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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-05377-00

Fecha
28 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-05377-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor José Albeiro Aldana Bernal, al no superar el requisito general de relevancia constitucional dados los motivos expuestos en la parte motiva de esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. De no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-05377-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

28 de noviembre de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05377-00
Demandante: José Albeiro Aldana Bernal

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05377-00
Demandante: JOSÉ ALBEIRO ALDANA BERNAL
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN C
Temas: Debido proceso y acceso a la administración de justicia. Pago de
cesantías definitivas a docente. Prescripción extintiva del derecho.
Relevancia constitucional. Insuficiencia de carga argumentativa.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por el señor José Albeiro Aldana Bernal, de conformidad con lo
dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 4 de octubre de 20241, el señor José Albeiro Aldana Bernal, actuando a través
de apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, por considerar vulnerados sus
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia con la sentencia de segunda instancia del 4 de septiembre de 2024 dictada
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho Nro. 11001-33-35-022-2023-
00285-00/01.En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“[…]
1. Que se AMPARE el derecho fundamental y constitucional al DEBIDO PROCESO del
señor JOSÉ ALBEIRO ALDANA BERNAL respecto de la providencia proferida por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SECCIÓN SEGUNDA SECCIÓN SEGUNDA SUB-
SECCIÓN “C” el 4 de septiembre de 2024 bajo el radicado No. 110013335-022-2023-
00285-01.
2. Que en consecuencia, se DEJE SIN EFECTOS providencia proferida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE SECCIÓN SEGUNDA SECCIÓN SEGUNDA SUB-SECCIÓN “C”
el 4 de septiembre de 2024 bajo el radicado No. 110013335-022-2023-00285-01, por ser
violatorio del derecho al DEBIDO PROCESO de JOSÉ ALBEIRO ALDANA BERNAL.
3. Ordene la protección de otros derechos no invocados en la presente acción y que usted
considere están siendo violados, amenazados o vulnerados.”

2. Hechos

Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. El 25 de julio de 2023, el señor José Albeiro Aldana Bernal radicó demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra
la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio FOMAG y Fiduciaria La Previsora S.A., con la finalidad
de que se declarara la nulidad de la Resolución BOG202301324, mediante la

1 Samai, índice 2.
1

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Demandante: José Albeiro Aldana Bernal

cual se le negó el reconocimiento y pago de las cesantías definitivas de la
normatividad aplicable Ley 65 de 1946, Decreto 1160 de 1947, Ley 91 de 1989,
Ley 244 de 1995, Ley 1071 de 2006, Ley 344/1996 y Decreto 1272 de 2018, y
solicitó el pago de las cesantías del periodo 2017 a 2019 junto con la
correspondiente moratoria.

2.2. El mencionado proceso le correspondió por reparto al Juzgado Veintidós
Administrativo de Bogotá, Sección Segunda, bajo el radicado Nro. 11001-33-
35-022-2023-00285-00, el cual mediante providencia del 8 de abril de 2024
dictó sentencia negando las pretensiones de la demanda, en los siguientes
términos:
“Primero: DECLARAR probadas las excepciones denominadas “PRESCRIPCIÓN” y
“COBRO DE LO NO DEBIDO”, propuestas en las contestaciones de la demanda adosadas
por la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL –FOMAG- y por la
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ, acorde con las razones vertidas en la
audiencia, que se podrán constatar en la videograbación.
Segundo: NEGAR las pretensiones de la demanda, conforme los argumentos expuestos en
esta audiencia, que se podrán verificar en la videograbación.
Tercero: NO CONDENAR en costas procesales, atendiendo lo establecido en el numeral 8º
del artículo 365 del C.G.P., en concordancia con lo previsto en el inciso 2º del artículo 188 del
C.P.A.C.A., de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente sentencia,
pudiéndose constatar lo pertinente en la respectiva videograbación. […]”

2.3. Contra el fallo de primera instancia la parte demandante presentó recurso de
apelación en el que solicitó que se revocara la sentencia del 8 de abril de 2024
y que se accediera a “[…] las pretensiones de la demanda, con excepción a la
declarativa tercera y pretensión condenatoria segunda a la que se renunció en audiencia
del 08 de abril de 2024.[…]”. Este recurso le correspondió por reparto al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, el cual
mediante providencia del 12 de julio de 2024 lo admitió.

