Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05325-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05325-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-05325-01
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
7 de febrero de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05325-01
Demandante: Carlos Jorge González Doria
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., siete (7) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05325-01
Demandante: CARLOS JORGE GONZÁLEZ DORIA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER Y OTRO
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio de
fondo por incumplimiento de los requisitos generales / SUBSIDIARIEDAD – El accionante
contaba con la solicitud de adición de la sentencia para que la autoridad judicial accionada se
pronunciara sobre todos los aspectos planteados en el recurso de alzada/ PERJUICIO
IRREMEDIABLE – No se acreditó estar en presencia de alguna situación que amerite la
intervención urgente del juez de tutela.
La Sala1 decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del
31 de octubre de 2024, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
I. A N T E C E D E N T E S
Pretensiones, hechos y argumentos de la tutela
1. El 2 de octubre de 2024, el señor Carlos Jorge González Doria, por intermedio de
apoderado, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Santander
y el Juzgado Tercero Administrativo de Barrancabermeja, por considerar vulnerados
1 Se advierte que el 3 de diciembre de 2024 ingresó el expediente al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
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Demandante: Carlos Jorge González Doria
sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, con ocasión de las sentencias proferidas el 2 de noviembre de 2023 y el 22
de marzo de 2024, en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 680813333003-2022-00014-01. Formuló las siguientes pretensiones:
1. Que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso y acceso
a la administración de justicia del señor CARLOS JORGE GONZALEZ DORIA
vulnerados por el JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
de Barrancabermeja y la Sala de Decisión del Tribunal Administrativo de
Santander, las Magistradas María Eugenia Carreño Gómez, Claudia Ximena
Ardila Pérez y Carolina Arias Ferreira.
2. Que se dejen sin efectos las sentencias de primera y segunda instancia
proferidas 02 de noviembre de 2023 y 22 de marzo de 2024 por el JUZGADO
TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO de BARRANCABERMEJA y
el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER, respectivamente, dentro
del expediente radicado N° 680813333003-2022-00014-01, Demandante:
CARLOS JORGE GONZALEZ DORIA, Demandado: LA NACIÓN-
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL-FONDO DE PRESTACIONES
SOCIALES DEL MAGISTERIO y el DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.
3. Se le ordene al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de
Barrancabermeja que profiera sentencia de reemplazo, en la cual, se
establezca como acto susceptible de ser demandando el Acto presunto
surgido con ocasión de la petición de fecha 27 de junio de 2020 proferido por
el ente territorial Municipio de Barrancabermeja en cuanto negaron el
reconocimiento y pago de la SANCIÓN POR MORA a CARLOS JORGE
GONZALEZ DORIA establecida en la Ley 1071 de 2006.
2. De la solicitud de amparo y de las pruebas aportadas se extraen los siguientes
supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
3. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el señor
Carlos Jorge González Doria demandó a la Nación – Ministerio de Educación - Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAG2 y al Distrito Especial de
Barrancabermeja, con el fin de obtener la nulidad del acto ficto derivado del silencio
de la administración frente a la petición del 27 de junio de 2020, mediante la cual, el
2 Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
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docente, solicitó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío
de sus cesantías.
4. En auto del 29 de agosto de 2023, el Juzgado Tercero Administrativo de
Barrancabermeja, realizó el saneamiento del proceso y señaló que el acto
administrativo demandado era el Oficio No. BAR2020EE3587 del 12 de agosto de
2020, toda vez que allí la Secretaría de Educación de Barrancabermeja respondió la
petición del 27 de junio de 2020, en el sentido de señalar que no se causó la sanción
reclamada porque el FOMAG actuó conforme a las Leyes 1955 de 2019 y 1071 de
2006. Posteriormente, en sentencia del 2 de noviembre de 2023 declaró la caducidad
del medio de control.
