RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-05361-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-05361-01

Fecha
27 de febrero de 2025
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-05361-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: REVOCAR la sentencia de tutela de 19 de noviembre de 2024 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado y, en su lugar, Núm. único de radicación: 110010315000202405361-01 Actora: Lucía Margarita Garzón Gómez NEGAR la solicitud de tutela que presentó la actora, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-05361-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

27 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202405361-01
Actora: Lucía Margarita Garzón Gómez
Demandada: Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca

Tema: Acción de tutela por mora judicial/procedencia

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso, ii) mínimo vital, iii)
trabajo, iv) salud, v) igualdad y vi) vida

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la actora contra la sentencia de tutela
de 19 de noviembre de 2024 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, por medio de la cual declaró la carencia actual de objeto por
hecho superado.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

Núm. único de radicación: 110010315000202405361-01
Actora: Lucía Margarita Garzón Gómez

I. ANTECEDENTES

La solicitud

1. La actora, a través de apoderado1, presentó acción de tutela contra la
Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, porque, a su juicio, con ocasión a que no ha “[…] proferí[do]
mandamiento de pago […]”, en el proceso ejecutivo identificado con el número único
de radicación 250002342000202300276-00, vulneró sus derechos fundamentales
invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela,
en síntesis, son los siguientes:

3. Manifestó que, presentó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de que se declarara
la nulidad del acto administrativo, que, mediante sentencia de 8 de octubre de
2015, resolvió:

“[…] Primero-. Niéganse las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva. […]”.

4. Indicó que el 6 de agosto de 2020, la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, resolvió:

“[…] Primero: Revocar la sentencia del 8 de octubre de 2015 proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, en
el proceso que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho promovió la señora Lucía Margarita Garzón Gómez contra la ESE Hospital
Simón Bolívar – III Nivel; y en su lugar,

Segundo: Declarar la nulidad del Oficio G-05389 del 2 de noviembre de
2012, por medio del cual la entidad demandada negó la solicitud de nivelación
salarial formulada por la libelista.

1
Cfr. índice núm. 5 de SAMAI. Documento denominado “3ED_Caratulapdf(.pdf) NroActua 3”. Archivo aportado
en forma digital

Núm. único de radicación: 110010315000202405361-01
Actora: Lucía Margarita Garzón Gómez

Tercero: A título de restablecimiento del derecho, se ordena a la ESE
Hospital Simón Bolívar – III Nivel, reconocer y pagar a favor de la señora Lucía
Margarita Garzón Gómez, las diferencias que resulten entre el valor por concepto
de salario que percibe un profesional universitario del área de la salud, código 237,
grado 08, o su plaza equivalente en la escala remunerativa al interior de dicha
entidad, o bien la existente en el Hospital El Tunal a manera de referencia si no es
posible determinarla bajo estos criterios, en contraste con el que devenga la
demandante en su cargo de técnico en el área de la salud, código 323, grado 6;
ello con influencia en la liquidación de las prestaciones y demás emolumentos a
que tiene derecho en razón de la plaza en la que se encuentra vinculada, esto
desde el 29 de octubre de 2009 por prescripción trienal, hasta cuando aquella sea
nombrada en un cargo diferente o bien se retire del servicio activo. Los valores
adeudados por este concepto serán reajustados con base en el índice de precios
al consumidor expedido por el DANE en aplicación de la siguiente fórmula:

R= Rh x índice final
Índice inicial

Cuarto: Ordenar a la entidad demandada que de la suma a cancelar a favor de la
libelista por concepto de la diferencia pendiente de pago, efectúe los descuentos
sobre las diferencias generadas para aportes al Sistema General de Seguridad
Social que le correspondan a esta última en su respectiva proporción, y en
consecuencia realice las cotizaciones a las entidades administradoras en salud y
pensiones a las que se encuentre afiliada la señora Garzón Gómez, en razón y por
los tiempos reconocidos en esta sentencia desde el 29 de octubre de 2009.

Quinto: Condenar en costas de ambas instancias a la parte demandada y a favor
de la parte demandante, las cuales serán liquidadas por el a quo.

Sexto: La entidad demandada dará cumplimiento a la sentencia con base en los
términos y previsiones de los artículos 189 y 192 del CPACA. […]”.

