Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05386-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05386-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-05386-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
6 de noviembre de 2024
Radicación: 11-001-03-15-000-2024-05386-00
Accionante: Carlos Efrén Cáceres
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otro
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Bogotá, D. C., seis (6) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05386-00
Accionante: Carlos Efrén Cáceres
Accionados: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Tema: derecho de petición y acceso a la información. Subtema 1: peticiones
incompletas. Subtema 2: trámite administrativo para solicitar el pago de sentencias.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la
solicitud de amparo interpuesta por Carlos Efrén Cáceres en contra de la Rama
Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, (DEAJ), Grupo de Sentencias.
I. SÍNTESIS DEL CASO
Carlos Efrén Cáceres radicó escrito de tutela, el 7 de octubre de 2024, para obtener la
protección de sus derechos fundamentales de petición y al acceso a la información,
que adujo le fueron vulnerados por la Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la
Judicatura, DEAJ, Grupo de Sentencias, por no haber resuelto las solicitudes que
presentó el 2 de agosto y el 17 de septiembre de 2024.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos relevantes
A partir del escrito de tutela y demás elementos aportados por las partes en el trámite
constitucional, la Sala destaca los siguientes hechos:
Carlos Efrén Cáceres radicó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la Nación, Rama Judicial, DEAJ, con el
objeto de solicitar el reconocimiento de la bonificación judicial, como factor salarial, del
Decreto 384 de 2013, la cual fue tramitada en el expediente con el número de radicado
47001-33-33-003-2022-00152-00.
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Radicación: 11-001-03-15-000-2024-05386-00
Accionante: Carlos Efrén Cáceres
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otro
En primera instancia, el asunto correspondió conocerlo al Juzgado 403 Administrativo
Transitorio de Valledupar, autoridad que el 30 de marzo de 20231 profirió sentencia en
la que declaró nulos los actos administrativos demandados y, a título de
restablecimiento del derecho, condenó a la Nación, Rama Judicial, DEAJ, a que le
reconociera al señor Carlos Efrén Cáceres la bonificación judicial con el reajuste
correspondiente de las prestaciones sociales.
Inconforme con esta decisión, la parte demandada interpuso recurso de apelación, que
decidió el Tribunal Administrativo del Magdalena, sala de conjueces, en sentencia del
9 de mayo de 20242, en la que confirmó íntegramente el fallo de primera instancia.
El Juzgado Tercero Administrativo de Santa Marta, el 16 de julio de 20243, expidió una
certificación de ejecutoria de las providencias judiciales proferidas al interior del
proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho.
En consecuencia, el 2 de agosto de 20244, Claudia Patricia Carvajal Agudelo, en su
condición de apoderada de Carlos Efrén Cáceres, radicó escrito ante la Nación, Rama
Judicial, DEAJ, Grupo de Sentencias, en el que solicitó que se diera cumplimiento a lo
ordenado en las providencias proferidas al interior del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. En este escrito, manifestó, bajo juramento, que no había
iniciado la acción ejecutiva ya que la obligación contenida en la decisión judicial aún
no era exigible de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011, y pidió que la
notificación se surtiera a la dirección electrónica clausagi2@gmail.com.
Sin embargo, del correo electrónico aportado a esta instancia constitucional como
constancia de radicación de la petición, solo se visualiza que en este se anexó, entre
otros documentos, un auto admisorio, una cédula y una certificación expedida por
Bancolombia, y que este se envió a las direcciones del Grupo de Sentencias y de la
mesa de entrada de la DEAJ, SIGOBIUS.
Un formato idéntico de correo electrónico, con igual contenido visible, fue enviado por
el mismo remitente a las direcciones electrónicas pertenecientes al nivel central de la
DEAJ el 17 de septiembre de 20245. También obra en este expediente constancia de
EFINÓMINA con los datos del proceso ordinario, como la fecha de admisión de esta
demanda, el número de la sentencia, el expediente núm. EP2332 y el estado «Pre
revisión documental».
