Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05352-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05352-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-05352-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
14 de noviembre de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05352-00
Demandante: Pedro Ildefonso Arias Aragón
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., catorce (14) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05352-00
Demandante: PEDRO ILDEFONSO ARIAS ARAGÓN
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN
SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI – VALLE
DEL CAUCA
Temas: Derecho de petición. Solicitud de Certificaciones de Factores
Salariales de la Rama Judicial. Carencia actual de objeto por
hecho superado.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por el señor Pedro Ildefonso Arias Aragón, de conformidad con lo
dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 3 de octubre de 20241, el señor Pedro Ildefonso Arias Aragón, actuando en
nombre propio, interpuso acción de tutela contra el Consejo Superior de la
Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali, por
considerar vulnerado su derecho fundamental de petición, por ausencia de
respuesta a la solicitud que elevó el 12 de septiembre de 2024, de la cual, a la fecha
de presentación de esta acción no tenía respuesta.
En consecuencia, formuló la siguiente pretensión:
“[…] acudo ante su despacho a fin de invocar la protección constitucional de mi derecho
fundamental A RECIBIR RESPUESTA CLARA, PRECISA Y DE FONDO A MI
RESPETUOSA PETICIÓN, vulnerado por el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI. […]”
2. Hechos
Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. El 12 de septiembre de 2024, el señor Pedro Ildefonso Arias Aragón presentó
petición al Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Cali, solicitud que fue enviada al correo
electrónico: info@cendoj.ramajudicial.gov.co. En este pedía:
“[…] Solicito me sea entregado el certificado correspondiente en donde consten los pagos por
los conceptos de: Vacaciones, Prima de Vacaciones, Prima de Navidad, Prima de Servicios
y Bonificación por Actividad Judicial, que percibí en mis años de vida laborales, esto es desde
el 16 de julio de 1970 al 31 de agosto de 2006 en el que se precise el mes y año
correspondiente.”
1 Samai, índice 2.
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Demandante: Pedro Ildefonso Arias Aragón
2.2. El accionante manifestó que, el 16 de septiembre de 2024, recibió un correo
electrónico de la División de Servicios Digitales y Atención del Usuario del
Consejo Superior de la Judicatura en donde se le informaba que la petición
radicada en el correo electrónico info@cendoj.ramajudicial.gov.co había sido
remitida a la Mesa de Entrada Desaj Cali – SIGOBIUS, por ser de su
competencia. Esto en los siguientes términos:
“[…] Se remite por considerarlo de su competencia para su conocimiento y demás fines
pertinentes. Artículo 21 de la Ley 1755 de 2015. Así mismo copiar la respuesta o gestión
directamente al usuario solicitante y/o a quienes considere pertinente, a fin de mantener
trazabilidad. […] Finalmente, se agradece al Despacho Judicial/ Unidad del CSJ/Entidad que
por favor conteste directamente al peticionario la respuesta o gestión brindada y no a este
canal de atención. Lo anterior, ya que el correo info@cendoj.ramajudicial.gov.co solo realiza
el traslado por competencia establecido en el Artículo 21 de la Ley 1755 de 2015. […]”.
2.3. El señor Pedro Ildefonso Arias Aragón informó que a la fecha de radicación de
esta acción de tutela no ha obtenido respuesta a su petición a pesar de que ya
habían transcurrido 12 días hábiles desde que fue remitida por competencia.
3. Fundamentos de la acción
El accionante cuestionó que a la fecha de radicación del escrito de tutela el Consejo
Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Cali, no ha dado respuesta a su petición, en la cual solicitaba se le entregara un
certificado en donde constaran los pagos por conceptos de vacaciones, prima de
vacaciones, prima de navidad, prima de servicios y bonificación por actividad
judicial, que percibió desde el 16 de julio de 1970 al 31 de agosto de 2006, en donde
se precisara mes y año.
Para fundamentar su acción citó los artículos 1, 11, 13, 23, 48, 53, 86, 93 y 95 de la
Constitución Política; los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992; los artículos 2, 3
literal a del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículo 25 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos; y las Resoluciones 2200 de
diciembre de 1966 y 34/180 de diciembre de 1979 de la ONU.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Por auto del 10 de octubre de 20242, el despacho ponente admitió la acción
de tutela interpuesta por el señor Pedro Ildefonso Arias Aragón contra el
Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial de Cali, y se dispuso a efectuar las notificaciones correspondientes.
4.2. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del
Cauca3, a través del Coordinador del Área Jurídica, rindió informe en el que
evidenció que el señor Pedro Ildefonso Arias Aragón radicó una petición el 12
de septiembre de 2024, la cual fue enviada al correo electrónico
info@cendoj.ramajudicial.gov.co (dirección que considera desconocida).