2.4. El 4 de septiembre de 2024, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dictó
sentencia de segunda instancia confirmando la decisión del Juzgado, así:
“PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el ocho (8) de abril de dos mil veinticuatro
(2024), por el Juzgado Veintidós (22) Administrativo de la Oralidad del Circuito Judicial de
Bogotá, Sección Segunda, que declaró probadas las excepciones de prescripción y cobro
de lo no debido, y negó las pretensiones de la demanda, dentro del proceso promovido
por el señor José Albeiro Aldana Bernal contra la Nación — Ministerio de Educación Nacional
— Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio — Fiduciaria La Previsora y como
litisconsorte necesario la Secretaría de Educación de Bogotá.
SEGUNDO.- Sin condena en costas.”

3. Fundamentos de la acción

El actor en el escrito de tutela mencionó que cumple con los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, para ello puntualizó
cada uno de ellos así:

(i) Relevancia constitucional, se encuentra cumplido pues se discute la
vulneración del derecho al debido proceso dada la errada aplicación de las
normas procedimentales pues el Juzgado Veintidós Administrativo de Bogotá
manifestó: “[…] Desconociendo por completo que se probó en el recurso de reposición
que efectivamente el correo electrónico que contenía la contestación y sus anexos si fue
enviado, incluso el despacho accionado no intenta analizar si la razón por la que dicho
correo electrónico no se encuentra en sus bandejas se debe a una falla tecnológica, que
dicho sea de paso, no se le puede endilgar a mi representada, por el contrario, solo indica
que al no verlo reflejado en sus bandejas se da por no contestada la demanda. […]”.

2

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(ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de
defensa, al respecto manifestó que al haberse presentado el recurso de
reposición contra la providencia del 28 de febrero de 2023 dentro del radicado
Nro. 2022-00490, se agotaron los recursos que se tenían pues “[…] el juzgado
el 26 de julio de 2023 decidió NO REPONER ante esta decisión no procede recurso
alguno, se entiende que fueron agotados todos y cada uno de los medios de defensa […]”.
Añadió que, el despacho resolvió el recurso sin tener en cuenta el cotejo de
los correos enviados.
A su vez, manifestó que en el recurso presentado contra la sentencia del 8 de
abril de 2024 se observa que el funcionario del despacho concluyó que: “[…]
tratándose de cesantías definitivas de servidores públicos, estás no pueden sustraerse
de verse afectadas por el fenómeno de la prescripción extintiva”.

(iii) Que la acción se interponga en un término razonable y proporcional, mencionó
que desde que se negó el recurso de reposición sólo han transcurrido 2 meses,
por lo que no se ha vencido el plazo de los 6 meses.
(iv) Que la irregularidad procesal alegada tenga un impacto decisivo en el
contenido de la decisión, señaló que tanto el juzgado como el tribunal
incurrieron en un exceso ritual manifiesto en el “[…] proceso ejecutivo de mínima
cuantía con garantía real bajo el radicado Nro. 2022-00490 […]”, como cuando el
juzgado “[…] no recepciona la contestación de la demanda afecta el derecho de defensa
intrínseco […]”

(v) Que se identificaran los hechos constitutivos de la vulneración, y que de ser
posible se hubieran alegado durante el proceso judicial en las oportunidades
debidas, indicó que se dio vulneración del derecho al debido proceso y que los
hechos fueron identificados en el acápite de hechos.
(vi) Que no se trate de una sentencia de tutela, manifestó que cuestiona los fallos
dictados por el Juzgado Veintidós Administrativo de Bogotá y el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, dado que
se vulneró el debido proceso de “[…] la parte ejecutante del proceso ejecutivo se
encuentra este extremo que la decisión demandada, se encuentra generando un perjuicio
irremediable”.

