Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05297-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05297-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-05297-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
6 de diciembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA ESPECIAL DE DECISIÓN DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA N.º 21
Consejero Ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves (E)
Bogotá, D.C., seis (6) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 11001 03 15 000 2024 05297 00 (N.I. 8565)
Pérdida de investidura
Accionante: Santiago García Builes
Accionado: Jaime Raúl Salamanca Torres
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA
__________________________________________________________________
Decide la Sala la solicitud formulada por el señor Santiago García Builes con el fin de
que se decrete la pérdida de investidura del representante a la Cámara Jaime Raúl
Salamanca Torres.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud de pérdida de investidura
1.1.1. La causal de pérdida de investidura
En ejercicio de la acción contemplada en los artículos 183 y 184 de la Constitución
Política y 1.º de la Ley 1881 de 2018, el ciudadano Santiago García Builes, en nombre
propio, solicita la pérdida de investidura del representante a la Cámara Jaime Raúl
Salamanca Torres, pues considera que en su condición de congresista incurrió en la
causal prevista en el numeral 1.º del artículo 183 ejusdem, en armonía con el artículo
286 de la Ley 5ª de 1992, consistente en la «violación del régimen de conflicto de
intereses».
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación: 11001 03 15 000 2024 05297 00 (N.I. 8565)
Demandante: Santiago García Builes
1.1.2. Hechos
Los hechos que fundamentan la solicitud de pérdida de investidura son, en síntesis, los
siguientes:
i) El señor Jaime Raúl Salamanca Torres fue elegido representante a la Cámara por el
departamento de Boyacá, para el periodo constitucional 2022-2026, por el Partido
Alianza Verde.
ii) Durante el año 2023, el mencionado partido recibió aportes económicos de diversas
empresas privadas, algunas de las cuales podrían verse beneficiadas o perjudicadas
con la aprobación o rechazo del Proyecto de Ley 166 de 2023 (reforma laboral), que
actualmente se encuentra en discusión en la Cámara de Representantes. Dichos
aportes fueron destinados a diversas actividades de fortalecimiento del partido,
incluidas algunas de apoyo técnico a las bancadas legislativas y para la divulgación de
sus programas y propuestas políticas.
iii) De acuerdo con el portal web de Cuentas Claras, el Partido destinó,
aproximadamente, $ 9.814.150 COP para proporcionar apoyo y asistencia técnica a sus
bancadas legislativas y para divulgación de sus programas y propuestas políticas.
iv) El representante a la Cámara Jaime Raúl Salamanca Torres, como miembro de la
bancada del Partido Alianza Verde, junto a su equipo de trabajo legislativo, se
beneficiaron directamente de dichos recursos, los cuales ayudaron a mejorar su
capacidad de influir en las discusiones y votaciones legislativas. Así, este provecho
compromete la imparcialidad del accionado, dado que fue financiado por empresas que
tienen un interés directo en el resultado de la votación del proyecto de ley antes
mencionado.
v) El Partido Alianza Verde destinó cerca de $ 1.213.700 COP para la divulgación de los
programas políticos del representante a la Cámara, lo cual hizo que este tuviera
visibilidad y apoyo en sus iniciativas legislativas, hecho que representa un interés
personal en la promoción de sus propuestas.
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Radicación: 11001 03 15 000 2024 05297 00 (N.I. 8565)
Demandante: Santiago García Builes
vi) El 10 de agosto de 2023, el Partido realizó una publicación en la red social X, sobre
una iniciativa legislativa que habría presentado el representante Jaime Raúl Salamanca
Torres. Además, existen más de cinco (5) publicaciones a través de las cuales se busca,
mediante redes sociales y la página oficial del Partido Alianza Verde, divulgar las
propuestas y programas del accionado, utilizando, se insiste, los dineros antes
mencionados.
vii) El 16 de septiembre de 2024, el representante a la Cámara radicó un impedimento
para participar en la discusión y votación del Proyecto de Ley 166 de 2023,
argumentando que tanto él como sus familiares podrían verse beneficiados o
perjudicados por dicho proyecto, en calidad de empleadores o trabajadores, y que su
partido había recibido aportes de empresas que podrían verse afectadas por la reforma
laboral, el cual fue negado.
viii) El congresista acusado no manifestó impedimento por la circunstancia que genera
el conflicto de intereses que es objeto de esta solicitud de pérdida de investidura, pese
a que, se insiste, los aportes provenientes de esas empresas fueron utilizados para
proporcionarle apoyo directo, esto es, para recibir asistencia técnica y divulgación de
sus programas y propuestas políticas en las redes sociales del partido.
ix) El 30 de septiembre de 2024, el ciudadano Santiago García Builes radicó una
recusación en contra de los miembros de la bancada del Partido Alianza Verde,
señalando que no se declararon impedidos en relación con el beneficio directo por los
aportes empresariales recibidos por el Partido.
x) Durante la sesión plenaria de la misma fecha, el presidente de la Cámara, Jaime
Raúl Salamanca Torres, habría decidido, de forma gravemente culposa, rechazar de
plano dicha recusación, sin haberla remitido a la Comisión de Ética y Estatuto del
Congresista, como lo exige la Ley 1828 de 2017.
xi) Posteriormente, otro ciudadano presentó una recusación por los mismos hechos
antes descritos, frente a la cual el accionado no habría efectuado pronunciamiento
alguno y, por el contrario, siguió presidiendo el debate y participando de las discusiones
del Proyecto de Ley 166 de 2023. No obstante, resulta extraño que esta última
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Radicación: 11001 03 15 000 2024 05297 00 (N.I. 8565)
Demandante: Santiago García Builes
recusación sí se remitió, de oficio, a la Comisión de Ética, con lo cual se pretendió
subsanar el error referido.
1.1.3. Fundamentos de derecho
Al desarrollar los fundamentos de derecho, el accionante expuso lo siguiente:
i) El representante a la Cámara incurrió en la causal de pérdida de investidura
establecida en el numeral 1.º del artículo 183 de la Constitución Política, en la medida
en que, si bien el 16 de septiembre de 2024 manifestó su impedimento para discutir el
Proyecto de Ley 166 de 2023, porque él y sus familiares podrían verse perjudicados o
beneficiados por tener la calidad de empleadores o trabajadores, cometió una conducta
gravemente culposa al omitir mencionar un conflicto de interés aún más directo y
particular, esto es, la financiación de empresas privadas que fue recibida por el Partido
Alianza Verde, que le generó un beneficio directo para él y su bancada, a través de la
asistencia técnica y divulgación de sus programas y propuestas políticas por medio de
redes sociales y la página Web del partido.
ii) Además, incumplió un deber legal al rechazar de plano la recusación presentada el
30 de septiembre de 2024, sin remitirla a la Comisión de Ética y Estatuto del
Congresista.
iii) Los beneficios a los que se hizo referencia son actuales y, además, no son de
carácter general, sino directos y específicos, aunado al hecho de que el congresista
tenía pleno conocimiento de ello.
iv) Al respecto, para que no se configurara la causal de pérdida de investidura, el
accionado tenía dos posibilidades: la primera, declarar el conflicto de interés, señalando
que el financiamiento no solo podía afectar a terceros (empresas), sino que él ya había
sido beneficiado directamente; y, segundo, haber remitido, de manera inmediata, la
recusación presentada en su contra, a la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista
de la Cámara de Representantes.
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Radicación: 11001 03 15 000 2024 05297 00 (N.I. 8565)
Demandante: Santiago García Builes
1.2. Trámite procesal
i) Por auto del 4 de octubre de 2024, se devolvió (inadmitió) la solicitud de
desinvestidura, para que el accionante a) allegara la acreditación de la calidad de
congresista y b) demostrara haber enviado la demanda y sus anexos a la parte
acusada.1 Dicha decisión fue notificada de manera electrónica, el 4 de octubre de
2024.2
ii) El 7 de octubre de 2024, el señor Santiago García Builes subsanó la solicitud de
pérdida de investidura.3
iii) Por autos del 25 de octubre de 2024, se admitió la solicitud de pérdida de investidura4
y se corrió traslado de la petición de medida cautelar,5 decisiones que fueron notificadas
de manera personal, por medios electrónicos, en igual fecha.6
iv) El 1.° de noviembre de 2024, el agente del Ministerio Público se pronunció sobre la
medida cautelar y expuso argumentos para negarla.7 En igual fecha, el congresista
acusado, a través de apoderada judicial, contestó la demanda y solicitó negar la medida
precautoria.8
v) El 7 de noviembre de 2024, el señor Santiago García Builes presentó un memorial a
través del cual a) se pronunció sobre los «nuevos hechos» y las excepciones de mérito
que planteó el congresista acusado, aportó y solicitó nuevas pruebas, con fundamento
en el artículo 175 (parágrafo 2) del CPACA, aspectos sobre los cuales pidió sentar
1 Índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso radicado N.º
11001031500020240529700.
2 Índice 8 ibidem.
3 Índice 9 ibidem.
4 Índice 12 ibidem.
5 Índice 13 ibidem.
6 Índices 20 y 21 ibidem.
7 Índice 23 ibidem.
8 Índices 24 y 25 ibidem.
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Demandante: Santiago García Builes
jurisprudencia, de manera subsidiaria, en caso de no aceptarse dicha actuación; y b)
solicitó impartir el trámite de sentencia anticipada.9
vi) Por autos del 12 de noviembre de 2024, el despacho a) interpretó el pronunciamiento
del accionante como reforma de la demanda, la cual admitió; b) corrió traslado al
congresista acusado, de la reforma de la demanda; c) decidió no tramitar la petición
encaminada a sentar jurisprudencia sobre la posibilidad de descorrer el traslado de las
excepciones en los procesos de pérdida de investidura, pues no se dio curso a ese
escenario; d) anunció que la determinación sobre la sentencia anticipada se adoptaría
en oportunidad posterior; e) reconoció personería adjetiva a la apoderada del
congresista acusado; y f) denegó la medida cautelar de suspensión provisional del
cargo de congresista.10 Tales decisiones se notificaron mediante anotaciones en estado
del 15 de noviembre de 2024.11
vii) El 20 de noviembre de 2024, el congresista acusado contestó la reforma de la
demanda.12
viii) Por auto del 25 de noviembre de 2024, el despacho a) tuvo por contestadas la
solicitud de desinvestidura y su reforma; b) decretó e incorporó, como pruebas, las
documentales allegadas por ambas partes procesales, en la solicitud de desinvestidura,
la subsanación, la reforma y las contestaciones; c) ordenó correr traslado de las
pruebas referidas, por el término de un (1) día contado desde la notificación por estado
de dicha providencia; d) denegó una prueba solicitada por el accionante en el escrito
de reforma, la cual iba encaminada a que se requiriera a la Secretaría General de la
Cámara de Representantes «la trazabilidad de la recusación presentada por el
ciudadano [Santiago José] Santa [Torres], esto con el fin de identificar una posible
conducta delito [sic] de fraude procesal y/o desvirtuar lo planteado por el demandado»,
ya que el interesado no cumplió con la carga de obtenerla mediante el ejercicio del
derecho de petición, conforme a los artículos 78 (numeral 10) y 173 del Código General
del Proceso; y e) convocó a los sujetos procesales a la audiencia pública de que tratan
9 Índice 27 ibidem.
