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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-05293-01

Fecha
4 de febrero de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-05293-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 14 de noviembre de 2024 por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que declaró improcedente la solicitud de amparo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-05293-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

4 de febrero de 2025

Radicación: 11001-03-15-000-2024-05293-01
Accionante: Segundo Lilio Fúquene Hurtado
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., cuatro (04) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05293-01
Accionante: Segundo Lilio Fúquene Hurtado
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: proceso ejecutivo. Subtema 2:
inmediatez.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de impugnación interpuesto por el señor Segundo Lilio Fúquene Hurtado
contra la sentencia del 14 de noviembre de 2024, proferida por la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Segundo Lilio Fúquene Hurtado interpuso solicitud de amparo de sus
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia
y del principio de seguridad jurídica, que consideró vulnerados por la Subsección B de
la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca con ocasión de la
providencia judicial que esta autoridad profirió el 15 de diciembre de 2023, dentro del
expediente con radicado núm. 11001-33-36-033-2015-00371-00/01/02, por medio de
la cual declaró la nulidad de todo lo actuado en el proceso ejecutivo.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela y demás elementos aportados por las partes en el
trámite constitucional, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

2. El accionante promovió una demanda de reparación directa contra el Instituto de
Seguros Sociales (ISS) en Liquidación y la Administradora Colombiana de Pensiones,
con la pretensión de que se les declarara como responsables de los daños materiales
causados por falla en el servicio y, en consecuencia, se les condenara a pagar los
perjuicios ocasionados.

1

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-05293-01
Accionante: Segundo Lilio Fúquene Hurtado
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera

3. El asunto correspondió conocerlo, bajo radicado núm. 11001-33-31-033-2010-
00190-00, al Juzgado Treinta y Tres Administrativo de Bogotá; autoridad que,
mediante sentencia del 21 de febrero de 2012, accedió a las pretensiones de la acción
de reparación directa.

4. En virtud de lo anterior, el señor Segundo Fúquene Hurtado presentó demanda
ejecutiva para el cobro de la mencionada sentencia, que le correspondió al Juzgado
Treinta y Tres Administrativo de Bogotá que, mediante auto del 18 de noviembre de
2015, libró mandamiento de pago. En dicho escenario, en la audiencia inicial, se
ordenó continuar con la ejecución.

5. La parte ejecutada interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión. En
segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en providencia del 27
de septiembre de 2017, la confirmó.

6. Acto seguido, el Instituto de Seguros Sociales en Liquidación presentó incidente
de nulidad por vulneración al debido proceso por «la supresión y la liquidación del
ISS», que en primera instancia fue negado mediante providencia del 21 de agosto de
2020. Contra esta decisión se interpusieron los recursos de reposición y, en subsidio,
apelación; sin embargo, la autoridad judicial no repuso el auto que negó la solicitud de
nulidad y concedió el de apelación con efecto devolutivo mediante auto del 2 de
octubre de 2020.

7. Posteriormente, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al conocer el recurso
de apelación, en providencia del 15 de diciembre de 2023 revocó la providencia
cuestionada y declaró la nulidad de todas las actuaciones realizadas en el proceso
ejecutivo, ya que:

previo a iniciar el proceso ejecutivo, la parte ejecutante debió remitir la solicitud de pago
al agente liquidador o el juez de instancia en el proceso ejecutivo tuvo que remitir el
expediente al PAR I.S.S. Liquidado dado que, esta jurisdicción no tenía competencia para
conocer del asunto, por la razón de encontrase liquidado [e]l ISS1

8. Igualmente, ordenó remitir el expediente al Ministerio de Salud y Protección Social
para que procediera con el cobro de la obligación.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

9. La parte actora solicitó en el escrito de tutela lo siguiente:

PRIMERA: Se garantice mis derechos fundamentales al debido proceso,
administración de justicia, seguridad jurídica y preclusión y en consecuencia se deje
sin efecto la providencia del pasado 15 de diciembre de 2023 proferida por el Tribunal
administrativo de Cundinamarca
SEGUNDO Como consecuencia de lo anterior se ordene al Tribunal accionado decidir
el recurso de apelación interpuesta por mi apoderado en contra de la decisión proferida

1 Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-05293-00, índice 9, 4431EE541520C0D6 C7FB4E22FFA8B597
D8432886D67FCD1E 540B5121CEC499B3.