5. Señaló que, el 11 de diciembre de 2020, presentó una solicitud de
cumplimiento de la sentencia ante la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte
ESE, de la que no obtuvo respuesta, por lo que acudió al Juzgado Cincuenta y Uno
Administrativo del Circuito de Bogotá, con el objeto de hacer cumplir con la
providencia del Consejo de Estado.

6. Indicó que, por competencia, el Juzgado Cincuenta y Uno Administrativo de
Bogotá, remitió la solicitud al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, donde
quedó radicada el 10 de agosto de 2023, sin que se haya librado mandamiento de
pago en contra de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. por las
sumas insatisfechas.

La solicitud de tutela

Pretensiones

Núm. único de radicación: 110010315000202405361-01
Actora: Lucía Margarita Garzón Gómez

7. La actora solicitó en su escrito de tutela:

“[…] Con base en los presupuestos fácticos y jurídicos que he expuesto,
respetuosamente solicito al Honorable Consejo de Estado, otorgar el amparo de tutela
solicitado, ordenando para el efecto, al Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Segunda – Subsección “B”, se sirva proferir mandamiento de pago, dentro
de la acción ejecutiva de carácter laboral radicado 25000 23 42000 2023 00276 00,
concediéndolo un plazo de 48 horas, como lo ordena la ley. [...]”.

7.1. Como fundamento de su solicitud, la actora señaló lo siguiente2:

“[...] OCTAVO: - De la sentencia del Tribunal. - El Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “B”, mediante sentencia calendada
el 8 de octubre de 2015, denegó las pretensiones de la demanda.

NOVENO: - Por encontrarse totalmente en desacuerdo con la decisión proferida en la
primera instancia, la demandante manifestó su disenso, quien dentro de los términos
legales, interpuso el recurso de impugnación, señalando los argumentos de su
inconformidad.

DECIMO: - De la sentencia del Consejo de Estado. – Sabiamente el máximo juez
natural de este tipo de controversias, el Consejo de Estado – Sección Segunda –
Subsección “A”, dicto sentencia de fecha 6 de agosto de 2020, dentro del medio de
control de nulidad con restablecimiento del derecho No. 25000 23 42000 2013 01556
01 (2726/2018), promovido por la Señora LUCIA MARGARITA GARZON GOMEZ en
contra del ESE HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR - III NIVEL, revocando la decisión de la
primera instancia, donde expresamente en su parte resolutiva se dispuso […]”.

[…]

“[…] Esta providencia proferida por el Consejo de Estado quedó ejecutoriada el día 29
de septiembre de 2020, tal como da cuenta la constancia que al respecto dejó el
secretario de la Sección Segunda de dicha Corporación en hoja adjunta a la
mencionada decisión.

DECIMO PRIMERO: - Solicitud de cumplimiento de la sentencia. – Mediante oficio
radicado la Subred Integrada de Servicios de Salud - Norte el día 11 de diciembre de
2020, se formuló solicitud de cumplimiento de las providencias calendadas el día 6 de
agosto de 2020 proferidas por el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección
A, respectivamente, cuya primera copia de dichas decisiones aportó con dicha
petición.

Esto es, la solicitud de cumplimiento de las referidas decisiones judiciales se formuló
dentro de los seis meses siguientes a su ejecutoria (29 de septiembre de 2020), es
decir, dentro de la oportunidad establecida en el artículo 12 del Código de
Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo. […]”.

[…]

2 Transcripción literal del texto.

Núm. único de radicación: 110010315000202405361-01
Actora: Lucía Margarita Garzón Gómez

“[…] DECIMO CUARTO: Con las actuaciones anteriores se han vulnerado sus
derechos fundamentales al debido proceso, mínimo vital, trabajo, salud en conexidad
con la vida y trajo digno y justo en igualdad de condiciones, con ocasión de la presunta
mora judicial injustificada en el trámite que se inició en contra de la SUBRED
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E., porque desde que se radicó
en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “B”,
para resolver el mandamiento de pago, esa entidad no se ha pronunciado hace más
de catorce (14) meses.