Luego expuso la vulneración del derecho fundamental al debido proceso y para
sustentarlo citó el artículo 29 de la Constitución Política, los artículos 14 y 15 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y los artículos 8 y 25 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, y las sentencias C-131 de 2002,
T-647 de 2013 y C-210 de 2021 de la Corte Constitucional.
En el escrito de subsanación aportado, se indicó que las providencias cuestionadas
incurren en un defecto por decisión sin motivación y en un defecto por
desconocimiento del precedente, por las siguientes razones:

3.1. Defecto por decisión sin motivación: Señaló que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, dictó el fallo de segunda
instancia sin una debida motivación dado que no argumentó porque no se
consideraron las pruebas presentadas con la demanda, pues el señor Aldana
Bernal tiene derecho a conocer los motivos por los cuales sus pruebas y
fundamentos no fueron tenidos en cuenta o de igual manera las razones para
separarse del precedente. Como fundamento citó la sentencia T-714 de 2006
y T-1191 de 2004 para resaltar que la falta de motivación en una decisión
judicial genera indefensión y afecta directamente la confianza legítima en el
sistema.

3.2. Defecto por desconocimiento del precedente: Manifestó que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C al dictar la

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sentencia omitió precedentes jurisprudenciales relevantes sobre el debido
proceso y la correcta valoración de las pruebas. Añadió que “[…] El accionante
podría argumentar que la falta de consideración de los precedentes constitucionales sobre
el derecho de defensa y el debido proceso, específicamente en cuanto a la valoración de
pruebas, constituye un desconocimiento del precedente vinculante.”. Como
fundamento de este defecto citó las sentencias SU-047 de 1999 y T-292 de
2006, para indicar la importancia de respetar los precedentes para garantizar
la igualdad y la seguridad jurídica.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. En providencia del 11 de octubre de 20242, el despacho ponente requirió al
accionante para que allegara el poder especial que legitimara al señor Óscar
Darío Bejarano Obregón para representarlo, y para que indicara de manera
clara cómo se configuraban en este caso los requisitos especiales de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. Requerimiento
que fue subsanado mediante memorial del 17 de octubre de 20243.

4.2. Con auto del 31 de octubre de 2024, el despacho sustanciador admitió la
acción de tutela interpuesta por el señor José Albeiro Aldana Bernal contra el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C;
en calidad de terceros con interés se vinculó al Ministerio de Educación
Nacional, al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAG,
a la Fiduciaria La Previsora S.A. y a la Secretaría de Educación Distrital de
Bogotá, y al Juzgado Veintidós Administrativo de Bogotá; se ofició al Juzgado
Veintidós Administrativo de Bogotá para que remitiera copia del expediente
Nro. 11001-33-35-022-2023-00285-00/01; se reconoció personería al abogado
Óscar Ricardo Llorente Pérez; y se dispuso a efectuar las notificaciones
correspondientes.

4.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C4, rindió informe en el que manifestó que en la providencia del
4 de septiembre de 2024 se encuentran consignados los argumentos que
llevaron a tomar la decisión de confirmar la sentencia de primera instancia del
8 de abril de 2024 que declaró probadas las excepciones de prescripción y
cobro de lo no debido y por consiguiente negó las pretensiones de la demanda.

De otro lado, señaló que en este caso no se configuran los requisitos
dispuestos por la Corte Constitucional para la procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales, sino que lo pretendido por el actor es que
se surta una tercera instancia. Manifestó que la acción de tutela es
improcedente cuando lo pretendido es resolver discrepancias sobre
interpretación y aplicación normativa, más aún si la Sala aplicó la
jurisprudencia vigente para el asunto. Como fundamento trajo a colación la
sentencia T-156 del 5 de marzo de 2010.

4.4. El Juzgado Veintidós Administrativo de Bogotá5 manifestó que allí cursó la
primera instancia del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho Nro. 11001-33-35-022-2023-00285-00 adelantado por el señor José
Albeiro Aldana Bernal contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional,
FOMAG, Fiduciaria la Previsora S.A. y la Secretaría de Educación de Bogotá.
Que mediante auto del 5 de septiembre de 2023 se admitió la demanda y con

2 Samai, índice 4.
3 Samai, índice 8 y 9.
4 Samai, índice 15.
5 Samai, índice 16.
4

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posterioridad se recibieron las oposiciones a las pretensiones y los
argumentos de defensa.