Señaló que de la revisión de la solicitud se advirtió que el actor requería que
“[…] se expidiera certificación de factores salariales, desde el 16/07/1970 a
31/08/2006 […]”, razón por la cual se procedió a consultar en los archivos físicos
y sistemáticos, y dijo que en ese momento se encontraba generado el proyecto
de certificación, sin embargo, se requería la revisión y aprobación, por lo que,
se procedió a informarle esa situación al accionante manifestándole que “[…]
en la brevedad de lo posible una vez se cuente con el certificado debidamente suscrito se
remitirá el documento requerido, a la dirección electrónica pedroariasabogado@hotmail.com
[…].
2 Samai, índice 4.
3 Samai, índice 8.
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Demandante: Pedro Ildefonso Arias Aragón
Añadió que, si bien frente a las pretensiones se predica términos perentorios,
lo cierto es que se han presentado gran cantidad de solicitudes, y sólo se
cuenta con una persona encargada de tramitar y resolver de fondo las
peticiones allegadas a esa Dirección Seccional, y esto se realiza de acuerdo
con el turno de radicación.
Mencionó que el señor Arias Aragón en los dos últimos meses ha presentado
solicitudes a la dirección establecida por la Seccional para la radicación de
peticiones, que es: cldisajcali@cendoj.ramajudicial.gov.co, y reiteró que no tiene
conocimiento de la dirección electrónica: info@cendoj.ramajudicial.gov.co (a
donde fue enviada la petición), “[…] motivo por el cual no fuimos notificados en debida
forma del derecho de petición elevado por el actor.”
Señaló que como se evidenció ya se le dio respuesta de fondo al accionante,
por lo que, se configuró un hecho superado y en consecuencia la carencia
actual del objeto, para fundamentar su postura citó las sentencias T-375 de
2017 y T-200 de 2022. Finalmente solicitó que esta acción fuera negada por
improcedente.
4.3. El Centro de Documentación Judicial CENDOJ, del Consejo Superior de
la Judicatura4, manifestó que la petición a la que hace referencia el actor fue
recibida a través del correo electrónico info@cendoj.ramajudicial.gov.co, el 12 de
septiembre de 2024 a las 13:34, y fue remitido por competencia a la Mesa de
Entrada de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali el 16 de
septiembre de 2024 a las 15:01 a la dirección electrónica:
medesajcali@cendoj.ramajudicial.gov.co para el respectivo trámite y gestión,
información que le fue comunicada al accionante al correo:
pedroariasabogado@hotmail.com.
Precisó que el correo electrónico info@cendoj.ramajudicial.gov.co, es creado en
el marco de las políticas de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Nacional, “[…] como un medio virtual de información y comunicación del usuario con la
Rama Judicial, con el objetivo de brindar información de los servicios que brinda la
Rama Judicial y se encuentre disponible en la página principal del Portal Web de la Rama
Judicial: www.ramajudicial.gov.co”.
Por último señaló que, el Consejo Superior de la Judicatura no es la autoridad
responsable de dar solución a la controversia planteada en el presente asunto,
pues la información solicitada se encuentra a cargo de la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Cali – Área de Recursos Humanos, de
ahí que la petición fuera recibida el 12 de septiembre de 2024 y remitida por
competencia el 16 de septiembre de esa misma anualidad al canal oficial de
correspondencia de la Mesa de Entrada de la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Cali (medesajcali@cendoj.ramajudicial.gov.co). Por
esta razón pidió que se negara la acción respecto de esa autoridad.
4.4. El 5 de noviembre de 20245, en atención a la informalidad que caracteriza la
acción de tutela el despacho sustanciador dispuso comunicarse vía telefónica
y a través de correo electrónico con el señor Fabio Heriberto Molina Arango,
Coordinador del Área Jurídica de la Dirección Seccional del Valle del Cauca
para que informara si a la fecha ya se había atendido la petición presentada
por el señor Arias Aragón, y en el evento de ser afirmativa la respuesta se le
solicitó que remitiera con destino a esta acción la respuesta dada al accionante
junto con sus anexos.
A su vez, se intentó realizar comunicación con la Directora Seccional de
Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, sin obtener respuesta.
4 Samai, índice 9.
5 Samai, índice 11.
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Adicionalmente se contactó telefónicamente al actor para consultarle la misma
información, quien manifestó que recibió una respuesta parcial a la petición y
señaló que remitiría tal contestación al correo electrónico de la Secretaría
General de esta Corporación para que obrara en el expediente.
