Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-05286-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-05286-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-05286-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
6 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., seis (06) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05286-01
Accionante: Industria de Licores Global SAS LICORSA
Accionados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial.
Decisión: Se revoca la sentencia de primera instancia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
I. ASUNTO
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide las
impugnaciones interpuestas por el Departamento del Huila y por el magistrado
José Roberto Sáchica Méndez en su condición de integrante de la Subsección A
de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en contra de la sentencia proferida
el 7 de noviembre de 2024 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por
medio de la cual se ordenó dejar sin efectos el fallo dictado el 17 de junio de 2024
al interior del proceso de controversias contractuales identificado bajo el radicado
41001-23-31-000-2012-00155-01 (65.750), como consecuencia de la acción de
tutela interpuesta por la sociedad Industria de Licores Global SAS LICORSA.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
El departamento del Huila y la sociedad Industria de Licores Global SAS
LICORSA suscribieron el contrato de concesión 001 de 1998 cuyo objeto fue «la
producción y venta de licores destilados anisados de los que es titular, en régimen
de monopolio el Departamento del Huila», con un plazo de ejecución de 10 años.
El plazo de ejecución fue prorrogado en varias oportunidades; culminó el 30 de
septiembre de 2009 y el contrato fue liquidado de forma unilateral el 29 de
diciembre de 2009.
Inconforme con la decisión, Licorsa presentó recurso de reposición, el cual fue
resuelto de forma negativa a través de la Resolución 119 del 26 de marzo de
2010, notificada el 20 de abril siguiente.
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Acción de Tutela
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El 30 de marzo de 2012 Licorsa radicó demanda de controversias contractuales
con el fin de que (i) se declarara la nulidad de la resolución que liquidó
unilateralmente el contrato, (ii) se estableciera el incumplimiento de lo estipulado
en este por parte de la entidad, y (iii) para que se procediera a su liquidación
judicial.
El 31 de octubre de 2019, el Tribunal Administrativo de Arauca declaró la
caducidad de la acción al considerar que la facultad de liquidar el negocio jurídico
no suspendía el inicio de su cómputo, pues la liquidación, ya sea bilateral o
unilateral, no puede revivir el plazo para demandar porque dejaría en manos de
las partes cuándo opera dicho fenómeno procesal.
Al respecto el tribunal resaltó que «[e]l plazo contractual vencía inicialmente el 30
de abril de 2008 y fue prorrogado hasta el 30 de septiembre de 2009 a través de
actas suscritas por las partes; comoquiera que no se logró tal liquidación, al día
siguiente empezaron a correr los dos meses para la liquidación unilateral, es
decir, hasta el 1 de diciembre de 2009; así que el término para el ejercicio de la
acción de controversias contractuales se extendió hasta el 2 de diciembre de
2011». No obstante, con ocasión de la radicación de la solicitud de conciliación
el término se extendió hasta el 14 de marzo de 2012, pero como la demanda fue
radicada el 30 de marzo de 2012, concluyó que fue presentada de forma
extemporánea.
Contra la anterior decisión el extremo desfavorecido interpuso recurso de
apelación, oportunidad en la que indicó que la fecha de notificación o ejecutoria
del acto de liquidación es la que define el término de caducidad.
El 17 de junio de 2024, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado confirmó lo decidido por el a quo, pero estableció que el plazo máximo
para demandar fue hasta el 3 de marzo de 2012.
Para sustentar su decisión el ad quem hizo alusión al contenido normativo
contenido en el Decreto Ley 222 de 1983, Decreto 01 de 1984, Ley 80 de 1993,
Ley 446 de 1998 y Ley 640 de 2001.
La providencia de segunda instancia fue notificada por edicto desfijado el 3 de
julio de 2024 y la acción de tutela de la referencia radicada el 1. ° de octubre de
2024.
2.2. Fundamento jurídico
La sociedad INDUSTRIA DE LICORES GLOBAL SAS LICORSA consideró que
en la sentencia del 18 de septiembre de 2024 se incurrió en las siguientes
causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial:
Desconocimiento del precedente: se desconoció lo resuelto en el auto de
unificación del 1 de agosto de 2019, proferido dentro del expediente con radicado
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05001-23-33-000-2018-00342 (62009), del que se desprende que la acción de
controversias contractuales caduca en el término de dos años contados a partir
de la firmeza del acto que contiene la liquidación. Al respecto se señaló que si
bien el auto revisó un caso en el que se estudió una liquidación bilateral,
considera que la tesis es aplicable incluso para la liquidación unilateral porque no
existe ninguna justificación para un tratamiento diferente.
A lo anterior agregó que lo relevante para el cómputo de la caducidad es la fecha
en que se expide el acto jurídico que contiene la liquidación del contrato, pues
esto genera un hito para contabilizar el plazo, lo que permitía considerar que la
demanda de la referencia fue presentada de forma oportuna.
Violación directa de la Constitución: según la acción de tutela la Subsección
A del Consejo de Estado confundió el plazo de liquidación del contrato, que es
perentorio, con el de la caducidad de la acción contractual que es preclusivo,
fusionándolos en un solo término.
Defecto sustantivo: la parte accionante señaló que se desconoció el literal d,
del numeral 10, del artículo 136 del Decreto 01 de 1984, modificado por la Ley
446 de 1998, pues en este expresamente se determinó que en los contratos que
requieran de liquidación y esta se efectúe de forma unilateral, se debe presentar
la demanda a más tardar dentro de los dos años contados a partir de la ejecutoria
del acto que la apruebe.
2.3. Pretensiones
Con fundamento en lo anterior, solicitó:
«2.1. DECLARAR que la sentencia de 17 de junio de 2024 de la Subsección
A Sección Tercera del Consejo de Estado proferida en el proceso de
controversias contractuales promovido por LICORSA contra el departamento
del Huila, rad. 41001-23-31-000-2012-00155-01, violó los derechos
fundamentales del debido proceso y el acceso material a la administración de
justicia de LICORSA.
2.2. CONCEDER el amparo de tutela y DEJAR sin efectos la sentencia de 17
de junio de 2024 de la Subsección A Sección Tercera del Consejo de Estado
proferida en el proceso de controversias contractuales promovido por
LICORSA contra el departamento del Huila, rad. 41001- 23-31-000-2012-
00155-01.