Señaló que el 8 de abril de 2024 se dictó la sentencia de primera instancia en
la que se resolvió declarar probadas las excepciones denominadas
“prescripción” y “cobro de lo no debido” propuestas en la contestación de la
demanda y se negaron las pretensiones de la demanda. Con escrito del 15 de
abril de 2024 el apoderado judicial de la parte demandante sustentó el recurso
de apelación, por lo que el 14 de junio de 2024 se concedió el recurso. El
expediente le fue repartido al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C, quien en sentencia de segunda instancia
confirmó lo decidido por el juzgado.

Puso de presente que todas las actuaciones procesales y decisiones tomadas
dentro del medio de control se realizaron conforme a derecho y sin poner en
riesgo los derechos fundamentales del tutelante. Y señaló que la acción de
tutela es procedente cuando exista una arbitrariedad judicial o se violente las
garantías del debido proceso lo que no ocurre en este caso. Por lo que, solicitó
tener en cuenta los argumentos expuestos en el fallo de primera instancia,
para ello adjuntó copia del expediente y el enlace de consulta en Samai.
4.5. La Fiduprevisora S.A.6 señaló que el ejercicio de la acción de tutela contra
providencias judiciales exige que se fundamenten las causales genéricas y
específicas de procedibilidad, las cuales no están llamadas a ser deducidas
por el juez de tutela, de ahí que la argumentación del hoy accionante es exigua
en relación con dichas causales.

Añadió que, las pretensiones de esta acción están dirigidas al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, por lo que
de la lectura del escrito de tutela no se advierte que pueda existir una actuación
u omisión de parte de la Fiduprevisora S.A. en calidad de vocera y
administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
FOMAG que vulnere los derechos fundamentales del señor Aldana Bernal.

En consecuencia, solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela y
a su vez, se le desvinculara de la acción al no tener legitimación en la causa
por pasiva pues no existe vulneración de derechos fundamentales en su actuar
como vocera del patrimonio autónoma FOMAG.

4.6. La Secretaría de Educación del Distrito7 indicó que quien debe atender las
pretensiones del accionante es el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C, al tener relación directa con los hechos y la
presunta vulneración de los derechos fundamentales. Igualmente, dentro del
escrito de tutela no se encontró algún reproche a la actuación u omisión de la
Secretaría de Educación del Distrito que genere afectación a los derechos del
accionante pues la discusión se centra en situaciones específicas de legalidad,
así como a la aplicación de las normas que regulan la materia.

Dijo que, si bien actuó como parte pasiva en el medio de control, también lo es
que su actuación en el mismo fue conforme a derecho, sin que ello conllevara
a que se diera lugar a esta acción de tutela.

Manifestó que en este caso no se cumple con ninguno de los requisitos
específicos establecidos por la jurisprudencia constitucional para que sea
procedente la acción de tutela, por el contrario, se pretende revivir en sede de

6 Samai, índice 17.
7 Samai, índice 18.

5

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tutela la decisión que tomó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Por
ello pidió que se declarara improcedente la presente acción.

4.7. El Ministerio de Educación Nacional8 señaló que la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales es excepcional, por esta razón la
decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no
comporta una violación a los derechos fundamentales del accionante, pues su
actuar respondió a la legítima interpretación judicial que realizó del asunto
sometido a su consideración y la teoría que propone la parte accionante no es
aceptada como criterio de unificación pues se encuentra pendiente de ser
decidido por la jurisdicción contencioso administrativa.

Resolver la aplicación de la norma pretendida vía tutela comporta una violación
a la independencia y autonomía judicial.

Consideró que no es posible aplicar al caso la sentencia SU 098 de 2018 como
lo propone el accionante, pues las reglas allí aplicadas no coinciden con la
pretensión de esta acción. Pero si se comparte el criterio establecido en la SU
573 de 2019, pues se estableció la improcedencia de la mencionada norma
cuando los docentes sí se encontraban afiliados al FOMAG.

En ese orden, la denuncia de la parte accionante acerca de la supuesta
violación a sus derechos fundamentales por las decisiones adoptadas por el
tribunal accionado se aleja de la vocación de prosperidad en tanto los
presupuestos de hecho que este alega no se ajustan a los parámetros
establecidos en la SU 098 de 2018, sino que se acercan a los de la SU 573 de
2019.