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por el Juzgado 33 que negó una medida cautelar en contra de la demandada
FIDUAGRARIA SA como vocera del patrimonio autónomo PARISS[2]3.

10. Como fundamento de sus pretensiones, la parte actora manifestó que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca incurrió en los defectos procedimental absoluto y
violación directa de la Constitución, ya que denegó el acceso a la administración de
justicia al declarar de forma tardía una nulidad. Agregó que lleva más de doce años
intentando que se ejecute la condena, y que la parte accionada desconoció su propio
fallo, en el cual estableció que el patrimonio autónomo es responsable del pago de las
obligaciones conforme lo dispone el artículo 19 de la Ley 1105 de 2006.

11. El señor Fúquene Hurtado indicó que se incurrió en violación directa de la
Constitución, ya que la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca violó su
derecho fundamental al debido proceso, en la medida en que revivió, por fuera de los
términos establecidos por la ley, una nulidad que había sido resuelta por el a quo.

2.3. Trámite procesal

12. La tutela correspondió a la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado que, a través del despacho ponente, profirió auto el 4 de octubre de 2024 4, en
el que admitió la solicitud de tutela; vinculó al Juzgado Treinta y Tres Administrativo de
Bogotá, a la Administradora Colombiana de Pensiones, al Instituto de Seguros
Sociales en Liquidación y a la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A.;
requirió se aportara el expediente del proceso ejecutivo con radicado núm. 11001-33-
36-033-2015-00371-02/03; y ordenó las notificaciones de rigor.

2.4. Intervenciones

13. El Juzgado Treinta y Tres Administrativo de Bogotá5 pidió que se niegue el
amparo constitucional, ya que no incurrió en los defectos alegados por la parte actora;
relató las actuaciones llevadas en primera instancia; afirmó que no vulneró los
derechos del accionante; y, por último, indicó que la tutela no es el mecanismo idóneo
para obtener lo pretendido.

14. La Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca6 solicitó que se declare improcedente el amparo, puesto que lo
pretendido por la parte actora es controvertir argumentos jurídicos y fácticos expuestos
en segunda instancia dentro del proceso ordinario. Agregó que existen diversos
pronunciamientos y normativa que remiten los procesos ejecutivos contra entidades
públicas al proceso de liquidación. Por último, manifestó que no se cumplió con el
requisito de inmediatez al presentarse la acción de tutela en un término superior a seis
meses.

2 Patrimonio Autónomo de Remanentes del Instituto de Seguro Social.
3 Se transcribe incluso con errores del texto.
4 Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-05293-00, índice 4, 24B921CD1DFA02E4 1745F569263F9F40
4D26856D32245B4C 96E453CDCE76FDFF.
5 Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-05293-00, índice 8, 19AA1546D3853CA7 1E656E6BF50BC260
CDCB545C8BB6065A 3B05004F7B247F81.
6 Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-05293-00, índice 9, 13F87DCE36D06886 239F9D57C85E98E2
FD429360CFD3951A 0D97B18514625BCC.

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15. La Administradora Colombiana de Pensiones, (Colpensiones)7, requirió que
se nieguen las pretensiones y se declare improcedente la acción, al no incurrir en
ningún defecto la providencia atacada; destacó los recursos judiciales dentro del
proceso ordinario y afirmó que la tutela contra providencia no puede convertirse en una
tercera instancia.

16. Fiduagraria S.A., como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo de
Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidación, (P.A.R. I.S.S)8,
pidió que se declare improcedente la acción constitucional y ser desvinculada del
proceso, pues no vulneró los derechos fundamentales de la parte actora. Afirmó que
no puede proceder al pago inmediato del tutelante, pues se deben cancelar, en primera
medida, la totalidad de acreencias afectadas a la masa concursal, es decir, aquellas
que fueron dadas a conocer al agente liquidador del ISS mediante la respectiva
reclamación.

2.5. Sentencia de primera instancia

17. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia del
14 de noviembre de 20249, declaró improcedente la solicitud de amparo con el
argumento de que el asunto no cumplió con el requisito general de inmediatez, toda
vez que se presentó en un plazo superior a los seis (6) meses establecidos por la
jurisprudencia de esta corporación.

18. De esta manera, precisó que la providencia cuestionada por el tutelante fue
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 15 de diciembre de 2023;
la cual se notificó a las partes el 18 de enero de 2024 y cobró ejecutoria el 26 de enero
siguiente. Posteriormente, se radicó la tutela el 1 de octubre de 2024, es decir, por
fuera de un término prudencial para ejercer la solicitud de amparo.

