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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-05309-01

Fecha
23 de enero de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-05309-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 5 de noviembre de 2024 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, que declaró improcedente la solicitud de amparo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 12 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2024-05309-01 Accionante: Angélica Novoa Díaz Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-05309-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

23 de enero de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05309-01
Accionante: Angélica Novoa Díaz
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de enero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05309-01
Accionante: Angélica Novoa Díaz
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: recurso extraordinario de
revisión. Subtema 2: defectos fáctico, procedimental y desconocimiento del
precedente.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la
impugnación interpuesta por la señora Angélica Novoa Díaz en contra de la sentencia
del 5 de noviembre de 2024 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró improcedente el amparo de tutela.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La señora Angélica Novoa Díaz, por conducto de apoderado, presentó acción de
tutela1, con la pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido
proceso, al trabajo y al acceso a la administración de justicia, los cuales consideró
vulnerados por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, al
proferir la sentencia del 15 de febrero de 2024 en el trámite del recurso extraordinario
de revisión con radicado núm. 11001-03-25-000-2021-00194-00.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela y demás elementos aportados por las partes al trámite
constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:

1
Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-05309-00, índice 64, certificado76300FC7FE3CA9A0 87CF1B720725F382
F6C36F4A1EEE3E14 D6273B428F4DEEE9.

1

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Accionante: Angélica Novoa Díaz
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

2. La señora Angélica Novoa Díaz presentó demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho en contra de la Comisión Nacional de Televisión2, hoy Fiduagraria S.A.,
en la que solicitó la nulidad de la Resolución núm. 910 del 10 de septiembre de 2010,
mediante la cual se declaró insubsistente su nombramiento en el cargo de tecnóloga
código 4100873, grado 10. Así como su reintegro al empleo que desempeñaba o a uno
de igual o superior jerarquía.
3. El Juzgado Cuarenta y Siete Administrativo de Bogotá, mediante sentencia del 28
de agosto de 2017, denegó las pretensiones de la demanda. Contra dicha decisión, la
parte actora presentó recurso de apelación.
4. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F,
mediante sentencia del 29 de marzo de 2019, confirmó en su integridad la providencia
de primera instancia, con fundamento en las siguientes conclusiones:

i) El cargo que desempeñaba la demandante era de libre nombramiento y
remoción;

ii) el retiro del servicio obedeció a la facultad discrecional del nominador;

iii) aunque en su contra se adelantó un proceso disciplinario, la interesada no
demostró que haya tenido incidencia en la expedición del acto administrativo
cuestionado;

iv) no se acreditó el acoso laboral al que aludió la parte actora, pues no se
instauró la denuncia respectiva, y, en todo caso, las funcionarias a las que
atribuyó las situaciones atinentes al acoso no intervinieron en la decisión de
retirarla del servicio;

v) no se probó que la desvinculación de la servidora haya afectado la prestación
del servicio.
5. La accionante interpuso recurso extraordinario de revisión, a través del cual pidió
que se revocara la providencia del 29 de marzo de 2019, por considerar que se
configuraron las causales previstas en los numerales 1 y 5 del artículo 250 de la Ley
1437 de 2011.
6. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, mediante sentencia del
15 de febrero de 2024, declaró infundado el recurso, con el argumento que la
recurrente no acreditó los supuestos descritos en las causales de revisión invocadas.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
7. La parte actora solicitó en el escrito de tutela3 lo siguiente:

«PRIMERO: Ordenar a la SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ESTADO cesar la

2
Entidad liquidada de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 1507 de 2012, cuyo patrimonio autónomo de remanentes
estuvo a cargo de la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. Fiduagraria S.A.
3
Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-05309-00, índice 64, certificado76300FC7FE3CA9A0 87CF1B720725F382
F6C36F4A1EEE3E14 D6273B428F4DEEE9.

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Accionante: Angélica Novoa Díaz
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

vulneración a los derechos fundamentales de la accionante ANGELICA NOVOA DÍAZ,
y como consecuencia de ello, revocar la sentencia del 15 de febrero de 2024, al mismo
tiempo declarar la nulidad de la resolución número 910 del 10 de septiembre de 2010,
expedida por la COMISION NACIONAL DE TELEVISIÓN, ordenando el inmediato
reintegro de la accionante, al cargo de tecnólogo código 4100873, grado 10 adscrito a
la Subdirección Administrativa y Financiera. También ordenar, el pago de la totalidad
de las acreencias laborales y pretensiones de la demanda, establecidas en el
expediente número 11001-333-1027-2011-00085-03.