El Grupo de Sentencias de la Unidad de Asistencia Legal de la DEAJ remitió, el 11 de
octubre de 20246, respuesta dirigida a Claudia Patricia Carvajal Agudelo a la dirección
de correo electrónico clausagi2@gmail.com, en la que le informó que la cuenta de
cobro radicada el 16 de septiembre de 2024 con el número de gestión documental
1 Samai, exp. 11-001-03-15-000-2024-05386-00, índice 2, certificado 49A3A5DB9CAB3673 757F1610CB7F8C48
2F369BBB19F628AB 84B1D35426ACD91B.
2 Samai, exp. 11-001-03-15-000-2024-05386-00, índice 2, certificado FD060C5EDC0585BC BCED94D42EE7F5F6
079B07F447205573 96C7DDDFE155643D.
3 Samai, exp. 11-001-03-15-000-2024-05386-00, índice 2, certificado BB9D1F397A5D2DC4 2284A8DDFE932CA1
BAB96CF5211F1026 823902695556445C.
4 Samai, exp. 11-001-03-15-000-2024-05386-00, índice 2, certificado 4FA3AE25B868AC20 B1B700C89BA3085C
339102BAB63F0277 522E8DCB715112C3.
5
Samai, exp. 11-001-03-15-000-2024-05386-00, índice 2, certificado F8C678041948C9AF BB717D69157B18BE
99616DA6151C4512 590415E2B5922945.
6 Samai, exp. 11-001-03-15-000-2024-05386-00, índice 10, certificado 1956228174C4FFD4 BFE2455559F5EC5C
9A410D6E4E121268 451C80162776EA0C.
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EXTDEAJ24-36611, no ingresó al listado de turnos comoquiera que no cumplía con la
información y la documentación requerida.
También explicó que el turno consistía en la ubicación de la obligación en orden
cronológico de acuerdo con la fecha en la que se recibía, a cabalidad, la
documentación conforme lo dispone la Circular DEAJC-23-28, sin que ello implicara
que se le había asignado un número específico de turno.
Adicionalmente, con el fin de que avanzara el trámite de liquidación y pago de la
sentencia, le pidió que allegara la siguiente documentación al Grupo de Sentencias de
la DEAJ en la carrera 7 # 27-18 piso 14 de Bogotá, de acuerdo con los requisitos
dispuestos en el capítulo 5, artículo 2.8.6.5., del Decreto 2469 del 22 de diciembre de
2015 y demás normas concordantes:
1. Diligenciar el formulario de beneficiario cuenta SIIF – Nación, a nombre de
cada uno de los beneficiarios de la sentencia mayores de edad y del apoderado,
independiente que los primeros no reciban el pago de la sentencia directamente.
(ANEXO). Indicando claramente dirección de domicilio, teléfono de contacto y
correo electrónico.
2. Aportar fotocopia del documento de identidad de cada uno de los beneficiarios
de la Sentencia u/o Conciliaciones y la del apoderado ampliada al 150% y legible
(si son mayores de 7 años aporta de la tarjeta de identidad, en caso se menores
de 7 años registro civil de nacimiento)7.
Ahora bien, la DEAJ expidió el oficio núm. DEAJALO24-14821 del 16 de octubre de
20248 dirigido a Carlos Efrén Cáceres como contestación a las solicitudes que este
último radicó el 2 de agosto y el 17 de septiembre de 2024.
En esa oportunidad, le reiteró la respuesta de fecha 11 de octubre de 2024 según la
cual los documentos para tramitar el pago de su sentencia estaban incompletos, por
lo que lo previno para que aportara en un mes la información relacionada en el capítulo
5, artículo 2.8.6.5., del Decreto 2469 del 22 de diciembre de 2015 y en la Circular
DEAJ23-28 del 15 de junio de 2023, de modo que, si no allegaba esta información,
tendría por desistida la solicitud en los términos del artículo 17 de la Ley 1437 de 2011.
