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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05301-01

Fecha
7 de febrero de 2025
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05301-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

R E S U E L V E PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 7 de noviembre de 2024, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por las razones expuestas en esta decisión. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-05301-01

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

7 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., siete (7) de febrero de dos mil veinticinco (2025).

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05301-01
Accionante: MARTHA XIMENA BARRERA NIÑO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA – Derecho fundamental al debido proceso y a la
estabilidad reforzada / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD – Falta de legitimación
en la causa por activa – No participa en el proceso judicial de la causa /
TEMERIDAD. No se configura en el presente caso. Subsidiariedad de la acción de
tutela.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por la señora Martha
Ximena Barrera Niño en contra de la sentencia del 7 de noviembre de 2024,
proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, de
conformidad con lo consagrado en el Decreto 333 de 20211.

I. A N T E C E D E N T E S

La demanda

1. El 1° de octubre de 2024, la señora Martha Ximena Barrera Niño, en nombre
propio, presentó acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y a la estabilidad laboral reforzada, los cuales
considera vulnerados por el Tribunal Administrativo de Boyacá.

Hechos relevantes

2. La señora Martha Ximena Barrera Niño fue nombrada provisionalmente en el
cargo de Registrador Municipal 4035-05 de Susacón en la Planta Global de la
Delegación de Boyacá a partir del 2 de enero de 2003 de acuerdo con la Resolución
No. 315 de 20022.

3. La señora Martha Ximena Barrera Niño fue nombrada provisionalmente en el
cargo de Registrador Municipal 4035-05 de San Mateo en la Planta Global de la

1 Que ingresó para fallo el 17 de enero de 2025.
2 Obra en certificado EBB5AFBD936FEE34 B57C0A8E0A5FD72E E2C5C2DC78B67243
A55E407529FE741F, págs 4 a 6, índice 2 del expediente digital de tutela.

1

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05301-01
Accionante: Martha Ximena Barrera Niño
Accionado: Tribunal Administrativo De Boyacá
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

Delegación a partir del 8 de enero de 2008 de acuerdo con la Resolución No. 008
de 20083.

4. Tiempo después, la señora Martha Ximena Barrera Niño fue trasladada a partir
del 2 de enero de 2018 a la Registraduría Municipal 4035-05 de Corrales, de la
planta global de la Delegación Departamental de Boyacá, de acuerdo con la
Resolución No. 315 de 20024.

5. El 14 de mayo de 20245 la señora Barrera Niño mediante escrito dirigido a los
delegados del Registrador Nacional del Estado Civil indicó que era madre cabeza
de familia, pues convivía con su hijo menor Juan David Velásquez Barrera, así como
también estaba al cuidado de su madre quien era una señora de 76 años, y que
tenía un crédito de vivienda, motivo por el cual se encontrara dentro de los
escenarios establecidos por la Corte Constitucional ser un sujeto especial de
protección del Estado a fin de que pudiera continuar en el cargo de Registradora
Municipal de Corrales.

6. El 5 de junio de 20246, la Registraduría Nacional del Estado Civil resolvió la
petición anteriormente descrita indicando que de conformidad con el fallo proferido
por el Tribunal Administrativo de Boyacá dentro del proceso judicial 2016-00129-02
en el que figura como demandante la señora Lina María Ibáñez Arango, se declaró
la nulidad del oficio del 8 de abril de 2016 que dio por terminado ese nombramiento.
En cumplimiento de esa decisión, debía reintegrarse en provisionalidad a la
servidora, siendo obligatorio dar cumplimiento a las decisiones judiciales por lo que
se trataba de una sentencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

7. El 20 de junio de 20247, la Registraduría Nacional del Estado Civil profirió la
resolución No. 164 de 2024 mediante la cual se dio por terminado un nombramiento
en provisionalidad en cumplimiento de un fallo judicial adelantado por la señora Lina
María Ibáñez Arango y se reintegraba en el cargo a la señora Martha Ximena
Barrera Niño.