SEGUNDO: Que, como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al anterior
despacho accionado, cumplan en el término de 48 horas, contados a partir de la
notificación de la protección constitucional ordenada»4.

8. Como fundamento de sus pretensiones, la accionante en el escrito de amparo
expuso que la providencia objeto de la acción de tutela incurrió en los defectos fáctico
y procedimental, por cuanto realizó una indebida valoración de los elementos
probatorios obrantes en los expedientes de nulidad y restablecimiento del derecho y
de revisión, que, a su juicio, acreditaban las irregularidades que ocasionaron la
desvinculación de la actora.
9. Asimismo, advirtió que se desconoció el precedente jurisprudencial de la Corte
Constitucional5 y del Consejo de Estado6, a través del cual se ha desarrollado el deber
de motivación de los actos administrativos que retiran del servicio a los empleados
públicos.

2.3. Trámite procesal
10. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, mediante auto del 4 de
octubre de 20247, admitió la solicitud de tutela, ordenó la notificación a la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y dispuso comunicar el escrito de
tutela al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F;
al Juzgado Cuarenta y Siete Administrativo de Bogotá; y a Fiduagraria S.A., en calidad
de terceros interesados.

2.4. Intervenciones

La Subsección A de la Sección Segunda8 solicitó que se declare improcedente el
amparo por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional, toda vez que el
escrito de tutela no expresó razonablemente los hechos y los argumentos que dan
cuenta de la supuesta vulneración de las garantías fundamentales por parte de la
sentencia del 15 de febrero de 2024.
11. Adicionalmente, refirió que la tutelante, a través de este mecanismo constitucional,
pretendió reabrir el debate concluido en el proceso de nulidad y restablecimiento del

4
Se transcribe incluso con errores.
5
Sentencias SU-250 de 1998, SU-917 de 2010, SU-053 de 2015 entre otras.
6
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 18 de julio de 2019, radicado núm. 05001-23-31-000-2004-04088-01.
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 11 de diciembre de 2015, radicado núm. 25000-23-24-000-2006-01002-01.
7
Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-05309-00, índice 4, certificado 686C447216DC518C 3E33770F78417CF3
4816CA8159DEC794 F637842A21B362B0.
8
Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-05309-00, índice 9, certificado 9EA7B38673CAC445 35B155D1556D9F9E
6CF98F48DA9DFFA7 80EEAF046A045E3B.

3

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Accionante: Angélica Novoa Díaz
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derecho y en el recurso extraordinario de revisión, con el fin de obtener un
pronunciamiento que se ajustara a sus intereses particulares.
12. El Juzgado Cuarenta y Siete Administrativo de Bogotá9 manifestó que carece
de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que la solicitud de amparo se dirige
contra la decisión proferida el 15 de febrero de 2024 por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A.
13. Asimismo, indicó que la acción de tutela no cumple con el requisito de inmediatez,
por cuanto se presentó 8 meses después de haberse expedido la providencia
cuestionada. Por consiguiente, solicitó que se declare improcedente.
14. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
F y la Fiduagaria S.A. guardaron silencio.

2.5. Sentencia de primera instancia
15. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, mediante sentencia del 5
de noviembre de 202410 declaró improcedente la solicitud de amparo, porque la
demanda no cumplió con el requisito general de la relevancia constitucional, toda vez
que no desarrolló una carga argumentativa y probatoria dirigida a acreditar los defectos
alegados en contra de la sentencia del 15 de febrero de 2024, proferida por el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección A.
16. Al respecto, indicó que la accionante insistió en los argumentos que planteó en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y en el recurso extraordinario de
revisión, sin exponer las circunstancias por las cuales consideraba que la decisión
censurada vulneró sus derechos fundamentales, con miras a que se profiriera una
nueva sentencia en la que se accediera a la interpretación que estimaba correcta.
17. De este modo, concluyó que los argumentos de la tutelante, únicamente se
enfocaron en debatir aspectos decididos por el juez natural, sin proponer un verdadero
debate constitucional respecto de la providencia del 15 de febrero de 2024.

