Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-05379-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-05379-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2024-05379-01
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
27 de febrero de 2025
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05379-01
Demandante: Luis Andrés Pérez y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05379-01
Demandante: LUIS ÁNDRES PÉREZ, DAVID FELIPE MOLINA PÉREZ,
MARÍA DEL CARMEN PÉREZ Y MARÍA LIGIA GIRALDO
TOBÓN
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de reparación
directa por privación injusta de la libertad. Defecto fáctico y por
desconocimiento del precedente judicial
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por la parte accionante, quien actúa por conducto de apoderado judicial,
contra la sentencia de 31 de octubre de 2024, dictada por el Consejo de Estado,
Sección Primera, en la que declaró improcedente la solicitud de amparo por
incumplir el requisito general de relevancia constitucional.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 7 de octubre de 2024, la parte demandante solicitó al juez constitucional la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, supuestamente vulnerados por la autoridad judicial
accionada.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“3.1 Por lo expuesto en precedencia, solicitó comedidamente al juez de tutela
amparar los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y a la igualdad, dentro del proceso de reparación
directa anteriormente citado y, en consecuencia, dejar sin efecto la sentencia de
fecha 30 de mayo de 2024, proferida por TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
VALLE DEL CAUCA, sala de decisión de la fecha del Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca magistrado ponente Dr. ÓSCAR A. VALERO NISIMBLAT, que
resolvió revocar la sentencia 071 emitida por el JUZGADO DOCE
ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE CALI y en su lugar
DENEGO LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA para en su lugar, ordenar al
juzgador de segunda instancia proferir una nueva sentencia en Derecho y de
fondo, en la que se tengan en cuenta los precedentes jurisprudenciales vigentes
para la época de los hechos tal como se ha sostenido por el propio Consejo de
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05379-01
Demandante: Luis Andrés Pérez y otros
Estado, según precedentes que se trajeron a esta tutela y el análisis probatorio
que debe realizarse de manera sistemática con las leyes y jurisprudencia
aplicables al caso concreto”.
2. Hechos
Los accionantes manifiestan que, en ejercicio del medio de control de reparación
directa, solicitaron la declaratoria de responsabilidad administrativa y patrimonial de
la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, por los perjuicios ocasionados
por la privación de la libertad de la que fue objeto el señor Luis Andrés Pérez por el
lapso de 16 meses y 11 días, la que consideraron injusta. Esta ocurrió en el contexto
del proceso penal que aquel afrontó sindicado de la conducta punible de
apoderamiento de hidrocarburos, biocombustible o sus derivados en concurso
homogéneo y sucesivo, en hechos ocurridos mientras se desempeñaba como
vigilante en la planta mayorista contigua al terminal de Ecopetrol, en el municipio de
Yumbo, Valle del Cauca.
Sostienen que del proceso conoció en primera instancia el Juzgado Doce
Administrativo del Circuito de Cali, que en sentencia de 23 de mayo de 2017 accedió
a las pretensiones de la demanda y condenó a las demandadas al pago de los
perjuicios reclamados, tras considerar que, conforme con la jurisprudencia vigente
para la época, en el caso se configuraba la responsabilidad estatal, en tanto el
demandante había sido absuelto en el proceso penal en virtud del principio in dubio
pro reo.
Por último, aducen que, luego de que las demandadas apelaran la precitada
sentencia, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en sentencia de 30 de
mayo de 2024, revocó el fallo favorable y negó las pretensiones de la demanda, tras
considerar que, conforme con la jurisprudencia vigente sobre la materia, contenida
en la sentencia SU-072 de 2018, la medida preventiva impuesta al demandante se
hallaba justificada, en tanto de los elementos de prueba obrantes se podía inferir de
manera razonada que el señor Pérez podía ser autor o participe de la conducta
investigada.
3. Fundamentos de la acción
Los demandantes presentan acción de tutela en la que piden el amparo
constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, vulnerados, supuestamente, por la sentencia de 30 de
mayo de 2024, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
revocó el fallo que había accedido a las pretensiones de la demanda de reparación
directa que promovieron contra la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación,
con el fin de que se les declarara administrativa y patrimonialmente responsables
por la presunta privación injusta de la libertad soportada por el señor Luis Andrés
Pérez.
Luego de hacer referencia al cumplimiento de los requisitos de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, aducen que, a su juicio, la sentencia
objetada incurre en i) defecto sustantivo por la inaplicación del precedente
vinculante del Consejo de Estado1 “sobre el valor del precedente judicial y la
prohibición de su aplicación retroactiva”, en el que, manifiestan, se ha establecido
1
Sentencia de septiembre 4 de 2017, rad. 2009-00295-01.
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Demandante: Luis Andrés Pérez y otros
que es deber del juez y la administración, al momento de identificar y construir la
norma de conducta y de juicio, aplicar los criterios jurisprudenciales vigentes para
la fecha de los hechos que fundan la controversia, pues estos hacen parte del marco
de legalidad histórica a ser observado, lo que también configuraría un defecto por
violación directa de la Constitución.
Sobre el particular, sostienen que, en su criterio, el caso ha debido ser fallado con
base en el precedente jurisprudencial que se encontraba vigente al momento de
interponer la demanda, contenido en la sentencia de la Sección Tercera,
Subsección “C” del Consejo de Estado de 31 de enero de 2011 2, según el cual los
casos por privación injusta de la libertad deben ser analizados desde la perspectiva
del título de imputación objetivo.
