Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05277-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Petición: carencia actual de objeto por hecho superado
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05277-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-05277-00
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
25 de octubre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05277-00
Demandante: MARTHA PATRICIA ZAMBRANO REVELO
Demandado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA
ACCIÓN DE TUTELA POR VIOLACIÓN AL DERECHO FUNDAMENTAL DE
PETICIÓN - Carencia actual de objeto por hecho superado.
La Sala decide la acción de tutela instaurada por la señora Martha Patricia
Zambrano Revelo contra la Presidencia de la República.
I. A N T E C E D E N T E S
Pretensiones, hechos y argumentos de la tutela
1. El 1º de octubre de 20241, la señora Martha Patricia Zambrano Revelo
interpuso acción de tutela contra la Presidencia de la República, por considerar
vulnerado su derecho fundamental de petición, con ocasión de la falta de
respuesta a la solicitud elevada el 29 de abril de 2024. Formuló la siguiente
pretensión:
PRIMERA: Se dé respuesta al derecho de petición enviado 29 de abril del
2024 a la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.
SEGUNDA: Se me respete el derecho a enviar solicitudes respetuosas tal
como lo contempla en la constitución.
2. La señora Martha Patricia Zambrano Revelo narró que, el 29 de abril de 2024,
solicitó, entre otras autoridades, a la Presidencia de la República2 lo siguiente:
(…)
1. Sea analizado el fallo de segunda instancia de impugnación a la tutela
realizada por mí con referencia 05615 3103 001 2023 00419 01 (0126).
2. En el caso de ser citada para dar declaraciones en donde se requiera mi
presencia física solicito que esta se realice el día lunes o viernes, pues vivo
en a 5 horas del municipio de Guarne.
1 Se advierte que, el 16 de octubre de 2024, el expediente ingresó al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
2 Conviene precisar que, aunque la petición referida se presentó ante múltiples autoridades, la
señora Zambrano Revelo únicamente dirige su inconformidad contra la Presidencia de la
República.
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Demandante: Martha Patricia Zambrano Revelo
Demandado: Presidencia de la República
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
3. Que se investigue al inspector Jaime Vargas pues el comportamiento
que tiene no es el adecuado para un inspector que tiene como función
defender y restablecer los derechos laborales de la población vulnerable,
demostrando así un mal uso de recursos públicos.
(…).
3. Reprochó que, el 30 de abril siguiente, la autoridad accionada le contestó que
enviara los archivos adjuntos en un formato legible y ya descargados, por razones
de seguridad; sin que a la fecha de interposición de la solicitud de amparo haya
recibido respuesta de la parte demandada, lo cual es «discriminatorio», dada su
condición de madre cabeza de familia.
Trámite impartido e intervenciones
4. Mediante auto del 3 de octubre de 2024, se admitió la acción de tutela y se
ordenó que se notificara a la directora del Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República, como parte demandada. Asimismo, se ordenó la
notificación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
5. La Presidencia de la República informó que la petición presentada por la
señora Zambrano Revelo fue atendida, en primer lugar, el 30 de abril de 2024, en
el sentido de que la solicitud fue devuelta porque se encontraba incompleta y
requería subsanaciones, en virtud del artículo 17 de la Ley 1755 de 2015; sin
embargo, como esta no atendió el referido requerimiento, se aplicó la figura de
desistimiento tácito.
6. Resaltó que, con posterioridad, pudo revisar la petición y sus anexos, sin
problema alguno, razón por la cual el pasado 17 de octubre la contestó, tal como
se puede observar en el índice 9 del aplicativo Samai. De igual modo, manifestó
que de conformidad con lo previsto en el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011,
remitió para lo de su competencia la petición elevada a la Secretaría de la Corte
Constitucional y a la Procuraduría General de la Nación.
7. Por lo anterior, pidió que se declarara la carencia actual de objeto por hecho
superado.
8. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardó silencio.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
Problema Jurídico
9. Corresponde a la Sala examinar si la Presidencia de la República vulneró el
derecho fundamental de petición de la señora Martha Patricia Zambrano Revelo.
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Análisis de la Sala
El derecho fundamental de petición
10. Para el desarrollo de este punto, la Sala reiterará lo expuesto por la Sección
Cuarta de esta Corporación en providencia del 26 de julio de 2018 (expediente
radicado No. 11001-03-15-000-2018-02110-00)3, así:
11. Este derecho fundamental, consagrado en el artículo 23 de la Constitución
Política, tal como lo ha concebido la doctrina, es «un derecho que -antes que
otra función- facilita la expresión de las personas en su relación con un
determinado poder constituido»4 y, particularmente, en su relación con el
Estado de Derecho. Es, por tanto, «una de esas formas de vinculación entre el
poder público y los particulares, para que estos ejerzan control y fiscalización
sobre el Estado»5.