2.3. En consecuencia, ORDENAR a la Subsección A de la Sección Tercera
del Consejo de Estado o a otra autoridad judicial, si la Sección Tercera se
mostrara renuente a acatar la orden de tutela, que, para RESTABLECER los
derechos fundamentales violados, DICTE una nueva sentencia en el proceso
de controversias contractuales promovido por LICORSA contra el
departamento del Huila, rad. 41001-23-31-000-2012-00155-01, sentencia de
fondo en la que se aplique la tesis que permite contar la caducidad de la
acción a partir del día siguiente de la notificación del acto unilateral de
liquidación definitivo del contrato estatal o, en todo caso, “a más tardar dentro
de los 2 años contados desde la ejecutoria del acto que la apruebe” tal y como
lo establecía el literal d) del numeral 10 del artículo 136 del Decreto Ley 01
de 1984 - CCA vigente para cuando se presentó la demanda». (Sic en toda
la cita).
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2.4. Intervenciones
La acción de tutela fue admitida mediante auto del 3 de octubre de 2024, a través
del cual se ordenó notificar a la Sección Tercera Subsección A del Consejo de
Estado como accionada y al Departamento del Huila y al Tribunal de Arauca
como terceros interesados en el resultado del proceso.
2.4.1. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A por intermedio
del magistrado sustanciador, manifestó que no se cumplió con el requisito de la
relevancia constitucional, pues la jurisprudencia que se aduce desconocida
unificó las reglas relativas a la caducidad en contratos liquidados de forma
bilateral, de manera que los reproches planteados corresponden exclusivamente
a una inconformidad del actor con la postura adoptada por el juez natural, asunto
que escapa al ámbito del mecanismo constitucional promovido.
2.4.2. El Tribunal Administrativo de Arauca, pidió negar o en su defecto
declarar improcedente la tutela, puesto que la cuestión planteada no tiene
evidente relevancia constitucional
2.4.3. El departamento del Huila también requirió declarar improcedente, o de
manera subsidiaria negar, comoquiera que no se acreditó el requisito de
relevancia constitucional y porque los efectos de la providencia de unificación que
se cita como desatendida no le son aplicables.
2.5. La providencia impugnada
La Sección Quinta del Consejo de Estado, por medio de la sentencia del 7 de
noviembre de 2024 acogió las pretensiones de la acción de tutela y le ordenó a
la Sección Tercera Subsección A que, en el término de treinta días contados a
partir de la notificación de la providencia procediera a dictar fallo de reemplazo,
con fundamento en los siguientes argumentos:
En el auto de unificación del 1 de agosto de 2019 se estableció que para efectos
del cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias
contractuales el término empieza a contar desde el día siguiente al de la firma del
acta o de la ejecutoria del acto de liquidación del contrato.
Al respecto precisó que si bien es cierto que en el auto de unificación se
establecieron los parámetros en los casos en los que se profiera una liquidación
bilateral, las consideraciones se extienden tanto a los casos de liquidación
bilateral como unilateral.
Por tal razón, señaló que en virtud de los principios pro hominem, pro actione, y,
pro damnato se debe extender esta forma de interpretación a los casos de
liquidación unilateral extemporánea, lo que es coherente con la regla contenida
en el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo que prescribe que hay lugar a la caducidad si transcurren 2 años
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desde los cuatro meses siguientes a la fecha de terminación del contrato y esta
no se ha realizado.
En ese sentido afirmó que no se puede pasar por alto que esta Corporación ha
determinado que en materia contractual y extracontractual solo se debe aplicar
el término de caducidad cuando el operador judicial encuentre que no hubo
liquidación contractual alguna.
2.6. Los escritos de impugnación
2.6.1. El departamento del Huila solicitó que se revoque la sentencia del 7 de
noviembre de 2024 toda vez que el precedente contenido en la providencia
de unificación del 1 de agosto de 2019 no es vinculante en cuanto se
pronunció acerca de la interpretación del literal j, del numeral 2 del artículo
164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, en un caso en el que existía un acta de liquidación bilateral
del contrato, por lo que el supuesto de hecho difiere del que fue decidido
por la Sección Tercera del Consejo de Estado en la providencia del 17 de
junio de 2024, en el que se trató de una liquidación unilateral, y se trató de
un caso de una liquidación extemporánea frente a lo cual no se dijo nada
en la providencia que se invocó como desconocida.
2.6.2. El magistrado ponente de la decisión objeto de la acción de tutela solicitó
que se revoque la sentencia proferida el 7 de noviembre de 2024 por las
siguientes razones:
a. En primer lugar, señaló que la providencia que se aduce como
desconocida no constituye precedente vinculante porque tiene unos
supuestos de hecho distintos del caso objeto de decisión, y al respecto
puso de presente que en el auto de 1 de agosto de 2019 expresamente
se señaló que escapaba a la misma la definición de la situación de la
expedición de la liquidación unilateral.
b. A continuación, sostuvo que se vulneraron los principios de cosa
juzgada y de seguridad jurídica al obrar como juez de instancia, con lo
que se vulneró el principio de independencia judicial.
c. Además, argumentó que el fallo sustituyó al juez natural al unificar por
vía de la tutela un asunto que la Corporación expresó no unificar.
d. Por último, consideró que el asunto carece de relevancia
constitucional.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.
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3.2. Cuestión Previa
El 23 de enero de 2024, el consejero Jorge Iván Duque Gutiérrez manifestó
encontrarse incurso en la causal de impedimento consagrada en el numeral 5.º
del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, que reza:
“5. Que exista amistad íntima o enemistad grave entre alguna de las partes,
denunciante, víctima o perjudicado y el funcionario judicial»,
Esto, por cuanto sostiene una amistad íntima de muchos años con la magistrada
María Adriana Marín, quien participó en la decisión objeto de cuestionamiento.
En este orden de ideas, la Sala de Subsección declarará fundado el impedimento
para conocer del presente asunto, en consideración a que la afirmación señalada
por el consejero Jorge Iván Duque Gutiérrez se ajusta al presupuesto fijado en el
dispositivo mencionado.
