Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-05311-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-05311-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2024-05311-01
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
7 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., siete (7) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05311-01
Accionante: EDWIN RODRIGO VILLOTA SORIANO
Autoridad: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO-Cesa el trámite de la tutela. CARENCIA ACTUAL DE OBJETO-Hecho superado
cuando la autoridad satisface lo solicitado sin que medie la orden del juez.
La Sala decide la impugnación interpuesta por el accionante contra el fallo proferido
el 7 de noviembre de 2024 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que declaró
la carencia actual de objeto por hecho superado de la acción de tutela.
ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
El 1 de octubre de 2024, Edwin Rodrigo Villota Soriano, formuló acción de tutela con
el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales de petición, al debido
proceso, al trabajo, a la igualdad y de acceso a cargos públicos que alegó vulnerados
por el Consejo Superior de la Judicatura porque no dio respuesta de fondo a una
petición, ya que no le remitió el estudio técnico que se ordenó en la Sentencia SU-122
de 2022.
En virtud del amparo, el accionante solicita el amparo de los derechos invocados y
que se acceda a las siguientes pretensiones:
a. PRETENSIONES PRINCIPALES.
Se tutelen los derechos invocados y, en consecuencia:
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-05311-01
Solicitante: Edwuin Rodrigo Villota Soriano
Acción de tutela – Segunda instancia
1. Se ordene al accionado, Consejo Superior de la Judicatura, que en el término de 48
horas siguientes al fallo de tutela, den respuesta; (i) clara, esto es, inteligible y contentiva
de argumentos de fácil comprensión; (ii) precisa, de manera que atienda directamente lo
pedido sin reparar en información impertinente y sin incurrir en fórmulas evasivas o
elusivas; (iii) congruente, de suerte que abarque la materia objeto de la petición y sea
conforme con lo solicitado; y (iv) consecuente con el trámite que se ha surtido. En
consecuencia comparta el Estudio Técnico ordenado en la Sentencia SU-122 de 2022,
con el ánimo de dar claridad a los interrogantes planteados, en especial a lo que respecta
a los departamentos de Norte de Santander y Arauca.
b. PRETENSIÓN SUBSIDIARIA.
Compartido el Estudio Técnico ordenado en la Sentencia SU-122 de 2022, previniendo las
posibles vulneraciones a los derechos: al Trabajo, a Ocupar Cargos Públicos, los Derechos de
Carrera Judicial, la Eficiente Administración de Justicia, con base en el sistema de méritos, en
Igualdad de Oportunidades, el Ingreso y Ascenso en el Servicio de Funcionarios y Empleados
con Estabilidad e Independencia, cuando ya ha paso más de un (01) año desde la orden: “(…),
deberán adoptar las medidas necesarias para que a inicios de la próxima vigencia fiscal entren
en funcionamiento estos juzgados.”, contenida en el numeral decimosegundo del Resuelve, en
subsidiaridad, respetuosamente solicito;
2. Se tomen las medidas necesarias, para garantizar que conforme el resultado arrojado por
el Estudio Técnico ordenado en la Sentencia SU-122 de 2022, se creen los Juzgados de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, necesarios y se oferten los cargos, durante la
vigencia de la lista de elegibles, para ocupar los cargos en los Juzgados de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad, en especial el cargo de Asistente Jurídico Grado 19,
conforme fueron concedidos los Juzgados desde su creación, mediante el ACUERDO No.
14 “Por el cual se crean los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad”, del
siete (7) de julio de mil novecientos noventa y tres (1993) y así evitar una pérdida de
oportunidad.
2. Hechos relevantes
Según la solicitud de tutela y los documentos que la soportan, la parte actora
fundamenta la petición de amparo en los hechos que se resumen, así:
La Corte Constitucional mediante sentencia SU 122 de 2022 analizó la situación de
personas privadas de la libertad en centros de detención transitorios como estaciones
y subestaciones de Policía y unidades de reacción inmediata (URI). La Corte advirtió
que la situación de hacinamiento de los establecimientos penitenciarios y carcelarios
es crítica, pues las personas que son capturadas y cuya situación jurídica ya ha sido
definida por un juez no podían ser trasladados e ingresar formalmente al Sistema
Penitenciario y Carcelario.