De otra parte, sostienen que la sentencia objetada incurre en ii) defecto fáctico,
por la indebida valoración de las pruebas obrantes, en tanto, en su sentir, no realizó
un análisis suficiente de los requisitos establecidos en el artículo 308 del Código de
Procedimiento Penal para imponer medida de aseguramiento, tal como lo refirió el
juzgado de primera instancia.
Específicamente, indicaron que del material probatorio se encontraba probado que
el daño fue antijuridico, pues las pruebas recaudadas por “la Fiscalía 18 Delegada”
indicaban que en el caso “no se lograba individualizar la participación de los
denominados vigilantes, pues lo que se evidencia es que dentro de la investigación
de la fiscalía esta solo encontró, ante prueba de inspección judicial que, un vigilante
de apellido HOYOS, era el que tapaba la cámara para ingresar el vehículo y sacar
el producto, luego entonces, resultaba desproporcionado e incluso arbitrario que se
haya librado una medida de aseguramiento contra mi representado señor LUIS
ANDRES PEREZ, pues no resulta congruente que por el solo hecho de trabajar
como vigilante ello fuese un indicio grave de haber perpetrado una conducta penal
o que hubiese participado en la comisión de algún delito”.
Añadieron que en el caso se dejaron de lado las sentencias penales absolutorias y
la sentencia administrativa de primera instancia, pues, “recurriendo a los
precedentes” se determinó que “el solo hecho de haber sido absuelto no por ello
nace automáticamente el derecho a recibir indemnización de parte del Estado por
la privación de la libertad”, aun cuando, alega, en aquellas se dejó sentado que “el
solo hecho de haber laborado como vigilante y en algunos casos en los eventos de
la presunta sustracción de combustible, sin precisar la hora, pudiera ser considerado
por sí solo como un indicio que, junto con unas planillas de turno pudiera
argumentarse por la fiscalía y menos podía el juez de garantías tenerlo como
referencia para autorizar la medida de aseguramiento que le produjo a mis clientes
el daño antijurídico que se pide del Estado su reparación”.
Indican que en la sentencia de primera instancia el juez de la reparación directa
encontró configurado un daño antijurídico imputable a la Rama Judicial, citando para
ello la sentencia de 17 de octubre de 2013 de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, “del 28 de agosto de 2014”, y lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 270
de 1996, “a las que el tutelante se acoge por cuanto son estas las que estaban
vigentes al momento de los hechos, lo anterior sin perjuicio de lo establecido en las
sentencias SU-363 de 2021, en consonancia con la Sentencia SU-072 de 2018”.
2
C.P. Enrique Gil Botero.
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Demandante: Luis Andrés Pérez y otros
4. Trámite procesal
Por auto de 9 de octubre de 2024, la Sección Primera del Consejo de Estado admitió
la demanda de tutela y ordenó notificar a los accionantes y a la autoridad judicial
accionada. Igualmente, al Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Cali, a la
Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial, como terceros interesados en el
resultado del proceso.
5. Oposición
5.1. Respuesta del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
El ponente de la decisión objetada rindió informe en el que solicitó que se declarara
la improcedencia de la acción, por cuanto, adujo, lo pretendido por la parte actora
es crear una tercera instancia dentro del proceso ordinario en beneficio de sus
intereses, pese a que la providencia controvertida se encuentra respaldada por las
normas y la jurisprudencia aplicable al asunto.
De otra parte, adujo que la improcedencia también debe declararse porque no se
cumple con el requisito de inmediatez, ya que la sentencia de 30 de mayo de 2024
fue notificada a la parte actora en esa misma fecha, y tan solo hasta el 7 de octubre
de la presente anualidad fue radicada la tutela, “esto es, más de seis meses después
de tener conocimiento de su contenido, lo cual desvirtúa la urgencia y necesidad
con la cual se respalda la solicitud de amparo”.
5.2. Respuesta del Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Cali
La titular del despacho rindió informe en el que informó que en el proceso de
reparación directa objeto de análisis dictó sentencia el 23 de mayo de 2017, decisión
que fue revocada por el Tribunal accionado en providencia de 30 de mayo de 2024,
encontrándose el expediente a despacho para obedecer y cumplir lo decidido por el
superior funcional.
5.3. Respuesta de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
El apoderado de la entidad solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la
causa por pasiva, toda vez que, señaló, no tiene injerencia alguna en las
pretensiones de la acción de tutela.
6. Sentencia de tutela impugnada
El Consejo de Estado, Sección Primera, en sentencia de 31 de octubre de 2024,
declaró improcedente la solicitud por falta del requisito de relevancia constitucional,
por cuanto, adujo, la controversia que proponen los actores implica la reapertura de
un asunto que ya fue resuelto en sede ordinaria y del cual se pretende constituir una
instancia adicional.
Luego de transcribir apartes de la sentencia objetada, sostuvo que de esta se extrae
que las inconformidades expuestas en el escrito de tutela, además de que carecen
de una perspectiva constitucional en la medida en que su solución se deriva de la
interpretación que los accionantes pretenden que se dé a las pruebas y a la
jurisprudencia dispuesta para el asunto, fueron resueltas por la autoridad judicial
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05379-01
Demandante: Luis Andrés Pérez y otros
accionada en la sentencia cuestionada, por lo que la solicitud de tutela es
improcedente.