10 Índices 29 y 30 ibidem.
11 Índices 35 y 37 ibidem.
12 Índices 39 y 40 ibidem.
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Demandante: Santiago García Builes
los artículos 11 y 12 de la Ley 1881 de 2018, para el jueves veintiocho (28) de
noviembre de dos mil veinticuatro (2024), a las tres y treinta minutos de la tarde (3:30
p. m.), de manera virtual.13
La anterior providencia fue notificada mediante anotación en estado del 26 de
noviembre de 2024.14
1.3. Contestación de la demanda
El representante a la Cámara, Jaime Raúl Salamanca Torres, a través de apoderada
judicial, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, y expuso como
argumentos de defensa los siguientes:15
i) La jurisprudencia del Consejo de Estado indica que, para que se configure un conflicto
de intereses, es menester que se cumplan ciertos requisitos, entre ellos la concurrencia
de un interés directo, particular y actual o inmediato en cabeza de quien es congresista
o su círculo cercano.
ii) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 286 de la Ley 5.ª de 1992, para que
se configure un conflicto de intereses el beneficio debe ser particular, actual y directo,
esto es, bien sea para el congresista o quienes se encuentran relacionados con él; que
la decisión debe redundar en provecho del servidor público en forma inmediata, sin
necesidad de que medien circunstancias o elementos externos; y que concurra para el
momento en que tuvo lugar la participación o votación del congresista, excluyendo
sucesos contingentes, futuros e imprevisibles.
iii) En este caso, el accionante aporta una publicación realizada por el Partido Alianza
Verde en la red social X, el 10 de agosto de 2023, en la que se divulgaba una iniciativa
13 Índice 42 ibidem.
14 Índice 45 ibidem.
15 Índice 24 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso radicado N.º
11001031500020240529700.
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Demandante: Santiago García Builes
del acusado, la cual, según el solicitante, «permitió que el representante Salamanca se
beneficiara directamente al recibir la visibilidad y apoyo en sus iniciativas legislativas,
lo que representa un interés personal en la promoción de sus propuestas».
iv) Teniendo en cuenta la jurisprudencia del Consejo de Estado, el beneficio o provecho
se debe materializar inmediatamente antes o después de la participación o votación del
congresista, y en este asunto el debate y votación del Proyecto de Ley 166 de 2023
transcurrieron entre las sesiones del 16 de septiembre y 17 de octubre de 2024, es
decir, que el beneficio no es actual o inmediato, siendo esta una de las razones para
que no se configure el conflicto de intereses, porque no se cumple con uno de los
requisitos establecidos en la norma.
v) Aunque el solicitante presentó más publicaciones y afirmó que existen más de cinco
(5), estos hechos no acreditan que los dineros provenientes de la financiación privada
beneficiaron de manera directa al representante a la Cámara.
vi) Frente a la supuesta visibilidad y apoyo de las iniciativas legislativas del congresista,
en la publicación allegada solamente se hace referencia al trámite del Proyecto de Ley
de Matrícula Cero, que no fue una iniciativa del representante a la Cámara Salamanca
Torres, sino que venía de la legislatura anterior a su elección como congresista, lo cual,
en consecuencia, no refleja beneficio alguno para el accionado.
vii) El solicitante señala, además, que los aportes recibidos por el Partido fueron
destinados, entre otras cosas, a actividades de apoyo técnico a las bancadas
legislativas y para la divulgación de sus programas y propuestas políticas; sin embargo,
no le asiste razón, debido a que dicho rubro no hace referencia a una asistencia técnica,
como tampoco que sea exclusiva para las bancadas legislativas, sino que tales
actividades recaen en todos los miembros de las corporaciones públicas que fueron
elegidos por el Partido Alianza Verde, que serían, aproximadamente, 1929 miembros,
siendo esta la razón para no calificar ese beneficio como particular, por no ser
específico ni personal.
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Demandante: Santiago García Builes
viii) El congresista sí presentó debidamente un impedimento sobre el posible conflicto
de interés que este podía tener y que, al ser negado, tenía el deber de participar en la
discusión y votación del proyecto de ley en mención.
ix) No es cierta la afirmación del accionante relacionada con que no se les dio el trámite
pertinente a las recusaciones presentadas en contra del representante a la Cámara
Salamanca Torres, toda vez que estas surtieron su respectivo trámite ante la Comisión
Legal de Ética y Estatuto del Congresista.
x) El juez de pérdida de investidura no tiene la competencia para decidir sobre la
legalidad del trámite que se le dio a las recusaciones presentadas en contra del
representante a la Cámara.
xi) Finalmente, propuso como excepción de mérito, la no configuración de los requisitos
para la estructuración de la causal de violación del régimen de conflicto de intereses.
1.3. Audiencia pública
El 28 de noviembre de 2024, se llevó a cabo la audiencia pública prevista en el artículo
12 de la Ley 1881 de 2018.
1.3.1. Intervenciones
1.3.1.1. Del accionante
i) En su intervención, planteó, en síntesis, que el representante a la Cámara incurrió en
la causal de pérdida de investidura consagrada en el numeral 1.º del artículo 183 de la
Constitución Política, al haber participado y votado en el debate del Proyecto de Ley
133 de 2006, pese a que empresas que hicieron aportes a su partido podrían tener
algún interés.
ii) Está acreditado que la divulgación de los programas del congresista fue financiada,
directamente, por dichas personas jurídicas, demostrándose así que el representante a
la Cámara tenía un beneficio directo y real.
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Radicación: 11001 03 15 000 2024 05297 00 (N.I. 8565)
Demandante: Santiago García Builes
iii) El accionado incurrió en mala fe, por considerar que una vez éste se dio cuenta que
no remitió a la Comisión Legal de Ética y Estatuto del Congresista de la Cámara de
Representantes, la recusación presentada por el señor García Builes después de ser
negada, amañadamente, se presentó otro documento con la misma solicitud y
argumentos, con el fin de remitir estas dos solicitudes a la dependencia competente y,
con ello, subsanar su error.
1.3.1.2. De la procuradora delegada
La procuradora delegada en su intervención, solicitó denegar la solicitud de pérdida de
investidura, con base en las siguientes razones:
i) No se configuró la caducidad de la acción de pérdida de investidura, toda vez que los
hechos que pudieron dar lugar a la causal establecida en el numeral 1.º del artículo 183
de la Carta Política, sucedieron, según el accionante, el 13 de septiembre de 2024 y la
solicitud fue presentada en octubre del mismo año.
ii) Contrario a lo manifestado por el señor Santiago García Builes, el representante a la
Cámara Jaime Raúl Salamanca Torres, dentro del trámite del Proyecto de Ley que hace
referencia a la reforma laboral, sí presentó un impedimento por considerar que él y su
familia podrían verse afectados o beneficiados por el rechazo o aprobación de dicha
iniciativa legislativa y, sin embargo, este fue negado.
iii) Igualmente, las recusaciones que se presentaron fueron resueltas conforme lo
establece la normativa aplicable y remitidas a la Comisión Legal de Ética y Estatuto del
Congresista de la Cámara de Representantes, sin que le sea dable al juez de pérdida
de investidura entrar a revisar dicho trámite.
iv) La omisión del accionado de haber reportado un beneficio directo carece de sustento
probatorio y se basa en conjeturas.
1.3.1.3. De la apoderada del representante a la Cámara, Jaime Raúl Salamanca
Torres
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Demandante: Santiago García Builes
La apoderada judicial del congresista, igualmente, solicitó denegar la pérdida de
investidura, bajo los argumentos que a continuación se citan:
i) La naturaleza de la reforma laboral es ,en esencia, otorgar un beneficio de carácter
general para los electores, razón por la cual no se podría hablar de un interés directo
y particular por parte del congresista.
ii) El accionante no aportó material probatorio alguno con el que se lograra determinar
que el Partido Alianza Verde hubiera destinado los aportes recibidos por algunas
empresas para el apoyo técnico al representante a la Cámara Jaime Raúl Salamanca
Torres.
iii) No se configuró el elemento subjetivo, toda vez que no se demostró que con su
conducta, el accionado hubiera actuado bajo dolo o culpa.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
La Sala Especial de Decisión de Pérdida de Investidura N.º 21 del Consejo de Estado es
competente para conocer, en primera instancia, de la solicitud de pérdida de investidura
del representante a la Cámara Jaime Raúl Salamanca Torres, en virtud de lo dispuesto
en los artículos 184 y 237.5 de la Constitución Política, 2.º de la Ley 1881 de 2018 y 37,
numeral 1, de la Ley 270 de 1996.
2.2. De la excepción propuesta por el congresista
Previo a estudiar el fondo del asunto, procede la Sala a resolver el argumento planteado
por la apoderada del representante a la Cámara propuesto como una excepción de
mérito, relacionado con la no configuración de los requisitos para la estructuración de
la causal de violación del régimen de conflicto de intereses.
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Radicación: 11001 03 15 000 2024 05297 00 (N.I. 8565)
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Frente a dicha excepción sostiene el accionado, en síntesis, que no se acreditó uno de
los elementos para que se configure la causal invocada, esto es, un beneficio particular,
actual o inmediato y directo, razón por la cual la pérdida de investidura resulta
improcedente.
Aunado a ello, refiere que al serle negado el impedimento que presentó, tenía el deber
de participar en la discusión y votación del Proyecto de Ley 166 de 2023.
Al respecto, considera la Sala que los argumentos antes expuestos no configuran una
excepción, en tanto que no constituyen un hecho impeditivo, modificatorio o extintivo
del derecho o materia de debate, sino que se relacionan con determinar la ocurrencia
o no de los elementos objetivo y subjetivo de la causal de pérdida de investidura
contenida en el artículo 183 numeral 1.º de la Constitución Política, motivo por el cual
éstos se resolverán al momento de estudiar el fondo del asunto.