Es relevante anotar, que mi poderdante Señora LUCIA MARGARITA GARZON
GOMEZ, hoy por hoy redondea la edad de 66 años de edad, pues nació el día 1º de
octubre de 1959, y se encuentra en delicado estado de salud con tratamiento médico
permanente para varias patologías que afectan gravemente su salud y bienestar, de
manera que atendiendo a su expectativa de vida y sus problemas de salud, el asunto
debatido merece una pronta e inmediata solución, agregando que el asunto debatido
es de puro derecho, ya resuelto por la jurisdicción contencioso administrativa, toda vez
que la diferencia de los salarios de técnico a profesional, que se reclaman y que es
materia de inconformidad ha sido considerada reiteradamente como factor salarial, por
considerarlo así la ley y que ha sido reconocido como tal por sentencia del Consejo
de Estado.

Por lo tanto, en el presente caso, resulta inaceptable la prolongación en el tiempo, y
la dilación en los trámites administrativos de un asunto que lleva implícitos derechos
fundamentales como el debido proceso, el mínimo vital y el pago de sus diferencias
salariales. […]”.

Actuación

8. El Despacho sustanciador de la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, mediante auto de 8 de octubre de 2024: i) admitió la acción de
tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados de la Subsección B de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca; y iii) vinculó, como tercero
con interés legítimo, a la Secretaría de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, concediéndoles el término de dos (2) días para
que rindieran informe sobre el particular.

Intervenciones de la demandada y del tercero con interés legítimo

9. La Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y la Secretaría de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

La sentencia impugnada

Núm. único de radicación: 110010315000202405361-01
Actora: Lucía Margarita Garzón Gómez

10. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante
sentencia de 19 de noviembre de 2024, resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado de la
tutela presentada por Lucía Margarita Garzón Gómez, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: EXHORTAR a la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, para que imprima celeridad en el trámite del
proceso No. 25000-23-42-000-2023-00276-00. […]”.

10.1. Como fundamento de su decisión consideró que:

“[…] La Sala declarará la carencia actual de objeto por hecho superado por
las siguientes razones:

“[…] Dada la información que reposa en el expediente ejecutivo, la Sala
advirtió que, el 25 de septiembre de 2024, la Subsección B de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió un auto, por
medio del cual requirió a las partes para que allegaran ciertos documentos
necesarios para poder pronunciarse sobre la demanda ejecutiva9. Dicha
providencia fue notificada por estados el 17 de octubre de 2024, según
consta en los registros del aplicativo SAMAI, sin que a la fecha ninguna de
las partes diera contestación alguna a dicho requerimiento. Por lo anterior,
si bien con la providencia emitida no se puso fin al proceso, se advierte que
la autoridad judicial accionada desplegó la actuación necesaria para dar
continuidad y trámite al proceso, concretamente, impuso ciertas cargas a
las partes.

17. Así las cosas, no cabe duda de que se configuró un hecho superado, en
la medida que cesó el hecho que dio origen a la tutela durante su trámite,
esto es, la presunta mora judicial en emitir pronunciamiento alguno respecto
de la demanda ejecutiva, Rad. 25000-23-42-000-2023-00276-00.

A pesar de lo anterior, no se puede desconocer que sí hubo un retraso por parte de
la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca entre el paso al despacho y el trámite del proceso. En ese sentido,
la Sala la exhortará para que, en virtud de sus deberes, atienda con celeridad este
trámite. […]”.

La impugnación

11. La actora impugnó la sentencia proferida por Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado. En ese orden de ideas expresó lo siguiente3:

3
Transcripción literal del texto

Núm. único de radicación: 110010315000202405361-01
Actora: Lucía Margarita Garzón Gómez

Acorde con la Carta Política, empeñada en la construcción de una convivencia
pacífica, en vigencia de un orden justo, toda decisión judicial, por el sólo hecho de
serlo y ser emanada de los hombres y no de los dioses, no es dable declarar la
carencia actual de objeto por hecho superado, sin analizar los
quebrantamientos o amenazas denunciadas por los accionantes, porque el
Juez Constitucional que así actúa quebranta en grado zumo el ordenamiento
constitucional (artículo 86). Admitir que solo pueden incurrir en errores las
autoridades administrativas en sus actuaciones, así como los particulares,
excluyendo de la gama de la humanidad a los jueces, quienes conforme se infiere
de la sentencia recurrida no incurren en errores, es el desacierto más significativo
que surge de la irracionalidad mental.