De otro lado, resaltó que en el caso concreto no se evidencia alguna
vulneración de derechos del accionante, por lo que nos encontramos ante una
inminente causal de improcedencia de la acción.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19919, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin
embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos

8 Samai, índice 21.
9 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
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generales10 y especiales11 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se
deben reunir todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o
requisitos especiales de la acción.

De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional12 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso.

Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un mayor
rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de
tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse
únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.

3. Planteamiento del problema jurídico

De acuerdo con los antecedentes, las pretensiones de la acción de tutela y por
tratarse de una acción de tutela contra providencia judicial, corresponde a la Sala
determinar si la acción interpuesta por el señor José Albeiro Aldana Bernal cumple
a cabalidad con las causales generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencia judicial, particularmente la relevancia constitucional.

Sólo en caso de superar dicho análisis, se determinará si en el marco del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho Nro. 11001-33-35-022-2023-00285-
00/01, se vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a
la administración de justicia con ocasión a la sentencia de segunda instancia del 4
de septiembre de 2024, respecto de la cual el accionante manifiesta que incurrió en
un defecto por decisión sin motivación y por desconocimiento del precedente.

4. Alcance del requisito de relevancia constitucional

La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y la
independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para reemplazar
al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su labor, entonces, está
orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados y a proferir órdenes
encaminadas a su restablecimiento.
Con base en esta premisa, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales
está condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia constitucional. Y
aunque no siempre es sencillo dilucidar la línea que separa aquellos casos que son
de relevancia constitucional y los que no, esta Sala de Decisión, a partir de lo
señalado por la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia de unificación de 5
de agosto de 2014 y por la Corte Constitucional en la sentencia T - 248 de 2018, ha
fijado algunos criterios orientadores para determinar si una solicitud de amparo de
tutela cumple o no con este requisito:

10 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i)
que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; (ii) el accionante haya utilizado
todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos
fundamentales (subsidiariedad); (iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez);
(iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; (v) que no se trate de una decisión proferida en
sede de tutela; (vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.
11 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i)
defecto orgánico, (ii) defecto procedimental, (iii) defecto fáctico, (iv) defecto material o sustantivo, (v) defecto
por error inducido, (vi) defecto por falta de motivación, (vii) defecto por desconocimiento del precedente y
(viii) defecto por violación directa de la Constitución.
12 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
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(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración
de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse
para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente
económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de
la acción de tutela.

(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en
cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales». Es necesario que el interesado exponga de manera clara las
razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los
derechos fundamentales.

(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones
de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela
debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener
relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una
expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que
sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales,
el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios argumentos
para atacar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los
procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se
trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional
del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que
se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces
competentes.

La Corte Constitucional ha dicho que la relevancia constitucional es el primer
presupuesto genérico de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Su corroboración exige que el juez constitucional evidencie de manera
diáfana, que la cuestión que se presenta tiene una marcada importancia
constitucional que afecte derechos fundamentales13.
En palabras de la Corte Constitucional, el deber de identificar de manera razonable
los hechos que generan la vulneración que se alega a través de la presente acción,
tiene su justificación en la medida en que «sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la
protección constitucional de sus derechos»14.

Es relevante explicar que, si bien en el Decreto 2591 de 1991 no se exige la
argumentación o la enunciación de alguna de las causales de procedencia de acción
de tutela contra providencia judicial, si es necesario que el ciudadano que acude a
este mecanismo, exponga las razones y fundamentos por los que considera que el
pronunciamiento judicial que cuestiona, vulnera derechos de rango fundamental. Si
bien para la presentación de una tutela no existen formalidades que deban ser
observadas en la demanda respectiva, si se sugiere un mínimo de sustentación que
permita al juez constitucional evidenciar las razones por las que se considera que
una decisión judicial vulnera algún derecho fundamental.