12. Este derecho tiene un núcleo esencial complejo que se integra por (i) la
facultad que tiene una persona de presentar peticiones respetuosas, en interés
general o particular, ante las autoridades y también ante organizaciones
privadas, previa reglamentación del legislador, y (ii) los deberes correlativos del
sujeto pasivo de recibir la petición, evitar tomar represalias por su ejercicio,
otorgar una respuesta material en el plazo dispuesto legalmente y notificarla en
debida forma. La Corte Constitucional también ha señalado que la respuesta
emitida debe ser clara, oportuna y congruente con lo solicitado.
13. En tanto derecho fundamental, la vulneración de su núcleo esencial es
objeto de protección por la acción de tutela. De este, sin embargo, no hace
parte el sentido de la respuesta, pues es de competencia exclusiva del sujeto
pasivo del derecho de petición. Es claro, entonces, que el hecho de obtener
una respuesta negativa, o cuando se le indica al peticionario el procedimiento
administrativo que se debe seguir o la relación de documentos que se deben
aportar para efectos de estudiar la procedencia de la solicitud son
circunstancias que, en ningún caso, implican la vulneración del derecho
fundamental de petición.
14. Así las cosas, una respuesta es suficiente cuando resuelve materialmente
la petición y satisface los requerimientos del solicitante, sin perjuicio de que la
3 M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
4 MARÍN CORTÉS, Fabián G. Naturaleza jurídica del derecho de petición. En: Derecho público.
Biblioteca Jurídica Diké – Universidad Pontificia Bolivariana, 2012. p. 115.
5 Ibidem, p. 174.
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respuesta sea negativa a las pretensiones del peticionario, pues se considera
efectiva si la respuesta soluciona el caso que se plantea y es congruente si
existe coherencia entre lo respondido y lo pedido, de tal manera que la solución
verse justamente sobre lo pedido6.
15. Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que la respuesta de la
autoridad debe ser «(i) clara, esto es, inteligible y contentiva de argumentos de
fácil comprensión; (ii) precisa, de manera que atienda directamente lo pedido sin
reparar en información impertinente y sin incurrir en fórmulas evasivas o elusivas ;
(iii) congruente, de suerte que abarque la materia objeto de la petición y sea
conforme con lo solicitado; y además (iv) consecuente con el trámite que se ha
surtido, de manera que, si la respuesta se produce con motivo de un derecho de
petición formulada dentro de un procedimiento del que conoce la autoridad de la
cual el interesado requiere la información, no basta con ofrecer una respuesta
como si se tratara de una petición aislada o ex novo, sino que, si resulta relevante,
debe darse cuenta del trámite que se ha surtido y de las razones por las cuales la
petición resulta o no procedente»7.
16. Así mismo, en el evento en que la autoridad a quien se dirigió la petición no
sea competente para emitir un pronunciamiento sobre el fondo de lo requerido,
también se preserva la obligación de contestar, consistente en informar al
interesado sobre la falta de capacidad legal para dar respuesta y, a su vez,
remitir a la entidad encargada de pronunciarse sobre el asunto formulado por el
peticionario8.
Caso concreto y solución del problema jurídico
17. Sería del caso determinar si la Presidencia de la República vulneró o no el
derecho fundamental de petición invocado; sin embargo, la Sala advierte que
actualmente la tutela carece de objeto, toda vez que, mediante Oficio OFI24-
00207420/ GFPU 14000001 del 17 de octubre de la presente anualidad, la
autoridad accionada dio respuesta a la consulta elevada por la accionante, en los
siguientes términos:
En respuesta a la petición instaurada por la señora Martha Patricia Zambrano
Revelo el día 29 de abril de 2024, se evidencia que: 1) Mi representada no
tiene la competencia de analizar los autos en segunda instancia en relación a
que dicha competencia recae en la Corte Constitucional, 2) La Presidencia de
la República no es la autoridad competente para verificar si han existido
irregularidades en el cumplimiento de las funciones que asisten al inspector
mencionado en su escrito o en una extralimitación de sus funciones, porque
no es el titular de la acción disciplinaria.
6 Sentencia T-587 de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
7 Sentencia T- 610 de 2008, M.P Rodrigo Escobar Gil.
8 Sentencia T-230 de 2020, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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La Presidencia de la República no tiene la capacidad de analizar fallos
en segunda instancia en las acciones de tutela.
En relación con el fallo de segunda instancia de la tutela que menciona la
peticionaria se debe establecer que la Corte Constitucional de Colombia tiene
la función explícita de proteger los derechos fundamentales de los
ciudadanos, y la acción de tutela es un mecanismo clave para esta
protección. Según el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia y el
Decreto 2591 de 1991, los fallos de tutela deben ser remitidos a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, asegurando así que se cumpla con
la función de protección de derechos fundamentales. La Constitución Política
de Colombia de 1991, en su artículo 86, establece que cualquier persona
puede solicitar la protección inmediata de sus derechos fundamentales a
través de la acción de tutela. Este mecanismo es preferente y sumario y está
disponible en todo momento y lugar. Los fallos emitidos bajo esta acción son
de inmediato cumplimiento y pueden ser impugnados ante el juez
competente, quien debe remitirlos a la Corte Constitucional para su revisión
("El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez
competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su
eventual revisión."). Esto subraya la responsabilidad de la Corte
Constitucional en la revisión de estos fallos para garantizar la protección de
los derechos fundamentales.
