4.1. En el escrito de subsanación, la sociedad tutelante indicó que cuestionaba las
siguientes providencias judiciales:

● Auto del 24 de julio de 2023, por el que se resolvió el incidente de
desacato.
● Auto del 22 de febrero de 2024, por el que se verificó el cumplimiento de
la sentencia de la acción popular.
● Auto del 21 de marzo de 2024, por el que el juzgado aprobó el
cronograma propuesto para el cumplimiento de las órdenes impartidas en
la sentencia popular.
4.2. En ese orden de ideas, advierte la Sala que, por tratarse de una acción de
tutela contra providencias judiciales, debe establecer si se cumplen a
cabalidad los requisitos generales de procedibilidad, concretamente el de
inmediatez.
Sólo en caso de superar el anterior estudio, corresponderá determinar si al
proferir los autos relacionados, el Juzgado Primero Administrativo de
Barrancabermeja incurrió en los defectos fáctico, sustantivo y por violación
directa de la Constitución Política.
4.3. De igual manera, de ser el caso, corresponderá a la Sala pronunciarse en
relación con la modulación de la orden contenida en el numeral segundo de la
sentencia emitida por el Juzgado Primero Administrativo de Barrancabermeja
el 20 de octubre de 2022 en el medio de control de protección de los derechos
e intereses colectivos, a la que se refiere en la pretensión de la presente
acción.
5. Análisis del requisito de inmediatez frente a las providencias
cuestionadas
5.1. La Corte Constitucional6 ha señalado que si bien no es posible establecer un
término de caducidad que limite el ejercicio de la acción de tutela, debe existir
un término razonable entre la ocurrencia de la vulneración o puesta en riesgo
de los derechos fundamentales del actor y la presentación de la demanda, ya
que la naturaleza misma de este medio de defensa judicial no sólo tiene que
ver con la urgencia en la protección de las garantías constitucionales de una
persona, sino también con el respeto de la seguridad jurídica y de los derechos
de los terceros afectados7.
En este orden de ideas, la inmediatez es más bien una condición que busca
que la acción se presente en un término razonable contado desde el momento
en que se tuvo conocimiento de la violación o amenaza de los derechos
fundamentales y no un término de caducidad. Justamente, porque la tutela es
un medio excepcional para la protección pronta y eficaz, es que se requiere
que se ejerza en un tiempo prudencial.
Precisamente, en razón a que el análisis de la procedencia de tutela contra
providencias judiciales debe ser más riguroso, la Sala Plena del Consejo de

6 Corte Constitucional, sentencia T- 123 de 2007, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
7 Corte Constitucional. sentencia T-594 de 2008: el requisito de inmediatez tiene una relevancia particular en
los casos de tutela contra providencias judiciales, de manera que la verificación de su cumplimiento debe
ser aún más estricta que en otros casos, por cuanto la firmeza de las decisiones judiciales no puede
mantenerse en la incertidumbre indefinidamente”.
7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05270-00
Demandante: Comercializadora Superestrella SAS

Estado8 fijó como plazo razonable para la interposición de la acción, un
término de seis meses contados a partir de la notificación de la
providencia judicial enjuiciada, por considerarlo un término prudencial para
que el interesado interponga la acción. Límite temporal que también ha sido
acogido por la Corte Constitucional9.

Dicho término razonable para ejercer la acción de tutela se estableció en
consideración a “la naturaleza del acto jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para
la interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho
a la tutela judicial efectiva y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren
certeza y estabilidad”10.

Sin embargo, dicha providencia también acudió a unas pautas, para examinar
las excepciones a esa regla general, indicando que “además de tener como pauta
el término de seis meses, se debe analizar también: “(…) (i) si existe un motivo válido para
la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el núcleo esencial de
los derechos de terceros afectados con la decisión; (iii) si existe un nexo causal entre el
ejercicio tardío de la acción y la vulneración de los derechos fundamentales del interesado; (iv)
si el fundamento de la acción de tutela surgió después de acaecida la actuación violatoria de
los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de
interposición.” (Negrillas fuera de texto).