2.3. El problema jurídico
El problema jurídico consiste en dilucidar si el representante a la Cámara, Jaime Raúl
Salamanca Torres, incurrió en la causal de pérdida de investidura consagrada en el
artículo 183 numeral 1.º de la Constitución Política, esto es, por violación del régimen de
conflicto de intereses, en síntesis, por haber participado en la deliberación y votación del
Proyecto de Ley 166 de 2023, sin manifestar impedimento alguno por el hecho de haber
recibido financiación de su partido, destinada a la asistencia técnica y divulgación de sus
programas y propuestas políticas en las redes sociales de dicha colectividad, con recursos
aportados por empresas privadas que tienen interés directo en el trámite de la iniciativa
legislativa mencionada.
2.4. Marco normativo y jurisprudencial de la pérdida de investidura de los
congresistas. Naturaleza de la acción
Uno de los puntos que se tuvo en cuenta para convocar la Asamblea Nacional
Constituyente en la década de los noventa y expedir una nueva Constitución Política
fue el alto grado de desprestigio en el cual se encontraba la institución del Congreso,
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Radicación: 11001 03 15 000 2024 05297 00 (N.I. 8565)
Demandante: Santiago García Builes
depositario de la soberanía popular. Los senadores y representantes a la Cámara, en
ejercicio del derecho político fundamental de elegir y ser elegidos, eran llamados a
ocupar sus curules y, desbordando el marco funcional, incurrían en una serie de
conductas que atentaban contra el orden jurídico, político, ético y disciplinario y, a lo
sumo, recibían un reproche por parte del electorado, sin consecuencias jurídicas
relevantes. Fue así que el constituyente de 1991 retomó una figura que había sido
concebida en el Acto Legislativo número 1 de 1979, que fue declarado inexequible por
defectos de forma por la Corte Suprema de Justicia16, mediante sentencia 57 del 3 de
noviembre de 1981, y la plasmó en los artículos 183 y 184 de la Carta.
Se ha sostenido por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado
que la acción de pérdida de investidura es un instrumento para efectivizar el marco
jurídico, democrático y participativo del Estado colombiano17, trazado desde el mismo
preámbulo de la Constitución. Es, además, una acción pública de raigambre
constitucional18 y de responsabilidad de los elegidos19 como representantes del pueblo
en relación con la dignidad, honradez, decoro, probidad, cuidado, respeto, mesura,
compromiso, que comporta la investidura conferida20.
La legitimación en la causa por activa para incoar la acción la tiene cualquier ciudadano,
las Mesas Directivas del Senado y la Cámara de Representantes y el Procurador
General de la Nación, directamente o por medio de sus delegados (artículos 183, 184
y 277, numerales 6 y 7, de la Constitución Política).
16 Expediente 786, magistrado ponente doctor Fernando Uribe Restrepo.
17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 4 de septiembre de
2012, consejero ponente: Mauricio Fajardo Gómez, expediente: 11001-03-15-000-2011-00616-00,
accionante: Saúl Villar Jiménez, accionado: Juan Carlos Martínez Gutiérrez.
18 Artículo 40.
19 En sentencia C-319 del 14 de julio de 1994 la Corte Constitucional sostuvo: «… la pérdida de
investidura constituye un verdadero juicio de responsabilidad política que culmina con la imposición de
una sanción de carácter jurisdiccional, de tipo disciplinario que castiga la transgresión al código de
conducta intachable que los congresistas deben observar por razón del inapreciable valor social y político
de la investidura que ostentan».
20 Artículo 6º de la Constitución Política.
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Demandante: Santiago García Builes
De otro lado, se precisa que es una acción jurisdiccional21 autónoma22, cuya finalidad
última es la de lograr el sometimiento de los miembros de las corporaciones públicas al
orden jurídico, garantizar la transparencia absoluta en relación con sus actuaciones23,
conservar la dignidad de la institución24, desterrar prácticas indebidas, depurar conductas
indecorosas, evitar abusos de poder con fines personales, garantizar el interés público,
recuperar «el prestigio, el buen nivel [y] el tono moral»25 del órgano legislativo, consagra
un sistema más severo que esté a disposición de los ciudadanos para sancionar los
comportamientos que atenten contra la dignidad de la investidura de congresista, para,
de esta manera, preservar la legitimidad de las instituciones de la sociedad política 2627
También se ha dicho que el juicio28 o proceso de pérdida de investidura de los
Congresistas es de naturaleza ética29- pues está orientado a «dignificar y enaltecer la
calidad de los representantes del pueblo en las corporaciones públicas»30 -,
21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 8 de septiembre de
1992, consejero ponente: Guillermo Chaín Lizcano, expediente AC-175, accionante: Carlos Espinosa
Faccio Lince, accionado: Samuel Alberto Escrucería Manzi.
22 Sentencias C-280 de 25 de junio de 1996, Corte Constitucional, M. P. Doctor Alejandro Martínez
Caballero y C-437 de 25 de septiembre de 1997, Corte Constitucional, M. P. Doctor Eduardo Cifuentes
Muñoz.
23 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 4 de septiembre de
2012, consejero ponente: Mauricio Fajardo Gómez, expediente: 11001-03-15-000-2011-00616-00,
accionante: Saúl Villar Jiménez, accionado: Juan Carlos Martínez Gutiérrez.
24 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-247 de 1995.
25 Intervención del constituyente Guillermo Nieto Roa en la sesión de la Asamblea Nacional Constituyente
de 3 de abril de 1991 «Sesión Comisión 3».
26 Sobre el particular pueden citarse, entre otras, las sentencias del 17 de agosto de 1994, expediente
AC-1899; 24 de agosto de 1994, expediente AC-1587; 21 de marzo de 19995, expediente AC-2362; 19
de abril de 1995, expediente AC-2444; 9 de julio de 1996, expediente AC-3577; 12 de febrero de 1997,
expediente AC-4192; 12 de agosto de 1997, expediente AC-4686.
27 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 22 de julio de 2003,
consejero ponente: Tarsicio Cáceres Toro, expediente: 11001-03-15-000-2003-00278-01, accionante:
Belma Genith Olarte Casallas, accionado: Wellington Ortiz Palacio.
28 Corte Constitucional, sentencia SU-1159 de 2003. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
29 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 4 de septiembre de
2001, consejero ponente: Juan Ángel Palacio Hincapié, expediente: 11001-03-15-000-2001-0098-01,
accionante: Pablo Bustos Sánchez y otro, accionado: José Antonio Gómez Hermida. Corte Constitucional
sentencia C-247 de 1995. Ver además Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
sentencia de 21 de agosto de 2012, consejero ponente: Hernán Andrade Rincón. expediente:
110010315000201100254-00(PI), accionante: Jesús Enrique Vergara Barreto, accionado: Héctor Javier
Vergara Sierra.
30 Sentencias T-544 de 2004 y T- 987 de 2007
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Radicación: 11001 03 15 000 2024 05297 00 (N.I. 8565)
Demandante: Santiago García Builes
sancionatoria31, punitiva32 o disciplinaria y, por ende, sometido a los principios del
debido proceso (artículo 29 constitucional), en la medida en que implica, en el fondo,
una sanción por conductas en las que incurre el congresista, relacionadas con el
incumplimiento de compromisos y responsabilidades de carácter ético, jurídico y político
ante la colectividad, que generan consecuencias particulares, al romperse el pacto
político entre la sociedad, el elector y el elegido33, principio fundamental de la
democracia representativa34.
2.5. Causales de pérdida de investidura
El artículo 183 de la Constitución Política, consagra como causales de pérdida de
investidura, las siguientes:
Artículo 183. Los congresistas perderán su investidura:
1. Por violación del régimen de inhabilidades e
incompatibilidades, o del régimen de conflicto de intereses.
2. Por la inasistencia, en un mismo período de sesiones, a seis
reuniones plenarias en las que se voten proyectos de acto
legislativo, de ley o mociones de censura.
3. Por no tomar posesión del cargo dentro de los ocho días
siguientes a la fecha de instalación de las Cámaras, o a la fecha en
que fueren llamados a posesionarse.
4. Por indebida destinación de dineros públicos.
5. Por tráfico de influencias debidamente comprobado.
(…)
Se ha reiterado que las causales expresa, objetiva y taxativamente consagradas en la
Carta que dan lugar a decretar la pérdida de investidura de un congresista, como las
causales propias de todo derecho sancionatorio, están sujetas a un principio imperante
en el Derecho Universal, como lo es el de legalidad, que se traduce, para el caso, en
su consagración constitucional o legal. Por esa misma razón, debe tenerse presente
31 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 22 de noviembre de
2016, consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio, expediente: 11001-03-15-000-2015-02938-00,
accionante: Juan Carlos Arango, accionado: Luciano Grisales Londoño.
32 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 4 de septiembre de
2012, consejero ponente: Mauricio Fajardo Gómez, expediente: 11001-03-15-000-2011-00616-00,
accionante: Saúl Villar Jiménez, accionado: Juan Carlos Martínez Gutiérrez.
33 Artículo 133 de la Constitución Política.
34 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 4 de septiembre de
2012, consejero ponente: Mauricio Fajardo Gómez, expediente: 11001-03-15-000-2011-00616-00,
accionante: Saúl Villar Jiménez, accionado: Juan Carlos Martínez Gutiérrez.
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Radicación: 11001 03 15 000 2024 05297 00 (N.I. 8565)
Demandante: Santiago García Builes
que dichas causales son de aplicación restrictiva, esto es, no admiten interpretación
extensiva o analógica, motivo por el cual deben configurarse todos los supuestos
fácticos y jurídicos previstos en la norma para aplicar la consecuencia que ella
determina. Así las cosas, la declaración de pérdida de investidura solo procede frente
a las conductas del congresista que se adecuen a la descripción realizada por el
constituyente.35 Por ello, el proceso exige un examen riguroso de las circunstancias en
que se produjo la conducta y con el mismo rigor se deben respetar las garantías
procesales que le asisten al congresista accionado.
2.6. De la causal consagrada en el numeral 1.º del artículo 183 de la Constitución
Política.
2.6.1. Conflicto de intereses
El artículo 182 de la Constitución Política establece que «Los congresistas deberán
poner en conocimiento de la respectiva cámara las situaciones de carácter moral o
económico que los inhiban para participar en el trámite de los asuntos sometidos a su
consideración. La ley determinará lo relacionado con los conflictos de intereses y las
recusaciones».
A su turno, el artículo 183, numeral 1.º ibidem, determina que los congresistas perderán
su investidura «Por violación al régimen de inhabilidades o incompatibilidades, o del
régimen de conflicto de intereses».36
Específicamente, el régimen del conflicto de intereses hace parte del desarrollo de los
principios constitucionales de prevalencia del interés general, moralidad y transparencia
en el ejercicio de funciones públicas, así como de respeto por la confianza ciudadana
en el ejercicio del cargo.37
35 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de junio de 2001,
consejero ponente: Ricardo Hoyos Duque, expediente: AC-2001-0069, accionante: Rafael Robles
Solano, accionado: Darío Saravia Gómez
36 En el mismo sentido, el artículo 296 de la Ley 5 de 1992 señala: “CAUSALES. La pérdida de la
investidura se produce: (…) 3. Por violación al régimen de conflicto de intereses.”
