Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05301-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05301-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-05301-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
7 de noviembre de 2024
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05301-00
Demandante: Martha Ximena Barrera Niño
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05301-00
Demandante: Martha Ximena Barrera Niño
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de reparación
directa. Falta de legitimación en la causa por activa.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Decide la Sala la acción de tutela interpuesta en contra del Tribunal Administrativo de
Boyacá, Sala de Decisión n°. 1.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
la señora Martha Ximena Barrera Niño, quien actúa en nombre propio, promovió
demanda en orden a que se tutelen sus derechos fundamentales al debido proceso y
a la estabilidad laboral reforzada.
Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se dejara sin efectos la sentencia del
23 de abril de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de
Decisión n°.1, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
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Demandante: Martha Ximena Barrera Niño
radicación 15759-33-33-001-2016-00129-02 y, en su lugar, que se ordenara al Tribunal
dictar una nueva providencia en la que acate la Ley 1350 de 2009 y el precedente
jurisprudencial establecido en la materia.
1.1.2. Los hechos
La accionante narró como hechos de tutela, los siguientes:
i) El 2 de enero de 2003, mediante Resolución 315, fue vinculada a la Registraduría
Nacional de Estado Civil, Delegación Departamental de Boyacá, en el cargo de
registradora municipal.
ii) El 4 de enero de 2008, mediante Resolución 008 se ordenó su traslado al municipio
de San Mateo (Boyacá) y se posesionó el 8 de enero de 2008.
iii) El 6 de diciembre de 2017, a través de Resolución 532, se ordenó su traslado al
municipio de Corrales (Boyacá) y se posesionó el 2 de enero de 2018.
iv) El 14 de mayo de 2024, informó a la Registraduría Nacional del Estado Civil,
Delegación Departamental de Boyacá, su calidad de madre cabeza de familia y, por
consiguiente, su condición de sujeto de especial protección constitucional.
v) El 21 de junio de 2024, la Registraduría Nacional del Estado Civil, Delegada
Departamental de Boyacá, le informó que mediante Resolución 164 del 20 de junio de
2024, se dio por terminada su vinculación laboral, en cumplimiento de la sentencia del
23 de abril de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de
Decisión n°.1, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicación 15759-33-33-001-2016-00129-02, que ordenó el reintegro de la señora Lina
María Ibáñez Arango.
vi) Como consecuencia de lo anterior, quedó sin ningún tipo de ingreso para sufragar
sus gastos y los de su familia, por quien debe responder en atención a que es madre
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cabeza de familia a cargo de su hijo que actualmente se encuentra estudiando y de su
progenitora, además de que tiene por pagar un crédito hipotecario.
1.1.3. Los defectos invocados
En sentir de la accionante, el Tribunal incurrió en un defecto sustantivo en atención a
las siguientes circunstancias:
i) Se desconoció la normativa aplicable al Régimen de Carrera Administrativa de la
Registraduría Nacional del Estado Civil, el cual se rige por la Ley 1350 de 2009, pues
el acto administrativo de desvinculación del funcionario en provisionalidad no está
sujeto a la simple voluntad del nominador, sino a un término establecido desde el inicio
de la relación laboral, de modo que no genera expectativa ni derecho a permanecer
en el cargo.
ii) El numeral c del artículo 20 de la Ley 1350 de 2009 establece con claridad una
modalidad de nombramiento en provisionalidad, sujeto a un término, que tras agotarse,
el nombramiento acaba, haciendo que la simple exposición de esa situación sea
motivación suficiente para soportar el acto administrativo que materializa lo decidido.
En ese orden, el desconocimiento de esa norma constituye un defecto sustantivo por
desconocimiento de la normativa al aplicable.
iii) El Consejo de Estado ha estudiado la aplicación de la referida norma, concluyendo
en repetidas ocasiones que la desvinculación discrecional de un empleado en
provisionalidad lleva implícita su propia motivación, de modo que al finalizar el término
establecido para el nombramiento en provisionalidad discrecional no es necesario
incluir una motivación adicional.
iv) Sobre el particular, pueden verse las siguientes las sentencias proferidas dentro de
los expedientes 11001-03-15-000-2018-01299-01, 15001-23-33-000-2016-00371-01 y
11001-03-15-000-2019-05310-01.
