Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-05351-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-05351-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2024-05351-01
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
21 de febrero de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05351-01
Accionante: Calypso del Caribe S.A.
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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrada ponente: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., veintiuno (21) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05351-01
Accionante: Calypso del Caribe S.A.
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera Subsección B y Sección Quinta del Consejo de
Estado.
Referencia: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial. Requisitos de procedibilidad. Relevancia
constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación que presentó la parte actora en contra de la sentencia
del 26 de noviembre de 2024, proferida por la Sección Tercera, Subsección B del
Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de tutela
Calypso del Caribe S.A. promovió acción de tutela en procura de la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia
y a la tutela efectiva, que consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B con ocasión de la sentencia del 19 de
abril de 2024 y del auto del 16 de agosto de la misma fecha. De igual manera, por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, en virtud del fallo de 4 de julio de 2024, que
revocó la decisión del Tribunal y, en su lugar, declaró la improcedencia de la acción de
cumplimiento, trámite que se adelantó en el expediente radicado bajo el núm. 25000–
23–41–000–2023–01705–01.
1.2. Hechos probados
La sociedad accionante promovió el 15 de diciembre de 2023, demanda en ejercicio
del medio de control de cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de actos
administrativos –en adelante acción de cumplimiento– en contra del Instituto
Colombiano Agropecuario –ICA- (en adelante ICA), con la pretensión de hacer cumplir
los artículos 17 de la Ley 1255 de 2008 y 4 del Decreto 735 de 2012, que regularon el
trámite del documento zoosanitario para la importación de productos de origen aviar
(DZI).
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B profirió
sentencia de fecha 19 de abril de 2024, con la que negó las pretensiones de la
demanda, al considerar que el ICA no incurrió en el incumplimiento denunciado por
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dos razones: i) porque suspendió temporalmente los trámites de importación de aves
y productos de derivados provenientes de países que reportaron brotes de influenza
aviar –incluido Estados Unidos–, y en tal sentido, las normas antes mencionadas no
eran exigibles en la actualidad; ii) porque el artículo 4 del Decreto 735 de 2012 no
contenía un mandato claro, imperativo e inobjetable.
La decisión de suspensión temporal fue adoptada por la entidad a través de las
siguientes Resoluciones: i) 1894 del 3 de marzo de 2023 “Por la cual se establecen
medidas sanitarias temporales por la presencia de Influenza Aviar de Alta
Patogenicidad (IAAP) en Perú y Ecuador”; ii) 2478 del 17 de marzo de 2023 “Por la
cual se establecen medidas sanitarias temporales por la presencia de Influenza Aviar
de Alta Patogenicidad (IAAP)” y; iii) 15304 del 9 de noviembre de 2023 “Por la cual se
prorroga el estado de emergencia sanitaria declarado en el territorio nacional por la
presencia de influencia aviar de alta patogenicidad, mediante Resolución 22990 de
2022”.
El fallo de primera instancia fue impugnado por la sociedad actora con fundamento en
los siguientes cargos: i) indebida interpretación del inciso segundo del artículo 4 del
Decreto 735 de 2012; ii) carencia de fundamento en el fallo; iii) la decisión refleja que
se desconoció la jurisprudencia del Consejo de Estado; iv) indebida valoración
probatoria; v) violación al principio de confianza legítima; v) procedencia de la
terminación anticipada del proceso en los términos del artículo 19 de la Ley 393 de
1997 dado que “se desarrolló por el ICA la conducta requerida por la Ley, cuyo
cumplimiento se exigía a través de la acción de cumplimiento”.
La Sección Quinta del Consejo de Estado dictó sentencia de fecha 4 de julio de 2024,
en el que revocó la decisión del Tribunal y, en su lugar, declaró la improcedencia de la
acción de cumplimiento por existir otro mecanismo judicial para que la accionante
atacara la legalidad de los actos administrativos expedidos por el ICA.
1.3. Pretensiones y argumentos de tutela
1.3.1. La parte actora solicitó que: i) se amparen sus derechos fundamentales; ii) se
revoque la sentencia del 4 de julio de 2024 proferida por la Sección Quinta del Consejo
de Estado y que, en consecuencia, iii) se ordene a la autoridad judicial proferir una
sentencia de reemplazo en la que se reconozca la procedencia de la acción de
cumplimiento.