Pienso que para los Honorables Magistrados, los derechos fundamentales no
tienen relevancia, pues en mi sentir para ellos, sólo son un catalogo o relación
abstracta de valores sin aplicación, pues como se ha dicho, son evidentes las vías
de hecho en que incurrió el Consejo de Estado en la decisión que solicito tutelar,
pues como tuve la oportunidad de narrarlo en el libelo génesis de la presente
acción constitucional, con su actuar, interpretaron erróneamente la ley, es decir,
se cohonestaron las actuaciones ilegales que la administración desplegó en su
contra, al desconocerle el derecho a que se dicte y/o libre mandamiento ejecutivo
de pago, toda vez que a la demandante LUCIA MARGARITA GARZON GOMEZ,
tiene un fallo dictado por el Consejo de Estado – Sección Segunda, de fecha 6 de
agosto de 2020, por la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, y en consecuencia se declaró la nulidad del acto administrativo y se
ordenó el reconocimiento y pago de las sumas reclamadas.

Es más, el Honorable Magistrado Doctor […], para una simple admisión de una
demanda, o la resolución de un recurso, tarda dos (2) o más años, en
pronunciarse.

Los documentos solicitados por el Magistrado Ponente Doctor […], busca que se
emitan resoluciones y/o actos administrativos que le reconocieron las sumas
ordenadas por el Consejo de Estado, sin que se haya detenido a leer la demanda
ejecutiva, que de su contenido se desprende que la entidad demandada, esto es,
la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte, no ha emitido resolución ni acto
administrativo, reconociendo las acreencias laborales reconocidas por el
Honorable Consejo de Estado, así como tampoco ha pagado suma alguna.

El hecho de que haya un pronunciamiento a estas peticiones, lo que busca el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “B”,
es que el proceso vuelva a quedar en los anaqueles, sin estudio, para que después
que ingrese nuevamente a ese Despacho, empiece nuevamente dos (2) o más
años para su pronunciamiento.

En síntesis, las situaciones que se reseñaron en la demanda de tutela, fueron las
razones para impetrar el amparo de los derechos constitucionales de la Señora
LUCIA MARGARITA GARZON GOMEZ, bajo la creencia de que en Colombia se
administrara una adecuada y equitativa justicia, así como impere los principios de
economía y celeridad procesal, todo lo cual no sucede en el caso particular de mi
poderdante, razones que considero más que suficientes para que el Honorable
Consejo de Estado en segunda instancia, conozca y decidan de fondo sobre la
misma, pues no considero justo que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
– Sección Segunda – Subsección “B”, se haya tomado más de un (1) año, para
librar mandamiento de pago, y al presentar la acción de tutela, solicite documentos
que no son necesarios, esto es, la demanda ejecutiva, ni siquiera ha sido leída,
sea el motivo para inadvertir los derechos que la Constitución consagra a favor de

Núm. único de radicación: 110010315000202405361-01
Actora: Lucía Margarita Garzón Gómez

todos los colombianos, de los cuales no escapa mi poderdante la Señora LUCIA
MARGARITA GARZON GOMEZ.

Al advertirse que no existió un pronunciamiento de fondo en el fallo de tutela que
impugno, es la razón para pedir su revocatoria, pues lo loable y razonable de toda
decisión judicial, es que recaiga sobre los puntos materia del quebranto
denunciado, y decida sobre el mérito de la pretensión con equidad. […]”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

12. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19914, por el cual
se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de
20215 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 6, que asigna
a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

13. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problema Jurídico

14. En el caso sub examine, el problema jurídico que debe resolver la Sala
consiste en determinar si se deben proteger los derechos fundamentales invocados

4 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''

5 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
6 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

Núm. único de radicación: 110010315000202405361-01
Actora: Lucía Margarita Garzón Gómez

por la actora, los cuales considera vulnerados con ocasión a que la Subsección B
de la Sección Segunda el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no le ha dado
trámite al mandamiento de pago, proferido en el proceso ejecutivo identificado con el
número único de radicación 250002342000202300276-00.