37 Eljach Pacheco, Gregorio, “La Pérdida de Investidura de Congresistas”. Editorial Ibáñez. Segunda
Edición Página 61.
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Radicación: 11001 03 15 000 2024 05297 00 (N.I. 8565)
Demandante: Santiago García Builes
Por su parte, el artículo 286 de la Ley 5.ª de 1992,38 modificado por el artículo 1.º de la
Ley 2003 de 2019, estableció respecto al régimen de conflicto de intereses de los
congresistas, lo siguiente:
Todos los congresistas deberán declarar los conflictos de intereses que pudieran surgir
en ejercicio de sus funciones.
Se entiende como conflicto de interés una situación donde la discusión o votación de un
proyecto de ley o acto legislativo o artículo, pueda resultar en un beneficio particular,
actual y directo a favor del congresista.
a) Beneficio particular: aquel que otorga un privilegio o genera ganancias o crea
indemnizaciones económicas o elimina obligaciones a favor del congresista de las que
no gozan el resto de los ciudadanos. Modifique normas que afecten investigaciones
penales, disciplinarias, fiscales o administrativas a las que se encuentre formalmente
vinculado.
b) Beneficio actual: aquel que efectivamente se configura en las circunstancias presentes
y existentes al momento en el que el congresista participa de la decisión.
c) Beneficio directo: aquel que se produzca de forma específica respecto del congresista,
de su cónyuge, compañero o compañera permanente, o parientes dentro del segundo
grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.
Para todos los efectos se entiende que no hay conflicto de interés en las siguientes
circunstancias:
a) Cuando el congresista participe, discuta, vote un proyecto de ley o de acto legislativo
que otorgue beneficios o cargos de carácter general, es decir cuando el interés del
congresista coincide o se fusione con los intereses de los electores.
b) Cuando el beneficio podría o no configurarse para el congresista en el futuro.
c) Cuando el congresista participe, discuta o vote artículos de proyectos de ley o acto
legislativo de carácter particular, que establezcan sanciones o disminuyan beneficios, en
el cual, el congresista tiene un interés particular, actual y directo. El voto negativo no
constituirá conflicto de interés cuando mantiene la normatividad vigente.
d) Cuando el congresista participe, discuta o vote artículos de proyectos de ley o acto
legislativo de carácter particular, que regula un sector económico en el cual el congresista
tiene un interés particular, actual y directo, siempre y cuando no genere beneficio
particular, directo y actual.
e) <Literal INEXEQUIBLE>
f) Cuando el congresista participa en la elección de otros servidores públicos mediante el
voto secreto. Se exceptúan los casos en que se presenten inhabilidades referidas al
parentesco con los candidatos.
PARÁGRAFO 1o. Entiéndase por conflicto de interés moral aquel que presentan los
congresistas cuando por razones de conciencia se quieran apartar de la discusión y
votación del proyecto.
PARÁGRAFO 2o. Cuando se trate de funciones judiciales, disciplinarias o fiscales de los
congresistas, sobre conflicto de interés se aplicará la norma especial que rige ese tipo de
investigación.
PARÁGRAFO 3o. Igualmente se aplicará el régimen de conflicto de intereses para todos
y cada uno de los actores que presenten, discutan o participen de cualquier iniciativa
legislativa, conforme al artículo 140 de la Ley 5 de 1992.
38
«Por la cual se expide el Reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de Representantes.»
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Radicación: 11001 03 15 000 2024 05297 00 (N.I. 8565)
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En tal sentido, esta corporación, ha manifestado en cuanto a la causal contemplada en
el artículo 183 numeral 1.º de la Carta Política, específicamente, en relación al conflicto
de intereses, lo siguiente: 39
Habrá lugar a la pérdida de investidura de congresistas por conflicto de intereses. Lo
prevé el numeral 1° del artículo 183 constitucional (…) y esa preceptiva guarda estrecha
relación sistemática con (…) lo regulado en los artículos 286, 287, 288 y 291 de la Ley 5°
de 1992 y el artículo 16 de la Ley 144 de 1994.
3.2.- Repárese que la noción de conflicto de intereses presupone el deber del Congresista
de suministrar información relevante, veraz, auténtica y completa, lo que impone i) revelar
cualquier situación que lo inhiba de participar en asuntos sometidos a su consideración
ii) registrar las cuestiones relacionadas con su actividad privada en el libro que para el
efecto establece cada Cámara, donde se deberá incluir la participación en sociedades
anónimas o de responsabilidad limitada, similares, o en cualquier organización o actividad
con o sin ánimo de lucro en el país o fuera de él, y iii) declararse impedido cuando observe
un conflicto de intereses en un asunto en el que deba participar, bien sea por
desprenderse un interés para su cónyuge, compañera o compañero permanente,
parientes ubicados dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o
primero civil, o de sus socios de hecho o derecho o por tener incidencia directa el asunto
objeto de consideración con las actividades e intereses privados del Congresista o su
núcleo familiar.
3.3.- Así, una situación de conflicto de intereses se estructura si y solo si en una o un
congresista (o su círculo cercano de personas), dotado de poder deliberativo y decisorio
y sujeto al cumplimiento de las obligaciones públicas dispuestas por el derecho, concurre
un interés privado que, objetivamente considerado, puede ejercer influencia
preponderante en la formación de su juicio racional a la hora de intervenir en la
deliberación y toma de una decisión opuesta al deber de obrar consultando la justicia, el
bien común y el interés general.
3.4.- Se trata de una especialísima situación donde el interés privado rivaliza de manera
incompatible con el general, evento en el cual se actualiza y concreta en cabeza de la (o
el) congresista la prohibición de tomar parte en un asunto del que pueda desprenderse
un beneficio para sí o para terceros vinculados a él, dada la flagrante trasgresión a las
reglas de transparencia e imparcialidad que gobiernan la deliberación democrática en el
foro legislativo y el desconocimiento del primado del interés general, lo que, a la postre,
perturba el proceso de toma de decisiones.
3.5.- No cualquier interés configura la causal de desinvestidura en comento, pues se sabe
que sólo lo será aquél del que se pueda predicar que es directo, esto es, que per se el
alegado beneficio, provecho o utilidad encuentre su fuente en el asunto que fue conocido
por el legislador; particular, que el mismo sea específico o personal, bien para el
39 Ver entre otras: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de
Decisión 16. Expediente 11001-03-15-000-2016-02279-00(PI). Providencia del 6 de junio de 2017.
M.P. Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; Sala Especial de Decisión 6. Expediente 11001-03.15-000-
2019-02830-00(PI). Providencia de 16 de julio de 2019. Consejero de Estado: Carlos Enrique Moreno
Rubio.
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Radicación: 11001 03 15 000 2024 05297 00 (N.I. 8565)
Demandante: Santiago García Builes
congresista o quienes se encuentren relacionados con él; y actual o inmediato, que
concurra para el momento en que ocurrió la participación o votación del congresista, lo
que excluye sucesos contingentes, futuros o imprevisibles. También se tiene noticia que
el interés puede ser de cualquier naturaleza, esto es, económico o moral, sin distinción
alguna.
3.6.- Por ende, sólo si el interés que rodea al legislador satisface los prenotados
calificativos, podrá imputársele un auténtico e inexcusable deber jurídico de separarse del
conocimiento del asunto vía impedimento, so pena de defraudar la expectativa normativa
que gobierna el actuar congresional y abrir paso a su desinvestidura.
3.7.- Finalmente, la jurisprudencia ha considerado que para la estructuración de la
sanción constitucional en comento por ocurrir un conflicto de intereses es menester la
reunión favorable de los siguientes presupuestos: (i) La calidad de congresista, elemento
transversal y común a todo juicio de desinvestidura, (ii) La concurrencia de un interés
directo, particular y actual o inmediato en cabeza de quien es congresista o su círculo
cercano, (iii) su no manifestación de impedimento o no haber sido separado del
conocimiento del asunto por recusación, (iv) haber conformado el quorum o participado
el congresista en el debate o votación del asunto y (v) que esa participación tenga lugar
en un asunto de conocimiento funcional del congresista, cualquiera sea su naturaleza, lo
que no circunscribe la causal a las cuestiones legislativas, sino a toda materia que
conforme al ordenamiento sea de competencia del Congreso de la República.
Así entonces, el conflicto de intereses, censura la discrepancia entre el interés particular
del parlamentario y el interés general contenido en los asuntos de los que debe
participar, conocer y decidir en el ejercicio de cualquiera de las funciones congresales,
«porque de su decisión, en un sentido u otro, el congresista deriva o podría derivar un
provecho o ventaja personal o para sus círculos cercanos, con la consecuente
afectación de la moralidad, la confianza legítima de sus electores y probidad exigidas
de los congresistas».40
En consideración a lo anterior, esta corporación ha precisado que la causal de pérdida
de investidura por violación del régimen de conflicto de intereses se configura cuando
se reúnen los siguientes presupuestos: i) la calidad de congresista; ii) que este último
o sus parientes cercanos, en los grados que establece la ley, tengan un interés directo,
particular y actual o inmediato; iii) que el congresista no hubiere manifestado
impedimento por dicho interés o que no se haya separado del conocimiento del asunto
por recusación; iv) que el congresista haya conformado el quorum o participado en el
40 Sentencia de 8 de septiembre de 2021, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala
Veintisiete Especial de Decisión, radicado 11001-03-15-000-2021-00068-00(PI).
19
Radicación: 11001 03 15 000 2024 05297 00 (N.I. 8565)
Demandante: Santiago García Builes
debate o votación del tema; y v) que tal participación haya ocurrido en un asunto de
conocimiento funcional del congresista, cualquiera sea su naturaleza.41
De esta forma, cuando se reúnan todos los elementos antes descritos podrá entenderse
satisfecho el elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura.