En virtud de lo anterior se puede evidenciar que la entidad encargada de
verificar el fallo de segunda instancia de impugnación a la tutela con
referencia 05615 3103 001 2023 00419 01 (0126) que narra la accionante es
la Corte Constitucional, en virtud de lo anterior y por medio del OFI24-
00207380 / GFPU 14000001 del 17 de octubre de 2024 se realizó el traslado
a estos.
(…)
1) La Presidencia de la República no tiene la competencia de determinar la
existencia de irregularidades dentro del proceso llevado a cabo por el
funcionario público en cuestión. Se debe establecer que la entidad encargada
de investigar a los funcionarios públicos en Colombia es la Procuraduría
General de la Nación. Esta entidad tiene la responsabilidad de vigilar la
conducta de los servidores públicos y garantizar el cumplimiento de la ley y la
ética en el ejercicio de sus funciones.
De igual forma es importante manifestar que mi representada no tiene la
facultad de realizar investigaciones y/o juzgamiento a funcionarios públicos en
Colombia, lo anterior con ocasión a que ello recae en la Procuraduría General
de la Nación (…).
(….)
En virtud de lo anterior y por medio del OFI24-00207392 / GFPU 14000001
del 17 de octubre de 2024 se realizó el traslado a la Procuraduría General de
la Nación debido a la competencia que tiene para conocer de la presente
petición.
18. A partir de los documentos aportados por la autoridad accionada en la
contestación de la tutela, la Sala pudo corroborar que la anterior respuesta fue
enviada al correo electrónico de la accionante el 17 de octubre de 2024. También
quedó acreditado que ese mismo día la autoridad demandada remitió por
competencia la petición de la señora Martha Patricia Zambrano Revelo a la
Secretaría General de la Corte Constitucional y a la Procuraduría General de la
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Nación9, autoridades que, en su criterio, son competentes para tramitarla y
atenderla.
19. El fenómeno de la carencia actual de objeto se caracteriza principalmente por
hacer que la orden impartida por el juez en la sentencia tutela se torne inocua. Es
decir, que resulta intrascendente que el juez de tutela se pronuncie de fondo
frente a la vulneración o amenaza de derechos fundamentales. En reiterada
jurisprudencia, la Corte Constitucional ha establecido que la carencia actual de
objeto puede presentarse a partir de dos eventos que a su vez sugieren
consecuencias distintas: el hecho superado y el daño consumado10. Empero, la
Corte también ha dicho que «es posible que la carencia actual de objeto no se
derive de la presencia de un daño consumado o de un hecho superado sino de
alguna otra circunstancia que determine que, igualmente, la orden del/de la juez/a
(sic) de tutela relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no surta ningún
efecto»11.
20. El hecho superado exige que la pretensión de tutela se satisfaga sin que
medie orden judicial. En el presente caso se configuró el hecho superado, dado
que la autoridad demandada atendió la solicitud presentada por la parte actora, sin
necesidad de intervención del juez de tutela.
21. En el caso concreto, se tiene que, el pasado 17 de octubre, esto es, durante el
trámite de la tutela y sin intervención del juez, la Presidencia de la República dio
respuesta a la solicitud radicada por la accionante el pasado 29 de abril, en el
sentido de informarle que remitió por competencia la petición presentada a la
Secretaría General de la Corte Constitucional y a la Procuraduría General de la
Nación.
22. Entonces, como se encuentra superado el hecho que dio origen a la
interposición de la acción de tutela, es decir, la falta de respuesta de la
Presidencia de la República no tiene objeto que la Sala examine si dicha autoridad
accionada vulneró o no el derecho fundamental de petición invocado. Es por ello
que se impone declarar la carencia actual de objeto por hecho superado.
9 Cabe precisar que la Presidencia de la República acreditó la información descrita a través de los
Oficios OFI24-00207420/ GFPU 14000001, OFI24-00207380 / GFPU 14000001, OFI24-00207392 /
GFPU 14000001 y OFI24-00207352 / GFPU 14000001, todos del pasado 17 de octubre, en el que
en este último advierte que la constancia de notificación de cada actuación referida fue descargada
de la aplicación «Escribe» y, además, aportó la trazabilidad respectiva.
10 Ver, entre otras, las sentencias: T-988 de 2007 y T-585 de 2010, ambas con ponencia del
magistrado Humberto Antonio Sierra Porto, y T-200 de 2013, M.P. Alexei Julio Estrada.
11 Sentencia T-585 de 2010, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-05277-00
Demandante: Martha Patricia Zambrano Revelo
Demandado: Presidencia de la República
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
PRIMERO. Declarar la carencia de objeto por hecho superado, de conformidad
con lo razonado en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más
expedito y eficaz.
TERCERO. Si no se impugna esta sentencia, envíese el expediente de tutela a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha
de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
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