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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-05340-01

Fecha
10 de abril de 2025
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-05340-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRMERO: CONFIRMAR la sentencia del 29 de noviembre de 2024, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, que declaró improcedente la acción de tutela, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-05340-01

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

10 de abril de 2025

Demandante: Armando Vargas Porras
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05340-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D. C., diez (10) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05340-01
Demandante: ARMANDO VARGAS PORRAS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER Y OTRO

Tema: Tutela contra providencia judicial

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia proferida el 29 de noviembre de 2024, por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C, que declaró improcedente la solicitud de amparo
constitucional.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

El señor Armando Vargas Porras a través de apoderado judicial1, instauró acción
de tutela contra el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Bucaramanga y el Tribunal Administrativo de Santander, Sala de Conjueces, con el
fin de que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad
y al acceso a la administración de la justicia.

Lo anterior, con ocasión de las sentencias proferidas por las autoridades
accionadas, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 68001-33-33-003-2017–00210–00/01, adelantado contra el Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y el Departamento Administrativo
de la Función Pública.

1 Índice 02 Aplicativo Samai – Anderson Geovanny Duran

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Demandante: Armando Vargas Porras
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05340-01

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

«[…]

SEGUNDA: Conforme lo anterior, ordene a los accionados emitir una nueva decisión
donde conceda íntegramente las pretensiones rogadas en ese juicio (rad: 2017-210),
de igual forma y en su lógica se aclara porque no es pertinente condenar en costas
procesales en este asunto; o directamente esta Corporación proceda a hacerlo vía
amparo constitucional. […]2».

1.3. Hechos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:

El señor Armando Vargas Porras3 presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forensesy el Departamento Administrativo de la Función
Pública, en la que solicitó que previa inaplicación del artículo 1° del Decreto 0382
de 2013, se declare la nulidad de los actos administrativos a través de los cuales se
negó la solicitud de reconocimiento de la bonificación judicial con las mismas
condiciones y valor salarial a los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó condenar a las entidades
demandadas a pagar la bonificación judicial a su favor y que se ordenara su
inclusión como factor salarial de liquidación de todas las prestaciones sociales
devengadas y causadas a futuro. Así mismo, pidió la indexación de los dineros
correspondientes al retroactivo de esa prestación y el excedente de la liquidación

El proceso correspondió por reparto al Juzgado Tercero Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Bucaramanga, bajo el radicado 68001-33-33003-2017-00210-
00, el cual, mediante sentencia del 6 de julio de 20184 negó las pretensiones de la
demanda.

Para el efecto indicó que de acuerdo con las pruebas obrantes dentro del plenario
se demostró que en el marco de una negociación colectiva en la cual participaron
los representantes de unas agremiaciones de la rama judicial, se concertó el
derecho a la nivelación en la remuneración. Sin embargo, los empleados del
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses no participaron.

2 Transcripción literal de la acción de tutela
3 Índice 023 Aplicativo Samai Link del Expediente Digital - vinculado desde el 24 de mayo de 1995

al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, desempeñando el cargo de profesional
especializado forense grado 15, en la Dirección Regional Nororiente, sede Bucaramanga
4 Índice 010 Aplicativo Samai

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Inconforme con la decisión, el apoderado de la parte actora presentó recurso de
apelación; indicó que los actos administrativos censurados se encuentran viciados
de nulidad por falsa motivación, para el efecto, expuso que el Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses pertenece a la Rama Judicial conforme a lo
dispuesto en el artículo 33 de la ley 938 de 20045, razón por la cual, sus empleados
tienen iguales derechos con relación al salario y responsabilidades.

El Tribunal Administrativo de Santander, mediante proveído del 3 de mayo de 20246,
confirmó la decisión del a quo, en la cual se concluyó que, al no haber sido
expresamente incluido el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
en los Decretos 3827, 3838 y 3849 de 2013, la relación de adscripción que sostienen
la Fiscalía General de la Nación y dicho ente, no constituyen un fundamento jurídico
válido que permita hacer extensivo el beneficio prestacional allí concebido a sus
funcionarios.

La anterior providencia fue notificada, mediante correo enviado el 3 de mayo de
2024.

1.4. Fundamentos de la acción de tutela 10

La parte actora adujo que las autoridades judiciales acusadas vulneraron sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la
administración de la justicia, toda vez que sostuvieron erradamente que el Instituto
de Medicina Legal y la Rama Judicial no forman parte de la misma rama, por lo que,
no es justificable que unos tengan ciertos beneficios salariales o económicos y los
otros no a pesar de estar en la misma estructura.