15. Para resolver el anterior interrogante esta Sala analizará los siguientes temas:
i) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al debido
proceso; ii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
mínimo vital; iii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho
fundamental al trabajo; iv) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho
fundamental a la salud; v) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho
fundamental a la vida; vi) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho
fundamental a la igualdad; vii) el derecho de acceso a la administración de justicia
y el debido proceso frente a la mora judicial; viii) análisis del caso concreto; y
finalmente ix) las conclusiones de la Sala.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso

16. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

17. Atendiendo a que, la Corte Constitucional7 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y
se logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud

7 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

Núm. único de radicación: 110010315000202405361-01
Actora: Lucía Margarita Garzón Gómez

del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que
ha resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa
y preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la
protección de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes
y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P)
[…]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
mínimo vital

18. Visto el artículo 94 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en
los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros
que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos […]”.

19. En ese orden de ideas, la Corte Constitucional frente al derecho innominado
al mínimo vital, ha dicho8:

“[…] El derecho al mínimo vital ha sido definido por esta Corte como "la porción de
los ingresos del trabajador o pensionado que están destinados a la financiación de
sus necesidades básicas, como son la alimentación, la vivienda, el vestido, el
acceso a los servicios públicos domiciliarios, la recreación, la atención en salud,
prerrogativas cuya titularidad es indispensable para hacer efectivo el derecho a la
dignidad humana, valor fundante del ordenamiento jurídico constitucional".

99. En ese sentido, el mínimo vital constituye un presupuesto básico para el
efectivo goce y ejercicio de la totalidad de los derechos fundamentales, en tanto
salvaguarda de las condiciones básicas de subsistencia del individuo. El
reconocimiento del derecho al mínimo vital encuentra su fundamento en el
concepto de dignidad humana, pues es claro que la carencia de las condiciones
materiales mínimas necesarias para garantizar la subsistencia del individuo,
comporta la negación de la dignidad que le es inherente. Igualmente, este
derecho se proyecta en otros derechos fundamentales como la vida (Art. 11 C.P.),
la salud (Art. 49 C.P.), el trabajo (Art. 25 C.P.) y la seguridad social (Art. 48 C.P.).

8 Corte Constitucional, sentencia T-678 de 16 de noviembre de 2017, M.P. Carlos Bernal Pulido.

Núm. único de radicación: 110010315000202405361-01
Actora: Lucía Margarita Garzón Gómez

De esta forma, la protección al mínimo vital se configura una de las garantías de
mayor relevancia en el Estado Social de Derecho […]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
trabajo

20. Visto el artículo 25 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus
modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a
un trabajo en condiciones dignas y justas […]”.

21. Ahora bien, la Corte Constitucional frente al derecho fundamental al trabajo
ha dicho lo siguiente9:

“[…] En repetidas ocasiones la Corte ha sostenido que el derecho al trabajo es un
derecho fundamental consagrado como principio rector del Estado social de derecho
y como objetivo primordial de la organización política. Al ser fundamental el derecho
al trabajo debe ser reconocido como un atributo inalienable de la personalidad
jurídica; un derecho inherente al ser humano que lo dignifica en la medida en que a
través de él la persona y la sociedad en la que ella se desenvuelve logran su
perfeccionamiento. Sin el ejercicio de ese derecho el individuo no podría existir
dignamente, pues es con el trabajo que se proporciona los medios indispensables
para su congrua subsistencia y además desarrolla su potencial creativo y de servicio
a la comunidad. El derecho al trabajo es la actividad que lo pone en contacto
productivo con su entorno.

El reconocimiento del carácter de fundamentalidad del derecho al trabajo se refleja
en la especial consagración que la Carta Política hace tanto en el sentido de
protección subjetiva con la enumeración de principios mínimos que limitan el
ejercicio legislativo (artículo 53) y con el reconocimiento expreso de la
responsabilidad del Estado en la promoción de políticas de pleno empleo (artículo
334) […]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
salud

22. Visto el artículo 49 de la Constitución Política de Colombia de 1991 y el
artículo 2 de la Ley Estatutaria 1751 de 16 de febrero de 2015 10 sobre el derecho
fundamental a la salud.

9 Corte Constitucional, sentencia T-611 de 8 de junio de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
10 “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones”.