1.2. Actuación procesal
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Mediante auto del 9 de octubre de 2024, se admitió la acción de tutela y, en
consecuencia, ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo de
Boyacá, como demandados, así como a la señora Lina María Ibáñez Arango, en
calidad de tercera con interés, al fungir como demandante en el proceso de nulidad y
restablecimiento de derecho con radicado 15759-33-33-001- 2016-00129-00 (01-02)
para que, en el término de tres (3) días, ejercieran su derecho de defensa, si a bien lo
tenían y rindan el respectivo informe; y requirió al Juzgado Primero del Circuito
Judicial de Sogamoso para que enviara copia digital del referido expediente.
1.3. Contestación de la demanda
1.3.1. El Tribunal Administrativo de Boyacá, Despacho No. 1. La magistrada Laura
Patricia Alba Calixto solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela, en
atención a las siguientes razones:
i) En el caso no se configura ninguno de los requisitos específicos señalados por la
accionante, pues la decisión de la corporación obedeció a la aplicación del
ordenamiento constitucional y legal y se fundamentó en el acervo probatorio
recaudado y allegado al plenario en forma legal y oportuna.
ii) El Tribunal consideró que en la medida en que no se provea el cargo en carrera, el
acto de insubsistencia debe ser motivado por la entidad, como lo exige la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado para los empleados en provisionalidad tanto en
el régimen general como los especiales. En ese orden, como quiera que la señora Lina
María Ibáñez Arango ocupaba en provisionalidad un empleo del sistema de carrera de
la entidad y no existía lista de elegibles, se consideró que esta tenía derecho a que se
expidiera un acto administrativo de desvinculación en el que se plasmaran las razones,
relacionadas con el servicio, por las cuales se tomó tal determinación, y no como se
hizo, bajo el argumento del vencimiento del término para el que fue nombrada.
iii) No se advierte de qué manera el Tribunal vulneró el debido proceso con la sentencia
proferida, pues la tutelante no hizo parte del proceso de nulidad y restablecimiento del
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derecho y tampoco había razones para hacerlo, pues para la época de los hechos la
accionante no había sido nombrada registradora municipal de Corrales (Boyacá), lo
cual ocurrió solo hasta el 2 de enero de 2018.
1.3.2. La Registraduría Nacional del Estado Civil. El doctor Renato Rafael Contreras
Ortega, jefe de la Oficina Jurídica, solicitó declarar la improcedencia de la acción de
tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva. Señaló que los cuestionamientos
en la instancia constitucional escapan a las facultades y funciones que tiene la entidad,
comoquiera que se orientan al amparo del derecho fundamental al debido proceso,
como consecuencia de las decisiones tomadas dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho adelantado por la señora Lina María Ibáñez Arango.
1.3.3. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Sogamoso. La
secretaria del despacho, doctora Mileidy Liliana Bohórquez Cantor, remitió el enlace
de acceso al expediente.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para asumir el conocimiento del presente asunto, de acuerdo
con el numeral 5.º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1983 de 2017, modificado por el
Decreto 333 de 2021, según el cual «Las acciones de tutela dirigidas contra los Jueces
o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo
superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada» y conforme al inciso
segundo del artículo 25 del Acuerdo 80 de 2019, 1 que dispone que «las tutelas que
sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda
instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de
lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual
haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».
2.2. Problema jurídico
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Corresponde a la Sala determinar si en el presente caso se cumplen los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para
efecto de estudiar por «vía de excepción» los cuestionamientos que plantea la señora
Martha Ximena Barrera Niño en contra de la sentencia del 23 de abril del 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión n°.1, dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento de derecho con radicado 15759-33-33-
001-2016-00129-00 [01-02].
2.3. De la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política como un
mecanismo a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces, mediante
un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre,
la protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad
pública».
El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y, en los artículos 11, 12 y 40,
estableció la posibilidad de emplearla para controvertir sentencias ejecutoriadas. Sin
embargo, aquellos fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-543 de 1992, pues consideró que atentaban contra los principios de la
cosa juzgada y de la seguridad jurídica, además de que transgredían la autonomía e
independencia judicial y las normas de competencia que fija la Constitución.
No obstante, lo anterior, la ratio decidendi de la mentada sentencia abrió la posibilidad
para que, de manera excepcional y como mecanismo transitorio, la acción de tutela
procediera en aquellos casos en los que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas,
actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la decisión
pueda causar un perjuicio irremediable».