2.7. Hechos probados
De acuerdo con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer lo
siguiente:
2.7.1. La calidad de Congresista del señor Jaime Raúl Salamanca Torres
Considera la Sala que dentro del expediente se encuentra debidamente acreditada la
condición de representante a la Cámara del señor Jaime Raúl Salamanca Torres, en la
medida en que a través del formulario E-26 CAM, emitido por el Consejo Nacional
Electoral, se estableció que éste fue elegido como representante a la Cámara del
departamento de Boyacá, por el Partido Alianza Verde, en los comicios realizados el 13
de marzo de 2022, para el periodo constitucional 2022-2026.42
2.7.2. De los aportes financieros recibidos y, gastos, del Partido Alianza Verde
para la anualidad 2023
De acuerdo con las pruebas obrantes dentro del expediente, se observa lo siguiente:
• El Partido Alianza Verde en el año 2023, emitió un informe de contribuciones,
donaciones y créditos, en dinero o en especie, de sus afiliados y/o de particulares, del
cual se extrae lo siguiente:43
No. Nombre de la personal natural o jurídica Concepto Valor
1 Jaramillo Mora Constructora S.A. Donaciones recibidas $39.700.000
41 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión n.° 6, expediente
11001 03 15 000 2024 03204 00, M.P., Omar Joaquín Barreto Suárez. En igual sentido, ver: Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, expediente 11001 03 15 000 2016 02279 00, M.P., Jaime
Orlando Santofimio Gamboa.
42 Índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso radicado N.º
11001031500020240529700.
43 Índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso radicado N.º
11001031500020240529700.
20
Radicación: 11001 03 15 000 2024 05297 00 (N.I. 8565)
Demandante: Santiago García Builes
en especie 2023
2 Gaseosas Lux S.A.S. Donaciones recibidas $450.000.000
en especie 2023
3 Gaseosas Lux S.A.S. Donaciones recibidas $20.000.000
en especie 2023
4 Cromaticapex S.A.S. Donaciones recibidas $19.040.000
en especie 2023
5 Lozano Correa Angélica Lisbeth Donaciones recibidas $192.153.551
en efectivo 2023
6 Rey Villamizar Laura Inés Donaciones recibidas $20.000.000
en efectivo 2023
7 Rey Villamizar Laura Inés Donaciones recibidas $20.000.000
en efectivo 2023
8 Rey Villamizar Laura Inés Donaciones recibidas $10.000.000
en efectivo 2023
9 Comercializadora Internacional Milpa S.A. Donaciones recibidas $300.000
en efectivo 2023
10 Juvinao Clavijo Catherine Donaciones recibidas $760.000
en efectivo 2023
11 Juvinao Clavijo Catherine Donaciones recibidas $2.300.000
en efectivo 2023
12 Loza Gualdrón Nhora Isabel Donaciones recibidas $30.000.000
en efectivo 2023
13 Loza Gualdrón Nhora Isabel Donaciones recibidas $20.000.000
en efectivo 2023
14 Corporación para la Responsabilidad Social Donaciones recibidas $100.000.000
Empresa en efectivo 2023
15 Constructora Capital S.A.S. Donaciones recibidas $40.000.000
en efectivo 2023
16 Corporación para la Responsabilidad Social Donaciones recibidas $25.000.000
Empresa en efectivo 2023
17 Inversiones Arabe S.A.S. Donaciones recibidas $10.000.000
en efectivo 2023
18 Juvinao Clavijo Catherine Donaciones recibidas $1.100.000
en efectivo 2023
19 Fábrica Nacional de Autopartes S.A. Donaciones recibidas $40.000.000
en efectivo 2023
20 Juvinao Clavijo Catherine Donaciones recibidas $1.1800.000
en efectivo 2023
21 Administradora e Inversiones Comerciales Donaciones recibidas $30.000.000
S.A. en efectivo 2023
22 Cusezar S.A. Donaciones recibidas $50.000.000
en efectivo 2023
23 Comercializadora Colombiana de Carbones Donaciones recibidas $50.000.000
y Coques S.A. en efectivo 2023
24 Mercantil Colpatria S.A. Donaciones recibidas $15.000.000
en efectivo 2023
25 Jaramillo Mora Constructora S.A. Donaciones recibidas $150.000.000
en efectivo 2023
26 Inversanchez Donaciones recibidas $5.000.000
en efectivo 2023
27 Valorem Donaciones recibidas $60.000.000
en efectivo 2023
28 Seguros Comerciales Bolívar S.A. Donaciones recibidas $6.000.000
en efectivo 2023
29 Banco Davivienda Donaciones recibidas $9.000.000
en efectivo 2023
30 Industria Nacional de Gaseosas S.A. Donaciones recibidas $230.000.000
21
Radicación: 11001 03 15 000 2024 05297 00 (N.I. 8565)
Demandante: Santiago García Builes
en efectivo 2023
31 Petroworks S.A.S Donaciones recibidas $15.000.000
en efectivo 2023
32 Juvinao Clavijo Catherine Donaciones recibidas $3.000.000
en efectivo 2023
33 Freskaleche S.A.S. Donaciones recibidas $130.000.000
en efectivo 2023
34 Gaseosas Lux S.A.S. Donaciones recibidas $150.000.000
en efectivo 2023
35 CNE Oil y Gas S.A.S. Donaciones recibidas $100.000.000
en efectivo 2023
36 Parra Castiblanco Miguel Antonio Donaciones recibidas $400.000.000
en efectivo 2023
37 Bavaria S.A. Donaciones recibidas $800.000.000
en efectivo 2023
Valor total $3.544.233.551
• En el mismo año, el Partido Alianza Verde emitió un informe de gastos destinados
para actividades contempladas en el artículo 18 de la Ley 1475 de 2011, de la misma
anualidad, dentro del cual se señaló:44
No. Destinación de los Recursos Valor
1 Para funcionamiento de sus estructuras regionales, $308.029.629
locales y sectoriales
2 Para la inclusión efectiva de mujeres, jóvenes y minorías $607.097.289
étnicas en el proceso político
3 Para funcionamiento de sus centros y fundaciones de $105.201.964
estudio, investigación y capacitación
4 Para dar apoyo y asistencia a sus bancadas $9.814.150
5 Para curso de formación y capacitación política y electoral $177.308.663
6 Para divulgación de sus programas y propuestas políticas $1.213.700
7 Para el ejercicio de mecanismos de democracia interna $248.284.298
en sus estatutos
Valor total $1.556.949.290
2.7.3. De las publicaciones en redes sociales en las que aparece el representante
a la Cámara Jaime Raúl Salamanca Torres
Publicación de 8 de febrero de 2023, en la página web del Partido Alianza Verde, dentro
de la cual se señaló: «En mesa interinstitucional, el Representante Salamanca le hizo
llamado al Gobierno Nacional y Al Fondo de Financiamiento de Infraestructura
44 Índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso radicado N.º
11001031500020240529700.
22
Radicación: 11001 03 15 000 2024 05297 00 (N.I. 8565)
Demandante: Santiago García Builes
educativa —FFIE— darle respuesta a los justos reclamos de la comunidad que lleva
esperando 5 años un mega colegio».45
Publicación de 13 de abril de 2023, en la página web del Partido Alianza Verde, dentro
de la cual se afirmó: «Ministra y representante Jaime Raúl Salamanca entregarán
colegio en Sotaquirá, Boyacá en manos del fondo FFIE».46
Publicación de 26 de mayo de 2023, en la página web del Partido Alianza Verde, dentro
de la cual se indicó: «Con votación unánime, la iniciativa que busca reformar el modelo
de financiación de las Instituciones de Educación Superior Públicas, pasa a su segundo
debate. “Este es un primer paso para avanzar en una reforma a la ley 30, aquí arranca
la ruta por la transformación de la educación superior” Salamanca.».47
Publicación de 7 de junio de 2023, en la página web del Partido Alianza Verde, dentro
de la cual se adujo: «Por iniciativa del Representante del Partido Verde Jaime Raúl
Salamanca, la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes sesionará en
Boyacá».48
Publicación de 7 de junio de 2023, en la página web del Partido Alianza Verde, en la
cual se manifestó: «Presidente de la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes
lanza la catedra como estrategia para la formación de líderes.»49
Publicación de 10 de agosto de 2023, en la red social X, por parte del Partido Alianza
Verde, en la que se señaló: «Es un hecho! El proyecto de ley por el cual se establece
la gratuidad en los programas de pregrado en la instituciones de Educación Superior
45 Índice 27 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso radicado N.º
11001031500020240529700.
46 Índice 27 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso radicado N.º
11001031500020240529700.
47 Índice 27 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso radicado N.º
11001031500020240529700.
48 Índice 27 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso radicado N.º
11001031500020240529700.
49 Índice 27 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso radicado N.º
11001031500020240529700.
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Radicación: 11001 03 15 000 2024 05297 00 (N.I. 8565)
Demandante: Santiago García Builes
Públicas del país, ya fue firmado por el Gobierno Nacional. Así lo hizo saber
@JaimeRaulST».50
Publicación del mismo año, en la página web del Partido Alianza Verde, en la cual se
indicó: «Así lo hizo saber nuestro Representante Jaime Raúl Salamanca; líder de esta
iniciativa legislativa que favorecerá a millones de estudiantes de pregrado en el país. El
proyecto de ley por el cual se establece la gratuidad en los programas de pregrado en
las instituciones de Educación Superior Públicas del país, ya fue firmado por el
Gobierno Nacional»51
2.7.4. Del impedimento presentado por el representante a la Cámara Jaime Raúl
Salamanca Torres
El 4 de septiembre de 2024, el representante a la Cámara Jaime Raúl Salamanca
Torres radicó ante la mesa directiva de la Cámara de Representantes una
manifestación de impedimento, con base en los siguientes argumentos:52
En consideración de los artículos 286 y 292 de la Ley 5 de 1992, declaró mi impedimento
por posible conflicto de interés para participar en la discusión y votación del Proyecto de
Ley 166 de 2023 «Por medio del cual se modifica parcialmente normas laborales y se
adopta una reforma laboral para el trabajo decente y digno en Colombia».
Lo anterior, toda vez que mi persona y parientes dentro de los grados de consanguinidad
establecidos en la ley ejerce el rol de empleador o trabajador, con la eventual aprobación
del presente Proyecto de Ley, podrían verse beneficiados o afectados.
Además, la aprobación de la reforma podría implicar un beneficio o perjuicio directo a
posibles financiadores del partido alianza verde.
En sesión plenaria realizada el 16 de septiembre para la discusión y aprobación del
Proyecto de Ley 166 de 2023, se señaló:53
(…) (Hora 3: minuto 24) Secretario de la Cámara de Representantes: Segundo bloque de
impedimentos. (…) Jaime Raúl Salamanca Torres (…) Se va a vota el impedimento para
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Demandante: Santiago García Builes
que por favor abandonen el recinto (…) En consideración los impedimento se abre el
registro señor secretario (…) se abre registro para votar el segundo bloque de
impedimentos (…) señor presidente ya hay decisión de la plenaria (…) se cierra el
registro. El resultado de la votación es el siguiente honorables representantes, señor
presidente, hasta este momento se han radico 93 impedimentos (…). Por el sí, un voto
manual por el representante Jorge Octavio Cardona León y 10 votos electrónicos para un
total de 11 votos por el sí. Por el no han votado los siguientes representantes: (…) para
un total de 25 de votos manuales, para un total por el no de 87 votos. Han sido negados
los impedimentos presentados en este bloque. Entonces los representantes (…) Jaime
Raúl Salamanca pueden ingresar al recinto para seguir participando en la discusión de
este proyecto de ley.
