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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05282-00

Fecha
29 de noviembre de 2024
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05282-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de tutela de Edith Natalia Aguirre Bedoya contra el Consejo Superior de la Judicatura-Unidad Registro Nacional de Abogados-URNA. SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 10 Expediente No. 11001-03-15-000-2024-05282-00 Accionante: Edith Natalia Aguirre Bedoya Acción de tutela – Sentencia de primera instancia TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-05282-00

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

29 de noviembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., veintinueve (29) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05282-00

Solicitante: EDITH NATALIA AGUIRRE BEDOYA

Autoridad: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-UNIDAD DE
REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA
JUSTICIA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

ACTO ADMINISTRATIVO-Para controvertirlo el afectado dispone del medio de control de nulidad.
SUBSIDIARIEDAD-No se agotaron los medios de defensa procedentes.

La Sala decide la solicitud de tutela interpuesta por Edith Natalia Aguirre Bedoya
contra el Consejo Superior de la Judicatura-Unidad Registro Nacional de Abogados
(URNA).

ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

Edith Natalia Aguirre Bedoya, en nombre propio, interpuso acción de tutela con el
fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo
y a la libertad de elegir profesión u oficio, que considera vulnerados por el Consejo
Superior de la Judicatura, al haber proferido la resolución URNAR24-158 «Por la
cual se da cumplimiento a la condición prevista en el artículo 11 del acuerdo
PCSJA24-12162 de 2024», que dejó sin vigencia su tarjeta profesional
«provisional», expedida por el Consejo Superior de la Judicatura.

En virtud del amparo, solicita:

Que se ordene a la UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA que en un plazo de CUARENTA Y
OCHO (48) horas modifique el estado de NO VIGENTE y en su defecto lo actualice
calificándolo como VIGENTE a la tarjeta profesional de abogado No. 428894,
perteneciente a la suscrita EDITH NATALIA AGUIRRE BEDOYA, identificado con la

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Expediente No. 11001-03-15-000-2024-05282-00
Accionante: Edith Natalia Aguirre Bedoya
Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

cédula de ciudadanía número 1.088.242.212 expedida en La Ciudad de Pereira,
Risaralda.

Que se ordene a la UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA REALIZAR EL CAMBIO DE MI
TARJETA PROFESIONAL PROVISIONAL a la DEFINITIVA ya que la fecha de mi
grado fue el 9 de mayo de 2024 posterior a mi Título como Abogada, aún no había
examen para presentar ante el Concejo (sic) Superior de la Judicatura, ya que se
realizó la primera prueba después.

2. Hechos relevantes

La accionante inició sus estudios de derecho en la Institución Universitaria Visión
de las Américas-Sede Pereira el 5 de agosto de 2018, por lo que debe presentar el
examen de idoneidad para el ejercicio de la profesión de abogado de conformidad
con la Ley 1905 de 2018. El 21 de julio de 2021, se trasladó a la Universidad
Cooperativa de Colombia-Sede Cartago, donde culminó sus materias el 27 de mayo
del 2023 y se dispuso a presentar sus exámenes preparatorios.

El 22 de diciembre de 2023, mientras la accionante presentaba sus preparatorios,
el Consejo Superior de la Judicatura expidió el Acuerdo PCSJA23-12127 por el cual
dio apertura al proceso de inscripción al mencionado examen desde las cero (00)
horas del 26 de diciembre de 2023 hasta las (24) veinticuatro horas del 23 de enero
de 2024. La señora Bedoya obtuvo su grado como abogada el 9 de mayo de 2024,
por lo cual no podía inscribirse al examen, pues para hacerlo debía contar con su
título profesional.

El 10 de mayo de 2024, inició el trámite de la tarjeta profesional de abogado. El 20
de junio, el Consejo Superior de la Judicatura confirmó la entrega de la tarjeta
profesional provisional a la empresa 4-72. Fue hasta el 8 de julio que la señora
Aguirre Bedoya pudo recibir dicho documento, por irregularidades en dicha
empresa.