Bajo este criterio, la jurisprudencia constitucional2 ha evolucionado en torno a la
consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
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judiciales y ha desarrollado diferentes reglas para su estudio, las cuales, finalmente,
convergieron en la Sentencia C-590 de 2005,3 donde la Corte concentró y diferenció
las causales genéricas y específicas de procedibilidad necesarias para verificar la
oportunidad del amparo.
Como causales genéricas de procedibilidad señaló las siguientes: (i) que la cuestión
sea de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial, salvo que se trate de evitar un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado
a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una irregularidad
procesal, que se señale, de manera clara, el efecto determinante que tiene en la
sentencia; (v) que se identifiquen los hechos que generaron la vulneración, los
derechos lesionados y que se haya alegado tal violación en el proceso judicial, siempre
que haya sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela.
A su vez, como causales específicas de procedibilidad, recogió las siguientes: defecto
orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente,
violación directa de la Constitución; resaltando el hecho de que para que proceda el
amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de ellas.
El Consejo de Estado, en sentencia del 31 de julio de 2012, 4 unificó su jurisprudencia
en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, y admitió que debe acometerse su estudio de fondo cuando se esté en
presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos
fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido
proceso y el derecho de defensa, para lo cual habrá de seguirse los parámetros fijados
por la ley y la jurisprudencia.
Así mismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia del 5 de
agosto de 2014,5 acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o
ejecutoria de la sentencia, según el asunto, como tiempo razonable para determinar si
la acción de tutela contra providencias judiciales se ejercía oportunamente, es decir,
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con inmediatez, que debe estudiarse según cada caso concreto, de acuerdo con los
presupuestos señalados para el efecto por la Corte Constitucional.
2.4. Hechos probados
De conformidad con el acervo probatorio que obra dentro del expediente con radicado
15759-33-33-001-2016-00129-00 [01-02], se establece lo siguiente:
2.4.1. El 14 de octubre de 2016, la señora Lina María Ibáñez Arango, por medio de
apoderado, interpuso medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en
contra de la Registraduría Nacional del Estado Civil para que fuera declarada la nulidad
del oficio del 8 de abril de 2016, a través del cual se dio por terminado su nombramiento
en provisionalidad como registradora municipal de Corrales (Boyacá); y como
consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, solicitó i) el
reintegro, sin solución de continuidad, al mismo cargo que ocupaba en la entidad antes
de ser desvinculada (registrador municipal 4035-05), o a otro de igual o similar
jerarquía y remuneración; y ii) el pago equivalente a los salarios y prestaciones sociales
dejados de percibir, así como los aportes al sistema de seguridad social integral, hasta
el momento de la sentencia o aprobación del acuerdo conciliatorio.
2.4.2. Mediante sentencia del 2 de diciembre de 2022, el Juzgado Primero
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Sogamoso negó las pretensiones de la
demanda.
2.4.3. El 23 de abril de 2024, el Tribunal Administrativo de Boyacá, al desatar el recurso
de apelación presentado por la parte demandante, resolvió lo siguiente:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 2 de diciembre de 2022, por el Juzgado
Primero Administrativo Oral de Sogamoso, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia. En su lugar, se dispone lo siguiente:
1. DECLARAR la nulidad del oficio de 8 de abril de 2016, suscrito por los delegados del
Registrador Nacional del Estado Civil – Delegación Departamental de Boyacá, por medio
del se entiende terminado el nombramiento de Lina María Ibáñez Arango como
registradora municipal 4035-05.
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2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se ordena
a la Registraduría Nacional del Estado Civil:
2.1. REINTEGRAR en provisionalidad a la demandante, Lina María Ibáñez Arango, sin
solución de continuidad, al cargo que venía desempeñando cuando se produjo su
desvinculación o a uno de igual o superior categoría, siempre y cuando dicho cargo
no haya sido provisto mediante concurso de mérito, no haya sido suprimido o la
demandante no haya llegado a edad de retiro forzoso.
2.2. PAGAR a Lina María Ibáñez Arango el equivalente a los salarios y prestaciones
sociales dejados de percibir en el empleo registradora municipal 4035-05, por el
término de 24 meses siguientes a la desvinculación, descontando de ese monto las
sumas que, por cualquier concepto laboral, público o privado, dependiente o
independiente, haya percibido la señora Lina María Ibáñez Arango. La demandada
solo podrá realizar descuentos si demuestra la vinculación laboral de la demandante
en el periodo que se ordena indemnización, conforme a la sentencia SU-556 de 2014.