Pretensiones

8. Solicita la parte accionante lo siguiente (transcripción literal):

3 Obra en certificado EBB5AFBD936FEE34 B57C0A8E0A5FD72E E2C5C2DC78B67243
A55E407529FE741F, págs 7 a 9, índice 2 del expediente digital de tutela.
4 Obra en certificado EBB5AFBD936FEE34 B57C0A8E0A5FD72E E2C5C2DC78B67243
A55E407529FE741F, pág 10 a 12, índice 2 del expediente digital de tutela.
5 Obra en certificado EBB5AFBD936FEE34 B57C0A8E0A5FD72E E2C5C2DC78B67243
A55E407529FE741F, pág 20 a 22, índice 2 del expediente digital de tutela.
6 Obra en certificado EBB5AFBD936FEE34 B57C0A8E0A5FD72E E2C5C2DC78B67243
A55E407529FE741F, pág 31 a 33, índice 2 del expediente digital de tutela.
7 Obra en certificado EBB5AFBD936FEE34 B57C0A8E0A5FD72E E2C5C2DC78B67243
A55E407529FE741F, pág 351 a 54, índice 2 del expediente digital de tutela.

2

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05301-01
Accionante: Martha Ximena Barrera Niño
Accionado: Tribunal Administrativo De Boyacá
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

“PRIMERA: Amparar mis derechos fundamentales al debido proceso
y/o a la estabilidad laboral reforzada.

SEGUNDA: Dejar sin efectos la decisión proferida por el Tribunal
Administrativo de Boyacá en segunda instancia al interior del proceso
No. 1575933330012016-00129-02.

TERCERA: Ordenar al Tribunal Administrativo de Boyacá que
profiera una nueva providencia que acate el orden legal establecido
por la ley 1350 de 2009 y el pacífico precedente establecido sobre la
materia por el Consejo de Estado”.

Fundamentos de la demanda de tutela

9. La parte demandante alega que, si bien no hizo parte del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho dentro de la cual se profirió la decisión que se
cuestiona a través de tutela, tiene legitimación en la causa por activa, toda vez de
que la orden del reintegro de la señora Lina María Ibáñez Arango al cargo de
registradora Municipal del Municipio de Corrales – Boyacá afectó de manera directa
y grave sus derechos fundamentales al debido proceso y a la estabilidad laboral
reforzada8.

10. Así mismo, indicó que, cuando se dio dicho reintegro no se dio cumplimiento
a unas condiciones específicas pues i) ese cargo no se estableció por concurso de
méritos; ii) no fue suprimido y iii) la señora Ibáñez Arango no había llegado a la edad
de retiro forzoso.

11. Puso de presente que el caso cumple el requisito de relevancia
constitucional, debido a que con la decisión tomada por el Tribunal Administrativo
de Boyacá fue privada de la única fuente de ingreso a pesar de ser un sujeto
especial de protección, sumado a que estaba ejerciendo ese cargo desde hace más
de 21 años, sin embargo, al momento de retirarla, no se le dio la oportunidad de
exponer las razones por las cuales ostentaba un mejor derecho para conservar su
trabajo.

12. Expuso que se encuentra satisfecho el requisito de subsidiariedad con
ocasión de las decisiones impartidas por la parte accionada no pudieron ser
cuestionadas en su momento, siendo notificada y enterada del proceso judicial
hasta su desvinculación. Así mismo, en lo que se refiere a la inmediatez, mencionó
que se cumplió a cabalidad porque la decisión enjuiciada i) se profirió el 23 de abril
de 2024; ii) fue notificada a las partes el 29 de abril de 2024 y iii) conoció de la
misma el 2 de mayo de 2024 cuando la Delegación Departamental de Tunja de la
Registraduría Nacional del Estado Civil le informó de manera “informal”.

