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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05353-00

Fecha
25 de octubre de 2024
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05353-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al trabajo invocados por Sebastián Quintero Nova, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. NOTIFICAR esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991. TERCERO. Si el presente fallo no es impugnado dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-05353-00

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

25 de octubre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., veinticinco (25) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicado : 11001-03-15-000-2024-05353-001
Demandante : Sebastián Quintero Nova
Demandado : Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
Vinculados : Universidades del Rosario y Externado de Colombia
Acción : Tutela
Derechos : Debido proceso, igualdad y trabajo
Tema : Expedición de tarjeta profesional definitiva
Decisión : Sentencia de primera instancia – niega

Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia en la acción de tutela
incoada por Sebastián Quintero Nova contra el Consejo Superior de la Judicatura,
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, por la
presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad y al trabajo.

I. ANTECEDENTES

1.1 Contexto fáctico.

De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos
por el actor. Luego, se revisará lo relativo a la procedencia de la acción de tutela y,
finalmente, se resolverá lo pertinente en torno a las pretensiones de este
mecanismo constitucional.

La demanda de tutela.

Sebastián Quintero Nova, quien actúa en nombre propio, interpuso el presente
recurso de amparo con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al trabajo, presuntamente
vulnerados por el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro Nacional
de Abogados y Auxiliares de la Justicia.

1
Expediente digital disponible en Samai.

Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-05353-00
Demandante: Sebastián Quintero Nova
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia

Por consiguiente, solicitó se ordene a la autoridad demandada expedir su tarjeta
profesional de abogado definitiva.

Hechos2.

Relata el accionante que, en julio de 2017 inició sus estudios de pregrado para
obtener el título de abogado en la Universidad Externado; sin embargo, en julio de
2018, por motivos personales, se trasladó a la Universidad del Rosario, donde
culminó su carrera de derecho y se graduó el 7 de marzo de 2024.

Que, el 8 de mayo de 2024 solicitó de la autoridad accionada, a través de escrito
enviado al buzón electrónico regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co, la expedición de
su tarjeta profesional de abogado, para cuyo propósito aportó la documentación
pertinente indicada en la página SIRNA3 de la Rama Judicial y, aclaró que, al haber
iniciado sus estudios en el 2017 se encontraba eximido de presentar el examen de
Estado contemplado en el artículo 2° de la Ley 1905 de 2018.

Aduce que, a pesar de lo anterior, se le otorgó una tarjeta profesional con carácter
provisional, con fundamento en que “al no haber homologado [sus] estudios de la
Universidad Externado de Colombia con la Universidad del Rosario, se interpretaba
que [los] había comenzado […] en julio de 2018, lo que [lo] somete a la obligación
de presentar el examen según la Ley 1905 de 2018”, lo cual, en su criterio, comporta
una indebida interpretación y vulnera sus garantías superiores al debido proceso,
a la igualdad y al trabajo.

II. TRÁMITE PROCESAL

Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación, a través de auto de 7 de
octubre de 2024, admitió la presente acción de tutela. En dicha decisión se (i)
ordenó notificar al Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro Nacional
de Abogados y Auxiliares de la Justicia; y (ii) dispuso vincular a las Universidades
del Rosario y Externado de Colombia, en los términos del artículo 13 del Decreto
2591 de 1991.

2
Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital en SAMAI, índice 00002.
3
Sistema de Información del Registro Nacional de Abogados.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-05353-00
Demandante: Sebastián Quintero Nova
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia

2.1 Contestaciones de la acción.

2.1.1 Universidad Externado de Colombia4. Deprecó su desvinculación de la
acción de tutela de la referencia, por cuanto “el accionante solicita que no se le
apliquen las disposiciones contenidas en la Ley 1905 de 2018, mediante la cual se
regula lo atinente al examen de Estado necesario para ejercer la profesión de
abogado, cuya certificación de aprobación es exigida por el Consejo Superior de la
Judicatura para la expedición de la tarjeta profesional de abogado”, aspecto frente
al cual no tiene competencia alguna.