Núm. único de radicación: 110010315000202405361-01
Actora: Lucía Margarita Garzón Gómez

23. Atendiendo a que la jurisprudencia Constitucional11, ha definido este derecho
como la facultad que tiene todo ser humano de mantener la normalidad orgánica
funcional, tanto física como en el plano de la operatividad mental, y de
restablecerse cuando se presente una perturbación en la estabilidad orgánica y
funcional de su ser, que además debe ser garantizado bajo condiciones de
oportunidad, continuidad, eficiencia y calidad, de acuerdo con el principio de
integralidad.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
vida

24. Visto el preámbulo y los artículos 2 y 11 de la Constitución Política de
Colombia de 1991, sobre el derecho fundamental a la vida.

25. Atendiendo a que en reiterada jurisprudencia Constitucional12, se ha
sostenido que el derecho fundamental a la vida supone la garantía de una
existencia digna, que implica impedir la realización de cualquier circunstancia que
lleve a la extinción de la persona como tal, que la ponga en peligro de desaparecer
o que incomoden su existencia hasta el punto de hacerla insoportable.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
igualdad

26. Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTÍCULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

11 Corte Constitucional, Sentencia T-001 de 15 de enero de 2018, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
12 Corte Constitucional, Sentencia T-444 de 10 de junio de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

Núm. único de radicación: 110010315000202405361-01
Actora: Lucía Margarita Garzón Gómez

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.

27. Atendiendo a que la Corte Constitucional13 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de
igualdad ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.

El derecho de acceso a la administración de justicia y el debido proceso frente
a la mora judicial

28. La jurisprudencia constitucional al referirse a la afectación del derecho al
acceso a la administración de justicia, por mora en el trámite de los procesos
judiciales, ha señalado que “[…] quien presenta una demanda, interpone un
recurso, formula una impugnación o adelanta cualquier otra actuación dentro de
los términos legales, estando habilitado por ley para hacerlo, tiene derecho a que
se le resuelva del mismo modo, dentro de los términos legales dispuestos para ello
[…]”14.

29. No obstante lo anterior, como lo sostuvo esta Sala en la providencia de 14 de
abril de 201615, reiterada mediante la sentencia de 18 de mayo de 201716, “[…] el
no cumplimiento de los términos por parte del operador judicial, no implica

13 Corte Constitucional, Sentencia C178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
14 Ver, entre otras, Corte Constitucional, sentencia T-1154 de 18 de noviembre de 2004, M.P. Alfredo Beltrán

Sierra.
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de abril de 2016,

C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001031500020150216000.
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 8 de mayo de

2017, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001 03 15 000 2016-03244-01

Núm. único de radicación: 110010315000202405361-01
Actora: Lucía Margarita Garzón Gómez

automáticamente la vulneración de los derechos fundamentales, pues, pese a que
es obligación de la autoridad acatar los tiempos establecidos por la normativa
aplicable, también lo es que debe dar prevalencia al derecho sustancial sobre el
formal y no sacrificar irrazonablemente la justicia como valor superior y principio
constitucional […]”.

30. En las providencias citadas supra, se reiteró la postura de la Corte
Constitucional en las que se ha establecido que cuando se alega la vulneración de
derechos fundamentales por mora judicial, es indispensable analizar las causas que
dieron origen a esta17, con el fin de determinar si dicha mora obedece a temas como
la complejidad del asunto en estudio, la naturaleza de los hechos investigados o la
interposición de recursos y solicitudes, entre otros. Al respecto, la Corte
Constitucional, en la sentencia T-230 de 201318, afirmó:

“[…] La jurisprudencia también ha señalado que, atendiendo la realidad del país, en
la gran mayoría de casos el incumplimiento de los términos procesales no es
imputable al actuar de los funcionarios judiciales. Así, por ejemplo, existen procesos
en los cuales su complejidad requiere de un mayor tiempo del establecido en
las normas y en la Constitución para su estudio, para valorar pruebas o para
analizar la normatividad existente. Por ello, la Jurisprudencia ha destacado que
cuando la tardanza no es imputable al actuar del Juez o cuando existe una
justificación que explique el retardo, no se entienden vulnerados los derechos
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. En este sentido, en
la Sentencia T-803 de 2012, luego de hacer un extenso recuento jurisprudencial
sobre la materia, esta Corporación concluyó que el incumplimiento de los términos
se encuentra justificado (i) cuando es producto de la complejidad del asunto y dentro
del proceso se demuestra la diligencia razonable del operador judicial; (ii) cuando se
constata que efectivamente existen problemas estructurales en la Administración de
Justicia que generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial; o (iii)
cuando se acreditan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la
resolución de la controversia en el plazo previsto en la Ley. […]”. (Resaltado por la
Sala).