2.7.5. De las recusaciones
El 30 de septiembre de 2024, el señor Santiago García Builes presentó ante el
secretario general de la Cámara de Representantes una recusación en contra de
algunos representantes a la Cámara, entre ellos, el señor Jaime Raúl Salamanca
Torres, con base en los argumentos que a continuación se citan: 54
(…)
Segundo: en el año 2023, año en el que se radicó el proyecto de ley 166 de 2023 Cámara,
diferentes empresas de diferentes gremios económicos como (…) realizaron
contribuciones, donaciones y créditos, en dinero, o en especie al partido, cambio, radical,
esto, según informe de contribuciones, donaciones y créditos, en dinero, o en especie, de
sus afiliados y/o de particulares, registrado en el portal web de cuentas claras.
Tercero: en el año 2023, año en el que se radicó el proyecto de ley 166 de 2023 Cámara,
según el informe de gastos destinados para actividades contempladas en el artículo 18
de la ley 1475 de 2011, del partido alianza verde y registrado en el portal web de cuentas
claras, esta organización política, destino cerca de $1.556.949.693, para dar apoyo y
asistencia a sus bancadas.
Cuarto: las empresas que donaron el dinero que le ingresó al partido alianza Verde en el
año 2023, por concepto de donaciones de particulares y con el cual se pagó el apoyo y
la asistencia de las bancadas de los congresistas miembros de esa colectividad política
durante el año 2023, año en el que se radicó el proyecto de ley 166 de 2023, cuentan con
empleados contratados por diferentes modalidades al mundo laboral, generan empleo y
contribuyen a la congestión judicial por procesos laborales, por lo que se pueden
beneficiar o perjudicar con la aprobación del proyecto de ley 166 de 2023.
Quinto: los representantes a la cámara mencionados en el numeral primero del presente
capítulo, no se declararon impedidos para votar el proyecto de ley (…)
Sexto: existe un posible conflicto de interés para los representantes a la cámara
mencionados en el numeral primero del presente capítulo, toda vez que al votar favorable
o desfavorablemente las disposiciones contenidas en el proyecto de ley 166 de 2023 (…)
podría beneficiar a las empresas que hacen donaciones a su colectividad política
mediante dineros destinados a los congresistas, mediante el apoyo y asistencia técnica,
dispuesto por el partido alianza Verde.
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Demandante: Santiago García Builes
En septiembre del mismo y año, bajo los mismos argumentos antes expuestos, el señor
Santiago José Santa Torres presentó ante el secretario general de la Cámara de
Representantes una recusación en contra de, entre otros, el representante a la Cámara
Jaime Raúl Salamanca Torres. 55
En sesión plenaria realizada el 30 de septiembre de 2024, para la discusión y
aprobación del Proyecto de Ley 166 de 2023, se señaló:56
(…) (Hora 3, minuto 15:) representante a la Cámara Jaime Raúl Salamanca Torres,
presidente de la Cámara: tiene el uso vicepresidente para pronunciarse sobre mi
impedimento. Vicepresidente: como vicepresidente de la Cámara de Representantes se
niega de plano la recusación presentada al presidente representante Jaime Raúl
Salamanca Torres, toda vez que el representante la causal acusada, el representante y
presidente en término presentó su impedimento el cual fue votado y negado por la
plenaria de la Cámara de Representantes.
El 16 de octubre de 2024, la Comisión Legal de Ética y Estatuto del Congresista de la
Cámara de Representantes, negó y rechazó, por improcedente, las recusaciones que
propusieron los señores Santiago García Builes y Santiago José Santa Torres,
respectivamente, contra el señor Jaime Raúl Salamanca Torres, «dentro del trámite del
Proyecto de Reforma Laboral» [Proyecto de Ley 166 de 2023].57
2.8. Análisis de la Sala
Una vez analizada la preceptiva jurídica que gobierna la materia, el acervo probatorio
obrante dentro del expediente y las directrices jurisprudenciales trazadas por el Consejo
de Estado en casos de contornos similares al sub lite, estima la Sala que, bajo el
elemento objetivo, no están dados los supuestos para que se decrete la pérdida de
investidura del representante a la Cámara Jaime Raúl Salamanca Torres, por las
razones que se explican a continuación:
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Demandante: Santiago García Builes
De acuerdo con lo expuesto, para que se configure la causal de pérdida de investidura
dispuesta en el numeral 1.º del artículo 183 de la Constitución Política, deben estar
demostrados los siguientes elementos: i) la calidad de congresista; ii) que este último
o sus parientes cercanos, en los grados que establece la ley, tengan un interés directo,
particular y actual o inmediato; iii) que el congresista no hubiere manifestado
impedimento por dicho interés o que no se haya separado del conocimiento del asunto
por recusación; iv) que el congresista haya conformado el quorum o participado en el
debate o votación del tema; y v) que tal participación haya ocurrido en un asunto de
conocimiento funcional del congresista, cualquiera sea su naturaleza.58
Ahora bien, debe resaltarse que los elementos antes descritos deben ser concurrentes,
es decir, que la ausencia de alguno de ellos, impide la configuración de esta causal.
En el sub examine, con el material probatorio obrante dentro del expediente se acreditó
respecto a cada uno de los elementos de dicha causal, lo siguiente:
(i) La calidad de congresista del señor Jaime Raúl Salamanca Torres, quien fue
elegido popularmente como representante a la Cámara por el departamento de Boyacá,
por el Partido Alianza Verde, para el periodo constitucional 2022-2026.
(ii) Del interés directo, particular y actual o inmediato. La jurisprudencia, en este
sentido, ha entendido por interés aquel beneficio de tipo patrimonial o moral que puede
desprenderse de la función como congresista. Al respecto, se ha señalado lo
siguiente:59
El conflicto de intereses de índole moral, en cambio, no parece nítidamente definido ni
tiene un perfil claro en las normas constitucionales y legales, como sí ocurre con el
conflicto de intereses de índole económico, lo que no significa que no exista o que no
pueda presentarse. Es más, no se descarta que una determinada situación fáctica derive
simultáneamente tanto en un conflicto económico como en un conflicto de tipo moral. Por
un lado, es totalmente admisible que el congresista, como cualquier ciudadano, ejerza o
haya ejercido derechos fundamentales y de ahí que tenga intereses privados que deba
cuidar. Por otro lado, la Constitución le ordena que como congresista vote en pos del bien
58 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión, expediente
11001 03 15 000 2009 00198 00 (PI), de 23 de marzo de 2010. En igual sentido, ver: Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, expediente 11001 03 15 000 2016 02279 00 (PI) M.P., Jaime
Orlando Santofimio Gamboa.
59 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión n.° 6, expediente
11001 03 15 000 2024 03204 00 (PI), M.P., Omar Joaquín Barreto Suárez.
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Demandante: Santiago García Builes
común y la justicia, vale decir, en pos del interés general. En esa dinámica es factible el
enfrentamiento de intereses que debe evitarse, tal como se explicó. Como no resulta
conforme con los paradigmas de la ética pública que en un momento dado se
superpongan esos intereses, la Constitución castiga el hecho de que el congresista omita
denunciar la existencia del conflicto de intereses, cuestión que queda en evidencia
cuando justamente el congresista vota, participan en un debate o en una discusión
trascendental estando de por medio intereses personales, de tipo económico o moral
francamente incompatibles con el interés público, relacionado con esa votación, ese
debate o esa decisión.
El tal sentido, el accionante considera que se configuró este elemento, toda vez que el
congresista participó en la deliberación y votación del Proyecto de Ley 166 de 2023
«Por medio del cual se adopta una reforma laboral para el trabajo digno y decente en
Colombia», sin haber puesto de presente la existencia de un conflicto de interés, en
razón a que habría recibido financiación de su partido, para promoción de sus
programas políticos, con recursos provenientes de empresas privadas que tendrían
interés en la aprobación de dicha iniciativa legislativa.
Sobre este aspecto, es necesario precisar que el artículo 94 de la Ley 5.ª de 1992,
modificado por el artículo 27 de la Ley 1621 de 2013, señala que el «El sometimiento a
discusión de cualquier proposición o proyecto sobre cuya adopción deba resolver la
respectiva Corporación, es lo que constituye el debate. El debate empieza al abrirlo el
Presidente y termina con la votación general».
Ahora, en lo que se refiere a las intervenciones y votaciones, los artículos 96 y 124
ibidem, consagran lo siguiente:
ARTÍCULO 96. DERECHO A INTERVENIR. En los debates que se cumplan en las
sesiones plenarias y en las Comisiones, además de sus miembros y los Congresistas en
general, podrán los Ministros y funcionarios invitados intervenir sobre temas relacionados
con el desempeño de sus funciones y las iniciativas legislativas por ellos presentadas.
Así mismo, podrán hacerlo por citación de la respectiva Cámara.
(…)
ARTÍCULO 124. EXCUSA PARA VOTAR. El Congresista sólo podrá excusarse de votar,
con autorización del Presidente, cuando al verificarse una votación no haya estado
presente en la primera decisión, o cuando en la discusión manifiesta tener conflicto de
intereses con el asunto que se debate.
Así, el congresista tiene derecho a intervenir en las discusiones que se presenten
respecto de un proyecto de ley y el deber de participar en el trámite de las leyes.
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Demandante: Santiago García Builes
De conformidad con el material probatorio obrante dentro del expediente, se observa
que el representante a la Cámara, de acuerdo a su deber legal, ha participado y votado
en los debates que se han llevado a cabo en la Cámara de Representantes del Proyecto
de Ley 166 de 2023,60 presentado por el Gobierno nacional, el cual fue aprobado en la
Cámara de Representantes y continuará su trámite en el Senado.61
Ahora, la fuente directa del interés personal del congresista, según el accionante,
proviene tanto del aporte realizado por diversas empresas al Partido Alianza Verde, al
cual pertenece el representante a la Cámara, como del beneficio que recibió por ello
para la asistencia técnica y divulgación de sus programas y propuestas políticas.