2.1.2 Universidad del Rosario5. Sostuvo que, el actor “se inscribió y matriculó en
[su] programa académico de Jurisprudencia como estudiante REGULAR - NUEVO,
para el periodo […] 2018-02, [por lo que] se evidencia que nunca solicitó su ingreso
por transferencia, […] [ni la] […] homologación [de] sus estudios realizados en la
Universidad […] Externado”, razón por la cual “mal puede pretender exigir un hecho,
sobre el cual n[o] [efectu]ó su trámite […], para hoy pretenderse favorecer de una
situación anterior para obtener la tarjeta profesional sin los requisitos exigidos en la
actualidad”.

2.1.3 Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia6. Adujo que “para el caso concreto, el
[demandante] afirma en el escrito de tutela que, inició la carrera de derecho en el
año 2017 en la Universidad Externado de Colombia y, a pesar de ello, [se] le expidió
una tarjeta profesional con vigencia provisional, por considerarlo destinatario de la
Ley 1905 de 2018”.

Que, “la Corte Constitucional, en sentencia de unificación núm. 128 de 2024,
estableció reglas de unificación de criterios frente a la fecha de inicio de la carrera
de derecho, donde señaló que:

“(…) (i) La fecha en que un estudiante comienza su carrera de Derecho será
determinada por la respectiva institución de educación superior, en virtud de la
autonomía universitaria.

(ii) No es destinatario de la Ley 1905 de 2018 el estudiante que comenzó el pregrado
en Derecho antes de la entrada en vigor de la Ley 1905 de 2018, pero solicitó traslado
a otra universidad después de la promulgación de esta ley y la universidad receptora
le homologó créditos cursados en el programa de Derecho de la universidad de origen.

4
Índice 00008 de Samai.
5
Índice 00009 de Samai.
6
Índice 00010 de Samai.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-05353-00
Demandante: Sebastián Quintero Nova
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia

En este caso se entiende que el estudiante comenzó sus estudios de Derecho en la
universidad de origen (…)”.

Indicó que, “la Universidad del Rosario reportó como fecha de inicio de la carrera
de derecho del accionante, el 30 de julio de 2018 y, adicionalmente, no [mencionó]
ningún tipo de situación administrativa que tuviera incidencia en la fecha señalada”,
por lo que, “en cumplimiento del artículo 5° del Acuerdo PCSJA24-12162 del 9 de
abril de 2024, [se] realizó el cotejo de información con la institución de educación
superior y, por ende, se expidió la tarjeta profesional con vigencia provisional No.
428.332”.

Agregó que, “no desconoce que, la Ley 1905 de 2018 aplica para quienes hayan
iniciado su carrera con posterioridad al 28 de junio de 2018, sin embargo, para
determinar si un usuario es destinario de la mencionada norma y si se le expide
tarjeta profesional con vigencia provisional o definitiva, es necesario que, las
instituciones de educación superior informen si los graduados tuvieron procesos de
homologación o transferencia, dado que, esta situación es el reconocimiento del
inicio de la carrera de Derecho con anterioridad”, frente a lo cual, “según la
información remitida por la Universidad del Rosario, el [actor] es destinatario de la
Ley 1905 de 2018, por tanto, una vez apruebe el requisito dispuesto por esta norma,
podrá acceder a la tarjeta profesional con vigencia definitiva”.

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia.

Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en virtud
de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de 2017 y
333 de 2021.

3.2 La acción.

La acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada por
los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de 2017, como
mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos fundamentales,
permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando
quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de

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Demandante: Sebastián Quintero Nova
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otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

3.3 Problema jurídico.

Se contrae a determinar si la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares
de la Justicia vulneró los derechos fundamentales del tutelante al expedirle la tarjeta
profesional de abogado con la anotación de “provisional”, exigiendo la presentación
y aprobación del examen de Estado contemplado en el artículo 2° de la Ley 1905
de 2018 para otorgarla de manera definitiva.