Aclaró que, para todos los efectos, suministraba esa contestación en acatamiento del
artículo 19, inciso segundo, de la Ley 1437 de 2011 relacionado con las peticiones
reiterativas, de ahí que la solicitud inicialmente presentada el 2 de agosto de 2024, que
fue reiterada el 17 de septiembre siguiente con gestión documental núm. EXTDEAJ24-
36611, fue resuelta el 11 de octubre de 2024. Al señor Carlos Efrén Cáceres se le
envió este documento el 16 de octubre de 2024 a las direcciones electrónicas
clausagi2@gmail.com y ccacere@cendoj.ramajudicial.gov.co.
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
La parte actora solicitó en el escrito de tutela lo siguiente:
7 Se transcribe incluso con errores de texto.
8 Samai, exp. 11-001-03-15-000-2024-05386-00, índice 10, certificado D4DC96E3E42A6C43 B085F592F14D7047
E07F4CCC03A3CE63 1698D08332D9D845.
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[S]e sirva a ordenar a: Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial y al Grupo de Sentencias de la Dirección Ejecutiva
o a quien corresponda, brindar información Clara, Precisa y Oportuna, que dé solución
de Fondo a lo requerido por mí en cuanto al Tramite de SOLICITUD DE PAGO DE
SENTANCIA (sic) del empleado CARLOS EFREN CACERES, porque de esta
respuesta esta condicionado que se restablezca el derecho de que me promedien la
BONIFICACION JUDICIAL para el pago de prestaciones sociales9.
Como fundamento de sus pretensiones, afirmó que la Nación, Rama Judicial, DEAJ,
Grupo de Sentencias, no ha dado respuesta a las solicitudes presentadas con el objeto
de conocer el estado en el que se encuentra el proceso de cobro de la sentencia, con
lo cual le está causando una afectación a sus derechos fundamentales de petición y
de acceso a la información.
2.3. Trámite procesal
El despacho ponente de la Subsección B de la Sección Segunda de esta corporación,
mediante auto del 9 de octubre de 202410 admitió la solicitud de amparo y vinculó al
Juzgado Tercero Administrativo de Santa Marta y al Tribunal Administrativo del
Magdalena.
2.4. Intervenciones
Luego de efectuadas las notificaciones de rigor11, se recibieron las siguientes
intervenciones dentro del término de traslado:
La Unidad de Asistencia Legal de la DEAJ12 expresó que el 11 de octubre de 2024
atendió las peticiones presentadas por el actor y que el 16 de octubre del mismo año
le envió respuesta en oficio DEAJALO24-14821 en el cual le reiteró la contestación del
11 de octubre de 2024 y le precisó que los documentos que había aportado para el
trámite de pago de la sentencia estaban incompletos. Por esta razón, pidió que se
negara el amparo porque no se violaron los derechos fundamentales y,
subsidiariamente, que se declarara improcedente por carencia actual de objeto por
hecho superado.
La Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura13 adujo que carecía de
legitimación en la causa por pasiva para responder por el presente asunto
constitucional, por cuanto quien tiene la aptitud legal es la Unidad de Asistencia Legal
de la DEAJ, al ser la autoridad ante quien se interpuso la solicitud de pago de una
sentencia condenatoria proferida en contra de la Rama Judicial. En consecuencia,
pidió ser desvinculada de esta acción.
9 Se transcribe incluso con errores de texto.
10 Samai, exp. 11-001-03-15-000-2024-05386-00, índice 5, certificado BD97A04A111BF436 CCF4800EA8F00F25
9AA256CF4AA7F6C0 F142DFCF9B4B9277.
11 Samai, exp. 11-001-03-15-000-2024-05386-00, índice 8, certificado 65BBE9E4D62C9E0D 835F26FA3E4B9A92
1F2DCF94AFCCC86E 950A6EEE0FBDF180.
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Samai, exp. 11-001-03-15-000-2024-05386-00, índice 10, certificado 875930B0A19B01A6 305750B9A078A70E
907238CBFB424561 C2F56B20394645A9.
13Samai, exp. 11-001-03-15-000-2024-05386-00, índice 11, certificado BF4B1641F95E9CB6 BE796A35A1C3CE12
1334B41320DBC90E BCAF68BF7ED684C3.