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Rad No. 11001-03-
15-000-2017-02389-01.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05301-01
Accionante: Martha Ximena Barrera Niño
Accionado: Tribunal Administrativo De Boyacá
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

13. Por otro lado, adujo que se presenta un defecto sustantivo dado que en el
régimen de carrera administrativa de la Registraduría Nacional del Estado Civil se
encuentra regido por “la Ley 1350 de 2009 es decir la Ley 909 de 2009” siendo
relevante el artículo 209 el cual se refiere a la provisión de empleos cuya modalidad
tiene un término máximo de 6 meses improrrogables, sin embargo, la parte
accionada dentro de sus argumentos estableció que no bastaba con exponer el
cumplimiento del término para dar por satisfecha la motivación del acto. Además,
se desconoció que el acto administrativo que decide sobre la desvinculación de un
trabajador en provisionalidad no está sujeto a la simple voluntad del nominador
cuando lo desee, sino que requiere de un término establecido desde el inicio de la
relación, sin generar expectativa o derecho de permanecer en el puesto y mencionó
a la sentencia SU-917 de 2010 proferida por la Corte Constitucional.

14. Adicional a esto, se refirió al desconocimiento del precedente jurisprudencial del
Consejo de Estado10, porque en repetidas ocasiones concluyó que la desvinculación
de un empleado en provisionalidad discrecional al vencimiento del término
establecido lleva consigo una motivación, por tanto, en la provisionalidad
discrecional no es necesario incluir una motivación adicional, denotando una clara
postura respecto de la aplicación del numeral c del artículo 20 de la Ley 1350 de
2009.

Trámite en primera instancia

15. A través de auto del 9 de octubre de 2024, la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado admitió la tutela de la referencia; ordenó notificar a
los magistrados del Tribunal Administrativo de Boyacá como accionados; a la
Registraduría General de la Nación y a la señora Lina María Ibáñez Arango como
terceros interesados en las resultas del proceso, para esto, solicitó al Juzgado
Primero Administrativo del Circuito de Sogamoso para que suministrara la dirección
electrónica o física para efectos de garantizar su derecho a la defensa y
contradicción así como también la copia digital del expediente del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho.

Intervenciones

16. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Sogamoso remitió las
direcciones electrónicas solicitadas en el auto admisorio.

9 Se transcribe lo siguiente: “ARTÍCULO 20. Clases de nombramiento. La provisión de los empleos
en la Registraduría Nacional del Estado Civil podrá realizarse mediante las siguientes clases de
nombramiento:
(…)
c) Nombramiento provisional discrecional: Esta clase de nombramiento es excepcional y solo
procederá por especiales razones del servicio. El término de la provisionalidad se podrá hacer hasta
por seis (6) meses improrrogables; deberá constar expresamente en la providencia de
nombramiento. En el transcurso del término citado se deberá abrir el concurso respectivo para
proveer el empleo definitivamente; (…)”
10 Hizo mención a las sentencias 11001-03-15-000-2018-01299-01; 15001-23-33-000-2016-00371-
01; 11001-03-15-000-2019-05310-01.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05301-01
Accionante: Martha Ximena Barrera Niño
Accionado: Tribunal Administrativo De Boyacá
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

17. La Registraduría Nacional del Estado Civil señaló que, una vez revisadas las
bases de datos de la entidad, encontró que la señora Barrera Niño ya había radicado
una acción de tutela en contra de esa entidad cuyo radicado corresponde a
15759333300220240011200, en el que se dictó sentencia de primera instancia por
parte del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Sogamoso – Boyacá,
declarando improcedente el amparo de tutela, decisión confirmada por el Tribunal
Administrativo de Boyacá.

A su vez, realizó una comparación de los hechos y pretensiones entre el escrito de
la acción de tutela presentada en julio y la que se encuentra en curso, por tanto,
indicó que se configura una actuación temeraria de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 38 del Decreto 2591 de 1991.

De otra parte, expresó que no se cumplió con los elementos de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales, debido a que la parte accionada
garantizó el debido proceso. A su vez, mencionó que se presenta una falta de
legitimación en la causa por pasiva, ya que las decisiones tomadas dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho son ajenas a las competencias
de la entidad, porque no fungió como juez.

18. El Tribunal Administrativo de Boyacá dentro de su informe adujo que no se
configura ninguno de los requisitos específicos señalados, porque sus decisiones
obedecieron a la aplicación del ordenamiento constitucional y legal, con base en el
acervo probatorio recaudado y allegado al plenario en forma legal y oportuna. De
manera específica se detallaron los argumentos relacionados con la legalidad del
acto que se demandó y por el cual se desvinculó a la señora Ibáñez Arango en el
empleo de registradora municipal de Corrales, explicando de manera suficiente las
razones por las cuales se debía declarar la nulidad.