Adujo que el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga y el
Tribunal Administrativo de Santander, Sala de Conjueces, al proferir las decisiones
judiciales acusadas incurrieron en un defecto sustantivo, toda vez que realizaron
una indebida interpretación normativa, pues los funcionarios del Instituto Nacional
de Medicina Legal y Ciencias Forenses sí pertenecen a la Rama Judicial y son
merecedores de la bonificación judicial que se reclama.

5 ARTÍCULO 33. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses pertenece a la Rama

Judicial y se encuentra adscrito a la Fiscalía General de la Nación, como establecimiento público
del orden nacional, dotado de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa.
6 Índice 029 Aplicativo Samai
7 «por el cual se crea una bonificación judicial para los servidores públicos de la Fiscalía General de

la Nación y se dictan otras disposiciones»
8 «por el cual se crea una bonificación judicial para los servidores públicos de la Rama Judicial y de

la Justicia Penal Militar y se dictan otras disposiciones.»
9 «por el cual se crea una bonificación judicial para los servidores públicos de la Dirección Ejecutiva

de Administración Judicial y las Direcciones Seccionales de la Rama Judicial y se dictan otras
disposiciones.»
10 Índice 02 Aplicativo Samai

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Demandante: Armando Vargas Porras
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Expuso, que la vulneración del derecho fundamental del debido proceso radica en
que en el presente asunto se dejó de aplicar correctamente la justicia, por la
indebida interpretación normativa y al desconocerse los argumentos expuestos en
los alegatos de conclusión.

En cuanto al desconocimiento del derecho al acceso a la administración de justicia,
indicó que en el presente asunto se admitió la demanda, pero se descalificaron sus
pretensiones señalando la diferencia entre operadores judiciales y colaboradores
del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, a pesar, de que la
norma dispone que estos también hacen parte de la Rama Judicial por lo que son
merecedores de la bonificación judicial.

Finalmente, respecto de la transgresión del derecho a la igualdad, señaló que se
está discriminando de forma censurable a los empleados del Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses, quienes también pertenecen a la Rama
Judicial.

1.5. Trámite de la acción de tutela

Mediante providencia del 10 de octubre de 202411, se admitió la acción de tutela y
se ordenó la notificación al solicitante12, a la Sala de Conjueces del Tribunal
Administrativo de Santander13, al Juzgado Tercero Administrativo de
Bucaramanga14 y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado15.

Así mismo, se ordenó vincular en calidad de terceros con interés jurídico, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto Ley 2591 de 1991, al
Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses16 y al Departamento
Administrativo de la Función Pública17 «entidades demandadas dentro del proceso
ordinario».

También, se ordenó publicar en el sitio web18 de la corporación informando sobre la
existencia del presente asunto.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:

11 Índice 05 Aplicativo Samai
12 Notificación al correo electrónico anduart@gmail.com
13 Notificación al correo electrónico ventanillatriadmsan@cendoj.ramajudicial.gov.co
14 Notificación al correo electrónico adm03buc@cendoj.ramajudicial.gov.co
15 Notificación al correo electrónico notificacionesjudiciales@defensajuridica.gov.co

agencia@defensajuridica.gov.co
16 Notificación al correo electrónico notificacionesjudiciales@medicinalegal.gov.co
17 Notificación al correo electrónico notificacionesjudiciales@funcionpublica.gov.co

eva@funcionpublica.gov.co
18 Índice 09 Aplicativo Samai -Aviso a la comunidad

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1.6.1 Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga 19

Manifestó, que no se presentó vulneración a los derechos fundamentales invocados
por el accionante por parte de ese juzgado, razón por la cual, la solicitud de amparo
es improcedente.

Expuso que la sentencia de primera instancia proferida por ese Despacho, el 6 de
julio de 2018, se encuentra debidamente motivada, contiene el examen de las
pruebas y el razonamiento legal necesario que fundamenta la conclusión que
resuelve el problema jurídico planteado de forma expresa y clara. Además,
solucionó cada una de las pretensiones del medio de control y se efectuó un análisis
de los argumentos expuestos por las partes.

Indicó que la anterior decisión fue confirmada por la Sala de Conjueces del Tribunal
Administrativo de Santander, mediante la sentencia del 3 de mayo de 2024, en la
cual se argumentó que en el proceso ordinario se cumplieron las etapas propias del
juicio con observancia del derecho de defensa y contradicción.