2.6. Impugnación
18. La parte actora impugnó11 la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, con el argumento que los defectos analizados y acreditados en la
solicitud de amparo «corresponden a la situación fáctica de verdadera “...relevancia
constitucional...” y “...trasgresión...” de “...derechos fundamentales....” demostrados en
contra de la ex funcionaria[sic] ANGÉLICA NOVOA DÍAZ [sic]; accionante que
oportunamente “...identificó la regla que a su juicio resultaba vinculante....” en
jurisprudencia citada y aplicada al presente caso, a partir de las atribuidas
arbitrariedades consumadas por el nominador y sus dependientes inmediatos y
directos»12.

9
Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-05309-00, índice 11, certificado DB10264F5D7F23F3 235B9BD3BC3F3209
4F445B562A1C3085 E90EABC8A5B327E8.
10
Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-05309-00, índice 14, certificado
C81AC57BC3981264 587BAFB0D43A8316 B0C8F06982A0CE0C DBCC33AEAF31D7D7.
11
Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-05309-00, índice 18, certificado 35930BED43762687 B9A02EF3F952C101
726870EB9FA9999D 2036E836D1A55780.
12
Se transcribe incluso con errores.

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Accionante: Angélica Novoa Díaz
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19.Como fundamento de lo anterior, reiteró cada uno de los argumentos expuestos
en el escrito de tutela y, en consecuencia, pidió que se revoque la providencia
impugnada y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la acción de tutela.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia
20. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala tiene competencia para conocer, en
segunda instancia, la impugnación contra la sentencia del 5 de noviembre de 2024
proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C.

3.2. Legitimación en la causa
21. La legitimación en la causa por activa de la señora Angélica Novoa Díaz se
encuentra acreditada, por cuanto actuó como parte demandante en el recurso
extraordinario de revisión en el que fue expedida la sentencia que, a su juicio,
desconoció sus derechos fundamentales.
22. También está probada la legitimación en la causa por pasiva de la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, porque fue la autoridad que profirió
la providencia objeto de estudio.

3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
23. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado13 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela contra providenciales judiciales procede de
manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en
procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este
mecanismo constitucional14.
24.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:

(i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
(ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa
judicial [subsidiariedad];
(iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado
[inmediatez];
(iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte
un derecho fundamental;
(v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
(vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
13
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente n.º 11001-03-
15-000-2012-02201-01 (IJ).
14
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.

5

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25. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen incompatible
una providencia judicial con los mandatos constitucionales11 y, por tanto, constituyen
el fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En otras palabras, estos
requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan la integridad de la
decisión judicial y que justifican la intervención del juez constitucional para la
salvaguarda de los derechos fundamentales.
26. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere
que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i) orgánico; ii)
procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la
autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente
constitucional; o viii) violación directa de la Constitución15.

3.3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
28. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la

Corte Constitucional16 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales
el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos que
ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.
29. Así pues, la Corte Constitucional17 ha fijado unos criterios que deben ser acatados
con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional en un caso en
concreto, los cuales son los siguientes:

i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o
económico»18 lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance
de un derecho fundamental»19;
ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga únicamente
un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute la forma de
interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la controversia versa
sobre un aspecto monetario que solo comporta incidencia para los particulares
más no para el interés general; y
iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima que
permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial incurrió en
una afectación grave de derechos fundamentales.

30. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante, además de mencionar que existió una
afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que en la decisión
cuestionada concurrió un desconocimiento del ordenamiento jurídico que, a su juicio,
impidió que se expidiera una decisión ajustada a derecho.

15
Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
16
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
17
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
18
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
19
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.

6

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31. En relación con el requisito de exposición suficiente de hechos y argumentos,
es preciso indicar que el artículo 14 del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción
de tutela tiene un carácter informal. No obstante, la solicitud de amparo deberá exponer
con la mayor claridad posible la acción o la omisión que la motiva, el derecho que se
considera amenazado, el nombre de la autoridad accionada, y la descripción de las
demás circunstancias relevantes para decidir la solicitud.
32. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencia judicial, la Corte
Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005, incluyó como un requisito general de
procedibilidad que la parte actora identifique de manera razonable los hechos
generadores de la vulneración y los derechos afectados. En igual sentido, el tribunal
constitucional, en sentencia SU-585 de 2017, sostuvo que:

[A] pesar de que la tutela es una acción informal, estas exigencias argumentativas
pretenden que se evidencie la transgresión de los derechos fundamentales, con
suficiente claridad y se evite que el juez de tutela termine realizando un indebido control
oficioso de las providencias judiciales de otros jueces. En este aspecto, resulta de vital
importancia identificar la causal, o las causales de procedibilidad especial, la que de
verificarse determinaría la prosperidad de la tutela contra la providencia judicial.