31. Asimismo, la Corte Constitucional ha considerado que la mora judicial es un
fenómeno contrario a los derechos fundamentales y al debido proceso, y se

17 Al respecto, también la Sala, en la sentencia de 7 de febrero de 2008 Expediente núm. 2007-01377-00, C.P.:

doctor Marco Antonio Velilla Moreno), sostuvo que: “no toda dilación en la decisión equivale a mora o a
negligencia, dadas las condiciones estructurales, que producen congestión y lentitud en los despachos judiciales
y que no se puede a través de la acción de tutela ordenar a los jueces el impulso procesal o pronunciamiento
de fondo en los asuntos sometidos a su conocimiento, “por cuanto se perdería la finalidad para la cual fue creada
la tutela y, se desnaturalizaría su función, eminentemente protectora de derechos fundamentales, si se
permitiera que fuera utilizada como un mecanismo para alterar el turno de un proceso judicial, so pretexto de
resolver, con efectos inter partes, los problemas estructurales de congestión que aquejan a la Rama Judicial
pues, es sabido que sus efectos son erga omnes ya que, a todos, por igual, afecta el notable incremento del
tiempo que demanda la decisión, con carácter definitivo, de los asuntos y controversias que se someten a su
consideración...” (Sentencia T-256 de 17 de marzo de 2004).
18 Corte Constitucional, sentencia T-230 de 18 de abril de 2013, M.P. Luís Guillermo Guerrero Pérez

Núm. único de radicación: 110010315000202405361-01
Actora: Lucía Margarita Garzón Gómez

evidencia cuando: “[…] (i) se presenta un incumplimiento de los términos señalados
en la ley para adelantar alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo razonable
que justifique dicha demora, como lo es la congestión judicial o el volumen de
trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a la omisión en el cumplimiento de las
funciones por parte de una autoridad judicial […]”19.

32. En suma, cuando en la acción de tutela se alega la vulneración de derechos
fundamentales por mora judicial, esta prospera, excepcionalmente, solo cuando se
demuestra que: i) se está ante un caso de dilación injustificada; ii) cuando se
acredita que el funcionario judicial no ha sido diligente y que su comportamiento es
el resultado de una omisión en el cumplimiento de sus funciones; iii) por el contrario,
cuando la mora está justificada en la complejidad del asunto, en problemas
estructurales de la administración de justicia o cuando las circunstancias
imprevisibles no permiten que el caso se resuelva dentro del término legal, no hay
lugar a acceder a las pretensiones de la acción de tutela.

Análisis del caso concreto

33. La actora, a través de apoderado20, presentó acción de tutela contra la
Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, porque, a su juicio, con ocasión a que no ha “[…] proferí[do]
mandamiento de pago […]”, en el proceso ejecutivo identificado con el número único
de radicación 250002342000202300276-00, vulneró sus derechos fundamentales
invocados supra.

34. Visto el marco normativo y los precedentes jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.

35. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas en el proceso, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los

19 Corte Constitucional, sentencia T-186 de 28 de marzo de 2017, M.P. María Victoria Calle Correa
20
Cfr. índice núm. 5 de SAMAI. Documento denominado “3ED_Caratulapdf(.pdf) NroActua 3”. Archivo
aportado en forma digital

Núm. único de radicación: 110010315000202405361-01
Actora: Lucía Margarita Garzón Gómez

términos del artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las
reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para
efectos de decidir lo que en derecho corresponda, en relación con el problema
jurídico planteado en la acción de tutela y en la impugnación.

Acervo y análisis probatorios

36. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra:

36.1. Copia digital del proceso ejecutivo identificado con el número único de
radicación 250002342000202300276-00.

Solución del caso concreto

Análisis de la presunta mora judicial

37. En el caso sub examine, de conformidad con el escrito de tutela y las
pretensiones presentadas por la actora, la Sala abordará el estudio del caso sub
examine frente a la configuración de una presunta mora judicial, la cual la actora
fundamentó en que, la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca no ha “[…] proferí[do] mandamiento de pago […]”
que fue ordenado por el Consejo de Estado mediante sentencia de 6 de agosto de
2020, proferida en el proceso ejecutivo identificado con el número único de
radicación 250002342000202300276-00.