7. Escrito de impugnación
Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, los
accionantes impugnaron el fallo de primera instancia y solicitaron que se revocara,
en escrito en el que sostienen que la solicitud sí cumple con el requisito de
relevancia constitucional, por cuanto en esta se adujo la configuración de un defecto
sustantivo por la inaplicación de los precedentes jurisprudenciales vigentes para la
época de los hechos y la aplicación de precedentes posteriores “que evidentemente
contrarían la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y allí es donde nace la
relevancia constitucional del caso”.
Aducen que la decisión sobre la reparación directa reclamada debía tener como
referencia jurisprudencial el precedente judicial vigente para la época de la
interposición de la demanda, contenido en la sentencia de 17 de octubre de 2013
del Consejo de Estado, y no el actual, al que recurrió el juez accionado, “partiendo
entonces de unas circunstancias subjetivas que, por supuesto vulneran en grado
sumo el debido proceso del actor, pues al analizarse los hechos que fueron materia
de proceso resultaba claro que el juzgamiento por privación injusta de la libertad en
aplicación debía establecerse partiendo de un título imputación objetivo, teniendo
en cuenta la posición consolidada del propio Consejo de Estado”.
Finalmente, reiteraron los argumentos elevados en la solicitud de amparo, relativos
a la prohibición de la aplicación retroactiva de un precedente judicial.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.
2. Planteamiento del problema jurídico
Corresponde a la Sala, en los términos del escrito de impugnación, determinar si
revoca la decisión de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela
por falta del requisito de relevancia constitucional, y de encontrar cumplidos los
restantes requisitos generales de procedibilidad, si la sentencia de 30 de mayo de
2024 emanada del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió en
desconocimiento del precedente judicial y fáctico.
3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las
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Demandante: Luis Andrés Pérez y otros
obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos3 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos Civiles
y Políticos4, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud del
bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).
Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 20125, acogió la tesis de admitir
la procedencia excepcional de la solicitud de tutela contra providencias judiciales,
cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.
Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 6,
precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias judiciales,
lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de
sus máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden
eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”. En la misma
decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que sistematizó
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20057.
Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al
alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es
decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado
a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que
esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los
siguientes: (i) Defecto orgánico8; (ii) Defecto procedimental absoluto9; (iii) Defecto
fáctico10; (iv) Defecto material o sustantivo11; (v) Error inducido12; (vi) Decisión sin
3
Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972.
4
Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968.
5
Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
6
Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
7
M. P. Jaime Córdoba Triviño.
8
Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de
competencia para ello.
9
Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
10
Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
11
Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
12
Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
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Demandante: Luis Andrés Pérez y otros
motivación13; (vii) Desconocimiento del precedente14 y (viii) Violación directa de la
Constitución15.
Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los
requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese
examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el
interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del
Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo16 y de la Corte Constitucional17.
En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo
excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa juzgada
y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez natural,
atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al momento de
estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.
4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. Contrario a lo decidido por el a quo, el asunto bajo examen cumple el
requisito de relevancia constitucional y los restantes generales de
procedencia
La Sección Primera del Consejo de Estado en sentencia de 31 de octubre de 2024,
declaró improcedente la solicitud por falta del requisito de relevancia constitucional,
por cuanto, señaló, los argumentos que presentan los accionantes no tienen la
entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental y, por el contrario, se circunscriben a discutir
nuevamente el debate zanjado en el proceso ordinario, en el que se concluyó de
manera razonable que se cumplían los supuestos normativos y jurisprudenciales
para negar la solicitud de indemnización por privación injusta de la libertad del señor
Luis Andrés Pérez.
Contrario a lo considerado por el juzgador de primera instancia, para la Sala (i) la
acción de tutela cumple el presupuesto de la relevancia constitucional, pues debe
definirse si se vulneraron al accionante los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, con la sentencia de 30 de mayo
de 2024, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca revocó la
decisión favorable de primera instancia, en el marco del medio de control de
reparación directa que interpusieron contra la Rama Judicial y la Fiscalía General
de la Nación, por la privación de la libertad que soportó el señor Pérez, con ocasión
13
Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.
14
Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario
aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para
garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
15
Esas consideraciones se han reiterado por la Corte Constitucional en las sentencias SU-114 de 2023 y SU-
061 de 2023, M. P. Diana Fajardo Rivera y SU-241 de 2024, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
16
Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01),
Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01), Sentencia
del 24 de noviembre de 2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01, Sentencia
del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.
17
Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortiz
Delgado, SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos
y SU-874 de 2014, M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05379-01
Demandante: Luis Andrés Pérez y otros
del proceso penal que afrontó sindicado del delito de apoderamiento de
hidrocarburos, biocombustible o sus derivados en concurso homogéneo y sucesivo.
Dadas las particularidades del caso, en el que en segunda instancia se revocó el
fallo favorable, los actores no tuvieron la oportunidad de promover en sede ordinaria
la discusión de la que reclaman la vulneración de sus derechos fundamentales en
la presente acción, lo que justifica su estudio de fondo en esta sede, aunado al
hecho de que la solicitud cumple con la carga argumentativa mínima para ese
efecto.