3.3. Problema jurídico
De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
determinar si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección C, incurrió en el defecto sustantivo en la expedición de la sentencia
del 18 de septiembre de 2024 dentro de la acción de controversias contractuales
que se tramitó bajo el radicado 41001-23-31-000-2012-00155-01 (65.750).
3.4. Procedencia de la acción de tutela
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los decretos 2591 de 1991, 306 de 1992
y 1382 de 2000. Fue creada para proteger los derechos constitucionales
fundamentales de las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados
por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente
señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de
otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede
afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a
operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción
a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia,
es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional
cuando desborda los límites que la Carta le impone.
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Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone
el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección
de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe
dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida
las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso. De
ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar
el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e
independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.
Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por
lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son:
(i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de
quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación
fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias
de tutela.
3.4.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la
jurisprudencia, que habilitan su interposición.
3.4.1.1. En efecto, esta Sala considera que tanto los hechos como los derechos
presuntamente vulnerados se encuentran plenamente individualizados.
3.4.1.2. Por lo anterior, la Subsección advierte que la providencia objeto de tutela
carece de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo
constitucional.
3.4.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional
se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más
de 6 meses desde que se profirió la providencia objeto de cuestionamiento.
3.4.1.4. El asunto a resolver cumple con el requisito de relevancia constitucional,
en la medida que existe una carga argumentativa suficiente para considerar que
pudo existir una vulneración de derechos fundamentales y que el debate no se
centra exclusivamente en la interpretación legal de una norma.
Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.
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Para el efecto y para seguir el orden metodológico usado en la sentencia de
primera instancia se analizarán conjuntamente las causales específicas de
procedibilidad de desconocimiento del precedente y de violación directa de la
Constitución Política, para posteriormente, en caso de que sea pertinente,
analizar la configuración de un defecto sustantivo.
3.5. El desconocimiento del precedente como causal de procedibilidad de
la acción de tutela contra providencias judiciales
Respecto de los requisitos específicos de procedibilidad, corresponde determinar
si en el caso concreto se configuró un desconocimiento del precedente
vinculante.
En relación con el precedente y su carácter vinculante es necesario indicar que
a pesar de que dicha característica sea más propia del Common Law, inclusive
desde finales del siglo XIX se pretendió buscar cierta uniformidad en la
jurisprudencia y por ello, en el artículo 4 de la Ley 169 de 1896 se consagró la
regla de la doctrina probable.
La Corte Constitucional, al efectuar el estudio de exequibilidad respecto del tal
disposición1, precisó que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 230 superior,
los jueces solo están sometidos al imperio de la ley y por tanto no están obligados
a fallar en la misma forma como lo han hecho en casos anteriores, siempre y
cuando, «expongan clara y razonadamente los fundamentos jurídicos que
justifican su decisión». Por tal razón, el mismo Tribunal Constitucional consideró
en la Sentencia C-590 de 2005, que el desconocimiento injustificado del
precedente judicial por parte del juez, constituye una causal especial de
procedibilidad de la acción de tutela.
Respecto del precedente vertical2, la jurisprudencia constitucional ha sido
enfática en sostener que la autonomía del juez se encuentra limitada por el
respeto hacia las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía y, en
especial, por los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones. A esta
conclusión ha llegado en consideración a: 1) el principio de igualdad, que es
vinculante para todas las autoridades, e incluso, para algunos particulares que
exige, que supuestos fácticos iguales se resuelvan de la misma manera y por
consiguiente, con la misma consecuencia jurídica; 2) el principio de cosa juzgada,
que otorga a los destinatarios de las decisiones jurídicas, seguridad jurídica y
previsibilidad de la interpretación, pues si bien es cierto, el derecho no es una
ciencia exacta, sí debe existir certeza razonable sobre la decisión; 3) la
autonomía judicial, que no puede desconocer la naturaleza reglada de la decisión
judicial, pues sólo la interpretación armónica de esos dos conceptos garantiza la
eficacia del Estado de Derecho; 4) los principios de buena fe y confianza legítima,
que imponen a la Administración un grado de seguridad y consistencia en las
decisiones, pues existen expectativas legítimas con protección jurídica; y 5) por
1 Sentencia C-836 de 9 de agosto de 2001, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
2 Sentencia T-468 de 5 de junio de 2003, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
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razones de racionalidad del sistema jurídico, porque es necesario un mínimo de
coherencia a su interior3.
Así, el precedente judicial vinculante está constituido por aquellas
consideraciones jurídicas que están cierta y directamente dirigidas a resolver el
asunto fáctico sometido a consideración del juez, es decir, está ligado a la ratio
decidendi o razón central de la decisión anterior, la que al mismo tiempo, surge
de los presupuestos fácticos relevantes de cada caso4. De esta forma, la Corte
Constitucional recordó que la ratio decidendi «i) corresponde a la regla que aplica
el juez en el caso concreto, ii) se determina a través del problema jurídico que
analiza en relación con los hechos del caso concreto y iii) al ser una regla debe
ser seguida en todos los casos que se subsuman en la hipótesis prevista en ella».
Ahora bien, a pesar de la marcada importancia de la regla de vinculación a la
ratio decidendi y el respeto por el precedente, la jurisprudencia constitucional ha
reiterado que tal entendimiento no puede ser absoluto, pues no se trata de
petrificar la interpretación judicial ni de convertir el criterio de autoridad en
el único posible para resolver un asunto concreto. Se trata simplemente de
armonizar y salvaguardar los principios constitucionales que subyacen a la
defensa del precedente. Por consiguiente, si el juez en su sentencia justifica
de manera suficiente y razonable el cambio de criterio respecto de la línea
jurisprudencial que ha seguido en casos sustancialmente idénticos,
quedan salvadas las exigencias de la igualdad y de la independencia
judicial; por tanto no podrá reprocharse a la sentencia arbitrariedad ni
inadvertencia y el juez no habrá efectuado entre los justiciables ningún
género de discriminación5.