4.5. El 5 de noviembre de 20246, el Jefe del Grupo de Defensa Judicial, Área
Jurídica – Apoyo Legal de la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Cali – Valle del Cauca, informó al despacho sustanciador que el 29 de octubre
de 2024 se le dio respuesta a la petición del señor Pedro Ildefonso Arias
Aragón remitiéndole los Certificados de Factores Salariales que había
solicitado, como evidencia de esto adjuntó dos archivos con los mencionados
documentos.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19917, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin
embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. Planteamiento del problema jurídico
De acuerdo con los antecedentes y pretensiones de la acción de tutela, corresponde
a la Sala determinar si operó la figura de la carencia actual de objeto por hecho
superado, debido a que, en el trámite de la acción la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Cali (Valle del Cauca), adelantó gestiones tendientes a
garantizar los derechos fundamentales del señor Pedro Ildefonso Arias Aragón.
3. Carencia actual de objeto por hecho superado
La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata,
oportuna y adecuada de derechos fundamentales ante situaciones de amenaza o
vulneración, por la acción u omisión de las autoridades o de los particulares. Su
finalidad, entonces, es evitar que una amenaza a un derecho fundamental se
materialice, o una vez la vulneración ya se ha producido hacer que cese. Por ende,
cuando los hechos que motivaron la acción desaparecen o cuando no hay forma de
resarcir el daño ya producido, la tutela pierde su razón de ser. Cualquier
pronunciamiento al respecto carecería de fundamento.
Este fenómeno ha sido denominado por la jurisprudencia constitucional como
carencia actual de objeto dividido en tres escenarios: (i) hecho superado8; (ii) daño
consumado9 y (iii) situación sobreviniente10. Sobre esta clasificación, desde sus
inicios la Corte Constitucional en Sentencia T-494 de 1993, precisó lo siguiente:
6 Samai, índice 12.
7 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
8 Cfr. Corte Constitucional, Sentencias: SU 540 de 2007, T-678 de 2011 T-597 de 2015, T-669 de 2016 y T-
624 de 2016 T-021 de 2017.
9 Cfr. Corte Constitucional, Sentencias: SU 225 de 2013, T-011 de 2016 y T-082 de 2006.
10 Cfr. Corte Constitucional, sentencias: T-988 de 2007, T-585 de 2010, T-200 de 2013, T-481 de 2016 y T-
158 de 2017.
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“(…) la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la “carencia actual de objeto” para
identificar este tipo de eventos y, así, denotar la imposibilidad material en la que se encuentra el juez
de la causa para dictar alguna orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han sido
encomendados. Sobre el particular, se tiene que éste se constituye en el género que comprende el
fenómeno previamente descrito, y que puede materializarse a través de las siguientes figuras: (i)
“hecho superado”, (ii) “daño consumado” o (iii) de aquella que se ha empezado a desarrollar por la
jurisprudencia denominada como el acaecimiento de una “situación sobreviniente”.
La primera de estas figuras, regulada en el artículo 26 del decreto 2591 de 1991, comprende el
supuesto de hecho en el que, entre el momento en que se interpone la demanda de amparo y el
fallo, se evidencia que, como producto del obrar de la entidad accionada, se eliminó la vulneración a
los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar la conducta solicitada (ya sea por acción o
abstención) y, por tanto, (i) se superó la afectación y (ii) resulta inocua cualquier intervención que
pueda realizar el juez de tutela para lograr la protección de unos derechos que, en la actualidad, la
accionada ha dejado de desconocer.
La segunda de las figuras referenciadas consiste en que a partir de la vulneración iusfundamental
que venía ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que con la acción de tutela se
pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la vulneración o impedir que se
concrete el peligro, no es factible que el juez de tutela imparta una orden al respecto.
Para finalizar, se ha empezado a diferenciar por la jurisprudencia una tercera modalidad de eventos
en los que la protección pretendida del juez de tutela termina por carecer por completo de objeto y
es en aquellos casos en que, como producto del acaecimiento de una “situación sobreviniente” que
no tiene origen en el obrar de la entidad accionada, la vulneración predicada ya no tiene lugar, sea
porque el actor mismo asumió una carga que no le correspondía, o porque, a raíz de dicha situación,
perdió interés en el resultado de la litis.” (Subrayas fuera del texto)
Así pues, la carencia actual de objeto por hecho superado se configura en los casos
en que, en el lapso transcurrido entre la radicación de la acción de tutela y la
expedición de la sentencia, la entidad demandada adelantó las acciones tendientes
a cesar la vulneración de los derechos fundamentales, lo que por sustracción de
materia hace inocuo cualquier pronunciamiento u orden del juez de tutela para
lograr el amparo de los derechos.
Como lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia SU-274 de 2019 “ante la
alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la vulneración
de los derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud pierde su eficacia y sustento,
así como su razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito de protección judicial”.