En virtud de lo anterior, consideró que respecto de las referidas personas privadas de
la libertad en esos lugares transitorios existe un estado de cosa inconstitucional, por
ello, dispuso un plan dividido en dos fases: i) una transitoria compuesta por órdenes
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-05311-01
Solicitante: Edwuin Rodrigo Villota Soriano
Acción de tutela – Segunda instancia
urgentes y de cumplimiento inmediato y ii) una definitiva, conformada por órdenes
complejas a mediano y largo plazo.
Entre las órdenes transitorias, se incluyó una dirigida al Consejo Superior de la
Judicatura para que elabora un estudio técnico que permita establecer el número de
cargos de jueces de ejecución de penas que garanticen el funcionamiento y la
oportuna y eficiente administración de justicia, con el objeto de atender la problemática
identificada por la Corte Constitucional con ocasión del estado de cosa
inconstitucional, así:
Decimosegundo. ORDENAR al Consejo Superior de la Judicatura que elabore un
estudio técnico que determine el número de cargos de jueces de ejecución de penas
que garanticen el funcionamiento y la oportuna y eficiente administración de justicia, con
el objetivo de atender la problemática identificada por la Corte en el marco del estado
de cosas inconstitucional. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Consejo
Superior de la Judicatura, desde sus respectivas competencias, deberán adoptar las
medidas necesarias para que a inicios de la próxima vigencia fiscal entren en
funcionamiento estos juzgados.
En virtud de lo anterior, el accionante, mediante correo electrónico del 30 de agosto
de 2004, elevó una petición ante el Consejo Superior de la Judicatura con el fin que le
remitiera el estudio técnico ordenado en la Sentencia SU-122 de 2022, con el fin y
resolviera los siguientes interrogantes:
1) Por qué se creó un solo juzgado en Cúcuta, Juzgado 007 de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad de Cúcuta, Acuerdo No. PCSJA23-12124 del 19 de diciembre de 2023, “Por medio
del cual se crean unos despachos y cargos de carácter permanente en la Jurisdicción Ordinaria
a nivel nacional”. Cuando se requerirían por lo menos cinco (05) Juzgados más, teniendo en
cuenta los Juzgados Penales del Circuito Judicial de Cúcuta, Los Patios, Pamplona y Ocaña;
dos (02) en Cúcuta, uno (01) en Los Patios, uno (01) en Pamplona y uno (01) en Ocaña, por lo
menos.
2. Por qué no se crearon los cargos de Asistente Jurídico Grado 19, en los dos Juzgados de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ocaña; Juzgado 001 de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Ocaña y Juzgado 002 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Ocaña.
Cual fue el sustento para dejar sin Asistente Jurídico Grado 19, a los Juzgados 001 y 002 de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ocaña, cuando desde la creación de los
Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, ACUERDO No. 14 “Por el cual se
crean los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad”, desde el siete (7) de julio
de mil novecientos noventa y tres (1993), fueron concebidos con un Asistente Jurídico Grado 19.
Incluso los siete (07) Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cúcuta,
cuentan con un Asistente Jurídico Grado 19 cada uno, razón por la que no se explica ese trato
discriminatorio, máxime cuanto el Municipio de Ocaña Norte de Santander, no cuenta con un
Centro de Servicios para los Juzgados Penales, situación que obliga a consultar a los Jueces
primero y segundo de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ocaña,
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-05311-01
Solicitante: Edwuin Rodrigo Villota Soriano
Acción de tutela – Segunda instancia
si con la creación de un cargo de Asistente Jurídico Grado 19 para cada uno, pueden realizar su
trabajo de forma más eficiente, habida cuenta que “garanticen el funcionamiento y la oportuna y
eficiente administración de justicia”, conforme ordena la Sentencia SU-122 de 2022, en el
numeral Decimosegundo del fallo, respecto del Honorable Consejo Superior de la Judicatura y
la Administración de Justicia.