Como fundamentos de la acción expuso, en síntesis, los siguientes hechos:
1.3.2. Indicó que el juez de segunda instancia se apartó del contenido del artículo 19
de la Ley 393 de 1997, según el cual, procedía la terminación anticipada del proceso
dado que el ICA desarrolló la conducta contenida en las normas cuyo cumplimiento se
solicitó.
1.3.3. Consideró que la tesis planteada en el fallo cuestionado, que apuntó a la
improcedencia de la acción de cumplimiento por existencia de otro mecanismo legal,
lesionó sus garantías fundamentales dado que, aunque en los fundamentos de hecho
se hizo alusión a la Resolución 2478 de 2023, lo cierto es que no se atacó su legalidad
y por tanto está probada una interpretación errónea de la demanda.
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1.3.4. Afirmó que, el fallo del 4 de julio de 2024 no tuvo en cuenta los argumentos de
la impugnación, y empeoró la situación de la sociedad al analizar y decidir aspectos
que no eran propios del marco de la segunda instancia para retrotraer la demanda
hasta declararla improcedente.
1.4. Trámite en primera instancia
1.4.1. Por medio de auto del 8 de octubre de 20241 la Sección Tercera, Subsección B
del Consejo de Estado inadmitió la acción. La parte accionante presentó escrito de
subsanación, y mediante providencia del 30 de octubre siguiente2, se admitió la
demanda.
1.4.2. La Sección Quinta del Consejo de Estado3 solicitó que se declare
improcedente la acción de tutela por no superar el requisito de relevancia
constitucional, y argumentó que la parte actora pretendió propiciar una tercera
instancia en la acción de cumplimiento para controvertir los fundamentos de la
sentencia del 4 de julio de 2024, pues los fundamentos que expuso se dirigieron a
debatir la restricción de la actividad económica de importación de aves como producto
de una emergencia sanitaria acaecida en el año 2022, y cuestionar la legalidad de la
Resolución 2478 de 2023.
Agregó que, el extremo activo de la acción no expuso una carga argumentativa
adecuada ni identificó ninguno de los defectos que la jurisprudencia constitucional ha
establecido para atacar providencias judiciales.
Resaltó que la providencia cuestionada advirtió la existencia de otro mecanismo de
defensa judicial, dado que los fundamentos de la demanda de cumplimiento se
dirigieron a controvertir la legalidad del acto administrativo con el que el ICA suspendió
la actividad de importación de aves al territorio nacional, y también tuvo como fin la
reparación del perjuicio que consideró le fue causado en su calidad de importadora.
Con fundamento en lo anterior, revocó el fallo de primera instancia para declarar
improcedente la demanda, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley
393 de 1997, que prevé una competencia amplia para el juez de segunda instancia, ya
que “uno de los presupuestos adjetivos de la acción constitucional no se encontraba
superado, debía revocar la decisión impugnada, pese a que la argumentación de la
impugnación no se dirigiera frente a ese aspecto, tal y como ocurrió en la sentencia de
4 de julio de 2024, sin que lo anterior implique la transgresión al principio procesal
alegado y, en todo caso, no conlleva a que se empeorara de alguna manera la
situación jurídica de la impugnante en comparación con la sentencia de primera
instancia; otra cosa es que no se comparta el criterio y decisión del órgano judicial de
cierre en materia de acción de cumplimiento”.
1.4.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección
B4, remitió el enlace web del expediente digital de la acción de cumplimiento. Así
mismo, presentó informe5 en el que señaló que las pretensiones de la acción de tutela
1 Índice 0004 del expediente digital de tutela de primera instancia en Samai.
2 Índice 0011 del expediente digital de tutela de primera instancia en Samai.
3 Índice 0016 del expediente digital de tutela de primera instancia en Samai.
4 Índice 0018 del expediente digital de tutela de primera instancia en Samai.
5 Índice 0019 del expediente digital de tutela de primera instancia en Samai.
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deben ser negadas dado que la sociedad actora pretendió crear una tercera instancia
para debatir las decisiones adoptadas en el proceso de acción de cumplimiento, las
cuales, por demás, fueron respetuosas de la normatividad que regula la materia y no
quebrantaron ninguna garantía fundamental.