33. Teniendo en cuenta lo anterior, cuando la acción es ejercida contra una
providencia judicial, es necesario que la parte actora cumpla una carga argumentativa
mayor y describa los motivos, causales o defectos en los que incurre la decisión
enjuiciada. Al respecto, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C,
manifestó que:

[E]sta exigencia se justifica porque de prosperar el amparo se afectaría el principio de
cosa juzgada de la sentencia o el auto cuya revisión se pretende en sede de tutela, y
que solo podría ocurrir cuando de la argumentación que el actor haga, se deduzca con
claridad que la decisión es arbitraria e irrazonable y vulneró derechos
fundamentales»20.

34. En relación con la carga argumentativa que le asiste a la parte tutelante cuando
acude a la acción de tutela contra providencia judicial, la Corte Constitucional dijo lo
siguiente:

En aras del respeto a los principios de autonomía e independencia judicial, de la cosa
juzgada y de la seguridad jurídica, la Corte también ha enfatizado el carácter
excepcional de la tutela contra providencias judiciales21. Basada en lo anterior, esta
Corporación ha indicado que cuando la tutela se dirige en contra de las
providencias de las altas cortes, como órganos de cierre, su examen sobre la
procedencia de la tutela debe ser especialmente exigente pues la sustentación
de tales requisitos requiere de una argumentación cualificada22.

35.En el mismo sentido, la Corte Constitucional, a través de la sentencia SU-316 de
2023, precisó lo que sigue:

20
Consejo de Estado Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 21 de marzo de 2019, expediente N° 25000-23-36-000-2019-
00003-01(AC).
21
Ver, entre otras, sentencias C-590 de 2005 y SU-157 de 2022.
22
Corte Constitucional, sentencia SU-074 de 2022.

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Carga argumentativa y explicativa del accionante. El accionante debe identificar los
derechos fundamentales afectados y precisar los hechos que generan la vulneración.
Lo anterior no tiene como finalidad convertir la tutela en un mecanismo ritualista -
atendiendo además su carácter informal-, sino de exigir una actuación razonable para
conciliar la protección eficaz de los derechos fundamentales, con los principios y
valores en juego, al controvertir una providencia judicial. En esto, resulta fundamental
que el juez interprete adecuadamente la demanda, con el fin de evitar que
imprecisiones intrascendentes sean utilizadas como argumento para declarar la
improcedencia del amparo, lo que contrariaría la esencia misma y rol constitucional de
la acción de tutela23 -supra numeral -. Asimismo, en relación con los amparos
interpuestos contra providencias judiciales, el cumplimiento de la carga argumentativa
y explicativa fijará el marco de revisión del juez constitucional, el cual se deberá limitar
a verificar su procedencia o no del amparo exclusivamente frente a los cargos
planteados por el accionante.

En el mismo sentido, para la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales la parte accionante debe identificar “tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos vulnerados y que hubiera alegado tal vulneración en el
proceso judicial, siempre que hubiere sido posible”24.

36. En el asunto bajo estudio, Angélica Novoa Díaz presentó escrito de tutela en el
que sostuvo que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, al proferir la
sentencia del 15 de febrero de 2024, incurrió en los defectos i) fáctico, ii) procedimental
por exceso ritual manifiesto y iii) desconocimiento del precedente judicial.
37. Así pues, revisado el contenido de la solicitud de amparo, se observa que la
accionante insistió en argumentos propuestos en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho dirigidos a desvirtuar la legalidad del acto administrativo
que la retiró del servicio25 porque, en su criterio, se configuró una desviación de poder.
En particular, cuestionó el análisis desarrollado por el Juzgado Cuarenta y Siete
Administrativo de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección F, en las sentencias del 28 de agosto de 2017 y 29 de marzo de
2019, respectivamente.
38. En efecto, la parte actora argumentó que tanto el juzgado como el Tribunal no
tuvieron en cuenta que la señora Angelica Novoa Díaz fue objeto de una persecución
laboral, por cuanto en el referido proceso estaba acreditado lo siguiente:

i) La queja por acoso laboral que promovió ante la Oficina de Control Interno
Disciplinario de la Comisión Nacional de Televisión, a la que no se le dio trámite,

ii) la actuación disciplinaria que se adelantó en su contra por el manejo de unos
recursos, mientras se desempeñaba como tecnóloga código 4100873, grado 10
adscrito a la Subdirección Administrativa y Financiera, correspondiente al área
de Inversiones y Tesorería de la entidad demandada.