Frente a esto, la Ley 1475 de 2011,62 en sus artículos 16, 17 y 18, dispone en cuanto a
la fuente de financiación del funcionamiento de los partidos y movimientos políticos y la
destinación de los recursos, lo siguiente:
ARTÍCULO 16. FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LOS PARTIDOS Y MOVIMIENTOS
POLÍTICOS. Los partidos y movimientos políticos podrán acudir a las siguientes fuentes
para la financiación de su funcionamiento y de sus actividades:
1. Las cuotas de sus afiliados, de conformidad con sus estatutos.
2. Las contribuciones, donaciones y créditos, en dinero o en especie, de sus
afiliados y/o de particulares.
(…)
ARTÍCULO 17. DE LA FINANCIACIÓN ESTATAL DE LOS PARTIDOS Y
MOVIMIENTOS POLÍTICOS. El Estado concurrirá a la financiación del funcionamiento
permanente de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, por conducto
del Fondo Nacional de Financiación Política, de conformidad con las siguientes reglas de
distribución de la correspondiente apropiación presupuestal:
(…)
ARTÍCULO 18. DESTINACIÓN DE LOS RECURSOS. Los recursos provenientes de
la financiación estatal se destinarán a financiar las actividades que realicen para el
60 «(…) la reforma laboral que hoy se presenta al país tiene el propósito de materializar el trabajo decente,
como pasaporte de ciudadanía, así como fortalecer las garantías de estabilidad laboral y formalización
del empleo con justicia social, mediante la armonización de la legislación nacional, con los estándares
de la OIT, con las obligaciones derivadas de tratados internacionales, en materia de derechos humanos,
suscritos por Colombia y con lo dispuesto por las altas corporaciones de justicia sobre la protección de
los derechos al/en el trabajo.»
61 https://www.camara.gov.co/fue-aprobada-la-reforma-laboral-con-81-articulos-continuara-su-tramite-
en-el-
senado#:~:text=Bogotá%2C%2017%20de%20octubre%20de,aplicará%20progresivamente%20hasta%
20el%202027.
62 «Por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos
políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones».
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Demandante: Santiago García Builes
cumplimiento de sus fines y el logro de sus propósitos y, en particular, para las siguientes
finalidades, de conformidad con sus planes, programas y proyectos:
1. Para el funcionamiento de sus estructuras regionales, locales y sectoriales.
2. Para la inclusión efectiva de mujeres, jóvenes y minorías étnicas en el proceso político.
3. Para el funcionamiento de los centros y fundaciones de estudio, investigación y
capacitación.
4. Para dar apoyo y asistencia a sus bancadas.
5. Para cursos de formación y capacitación política y electoral.
6. Para la divulgación de sus programas y propuestas políticas.
7. Para el ejercicio de mecanismos de democracia interna previstos en sus
estatutos. (Negrilla fuera de texto).
En consideración a lo anterior, los partidos políticos pueden acudir a diferentes fuentes
para la financiación de su funcionamiento y actividades, entre las cuales, se encuentran
las contribuciones, donaciones y créditos, en dinero o en especie, de sus afiliados y/o
de particulares.
En tal sentido, la Corte Constitucional señaló:63
Para la Corte, dentro de esa descripción encuadran las donaciones efectuadas a favor de
los partidos y movimientos políticos, pues se trata de organizaciones sin ánimo de lucro,
que tienen interés común. Además, por mandato expreso del artículo 125-4 del Estatuto
Tributario, dentro de las asociaciones y corporaciones antes citadas se incluyen "los
partidos o movimientos políticos aprobados por el Consejo Nacional Electoral." Por ende,
no se evidencia que la disposición en comento prevea materias ajenas a la regulación
tributaria vigente, en tanto (i) esa legislación dispone la deducción de la renta líquida de
las donaciones a entes sin ánimo de lucro, género que por previsión legal cobija a los
partidos y movimientos políticos; y (ii) la norma estatutaria se limita a reafirmar la vigencia
del beneficio, se somete a idéntico límite máximo de deducción y prevé la sujeción de la
misma a "los requisitos y modalidades previstos en los artículos 125 y s.s. del mencionado
Estatuto [Tributario]". En ese orden de ideas, la norma no se opone a la legislación
orgánica en materia presupuestal.
Ahora, otra fuente de financiación proviene del Estado y los recursos recibidos por éste
se destinarán a financiar las actividades que se realicen para el cumplimiento de sus
fines y el logro de sus propósitos, entre ellos, dar apoyo y asistencia a sus bancadas,
lo cual se respalda, además, con el artículo 109 de la Constitución Política, modificado
por el Acto Legislativo 1 de 2009, que señala que el Estado concurrirá a la financiación
política y electoral de los partidos y/o movimientos políticos con personería jurídica, de
63 C-490 de 2011.
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Demandante: Santiago García Builes
conformidad con la ley. Al respecto, la Corte Constitucional ha mencionado lo
siguiente:64
(…)
En este sentido, la Corte ha reconocido la trascendencia que para la democracia
constitucional tiene el tema de la financiación en general y específicamente el de la
financiación estatal de los partidos, movimientos y grupos políticos que participan en las
dinámicas políticas y electorales de la estructura democrática del Estado. Lo anterior, en
razón a que la financiación pública se encuentra encaminada a garantizar los principios
de participación, igualdad, transparencia y pluralismo, que deben informar el juego político
y electoral en un estado constitucional y democrático de derecho; así como a evitar la
injerencia, servidumbre o dependencia de los partidos y movimientos políticos respecto
de los grupos de poder e intereses particulares, ya que estos, cuando tienen por finalidad
cooptar la actividad del elegido, pueden terminar viciando la voluntad política, la cual
debe estar encaminada a la consecución del bien colectivo y del interés general. Así,
aunque la Sala reconoce la validez constitucional de la financiación privada, tampoco
desconoce que tales recursos pueden en muchos casos estar dirigidos, no al propósito
altruista de concurrir en la vida democrática y electoral a través de aportes económicos,
sino a condicionar la actividad pública del candidato elegido a fines particulares y
contrarios a dichos intereses del conglomerado social.
(…)
47.3 De otra parte, en numerosos pronunciamientos, esta Corporación ha reconocido la
importancia que tiene el papel que juega el Estado en la financiación estatal con recursos
públicos de las organizaciones políticas y de las campañas electorales, como una forma
de promover la democracia constitucional, y de neutralizar los peligros y riesgos que
encierra para ésta las necesidades de financiación, la influencia desmedida de algunos
modos de financiación privada, y las fuentes ilícitas de financiación, todo lo cual termina
afectando los principios de participación, igualdad, transparencia y pluralismo político,
que deben caracterizar los partidos y movimientos políticos, así como las contiendas
electorales, desdibuja la voluntad política, y mina los fundamentos normativos de una
verdadera democracia constitucional, a través de la participación y elección democrática
de los representantes por parte de los ciudadanos.
En consideración a lo anterior, encuentra la Sala que no se acreditó un interés
particular, actual y directo por parte del accionado, por lo siguiente:
En primer lugar, porque, legalmente, está permitido que los afiliados y/o particulares
efectúen contribuciones o donaciones a favor de un partido político.
En segundo lugar, porque en el caso concreto se encontró acreditado que para el año
2023, tanto particulares, esto es, personas naturales y jurídicas, como sus afiliados,
hicieron aportes al Partido Alianza Verde para su funcionamiento y actividades, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 1475 de 2011.
64 Ibidem.
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Demandante: Santiago García Builes
En tercer lugar, porque la financiación para el apoyo y asistencia a la bancada del
Partido Alianza Verde a la que hace referencia el accionante, no pudo provenir de
dichos aportes sino de los realizados por el Estado, conforme a lo señalado en los
artículos 17 y 18 ibidem.
En cuarto lugar, porque de acuerdo con lo anterior, no es dable afirmar que con los
recursos obtenidos por las empresas a las que se hace referencia en el informe de
contribuciones, donaciones y créditos, en dinero o en especie,65 citado en el acápite de
hechos probados, el representante a la Cámara Salamanca Torres haya recibido algún
beneficio para la divulgación de sus programas y propuestas políticas, máxime cuando
el accionante no acreditó con material probatorio dicha afirmación, sino que se limitó a
aportar unos informes generales que dan cuenta de lo recibido por el partido al cual
pertenece el accionado.
En quinto lugar, porque de ser cierto que los dineros donados por las personas
jurídicas fueron utilizados para otorgar apoyo técnico al representante a la Cámara
Jaime Raúl Salamanca Torres, no hay una prueba que así lo acredite, al contrario, de
conformidad con las normas antes mencionadas, se tiene que la financiación, a través
de créditos y donaciones, se utiliza para la financiación y actividades del partido político
en general, sin que exista una destinación específica de esos dineros para alguno de
los miembro de la bancada, como se refiere en la solicitud.
En sexto y último lugar, porque dentro de las pruebas allegadas por el señor Santiago
García Builes no se vislumbra que exista algún interés del congresista en la votación
favorable o desfavorable del Proyecto de Ley 166 de 2023.
Aunado a ello, el accionante refiere 6 iniciativas en las que aparece el representante a
la Cámara, para inferir el beneficio directo que este recibió por parte de las empresas
antes mencionadas, para la divulgación, en redes sociales, de sus proyectos y
programas; sin embargo, con las pruebas obrantes dentro del expediente, no es dable
65
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Demandante: Santiago García Builes
inferir tal afirmación, en tanto que estas simplemente hacen referencia a la actividad
que todo congresista tiene el derecho y deber de realizar como tal y a la divulgación
política y propagada electoral que tienen permitida los partidos y movimientos
políticos.66
En ese orden de ideas, el beneficio al que hace referencia la parte actora es claramente
general, hipotético, incierto y eventual y, por consiguiente, se insiste, excluye la
posibilidad de considerarlo como actual o inmediato, directo y particular, motivo por el
cual es dable concluir que no se encuentra configurado este elemento de la causal
invocada por el solicitante de la pérdida de investidura.
(iii) De la manifestación de impedimento. Otro de los elementos para que se configure
el conflicto de intereses, consiste en probar que el congresista participó en el debate
y/o votación del asunto cuestionado sin haber presentado el impedimento
correspondiente.
En tal sentido, el artículo 268 de la Ley 5.ª de 1992, refiere como uno de los deberes
de los congresistas, entre otros, el poner en conocimiento de la respectiva Cámara las
situaciones de carácter moral o económico que los inhiban para participar en el trámite
de los asuntos sometidos a su consideración.
Ahora, los artículos 291 y 292 ibidem, señalan lo siguiente:
ARTÍCULO 291. DECLARACIÓN DE IMPEDIMENTO. <Artículo modificado por el
artículo 3 de la Ley 2003 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> El autor del proyecto
y el ponente presentarán en el cuerpo de la exposición de motivos un acápite que describa
las circunstancias o eventos que podrían generar un conflicto de interés para la discusión
y votación del proyecto, de acuerdo al artículo 286. Estos serán criterios guías para que
los otros congresistas tomen una decisión en torno a si se encuentran en una causal de
impedimento, no obstante, otras causales que el Congresista pueda encontrar.