1.4.4. El Instituto Colombiano Agropecuario –ICA-6 solicitó que se declare la
carencia actual de objeto dado que ya se autorizaron las actividades de importación.
1.5. Sentencia de tutela de primera instancia
La Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado profirió sentencia de primera
instancia el 26 de noviembre de 20247, con la que negó el amparo de los derechos
fundamentales.
De manera preliminar precisó que, el estudio se centraría en la sentencia del 4 de julio
de 2024, y que el auto del 16 de julio de la misma fecha no vulneró las garantías de la
parte actora dado que corresponde a una actuación de trámite frente a la decisión del
superior.
El a quo estimó que: i) el escrito de tutela contiene una exposición clara de los hechos
y fundamentos; ii) el asunto reviste relevancia constitucional ya que se afirmó la
vulneración de los derechos al debido proceso, de acceso de la administración de
justicia y a la tutela efectiva, y es posible identificar el vicio o defecto en que habrían
incurrido las providencias acusadas; iii) se cumplió con el requisito de subsidiariedad
puesto que se agotó el trámite de la acción de cumplimiento en las dos instancias; iv)
la solicitud de amparo fue radicada dentro de los seis meses siguientes a la notificación
de la sentencia de segunda instancia; y; v) no se atacó un fallo de tutela.
En lo referente al fondo del asunto indicó que, aunque el principio de la non reformatio
inpejus proscribe que el superior agrave la situación consolidada en primera instancia
cuando el apelante es único, no se trata de una garantía absoluta pues encuentra
límites en la verificación de los presupuestos procesales que deben ser revisados de
oficio por el juez de conocimiento, aun cuando no fueran propuestos en la
impugnación, como ocurre con los requisitos de procedencia de la acción de
cumplimiento.
Así, consideró que la Sección Quinta del Consejo de Estado no incurrió en
desconocimiento de este principio para declarar la improcedencia de la acción, pues
tal decisión podía adoptarse de manera oficiosa en la segunda instancia, máxime
cuando se advirtió la existencia de otro mecanismo judicial para controvertir la
legalidad de los actos expedidos por el ICA. En ese orden, concluyó que “no puede
configurarse una reforma en peor cuando la decisión adoptada en segunda instancia
coincide con la determinación de la primera instancia, que en este caso consiste en no
ordenar al ICA el cumplimiento de las normas invocadas en la demanda”
1.7. Impugnación.
6 Índice 0020 del expediente digital de tutela de primera instancia en Samai.
7 Índice 0024 del expediente digital de tutela de primera instancia en Samai.
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La sociedad accionante presentó escrito de impugnación8 en el que solicitó revocar el
fallo de primera instancia para que, en su lugar, se amparen sus derechos
fundamentales, se revoque la sentencia del 4 de julio de 2024 y se ordene a la Sección
Quinta del Consejo de Estado proferir una nueva decisión en la que se reconozca la
procedencia de la acción de cumplimiento, para lo que expuso los siguientes
argumentos.
1.7.1. Afirmó que el fallo del 19 de abril de 2024, con el que el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca negó las pretensiones de cumplimiento, desenfocó el objeto de la
demanda, y que la sentencia del 4 de julio de 2024 no tuvo en cuenta “las peticiones,
hechos y argumentos expuestos en el escrito de impugnación, sino que se empeoró la
situación de la sociedad accionante, al revisar aspectos que no fueron presentados
para revisión en la segunda instancia, retrotrayendo la acción hasta declararla
improcedente”.
En su concepto, lo anterior demuestra que la decisión de segunda instancia no
encuentra consonancia con la de primera, además que dejó sin valor la demanda
promovida, y lesionó directamente las garantías fundamentales.
1.7.2. Indicó que, en todo caso, la acción de cumplimiento si cumplió con el requisito
de subsidiariedad, dado que, en virtud de la suspensión de importación adoptada por
el ICA, varias empresas se vieron afectadas en su actividad e incluso entraron en
proceso de liquidación, por lo que no existía otro mecanismo de defensa judicial.