El 30 de mayo de 2024, el Consejo Superior de la Judicatura expidió el Acuerdo
PCSJA24-12188, «por el cual se da apertura a la etapa de inscripciones para la
presentación del examen de Estado señalado en la Ley 1905 de 2018 – Aplicación
2024-II», cuya convocatoria se llevó a cabo desde el 6 de junio hasta el 4 de julio
de 2024. La accionante fue admitida dentro de los inscritos a este examen, que se
presentó el 20 de octubre de 2024.

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Expediente No. 11001-03-15-000-2024-05282-00
Accionante: Edith Natalia Aguirre Bedoya
Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

El 30 de agosto de 2024 quedaron en firme los resultados de la primera aplicación
del mentado examen, y, a su vez, mediante Resolución URNAR24-158, el director
de la URNA resolvió suspender la vigencia de las tarjetas provisionales, en
aplicación de los establecido en el Acuerdo PCSJA24-12162 que había establecido
que la vigencia de las tarjetas profesionales con anotación provisional duraba hasta
la publicación de los resultados en firme de la aplicación de la primera prueba.

La accionante manifiesta que ha iniciado varios procesos como litigante contando
con su tarjeta profesional provisional, los cuales no puede seguir atendiendo ante
su inhabilidad para ejercer el derecho en representación de terceros. Igualmente,
manifiesta que es juez de paz y presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio
Senderos de la Hermosa Etapa II de Santa Rosa de Cabal, Risaralda.

3. Fundamentos de la solicitud

La señora Aguirre Bedoya manifiesta su inconformidad con presentar el examen,
puesto que «no le parece justo» que los abogados que se graduaron antes de la
presentación del primer examen del «30 de agosto de 2024» fueran obligados a
presentarlo, dado que la prueba no se encontraba estructurada para la fecha de su
grado.

Manifiesta que no debe ser obligada a presentar el examen en virtud del artículo 13
de la Constitución Política, dado que sus compañeros graduados antes de la
apertura del proceso de inscripción fueron exonerados de la presentación de su
prueba. Además, invoca los esfuerzos que como madre, hija, estudiante, empleada
y de estrato bajo ha realizado para poder estudiar y pagar su carrera de derecho.

Igualmente, fundamenta su solicitud en la sentencia de unificación 128 de 2024 de
la Corte Constitucional, que ordenó la inaplicación por inconstitucional del artículo
11 transitorio del Acuerdo PCSJA24-12162 mediante la cual se previó la categoría
de tarjeta profesional provisional. A su juicio, esa sentencia previno a la autoridad
accionada de incurrir en acciones u omisiones que generen nuevas vulneraciones
de derechos fundamentales como las que dieron mérito al amparo concedido en
esa decisión.

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Expediente No. 11001-03-15-000-2024-05282-00
Accionante: Edith Natalia Aguirre Bedoya
Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

Para la accionante, la expedición de la Resolución URNAR24-158 que suspendió la
vigencia de las tarjetas profesionales provisionales vulnera la orden de la Corte
Constitucional, porque genera nuevas vulneraciones de derechos fundamentales
tales como el de elegir profesión u oficio, trabajo e igualdad. Esto, pues es imposible
ejercer la profesión de abogado sin tarjeta profesional vigente.

4. Trámite procesal

La Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pereira,
mediante auto del 1 de octubre de 2024 remitió a esta Corporación la solicitud de
tutela, de conformidad con la regla de reparto establecida en el artículo 1.8 del
Decreto 333 de 2021.

Mediante auto del 21 de octubre de 2024, se admitió la solicitud y se ordenó su
notificación al director del Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
del Consejo Superior de la Judicatura.

En el escrito de contestación, el Consejo Superior de la Judicatura-Unidad de
Registro Nacional de Abogados-URNA solicitó que se niegue el amparo porque no
se vulneraron los derechos fundamentales alegados por la accionante. Respecto de
la pretensión sobre la extensión de la vigencia de las tarjetas profesionales
provisionales, indicó que esta Corporación en sede de tutela y la misma Corte
Constitucional han considerado su falta de competencia para expedir tarjetas
profesionales provisionales, con lo cual prorrogar su vigencia mantendría la
situación inconstitucional. Respecto de la expedición de la tarjeta profesional
definitiva, manifiesta el Consejo que no es posible hacerlo, dado que la accionante
no ha cumplido con el requisito de la Ley 1905 de 2018.