En lo que se refiere al defecto sustantivo, se remitió a la sentencia del 23 de abril
de 2024 en la que se consideró que el artículo 20-c de la Ley 1350 de 2009 señala
la temporalidad del nombramiento en provisionalidad la cual son de 6 meses, siendo
razón suficiente para dar por terminada la vinculación, bajo el supuesto que vencido
el término debe proveerse el cargo definitivamente.

De otra parte, adujo que la parte indicó que se presentaba un desconocimiento del
precedente de conformidad con algunas de las decisiones proferidas por el Consejo
de Estado11 que no fueron tenidas en cuenta, sin embargo, puso de presente que
en la jurisprudencia de esta Corporación no ha sido tan pacífica en estos temas,
pues ha tenido en cuenta el vencimiento del término del nombramiento como razón
suficiente para la desvinculación laboral de servidores en provisionalidad, así como
también ha emitido providencias en las que se ha dispuesto que el acto se debe
motivar en cuanto al vencimiento del plazo del nombramiento no es razón suficiente

11 Las sentencias son las siguientes: 11001-03-15-000-2018-01299-01, 15001-23-33-000-2016-
00371-01, 11001-03-15-000-2019-05310-01

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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05301-01
Accionante: Martha Ximena Barrera Niño
Accionado: Tribunal Administrativo De Boyacá
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

para la desvinculación, posición que fue acogida por el tribunal en la sentencia
cuestionada.

Por último, expresó que no se vulneró el debido proceso, toda vez de que en la
presentación de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho por parte de
la señora Ibáñez Arango, la accionante no había sido nombrada registradora
municipal de Corrales (Boyacá), pues tal como obra en la solicitud de tutela y las
pruebas que la acompañan, dicho cargo fue ocupado a partir del 2 de enero de
2018.

19. La señora Lina María Ibáñez Arango no intervino, a pesar de haber sido
notificada12.

La sentencia de primera instancia

20. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por medio de
sentencia del 7 de noviembre de 2024, declaró improcedente la acción de tutela,
por la falta de legitimación en la causa por activa.

21. Indicó que, si bien el artículo 86 constitucional dispone que todas las personas
pueden presentar una acción de tutela con el fin de salvaguardar sus derechos
fundamentales cuando resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión
de cualquier autoridad pública, en lo que respecta a la legitimación en la causa por
activa se configura cuando se tiene un interés directo y particular en la providencia
o proceso.

22. Indicó que de acuerdo con el artículo 10 13y 1314 del Decreto 2591 de 1991, al
juez constitucional debe verificar i) si el sujeto que interpone la acción de tutela
acredita un interés en la causa, debido a la vulneración o amenaza de sus derechos
fundamentales, ya sea como representante legal o judicial del titular de los
derechos, agente oficioso o una autoridad pública con la que se hizo la solicitud y ii)

12 Fue notificada a los correos electrónicos maru0386@hotmail.com,
jorgemarioibanezarango@hotmail.com, el 11 de octubre de 2024, tal como se puede observar en el
índice 8 de samai.
13 Artículo 10.- Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y
lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien
actuará por sí misma o a través de representante.
Los poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones
de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.
También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales.
14 Artículo 13.- Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La acción se dirigirá contra
la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho
fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas
por un superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos,
sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la
acción se tendrá por ejercida contra el superior.
Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante
del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05301-01
Accionante: Martha Ximena Barrera Niño
Accionado: Tribunal Administrativo De Boyacá
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

debe averiguar si la autoridad contra la que se dirige la acción, es competente para
responder por la vulneración de sus garantías fundamentales que se le endilgan.

23. Una vez analizada esta situación, adujo que la parte actora no cumplió con el
requisito previsto en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, que exige demostrar
la legitimidad o interés de quien actúa en la tutela, pues advirtió que cuando se pone
en tela de juicio una providencia judicial por violación al debido proceso, se configura
siempre y cuando exista una participación en el proceso judicial de la causa y por el
grado de afectación que la decisión género. Por tanto, una vez revisó las pruebas
obrantes del plenario encontró que la Registraduría al rendir informe dentro del
trámite constitucional dio cuenta de que la demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho fue presentada por la señora Lina María Ibáñez Arango y no por la
señora Martha Ximena Barrera Niño, denotando la ausencia del presupuesto
procesal de la legitimación en la causa por activa.