3. Por qué no se crearon Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en Arauca,
conforme ordena la Sentencia SU-122 de 2022, en el dos mil veinte tres (2023), siendo clara la
orden; “(…), deberán adoptar las medidas necesarias para que a inicios de la próxima vigencia
fiscal entren en funcionamiento estos juzgados.”, entiéndase que la próxima vigencia fiscal aplica
a partir de enero de dos mil veinte tres (2023), toda vez que la Sentencia SU-122 de 2022, está
fechada en Bogotá D. C., el treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintidós (2022). Municipio
que solo cuenta con un Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.
Cual fue el sustento para no crear por lo menos, dos (02) Juzgados de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad en Arauca, uno (01) en Arauca y uno (01) en Saravena, que cuenten con
un (01) Asistente Jurídico Grado 19 cada uno, conforme lo indica el acuerdo que creo los
Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, ACUERDO No. 14 “Por el cual se
crean los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad”, al igual que los Juzgados
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad creados en Cúcuta, máxime teniendo en cuenta
los Juzgados Penales del Circuito Judicial de Arauca y Saravena.
Solicitud respetuosa que se requiere para entender los sustentos de la creación de un solo
Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en Cúcuta, la no creación de los
cargos de Asistente Jurídico Grado 19, en los dos juzgados de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad de Ocaña, y por qué no se crearon juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad en Arauca, situación más notoria y particular, cuando la Sentencia SU-122 de 2022,
en el fallo resalta los Municipios de Arauca y Cúcuta, lo que se podría entender como zonas de
particular importancia, a efectos de dar cumplimiento con el fallo de la Sentencia SU-122 de
2022.
3. Fundamentos de la solicitud
El accionante manifiesta que se le vulneraron los derechos fundamentales invocados,
en la medida que el Consejo Superior de la Judicatura no le ha dado una respuesta
de fondo, pues a pesar de que le envió a su correo un escrito de contestación, no le
remitió el estudio técnico que se ordenó en la Sentencia SU-122 de 2022, ni ningún
tipo de estudio.
Sostiene que el estudio técnico es «el que arrojara la necesidad de creación, o no, de
Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, en especial en los
departamentos de Norte de Santander y Arauca, y es en este resultado, que se
advierte, una posible pérdida de oportunidad, para quienes estamos en la lista de
elegibles para ocupar cargos en esos Despachos Judiciales, en especial para el cargo
de Asistente Jurídico Grado 19, lista de elegibles vigente para el periodo de
cumplimiento del resultado del Estudio Técnico - Ordenado en la Sentencia SU-122
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-05311-01
Solicitante: Edwuin Rodrigo Villota Soriano
Acción de tutela – Segunda instancia
de 2022, vigencia fiscal de dos mil veintitrés (2023). Pasado más de un año para la
realización de ese estudio, no cabe excusa para que no se haya realizado».
Asimismo, señaló que con la petición no está solicitando la creación de juzgados de
ejecución de penas y medidas de seguridad, ni la disponibilidad presupuestal para la
creación de estos, y tampoco el nombramiento de personas integrantes de la lista de
elegibles, sino únicamente el estudio técnico ordenado por la Corte.
4. Trámite procesal
El 4 de octubre de 2024 se admitió la acción de tutela y se ordenó notificar al Consejo
Superior de la Judicatura y a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
En el escrito de contestación la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
solicitó que se declare su falta de legitimación en la causa por pasiva, pues la Unidad
de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo Superior de la Judicatura es la
autoridad a quien le compete crear, ubicar, redistribuir, fusionar, trasladar, transformar
y suprimir tribunales y sus salas, juzgados y salas desconcentradas en ciudades
diferentes a las sedes de los distritos judiciales. En consecuencia, es la competente
para efectuar los estudios técnicos sobre el número de cargos de jueces de ejecución
de penas.
La Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo Superior de la Judicatura
manifestó que existía una carencia actual de objeto por hecho superado, ya que
mediante oficio UDAEO24-3229 dio repuesta de fondo a la petición del accionante,
que se le notificó el 30 de septiembre de 2024. Sostuvo que por oficio UDAE024-3466
del 10 de octubre siguiente le envió al peticionario el documento técnico CSJ-UDAE-
DT22-DT19A denominado «Plan Integral de Descongestión para la Especialidad
Penal Cumplimiento a las Órdenes de las Sentencias T-099 de 2021 y SU-122 de
2022». Asimismo, señaló que la acción de tutela es improcedente para disponer la
creación de cargos y despachos judiciales en la Rama Judicial del Poder Público,
como lo pretende el solicitante.