Sin pretender sistematizar todas las situaciones que pueden dar lugar a que un
juez unitario o colegiado se aparte del precedente judicial, es posible indicar que
un cambio en la jurisprudencia puede provenir de una modificación del
ordenamiento jurídico, o de una drástica transformación de las condiciones
sociales en las que se adoptaron aquellas decisiones, haciendo incoherente una
interpretación del derecho frente al contexto social actual.
De igual manera, puede un juez apartarse del precedente cuando el caso juzgado
encuentra serias diferencias que justifican un tratamiento diverso a la situación
objeto de estudio. En tales situaciones el juez está relevado de obedecer a las
decisiones judiciales previas, aunque en cualquier caso debe cumplir una carga
de transparencia, identificando los precedentes relevantes; de suficiencia, dando
a conocer las razones que en su concepto justifican el cambio de dirección
decisional y precisando por qué esa modificación lleva a una mejor interpretación
del orden jurídico y, además de ello, reporta mayores beneficios que el detrimento
3 Sentencia C-447 de 18 de septiembre de 1997: magistrado ponente: Alejandro Martínez
Caballero.
4 Sentencia T-049 de 1 de febrero de 2007: magistrado ponente: Clara Inés Vargas Hernández.
5 Sentencia T-123 de 21 de marzo de 1995, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
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en la seguridad jurídica y la igualdad que se derivará de la desobediencia al
precedente6.
En otros términos, solo los cambios de jurisprudencia no justificados o no
advertidos de manera franca serán pasibles de control de manera
excepcional por parte del juez de tutela, en tanto que constituyen
manifestaciones de arbitrariedad por parte del Juez que dejan irrealizadas
la igualdad de quienes se encuentran en idénticas circunstancias frente a
la Ley.
3.6. La violación directa de la Constitución como causal de procedibilidad
de tutela contra providencia judicial.
En relación con esta causal específica de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial, la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente:
«[...] Un defecto por violación directa de la Constitución se configura, entre
otros eventos, cuando el juez ordinario toma una decisión que desconoce
específicamente los postulados de la Carta Política, en perjuicio de los
derechos fundamentales de los ciudadanos. En otras palabras, dicho
defecto se produce cuando se deja de aplicar una disposición
constitucional en un caso concreto; cuando la decisión judicial se apoya en
una interpretación claramente contraria a la Constitución; o cuando el juez
se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una
violación manifiesta de los postulados superiores, siempre que se solicite
su declaración por alguna de las partes en el proceso.
Las providencias que incurren en este tipo de defecto no sólo vulneran el
derecho al debido proceso de las partes involucradas en el trámite, sino
que también desconocen la supremacía de la Constitución Política en el
ordenamiento jurídico (art, 4º. CP), por cuanto se apartan de sus mandatos
con base en argumentos infraconstitucionales. A este respecto, cabe
señalar que “el actual modelo de ordenamiento constitucional reconoce
valor normativo a los preceptos superiores, de modo tal que contienen
mandatos y previsiones de aplicación directa por las distintas autoridades
y, en determinados eventos, por los particulares. Por ende, resulta
plenamente factible que una decisión judicial pueda cuestionarse a través
de la acción de tutela cuando desconoce o aplica indebida e
irrazonablemente tales postulados»7.
3.7. Análisis de la posible configuración de las causales de
desconocimiento del precedente y de la violación directa de la
Constitución Política
En la sentencia objeto de la presente acción de tutela se realizaron las siguientes
consideraciones:
6 En materia Contencioso Administrativa el reconocimiento del precedente como fuente
importante de estabilidad y de garantía del derecho a la igualdad lo constituye el mecanismo de
extensión de la jurisprudencia, consagrado en el artículo 102 del nuevo CPACA.; y, el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia, artículo 256 y siguientes ibídem.
7 Corte Constitucional, sentencia T – 587 del 21 de septiembre de 2017, magistrado ponente:
Alberto Rojas Ríos.
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«…El Decreto 01 de 1984 en su texto original, estableció en el inciso séptimo
del artículo 136 que las acciones “…relativas a contratos caducarán a los
dos (2) años de expedidos los actos u ocurridos los hechos que den lugar a
ella”, de modo que el término correría de forma individual para cada evento
que ocurriese en el marco del contrato. La jurisprudencia así lo explicó,
indicando que el término de caducidad de la acción contractual iniciaba a
partir de la expedición de un acto administrativo contractual (v.gr.
declaratoria de caducidad o terminación unilateral, modificación) o de la
ocurrencia del hecho causal específico del litigio (v.gr. incumplimiento del
convenio, surgimiento del imprevisto).
De forma posterior, la jurisprudencia del Consejo de Estado estimó que
resultaba necesario adoptar un criterio que permitiera establecer el cómputo
de la caducidad bajo una concepción integral de la relación contractual,
concluyendo que para ello resultaba más adecuado tomar como referente la
fecha de terminación del contrato si éste no requería de liquidación, o de la
suscripción de la liquidación, en caso contrario.
Explicó que los hechos que dieran origen a las controversias contractuales
no podían ser valorados separadamente y había que distinguir entre
aquellos contratos que requerían ser liquidados, y los que no, explicitando
que en los primeros la caducidad de la acción iniciaba su cómputo desde la
suscripción del acta bilateral, la ejecutoria del acto administrativo de
liquidación unilateral o, de ser el caso, desde el vencimiento del plazo para
efectuarla, “…porque de lo contrario se caería en el error de iniciar un pleito
en contra de la entidad por el sin número de diferencias que puedan
sobrevenir en la ejecución del contrato”, y atendiendo a que “…en aquel
momento es posible determinar el estado de las obligaciones a cargo de
cada una de las partes”.