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Por su parte, el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ)14 planteó la excepción
de falta de legitimación en la causa por pasiva y pidió su desvinculación de esta acción
constitucional, por ausencia de afectación de derechos fundamentales y por no ser la
llamada a responder por la afectación de las garantías superiores.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo
37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la presente
solicitud de amparo interpuesta por Carlos Efrén Cáceres, en contra de la Rama Judicial,
Consejo Superior de la Judicatura, DEAJ, Grupo de Sentencias.
3.2. Legitimación en la causa
La legitimación en la causa es uno de los requisitos de procedencia de la acción de
tutela que emana de una interpretación integral de los artículos 5, 10 y 13 del Decreto
2591 de 1991, de forma tal que se manifiesta en dos vertientes, una activa y otra
pasiva, condicionadas a si se trata de quien ejerce la acción de tutela, o ante quien es
factible dirigirla.
Así pues, en términos de la Corte Constitucional15, la legitimación en la causa por
activa se cumple una vez constatado que la parte que interpuso la acción de tutela es
la titular del derecho fundamental que aduce desconocido, ya sea que lo haga de forma
directa, a través de agente oficioso, o por conducto de apoderado judicial. También
pueden interponer la demanda de tutela el defensor del pueblo y los personeros
municipales.
Por su parte, la legitimación en la causa por pasiva se predica en aquellos eventos en
los que la solicitud de amparo es interpuesta «en contra del sujeto presuntamente
responsable de la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales o aquel
llamado a resolver las pretensiones, sea este una autoridad o un particular» 16.
Aplicado lo anterior al caso concreto, Carlos Efrén Cáceres está legitimado en la
causa por activa para acudir a esta acción de tutela en tanto fue demandante en el
trámite ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho, y con fundamento en esta
calidad, fue peticionario, por conducto de apoderada judicial, de los escritos
presentados el 2 de agosto y 17 de septiembre de 2024 con el objeto de obtener el
pago de la sentencia judicial proferida a su favor.
Por su parte, la Nación, Rama Judicial, DEAJ, Grupo de Sentencias está legitimada
en la causa por pasiva para responder por la afectación constitucional reclamada por
el actor, comoquiera que fue la autoridad ante la cual el señor Efrén Cáceres radicó el
escrito de petición que, afirmó, no ha sido resuelto.
14
Samai, exp. 11-001-03-15-000-2024-05386-00, índice 12, certificado 1393E4180CD2C341 6345239959C08E2B
78333FE922C8BD8B 3288C2791DBEC5E3.
15 Corte Constitucional, sentencia T-322 de 2019.
16 Corte Constitucional, sentencia T-010 de 2023.
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Finalmente, como ante el Consejo Superior de la Judicatura y el CENDOJ no fueron
radicados directamente los escritos de petición, la Sala accederá a la solicitud de
desvinculación propuesta por estas autoridades, toda vez que carecen de aptitud legal
para responder por la transgresión constitucional alegada por el accionante.
3.3. Cuestión preliminar
Si bien el señor Efrén Cáceres solicitó el amparo de sus derechos fundamentales de
petición y de acceso a la información pública, la Sala interpreta que el objeto de esta
acción constitucional está encaminado a que se le otorgue una respuesta al escrito
que radicó el 2 de agosto y el 17 de septiembre de 2024, con el fin de que se cumpla
lo ordenado en las sentencias proferidas al interior del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado núm. 47001-33-33-003-2022-00152-00.
De esta forma, el asunto de la referencia deberá tramitarse bajo las reglas del derecho
de petición, por cuanto el reclamo dirigido a obtener el pago de sentencias y
conciliaciones ante la DEAJ, más que auspiciar el acceso a una información, está
enmarcado en un trámite regulado en la Circular DEAJC23-28 expedida el 15 de junio
de 2023, que inicia precisamente con la radicación de la solicitud respectiva.