Sobre este punto, en la Sentencia SU-391 de 2016, la Corte Constitucional
aseguró que “No existen reglas estrictas e inflexibles para la determinación de la
razonabilidad del plazo, sino que es al juez de tutela a quien le corresponde evaluar, a la luz
de las circunstancias de cada caso concreto, lo que constituye un término razonable”11. Por
ende, para analizar si este requisito se cumple o no, la Corte Constitucional
brindó cinco criterios: (i) la situación personal del peticionario; (ii) si la
vulneración de derechos fundamentales se extiende en el tiempo; (iii) la
naturaleza de la vulneración; (iv) la actuación contra la que se dirige la tutela;
y (v) los efectos de la tutela.

Recientemente, la Corte12 incluyó dentro de las razones que permiten
flexibilizar la inmediatez sucesos como la fuerza mayor o el caso fortuito, la
incapacidad o imposibilidad del accionante, la actualidad de la vulneración de
los derechos fundamentales o la desproporción que puede implicar el exigir a
personas en debilidad manifiesta ejercer el ejercicio oportuno de la acción.

Así las cosas, tanto las reglas fijadas en la Sentencia SU-391 de 2016 como
en la providencia del Consejo de Estado son válidas para estudiar el
presupuesto de la inmediatez. Por esto, el estudio del requisito de inmediatez,
además de considerar el lapso de seis meses, debe consultar los demás
criterios establecidos en la jurisprudencia constitucional, de manera tal, que
caso a caso se estudie el cumplimiento de este requisito, atendiendo a sus
particularidades, sin que el solo paso del tiempo constituya el criterio exclusivo
para efectuar ese estudio.

5.2. En el caso propuesto, la Sala advierte que no se cumple con el requisito
general de la inmediatez, toda vez que la acción de tutela se interpuso luego
de superado el lapso de seis meses, contados a partir de la notificación de las
providencias cuestionadas, proferidas por el Juzgado Primero Administrativo
de Barrancabermeja y la fecha de presentación de la acción de tutela (el 30 de
septiembre de 2024), como se explica a continuación:

8 Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de 5 de agosto de 2014. Consejero Ponente: Jorge Octavio
Ramírez R. Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
9 Sentencia T-031 de 2016, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
10
Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de 5 de agosto de 2014.
11 Corte Constitucional. Sentencia de unificación SU-391 de 2016.
12 Corte Constitucional. Sentencia T-454 de 2023. M.P. Alejandro Linares Cantillo.
8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05270-00
Demandante: Comercializadora Superestrella SAS

Tiempo transcurrido entre la
Providencia cuestionada Fecha de notificación notificación y la presentación de
la tutela
Notificado por estado el 25 de julio
Auto del 24 de julio de 2023 1 año, 2 meses y 5 días
de 2023
Notificado por estado el 23 de
Auto del 22 de febrero de 2024 7 meses, 7 días
febrero de 2024
Notificado por estado el 22 de
Auto del 21 de marzo de 2024 6 meses, 8 días
marzo de 2024

Lo anterior implica que, entre la notificación de las providencias cuestionadas
y la interposición del amparo constitucional transcurrió un lapso que superó el
plazo razonable de seis meses a que alude la jurisprudencia de esta alta Corte.

Esto, en principio, no significa el incumplimiento del requisito de inmediatez,
ya que el solo paso del tiempo no demuestra su inobservancia. Sin embargo,
al revisar las pautas establecidas por la Sala Plena del Consejo de Estado y
de la Corte Constitucional13 no se encuentra acreditada una situación que
explique por qué la acción de tutela se interpuso luego de transcurrido ese
tiempo, ni tampoco se alegó por la parte interesada alguna justificación de la
tardanza en la interposición de la acción de tutela, lo que desvirtúa la urgencia
en la protección de sus garantías constitucionales.

5.3. Es importante recordar que al cuestionar una decisión proferida por un juez
mediante la acción de tutela automáticamente entran en juego los principios
de independencia, autonomía funcional y juez natural. Por consiguiente, a fin
de encontrar un equilibrio entre la posibilidad de dejar una decisión judicial sin
efectos y tales principios es imperativo que se cumplan con rigor cada uno de
los requisitos generales señalados jurisprudencialmente.
En armonía con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha reiterado que la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales está sujeta al
cumplimiento de una serie de requisitos. Si los generales no se cumplen, no
hay lugar a estudiar el asunto de fondo.
6. Solicitud de modulación de la orden impartida en la sentencia del 20 de
octubre de 2022
6.1. En el escrito inicial, la sociedad tutelante formuló la siguiente pretensión:
“Que el Juzgado Primero Administrativo del circuito de Barrancabermeja modifique la orden
accesoria prevista en el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia de octubre 20
de 2022 dentro del proceso de acción popular con radicación 2015-00159, a través de una
nueva orden por medio de providencia judicial en ejercicio de sus competencias como medida
necesaria y en aras de ejecutar la sentencia, conforme con el artículo 34 de la ley 472 de
1998; y de esta manera establezca como alternativa de cumplimiento de la sentencia la
sustitución total del bien, que consiste en la propuesta de reemplazar el bien de uso público
ocupado, por otro inmueble o predio, en cumplimiento de las especificaciones y condiciones
técnicas establecidas en el decreto distrital No. 087 de marzo 2 de 2023; de tal manera que
el distrito de Barrancabermeja garantice el cumplimiento de los fines del Estado”.