La impugnación

24. Contra la decisión precitada, la parte accionante presentó impugnación
mediante escrito en el cual reiteró los argumentos expuestos en la demanda de
tutela.

25. Adicional a ello, expresó que pese a no hacer parte del proceso judicial de
nulidad y restablecimiento del derecho en el cual se profirió la decisión enjuiciada,
nunca pretendió ocultar esto y lo puso de presente, sin embargo, se omitió hacer un
estudio completo de la situación de fondo del asunto.

26. Agregó que el Tribunal adoptó “una decisión que necesariamente iba a
afectarme, sin ofrecerme la posibilidad de participar en el proceso, de modo que
nunca tuve la oportunidad para esgrimir los argumentos por los cuales tengo la firme
convicción de ostentar un mejor derecho a ocupar el puesto perseguido por la
demandante”.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Cuestión previa: inexistencia de temeridad

27. El artículo 38 del Decreto 2591 de 199115 señala que la acción de tutela se
considera temeraria cuando una demanda es presentada por la misma persona o
su representante, ante varios jueces constitucionales, sin ofrecer un motivo
expresamente justificado. Además, la misma norma prevé las consecuencias de su

15 Al tenor dispone: “Artículo 38. Actuación temeraria. Cuando, sin motivo expresamente justificado,
la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios
jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes.
El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela respecto de los mismos
hechos y derechos, será sancionado con la suspensión de la tarjeta profesional al menos por dos
años. En caso de reincidencia, se le cancelará su tarjeta profesional, sin perjuicio de las demás
sanciones a que haya lugar.”

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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05301-01
Accionante: Martha Ximena Barrera Niño
Accionado: Tribunal Administrativo De Boyacá
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

configuración, estableciendo que la acción así presentada será rechazada o
decidida de manera desfavorable, sumado a la imposición de sanciones para el
caso de los abogados que incurran en dicha práctica.

28. En línea con lo anterior, la Corte Constitucional16 ha desarrollado algunos
aspectos que deben ser tenidos en cuenta al momento de abordar la posible
configuración de la temeridad. Al respecto, ha indicado que debe existir una triple
identidad entre las acciones de tutela presentadas simultánea o sucesivamente, a
saber: (i) identidad de partes, en el sentido de que las acciones de tutela se hayan
presentado por la misma persona natural o jurídica o a través de su apoderado o
representantes y se dirija contra el mismo demandado; (ii) identidad de causa
petendi, es decir, que el ejercicio repetido de la acción de tutela se fundamente en
los mismos hechos que le sirven de sustento, y (iii) identidad de objeto, que consiste
en que las demandas persigan la satisfacción de la misma pretensión o invoquen la
protección de los mismos derechos fundamentales17

29. Bajo este contexto, la Sala considera que con ocasión de los argumentos e
informe de tutela expuesto por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil,
es necesario aclarar que, en el caso concreto no se satisfacen los anteriores
requisitos, de manera que no se puede tener por configurada la temeridad, pues si
bien la accionante presentó otra acción de tutela la cual se identifica con el radicado
15759-33-33-002-2024-00112-00/01 en las que se profirieron las sentencias del 17
de julio de 2024 por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Sogamoso
y la providencia del 6 de agosto de 2024 confirmada por el Tribunal Administrativo
de Boyacá, no se configuró la identidad de partes ni objeto frente a la demanda aquí
presentada

30. En cuanto a la identidad de partes se observa en el proceso surtido en el
radicado 2024-00112-00/01 funge como accionante la misma ciudadana que
instauró la acción de tutela de la referencia. No obstante, en punto de las
autoridades demandadas se tiene que en el radicado antes mencionado no se
accionó al Tribunal Administrativo de Boyacá, entidad que si es accionada como
extremo pasivo en el presente trámite.