De igual forma, se observa que en el caso no se propone un debate de estricta
legalidad, sino que la discusión planteada se orienta a determinar si la autoridad
judicial accionada incurrió en los mencionados defectos, lo que conllevaría, de
encontrarse acreditados, la vulneración de garantías iusfundamentales.
(ii) Los accionantes no cuentan con otro medio de defensa judicial, pues en el trámite
judicial finalizó con la decisión proferida en el marco del recurso de apelación
presentado contra la sentencia de 23 de mayo de 2017, proferida por el Juzgado
Doce Administrativo del Circuito de Cali, y se observa que no se configura ninguna
de las causales de procedencia del recurso extraordinario de revisión, (iii) contrario
a lo manifestado por el Tribunal accionado, se cumple el requisito de la inmediatez,
toda vez que la providencia objetada fue notificada mediante correo electrónico
enviado el 30 de mayo de 2024 y la acción de tutela se presentó el 7 de octubre de
2023, esto es, cuatro (4) meses y cinco (5) días después, dentro del término
prudencial precisado por esta Corporación y la Corte Constitucional18; (iv) se
identificaron de manera razonable los hechos que generaron la supuesta
vulneración de los derechos fundamentales y (v) la acción no se dirige contra un
fallo de tutela.
Se advierte, entonces, que se han superado los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales, por lo que la Sala entrará a
efectuar el estudio de fondo del asunto bajo consideración.
4.2. La providencia objetada no incurrió en los defectos fáctico y por
desconocimiento del precedente judicial endilgados
4.2.1. Los accionantes consideran que la sentencia de 30 de mayo de 2024,
mediante la cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca revocó el fallo que
había accedido a las pretensiones de la demanda, para en su lugar negarlas, en el
marco del medio de control de reparación directa que promovieron contra la Rama
Judicial y la Fiscalía General de la Nación, incurre en i) desconocimiento del
precedente judicial por la aplicación del desarrollado en la sentencia SU-072 de
2018 de la Corte Constitucional en la resolución del caso, aun cuando la demanda
fue presentada el año 2014 y admitida en octubre 16 de 2014, época para la cual
se encontraba vigente el precedente establecido en la sentencia de 17 de octubre
de 2013 del Consejo de Estado19 que establecía la aplicación del régimen objetivo
de responsabilidad en los casos de privación injusta de la libertad, y en ii) defecto
fáctico, por la indebida valoración de las pruebas obrantes, en específico i) de los
requisitos establecidos en el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal para
18
Expediente: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera. M.P.: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
19
Rad. 68001233100020090029501 68001233100020090029501.
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05379-01
Demandante: Luis Andrés Pérez y otros
imponer medida de aseguramiento, y ii) de las sentencias penales absolutorias y la
sentencia administrativa de primera instancia.
4.2.2. La Corte Constitucional ha dicho que la aplicación del precedente judicial
implica que20: «un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con
el(los) caso(s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso
pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso
del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado,
constituye la pretensión del caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido
cambiada o ha evolucionado en una distinta o más específica que modifique algún
supuesto de hecho para su aplicación».
El precedente judicial es de dos tipos: (i) el horizontal, que incluye las decisiones
que dictó el mismo juez u otro de igual jerarquía, y (ii) el vertical, que está
conformado por las decisiones de los jueces de superior jerarquía, en especial, las
decisiones de los órganos de cierre de cada jurisdicción.
En cuanto al precedente vertical, la Corte Constitucional ha dicho que el respeto por
las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía -y, en especial, de los
órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones- no constituye una facultad
discrecional del funcionario judicial, sino que es un deber de ineludible
cumplimiento. Es decir, para garantizar un mínimo de seguridad jurídica y el derecho
a la igualdad, los funcionarios judiciales se encuentran vinculados a la regla
jurisprudencial que haya fijado el órgano de cierre de cada jurisdicción.
En resumidas cuentas, para examinar la procedencia de la tutela contra
providencias judiciales, por desconocimiento del precedente judicial, se deben
observar las siguientes reglas21:
1. El demandante debe identificar el precedente judicial que se habría desconocido y
exponer las razones por las que estima que se desconoció 22.
2. El juez de tutela debe confirmar la existencia del precedente judicial que se habría dejado
de aplicar. Esto es, debe identificar si de verdad existe un caso análogo ya decidido.
3. Identificado el precedente judicial, el juez de tutela debe comprobar si se dejó de aplicar.
4. Si, en efecto, el juez natural dejó de aplicarlo, se debe verificar si existen diferencias
entre el precedente y el conflicto que decidió, o si el juez expuso las razones para
apartarse del precedente judicial. Si existen diferencias no habrá desconocimiento del
precedente judicial. Aunque los casos sean similares, tampoco habrá desconocimiento
del precedente si el juez expone las razones para apartarse.
5. El precedente judicial vinculante es aquel que se encuentra ligado a la razón central de
la decisión (ratio decidendi). La razón central de la decisión surge de la valoración que
el juez hace de las normas frente a los hechos y el material probatorio en cada caso
concreto23.