3. Sin condena en costas.
4. La Registraduría Nacional del Estado Civil deberá pagar la indexación de las sumas
adeudadas a la demandante, en los términos del artículo 187 del CPACA.
5. Dar cumplimiento a la sentencia en los términos previstos en el artículo 192 de la Ley
1437 de 2011. Las sumas que resulten a pagar causaran intereses a partir de la
ejecutoria de esta providencia, en los términos del artículo 195 ibidem. 6. Ejecutoriada
esta decisión, liquídense los gastos del proceso y devuélvase el remanente si hubiere
lugar a ello.
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.
2.5. Análisis de la Sala. Caso concreto
La señora Martha Ximena Barrera Niño alega que el Tribunal Administrativo de Boyacá
vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y a la estabilidad laboral
reforzada, al proferir la sentencia del 23 de abril de 2024, dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento de derecho con radicado 15759-33-33-001-2016-00129-02, iniciado
por la señora Lina María Ibáñez Arango, en el cual ordenó su reintegro al cargo de
registradora municipal de Corrales Boyacá.
Pues bien, advierte la Sala que si bien es cierto el artículo 86 constitucional dispone
que todas las personas pueden interponer acción de tutela para reclamar ante los
jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, la
regla jurisprudencial que en materia de legitimación en la causa por activa se ha
desarrollado, se dirige a señalar que este presupuesto se configura cuando se
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demuestra que se tiene un interés directo y particular en la providencia y/o proceso
pretendido en revisión.
La legitimación en la causa por activa o legitimidad e interés para ejercer la acción
constitucional, se establece en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, 16 en los
siguientes términos:
Artículo 10.- Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo
momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus
derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante.
Los poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no
esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia
ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.
También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales.
Y en lo que corresponde con la legitimación en la causa por pasiva o personas contra
las que se promueve la acción e intervinientes, el artículo 13 ibidem, establece lo
siguiente:
Artículo 13.- Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La acción
se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que
presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen
actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o
con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos,
sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad
pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.
Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él
como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud.
Así, de conformidad con los apartes transcritos, al juez constitucional le corresponde:
i) verificar sí, efectivamente, el sujeto que interpone la acción de tutela acredita un
interés en la causa, bien sea por tratarse de la vulneración o amenaza de sus derechos
fundamentales, por tener la representación legal o judicial del titular de los derechos,
por actuar como agente oficioso o, finalmente, por ser una de las autoridades
mencionadas en el aparte final del artículo 10 del Decreto 2591 de 1991; y ii) de igual
forma, determinar si la autoridad contra la que se dirige la acción es a quien en realidad
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le compete responder por la violación de las garantías fundamentales que se le
endilgan, en términos de lo dispuesto en el artículo 13 ibidem.
En efecto, la parte actora no cumple con el requisito previsto en el artículo 10 del
Decreto 2591 de 1991, que exige demostrar la legitimidad o interés de quien acude a
la acción de tutela, en procura de que se protejan derechos fundamentales ante el
constreñimiento o quebrantamiento de estos y tampoco lo dispuesto por la
jurisprudencia constitucional, en el sentido de que cuando se trata de censurar
providencias judiciales por violación al debido proceso «la legitimación en la causa por
activa […] se configura por la participación en el proceso judicial de la causa y por el
grado de afectación que la decisión en comento le genere».
Lo anterior, porque de las pruebas obrantes en el plenario y como lo señaló la
Registraduría al rendir informe dentro de este trámite constitucional, quien promovió
demanda la demanda de nulidad y restablecimiento de derecho fue la señora Lina
María Ibáñez Arango, y no la aquí accionante, señora Martha Ximena Barrera Niño.
Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que la presente acción se
encuentra afectada por la ausencia del presupuesto procesal de legitimación en la
causa por activa y, de ahí que no se puede decidir sobre el fondo del asunto.
3. Conclusión
La Sala concluye que en el caso a la parte actora no le asiste el derecho para reclamar
la protección de los derechos invocados, en razón a su falta de legitimación en la causa
por activa. En tal sentido, la Sala rechazará por improcedente la acción.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
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Demandante: Martha Ximena Barrera Niño
F A L L A:
Primero: Rechazar por improcedente la acción de tutela interpuesta por la señora
Martha Ximena Barrera Niño, conforme a la parte considerativa que antecede.
Segundo. En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior sentencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado Electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.
ANGH.
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