13 Al respecto se pueden consultar las siguientes providencias de la Corte Constitucional: Su-139 de 2019, T-
422 de 2018, T- 715 de 2016, C-590 de 2005.
14 Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005. Ponencia del doctor Jaime Córdoba Triviño.
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Al respecto, conviene recordar que, conforme lo ha establecido la jurisprudencia
reiterada de la Corte Constitucional15, la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales es excepcional. Ello es así porque el análisis de las
sentencias y de los autos por vía de tutela, involucra los principios de independencia
y autonomía judicial, la preclusión de los procesos y la cosa juzgada que se predica
de las providencias judiciales con miras a definir los litigios puestos en conocimiento
de los jueces de la República.
Es por lo anterior que el análisis de procedibilidad de la acción de tutela cuando
involucra una providencia judicial es más riguroso, lo que implica que se exija una
carga argumentativa mínima a la parte accionante y cuyo faro orientador es
precisamente el precedente constitucional relativo a las causales generales y
especiales de procedibilidad desarrolladas por la jurisprudencia constitucional para
estos eventos16.
Adicional a lo anterior, la jurisprudencia constitucional17 ha indicado que en los
eventos en que se ataca una providencia judicial por vía de tutela corresponde a los
accionantes asumir una carga argumentativa mínima, sin que se entienda superada
con la mera indicación de que se vulneraron sus derechos fundamentales, sino que
debe ser suficiente para la creación de un problema jurídico que involucre una
discusión relevante relativa a un escenario de vulneración ius fundamental18.

5. Análisis del caso concreto

5.1. La parte actora considera que la sentencia del 4 de septiembre de 2024,
dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Nro. 11001-33-35-022-2023-00285-00/01 vulneró gravemente sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia
por cuanto se incurrió en un defecto por decisión sin motivación y por
desconocimiento del precedente.

5.2. Ahora bien, la Sala encuentra que la parte actora no cumplió con la carga
argumentativa mínima razonable, debido a que no explicó de qué manera la
autoridad judicial accionada al proferir la sentencia de segunda instancia
incurrió en errores, tampoco se plantearon argumentos que permitieran
entender la configuración de algunos vicios en la providencia, ni se cuestionó
la ratio decidendi del fallo, pues si bien, en el escrito de subsanación, se
enunciaron como defectos la “Decisión sin motivación” y el “Desconocimiento
del precedente” y citó jurisprudencia sobre el tema no se desarrolló uno o
varios argumentos sólidos que explicaran por qué a su juicio existieron vicios
en la sentencia objeto de debate.

Únicamente se limitó a mencionar en el escrito de subsunción que el Tribunal
“carece de una debida motivación, dado que este no sustentó por qué no se consideraron
las pruebas presentadas, lo que podría sugerir la configuración de este defecto o de igual
manera las razones para separarse del precedente”, en especial la prueba clave (no
se identificó a que prueba hace referencia), así como “el tribunal omitió precedentes
jurisprudenciales relevantes sobre el debido proceso, lo que podría configurar un
desconocimiento del precedente en cuanto a la correcta valoración de los precedentes
judiciales. […]” (Samai, índice 8).

A su vez, en los acápites planteados en el escrito de tutela (Samai, índice 2)
se advirtió que estos consistieron en la explicación de la configuración de los
15 Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005 M.P. Jaime Córdoba Triviño; sentencia SU-050 de 2015 M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva; y sentencia SU-917 de 2010 M.P. Jorge Iván Palacio P.
16 Ibidem.
17 Sala Plena Contenciosa del Consejo de Estado. Sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014. Proceso
Nro. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). C.P. Jorge Octavio Ramírez R.
18 Corte Constitucional. Sentencia T-515 de 2016. M.P. María Victoria Calle Correa.
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requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Sin embargo, al realizar la lectura y estudio de estos
se advirtió que casi todos los argumentos allí planteados no corresponden a
los supuestos fácticos ni jurídicos discutidos en la sentencia del 4 de
septiembre de 2024, dictada en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho Nro. 11001-33-35-022-2023-00285-00/01, salvo la
exposición que se realizó del derecho fundamental al debido proceso, los
hechos y las citas normativas y jurisprudenciales.