20
Sentencia T-158 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
21
Sobre el tema, ver entre otras, la sentencia T-482 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
22
La Corte Constitucional ha dicho: “la existencia de un precedente no depende del hecho de que se haya
dictado una sentencia en la cual se contenga una regla de derecho que se estime aplicable al caso. Es
necesario que se demuestre que efectivamente es aplicable al caso, para lo cual resulta indispensable que se
aporten elementos de juicio –se argumente- a partir de las sentencias. Quien alega, tiene el deber de indicar
que las sentencias (i) se refieren a situaciones similares y (ii) que la solución jurídica del caso (su ratio
decidendi), ha de ser aplicada en el caso objeto de análisis. También podrá demandarse la aplicación del
precedente, por vía analógica” (se destaca).
23
Para la Corte Constitucional, la ratio decidendi es “la formulación general, más allá de las particularidades
irrelevantes del caso, del principio, regla o razón general que constituyen la base de la decisión judicial
específica. Es, si se quiere, el fundamento normativo directo de la parte resolutiva”. Ver, por ejemplo, la
sentencia T-443 de 2010.
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Demandante: Luis Andrés Pérez y otros
6. Si no se acató el precedente judicial la tutela será procedente para la protección del
derecho a la igualdad, la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la garantía de la
confianza legítima.
4.2.3. Conforme con los alegatos que sustentan el defecto por desconocimiento del
precedente judicial alegado, conforme con el cual este se configura por no tener en
cuenta lo establecido en la sentencia de 17 de octubre de 201324, la Sala aclara que
para la época en que se profirió la sentencia censurada -30 de mayo de 2024 -, el
precedente constitucional aplicable era el contenido en la sentencia SU-072 de
2018, proferida por la Corte Constitucional y acogida por la mayoría de las
subsecciones de la Sección Tercera del Consejo de Estado, misma que fue tenida
en cuenta por la autoridad judicial accionada en la resolución de la controversia.
En la mencionada sentencia SU-072 de 2018, no se afirmó que hubiese una fórmula
automática conforme con la cual los casos de privación de la libertad en los que se
desvirtuaran las circunstancias que inicialmente dieron paso a la aplicación de la
medida de aseguramiento debieran ser estudiados con base en el régimen objetivo
de responsabilidad, sino que, al contrario, se dejó abierta la posibilidad para que
fuera el juez administrativo el que, en virtud del principio iura novit curia, definiera
en cada caso el título de imputación que se adaptara mejor según sus
particularidades como, en efecto, se resolvió el caso bajo análisis.
Dicho fallo constituyó un cambio de posición frente a la condena automática en los
casos en los que no se lograba demostrar que el acusado fuera responsable de la
conducta punible, al desarrollar la aplicación del principio iura novit curia.
Del análisis de la sentencia objetada, la Sala observa que la regla jurisprudencial
contenida en el precedente judicial vinculante, esto es, que fuese el juez el que
definiera en cada caso el título de imputación que se adaptara mejor según sus
particularidades, sí fue observada, pues la solución se adoptó con base en la
consideración de que el título aplicable era el de falla probada del servicio, en la
medida en que la absolución devino de la aplicación del principio del in dubio pro
reo, falla que no se encontró probada dado que “para el primer momento en que se
hizo análisis de la procedencia de la medida de aseguramiento, con posterioridad
a la captura del señor LUÍS ANDRES PEREZ, sí se cumplían los requisitos para su
imposición, pues para dicha etapa inicial del proceso, las pruebas con las que
contaba la FISCALÍA no habían sido objeto de ninguna retractación o de
circunstancias que les restara credibilidad”.
Respecto de la jurisprudencia vigente sobre la materia, la autoridad judicial
accionada, en la sentencia objeto de tutela, manifestó que, conforme con el
mencionado pronunciamiento de unificación, el Consejo de Estado replanteó la
tesis de responsabilidad objetiva, estableciendo nuevas reglas para el análisis de
responsabilidad en estos asuntos con base en los siguientes elementos: i) la
antijuridicidad del daño alegado –privación de la libertad-, bajo la égida del artículo
90 constitucional; ii) si el reclamante, con su conducta dolosa o gravemente culposa
desde la perspectiva civil, dio lugar a la apertura de la investigación penal
adelantada en su contra y la consecuencial imposición de la medida privativa de la
libertad, examen que el juez debe realizar aún de oficio, y iii) de no evidenciarse
culpa grave o dolo en la conducta del actor, determinar cuál es la entidad u
organismo llamado a reparar el daño.
24
Expediente 23.354. M.P Mauricio Fajardo Gómez.
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Allí explicó que en dicha jurisprudencia se aclaró también que la determinación del
título de imputación en este escenario es un resorte que debe determinar el juez en
cada caso concreto, en ejercicio de la máxima de autonomía que le asiste y en
virtud del principio iura novit curia, explicando de forma motivada las razones que
le asisten para ello, conforme lo alegado en la demanda y lo probado en el proceso,
por lo que “si bien en un estado temprano de la investigación, la comprobación de que el
hecho no existió o que la conducta era atípica resulta una labor más acorde con la actividad
del ente que recauda pruebas, en cuanto evita decisiones irracionales o
desproporcionadas, no ocurre lo mismo cuando se trata de valorar si el acusado cometió
el ilícito, pues para llegar a ésta última conclusión, se demanda de un ejercicio valorativo
propio de la etapa del juicio, por lo que bien puede en ese estado temprano arrimarse a un
título objetivo de imputación, mas no en el estado posterior (…)”.