Antes o durante la sesión en la que discuta el proyecto de ley, o de acto legislativo el
congresista manifestará por escrito el conflicto de interés.
66 «ARTÍCULO 4o. CONTENIDO DE LOS ESTATUTOS. Los estatutos de los partidos y movimientos
políticos contendrán cláusulas o disposiciones que los principios señalados en la ley y especialmente los
consagrados en el artículo 107 de la Constitución, en todo caso, deben contener como mínimo, los
siguientes asuntos: (…) 16. Utilización de los espacios institucionales en televisión y en los medios de
comunicación para efectos de la divulgación política y la propaganda electoral.»
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Demandante: Santiago García Builes
Una vez recibida dicha comunicación, el Presidente someterá de inmediato a
consideración de la plenaria o de la Comisión correspondiente el impedimento
presentado, para que sea resuelto por mayoría simple.
Los Congresistas que formulen solicitud de declaratoria de impedimento no podrán
participar en la votación en la que se resuelva su propio impedimento. Si el impedimento
resulta aprobado, tampoco podrá participar en la votación de impedimentos presentados
por los otros congresistas.
(…)
El Congresista al que se le haya aceptado el impedimento se retirará del debate legislativo
o de los artículos frente a los que estuviera impedido hasta tanto persista el impedimento.
Si el impedimento es negado, el congresista deberá participar y votar, y por este hecho
no podrá ser sujeto de investigación o sanción por parte de los órganos judiciales o
disciplinarios del Estado.
(…)
ARTÍCULO 292. COMUNICACIÓN DEL IMPEDIMENTO. Advertido el impedimento, el
Congresista deberá comunicarlo por escrito al Presidente de la respectiva Comisión o
corporación legislativa donde se trate el asunto que obliga al impedimento.
Para el efecto, esta corporación ha mencionado, que:67
La causal no se configura por el hecho de que un congresista no cumple el deber de
declararse impedido una vez advierta la circunstancia que da lugar a ello o luego de haber
sido recusado, sino por el hecho de votar o participar en una decisión en un asunto que
pueda reportarle beneficios.
En el asunto sometido a consideración se encontró acreditado que el 4 de septiembre
de 2024, el representante a la Cámara Jaime Raúl Salamanca Torres radicó ante la
mesa directiva de la Cámara de Representantes, una declaración de impedimento para
participar en la discusión y votación del Proyecto de Ley 166 de 2023, por considerar
que «mi persona y parientes dentro de los grados de consanguinidad establecidos en
la ley ejerce el rol de empleador o trabajador, con la eventual aprobación del presente
Proyecto de Ley, podrían verse beneficiados o afectados. Además, la aprobación de la
reforma podría implicar un beneficio o perjuicio directo a posibles financiadores del
partido alianza verde».68
Así, una vez manifestado, en sesión plenaria llevada a cabo el 16 de septiembre del
mismo año, este fue negado.69
67 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 12, sentencia de 29 de mayo de 2023, expediente
11001-03-15-000-2021-01221-00.
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Demandante: Santiago García Builes
En atención a ello, observa la Sala que una vez el representante a la Cámara Jaime
Raúl Salamanca Torres consideró que estaba incurso en una circunstancia que podría
generarle un conflicto de intereses para la discusión y votación del Proyecto de Ley 166
de 2023, manifestó impedimento, como lo señala el artículo 291 de la Ley 5.ª de 1992.
Ahora, este fue llevado a sesión plenaria para su estudio y antes de su votación, se le
ordenó al congresista salirse del recinto, por lo que, una vez fue negado, tenía el deber
de participar y votar.
Así las cosas, contrario a lo sostenido por el accionante, el representante a la Cámara
Jaime Raúl Salamanca Torres sí presentó manifestación de impedimento; sin embargo,
la jurisprudencia ha mencionado que la causal de pérdida de investidura puede
configurarse no por la ausencia de la manifestación de impedimento sino por el hecho
de votar o participar en un asunto en el que pueda estar beneficiado, circunstancia que,
como se mencionó anteriormente, no fue demostrada por el accionante.
Por otra parte, de las pruebas allegadas, se encontró acreditado que en el mes de
septiembre de 2024, Santiago García Builes y Santiago José Santa Torres presentaron
dos recusaciones en contra de, entre otros, el representante a la Cámara Salamanca
Torres, «dentro del trámite del Proyecto de Reforma Laboral» [Proyecto de Ley 166 de
2023], las cuales se fundaron en el siguiente supuesto:
PRIMERO: Recusar a los Representantes a la Cámara por el Partido Alianza Verde: H.R.
Jaime Raúl Salamanca Torres […], por existir un posible conflicto de interés por recibir
apoyo y asistencia técnica por parte Partido [sic] Alianza Verde con dineros obtenidos
mediante donaciones de empresas que cuentan con empleados contratados mediante
diferentes formas de contratación laboral, pudiendo beneficiar o perjudicar a estas con el
voto favorable o desfavorable en el contenido del proyecto de ley 166 de 2023 Cámara.70
En tal sentido, la Sala observa que el 16 de octubre de 2024,71 la Comisión Legal de
Ética y Estatuto del Congresista de la Cámara de Representantes, cuya función es
conocer «del conflicto de interés y de las violaciones al régimen de incompatibilidades
e inhabilidades de los [c]ongresistas. Así mismo, del comportamiento indecoroso,
70 Ibidem.
71 Índice 25 ibidem.
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irregular o inmoral que pueda afectar a alguno de los miembros de las Cámaras […]»,
desestimó las recusaciones formuladas contra el señor Salamanca Torres, decisión que
es de obligatorio cumplimiento, conforme al artículo 294 de la Ley 5.ª de 1992,
modificado por el artículo 5 de la Ley 2003 de 2019.72
Así las cosas, como bien lo anotó el agente del Ministerio Público, esta corporación ha
precisado que el juez de la pérdida de investidura tiene competencia para establecer si
se ha configurado alguna de las causales que dan lugar a dicha sanción, pero no para
decidir sobre la legalidad del trámite impartido a las recusaciones formuladas contra un
congresista,73 de suerte que los reparos relacionados con esto último no tienen
trascendencia en el estudio de procedencia.
En conclusión, debe resaltarse que además de que el representante a la Cámara
presentó una manifestación de impedimento porque «(…) la aprobación de la reforma
podría implicar un beneficio o perjuicio directo a posibles financiadores del partido
alianza verde», lo cual tiene relación con el sustento de la solicitud de la pérdida de
investidura, también lo es que se interpusieron dos recusaciones bajo los mismos
argumentos en contra del señor Jaime Raúl Salamanca Torres, que al ser negadas,
hicieron que el congresista pudiera participar en los debates del Proyecto de Ley 166
de 2023, prevalido de la decisión que se tomó al respecto por parte de la plenaria.
En ese orden de ideas, pese a que el accionado fungió como representante a la Cámara
al momento del debate y votación en la Cámara de Representantes del Proyecto de
Ley 166 de 2023, no se observa la configuración del segundo y tercer requisito para
que tenga ocurrencia la causal de pérdida de investidura por violación al régimen de
conflicto de intereses, esto es, el interés particular, actual y directo y la no manifestación
72 «Artículo 294. Recusación. Quien tenga conocimiento de una causal de impedimento de algún
Congresista, que no se haya comunicado oportunamente a las Cámaras Legislativas, podrá recusarlo
ante ellas, procediendo únicamente si se configura los eventos establecidos en el artículo 286 de la
presente ley. En este evento se dará traslado inmediato del informe a la Comisión de Ética y Estatuto del
Congresista de la respectiva Corporación, la cual dispondrá de tres (3) días hábiles para dar a conocer
su conclusión, mediante resolución motivada.
La decisión será de obligatorio cumplimiento».
73 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Novena Especial de Decisión,
sentencia del 1. ° de marzo de 2021, expediente 11001 03 15 000 2020 02881 00, M.P., Marta Nubia
Velásquez Rico.
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Demandante: Santiago García Builes
de impedimento, siendo que las acusaciones formuladas en el escrito de desinvestidura
no pasaron de ser afirmaciones de tipo general y cuyas hipótesis debieron ser
respaldadas con la acreditación probatoria para la prosperidad del cargo.
Finalmente, es de anotar que en el escrito de reforma a la demanda el convocante
afirmó que fue objeto de confesión por parte del congresista, que el Partido Alianza
Verde recibió aportes en el año 2023 y que éstos fueron utilizados para la asistencia
técnica y divulgación de sus programas y propuestas políticas. Al respecto, estima la
Sala que no le asiste razón, toda vez si bien se aceptó que al partido le fueron dados
unos dineros, en ningún momento se señaló que estos fueron destinados, directamente,
al congresista, máxime cuando, como se señaló anteriormente, las partidas a las que
hace referencia el señor García Builes, tienen relación con la distribución de los
recursos aportados por el Estado y no por los particulares y/o afiliados, aunado al hecho
que no se acreditó de manera alguna el nexo causal entre la financiación al partido y el
ejercicio de sus funciones como congresista, en el debate y votación del proyecto de
ley referido.
No sobra añadir a lo anterior que al no estar tipificada la causal, la Sala queda relevada
de analizar los aspectos subjetivos de la conducta.
3. Conclusión
Teniendo en cuenta las razones que anteceden y las piezas que conforman el acervo
probatorio, resulta forzoso concluir que el representante a la Cámara no incurrió en la
causal de perdida de investidura invocada por el accionante, razón por la cual se
desestimarán las pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto, la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de
Decisión No. 21, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
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Demandante: Santiago García Builes
FALLA
Primero.- Rechazar, por improcedente, la excepción propuesta por el accionado, a
través de su apoderada judicial, de conformidad con las razones expuestas en la parte
motiva.
Segundo.- Negar la solicitud de pérdida de investidura del representante a la Cámara
Jaime Raúl Salamanca Torres, por el departamento de Boyacá, promovida por el señor
Santiago García Builes, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.
Tercero.- En firme esta providencia, archívese el expediente y remítase copia de esta
providencia a la mesa directiva de la Cámara de Representantes, al Consejo Nacional
Electoral y al Ministerio del Interior, de conformidad con el artículo 15 de la Ley 1881 de
2018. Por Secretaría General de la Corporación procédase de conformidad.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS EDUARDO MESA NIEVES (E)
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
WILSON RAMOS GIRÓN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Ausente en comisión
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