1.7.3. Argumentó que el fallo de tutela impugnado perpetúa la vulneración de sus
derechos, no contiene un análisis de fondo de los argumentos de la solicitud de
amparo, al tanto que el a quo desconoció que con la demanda de cumplimiento no se
pretendió cuestionar la legalidad de ningún administrativo.
1.7.4. Explicó que no pretendió crear una instancia adicional, pues la tutela cumplió
con los lineamientos trazados en la SU-215 de 2022 y se basó en que la sentencia del
4 de julio de 2024 que estudió aspectos que no fueron decididos por el juez de la
primera instancia pese a que la “impugnación le permite revisar únicamente los
aspectos impugnados”.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad con
lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, y en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991.
2.2. Legitimación en la causa
La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de Calypso del
Caribe S.A. pues actuó como demandante en la acción de cumplimiento identificada
con el radicado núm. 25000–23–41–000–2023–01705–01, en la que se profirieron las
decisiones judiciales que, en su criterio, vulneraron sus garantías fundamentales.
8 Índice 0029 del expediente digital de tutela de primera instancia en Samai.
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También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B y de la Sección
Quinta del Consejo de Estado, al ser las autoridades judiciales que profirieron las
providencias que la parte actora cuestionó a través de este mecanismo constitucional.
2.3. Relevancia constitucional
El cargo que se formule contra una decisión judicial tendrá relevancia constitucional
si presenta un problema constitucional y no se limita a revivir una controversia estricta
y exclusivamente legal9. De ese modo, en esta sede se ponderará entre la finalidad de
la acción de tutela como garantía iusfundamental y los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica que gobiernan las decisiones judiciales10. Así las cosas, el juez de
tutela debe resolver asuntos de dimensión constitucional, con respeto de las
competencias legales y del principio de autonomía de los jueces11.
En suma, el requisito de relevancia constitucional persigue tres fines: (i) preservar la
competencia y la independencia de los falladores ordinarios y, así evitar que la acción
de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad12; (ii) restringir el ejercicio
del amparo a cuestiones que afecten los derechos fundamentales de las personas, e
(iii) impedir que la tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones judiciales13.
Definir lo que es o no relevante en el plano constitucional depende de verificar que, a
primera vista, el cuestionamiento esté dirigido contra una posible afectación o
vulneración de las garantías relacionadas con el núcleo de los derechos
fundamentales. En especial, debe hacerse énfasis en el derecho al debido proceso 14.
Para ello, la jurisprudencia constitucional15 ha definido cuáles son los requisitos
9 “[L]os fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con
transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez debe contraerse a estudiar
esta cuestión y ninguna otra. No se trata entonces de un mecanismo que permita al juez constitucional
ordenar la anulación de decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en su tarea de
interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso. De lo que se trata es de un mecanismo
excepcional, subsidiario y residual para proteger los derechos fundamentales de quien […] se encuentra
en condición de indefensión y que permite la aplicación uniforme y coherente – es decir segura y en
condiciones de igualdad – de los derechos fundamentales a los distintos ámbitos del derecho”. Corte
Constitucional. Sentencia C-590 de 2005.
10 “No se trata de convertir la tutela en un mecanismo ritualista, sino de exigir una actuación razonable
para conciliar la protección eficaz de los derechos fundamentales, con los principios y valores en juego,
al controvertir una providencia judicial”. Corte Constitucional. Sentencia T-066 de 2019.
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C.
Sentencias del 21 de febrero de 2020, expediente n.° 2019-5066-00; 4 de mayo de 2020, expediente
n.° 2020-836-00.
12 Cfr. Corte Constitucional. Sentencias T-335 de 2000, T-1044 de 2007, T-658 de 2008, T-505 de 2009,
T-610 de 2009, T-896 de 2010, T-040 de 2011, T-338 de 2012, T-512 de 2012, T-543 de 2012, T-1061
de 2012, T-931 de 2013, T-182 de 2014 y T-406 de 2014, citadas en la sentencia T-422 de 2018.
13 “[T]eniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia,
ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de
la acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental” Corte Constitucional. Sentencia T-
422 de 2018.