5. Inconforme con la decisión, el actor interpuso el recurso de apelación, por
considerar que i) el Oficio No. BAR2020EE003587 del 12 de agosto de 2020 no es
susceptible de control judicial, porque a su juicio no resolvió de fondo la petición; ii) el
citado oficio no fue notificado debidamente, por cuanto el peticionario no autorizó el
envío de la misma al correo electrónico, sino que aportó una dirección física para el
efecto; ii) el auto que fijó el litigio y corrió traslado para alegatos de conclusión no hizo
referencia alguna a la caducidad del medio de control, y iv) no era procedente la
condena en costas.
6. El Tribunal Administrativo de Santander, en sentencia del 22 de marzo de 2023,
confirmó parcialmente la providencia impugnada, en tanto que mantuvo la decisión
sobre la caducidad del medio de control, pero revocó la condena en costas. El ad
quem sostuvo que, en efecto, mediante el Oficio No. BAR2020EE003587 del 12 de
agosto de 2020, la entidad demandada respondió de fondo la petición, acto que en la
misma fecha se notificó al correo electrónico del apoderado judicial del peticionario y,
por lo tanto, el término de caducidad venció el 14 de diciembre de 2020.
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7. A juicio del señor González Doria, las autoridades judiciales accionadas incurrieron
en los siguientes vicios:
Defecto Fáctico. Por incorrecta valoración de los medios de prueba allegados al
proceso, dado que en la petición del 27 de junio de 2020 el actor solicitó ser notificado
a una dirección física, es decir, que no autorizó la notificación por vía del correo
electrónico, razón por la cual es evidente la indebida notificación que, en su sentir,
afecta la publicidad del acto y a la vez impide realizar el conteo del término de
caducidad como lo hizo la autoridad judicial demandada.
Defecto procedimental absoluto. El juez de primera instancia no se pronunció sobre
los argumentos relacionados con la indebida notificación del «presunto» acto
administrativo, dado que, de haberlo hecho, hubiera concluido que la ausencia de
publicidad impedía la configuración de la caducidad.
Trámite impartido e intervenciones
8. Mediante auto del 4 de octubre de 20243, el despacho sustanciador del proceso en
primera instancia admitió la acción de tutela y ordenó notificar al titular del Juzgado
Tercero Administrativo de Barrancabermeja y a los magistrados del Tribunal
Administrativo de Santander, en calidad de demandados. Como terceros con interés,
ordenó la notificación del ministro de Educación Nacional, del representante legal de
la Fiduprevisora S.A. —vocera y administradora del FOMAG—, y del alcalde de
Barrancabermeja, toda vez que intervinieron como demandados en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho 68081-33-33-003-2022-00014-00/01.
9. El titular del Juzgado Tercero Administrativo de Barrancabermeja rindió el
informe correspondiente. Solicitó que se declare improcedente la acción de tutela,
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SAMAI, índice 5 del expediente digital del proceso de tutela en primera instancia.
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dado que la inconformidad del accionante radica en la decisión tomada mediante auto
del 29 de agosto de 2023, que realizó el saneamiento del proceso y determinó la
existencia de un acto expreso susceptible de ser demandado.
10. El Tribunal Administrativo de Santander también alegó la improcedencia de la
acción de tutela, debido a que el demandante pretende utilizar este mecanismo
constitucional como tercera instancia del proceso ordinario. Además, expresó que no
existe vulneración alguna a los derechos fundamentales invocados, puesto que la
decisión atacada se profirió conforme a la ley, la Constitución y los precedentes
jurisprudenciales.
11. La directora de gestión judicial de la Fiduprevisora S.A., actuando en calidad
de vocera y administradora del patrimonio autónomo del FOMAG, solicitó que se
desvincule a la entidad por falta de legitimación en la causa por pasiva. En subsidio,
pidió que se declare la improcedencia de la acción, por cuenta del incumplimiento de
los requisitos establecidos por la jurisprudencia para cuestionar providencias
judiciales.
12. El Ministerio de Educación Nacional consideró que no satisface el requisito de
relevancia constitucional, en tanto que el debate planteado se enmarca en una
controversia de naturaleza estrictamente económica y, además, en su sentir, no se
avizora transgresión alguna de los derechos fundamentales en cabeza del
accionante.