iii) la declaración juramentada de Monika Rodríguez y,

23
Corte Constitucional, sentencia T-214 de 2020.
24
Corte Constitucional, sentencias SU-061 de 2018, T-074 de 2018, C-590 de 2005. Al respecto, ver también, Corte
Constitucional, sentencia SU-072 de 2018.
25
Resolución núm. 910 del 10 de septiembre de 2010

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iv) los descargos presentados por la accionante ante la Oficina de Control
Disciplinario de la Comisión Nacional de Televisión en la investigación con
radicado núm. 007 de 2010. Seguidamente, realizó una transcripción de estos
documentos en el escrito de tutela.

De esta manera, la parte tutelante para justificar sus afirmaciones expuso las
siguientes consideraciones26:

9.- En medio del mar que delimita el asombroso desconocimiento de los hechos
(Anteriores y posteriores demostrados a la resolución demandada) en el que naufraga
el Juzgado 47 Administrativo, la sentencia de primer grado (Única apelante la actora)
también hace agua en el completo y estricto análisis probatorio, que lo lleva al
infundado argumento de pretender demostrar, “….que la desvinculación de la
demandante al cargo de Tecnóloga código 4100877 grado 10 de la Subdirección
Administrativa y Financiera se debió en principio a la facultad discrecional con que
contaba su nominador, […]. Es más, la simple expedición del acto acusado, presenta
innegables (Existencia y visible) boquetes que desnudan los vicios comprobados a la
resolución acusada, que también son notorios y prevalecen ante la fuerza de
convicción, al confrontar la verdadera causa en que se apoya, en estricto derecho, la
mencionada resolución, y por tanto, desvirtúan completamente la alegada presunción
de legalidad (Planteada por el extremo pasivo y así acogida por el a quo), sobre la cual
se edificó el retiro de la actora.

10.- Resulta inadmisible para la elemental razón administrativa, argumentar que “…el
retiro de la actora obedeció a necesidades institucionales y no a asuntos personales y
que por ende permite concluir, que, dentro del asunto de autos, no se configura la
causal de desviación de poder frente al acto administrativo acusado…” (Negrilla y
subrayado fuera de texto), porque es una conclusión apoyada en singular falacia
probatoria. El rigor del análisis probatorio es obligatorio emprenderlo y concluirlo con
profundo conocimiento exacto de los hechos y pruebas legalmente decretadas y
practicadas. Desconocer esta fundamental labor judicial es descender a la proscrita
parcialidad del fallador, que se nota de bulto al confrontar y conocer la completa
realidad procesalmente demostrada. En tanto es completo el análisis probatorio, en
cuanto están valoradas en su conjunto las pruebas decretadas y practicadas, porque
si los hechos relevantes y determinantes resultan legal y plenamente comprobados, y
los mismos se desconocen, la Constitución y la ley prohíben este proceder del operador
judicial.

11.- Pretendió la apelante única, desvirtuar la legalidad de la resolución acusada,
porque se originó y expidió con un fin distinto al regulado por la constitución y la ley, en
virtud a que el acto administrativo de insubsistencia, sin estar obligado a expresar los
motivos de la decisión administrativa tomada en contra de la actora, real, verídica y con
absoluta certeza, se encuentra claramente motivada, mediante los hechos que
originaron la investigación disciplinaria y su absolución, como se ha demostrado en
juicio, cuando previamente el propio Director de la demandada consulta a la Junta
directiva de la CNTV, bajo la misma competencia de la remoción viciada, decidió de
todas manera expedir el acto administrativo acusado, que encarga de facto a la
Subdirectora Administrativa y Financiera, luego a otra funcionaria (Sin el nombramiento
ordinario de rigor), lo que significa, con la claridad de la legalidad enjuiciada, que si el
director consulta con la junta el acto de insubsistencia, viola de contera, los artículos 2
y 36 del Código Contencioso Administrativo, siendo ésta última norma, la que tiene
previsto decisiones discrecionales, cuando establece que […]

26
Se transcribe incluso con errores.

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15.- De lo anterior, emerge con especial claridad que el proferir sentencias de primer y
segundo grado del 28 de agosto de 2017 y 29 de marzo de 2019, respectivamente, y
la providencia del 15 de febrero de 2024, proferida por la SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN A SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO
DE ESTADO, excedieron el marco de sus competencias, las cuales, como quedó visto,
se delimitan en los argumentos expuestos en los recursos de apelación y revisión,
máxime cuando se trata de apelante único, lo que se traduce en un defecto
procedimental.»