3.4 Caso concreto.

El demandante acudió ante el juez de tutela con el fin de lograr el amparo de sus
derechos fundamentales, en razón a que la Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia le expidió la tarjeta profesional de abogado
“provisional”, pese a que, no es destinatario de la Ley 1905 de 2018, pues inició
sus estudios de derecho en el 2017.

En este punto, respecto a la situación fáctica del tutelante, de las pruebas aportadas
al expediente se evidencia que:

a) Inició sus estudios en derecho en la Universidad Externado de Colombia, en el
“período lectivo julio 2017 a junio 2018”.

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Demandante: Sebastián Quintero Nova
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b) Posteriormente, se matriculó en la facultad de jurisprudencia de la Universidad
del Rosario, de manera continua, desde el período académico 2018-02 hasta el
2023-02, (i) registrado como “Nuevo al Programa”, es decir, que no solicitó
transferencia ni homologación de las materias cursadas en la Universidad
Externado; y (ii) graduado el 7 de marzo de 2024.

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c) El 8 de mayo del año en curso solicitó ante la demandada la expedición de su
tarjeta profesional de abogado, para lo cual adjuntó los siguientes documentos:

• Formulario único para múltiples trámites diligenciado con foto fondo azul,
firma y huella legibles.
• Copia legible, por ambas caras, de la cédula de ciudadanía o cédula de
extranjería vigente o permiso por protección temporal (PPT) vigente.
• Una (1) fotografía digital reciente tipo documento, fondo azul,
preferiblemente en formato JPG, JPEG, PNG o BMP.
• Copia legible del acta de grado.
• Recibo de consignación por el valor establecido y vigente para la expedición
de la Tarjeta Profesional de Abogado en el Banco Agrario.

d) En respuesta a lo anterior, la Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia le asignó la tarjeta profesional 428332 con vigencia
provisional, expedida el 15 de mayo de 2024.

e) Mediante Resolución URNAR24-123 de 30 de julio de 2024 se publicó la lista de
admitidos e inadmitidos a presentar el examen de Estado 2024-II convocado
mediante Acuerdo PCSJA24-12188 de 30 de mayo de 2024, dentro de la cual
resultó admitido.

En este punto, la Sala recuerda que, en oportunidad anterior7, al desatar un asunto
de proporciones similares, accedió a la solicitud de amparo, bajo las siguientes
consideraciones:

7
CP César Palomino Cortés. Sentencia del 7 de marzo de 2023. Expediente 11001031500020220387401.
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“[…] En este orden, para la Sala es evidente que, con miras a lograr la finalidad que
impulsó al legislador al establecer examen de estado de que trata la Ley 1905 de 2018,
el requisito de la referida norma, debe exigirse por la autoridad competente de manera
previa y anticipada a la concesión de cualquier tipo de licencia profesional y no
valorarse de forma posterior, como lo plantea el Acuerdo N° PCSJA22-11985 de 29 de
agosto de 2022, toda vez que ello, no solo desconoce el objeto de la ley, sino que
además vulnera el principio de confianza legítima del profesional del derecho y de las
personas que acuden a sus servicios en procura de una buena representación de sus
derechos.

En este sentido, no es de recibo para la Sala que el Consejo Superior de la Judicatura
– Unidad de Registro Nacional de Abogados, habilite el ejercicio restringido de la
profesión con la expedición de una tarjeta “provisional”, sujeta a un determinado tiempo
de 2 años, hasta el 30 de abril de 2024; para luego suspenderla, mientras se examinan
las capacidades académicas y aptitudes profesionales del abogado, pues tal situación
puede llevar a transgredir la relación y la confianza que en el marco del ejercicio de la
abogacía debe existir entre mandante y mandatario, y, en consecuencia, el derecho al
trabajo y a la libre escogencia de profesión y oficio del profesional del derecho; por lo
que la posterior validación de su idoneidad profesional no resulta ser consecuente con
los fines e intereses que persigue la Ley 1905 de 2018.