Con relación al defecto sustantivo, refirió que esa instancia judicial se centró en
destacar que el derecho a la nivelación en la remuneración ordenada en el Acta de
Acuerdo suscrita el 6 de noviembre de 2012 entre el Gobierno Nacional de la
República de Colombia y los Representantes de los Funcionarios y Empleados de
la Rama Judicial y de la Fiscalía General de la Nación, se efectuó en el marco de
una negociación colectiva en la que no participaron representantes de los
empleados del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, razón por
la cual dicho beneficio solamente amparó a los empleados públicos de las entidades
participantes de la negociación del pliego de solicitudes.

Igualmente, indicó que en cuanto a un presunto tratamiento diferenciado entre los
funcionarios y empleados de la Fiscalía General de la Nación que fueron
beneficiarios de la bonificación judicial y los empleados del Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses, la sentencia se fundamentó en que los
regímenes de ambas entidades son disímiles, atendiendo las funciones y fines
misionales y, por lo tanto, no puede concluirse que la providencia judicial
cuestionada infringió el derecho fundamental de igualdad del accionante.

Finalmente, remitió el enlace del expediente 68001-33-33-003-2017-00210-00 de
Samai y algunas piezas procesales en One drive.

19 Índice 010 Aplicativo Samai

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1.6.2 Departamento Administrativo de la Función Pública20

Señaló que la acción de tutela es improcedente, toda vez que la entidad no ha
vulnerado los derechos fundamentales aludidos por el actor y no existen
presupuestos fácticos ni jurídicos que fundamenten la solicitud de amparo, ni
justifique la existencia de un perjuicio irremediable.

Adujo que el señor Vargas Porras pretende utilizar este mecanismo constitucional
como una instancia o recurso adicional para cuestionar decisiones judiciales que no
le fueron favorables y que ya han sido objeto de análisis en un proceso contencioso
administrativo anterior, sin presentar pruebas concretas que sustenten la alegación
de fraude o de cualquier irregularidad que hubiere afectado su validez.

1.6.3. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses21

Manifestó, que la acción de tutela es improcedente, toda vez que la entidad no ha
vulnerado los derechos fundamentales del tutelante.

Arguyó que el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga y
el Tribunal Administrativo de Santander, al momento de proferir las providencias
judiciales acusadas, actuaron de conformidad con los lineamientos constitucionales
y legales, garantizando en cada etapa el debido proceso de la parte demandante y
demandada, sin evidenciarse vulneración de los derechos invocados por parte del
accionante.

1.6.4. Sentencia de primera instancia22

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, mediante providencia del 29
de noviembre de 2024, declaró improcedente la acción de tutela, toda vez que no
se cumplió con el requisito general de relevancia constitucional, dado que los
argumentos expuestos por el tutelante evidencian su inconformidad con la
interpretación y decisión del juez natural.

Así mismo, indicó que el accionante se limitó a la enunciación de los derechos
fundamentales que considera transgredidos, sin plantear razones que permitieran
la revisión de su núcleo esencial o el alcance de las disposiciones constitucionales.

Refirió que en la acción de tutela la vulneración del derecho fundamental debe estar
justificada con la carga argumentativa mínima suficiente que permita al juez de
tutela valorar la procedencia de la solicitud.

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21 Índice 012 Aplicativo Samai
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1.6.5 Impugnación23

El accionante señaló que en el presente asunto se evidencia la vulneración de sus
derechos fundamentales, toda vez que dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de
Bucaramanga y el Tribunal Administrativo de Santander manifestaron su
impedimento para conocer del presente asunto, situación que evidencia que el
Instituto Nacional de Medicina Legal también integra el sistema judicial.

Sin embargo, en el presente asunto se ha decidido que el Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses es una entidad totalmente diferente a la Rama
Judicial. A pesar que jurídicamente hacen parte de la misma estructura judicial,
cumplen roles complementarios en la aplicación de justicia.

1.6.6. Manifestación de impedimento

La magistrada ponente, mediante escrito del 3 de marzo de 202524, manifestó́ estar
impedida para conocer de la acción constitucional al considerar que estaba inmersa
en la causal 1º del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal.

Sin embargo, los demás magistrados que integran la Sección Quinta del Consejo
de Estado, por auto del 13 de marzo de 202525, declararon infundada la
manifestación, pues no encontraron acreditados los supuestos de hecho
establecidos en la norma para su configuración.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer la impugnación presentada por la parte
accionante contra la sentencia proferida el 29 de noviembre de 2024, por el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Lo anterior, de conformidad con lo
establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del
Consejo de Estado.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la decisión de
primera instancia proferida el 29 de noviembre de 2024, por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C, por lo cual, se resolverán los siguientes
interrogantes:

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• ¿Se superan, en el caso concreto, los requisitos generales de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencia judicial?