13. El Distrito Especial de Barrancabermeja invocó la falta de legitimación en la
causa por pasiva y, en consecuencia, solicitó su desvinculación del litigio.
Subsidiariamente, pidió que se declare la improcedencia de la solicitud de amparo,
ante la inexistencia de la vulneración alegada.
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Fallo impugnado
14. En sentencia del 31 de octubre de 2024, la Sección Cuarta del Consejo de Estado
negó la solicitud de desvinculación presentada por la Fiduprevisora S.A., como vocera
y administradora del FOMAG y el municipio de Barrancabermeja, y declaró la
improcedencia de la acción de tutela por incumplimiento de los requisitos de
subsidiariedad y relevancia constitucional.
15. Frente al defecto fáctico determinó que la solicitud de amparo no satisface la
exigencia de subsidiariedad, pues aunque el Tribunal accionado no analizó la
totalidad de los argumentos esbozados en la alzada, en especial el relacionado con
la indebida notificación, lo cierto es que el accionante pudo haber solicitado la adición
de la sentencia. Concretamente, discurrió:
[L]a Sala advierte que el Tribunal Administrativo de Santander hizo un
entendimiento equivocado del argumento propuesto por el demandante en el
recurso de apelación sobre la indebida notificación del Oficio No.
BAR2020EE003587 del 12 de agosto de 2020. En efecto, el alegato de la
parte demandante consistía en que el oficio fue indebidamente notificado
porque esa actuación debió adelantarse a la dirección física aportada en la
petición y no a un correo electrónico que no estaba autorizado, por su parte
el tribunal demandando entendió que la discusión giraba en torno a que el
acto no fue notificado al correo electrónico del interesado.
A partir de lo anterior, y tal como lo afirmó el demandante, el tribunal omitió
resolver sobre uno de los puntos de la apelación (el relacionado con la
indebida notificación electrónica del Oficio No. BAR2020EE003587 del 12 de
agosto de 2020), sin embargo, la Sala encuentra que este cargo no cumple
con el requisito general de subsidiariedad.
16. En relación con el defecto procedimental absoluto alegado, sostuvo que el
argumento desarrollado se resolvió por el Tribunal accionado al señalar que, en el
auto del 29 de agosto de 2023, el juez conductor del proceso anunció que en la
sentencia se pronunciaría sobre las excepciones formuladas por la entidad
demandada, entre las cuales se encontraba la caducidad.
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17. En ese orden, para el a quo es claro que la parte actora pretende convertir este
valioso mecanismo constitucional en una tercera instancia del proceso ordinario, al
buscar que en este escenario el juez de tutela se pronuncie nuevamente sobre
aspectos que fueron abordados por el juez natural de la causa.
Impugnación
18. Inconforme con la decisión, la parte actora presentó impugnación. Señaló que el
a quo desconoció que la sentencia no puede ser modificada por el mismo juez que la
profiere.
19. A su juicio, el Tribunal accionado no podía modificar el fallo de segunda instancia
al resolver una solicitud de adición, por cuanto ya había decidido confirmar la
providencia impugnada, mediante la cual se declaró la caducidad de la acción.
20. Adicionalmente, insistió en que el supuesto acto administrativo que se tuvo como
demandado no se le notificó debidamente, porque nunca recibió un correo con la
respuesta aludida y, en todo caso, si así hubiera sido, lo cierto es que en la petición
no se indicó un correo electrónico para recibir la contestación, sino que se aportó una
dirección física para el efecto, lo cual evidencia que la notificación no se surtió
debidamente.
21. Concluyó que, ante una indebida notificación del acto administrativo, es imposible
contabilizar el término de caducidad, y que, frente al acto presunto demandado no
opera tal fenómeno, por expresa disposición del literal d) del artículo 164 de la Ley
1437 de 2011.