En este orden, la presente solicitud de amparo se enfocará en la afectación del derecho
de petición por falta de respuesta a la solicitud de pago de la sentencia pese a las
insistencias propuestas por el actor, sin dejar de lado que la cancelación de estas
erogaciones está enmarcada en un procedimiento administrativo propio que, a través
de una serie de etapas y luego de la asignación de un turno en estricto orden
cronológico, culmina con la garantía efectiva del pago.
3.4. Procedencia de la acción de tutela
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona
cuenta con la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata
de sus derechos fundamentales cuando sean violados o amenazados por la acción o
la omisión de las autoridades, o de particulares en los casos que señala la ley. Este
mecanismo constitucional tiene dos requisitos de procedencia: la subsidiariedad y la
inmediatez17.
El primero, exige que el interesado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que busque evitar un perjuicio irremediable18; y el segundo, consiste en que se
acuda ante el juez constitucional dentro de un plazo razonable, pues de lo contrario,
«[…] la necesidad de la protección constitucional por vía de tutela queda en entredicho
[…]»19.
Análisis de los requisitos generales de procedencia
En el caso particular están satisfechos los requisitos de procedencia de inmediatez y
de subsidiariedad, en la medida en que la afectación del derecho fundamental de
petición es permanente y continua, siempre que no se haya brindado una respuesta
que satisfaga los lineamientos impartidos por la Corte Constitucional; y al ser un
17 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2024.
18 Corte Constitucional, sentencia T-400 de 2017.
19 Corte Constitucional, sentencia T-879 de 2012, reiterada en sentencia SU-084 de 2019.
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derecho constitucional de aplicación inmediata, no permite solicitar su protección por
otra vía judicial distinta al mecanismo de la acción de tutela.
3.5. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si la Nación, Rama Judicial, DEAJ, Grupo de
Sentencias vulneró el derecho fundamental de petición de Carlos Efrén Cáceres. En
particular, deberá establecer si la autoridad accionada dio respuesta a los escritos que
el tutelante radicó el 2 de agosto y el 17 de septiembre de 2024, en los que pidió que
se diera cumplimiento a las sentencias proferidas por el Juzgado 403 Administrativo
Transitorio de Valledupar y por el Tribunal Administrativo del Magdalena dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado al número 47001-3333-
003-2022-00152-00.
Para el efecto, se abordará: i) las generalidades del derecho fundamental de petición;
y ii) el caso concreto.
Generalidades del derecho fundamental de petición
El artículo 23 de la Constitución Política prevé que toda persona tiene el derecho a
formular peticiones ante las autoridades, de manera respetuosa, ya sea por razones
de interés general o particular, y a obtener una respuesta pronta por parte de estas.
Por otro lado, el artículo 13 de la Ley 1437 de 2011, modificado por la Ley 1755 de
2015, especificó, entre otros asuntos sustanciales, que la resolución de la solicitud
debe ser «completa y de fondo».
Esta garantía constitucional ha sido objeto de desarrollo por parte de la Corte
Constitucional20, que ha precisado que el núcleo esencial de este derecho comporta
tres elementos, a saber: el primero, la posibilidad de interponer la petición; el segundo,
la característica de la respuesta, que debe ser de fondo; y, el tercero, la solución dentro
del término dispuesto legalmente.
De esta forma, a cualquier persona le es posible activar la administración a través de
la interposición de solicitudes respetuosas, que deben ser tramitadas por la autoridad
correspondiente con el suministro de una solución que atienda de fondo el asunto
propuesto, «de forma clara, precisa y congruente», y sea otorgada en los términos que
la ley ha dispuesto para el efecto, incluida la «obligación de notificar la respuesta al
peticionario de manera idónea y conforme a las ritualidades previstas en la ley»21.
Visto lo anterior, los criterios que permiten identificar cuándo una respuesta ha
atendido de fondo la petición, pueden agruparse de la siguiente manera: i) claridad,
esto es, que contenga argumentos que sean fácilmente comprensibles; ii) precisión,
que comporta la necesidad de que esta verse directamente sobre lo pedido sin acudir
a evasiones; iii) congruencia, al abarcar el objeto de la solicitud; y iv) consecuencia,
aspecto que lleva intrínseco que la contestación suministrada guarde concordancia
con el trámite impartido, por ejemplo, en los escenarios en que la petición surge en el
marco de un procedimiento administrativo.