14 Corte Constitucional, sentencia T-102 de 16 de febrero de 2006. En igual sentido: T-075-18, T-451-
18, T-422-18 y T-248-18.
15 Cfr. sentencia C-590 de 2005.
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específicos de procedencia que pueden ser invocados como únicas causales que
habilitan el control constitucional concreto.
El requisito de relevancia constitucional, por tanto, exige que el cuestionamiento en la
solicitud de amparo esté dirigido a exponer una valoración en sentido negativo de la
actuación jurisdiccional en clave de los defectos, como han sido definidos por la
jurisprudencia. Así, son improcedentes los argumentos destinados a proponer
fórmulas que habrían podido ser tenidas en cuenta en el proceso ordinario, o reiterar
las ya expuestas en este. En efecto, como lo ha establecido la Corte Constitucional,
“la función del juez de tutela no es la de fungir como una instancia adicional del
procedimiento judicial que se cuestiona16, pues ello desconocería la competencia y
finalidad de administración de justicia por parte de los jueces naturales, así como su
autonomía funcional”17.
En particular, cabe denotar que la Corte Constitucional, en la decisión SU-215 de 2022,
indicó que “el examen de la acción de tutela dirigida contra decisiones de las altas
cortes debe ser estricto, lo que implica verificar que en efecto se haya presentado una
actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los derechos fundamentales. Así,
la tutela contra providencias judiciales no debe representar una instancia adicional de
los litigios ordinarios, ni es un escenario para definir controversias doctrinarias o
interpretativas de corrección legal”. Además, precisó que “[…] Para determinar si este
requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente
legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o
privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración
arbitraria o violatoria de derechos fundamentales”.
Por su lado, la jurisprudencia de esta Corporación ha precisado que, para realizar el
examen del requisito de relevancia constitucional, se requiere en primera medida
establecer que quien actúe como accionante motivó con suficiencia argumentativa las
razones por las cuales considera que la decisión judicial que reprocha se erige como
una afectación de derechos fundamentales, a efectos de evitar una instancia
adicional18.
2.4. Caso concreto
La Subsección anticipa que el presente asunto no superó el requisito de relevancia
constitucional, y, por tanto, modificará el fallo impugnado para en su lugar declarar
improcedente la solicitud de amparo, conforme a las razones que pasan a exponerse.
2.4.1. La revisión en SAMAI del expediente de la acción de cumplimiento radicado bajo
el núm. 25000–23–41–000–2023–01705–01, da cuenta de las siguientes actuaciones:
16 Cita original: “Ver sentencia T-336/04”.
17 Sentencia de la Corte Constitucional T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
18 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado
número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
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• Calypso del Caribe S.A. acudió ante la jurisdicción contenciosa administrativa
con la pretensión de que se ordene al ICA cumplir los artículos 17 de la Ley 1255
de 2008 y 4 del Decreto 735 de 2012, que regularon el trámite del documento
zoosanitario para la importación de productos de origen aviar y productos
derivados (solicitud DZI).
Como fundamento de sus pretensiones, la sociedad indicó que mediante la
Resolución 2478 de 2023, el ICA prohibió el ingreso al país de aves y productos
derivados con riesgo de transmitir la influenza aviar de alta patogenicidad, y
suspendió las solicitudes que se encontraban en trámite para su importación.
En su criterio, el acto administrativo desconoció lo previsto en las normas cuyo
cumplimiento solicitó y conllevaron para la actora un perjuicio económico que
calificó como irremediable, al afectar la actividad de importación, dado que las
medidas injustificadas no fueron previamente informadas, cerró los canales de
acceso y radicación de solicitudes DZI y rechazó los trámites de importación en
curso sin establecer un procedimiento sumario de evaluación y clasificación.
• El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B
dictó fallo de primera instancia el 19 de abril de 2024, con el que negó las
pretensiones de la demanda.