31. En relación con la identidad de objeto, la Sala encuentra que en la demanda
2024-00112-00/01 se invoca la protección de los derechos a la dignidad humana,
mínimo vital y estabilidad laboral reforzada, así como también se ordena a la
Registraduría Nacional del Estado Civil el reintegro inmediato al cargo que ejercía
sin solución de continuidad hasta el momento de su desvinculación o a otro cargo
con igual o superior jerarquía, mientras que en el caso concreto se busca amparar
sus derechos fundamentales al debido proceso y a la estabilidad reforzada así como

16 Corte Constitucional, Sentencia T-113 de 2010. M.P. Mauricio González Cuervo; Sentencia T-096
de 2011. M.P. Juan Carlos Henao Pérez; Sentencia T-481 de 2013. M.P. Alberto Rojas Ríos;
Sentencia T-529 de 2014. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
17 Corte Constitucional, Sentencia SU-027 de 2021. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05301-01
Accionante: Martha Ximena Barrera Niño
Accionado: Tribunal Administrativo De Boyacá
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

también dentro de sus solicitudes se busca dejar si efectos la decisión proferida por
el Tribunal Administrativo de Boyacá y que se profiera una nueva providencia.

32. En las condiciones analizadas, la Subsección advierte que no concurrieron los
elementos necesarios para dar aplicación a la figura de la temeridad, debido a que
las dos demandas de tutela se fundamentan en el mismo escenario fáctico, no existe
identidad en cuanto a las partes y el objeto en ellas formuladas, de manera que la
cuestión aquí discutida es disímil a la debatida en el proceso de tutela surtido ante
el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Sogamoso y el Tribunal
Administrativo de Boyacá.

Improcedencia de la acción de tutela en el caso concreto

33. El artículo 86 de la Constitución Política señala que la acción de tutela es un
mecanismo de defensa judicial al que puede acudir cualquier persona para reclamar
la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad
pública y, excepcionalmente de los particulares, en los casos específicamente
previstos por la ley.

34. En consonancia con dicho mandato superior, el artículo 10 del Decreto 2591 de
1991 establece que:

“ARTÍCULO 10. LEGITIMIDAD E INTERÉS. La acción de tutela podrá ser
ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o
amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí
misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos.

También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los
mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal
circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. También podrá
ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales”.

35. Frente a ello, la Corte Constitucional recientemente18 definió los requisitos
para la legitimación en la causa por activa, señalando que la tutela se puede
impetrar por cualquier persona en los siguientes eventos:

a) En forma directa (el interesado por sí mismo).
b) Por intermedio de un representante legal (caso de los menores de edad y
personas jurídicas).
c) Mediante apoderado judicial (abogado titulado con mandato expreso).
d) A través de agente oficioso (cuando el titular del derecho no esté en
condiciones de promover su propia defensa).
e) Por conducto del defensor del pueblo o de los personeros
municipales (facultados para intervenir en representación de terceras

18 Corte Constitucional. Sentencia SU 150 de 2021.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05301-01
Accionante: Martha Ximena Barrera Niño
Accionado: Tribunal Administrativo De Boyacá
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

personas, siempre que el titular de los derechos haya autorizado
expresamente su mediación o se adviertan situaciones de desamparo e
indefensión).

36. De las anteriores normas se desprende que uno de los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela es que quien la instaure se encuentre legitimado
en la causa por activa para buscar la protección de sus derechos fundamentales.
Es decir, este presupuesto exige que los derechos objeto de protección estén en
cabeza del accionante y no, en principio, de otra persona.

37. En lo que se refiere a la legitimación en la causa por pasiva o contra quien se
presenta una acción de tutela el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 establece lo
siguiente:

Artículo 13.- Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La acción
se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que
presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen
actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior,
o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra
ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de
la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.

Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en
él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien
se hubiere hecho la solicitud.

38. En el caso bajo estudio, se advierte que la parte demandante solicita la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la estabilidad
laboral reforzada, presuntamente vulnerados por el Tribunal Administrativo de
Boyacá, con ocasión del cumplimiento de la providencia proferida el 23 de abril de
2024, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en la que se dio
por terminada su vinculación laboral y se ordenó el reintegro de la señora Lina María
Ibáñez Arango.