38. Al abordar de fondo el asunto puesto a consideración por la actora en el
presente trámite de impugnación de tutela, la Sala advierte que, dentro del proceso
ejecutivo adelantado identificado con el número único de radicación
250002342000202300276-00, se han realizado las siguientes actuaciones:

38.1 El 11 de diciembre de 2020, la actora radicó ante la Subred Integrada de
Servicios de Salud Norte E.S.E, una solicitud de cumplimiento de la sentencia
judicial proferida por la Subsección A de la Sección Segunda el Consejo de Estado,
la petición que no tuvo respuesta.

Núm. único de radicación: 110010315000202405361-01
Actora: Lucía Margarita Garzón Gómez

38.2 Ante la falta de respuesta, la actora hizo la solicitud ante el Juzgado Cincuenta
y Uno Administrativo de Bogotá, que, por competencia, la remitió al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.

38.3 La Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante auto de 25 de septiembre de 2024, requirió al apoderado
de la parte demandante para que remitiera algunos documentos, como el acto
administrativo mediante el cual se dio cumplimiento a la sentencia proferida el 6 de
agosto de 2020 por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
así como los comprobantes de los pagos efectuados por la entidad ejecutada, en
cumplimiento de la sentencia base de recaudo, además de otros documentos, para
pronunciarse sobre la demanda ejecutiva.

39. Del recuento procesal realizado supra, la Sala advierte que, en lo que
concierne al reparo propuesto por la actora relacionado con que dicho Tribunal no
le ha dado trámite al mandamiento de pago proceso ejecutivo identificado con el
número único de radicación 250002342000202300276-00, hay lugar a negar la
solicitud de amparo.

40. De conformidad con las actuaciones expuestas supra, la Sala advierte que, si
bien a la fecha no se ha ordenado mandamiento de pago solicitado por la actora en
cumplimiento de la sentencia proferida por el Subsección A de la Sección Segunda
el Consejo de Estado, el 6 de agosto de 2020, lo que en principio implicaría que se
configuró una mora judicial, resulta necesario recordar que el no cumplimiento de
los términos por parte del operador judicial, no implica automáticamente la
vulneración de los derechos fundamentales, pues, pese a que es obligación de la
autoridad acatar los tiempos establecidos por la normativa aplicable, también lo es
que existen circunstancias que justifican la mora en la decisión del asunto.

41. En el caso sub examine, la Sala advierte que existen circunstancias
particulares que justifican que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, aún no
haya dado trámite al mandamiento de pago mencionado anteriormente, a saber,
profirió un auto con fecha 25 de septiembre de 2024, solicitando “[…] ciertos
documentos necesarios para poder pronunciarse sobre la demanda ejecutiva […]”,

Núm. único de radicación: 110010315000202405361-01
Actora: Lucía Margarita Garzón Gómez

por lo que se encuentra a la espera de respuesta por las partes, para continuar el
respectivo proceso.

42. En ese orden de ideas, si bien a la fecha no ha culminado el proceso ejecutivo,
no es posible concluir que la referida tardanza sea atribuible a la falta de diligencia
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, toda vez que, según se advierte de
las consideraciones expuestas, el Tribunal accionado se vio expuesto a varias
circunstancias especiales ajenas a la diligencia que, en últimas, depende de la
respuesta que hagan las partes al auto proferido por el Tribunal, haciendo el
requerimiento.

43. En ese sentido, la Sala advierte que la tardanza que la actora reprocha con el
mandamiento de pago se enmarca en uno de los supuestos en los que la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado han considerado
justificada la mora judicial; es decir, cuando se acreditan otras circunstancias
imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la controversia en el plazo
previsto en la Ley.

Conclusiones de la Sala

44. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala revocará la sentencia de tutela de 19 de noviembre
de 2024 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
que declaró la carencia actual de objeto por hecho superado y, en su lugar, negará
la solicitud de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de tutela de 19 de noviembre de 2024 proferida
por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado y, en su lugar,

Núm. único de radicación: 110010315000202405361-01
Actora: Lucía Margarita Garzón Gómez

NEGAR la solicitud de tutela que presentó la actora, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm.
2591 de 1991, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.