De allí que, una vez desaparece el supuesto de hecho que motivó la presentación
de la solicitud de amparo, sería inocua cualquier determinación del juez
constitucional, ya que “la materia o amenaza cesa porque ha tenido lugar un evento que
conlleva a la conjuración del daño, la satisfacción del derecho o la inocuidad de las
pretensiones”.
4. Del trámite impartido por la autoridad accionada. Carencia actual de
objeto por hecho superado.
4.1. El accionante alegó la vulneración de su derecho fundamental de petición por
la presunta falta de respuesta por parte del Consejo Superior de la Judicatura,
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali a la petición
presentada el 12 de septiembre de 2024, en donde solicitó le fueran
entregados los Certificados de Factores Salariales desde el 16 de julio de
1970 al 31 de agosto de 2006, en donde se discriminaran los meses y años
correspondientes.
4.2. Sería del caso pasar a establecer si las acciones u omisiones de la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca desconocieron
los derechos fundamentales del actor, si no fuera porque durante el trámite de
esta acción la autoridad accionada cumplió con el requerimiento que se
pretendía.
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Esto dado que, de conformidad con el informe, que correspondía a una cadena
de correos electrónicos, remitido el 5 de noviembre de 2024 por parte del
Coordinador del Área Jurídica de la Dirección Seccional de Administración
Judicial Cali – Valle del Cauca, se pudo evidenciar que:
(i) El 16 de octubre de 2024 a las 16:26, la Oficina de Bonos Pensionales de
la DSAJ Valle del Cauca Cali le remitió al señor Pedro Ildefonso una
comunicación al correo electrónico: pedroariasabogado@hotmail.com, en
donde se le informaba de una parte que, esa Seccional se enteró de la
petición por la acción de tutela de la referencia y, adicionalmente que ya
se encontraba proyectado el certificado de factores salariales pero que se
requería revisión y aprobación, por lo que, se indicó que una vez se
encontrara suscrito el certificado le sería remitido.
(ii) El 29 de octubre de 2024 a las 8:27, la Oficina de Bonos Pensionales de
la DSAJ Valle del Cauca Cali envió, desde el correo electrónico:
bpdisajcali@cendoj.ramajudicial.gov.co, una comunicación a la dirección
electrónica del señor Arias Aragón en donde le manifestaba que se
adjuntaba el documento solicitado, así: “[…] En atención a solicitud de
expedición de factores salariales del periodo 16 de julio 1970 al 31 de agosto
2006, nos permitimos adjuntar el documento del Dr. PEDRO ILDEFONSO ARIAS
ARANGO. […]”.
Con el mensaje del 5 de noviembre de 2024, la Dirección Seccional allegó
como prueba dos archivos en formato pdf que contenían las Certificaciones de
Factores Salariales del señor Pedro Ildefonso Arias Aragón desde el 16 de julio
de 1970 hasta el 31 de marzo de 1999 (30 páginas), y desde el 1 de enero de
2000 hasta el 31 de agosto de 2006 (7 páginas), respectivamente. Para efectos
de entregar la información solicitada por el peticionario la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial elaboró una tabla por cada año requerido,
en estas se individualizaron los meses en filas y los diversos factores salariales
en columnas (Samai, índice 12). Y se adjuntó una captura de pantalla en donde
se evidencia que el mencionado correo le fue enviado al peticionario.
En consecuencia, lo pretendido por el señor Arias Aragón era que la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca le diera
respuesta a la petición que remitió el 12 de septiembre de 2024, en donde
solicitaba le fuera “[…]entregado el certificado correspondiente en donde consten los
pagos por los conceptos de: Vacaciones, Prima de Vacaciones, Prima de Navidad, Prima de
Servicios y Bonificación por Actividad Judicial, que percibí en mis años de vida laborales, esto
es desde el 16 de julio de 1970 al 31 de agosto de 2006 en el que se precise el mes y año
correspondiente.”. En este sentido, dado que las pretensiones planteadas por el
actor ya fueron atendidas, carece de objeto emitir un pronunciamiento de
fondo en razón a que la solicitud de amparo perdió cualquier motivo que la
justifique.
5. Conclusión
Por las razones expuestas, la Sala declarará la carencia de objeto de la acción de
tutela interpuesta por el señor Pedro Ildefonso Arias Aragón ya que a la fecha no
existe vulneración o amenaza al derecho fundamental invocado por la parte actora
respecto de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del
Cauca dado que esta autoridad atendió de fondo la solicitud presentada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
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Demandante: Pedro Ildefonso Arias Aragón
FALLA
1. Declarar la carencia de objeto de la acción de tutela interpuesta por el señor
Pedro Ildefonso Arias Aragón, dados los motivos expuestos en la parte motiva
de esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. De no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente)
(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:/Vistas/documentos/evalidador
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