22. Puntualizó que la autoridad judicial accionada incurrió en una apreciación
arbitraria del material probatorio, porque no valoró la notificación del oficio emitido por
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el Distrito de Barrancabermeja, en su criterio indebida, a fin de resolver la reclamación
de la sanción moratoria.
23. Agregó que no se puede tener por notificado un acto administrativo cuando se ha
enviado a una dirección inexistente o errada; y que, de todos modos, si el operador
judicial hubiera tenido como acusado el acto ficto, tal y como se dijo en la demanda,
no habría tenido que declarar la caducidad, dado que los actos presuntos o fictos
pueden ser demandados en cualquier momento.
II. CONSIDERACIONES
Problema jurídico
24. Corresponde a la Sala determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia del
31 de octubre de 2024, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado. Para
tal efecto, en primer lugar, verificará si se satisfacen los requisitos generales de
procedibilidad, especialmente, el de subsidiariedad, cuyo incumplimiento fue
advertido por el juez de tutela de primer grado. Sólo en el evento de que se cumplan,
se examinará si se vulneraron los derechos fundamentales del señor Carlos Jorge
González Doria, con ocasión de las sentencias de primera y segunda instancia
proferidas por el Juzgado Tercero Administrativo de Barrancabermeja y el Tribunal
Administrativo de Santander, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 680813333003-2022-00014-01.
Análisis de la Sala
2.1. El requisito general de subsidiariedad4 y su cumplimiento en el caso
concreto
4 En este acápite, la Sala acoge y reitera las consideraciones de la Sección Cuarta de esta Corporación,
expuestas, entre otras, en las siguientes providencias de tutela: (i) sentencia del 1º de junio de 2016
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25. La acción de tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de
defensa salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la configuración
de un perjuicio irremediable. En todo caso, la otra vía de protección debe ser idónea
y eficaz para satisfacer el derecho fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo
contrario, el juez de tutela deberá examinar si existe perjuicio irremediable y, de
concurrir, concederá el amparo impetrado.
26. La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo
restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de los
derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución
y la ley determinan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos
para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.
27. No en vano los artículos 865 de la Constitución Política y el 6, numeral 1, del
Decreto 2591 de 19916 prevén como causal de improcedencia de la acción de tutela
la existencia de otros medios de defensa para la protección de los derechos
invocados. De manera que el amparo sólo puede utilizarse cuando se han agotado
los mecanismos ordinarios de protección que el ordenamiento jurídico ha dispuesto
(expediente 2015-03373-00), M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas y (ii) sentencia del 1º de junio
de 2017 (expediente 2017-00150-00), M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto (e).
5 «Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre,
la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.
(…) Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable (…)». (se
destaca).
6 «Artículo 6. Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será
apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante (…)».
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para la protección idónea y eficaz de los derechos fundamentales. En ese sentido, la
Corte Constitucional manifestó7:
La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a
situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión
o amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico
no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a
objeto de lograr la protección del derecho. La tutela no puede converger con vías
judiciales diversas por cuanto no es un mecanismo que sea factible de elegir
según la discrecionalidad del interesado, para esquivar el que de modo específico
ha regulado la ley; no se da la concurrencia entre éste y la acción de tutela porque
siempre prevalece —con la excepción dicha— la acción ordinaria. La acción de
tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o complementario
para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último
recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la
de único medio de protección, precisamente incorporado a la Carta con el fin de
llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las
personas una plena protección de sus derechos esenciales.
28. Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por
lo menos, probar que agotó los recursos que tenía a su disposición, pues, de lo
contrario, la tutela deviene improcedente.
29. Ahora bien, en punto de la noción de perjuicio irremediable, es claro que este se
puede definir como un riesgo cierto y real de daños provenientes de la amenaza o
violación de derechos fundamentales, riesgo que de llegar a producirse no tendría
ninguna forma de reparación auténtica, esto es, diferente a la mera indemnización
del perjuicio. Por ende, es necesaria la intervención urgente e inmediata del juez de
tutela, pero siempre que ese menoscabo se note sin justificación, es decir, que
provenga de acciones manifiestamente contrarias a la ley, al punto de ser atentados
a los derechos fundamentales.