De ser positiva la respuesta al interrogante anterior, la Sala analizará lo siguiente:

• ¿La Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Santander vulneró los
derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia del señor Armando Vargas Porras, con ocasión de
la sentencia del 3 de mayo de 2024, que confirmó la providencia de primera
instancia, negando las pretensiones de la demanda dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con radicado
68001-33-33-003-2017-00210-01?

Para resolver el interrogante planteado, se analizarán los siguientes temas: (i) el
criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial, (ii) los requisitos generales de procedibilidad, (iii) el caso
concreto.

2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo del 31 de julio de 2012 26,
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones
y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema27.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la
sentencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales28. Sin
embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros se haría ese estudio, pues
la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el momento
jurisprudencialmente».

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201429, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, adoptó los criterios expuestos por la Corte
Constitucional en la sentencia C-590 de 200530, para determinar la procedencia de
la acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que la tutela es un

26 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, M.P. María

Elizabeth García González, Sentencia 31.07.12, Rad. 2009-01328-01.
27 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
28 Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia».
29 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta M. P. Jorge

Octavio Ramírez Ramírez, Sentencia 05.08.14, Rad.11001-03-15-000-2012-02201-01.
30 Corte Constitucional, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales,
como lo dispone el artículo 86 Constitucional, y, por ende, el amparo frente a
decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características.

Sobre el tema, la Corte Constitucional se ha referido en forma amplia31 a unos
requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin
distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho de amparo –
procedencia sustantiva – y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo
del asunto – procedencia adjetiva -.

Esta Sección ha determinado que, en primer lugar, se debe verificar que la solicitud
de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad adjetiva, esto es:
i) que sea relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela;
iii) subsidiariedad, es decir, el agotamiento de los recursos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando sean idóneos y eficaces para la protección del
derecho que se dice vulnerado; e iv) inmediatez. De modo que, de no observarse el
cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del
amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo
o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.

Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada como
una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo
las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.4.1. Relevancia constitucional

Para el caso en concreto, la Sala anticipa que se confirmará la sentencia de primera
instancia que declaró la improcedencia de la presente acción de tutela por carecer
de relevancia constitucional, puesto que no cumple con las reglas establecidas por
la Corte Constitucional en la Sentencia SU-215 de 202232.

31 Entre otras sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-590

de 2005.
32 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.

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En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales
hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo
constitucional contra una decisión judicial:

[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene “vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”.
Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta
corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que
la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en
términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la
búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y,
por esta vía, en la materialización del principio de igualdad”.

Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como
un eje fundamental para:

[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues
así se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su
competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la
Constitución.

Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:

[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de
la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento
de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las
jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza
eminentemente legal33 (Énfasis de la Sala).

De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:

En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico34; es decir, la
cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia
constitucional35.

33 Sentencia SU-573 de 2019.
34 Sentencia SU-103 de 2022.
35 Sentencia SU-103 de 2022.

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[…]
En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.

[…]
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal36”. En este orden, se reitera
que el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo
trascienda la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales37”.

En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes
dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un
derecho fundamental.

[…]
Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto38, lo que implica verificar que en efecto
se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los
derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe
representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para
definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal39. (Resaltado de
la Sala)

2.5. Caso concreto

En el presente asunto, para la parte accionante, con la sentencia proferida por el
Tribunal accionado se vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso,
a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, toda vez que se incurrió en
el defecto sustantivo por indebida aplicación de la norma.

Así mismo, manifestó irregularidades procesales en cuanto se desconocieron los
argumentos expuestos en los alegatos de conclusión y la discriminación de forma
censurable a los empleados del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses, toda vez que hacen parte de la Rama Judicial y son merecedores de la
bonificación judicial.

Sin embargo, advierte la Sala que las afirmaciones del accionante no sustentan ni
demuestran la transgresión de los derechos fundamentales invocados con ocasión

36 Sentencia SU-103 de 2022.
37 Sentencia SU-128 de 2021.
38 Sentencia SU-573 de 2019.
39 Ib.

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a las providencias judiciales cuestionadas, especialmente la proferida por el
Tribunal accionado, todo lo contrario, únicamente se vislumbra su inconformidad
con la interpretación de la norma y la decisión adoptada por el juez natural dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

Se advierte, que la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Santander, en
la providencia judicial acusada del 3 de mayo de 202440, expuso los argumentos de
defensa y contradicción de las partes en cada una de las etapas procesales
adelantadas en primera y segunda instancia.