Así las cosas, la Sala considera que la medida transitoria establecida por el Consejo
Superior de la Judicatura, en los parágrafos transitorios 1 y 2 del artículo 2º del Acuerdo
N° PCSJA22-11985 de 29 de agosto de 2022, no se compadece con la finalidad de la
Ley 1905 de 2018, ni se ajusta a los instrumentos existentes en el Decreto 196 de 1971,
por lo que no es válido que la entidad accionada pretenda subsanar su falta de
diligencia en el cumplimiento de sus deberes de realización del examen de estado de
que trata la referida ley, con la expedición de una tarjeta profesional de abogado, con
vigencia provisional.

En ese mismo sentido, se debe precisar que no hay justificación alguna desde el punto
de vista constitucional para que el Consejo Superior de la Judicatura otorgue un
tratamiento distinto a los profesionales del derecho que solicitan la expedición de su
tarjeta profesional en vigencia de la Ley 1905 de 2018, por cuanto que la denominación
de “provisional” de dicho documento, no solamente no se ajusta a los parámetros y
fines de dicha ley, sino que responde a una figura extraña que crea una carga para el
particular que no le corresponde soportar.

Así pues, ante las ausencia de un marco regulatorio de orden jurídico y administrativo
que permita la materialización del mencionado examen de Estado y las inadecuadas
medidas adoptadas por la entidad accionada, la Sala estima que en virtud del principio
de igualdad y en aras de garantizar los derechos fundamentales del señor Felipe
Hernando Ortiz Padilla, no es posible exigirle que cumpla con un presupuesto o una
carga que es ajena a sus capacidades actuales, por lo que la Unidad de Registro
Nacional de Abogados deberá darle nuevamente trámite a la solicitud de expedición de
la Tarjeta Profesional de Abogado, promovida por el actor el 9 de mayo de 2022, sin
tener en cuenta el requisito contenido en el literal e) del artículo 2° del Acuerdo N°
PCSJA22-11985 de 29 de agosto de 2022, consistente en el “certificado expedido por
el Consejo Superior de la Judicatura que acredita la aprobación Examen ordenado por
la Ley 1905 de 2018”. En consecuencia, proceder a expedir la tarjeta profesional de
abogado sin la denominación de “provisional”, que establece los parágrafos transitorios
1 y 2 del referido Acuerdo […]”.

Por su parte, la Corte Constitucional en sentencia SU-128 de 20248, unificó la
jurisprudencia en asuntos referentes a las personas destinatarias de la Ley 1905
de 2018, y la exigencia de realizar el respectivo examen para obtener su tarjeta
profesional definitiva, consideró:

8
M.P. Natalia Ángel Cabo.
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Auxiliares de la Justicia

“[…] No obstante, y como se explicó antes, este requisito de aprobación del examen de
Estado es inexigible para quienes, al momento de solicitar su tarjeta profesional, no
pudieron satisfacerlo ante la inexistencia del referido examen. Si bien estas personas
en principio eran destinatarias de la Ley 1905 de 2018, dicha ley no era susceptible de
producir efectos jurídicos para ellas, lo que implica que los requisitos exigibles para la
expedición de su tarjeta profesional sean aquellos existentes antes de la entrada en
vigor de la mencionada ley.

234. A lo anterior se suma la carga desproporcionada que para estas personas ha
implicado afrontar que se imponga una anotación sobre la vigencia de su tarjeta
profesional, pese a que el Examen de Estado no les fue practicado al obtener su título
profesional y solicitar la tarjeta, sin que esta última circunstancia les fuera atribuible a
ellos. […]”.

Con fundamento en tales consideraciones, con efecto inter pares ordenó la
expedición de la tarjeta profesional de abogado definitiva “frente a (i) todas aquellas
personas graduadas del pregrado en Derecho y destinatarias de la Ley 1905 de
2018, a quienes el Consejo Superior de la Judicatura hubiere expedido tarjeta
profesional provisional, y que presentaron la solicitud antes de las cero horas (0:00)
del 26 de diciembre de 2023 y (ii) todas las personas graduadas del pregrado en
Derecho y destinatarias de la Ley 1905 de 2018 que presentaron la solicitud de
tarjeta profesional antes de las cero horas (0:00) del 26 de diciembre de 2023,
siempre y cuando satisfagan los demás requisitos vigentes para la expedición de la
tarjeta profesional. […]”.