Posteriormente, al momento de estudiar el caso concreto, la autoridad judicial
accionada aplicó la regla jurisprudencial vigente, así:
“Ahora bien, en el presente caso ocurrió que la FISCALÍA solicitó la imposición de
medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra el señor LUIS ANDRES
PEREZ, y al cual le fue concedida la medida de aseguramiento preventiva de la libertad
domiciliaria, de conformidad con el numeral 1° del artículo 314 del CPP, el cual indica
que para la sustitución de la detención preventiva en establecimiento carcelario por la
reclusión en el lugar de residencia el juez debía evaluar elementos como la vida
personal, laboral, familiar o social del imputado.
Al respecto, se tiene que en esa diligencia se cumplió el criterio de legalidad, ya que la
medida de aseguramiento, contemplada en el artículo 306 de la Ley 906 de 2004, se
hizo en cumplimiento de los requisitos exigidos en los artículos 308, 310, y 313 del
CPP. Según los medios probatorios obrantes en el proceso, el juez pudo tener
conocimiento del respaldo probatorio que tenía la FISCALÍA para solicitar dicha medida
que se componía de la información suministrada por una persona sobre la existencia
de un grupo de personas dedicadas al hurto de combustible en el municipio de Yumbo
dentro de la planta mayorista conjunta EXXSON MOBIL CHEVRON TEXACO ubicada
contigua a la terminal de ECOPETROL Yumbo. (…)
Por lo anterior, se inició investigación penal, realizando varias diligencias de inspección
judicial, entre ellas, en el Centro de Control Maestro de Operaciones de ECOPETROL
en Bogotá, en la cual se pudo evidenciar el sistema de datos por el cual la terminal de
Yumbo reporta las variables cuando se entrega el producto, esta información es
enviada al HMI y esta a su vez la envía a otro computador PLC y finalmente se envía
a Bogotá.
Que, en la diligencia se pudo establecer que se encontraban comprometidos personal
de ECOPETROL, por ser los encargados de recibo y entrega del producto, también
personal de la empresa EXXON MOBIL CHEVRON TEXACO ya que las pérdidas se
presentan cuando se hace la entrega del producto a esta empresa. (…)
Por lo anterior, se realizó inspección judicial a la empresa EXXON MOBIL CHEVRON
TEXACO, donde se obtuvo la relación de los operadores y vigilantes que se
encontraban laborando los días en que habían sucedido los eventos ilícitos, entre los
vigilantes apareció el señor LUIS ANDRES PEREZ.
De los elementos señalados en líneas atrás, lo cual lo llevó a inferir de manera
razonada que el señor LUIS ANDRES PEREZ podía ser autor o participe de la
conducta delictiva que se investigaba, como lo era el apoderamiento de
hidrocarburo, sus derivados, biocombustibles o mezclas que lo contengan, con
las circunstancias de concurso homogéneo y sucesivo de las conductas
punibles. En este punto es preciso advertir que, para este punto del proceso
penal no se exige una certeza más allá de toda duda, ya que este último requisito
se depreca para sentencia condenatoria.
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Demandante: Luis Andrés Pérez y otros
En suma, el funcionario judicial encontró necesaria la medida por el cumplimiento de
los elementos subjetivos, como lo fue determinar que podía ser un peligro para la
sociedad, por cuanto se presentaba una continuación en su actividad delictiva.
Debe decirse que, como factor objetivo para la imposición de la medida, se tuvo
en cuenta lo dispuesto en el artículo 313 numeral 2º del CPP, consistente en que
era un delito investigable de oficio al tratarse de apoderamiento de hidrocarburo,
sus derivados, biocombustibles o mezclas que lo contengan, y su pena excedía
los cuatro años de prisión.
Por lo anterior, se considera que la FISCALÍA cumplió con la carga que se le
impone en el artículo 306 del CPP, pues la solicitud de medida de aseguramiento
estuvo debidamente sustentada en aspectos como la determinación de los
elementos de conocimiento necesarios para la imposición de la medida y la
urgencia de la misma, los cuales fueron acogidos por el Juez de Control de
Garantías.
En este punto debe advertirse que, en la etapa posterior, específicamente
encontrándose en juicio oral el proceso penal, tan sólo hasta la precitada etapa del
proceso penal el juez de conocimiento pudo evaluar en conjunto las pruebas
recaudadas y practicadas en la audiencia, pues el proceso tuvo que llegar hasta su fin,
y proferir sentencia en la cual se llegó a la conclusión de absolver al señor PEREZ.
Es por este motivo que, tal situación no desvirtúa que para el primer momento en que
se hizo análisis de la procedencia de la medida de aseguramiento, con posterioridad a
la captura del señor LUIS ANDRES PEREZ, sí se cumplían los requisitos para su
imposición, pues para dicha etapa inicial del proceso, las pruebas con las que contaba
la FISCALÍA no habían sido objeto de ninguna retractación o de circunstancias que les
restara credibilidad”.
Conforme con lo anterior, en la sentencia objetada la autoridad judicial accionada,
observando el precedente judicial vinculante, aplicó el régimen subjetivo de
responsabilidad, del que concluyó que la privación de la libertad soportada por el
señor Pérez no fue injusta, en tanto la decisión que en su momento dio lugar a la
restricción de la libertad que soportó fue proferida con observancia de las normas
procesales vigentes para la época de su expedición y no vulneró el debido proceso,
por lo que no había lugar a la declaración de responsabilidad de las demandadas.