Así mismo, referenció el marco normativo y jurisprudencial como fundamento de su
decisión, indicó que conforme a los artículos 33 al 36 de la Ley 938 de 200441, el
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses es una entidad adscrita a
la Fiscalía General de la Nación, pero ello no implica que forme parte integral de
esta; por el contrario, se considera totalmente independiente, con una relación
particular de adscripción y con unas características particulares que no las convierte
en una única persona jurídica.

Mencionó que de conformidad con la interpretación efectuada por la Corte
Constitucional42 sobre las normas que establecieron la adscripción del Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses a la Fiscalía General de la Nación,
el control de tutela ejercido por el sector central de la Rama Ejecutiva del Poder
Público no es aplicable al Instituto, puesto que dicho establecimiento público no está
adscrito a ningún órgano principal de la Rama Ejecutiva, sino a uno de la Rama
Judicial, esto es, a la Fiscalía General de la Nación.

Explicó que en el ordenamiento jurídico colombiano no existe régimen jurídico
aplicable a la Fiscalía General de la Nación que se le haya hecho extensivo al
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses sin que las normas
expresamente lo indiquen.

Por lo anterior, resulta evidente que, con la interposición de este amparo
constitucional y el escrito de impugnación, el accionante pretende reabrir las
discusiones legales resueltas y decididas por el juez ordinario en el medio de control

40 Índice 029 Aplicativo Samai
41 Artículo 33. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses pertenece a la Rama

Judicial y se encuentra adscrito a la Fiscalía General de la Nación, como establecimiento público del
orden nacional, dotado de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa.
Artículo 34. El Sistema de Medicina Legal y Ciencias Forenses en todo el territorio nacional, es
organizado y controlado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forense
Artículo 35. La misión fundamental del Instituto es prestar auxilio y soporte científico y técnico a la
administración de justicia en todo el territorio nacional en lo concerniente a medicina legal y las
ciencias forenses.
Artículo 36. En desarrollo de su misión, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
tiene las siguientes funciones: […]
42 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia C-1505 del 8 de noviembre del año 2000. M.P.

Alfredo Beltrán Sierra. Y Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia C-743 del 11 de julio de 2001.
M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

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de nulidad y restablecimiento del derecho, toda vez que los argumentos expuestos
en el escrito de tutela se dirigen a atacar la interpretación y la decisión del juez
natural dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho al considerar
que los empleados del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses no
son beneficiarios de la bonificación judicial dispuesta de manera expresa a favor de
los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación en el Decreto 0382 de 2013

Ahora, entrar a estudiar las providencias judiciales acusadas, sin sustentarse ni
demostrarse la vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido
proceso y acceso a la administración de justicia, resulta contraria a la naturaleza del
juez constitucional que está llamado a proteger aquellas garantías fundamentales
vulneradas y a proferir pronunciamientos encaminadas a restablecer las mismas.

La Corte Constitucional ya ha decantado que la acción de tutela no es una vía
alterna ni un mecanismo para rectificar decisiones judiciales en firme ni para
desautorizar interpretaciones jurídicas que se hacen dentro del marco de la
autonomía y de la independencia propia de los jueces ni el instrumento para atacar
o impugnarlas cuando se encuentran ejecutoriadas43.

Así las cosas, para la Sala, tal como lo consideró el juez constitucional de primera
instancia, la acción de tutela interpuesta por el señor Armando Vargas Porras no
cumple con el requisito general de procedencia de relevancia constitucional dentro
del marco de la acción de tutela contra providencias judiciales, en la medida que, si
bien el actor enuncia la transgresión de derechos fundamentales, sus argumentos
pretenden reabrir la discusión legal, que ya fue objeto de estudio y decidida por el
juez natural de la causa y no le corresponde al juez constitucional hacer un
pronunciamiento adicional, toda vez que ello implicaría desconocer el principio de
autonomía e independencia judicial y desnaturalizaría el mecanismo constitucional
convirtiéndolo en una instancia adicional.

En este sentido, la Sala confirma la sentencia de primera instancia que declaró
improcedente la acción de tutela por cuanto no superó el requisito de relevancia
constitucional.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

43 Sentencia SU134, 21 de abril de 2022. Magistrado sustanciador: José Fernando Reyes Cuartas.

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III.FALLA:

PRMERO: CONFIRMAR la sentencia del 29 de noviembre de 2024, proferida por
el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, que declaró improcedente
la acción de tutela, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
Ausente con permiso

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de radicación en el siguiente link
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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