Luego, el art. 44 de la Ley 446 de 1998, que modificó el artículo 136 del
CCA, positivizó el criterio antes expuesto, y en relación con el conteo de la
caducidad de la acción contractual dispuso que el término sería de dos (2)
años contados a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de
hecho o de derecho que les sirvan de fundamento, y estableció reglas
especiales según si los contratos requerían o no de liquidación, para el inicio
de dicho cómputo, en los siguientes términos:
“b) En los que no requieran de liquidación, a más tardar dentro de los dos
(2) años siguientes, contados desde la terminación del contrato por cualquier
causa;
c) En los que requieran de liquidación y ésta sea efectuada de común
acuerdo por las partes, a más tardar dentro de los dos (2) años, contados
desde la firma del acta;
d) En los que requieran de liquidación y ésta sea efectuada unilateralmente
por la administración, a más tardar dentro de los dos (2) años, contados
desde la ejecutoria del acto que la apruebe. Si la administración no lo
liquidare durante los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo
convenido por las partes o, en su defecto del establecido por la ley, el
interesado podrá acudir a la jurisdicción para obtener la liquidación en
sede judicial a más tardar dentro de los dos (2) años siguientes al
incumplimiento de la obligación de liquidar...” (Se resalta).
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Atendiendo la norma transcrita, para aquellos negocios jurídicos que debían
ser liquidados la caducidad de la acción contractual iniciaba a correr
transcurridos dos (2) años desde: (i) la liquidación bilateral o unilateral en el
término establecido convencional o legalmente; o (ii) vencido el término para
que la entidad realizara la liquidación unilateral, es decir, a partir del
incumplimiento de dicha obligación. Ello imponía distinguir entre el término
con el que la entidad contaba para liquidar el contrato, asociado a su
competencia temporal, y el fenómeno procesal de la caducidad para
demandar en oportunidad.
Sobre el plazo con que contaban las partes para concurrir a la liquidación
del contrato, se recuerda que el Decreto Ley 222 de 1983 no precisó el
tiempo dentro del cual debía agotarse la etapa de liquidación del contrato, y
fue la jurisprudencia de esta Corporación la que suplió tal vacío al precisar
que la liquidación del contrato por mutuo acuerdo debía realizarse dentro de
un término plausible o razonable de cuatro (4) meses contado a partir del
vencimiento del contrato, momento a partir del cual la entidad contratante
debía proceder con la liquidación unilateral, añadiendo, posteriormente, que
la Administración tenía competencia para liquidar el contrato en forma
unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo de
la liquidación bilateral, término que tomó de la figura del silencio
administrativo, sin que en todo caso, ello afectara el cómputo de la
caducidad de la acción.
Con posterioridad, tal y como ocurrió con el término de caducidad de la
acción contractual, el legislador adhirió a los lineamientos antes indicados
pero ahora en relación con los términos que debían observar las partes para
la liquidación del contrato, de forma que la Ley 80 de 1993 acogió como
fórmula para suplir la voluntad de las partes en la materia, el término de
cuatro (4) meses para la liquidación bilateral y, dado que el artículo 61 ídem
al establecer la competencia de la Administración para liquidar
unilateralmente los contratos no definió un término específico, se acogió el
período sucesivo de dos (2) meses para esta fase unilateral, de cara a la
integración normativa efectuada con la Ley 446 de 1998.
Conforme a lo anterior, esta Corporación puntualizó que si el plazo
legalmente previsto para efectuar la liquidación concluye sin que ésta se
hubiere realizado, irremediablemente el término de caducidad ya habría
empezado a correr y, por ende, ninguna incidencia podía tener en el término
de caducidad una liquidación posterior. Sostener lo contrario sería tanto
como admitir que el término de caducidad quedara al arbitrio de alguna de
las partes.
Y expuso que de no ser así se llegaría a la “extraña e ilegal” situación de
existir un término de caducidad superior al previsto en la ley en virtud de la
decisión de alguna de las partes –según el marco legal entonces vigente–.
Entendimiento que conduciría a que el término de caducidad no fuese de
dos (2) años contados a partir del momento en que vencieron los términos
legales para liquidar el contrato, sino que superaría los treinta meses o más,
todo por decisión de quien o quienes liquidaron el contrato por fuera de los
términos legalmente previstos para ello.
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Caso concreto
En el contrato de concesión 001 de 1997 se pactó un plazo de ejecución de
10 años, contados desde el 1 de enero de 1998 al 31 de diciembre de 2007
luego de lo cual, se sumaban cuatro (4) meses para intentar concertar una
liquidación bilateral, que transcurrieron entre el 1 de enero de 2008 al 1 de
mayo siguiente. Este plazo se prorrogó de común acuerdo en diversas
oportunidades, hasta su última fecha de vencimiento el 30 de septiembre de
2009.
Vencido este plazo, el Departamento del Huila tenía dos (2) meses para
liquidar unilateralmente el contrato de concesión, los cuales se cumplieron
el 1 de diciembre de 2009, sin que ello se hubiera efectuado; de manera que
los dos (2) años de caducidad de la acción de controversias contractuales
iniciaron a correr el 2 de diciembre de 2009 y fenecerían, en principio, el
2 de diciembre de 2011.
Fue hasta el 28 de diciembre de 2009 que el Departamento del Huila profirió
la Resolución 723, por medio de la cual liquidó unilateralmente el contrato,
acto administrativo que fue notificado el 22 de enero de 2010. Inicialmente
Licorsa presentó solicitud de conciliación extrajudicial el 30 de diciembre de
2009, antes de que le fuera notificada la Resolución 723, de modo que la
Sala coincide con el Tribunal en que esa solicitud no sea tenida en cuenta
para el cómputo del término de caducidad, pues el objeto de este proceso
resultó diverso con ocasión de la expedición de tales actos –seguidamente
la Sala hará mención sobre la solicitud de conciliación que atañe al objeto
de la presente causa–. De suerte que el término de caducidad aún
avanzaba, sin suspensiones, desde el 2 de diciembre de 2009.
Licorsa presentó recurso de reposición contra la referida Resolución 723 de
2009, el cual fue resuelto de forma desfavorable por el ente territorial
mediante Resolución 119 del 26 de marzo de 2010, notificada
personalmente el 20 de abril siguiente. El 4 de mayo de 2010, Licorsa
presentó solicitud de conciliación extrajudicial en la que incluyó las referidas
resoluciones, actuación que la Sala tendrá en cuenta para el cómputo del
término de caducidad.
En este punto, valga mencionar que la Sección Tercera ha precisado que la
solicitud de conciliación extrajudicial debe ser congruente con el objeto de la
demanda, sin que deba ser gramaticalmente literal el contenido de ambos
documentos, pues uno se soporta en una oferta para transar las diferencias
y otro se basa en la pretensión que se pide declarar en una sentencia.