39. Al respecto, de conformidad con las pruebas obrantes en el expediente se tiene
que dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado por la
señora Lina María Ibáñez Arango, la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Boyacá dispuso:

“(…) PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 2 de diciembre de 2022,
por el Juzgado Primero Administrativo Oral de Sogamoso, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. En su lugar, se dispone lo
siguiente:

1. DECLARAR la nulidad del oficio de 8 de abril de 2016, suscrito por los
delegados del Registrador Nacional del Estado Civil – Delegación
Departamental de Boyacá, por medio del se entiende terminado el
nombramiento de Lina María Ibáñez Arango como registradora municipal 4035-
05.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho,
se ordena a la Registraduría Nacional del Estado Civil:

10

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05301-01
Accionante: Martha Ximena Barrera Niño
Accionado: Tribunal Administrativo De Boyacá
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

2.1. REINTEGRAR en provisionalidad a la demandante, Lina María Ibáñez
Arango, sin solución de continuidad, al cargo que venía desempeñando cuando
se produjo su desvinculación o a uno de igual o superior categoría, siempre y
cuando dicho cargo no haya sido provisto mediante concurso de mérito, no haya
sido suprimido o la demandante no haya llegado a edad de retiro forzoso. (…)

40. Así las cosas, la Sala observa que la señora Martha Ximena Barrera Niño
carece de legitimación en la causa para promover esta acción constitucional, toda
vez que para exigir la protección del derecho fundamental al debido proceso, era
preciso que demostrara que fungía como sujeto procesal en la mencionada
controversia o que, no siendo convocada al proceso, ostentaba una posición jurídica
de derecho sustancial que conminaba al operador judicial para que procediera a su
vinculación necesaria a la controversia antes de dictarse sentencia.

41. Esta última hipótesis exige, a la luz del principio de subsidiariedad que inspira a
la acción constitucional, la exposición por parte del afectado al juez de conocimiento
de la posible configuración de una causal de nulidad de acuerdo con lo previsto en
el artículo 133.8 del Código General del Proceso para que éste resuelva lo
pertinente. Inclusive, el ordenamiento jurídico consagra un mecanismo
extraordinario de defensa judicial para obtener la protección de los derechos
fundamentales de quien alega detentar un mejor derecho para reclamar después de
dictada la sentencia19.

42. Los antecedentes del caso revelan, con total claridad, que la actora defiende
ser titular de un mejor derecho frente a la funcionaria reintegrada, por tratarse de un
sujeto de especial protección constitucional i) dada su condición de madre cabeza
de familia, ii) responsable del cuidado de su madre, quien es un adulto mayor con
delicado estado de salud y iii) por demás deudora de un crédito hipotecario. Por tal
razón, corresponde a la accionante en caso de que lo estime pertinente, acudir al
recurso extraordinario de revisión con el fin de reivindicar el presunto mejor derecho
que le asiste en permanecer en la función registral.

43. A todo lo anterior, agréguese que no existe evidencia de alguna circunstancia
que permita concluir que la accionante se encuentra ante el riesgo de sufrir un daño
irreparable e inminente, que menoscabe gravemente sus derechos y que requiera
la adopción de medidas urgentes e impostergables distintas a las que puede adoptar
el juez del recurso extraordinario. Tal como lo revela el expediente, la actora acudió
previamente a la justicia constitucional con el fin de obtener el reintegro en la entidad
y los jueces de conocimiento desestimaron la solicitud. De tal suerte que deberá
acudir a la instancia judicial respectiva para la defensa de sus derechos.

19 Por ejemplo, el numeral 6° del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, establece como causal de procedencia del recurso extraordinario de
revisión la de "6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor
derecho para reclamar (...)".

11

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05301-01
Accionante: Martha Ximena Barrera Niño
Accionado: Tribunal Administrativo De Boyacá
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

44. Por las razones señaladas, se confirmará la sentencia objeto de impugnación
que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. R E S U E L V E

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 7 de noviembre de 2024, proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por las razones
expuestas en esta decisión.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.

TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

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