19. Adicionalmente, manifestó que el accionante no acreditó la existencia de alguna
situación excepcional que le haya impedido acudir oportunamente a la tutela, razón
por la cual no había lugar a flexibilizar la exigencia del requisito de la inmediatez.

2.6. Impugnación

20. La parte actora presentó recurso de impugnación10 en contra de la sentencia de la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en el que manifestó que
en el auto cuestionado también se dio la orden de remitir el respectivo expediente al
Ministerio de Salud y Protección Social, y este no se pronunció sobre dicha orden, por
lo cual radicó diferentes solicitudes ante el citado ministerio sin obtener respuesta.

21. Indicó que, en consecuencia, interpuso acción de tutela en la que pidió que se
resolvieran esas peticiones, y que obtuvo una decisión favorable a sus pretensiones.

7 Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-05293-00, índice 9, certificado 13F87DCE36D06886 239F9D57C85E98E2

FD429360CFD3951A 0D97B18514625BCC.
8 Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-05293-00, índice 11, certificado 5D433D05CC225EB846879BBDB866DD43

17D7AA8A97596A2F 7B61509415EE0273.
9 Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-05293-00, índice 16, certificado 945F5194D4967DA5C1A7AE77E97B7831

D86E80EA17B4DE38 6528533EC7F45FBB.
10 Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-05293-00, índice 20, certificado 885E0BA01EA546BE C3F371219E62B98F

EA888F660D2A2A1E 8D9FF7124A445EDA.

4

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-05293-01
Accionante: Segundo Lilio Fúquene Hurtado
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera

En cumplimiento de la orden de amparo, el Ministerio emitió respuesta del 20 de agosto
de 2024, en la cual expuso «que no realizaría el pago respecto del cobro
correspondiente tal y como lo ordenó el Tribunal y que lo procedente era remisión “al
P.A.R. I.S.S. de los expedientes que le sean asignados».

22. Por lo anterior, el accionante afirmó que solo hasta el 11 de septiembre de 2024,
fecha en la que quedó ejecutoriado el fallo de tutela que amparó su derecho de
petición, debe contarse el término de inmediatez.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

23. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala tiene competencia para conocer, en
segunda instancia, el recurso de impugnación interpuesto en contra de la sentencia
del 14 de noviembre de 2024 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado.

3.2. Legitimación en la causa

24. La legitimación en la causa por activa del señor Segundo Lilio Fúquene se
encuentra acreditada, por cuanto actuó como parte ejecutante en el proceso en el que
fue expedida la providencia que, a su juicio, desconoció sus derechos fundamentales.

25. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca porque fue la autoridad que profirió la providencia
objeto de estudio.

3.3. Problema jurídico

26. Corresponde a la Sala determinar si debe revocar, confirmar o modificar la
sentencia de primera instancia del 14 de noviembre de 2024, proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que declaró
improcedente la solicitud de amparo presentada por el señor Segundo Lilio Fúquene
Hurtado. En particular, deberá establecer si la acción de tutela superó el requisito
general de inmediatez. En caso afirmativo, se continuará con el estudio de los demás
requisitos de procedibilidad y, si a ello hay lugar, se emitirá una decisión de fondo.

3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

27. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado11 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela contra providencia judicial procede de manera
excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura de
evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este mecanismo
constitucional12.

11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente

n.º 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
12 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.

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28.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:

(i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional.
(ii) Que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa
judicial.
(iii) Que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado.
(iv) Que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte
un derecho fundamental.
(v) Que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración.
(vi) Que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

29. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen incompatible
una providencia judicial con los mandatos constitucionales11 y, por tanto, constituyen
fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En otras palabras, estos
requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan la integridad de la
decisión judicial y que justifican la intervención del juez constitucional para la
salvaguarda de los derechos fundamentales.

30. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere
que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos: i) orgánico; ii)
procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la
autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente
constitucional; o viii) violación directa de la Constitución13.