El señor Villota Soriano radicó memorial en el que solicitó la aclaración o adición del
auto admisorio porque consideraba necesario la vinculación de la Sala Plena de la
Corte Constitucional y de los Juzgados Primero y segundo de Ejecución de Penas y
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-05311-01
Solicitante: Edwuin Rodrigo Villota Soriano
Acción de tutela – Segunda instancia
Medidas de Seguridad de Ocaña para que expongan su afectación, por no haberles
creado un Asistente Jurídico Grado 19.
En otro memorial que radicó con posterioridad, se pronunció acerca del informe
rendido por la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo Superior de la
Judicatura y señaló que no se dio respuesta de fondo a su petición y que se evidencia
la falta de creación de juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad, por
ello, se justifica el temor por pérdida de oportunidad de quienes como él, hacen parte
de la lista de elegibles para ocupar esos cargos en dichos juzgados.
Mediante sentencia del 7 de noviembre de 2024 el Consejo de Estado-Sección
Cuarta negó la solicitud de adición del auto admisorio de la tutela al considerar que no
había lugar a la vinculación de las autoridades solicitadas por el actor, en la medida
que el objeto de la tutela se circunscribe al derecho de petición que presentó el
solicitante, por ello no es necesario llamar a esas autoridades. Asimismo, declaró la
carencia actual de objeto por hecho superado, pues la autoridad accionada remitió el
informe técnico requerido.
El solicitante impugnó pues a su juicio el estudio técnico debería justificar por qué no
es necesario crear más Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en
Arauca. El 29 de noviembre de 2024, se concedió el recurso.
CONSIDERACIONES
5. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar, modificar o revocar la
sentencia de 7 de noviembre de 2024 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, que declaró la carencia actual de objeto por hecho superado respecto de la
solicitud de tutela de Edwin Rodrigo Villota Soriano contra el Consejo Superior de la
Judicatura.
6. Análisis de la Sala
El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos
86 de la Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de
Justicia-LEAJ. La Sala es competente para decidir la impugnación contra el fallo de
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-05311-01
Solicitante: Edwuin Rodrigo Villota Soriano
Acción de tutela – Segunda instancia
primera instancia con arreglo a lo dispuesto por el artículo 32 del Decreto 2591 de
1991 y el Acuerdo n°. 80 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena de la Corporación.
Carencia actual de objeto por hecho superado
El artículo 26 del Decreto 2591 de 1991 dispone que si, estando en curso la acción
tutela se dictare una resolución administrativa o judicial que revoque, detenga o
suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente para
efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes.
La carencia actual de objeto por hecho superado se configura cuando entre la
interposición de la acción de tutela y el fallo se satisface lo solicitado en el amparo, de
modo que la pretendida orden de tutela no es necesaria y, por ello, el juez debe
concluir la actuación. En otras palabras, aquello que se pretendía lograr mediante la
orden del juez de tutela ha acaecido antes de que el mismo diera orden alguna. En
este sentido, la jurisprudencia de la Corte ha comprendido la expresión hecho
superado en el sentido obvio de las palabras que componen la expresión, es decir,
dentro del contexto de la satisfacción de lo pedido en tutela1.
Caso concreto
El accionante manifiesta que se le vulneraron los derechos fundamentales invocados,
en la medida que el Consejo Superior de la Judicatura no le ha dado una respuesta
de fondo, pues a pesar de que le envió a su correo un escrito de contestación a su
petición, no le remitió el estudio técnico que se ordenó en la Sentencia SU-122 de
2022.