20 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2024.
21 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2024.
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Accionante: Carlos Efrén Cáceres
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Establecidos estos lineamientos, la Corte Constitucional ha delimitado que la lesión del
derecho fundamental de petición ocurre por una de dos vías: i) la falta de respuesta
dentro del término legal fijado para cada solicitud; o ii) en los escenarios en los que, a
pesar de que se emitió una respuesta, esta no es idónea o desatiende de fondo lo
pedido, a partir del objeto de la solicitud y los parámetros relatados en los incisos
precedentes.
En cuanto a los aspectos de trámite, el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, prevé que
las peticiones de documentos y de información deben ser atendidas dentro de los diez
(10) días siguientes a su recepción, las consultas relacionadas con las materias a
cargo de las autoridades, en un término de treinta (30) días; y, finalmente, las
solicitudes carentes de un término especial de contestación, en un plazo de quince
(15) días.
Cabe destacar que el artículo 17 del la Ley 1437 de 2011, relativo a las peticiones
incompletas y al desistimiento tácito, expresamente dispone lo siguiente:
En virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una petición ya
radicada está incompleta o que el peticionario deba realizar una gestión de trámite a
su cargo, necesaria para adoptar una decisión de fondo, y que la actuación pueda
continuar sin oponerse a la ley, requerirá al peticionario dentro de los diez (10) días
siguientes a la fecha de radicación para que la complete en el término máximo de un
(1) mes.
A partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes
requeridos, se reactivará el término para resolver la petición.
Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando
no satisfaga el requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite
prórroga hasta por un término igual.
Vencidos los términos establecidos en este artículo, sin que el peticionario haya
cumplido el requerimiento, la autoridad decretará el desistimiento y el archivo del
expediente, mediante acto administrativo motivado […].
Igualmente, el inciso tercero del artículo 19 de la Ley 1437 de 2011 establece que
«[r]especto de peticiones reiterativas ya resueltas, la autoridad podrá remitirse a las
respuestas anteriores, salvo que se trate de derechos imprescriptibles, o de peticiones
que se hubieren negado por no acreditar requisitos, siempre que la nueva petición se
subsane».
Caso concreto
Carlos Efrén Cáceres radicó solicitud de amparo de su derecho fundamental de
petición porque, a su juicio, la Nación, Rama Judicial, DEAJ, Grupo de Sentencias no
ha respondido las solicitudes de pago de sentencia que presentó el 2 de agosto y el
17 de septiembre de la presente anualidad.
Revisado el expediente de la referencia, la Sala destaca que, en efecto, el tutelante
radicó escrito el 2 de agosto de 2024 ante la Nación, Rama Judicial, DEAJ en el que
pidió el cumplimiento de los fallos judiciales proferidos en el proceso de nulidad y
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restablecimiento del derecho en el que obró como demandante, petición que reiteró el
17 de septiembre de 2024.
De ahí que, es factible considerar que se trató de una misma solicitud interpuesta,
primero, el 2 de agosto de 2024 y reiterada con posterioridad, porque, aunque de la
radicación que se anexó a este trámite constitucional no se puede extraer el contenido
completo de la petición, sí resulta posible inferir, del encabezado de estos escritos, que
este corresponde con los de los documentos que aportó el actor a esta acción
constitucional; aspecto que, no fue controvertido por la DEAJ.
Ahora bien, como se indicó, el objeto central de la solicitud es el cumplimiento de las
providencias judiciales que reconocieron un derecho económico a favor del tutelante,
peticiones que en principio no tendrían un término especial para ser resueltas, de no
ser porque la Circular DEAJC23-28 del 15 de junio de 2023, dispuso que «(…) hasta
tanto no se radiquen los documentos en físico no se dará trámite a la solicitud de
pago», la cual se atenderá definitivamente hasta que se alcance el orden cronológico
asignado a partir del recibido de toda la documentación.