Es decir, la autoridad judicial accionada efectuó el estudio de la medida de
aseguramiento en los términos de la sentencia SU-072 de 2018 de la Corte
Constitucional, precedente judicial aplicable, y la regla jurisprudencial allí
establecida respecto de la coexistencia de títulos de imputación de carácter objetivo
y subjetivo en el análisis de los casos de privación injusta de la libertad, y su relación
con el principio iura novit curia, sí fue observada en la sentencia censurada, en la
que el juez de conocimiento aplicó el régimen subjetivo de responsabilidad en el
marco de autonomía que le otorga el mencionado principio, por lo que el defecto
endilgado por desconocimiento del precedente judicial no se configura.
4.2.4. Por otra parte, el actor señala que la providencia objetada incurre en defecto
fáctico, por la indebida valoración de las pruebas obrantes, en específico i) de los
requisitos establecidos en el artículo 308 del CPP para imponer medida de
aseguramiento, y ii) de las sentencias penales absolutorias y la sentencia
administrativa de primera instancia, en las que, sostiene, se dejó sentado que “el
solo hecho de haber laborado como vigilante y en algunos casos en los eventos de
la presunta sustracción de combustible, sin precisar la hora, pudiera ser considerado
por sí solo como un indicio que, junto con unas planillas de turno pudiera
argumentarse por la fiscalía y menos podía el juez de garantías tenerlo como
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referencia para autorizar la medida de aseguramiento que le produjo a mis clientes
el daño antijuridico que se pide del Estado su reparación”.
En torno al defecto fáctico, la Corte Constitucional ha considerado que se
configura cuando “(…) se hayan dejado de valorar pruebas legalmente aducidas al
proceso, o que en la valoración de las pruebas legalmente practicadas se haya
desconocido manifiestamente su sentido y alcance y, en cualquiera de estos casos,
que la prueba sobre la que se contrae la vía de hecho tenga tal trascendencia que
sea capaz de determinar el sentido de un fallo. Sólo bajo esos supuestos es posible
la tutela de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, de manera que cuando los mismos no satisfagan estas
exigencias, no procede el amparo constitucional pues se trata de situaciones que
se sustraen al ámbito funcional de esta jurisdicción”.
Así mismo, ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse un
defecto fáctico: 1) una dimensión negativa que ocurre cuando el juez niega o valora
la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin
razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma
emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende las omisiones en la
valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados por el juez; 2) una dimensión positiva, que se presenta generalmente
cuando el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en
la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo,
fueron indebidamente recaudadas y al hacerlo el fallador desconoce la
Constitución25, o cuando da por establecidas circunstancias sin que exista material
probatorio que respalde su decisión26.
Es decir que, dado el carácter restringido y excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales, no corresponde al juez constitucional reabrir el debate
probatorio o de la interpretación de las normas legales utilizadas para resolver el
caso. Por lo tanto, su labor se limita a evidenciar aquellos errores manifiestos del
fallo, que lo hacen incompatible con los derechos fundamentales.
4.2.5. Para la Sala, el defecto fáctico alegado no se configura, en tanto, como se
observó, i) en la sentencia objetada sí se analizaron los requisitos establecidos en
la norma aplicable para la imposición de la medida de aseguramiento, de los que se
determinó que la misma atendió a los criterios de necesidad, proporcionalidad y
racionalidad establecidos para ese efecto en la norma procesal penal, y ii) las
sentencias penales allegadas al proceso sí fueron valoradas, a pesar de lo cual la
autoridad judicial accionada, del análisis de las pruebas obrantes y la jurisprudencia
aplicable, determinó que la privación de la libertad en el caso no había sido injusta,
por lo que las conclusiones a las que arribó a partir de dichas pruebas no se
observan caprichosas o sin falta de fundamento, ni de las mismas se puede predicar
la vulneración de los derechos fundamentales invocados como transgredidos.
En efecto, como ya lo ha expresado reiteradamente esta Sala27, las valoraciones
que se efectúan en el proceso penal son distintas a aquellas que se hacen en el
contencioso administrativo, pues en el primero van encaminadas a determinar si la
25
Sentencia T-781 de 2011. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
26
Sentencia SU-453 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
27
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 22 de mayo de 2019, exp. Nº 11001-03-15-000-2018-
04479-00, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; sentencia de 5 de marzo de 2020, exp. N º 11001-03-
15-000-2019-05114-00, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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conducta es típica, antijurídica y culpable, mientras que en el contencioso en los
casos de privación injusta de la libertad, se realiza un análisis con elementos de
juicio propios del dolo y la culpa civil, a tal punto que el hecho de que no se declare
la responsabilidad penal, no establece per se la responsabilidad del Estado.
Sobre el particular, la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado ha
precisado que al juez de la responsabilidad no le corresponde desvirtuar la
presunción de inocencia sino analizar la culpa civil, de modo que existe una
“separación entre la investigación penal y la absolución y la indemnización que debe
ordenar el juez de la responsabilidad del Estado, esto último siguiendo los
parámetros del artículo 90 Constitucional bajo los lineamientos de los artículos 2, 83
y 95 del mismo ordenamiento”28.