La Sala advierte que el Consejo Superior de la Judicatura-Unidad de Desarrollo y
Análisis Estadístico, mediante oficio UDAEO24-3466 del 10 de octubre de 2024, dio
alcance al oficio UDAEO24-3229 del 30 de septiembre de 2024 mediante el cual se
dio respuesta a la petición del accionante y adjunto el documento enviado al Ministerio
de Hacienda y Crédito Público denominado «PLAN INTEGRAL DE
DESCONGESTIÓN PATA LA ESPECIALIDAD PENAL CUMPLIMIENTO A LAS
ÓRDENES DE LAS SENTENCIAS T-099DE 2021 Y SU-122 DE 2022».
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Corte Constitucional, sentencia SU-225 de 2013.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-05311-01
Solicitante: Edwuin Rodrigo Villota Soriano
Acción de tutela – Segunda instancia
Así las cosas, como la autoridad judicial accionada dio respuesta a la petición del
accionante, en tanto que el 10 de octubre de 2024 dio alcance al escrito de
contestación de la petición y adjuntó el estudio técnico requerido, se configura un
hecho superado y, en consecuencia, se debe declarar la carencia actual de objeto y
la cesación de la actuación pues lo pretendido con el amparo ya se satisfizo.
No obstante lo anterior, durante el trámite de la acción de tutela, el accionante allegó
un memorial mediante el cual señaló que la autoridad accionada no dio respuesta de
fondo a su petición. Para la Sala ese reproche no es de recibo, porque la solicitud de
tutela estaba dirigida a que la autoridad accionada le hiciera entrega del estudio
técnico que ordenó la Corte Constitucional en sentencia SU-122 de 2022, por ello,
cualquier otro argumento que se pretenda hacer valer en este trámite de tutela es
improcedente, pues se le estaría vulnerando el derecho al debido proceso de la
autoridad accionada, en tanto que no pudieron pronunciarse respecto de los nuevos
planteamientos del accionante.
Ahora bien, la Sala advierte que mediante oficio UDAEO24-3229 del 30 de septiembre
de 2024, la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo Superior de la
Judicatura dio respuesta a la petición del accionante. Respecto a la primera pregunta
de la petición, de por qué solo se creó un juzgado de ejecución de penas y medida de
seguridad en Cúcuta, la autoridad accionada señaló que si bien, el Consejo Superior
de la Judicatura anualmente gestiona ante el gobierno los recursos para el
funcionamiento y de inversión de la Rama judicial, el Gobierno Nacional no asignó la
totalidad de partidas solicitadas.
En la segunda pregunta el solicitante pidió que le informara por qué no se crearon los
cargos de asistente jurídico grado 19 en los dos juzgados de ejecución de penas y
medidas de seguridad de Ocaña. El Consejo Superior de la Judicatura sostuvo que
«Comoquiera que en Ocaña no existe un Centro de Servicios Administrativo, la planta
de personal para los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad de
Ocaña, según lo establecido en el numeral 2 del artículo 30 del Acuerdo PSAA15-
10402 de 2015, está compuesta por un juez, un asistente social grado 18, un
sustanciador, un asistente administrativo grado 6 y un citador».
Por último, el señor Villota Soriano pidió que le indicaran las razones por las que no
se crearon juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad en Arauca. La
autoridad expuso que la Corte Constitucional en sentencia SU-122 de 2022 no dio una
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-05311-01
Solicitante: Edwuin Rodrigo Villota Soriano
Acción de tutela – Segunda instancia
orden expresa de crear juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad en
un municipio específico, como Arauca. Si bien, en la mencionada providencia la Corte
hizo alusión a los municipios de Arauca y Cúcuta, no era obligatorio su fortalecimiento.
De lo anterior, se advierte que la autoridad accionada mediante oficio UDAEO24-3229
del 30 de septiembre de 2024, sí dio respuesta a la petición del accionante, con
anterioridad a la radicación de la solicitud de tutela.
Así las cosas, la Sala habrá de confirmar la sentencia de 7 de noviembre de 2024,
proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado que declaró la carencia de
objeto por hecho superado, por los motivos antes expuestos.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 7 de noviembre de 2024 por el
Consejo de Estado-Sección Cuarta que declaró la carencia de objeto por hecho
superado respecto de la acción de tutela de Edwin Rodrigo Villota Soriano contra el
Consejo Superior de la Judicatura.
SEGUNDO: ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
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