El sustento de esta afirmación radica en que el apoderado del accionante
mencionó que la vulneración de los derechos fundamentales se presentaba
en: (i) el desconocimiento de que en un recurso de reposición se probó que un
correo electrónico contenía la contestación de una demanda, cuando en el
mencionado medio de control no se discutió la falta de presentación de la
contestación de la demanda; (ii) se afirmó que se entendió agotados todos los
medios ordinarios y extraordinarios con el recurso de reposición presentado
contra la providencia del 28 de febrero de 2023, cuando para esa fecha aún
no se había presentado la demanda del medio de control Nro. 2023-00285-
00/01; (iii) manifestó que tanto el juzgado como el tribunal incurrieron en un
exceso ritual manifiesto en el proceso ejecutivo de mínima cuantía con
garantía real bajo el radicado Nro. 2022-00490, cuando lo que aquí se discute
es un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, entre otros.

Por lo que, esta Sala pone de presente que los planteamientos que se
realizaron en el escrito de tutela inicial frente a los requisitos generales de
procedibilidad no corresponden en su totalidad al caso que ocupa a esta acción
de tutela.

5.3. Como se explicó, tratándose de tutela contra providencias judiciales, la
argumentación del accionante debe estar dirigida a demostrar una trasgresión
evidente del debido proceso, justificar por qué amerita que el juez de tutela
intervenga y específicamente argumentar en qué defectos incurrió la autoridad
judicial accionada y por qué estos se configuran en el caso. No basta,
entonces, enunciar el referido defecto o formular afirmaciones vagas del corte:
“no se valoraron las pruebas”.

La razón de exigir tal carga argumentativa radica en que la acción de tutela
contra providencias judiciales es excepcional. Solo procede bajo los supuestos
especiales desarrollados jurisprudencialmente.

Por consiguiente, la Sala considera que tal omisión argumentativa comporta el
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, ya que el interesado
es quien tiene la obligación de “argumentar y demostrar la causal que invoca como
fundamento de sus pretensiones, puesto que, de lo contrario, el juez de tutela estaría
imposibilitado para determinar si la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos
fundamentales invocados en la demanda de tutela” 19.

5.4. Al respecto, la Sala encuentra que en el presente asunto no se satisface el
requisito general de la relevancia constitucional a que alude el segundo criterio
orientador para determinar si una solicitud de amparo de tutela cumple con
este requisito, toda vez que el accionante no desplegó una carga
argumentativa mínima de la cual se desprendan los yerros en que
presuntamente incurrió la autoridad judicial accionada.
La jurisprudencia constitucional ha establecido que tratándose de tutela contra
providencias judiciales, la argumentación del accionante debe estar dirigida a
demostrar una trasgresión evidente del debido proceso, a argumentar en qué
19 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 30 de enero de 2014 dentro del expediente Nro. 11001-
03-15-000-2013-01369-00. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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defectos incurrió la autoridad judicial accionada y específicamente a explicar
por qué dichos defectos se configuran en el caso.
De manera que el requisito de relevancia constitucional implica que el juez
verifique que la parte actora cumpla con una carga argumentativa mínima. No
basta, entonces, enunciar el referido defecto ni elaborar afirmaciones que
carezcan de soporte argumentativo. La razón de exigir tal carga
argumentativa radica en que la acción de tutela contra providencias judiciales
es excepcional. Solo procede bajo los supuestos especiales desarrollados
jurisprudencialmente.
5.5. Recuérdese que al cuestionar una decisión proferida por un juez mediante la
acción de tutela automáticamente entran en juego los principios de
independencia, autonomía funcional y juez natural. Por consiguiente, a fin de
encontrar un equilibrio entre la posibilidad de dejar una decisión judicial sin
efectos y tales principios es imperativo que se cumplan con rigor cada uno de
los requisitos generales señalados jurisprudencialmente, incluyendo la
relevancia constitucional.

6. Conclusión
Por las razones expuestas, la Sala declarará improcedente la acción de tutela de la
referencia dado que no cumple con el requisito de la relevancia constitucional, pues
no satisfizo la carga argumentativa necesaria para controvertir una decisión judicial
mediante la acción de tutela, y estas condiciones son imprescindibles para realizar
un estudio de fondo sobre el asunto.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor José
Albeiro Aldana Bernal, al no superar el requisito general de relevancia
constitucional dados los motivos expuestos en la parte motiva de esta
providencia.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. De no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente

(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

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