Además, considera que no se cumple el requisito de subsidiariedad en la presente
acción, toda vez que no se controvirtió el acto administrativo que suspendió la
vigencia de las tarjetas profesionales provisionales.

CONSIDERACIONES

5. Problema jurídico

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Expediente No. 11001-03-15-000-2024-05282-00
Accionante: Edith Natalia Aguirre Bedoya
Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

Corresponde a la Sala determinar si es procedente la solicitud de tutela contra el
Consejo Superior de la Judicatura-Unidad de Registro Nacional de Abogados-
URNA, por la suspensión de la tarjeta profesional de abogada de la accionante.

6. Análisis de la Sala

El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos
86 de la Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de
Justicia-LEAJ. La Sala es competente para decidir las acciones de tutela que se
presenten contra el Consejo Superior de la Judicatura, en virtud del numeral 8 del
artículo 1 del Decreto 333 de 2021.

Subsidiariedad

El inciso tercero del artículo 86 de la Constitución y el artículo 6.1 del Decreto 2591
de 1991 prevén que la acción de tutela no procede cuando existan otros recursos o
medios de defensa judiciales, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable. La jurisprudencia constitucional ha precisado que
esta regla tiene dos excepciones: i) el empleo de la acción de tutela como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, o ii) cuando los medios
de defensa no sean idóneos ni eficaces para superar la amenaza o vulneración de
los derechos fundamentales invocados1.

La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede manera
subsidiaria y por lo tanto, no constituye un medio alternativo o facultativo, que
permita complementar los mecanismos judiciales ordinarios establecidos por la ley.
Adicionalmente, la Corte señaló que no se puede abusar del amparo constitucional
ni evitar el agotamiento de la jurisdicción ordinaria o contenciosa, con el propósito
de obtener un pronunciamiento más ágil y expedito, toda vez que éste no ha sido
consagrado para remplazar los medios ordinarios existentes2.

Si existen otros mecanismos de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces
para solicitar la protección de los derechos que se consideran amenazados o

1
Corte Constitucional, sentencia SU-026 de 2021, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
2
Corte Constitucional, T-1008 de 2012. Magistrado Luis Guillermo Guerrero.

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Expediente No. 11001-03-15-000-2024-05282-00
Accionante: Edith Natalia Aguirre Bedoya
Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

vulnerados, se debe recurrir a ellos y no a la acción de tutela. En consecuencia, una
persona que acude a la administración de justicia con el fin de que le sean
protegidos sus derechos, no puede desconocer las acciones judiciales
contempladas en el ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte
decisiones paralelas a las del funcionario que debe conocer dentro del marco
estructural de la administración de justicia, de un determinado asunto radicado bajo
su competencia3

Caso concreto

La accionante afirma que la URNA le vulneró los derechos fundamentales invocados
al proferir la resolución URNAR24-158 del 30 de agosto de 2024 «Por la cual se da
cumplimiento a la condición prevista en el artículo 11 del acuerdo PCSJA24-12162
de 2024» porque la vigencia de la tarjeta profesional provisional que le otorgó ya
venció y, además, que el examen no existía para la fecha de su grado, con lo cual
no debería estar obligada a presentarlo.

Los artículos 1° y 2° de la Ley 1905 de 2018 señalaron que, para el ejercicio de la
profesión de abogado, además de los requisitos vigentes, el graduado deberá
acreditar la certificación de la aprobación del examen de Estado que realice el
Consejo Superior de la Judicatura, la cual será requisito para la expedición de la
tarjeta profesional de abogado, exigencia que aplica a quienes hayan iniciado la
carrera luego del 28 de junio de 2018, fecha de promulgación de la referida Ley.