39. Lo anterior permite advertir que la accionante, en el escrito de tutela, manifestó
que la sentencia del 15 de febrero de 2024, proferida por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, incurrió en los siguientes defectos: i) fáctico, ii)
procedimental por exceso ritual manifiesto y iii) desconocimiento del precedente
judicial. Sin embargo, las razones en las que sustentó sus afirmaciones insisten en lo
planteado en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que se surtió ante
el Juzgado Cuarenta y Siete Administrativo de Bogotá y el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, relacionado con la ilegalidad de la Resolución núm. 910 del 10 de
septiembre de 2010, mediante la cual se declaró insubsistente el nombramiento de la
actora en el cargo de tecnóloga, código 4100873, grado 10.
40. Esto, por cuanto en su criterio, se configuró una desviación de poder por parte de
la Comisión Nacional de Televisión al desvincularla pese al acoso laboral al que estuvo
sometida por parte de su superior jerárquico y la investigación disciplinaria adelantada
en su contra, que terminó con la absolución de los cargos imputados.
41. No obstante, llama la atención de la Sala que los argumentos propuestos por la
señora Angélica Novoa Díaz en los escritos de tutela e impugnación en modo alguno
desarrollan los defectos alegados, pues en ninguno de sus apartes se plantea una
carga argumentativa y probatoria dirigida a controvertir el análisis fáctico y jurídico
efectuado por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en la sentencia
del 15 de febrero de 2024, que declaró infundado el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por la actora, con el propósito de presentarle al juez de tutela los motivos
o circunstancias que sustentaban la vulneración de sus derechos27.
42. En este punto, conviene precisar que la providencia objeto de tutela desestimó la
procedencia de las causales de revisión invocadas por la señora Angélica Novoa Díaz
en contra de la sentencia del 29 de marzo de 2019, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, con fundamento
en las siguientes razones:

«En aras de resolver el problema jurídico planteado, se tiene que el apoderado de la
señora Angélica Novoa Díaz alega que la sentencia del 29 de marzo de 2019, proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, está
incursa en las causales 1.ª y 5.ª del artículo 250 del CPACA, […]

Sobre este punto, es dable indicar que, si bien es cierto la actora explicó que no pudo
allegar los descargos del proceso disciplinario al expediente ordinario 11001 33 31 027
2011 00085 03 —del cual derivó la sentencia hoy cuestionada—, también lo es que no

27
Se destaca que el general de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial conocido como «hechos y
argumentos o carga argumentativa del accionante» ha sido desarrollado por la jurisprudencia constitucional en sentencias C-590
de 2005, SU-585 de 2017, SU-157 de 2022, SU-074 de 2022 y SU-316 de 2023 entre otras.

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aportó tales documentos con el presente medio de impugnación, ni demostró haberlos
solicitado a la entidad mediante derecho de petición, ni explicó las razones de fuerza
mayor, caso fortuito o culpa de la contraparte por las cuales no fueron aportadas, ni
indicó la incidencia de estos para cambiar la decisión de segunda instancia.

Por el contrario, el apoderado de la señora Novoa Díaz, de manera confusa, solamente
alegó lo siguiente con relación a las aludidas pruebas:
[…]

Dicho de otro modo, los fundamentos expuestos no permiten definir de manera clara y
precisa por qué los pluricitados descargos constituyen una prueba sobreviniente.

Ahora bien, y en lo que respecta a la causal 5.ª de revisión, la Subsección tampoco
tiene vocación de prosperidad, ya que, tal y como se expuso en el numeral 1.1.4., ut
supra, el apoderado de la señora Novoa Díaz controvierte la manera como el tribunal
resolvió su demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, y la forma en la que
valoró las pruebas allegadas al plenario, sin que demostrara por qué la sentencia está
inmersa en nulidad.

De igual modo, tampoco adujo razonamientos tendientes a comprobar la ocurrencia de
alguna de las causales de nulidad descritas en el artículo 133 del Código General del
Proceso, o la violación del debido proceso por algunas de las circunstancias que la
jurisprudencia de esta colegiatura ha decantado a lo largo de los años.