Comoquiera que la solicitud de conciliación presentada el 4 de mayo de
2010 guarda correspondencia con las pretensiones de la demanda, al versar
sobre las resoluciones por las cuales el Departamento del Huila liquidó
unilateralmente el contrato de concesión, este trámite de conciliación es el
llamado a agotar el requisito de procedibilidad, y es el que se adecua al
precepto contenido en el art. 21 de la Ley 640 de 2001 que autoriza por una
sola vez la suspensión del término de caducidad con la presentación de la
solicitud de conciliación.
La radicación de esta solicitud suspendió el término de caducidad, a partir
de ese día, habiendo transcurrido para ese momento 5 meses y 2 días de
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los dos años previstos en la ley, así que restaba 1 año, 6 meses y 28 días
para presentar la respectiva demanda.
El 3 de agosto de 2010 se declaró fallida la conciliación entre las partes, por
lo que el 4 de agosto se reanudó el conteo del término faltante, el cual venció
el 3 de marzo de 2012, pero como ese día era sábado la caducidad se
configuró el lunes 5 de marzo. La demanda fue presentada el 30 de marzo
de 2012, es decir fuera del término para ello, siendo obligatorio declarar en
el presente asunto la ocurrencia del fenómeno de la caducidad.
Conforme a la normatividad aplicable al sub-lite, el hecho de que la
Administración hubiese expedido los referidos actos administrativos
después de vencido el plazo legal para liquidar unilateralmente el contrato
no tenía la virtualidad de modificar o ampliar el término de caducidad, pues
el legislador no lo estableció así, ni la expedición de tal acto es causal de
interrupción o suspensión de este término que, como se precisó, es de orden
público e inmodificable.
La Sala distingue, solo a manera de ilustración, que la anterior hipótesis
difiere de aquella que ocurre en los eventos en que el acto administrativo
fuese proferido al vencimiento del término de caducidad de la acción
contractual –después de los dos años fijados por la ley– (hipótesis que
incluye aquellos actos que, aun habiendo sido expedidos dentro de aquel
lapso, su notificación y firmeza se hubiese cobrado por fuera de ese
término). En estos casos, como ya no estaría disponible la acción
contractual, el mecanismo de nulidad y restablecimiento corresponde al
dispositivo in natura para hacer control judicial a la expedición de actos
administrativos contractuales vestidos de tal atemporalidad, como ya tuvo
oportunidad de precisar esta Subsección; situación que no ocurre en este
caso, en el cual avanzaba el término de caducidad de controversias
contractuales, ya analizado» (negrillas originales).
Una vez establecida la argumentación a la que recurrió la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, es preciso establecer tanto los
supuestos de hecho, como los aspectos a unificar de la providencia del 1 de
agosto de 2019. En la referida providencia se señaló:
«En los casos en que la liquidación del contrato se haya producido después
del vencimiento del término convencional y/o legalmente dispuesto para el
efecto, pero dentro de los dos años siguientes a este vencimiento, ¿el conteo
del término de caducidad del medio de control de controversias
contractuales debe operar a partir de la suscripción de la liquidación efectiva
de aquel?
(…)
En esta oportunidad, la Sala Plena de Sección Tercera unificará su postura
en relación con el término de caducidad del medio de control de
controversias contractuales de contratos que han sido liquidados de manera
extemporánea, y lo hará para resolver una controversia originada en la
inconformidad que manifiesta el contratista frente al contenido del acta de
liquidación que fue suscrita por ambas partes después del vencimiento del
término convencional o legal supletorio que tenían las partes para que esa
operación se realizada de forma concertada (de 4 meses), y de la
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finalización del término que tenía la administración para liquidarlo
unilateralmente (de 2 meses), pero dentro de los dos años posteriores al
vencimiento de este último.
Escapa a esta unificación, la definición del término de caducidad
cuando la liquidación del contrato se produce por fuera, no solo de los
términos fijados para la liquidación por las partes de mutuo acuerdo,
sino de los establecidos para la expedición del acto de liquidación
unilateral, e incluso luego de los dos años siguientes a la terminación de
este último, por cuanto los supuestos del caso sub-lite no dan lugar a ello»8.
Al analizar tanto la sentencia objeto de reproche como la providencia objeto de
unificación la Sala advierte que, contrario a lo decidido por la Sección Quinta del
Consejo de Estado, el fallo presuntamente desconocido no guarda identidad
fáctica.
Por otra parte, es pertinente poner de presente que la normativa procesal bajo la
que se adoptó la decisión de unificación difiere de aquella bajo la cual se instauró
la demanda de controversias contractuales. En ese sentido, nuevamente se
recurre a la providencia del 1 de agosto de 2019 en la que se expuso:
«2.4.4.2.- Como a la fecha, la Sala cuenta con fuentes formales de rango
legal para el estudio del problema, hará una breve referencia a sus
principales elementos:
En el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 (en adelante, artículo 11),
particularmente en su inciso tercero, se señala lo siguiente:
ARTÍCULO 11. DEL PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DE LOS
CONTRATOS. La liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo
dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o
dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término,
la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la
expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la
expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha
del acuerdo que la disponga.
En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa
notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a
un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en
forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 136 del C. C. A.
Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la
liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de
los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren
los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio
de lo previsto en el artículo 136 del C. C. A.
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto de unificación
del 1 de agosto de 2019, expediente: 62.009, magistrado ponente: Jaime Enrique Rodríguez
Navas.
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Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por
mutuo acuerdo, y en este evento la liquidación unilateral solo procederá en
relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo.”