7 Sentencia C-543 de 1992. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
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30. La Corte Constitucional ha trazado una serie de criterios para identificar el
perjuicio irremediable, así8: «es aquel (i) que se produce de manera cierta y evidente
sobre un derecho fundamental; (ii) que el daño es inminente; (iii) que de ocurrir no
existiría forma de reparar el daño producido; (iv) que resulta urgente la medida de
protección para que el sujeto supere la condición de amenaza en la que se encuentra;
y (v) que la gravedad de los hechos es de tal magnitud que hace evidente la
impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protección
inmediata de los derechos constitucionales fundamentales».
31. En el escrito de amparo, el señor Carlos Jorge González Doria reprocha las
sentencias de primera y segunda instancia proferidas por las autoridades judiciales
accionadas en el contencioso de nulidad y restablecimiento del derecho 2022-00014-
01, porque a su juicio, incurrieron en los defectos fáctico y procedimental absoluto.
32. En el fallo impugnado, el a quo declaró la improcedencia de la acción de la
referencia. Frente al defecto fáctico sostuvo que se incumplió el requisito general de
subsidiariedad, mientras que, en relación con el defecto procedimental absoluto,
adujo que, no satisfizo la relevancia constitucional exigida para estos casos.
33. En la alzada, la parte actora no presentó reparo en torno a este último
razonamiento, sino que se centró en cuestionar la idoneidad del mecanismo ordinario
aludido por el juez de primera instancia para sustentar la inobservancia de la
subsidiariedad.
34. En efecto, el impugnante sostiene que la solicitud de adición de la sentencia no
era el mecanismo idóneo para la protección de sus garantías fundamentales, dado
8 Corte Constitucional, sentencia T-695 de 2014, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Citando a:
Corte Constitucional, sentencias T-225 de 1993, SU-086 de 1999, entre otras.
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que, en caso de prosperar sus argumentos, el Tribunal accionado no podía modificar
su propia sentencia, mediante la cual confirmó la caducidad del medio de control.
35. En este punto, vale la pena señalar que el análisis del requisito de subsidiariedad
se hace al margen de la prosperidad o de las posibilidades de éxito que tenga dicho
mecanismo ordinario, pues basta con verificar su existencia, idoneidad y eficacia, para
señalar que el interesado podía ejercer una vía distinta a la acción de tutela, cuyo
carácter es residual, como se indicó en precedencia.
36. En este caso, el defecto fáctico invocado se encamina a señalar que las
autoridades judiciales demandadas erraron en la apreciación del material probatorio.
Concretamente, a juicio del accionante, no advirtieron la indebida notificación del acto
administrativo acusado, por cuanto esta se efectuó mediante el envío de mensaje de
datos al correo electrónico y no a la dirección física aportada por el peticionario.
37. Como bien lo analizó el a quo, dicho argumento hizo parte de los alegatos
expuestos en la alzada, pero el Tribunal que conoció la segunda instancia omitió
pronunciarse al respecto, de manera que, en su oportunidad, el interesado debió
solicitar la adición de la sentencia, de conformidad con lo señalado en el artículo 287
del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 306 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que
establece:
ARTÍCULO 287. ADICIÓN. Cuando la sentencia omita resolver sobre
cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de
conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá
adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria,
de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad. (…)
38. La parte actora no puede justificar la falta de agotamiento de este mecanismo
ordinario consagrado en la ley, en la imposibilidad que tiene el juez de modificar o
revocar su propia sentencia.
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39. No es admisible que pretenda escudar el incumplimiento del requisito de
subsidiariedad, en la supuesta prosperidad de sus argumentos. En su lógica, aun
cuando se agote el mecanismo de la adición, se presenta imposible jurídico (reforma
de la sentencia por el mismo juez que la profirió); sin embargo, con ello no sólo está
anticipando al sentido de la decisión, sino que traslada al juez de tutela un asunto
que es de resorte exclusivo del juez natural de la causa, quien es el competente para
pronunciarse sobre todos los aspectos planteados en la alzada, analizar su
prosperidad o no y tomar las decisiones que tenga a bien para salvaguardar el
ordenamiento legal y Constitucional.