Por el contrario, la Sala evidencia que la parte recurrente únicamente se ocupó de
establecer que el ad quem desconoció que la declaratoria de insubsistencia de su
nombramiento obedeció a varias circunstancias, entre otras, al presunto acoso laboral
que sufría por parte de su superior jerárquica; a la investigación disciplinaria adelantada
en su contra, y a la vacaciones otorgadas: argumentos que fueron propuestos en el
proceso ordinario y desatados tanto por el Juzgado 47 Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá y por el pluricitado Tribunal Administrativo de Cundinamarca —tal
como se evidencia en el expediente 11001 33 31 027 2011 00085 00, lo cual demuestra
que la señora Novoa Díaz busca, a toda costa, reabrir el debate judicial cómo si se
tratara de una tercera instancia.

En esta línea argumentativa, al ser una especialísima excepción del principio de la cosa
juzgada, el recurso extraordinario inadmite la apertura de un nuevo debate sobre el
fondo del asunto, por lo que limita la argumentación y los fundamentos de la demanda
al análisis del cumplimiento de la causal invocada; en este caso, el numeral 5.º del
artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, sin que haya lugar a interpretaciones extensivas
o analógicas (principio de taxatividad), pues, como lo ha reiterado esta corporación en
su jurisprudencia, la revisión no constituye una instancia adicional en la que pueda
replantearse el litigio ya resuelto.

Conforme lo expuesto, la Sala no encuentra configurada la causal de nulidad originada
en la sentencia prevista por el numeral 5.° del artículo 250 del CPACA, razón por la
cual el recurso extraordinario de revisión se declarará infundado.»28

43. En este orden, se observa que la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado consideró que, en el asunto bajo estudio, no se configuró la causal de
revisión contenida en el numeral 1 del artículo 250 del CPACA porque la recurrente no
justificó la importancia de los descargos en la actuación disciplinaria y su incidencia

28
Se transcribe incluso con errores.

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para cambiar el sentido de la decisión que le resultó adversa, ni explicó las razones
por las cuales no fueron aportados oportunamente al proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, con el fin de establecer si estos documentos constituían
o no una prueba sobreviniente determinante.
44. Asimismo, la autoridad judicial accionada refirió que tampoco se acreditó el
numeral 5 del artículo 250 del CPACA, por cuanto no se demostró que la sentencia
objeto de revisión se encontraba en alguna de las causales de nulidad descritas en el
artículo 133 del CGP o desconoció el debido proceso por las circunstancias que la
jurisprudencia de esta corporación ha definido.
45. De acuerdo con lo anterior, se puede advertir que en el caso objeto de estudio, los
argumentos referidos por la accionante en los escritos de tutela e impugnación de
ninguna manera atacan o controvierten la decisión cuestionada en esta acción
constitucional, pues no se dirigen a justificar las irregularidades en las que pudo haber
incurrido la autoridad judicial accionada al proferir la sentencia del 15 de febrero de
2024.
46. En efecto, se tiene que la parte actora pretende hacer uso de la acción de tutela
como si se tratara de una instancia adicional con el fin de reabrir el debate jurídico que
se surtió dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, con el único
propósito de obtener un pronunciamiento favorable a sus pretensiones, sin tener en
cuenta que ese no es el asunto objeto de discusión en este trámite constitucional.
47. En los términos expuestos, la Sala considera que la solicitud de tutela no supera
el requisito general de exposición suficiente de hechos y argumentos, en la medida en
que las razones planteadas por la tutelante no están dirigidas a controvertir los
argumentos que expuso el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, y que
sustentaron la decisión del 15 de febrero de 2024, sino a controvertir aspectos que
fueron abordados y decididos por los jueces naturales al interior del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho.

IV. CONCLUSIÓN
48. Por lo anterior, la Sala confirmará la sentencia del 5 de noviembre de 2024
proferida en primera instancia por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
C, que declaró improcedente la pretensión de amparo, pero por los motivos expuestos
en esta providencia, esto es, que la tutela no superó el requisito de exposición
suficiente de hechos y argumentos.

V. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 5 de noviembre de 2024 por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, que declaró improcedente la
solicitud de amparo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

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Accionante: Angélica Novoa Díaz
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
JLAS/SEJV
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.

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