Sobre el particular, se recuerda que con Acuerdo PCSJA23-12127 del 22 de
diciembre del 2023, el Consejo Superior de la Judicatura dio apertura a la etapa de
inscripciones para la presentación del examen de Estado en el marco de la Ley
1905 de 2018, por lo que, sin mayor esfuerzo, es evidente que el demandante se
graduó el 7 de marzo del 2024 y optó por solicitar la expedición de su tarjeta
profesional el 8 de mayo siguiente, momentos en los que ya se había implementado
debidamente el examen, tanto así que, a través de Resolución URNAR24-123 de
30 de julio de ese año fue admitido para presentarlo, por lo que le resultaba exigible
dicho requisito legal.

De acuerdo con lo expuesto, es notorio que la situación del tutelante no se
acompasa a ningún supuesto planteado por el Tribunal Constitucional, pues,
solicitó la expedición de su tarjeta profesional después del 26 de diciembre del
2023, por lo que no hace parte de las personas amparadas por el fallo
constitucional.

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Demandante: Sebastián Quintero Nova
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia

Ahora bien, cabe precisar que, para la Sala no existe discusión en cuanto a si el
actor era o no destinatario de la referida Ley 1905 de 2018, puesto que, como lo
indicó la autoridad accionada en su escrito de contestación, esa norma “aplica para
quienes hayan iniciado su carrera con posterioridad al 28 de junio de 2018, sin
embargo, para determinar si [a] un usuario […] se le expide tarjeta profesional con
vigencia provisional o definitiva, es necesario que, las instituciones de educación
superior informen si los graduados tuvieron procesos de homologación o
transferencia, dado que, esta situación es el reconocimiento del inicio de la carrera
de Derecho con anterioridad”, ante lo cual, “la Universidad del Rosario reportó como
fecha de inicio de la carrera de derecho […], el 30 de julio de 2018 y,
adicionalmente, no [mencionó] ningún tipo de situación administrativa que tuviera
incidencia en la fecha señalada”, porque se matriculó como nuevo al programa de
derecho en esa institución educativa, sin haber solicitado transferencia ni
homologación de las materias que había cursado previamente en la Universidad
Externado.

Lo anterior, en atención a que la Corte Constitucional, en la citada sentencia SU-
128 de 2024, frente a la fecha de inicio de la carrera de derecho, estableció que:

“[…] (i) La fecha en que un estudiante comienza su carrera de Derecho será
determinada por la respectiva institución de educación superior, en virtud de la
autonomía universitaria.

(ii) No es destinatario de la Ley 1905 de 2018 el estudiante que comenzó el pregrado
en Derecho antes de la entrada en vigor de la Ley 1905 de 2018, pero solicitó traslado
a otra universidad después de la promulgación de esta ley y la universidad receptora
le homologó créditos cursados en el programa de Derecho de la universidad de origen.
En este caso se entiende que el estudiante comenzó sus estudios de Derecho en la
universidad de origen […]”. (Énfasis propio).

Se concluye que, la actuación de la entidad demandada es acorde a la sentencia
SU-128 del 18 de abril de 2024, emitida por la Corte Constitucional, por lo que no
es posible acceder a la pretensión de expedir la tarjeta profesional con vigencia
definitiva al señor Sebastián Quintero Nova sin el lleno de los requisitos legales que
le devienen obligatorios.

IV. DECISIÓN

Por las razones expuestas, la Sala considera que no existe vulneración de derechos
fundamentales, por tal motivo se negará la solicitud de amparo formulada por
Sebastián Quintero Nova.

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Demandante: Sebastián Quintero Nova
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

PRIMERO. NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso,
a la igualdad y al trabajo invocados por Sebastián Quintero Nova, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. NOTIFICAR esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en
la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

TERCERO. Si el presente fallo no es impugnado dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991,
ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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