6.2. En relación con este aspecto, advierte la Sala que contra la sentencia del 20
de octubre de 2022 y su aclaración del 1º de noviembre de 2022, proferidas
por el Juzgado Primero Administrativo de Barrancabermeja, la sociedad
Comercializadora Superestrella SAS no interpuso el recurso de apelación
procedente, conforme lo establece el artículo 37 de la Ley 472 de 1998,
mecanismo a través del cual pudo exponer todas las inconformidades frente a
la orden de amparo de primera instancia. Sin embargo, tal mecanismo
procesal no fue utilizado.

13 Ver al respecto: Corte Constitucional, sentencia SU-391 de 2016 M.P. Alejandro Linares Cantillo, sentencia
T-246 de 2015 M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez, sentencia T-594 de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño,
sentencia T-158 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, sentencia T-1110 de 2005 M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto, sentencia SU-961 de 1999 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05270-00
Demandante: Comercializadora Superestrella SAS

6.3. El presupuesto de subsidiariedad de la acción de tutela encuentra fundamento
en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 6° del Decreto 2591
de 1991.
Este requisito de procedibilidad ha sido desarrollado por la jurisprudencia
constitucional, quien ha establecido que se incumple, por lo menos, en tres
eventos8: a) cuando el asunto está en trámite; b) cuando no se han agotado
los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios; y c) cuando se usa
para revivir etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos
previstos en el ordenamiento jurídico.
La naturaleza subsidiaria y residual de la acción de tutela tiene por propósito
evitar que se convierta en un mecanismo judicial alternativo que pueda ser
utilizado para soslayar los términos procesales de los medios ordinarios de
defensa o para suplir falencias en las estrategias de jurídicas de los
apoderados, ya que no es dable al juez de tutela decidir asuntos que deben
ser debatidos en su escenario natural.
Por tal motivo, la Corte Constitucional ha indicado que si el actor no agotó los
mecanismos ordinarios de protección de sus derechos fundamentales no
podrá, posteriormente, ejercer la acción de tutela como medio para suplir su
inacción y que, en estas circunstancias, “…la acción de amparo constitucional no
podría hacerse valer ni siquiera como mecanismo transitorio de protección, pues tal
modalidad procesal se encuentra subordinada al ejercicio de un medio judicial ordinario
en cuyo trámite se resuelva definitivamente acerca de la vulneración iusfundamental y a
la diligencia del actor para hacer uso oportuno del mismo.” 14

De manera que, la pretensión consistente en la modulación de la orden de
amparo en el medio de control de protección de los derechos e intereses
colectivos que ahora se pretende, debe ser solicitada al juez de la acción
popular, que actualmente tramita el incidente de desacato, pues la tutela no
está instituida como un mecanismo alternativo o paralelo que pueda ser
utilizado para discutir aspectos que son propios del respectivo proceso.

7. Conclusión

De acuerdo con los argumentos expuestos, esta Sala declarará la improcedencia
de la acción de tutela, por no cumplir a cabalidad con los requisitos generales de
procedibilidad de este mecanismo constitucional contra providencias judiciales,
concretamente los de inmediatez y subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Negar la solicitud de desvinculación solicitada por el Tribunal Administrativo
de Santander, la Curaduría Urbana Primera de Barrancabermeja y la
Defensoría del Pueblo, Regional Magdalena Medio, por las razones
expuestas.

2. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por la sociedad
Comercializadora Superestrella SAS, conforme con la motivación precedente.

3. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

14 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-037 de 2009.
10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05270-00
Demandante: Comercializadora Superestrella SAS

4. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

5. De no ser impugnada, enviar a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente

(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

11

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.