Consideró que, aunque el artículo 17 de la Ley 1255 de 2008 contempla un
mandato imperativo, claro e inobjetable19 dirigido al ICA, la entidad no incurrió
en incumplimiento puesto que: i) mediante la Resolución 22990 del 11 de
noviembre de 2022 se declaró el estado de emergencia sanitaria en el territorio
nacional por la presencia de brotes de Influenza Aviar Altamente Patógena
(IAAP) en los departamentos de Chocó, Bolívar y Sucre, presuntamente
originados en el contacto de aves domésticas con aves migratorias de la ruta de
Centroamérica y la ruta del Golfo de México; ii) con sujeción a lo dispuesto en
las Decisiones 563 y 515 de la Comunidad Andina de Naciones, la Ley 1255 de
2008 y el Decreto 1071 de 2015, el ICA expidió la Resolución 1894 de 2023 con
la que prohibió el ingreso al territorio nacional de aves y los productos derivados
-provenientes de Norte América- por el término de 6 meses; además, con la
Resolución 2478 de 2023 se prohibió el ingreso de aves provenientes de países
que reportaran la enfermedad hasta tanto la emergencia sea controlada, y con
la Resolución 15304 del 9 de noviembre del mismo año se prorrogó por el
término de seis meses los efectos de la Resolución 22990.
En relación con artículo 4 del Decreto 735 de 2012, precisó que las decisiones
adoptadas a través de los actos administrativos expedidos por el ICA se
ajustaron tanto a las recomendaciones de la Organización Mundial de Sanidad
Animal, como a las guías previstas en el Código Sanitario para los animales
terrestres.
• La sociedad accionante impugnó la decisión y argumentó que, desde el 26 de
febrero de 2024, el ICA habilitó el sistema en el que se radican las solicitudes de
19 Consistente en prohibir el ingreso a Colombia de aves vivas y productos aviares de riesgo,
procedentes de países o zonas en las que se hubiere registrado Influenza Aviar o cepas de Newcastle
con un IPIC mayor o igual a 0.7, para lo cual cerrará el País o la zona, hasta comprobar que dichos
países o zonas se han liberado de la enfermedad.
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importación y permitió el ingreso de productos derivados, por lo que solicitó
aplicar lo previsto en el artículo 17 de la Ley 393 de 1997.
No obstante, presentó inconformidad en relación con el análisis que hizo el
Tribunal, para indicar que: i) se interpretó en forma indebida el artículo 4 del
Decreto 735 de 2012; ii) el fallo carece de fundamento, y desconoció la
jurisprudencia de la Sección Quinta que prevé que el juez de cumplimiento puede
solicitar informes y practicar pruebas de oficio para corroborar los hechos; iii) se
incurrió en indebida valoración probatoria; iv) se trasgredió el principio de
confianza legítima dado que el ICA no contemplo un periodo de transición para
los importadores.
• Mediante sentencia del 4 de julio de 2024 la Sección Quinta del Consejo de
Estado revocó la decisión del Tribunal y en su lugar, declaró la improcedencia
de la acción de cumplimiento en tanto no superó el requisito de subsidiariedad.
Lo anterior, bajo los siguientes argumentos:
“[…]
A su turno, el actor insiste en que, las normas invocadas fueron desconocidas por
el ICA pues, a su juicio, no se podía prohibir ni suspender la importación de aves
ni de los productos derivados, cuyo origen fuera de los Estados Unidos de Norte
América. Así las cosas, resulta evidente que las pretensiones de la actora enervan
una discusión jurídica que trasciende al obedecimiento de las disposiciones
invocadas para que se determine si le asiste razón en sus afirmaciones o a la
entidad que alude que acudió a las medidas urgentes ante la emergencia sanitaria
que se presentó en el año 2022.
En otras palabras, el problema jurídico que plantea el actor se trata de un asunto
que no debe ser resuelto a través de la acción de cumplimiento, pues debe ser
objeto de pronunciamientos judiciales a través de los medios idóneos y eficaces
previstos por el ordenamiento jurídico para ese tipo de discusiones, en especial
por el juez de la legalidad de los actos administrativos, a quien corresponde zanjar
la problemática en cuanto a la validez de la Resolución 2478 de 2023 y demás
medidas que adoptó el Ica para evitar la propagación de la influenza aviar en el
país. En efecto, este caso, no depende solo de la observancia de las disposiciones
que se invocó, sino que conlleva a establecer y controvertir los alcances de lo
decidido por la autoridad demandada, lo cual goza de presunción de legalidad, y
que implica invadir la órbita de sus competencias legales por parte del juez de
cumplimiento.