3.4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

3.4.1.1. Requisito de inmediatez

31. El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela se puede
presentar en cualquier momento y lugar, pues su finalidad es la protección inmediata
de los derechos fundamentales. También es cierto que se debe ejercer dentro de un
plazo razonable, según las condiciones de tiempo, modo y lugar del caso concreto,
para asegurar la protección oportuna del derecho vulnerado. De lo contrario, la
urgencia y la necesidad de intervención del juez de tutela quedarían desvirtuadas.

32. Por otra parte, cuando la solicitud de tutela se presenta en contra de una
providencia judicial, el requisito de inmediatez también se traduce en una garantía de
seguridad jurídica y de los intereses de terceros, pues la sentencia que se cuestiona
previamente ha definido un litigio y una situación jurídica en particular.

33.Al respecto, se debe precisar que la Sala Plena del Consejo de Estado 14 explicó
que el término de inmediatez cobra mayor relevancia cuando la solicitud de amparo se
13 Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sentencia de 5 de agosto de 2014, radicado

No. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

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dirige a cuestionar providencias judiciales, toda vez que se encuentran en juego los
principios de cosa juzgada y de seguridad jurídica.

34. Por lo anterior, esta corporación, como regla general, consideró que, para que el
ejercicio de la acción de tutela se efectuara en un plazo razonable, se debía presentar
dentro de los seis meses siguientes a la notificación o ejecutoria de la providencia
reprochada.

35.En el asunto bajo estudio, el señor Segundo Lilio Fúquene Hurtado pretende que
se deje sin efectos la providencia del 15 de diciembre de 2023 proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
dentro del proceso ejecutivo con radicado núm. 11001-33-36-033-2015-00371-02.

36. Pues bien, al examinar el referido expediente en el Sistema de Gestión Judicial,
Samai, se observa que la decisión objeto de tutela se notificó a las partes e
intervinientes, por estado, el 18 de enero de 202415.

37. Visto lo anterior, resulta evidente que el auto del 15 de diciembre de 2023 fue
puesto en conocimiento del señor Segundo Lilio Fúquene Hurtado el 18 de enero de
2024 y cobró ejecutoria el 25 de enero de 2024; sin embargo, el escrito de tutela fue
presentado por el tutelante hasta el 1 de octubre de 202416.

38. Lo dicho da cuenta de que, entre la ejecutoria de la providencia que, según el
accionante, vulneró sus derechos, y la interposición de la acción de tutela,
transcurrieron 8 meses y 3 días. De manera que, en este caso, se superó el plazo
razonable para acudir ante el juez constitucional.

39. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha precisado que el requisito de
inmediatez se supera cuando «[…] la demanda de tutela se hubiere presentado en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que generó la presunta
vulneración»17 [negrilla fuera del texto original]. En el caso concreto, claramente fue
el auto del 15 de diciembre de 2023, proferido por la Subsección B de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el proceso ejecutivo con
radicado núm. 11001-33-36-033-2015-00371-02.

40. En todo caso, la Sala pone de presente que la parte actora, en el escrito de tutela
e impugnación, únicamente manifestó que la inmediatez se cumplía porque «presente
derechos de petición ante el Ministerio de salud y PARISS para tener claridad sobre el
paso a seguir»18.

41. En dichos escritos solicitó información sobre el pago de las acreencias del extinto
Instituto de Seguros Sociales, los cuales no fueron resueltos, razón por la que
interpuso una acción de tutela que amparó sus derechos fundamentales mediante
sentencia del «veintinueve (29) de agosto de 2024», por lo cual consideró que solo a
partir de la ejecutoria de la anterior decisión, esto es, el 11 de septiembre de 2024,
debió contarse el plazo de los 6 meses.
15 Samai, exp. 11001-33-36-033-2015-00371-02, índice 11.
16 Samai, exp. 11001-33-36-033-2015-00371-02, índice 2.
17 Corte Constitucional, sentencia SU-055 de 2018.
18 Se transcribe incluso con errores del texto.

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42.El anterior argumento no resulta suficiente para flexibilizar el requisito de
inmediatez, toda vez que la sentencia del 29 de agosto de 2024 no es la providencia
que se atacó y la que se estudia en este trámite constitucional.

IV. CONCLUSIÓN

43. Por las razones expuestas, la Sala confirmará la sentencia del 14 de noviembre
de 2024, proferida en primera instancia por la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado que declaró improcedente la solicitud de amparo, por no
superar el requisito de inmediatez.

V. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 14 de noviembre de 2024 por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que declaró
improcedente la solicitud de amparo, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.

AC/SEJV

8

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