40. En ese orden, la Sala acompaña la decisión del fallador de primera instancia,
porque, en definitiva, la parte actora contaba con un mecanismo ordinario eficaz e
idóneo para conseguir que el Tribunal accionado se pronunciara sobre el aspecto que
omitió analizar: solicitar la adición de la sentencia, en los términos previstos en el
artículo 287 del C.G.P., para efectos de que el ad quem definiera la controversia
suscitada en torno a la notificación del Oficio BAR2020EE003587 del 12 de agosto de
2020.
41. Aún más, para esta Sala, el interesado tuvo a su alcance la posibilidad de
interponer el recurso de reposición en contra del auto del 29 de agosto de 2023,
mediante el cual, entre otras decisiones, se saneó el proceso y se tuvo como acto
demandado el Oficio BAR2020EE003587 de 12 de agosto de 2020. Es decir que,
desde ese momento procesal, y en ejercicio de los mecanismos ordinarios, la parte
accionante pudo manifestar su desacuerdo con la existencia de un acto expreso y
advertir la supuesta indebida notificación del citado oficio, en aras de obtener un
pronunciamiento sobre el particular en aquella instancia.
42. De ahí que, a juicio de la Sala, la acción de tutela se torne improcedente, pues,
de lo contrario, se estaría aceptando reemplazar los mecanismos previstos por el
legislador para la defensa de los derechos. La tutela, se repite, no procede cuando el
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interesado deja de ejercer los mecanismos que el ordenamiento jurídico ha previsto
para proteger eficazmente los derechos fundamentales en los procesos ordinarios9.
43. De otra parte, cabe anotar que, si bien puede flexibilizarse la regla de la
subsidiariedad cuando se advierte la existencia de un perjuicio irremediable o la
situación amerite la intervención urgente del juez de tutela, en el caso particular la
parte actora ni siquiera argumentó una circunstancia de esta naturaleza y la Sala
tampoco encuentra que se cumplan los presupuestos para hacerlo.
44. En efecto, no se advierte que el accionante se encuentre en una condición de
vulnerabilidad, en situación de debilidad manifiesta o que sea sujeto de especial
protección constitucional y que esas circunstancias le impidieran ejercitar los
mecanismos ordinarios de defensa que tenía a su disposición; por el contrario, se
observa que, en virtud del derecho de postulación, el aquí accionante estuvo
representado por una profesional del derecho.
45. Finalmente, en lo que atañe a la falta de relevancia constitucional del defecto
procedimental absoluto invocado por el señor González Doria, la Sala concuerda con
lo sustentado por el a quo y considera que no merece un pronunciamiento adicional,
entre otras cosas, porque el accionante no presentó reparos al respecto.
46. Bajo las anteriores consideraciones, la Sala confirmará la sentencia de primera
instancia que declaró la improcedencia del amparo reclamado.
9
Sobre el particular, la Corte Constitucional, en la sentencia T-520 de 1992, explicó que la persona
que «no ha hecho uso oportuno y adecuado de los medios procesales que la ley le ofrece para obtener
el reconocimiento de sus derechos o prerrogativas se abandona voluntariamente a las consecuencias
de los fallos que le son adversos. De su conducta omisiva no es responsable el Estado ni puede
admitirse que la firmeza de los proveídos sobre los cuales el interesado no ejerció recurso constituya
transgresión u ofensa a unos derechos que, pudiendo, no hizo valer en ocasión propicia. Es inútil, por
tanto, apelar a la tutela, cual si se tratara de una instancia nueva y extraordinaria, con el propósito de
resarcir los daños causados por el propio descuido procesal».
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47. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. Confirmar la sentencia del 31 de octubre de 2024, proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, de conformidad con lo razonado en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito
y eficaz.
TERCERO. Por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad
y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
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