Como pudo apreciarse, este precepto legal permite que la liquidación
bilateral se acuerde después del vencimiento del término pactado en el
contrato o previsto en los documentos antepuestos, o, del término supletorio
que para la concertación de la liquidación establece la ley, e incluso,
después de haber pasado los dos meses subsiguientes a dicho vencimiento
sin que la administración lo hubiera liquidado unilateralmente, bajo condición
de que el acuerdo liquidatorio se logre dentro del lapso de dos años
contados a partir del vencimiento del término legalmente conocido para la
liquidación unilateral, pues ese es el lapso que el ordenamiento ha fijado
para el ejercicio oportuno de la acción. Salta a la vista, así, que el legislador,
además de proseguir con la tendencia de incorporar a la norma escrita los
lapsos judicialmente definidos para la liquidación del contrato estatal
(cuando esta fuere necesaria) y para el ejercicio oportuno del medio de
control de controversias contractuales, al expedir la Ley 1150 de 2007,
acogió otro criterio tomado en consideración en la jurisprudencia de la
Sección: que los períodos de liquidación bilateral y unilateral del contrato
estatal no son perentorios habida cuenta de la importancia de esta labor en
la gestión contractual.
Por otra parte, conviene advertir que, cuando el precepto señala que la
liquidación bilateral o unilateral del contrato puede practicarse dentro del
bienio que trascurre luego del vencimiento de los dos (2) meses indicados
por el inciso segundo, “sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 136 del
C.C.A.”, dicha remisión no conduce exactamente a ese artículo que hoy en
día está derogado, sino al artículo 164 del CPACA, actualmente vigente y
de idéntico contenido normativo, y precisamente en el literal j del numeral 2º
de dicha disposición normativa (en adelante, literal j). Es este se observa lo
siguiente:
“ARTÍCULO 164. OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA DEMANDA. La
demanda deberá ser presentada:
[…] 2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:
[…] j) En las relativas a contratos el término para demandar será de dos (2)
años que se contarán a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos
de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento.
Cuando se pretenda la nulidad absoluta o relativa del contrato, el término
para demandar será de dos (2) años que se empezarán a contar desde el
día siguiente al de su perfeccionamiento. En todo caso, podrá demandarse
la nulidad absoluta del contrato mientras este se encuentre vigente.
En los siguientes contratos, el término de dos (2) años se contará así:
i) En los de ejecución instantánea desde el día siguiente a cuando se
cumplió o debió cumplirse el objeto del contrato;
ii) En los que no requieran de liquidación, desde el día siguiente al de la
terminación del contrato por cualquier causa;
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iii) En los que requieran de liquidación y esta sea efectuada de común
acuerdo por las partes, desde el día siguiente al de la firma del acta;
iv) En los que requieran de liquidación y esta sea efectuada unilateralmente
por la administración, desde el día siguiente al de la ejecutoria del acto
administrativo que la apruebe;
v) En los que requieran de liquidación y esta no se logre por mutuo acuerdo
o no se practique por la administración unilateralmente, una vez cumplido el
término de dos (2) meses contados a partir del vencimiento del plazo
convenido para hacerlo bilateralmente o, en su defecto, del término de los
cuatro (4) meses siguientes a la terminación del contrato o la expedición del
acto que lo ordene o del acuerdo que la disponga;
k) Cuando se pretenda la ejecución con títulos derivados del contrato, de
decisiones judiciales proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo en cualquier materia y de laudos arbitrales contractuales
estatales, el término para solicitar su ejecución será de cinco (5) años
contados a partir de la exigibilidad de la obligación en ellos contenida;
l) Cuando se pretenda repetir para recuperar lo pagado como consecuencia
de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto, el
término será de dos (2) años, contados a partir del día siguiente de la fecha
del pago, o, a más tardar desde el vencimiento del plazo con que cuenta la
administración para el pago de condenas de conformidad con lo previsto en
este Código.”
El literal j establece, a modo de premisa general aplicable a todas las
hipótesis allí contempladas, que el medio de control contencioso
administrativo de controversias contractuales deberá incoarse dentro de los
dos (2) años contados “a partir del día siguiente a la ocurrencia de los
motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento”; regla
conservada desde la legislación anterior (Ley 446 de 1998) y que, con
importantes precisiones, mantiene el término de la redacción original del
CCA y de su modificación inmediatamente posterior, el Decreto-Ley 2304 de
1989.
En este orden, el término de caducidad del medio de control de controversias
contractuales diferentes a las que versan sobre pretensiones de nulidad
absoluta o relativa del contrato, ejecutiva y de repetición, ha sido definido en
función del tipo de contrato, así: (i) una regla, para los contratos de ejecución
instantánea (ap. i); (ii) otra, para los que ⎯de acuerdo con la ley del
contrato⎯ no requieren liquidación (ap. ii) y; (iii) otra más, para los que, por
el contrario, sí la requieren. Dentro de este último grupo se configuran, a su
vez, tres supuestos de hecho diferentes, dependiendo de si: (a) se suscribió
acta de liquidación bilateral o de mutuo acuerdo (ap. iii); (b) se expidió un
acto administrativo de liquidación unilateral (ap. iv); o (c) no se efectuó
ninguno de los anteriores tipos de liquidación contractual (ap. v)».
Como se puede apreciar, la decisión se fundamentó en la interpretación de la
normativa que rige los procesos de controversias contractuales iniciados con
posterioridad a la expedición de la Ley 1437 de 2011, por lo que no es posible
válidamente afirmar que se desconoció el precedente, puesto que la controversia
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que juzgó el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, en la sentencia
del 17 de junio de 2024, tiene unos supuestos fácticos y jurídicos distintos a los
de la providencia de unificación.
Cabe agregar que la decisión objeto de tutela fue proferida por el órgano de cierre
y es el llamado a establecer las reglas sobre la unificación en la materia, y
expresamente se determinó que los casos de unificación unilateral escapaban de
las reglas fijadas en el pronunciamiento del 1 de agosto de 2019.
Si bien es cierto que los argumentos planteados por la Sección Quinta en el fallo
de primera instancia de la presente acción de tutela son razonables, también lo
es que este no es el escenario para realizar un estudio como juez de instancia,
en especial cuando la decisión cuestionada fue adoptada por el juez natural de
la causa, que es a su vez el órgano de cierre en la materia.
Ahora bien, en relación con el cargo de violación directa de la Constitución
Política, se observa que tampoco se materializó porque no se trató de una
interpretación manifiestamente contraria a la Carta Política, y no estaban dados
los supuestos de hecho para aplicar una excepción de inconstitucionalidad de la
regla de la caducidad prevista en el artículo 136 del Decreto 01 de 1984.