La Corte Constitucional ha estudiado varios cargos contra dicha norma que, en su
mayoría alegaban que el examen impedía la libre escogencia de profesión u oficio.
La ley fue declarada exequible4, por la importancia de la función social del abogado
como el profesional a través del cual se materializa el acceso a la justicia y el
altísimo riesgo que implica el inadecuado ejercicio de la profesión jurídica.

Por su parte, el Acuerdo PCSJA22-11985 del 29 de agosto de 2022 del Consejo
Superior de la Judicatura, fijó los lineamientos sobre la expedición de la tarjeta
profesional de abogados y señaló que mientras se desarrollan las fases para la

3
Corte Constitucional. T 373 de 2015. Magistrada Gloria Stella Ortiz.
4
Corte Constitucional. Sala Plena. C-201/19. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; C-138/19. M.P. Alejandro
Linares Cantillo; C-594/19. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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Expediente No. 11001-03-15-000-2024-05282-00
Accionante: Edith Natalia Aguirre Bedoya
Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

implementación del Examen de Estado, los destinatarios de la Ley 1905 de 2018,
podrían solicitar, sin acreditar el certificado de aprobación del examen, su
inscripción en el Registro Nacional de Abogados y la expedición de la tarjeta
profesional de abogado, que tendría una vigencia provisional hasta que se
publicaran los resultados de la primera prueba. Esta disposición fue replicada en el
artículo 11 transitorio del Acuerdo PCSJA24-12162 del 9 de abril de 2024.

El 30 de agosto de 2024, la URNA expidió la Resolución No. URNAR24-158,
mediante la cual se da cumplimiento a la condición prevista en el artículo 11 del
Acuerdo PCSJA24-12162 de 2024, consistente en la suspensión de la vigencia de
las tarjetas profesionales que contenían la anotación provisional. Lo anterior, porque
el 30 de agosto de 2024 se publicaron los resultados del examen. Acto que la
accionante considera le vulnera los derechos fundamentales invocados.

El artículo 138 del CPACA dispone que toda persona que se crea lesionada en un
derecho subjetivo amparado en una norma jurídica podrá pedir que se declare la
nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le reestablezca
el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. A su vez, los artículos
229 y siguientes del mismo precepto disponen la procedencia y requisitos de las
medidas cautelares frente a los actos administrativos, con el fin de suspender de
manera provisional los efectos de los actos.

La Sala advierte que la solicitante tiene a disposición el trámite previsto por el
artículo 138 del CPACA para controvertir la legalidad del acto que suspendió la
vigencia de las tarjetas profesionales que contenían la anotación provisional y puede
solicitar como medida cautelar la suspensión de ese acto. En consecuencia, la
solicitud no cumple con el requisito de subsidiariedad porque existe otro medio de
defensa judicial que debe ser agotado por la accionante antes de la interposición de
la solicitud de tutela.

Además, la accionante, ante la suspensión de la vigencia de su tarjeta profesional,
interpuso directamente la acción de tutela, en lugar de formular peticiones
particulares a la entidad para lograr su cometido como primera medida.

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Expediente No. 11001-03-15-000-2024-05282-00
Accionante: Edith Natalia Aguirre Bedoya
Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

En efecto, la naturaleza subsidiaria de la acción de tutela impone a la parte actora
la obligación de desplegar todo su actuar dirigido a poner en marcha los medios de
defensa ofrecidos dentro del ordenamiento jurídico para la protección de las
garantías fundamentales que estima vulnerados. Así las cosas, para acudir al
recurso de amparo, la parte accionante debe actuar con suma diligencia en tales
procedimientos, pero también, que la falta injustificada de agotamiento de los
recursos ordinarios o extraordinarios a que haya lugar deviene por completo en la
improcedencia del mecanismo tuitivo establecido en el artículo 86 Superior5.

Estos hechos dan cuenta del incumplimiento del requisito de subsidiariedad, como
requisito general de procedibilidad de la acción de tutela. Asimismo, no se advierte
un perjuicio irremediable como para desvirtuar la idoneidad del medio de control,
especialmente, de las medidas cautelares y la suspensión provisional, que resultan
procedentes en el presente asunto.