En ese mismo sentido, la Subsección “C” de la Sección Tercera de esta
Corporación29, indicó que:
“El Juez Administrativo tiene la posibilidad de apartarse de la sentencia penal, o
su equivalente, ya que no tiene incidencia ni efectos de cosa juzgada en el
proceso de reparación directa que se adelanta ante esta jurisdicción por cuanto
“…(i) las partes, el objeto y la causa en ambos procesos son diferentes: a través
del ejercicio de la acción penal, el Estado pretende la protección de la sociedad,
con la represión del delito y para ello investiga quién es el autor del mismo y cuál
su responsabilidad; a través del ejercicio de la acción de reparación, la víctima
del daño antijurídico pretende la indemnización de los perjuicios que le ha
causado el Estado con una acción que le sea imputable; (ii) los principios y
normas que rigen ambos procesos son, en consecuencia, diferentes, lo cual
incide, entre otros eventos en los efectos de las cargas probatorias, así: en el
proceso penal la carga de la prueba de la responsabilidad del sindicado la tiene
el Estado, quien deberá desvirtuar la presunción de inocencia que por mandato
constitucional ampara a todas las personas; en tanto que en la acción de
reparación directa, quien finalmente soporta los efectos adversos de la carencia
de prueba de los elementos de la responsabilidad estatal es el demandante, y
(iii) el fundamento de la responsabilidad del Estado no es la culpa personal del
agente, sino el daño antijurídico imputable a la entidad; de tal manera que
aunque se absuelva al servidor por considerar que no obró de manera dolosa o
culposa, en los delitos que admiten dicha modalidad, el Estado puede ser
condenado a indemnizar el daño causado, bajo cualquiera de los regímenes de
responsabilidad y, en cambio, el agente puede ser condenado penalmente, pero
el hecho que dio lugar a esa condena no haber tenido nexo con el servicio.
Adicionalmente, se observa que la responsabilidad patrimonial del Estado no
constituye el efecto civil de un ilícito penal, por eso, no son aplicables las normas
relacionadas con los efectos de la sentencia penal absolutoria sobre la
pretensión indemnizatoria que se formule en proceso separado del penal. Ello
por cuanto la responsabilidad del Estado, conforme a lo previsto en el artículo 90
de la Constitución, se genera en los eventos en los cuales se causa un daño
antijurídico imputable a la entidad demandada, al margen de que ese daño
hubiera sido causado con una conducta regular o irregular”30.
28
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B” sentencia de 10 de mayo de 2018, exp. Nº 27001-23-
31-000-2009-00163-01, C.P. Stella Conto Díaz Del Castillo.
29
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”, sentencia de 11 de julio de 2013, exp. Nº 66001-23-
31-000-2006-00083-01 (36.295) C.P: Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
30
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 10 de febrero de 2011, expediente 19123. En similar
sentido se encuentran las sentencias del 30 de julio de 2008, expediente 16572 y del 24 de marzo de 2011,
expediente 17993.
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De lo anterior se observa que, contrario a lo señalado por el accionante, los
requisitos establecidos en el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal para
imponer medida de aseguramiento y las sentencias penales absolutorias allegadas
al proceso fueron debidamente valoradas por la autoridad judicial accionada, quien
evidenció que la preclusión de la investigación se dio como consecuencia de la falta
de certeza de la responsabilidad del investigado con ocasión del debilitamiento de
la prueba con posterioridad a la imposición de la medida de aseguramiento, a pesar
de lo cual, consideró, dicha medida no era ilegal, pues se impuso en cumplimiento
de los criterios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad.
Esta Sala ha precisado que “la parte demandante no puede suponer que la
absolución de responsabilidad penal del investigado constituya per se un veredicto
automático de responsabilidad extracontractual del Estado, y que, en sede
contencioso administrativa, se deba declarar que existió un daño atribuible a la
administración, por la privación de su libertad. Al decidir esta clase de asuntos, el
juez administrativo no puede prescindir del análisis de los hechos que rodeó la
decisión de la privación de la libertad, se insiste, sin incidir en su ya declarada
ausencia de responsabilidad penal”31.
Por las razones anteriores, la Sala revocará la sentencia de 31 de octubre de 2024,
dictada por la Sección Primera del Consejo de Estado, en la que declaró
improcedente la acción de tutela por falta de relevancia constitucional y, en su lugar,
denegará las pretensiones de la acción de la acción de tutela interpuesta por el
señor Luis Andrés Pérez, quien actúa por intermedio de apoderado, contra el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
Primero.- REVOCAR la sentencia de 31 de octubre de 2024, dictada por la Sección
Primera del Consejo de Estado. En su lugar,
Segundo.- NEGAR las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por los
señores Luis Andrés Pérez, David Felipe Molina Pérez, María del Carmen Pérez y
María Ligia Giraldo Tobón, quienes actúan por conducto de apoderado judicial,
contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las razones aquí
expuestas.
Tercero.- NOTIFICAR esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible,
como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto.- PUBLICAR esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
31
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 5 de marzo de 2020, exp. Nº 11001-03-15-000-2019-05114-
00, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05379-01
Demandante: Luis Andrés Pérez y otros
Quinto.- REMITIR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta
el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
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