Por tal razón se revocará la decisión de amparar los derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia porque el precedente
invocado tiene unos supuestos de hecho diferentes a los analizados en el caso
concreto; porque no existe una providencia en la que se haya unificado la
interpretación de la norma en la situación objeto de controversia; porque
adicionalmente se trata de un pronunciamiento del órgano de cierre y porque no
existió una violación directa de la Constitución Política.
En ese orden de ideas, se procederá a analizar el cargo de defecto sustantivo.
3.8. El defecto sustantivo como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial
La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha delimitado el campo de
aplicación de la violación al debido proceso por defecto sustantivo en los
siguientes términos:
«Cuando en una providencia se desconocen las normas que son
evidentemente aplicables al caso, cuando se realiza una interpretación
de la normatividad (sic) que contraría los postulados mínimos de la
razonabilidad jurídica y cuando omite la aplicación de una regla definida
por una sentencia con efecto erga omnes. En suma, el defecto sustantivo
se configura cuando la interpretación y aplicación de la normatividad al
caso concreto resulta contraria a los criterios mínimos de juridicidad y
razonabilidad que orientan al sistema jurídico»9.
9Corte Constitucional, sentencia T-1143 de 28 de noviembre de 2003, magistrado ponente:
Eduardo Montealegre Lynett.
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En este sentido, dicha corporación ha identificado una serie de eventos en los
cuales se configura el defecto sustantivo como causal genérica de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales:
«El defecto sustantivo como una circunstancia que determina cierta
carencia de juridicidad de las providencias judiciales, aparece, como ya
se mencionó, cuando la autoridad judicial respectiva desconoce las
normas de rango legal o infralegal aplicables en un caso determinado, ya
sea por su absoluta inadvertencia, por su aplicación indebida, por error
grave en su interpretación o por el desconocimiento del alcance de las
sentencias judiciales con efectos erga omnes cuyos precedentes se
ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada.
En otras palabras, una providencia judicial adolece de un defecto
sustantivo:
(i) Cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no
tenida en cuenta por el fallador.
(ii) Cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución
le reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es
inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente
(interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses
legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada), y,
finalmente.
(iii) Cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes
tanto de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo
rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva”.
Frente a la configuración de este defecto, puede concluirse que si bien
es cierto que los jueces dentro de la esfera de sus competencias cuentan
con autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar las
normas jurídicas, dicha facultad no es en ningún caso absoluta. Por
tratarse de una atribución reglada, emanada de la función pública de
administrar justicia, la misma se encuentra limitada por el orden jurídico
preestablecido y, principalmente, por los valores, principios, derechos y
garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho».
«Ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación que el defecto
sustantivo que convierte en vía de hecho una sentencia judicial, opera
cuando la decisión que toma el juez desborda el marco de acción que la
Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una norma
evidentemente inaplicable al caso concreto, bien sea, por ejemplo (i)
porque ha sido derogada y ya no produce ningún efecto en el
ordenamiento jurídico, (ii) porque ella es claramente inconstitucional y el
funcionario se abstuvo de aplicar la excepción de inconstitucionalidad, (iii)
porque su aplicación al caso concreto es inconstitucional, (iv) porque ha
sido declarada inexequible por la propia Corte Constitucional o, (v)
porque, a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecúa a la
circunstancia fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada, por
ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados
por el legislador»10.
10 Corte Constitucional, sentencia T – 581 de 27 de julio de 2011, magistrado ponente: Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub.
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Acción de Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05286-01
Accionante: Industria de Licores Global SAS LICORSA S.A.S.
Tal como se desprende de los apartes transcritos, hay lugar a declarar que se
presentó un defecto sustantivo cuando la autoridad judicial desconoció las
normas que son aplicables al caso bien sea por realizar una interpretación que
contraría los postulados mínimos de razonabilidad jurídica, o porque se
desconoció la normativa aplicable o porque omitió tener en cuenta la ratio
decidendi de una sentencia con efectos erga omnes.
3.9. Análisis del cargo de defecto sustantivo
Al analizar los argumentos expuestos en la providencia del 17 de junio de 2024
para confirmar la decisión de declarar la caducidad de la acción, se advierte que
se fundamentaron en el texto del artículo 44 de la Ley 446 de 1998, vigente para
el momento de presentación de la demanda, pues expresamente se señaló que
la liquidación unilateral del contrato se presentó por fuera del término de dos años
establecido para llevar a cabo dicho acto.
No se puede considerar que la anterior interpretación sea caprichosa o arbitraria,
pues simplemente se basó en la lectura gramatical de la disposición que regía la
caducidad de la acción, durante la vigencia del Decreto 01 de 1984.
En ese sentido, resulta razonable considerar que el fenómeno de la caducidad
opera en aquellos casos en los que han transcurrido más de dos años desde el
vencimiento del término de ejecución sin que se hubiera procedido a liquidar el
contrato, por lo que la interpretación adoptada no vulnera los derechos
fundamentales de la parte accionante.
Cabe recordar que el máximo órgano constitucional ha expresado que la tutela
contra providencias judiciales no es un juicio de corrección sino de validez del
fallo cuestionado. Por ende, la intervención del juez constitucional solo se justifica
si se verifica la existencia de «una actuación ostensiblemente arbitraria e ilegítima
de la autoridad judicial, violatoria de las garantías básicas del derecho al debido
proceso»11, lo que no sucede en el caso concreto.
Por tal razón, dado que tampoco se configuró la causal de defecto sustantivo se
negarán las pretensiones.
En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Revocar la sentencia del 7 de noviembre de 2024, proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, proferida dentro de la acción de tutela
instaurada por la sociedad Industria de Licores Global SAS LICORSA S.C.A. en
contra de la Subsección A, de la Sección Tercera del Consejo de Estado
11
Cfr. Sentencias T-555 de 2009, T-016 de 2019 y T- 410 de 2022, entre otras.
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Acción de Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05286-01
Accionante: Industria de Licores Global SAS LICORSA S.A.S.
Segundo: Negar las pretensiones de la acción de tutela.
Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
Tercero: Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Con impedimento fundado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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