De esta manera, para la Sala la demanda de la actora es improcedente, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.º de la Ley 393 de 1997. Lo anterior,
porque existen otros mecanismos de defensa judicial [simple nulidad o nulidad y
restablecimiento del derecho] a los cuales puede acudir la actora, para determinar
si la Administración transgredió el ordenamiento jurídico preexistente o no con las
medidas temporales para evitar y afrontar la emergencia sanitaria acaecida en
2022, sin que el hecho de que se limite a pedir el cumplimiento de normas conlleve
a que este mecanismo se torne en el procedente para sus finalidades, pues se
recuerda que está acción no es de naturaleza declarativa”.
2.4.2. La Subsección estima que la parte actora pretendió utilizar la acción de tutela con
el fin de reabrir el debate de legalidad que realizó la autoridad judicial accionada en la
sentencia del 4 de julio de 2024, con fundamento en las siguientes razones:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 9
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05351-01
Accionante: Calypso del Caribe S.A.
.
En la actuación quedó demostrado que la Sección Quinta del Consejo de Estado
analizó las causales de improcedencia de la acción de cumplimiento bajo la égida del
artículo 9 de la Ley 393 de 1997, y advirtió que la controversia planteada por la sociedad
accionante versó sobre la legalidad de la Resolución 2478 de 2023, mediante la cual
se suspendió la importación de aves y de sus productos derivados con ocasión de la
declaratoria de emergencia sanitaria por la propagación de la influenza aviar; pues los
fundamentos allí expuestos se dirigieron a que estas disposiciones no tenían
justificación, afectaron la actividad económica de los importadores y generaron el cierre
de los canales de radicación de solicitudes de importación sin establecer, al menos, un
margen de transición para los procedimientos que se encontraban vigentes para ese
momento.
Además, la decisión censurada no abordó el estudio de los argumentos de la
impugnación de cara a los fundamentos del fallo del Tribunal de primera instancia, al
advertir que la demanda de cumplimiento no era procedente al tenor del artículo 9 antes
citado, y esta determinación es la que la parte actora cuestionó a través de este
mecanismo constitucional.
A partir de lo anterior, la Sala considera que el escrito de amparo no superó el
requisito de relevancia constitucional, pues la parte actora lejos de exponer las
circunstancias por las que consideró que la decisión censurada vulneró sus derechos
fundamentales, dirigió sus argumentos únicamente a debatir los fundamentos con los
que la Sección Quinta del Consejo de Estado puso de presente que la sociedad
accionante contaba con otro medio de defensa judicial a su alcance para cuestionar la
legalidad del acto que consideró lesivo, con miras a que se profiera una nueva
sentencia en la que se acoja la interpretación que consideró correcta y en la que la
autoridad judicial reconozca la procedencia de la acción de cumplimiento20. Lo anterior,
pese a que la Corte Constitucional ha indicado con claridad que “la tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado”21.
Es pertinente recordar que, en relación con la carga argumentativa y explicativa que se
encuentra en cabeza de quien acude a solicitar la protección de amparo, la Corte
Constitucional ha indicado que no basta con la mención de la vulneración del derecho
al debido proceso, sino, que, para entender como acreditado el requisito general de
procedencia de relevancia constitucional se requiere demostrar: i) su existencia; ii) su
carácter desproporcionado y; iii) su carácter arbitrario. Así, quien acude a la tutela, debe
aportar elementos suficientes que permitan al Juez constitucional advertir tal
vulneración22.
2.4.3. Así las cosas, contrario a lo sostenido por el a quo constitucional, la Sala estima
que la acción de tutela no superó el requisito de relevancia constitucional y, en ese
orden, modificará el fallo impugnado para declarar improcedente la solicitud de amparo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
20 Conforme a las pretensiones de la solicitud de amparo.
21 Ibidem
22 Sentencia SU215/22
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05351-01
Accionante: Calypso del Caribe S.A.
.
FALLA
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 26 de noviembre de 2024 proferida por la
Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado para, en su lugar, DECLARAR
IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por Calypso del Caribe S.A., conforme
a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados, por el
medio más expedito.
TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
Notifíquese y Cúmplase
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado
SFGS
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