Cabe señalar que la Corte Constitucional en sentencia SU-128 de 2024, se
pronunció acerca de las facultades del Consejo Superior de la Judicatura, según la
cual la autoridad se extralimitó en sus competencias al expedir las tarjetas
profesionales con carácter provisional. El órgano constitucional de cierre señaló
que:

En cuanto a lo primero, la Corte considera que la expedición de una tarjeta
profesional con carácter provisional terminó estableciendo una nueva categoría de
tarjeta que, aunque habilita para ejercer la representación de las personas en
cualquier trámite que requiera de abogado, acredita su idoneidad profesional de
manera temporal y supeditada a la condición de aprobar el Examen de Estado. Para
la Sala, esta actuación del C. S. de la J. implicó una extralimitación en sus
competencias constitucionales y legales, pues el establecimiento de una tarjeta
profesional con las características mencionadas -y, a la postre, de un tipo de
‘abogados provisionales’- está reservado al Legislador, tal como se expuso en las
consideraciones de esta providencia.

En efecto, dicha competencia no está prevista en los artículos 256 y 257 de la
Constitución que establecen las atribuciones y funciones del C. S. de la J. Asimismo,
el numeral 20 del artículo 85 de la Ley 270 de 1996 se refiere a la competencia de
dicha entidad para expedir la tarjeta profesional, ‘previa verificación de los requisitos
señalados por la ley’. Por su parte, el Decreto 196 de 1971, que fue expedido en
uso de facultades extraordinarias, consagra dos categorías adicionales a la tarjeta
profesional, la licencia provisional y la licencia temporal, pero, como se explicó en
las consideraciones de este fallo, ambas categorías se refieren a supuestos muy
diferentes a los previstos por el C. S. de la J. para la expedición de las tarjetas
profesionales provisionales. Esto implica que el mencionado decreto tampoco

5
Corte Constitucional, Sentencia SU-037 de 2009 [fundamento jurídico 5.1]

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Expediente No. 11001-03-15-000-2024-05282-00
Accionante: Edith Natalia Aguirre Bedoya
Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

habilita al C. S. de la J. para la expedición de una tarjeta provisional como la
consagrada en el Acuerdo de 2022 y, posteriormente, en el Acuerdo PCSJA24-
12162 del 9 de abril de 2024. Sumado a ello, la Ley 1905 de 2018, de relevancia
directa en este caso, no incluyó en ninguno de sus artículos la posibilidad de expedir
una tarjeta profesional provisional, justamente porque el Legislador no contempló la
circunstancia de que el Examen de Estado no se implementara a tiempo.

Por último, respecto a la solicitud que se ordene la expedición de la tarjeta
profesional definitiva en lugar de la provisional, y así exonerar a la accionante del
examen de idoneidad, dadas sus «circunstancias especiales» y por haberse
graduado antes de la primera aplicación del examen.

Sobre ello, se observa que la autoridad llamada a verificar el cumplimiento de
requisitos para expedir la tarjeta profesional definitiva es la Unidad de Registro
Nacional de Abogados y no, como lo pretende la accionante, el juez de tutela. Dicha
entidad es la llamada a verificar el cumplimiento de los requisitos para la expedición
de la tarjeta profesional de abogado, incluyendo la aprobación del examen al que
se refiere la Ley 1905 de 2018, por lo que la solicitud debe hacerse ante la URNA,
previo a acudir a la acción de tutela. Al no haber solicitado dicho trámite ante dicha
autoridad, se observa un nuevo incumplimiento del requisito de subsidiariedad
respecto de esta solicitud.

Como los hechos y argumentos que fundan la vulneración de derechos
fundamentales no fueron objeto de debate ante la autoridad competente, la tutela
no cumple el requisito de subsidiariedad, por lo que es improcedente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de tutela de Edith Natalia Aguirre
Bedoya contra el Consejo Superior de la Judicatura-Unidad Registro Nacional de
Abogados-URNA.

SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

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Expediente No. 11001-03-15-000-2024-05282-00
Accionante: Edith Natalia Aguirre Bedoya
Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES WILLIAM BARRERA MUÑOZ

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