De acuerdo con lo anterior, la Subsección encuentra que para el 7 de octubre de 2024
cuando el señor Efrén Cáceres radicó la tutela, la DEAJ no le había brindado alguna
información referente al trámite de pago de su sentencia, es decir, no se había
pronunciado dentro del término de diez (10) días que dispone el artículo 17 de la Ley
1437 de 2011.
De esta forma, aunque pudo existir afectación del derecho de petición del señor Efrén
Cáceres para el momento en que interpuso su solicitud de amparo, la misma se superó
en el curso de la presente acción de tutela por las siguientes razones:
i) El 11 de octubre de 2024, el Grupo de Sentencias de la Unidad de Asistencia
Legal de la DEAJ le indicó al solicitante que su cuenta de cobro no pudo ingresar
al listado de turnos porque no cumplía con la documentación requerida;
además, le explicó en qué consistía el sistema de turnos y le pidió que aportara
cierta información que debía hacer llegar a una dirección física;
ii) el 16 del mismo mes y año, la accionada reiteró la respuesta del 11 de octubre
anterior, para precisarle al señor Efrén Cáceres que la complementación de su
solicitud tenía sustento en el artículo 17 de la Ley 1437 de 2011, según el cual
contaba con un término de un mes para allegar la información so pena de
entenderla desistida. También le expuso que, para las peticiones reiterativas
daría aplicación del artículo 19, inciso segundo, de la Ley 1437 de 2011.
De esta forma, la Nación, Rama Judicial, DEAJ respondió la solicitud de pago de
manera clara y precisa, durante el presente trámite constitucional. Contestación en la
que dio aplicación al artículo 17 de la Ley 1437 de 2011 porque le indicó al tutelante
que el pago de su sentencia no podía avanzar, hasta tanto radicara todos los
documentos exigidos a la dirección que le fue suministrada.
Esta contestación, además fue congruente con el objeto de la solicitud y consecuente
con el trámite impartido para estos propósitos, en la medida en que la petición fue
formulada con el fin de exigir el pago de una providencia judicial y que esta debe reunir
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los requisitos contenidos en el capítulo 5, artículo 2.8.6.5.1., del Decreto 2469 de 2015
y en la circular DEAJC23-28 del 15 de junio de 2023.
En consecuencia, como lo pretendido por Carlos Efrén Cáceres fue que la accionada
contestara los escritos que presentó relacionados con el estado del proceso de pago
de la sentencia, esta entidad atendió lo pedido el 11 y el 16 de octubre de 2024, en
contestaciones que le notificó al interesado al correo electrónico clausagi2@gmail.com
aportado con su petición.
No es de la órbita del juez de tutela entrar a efectuar juicios sobre si la solicitud estuvo
o no completa, pues la facultad de requerir es propia de la administración. Tampoco le
corresponde al juez constitucional calificar la respuesta de fondo como aquella que
accede materialmente a lo pedido, pues en un escenario como el estudiado, si bien la
DEAJ no asintió al pago de las sentencias judiciales, le informó al peticionario cuál era
el trámite que debía seguir.
Sobre el particular, se debe mencionar, que el objeto de la acción de tutela es la
protección de derechos fundamentales que se han puesto en peligro o que se
vulneraron; sin embargo, en caso de que la circunstancia que dio origen a la
trasgresión desaparezca, se configura el fenómeno conocido como hecho superado,
el cual da como resultado una carencia actual de objeto para decidir de fondo el
asunto22.
Al respecto, la jurisprudencia Constitucional ha precisado que el hecho superado se
configura cuando durante el trámite de tutela la parte accionada atiende
satisfactoriamente las pretensiones que motivaron la solicitud de amparo. «En otras
palabras, aquello que se pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela ha
acaecido antes de que el mismo diera orden alguna. Es importante precisar que en
estos casos le corresponde al juez de tutela constatar que: (i) efectivamente se ha
satisfecho por completo lo que se pretendía mediante la acción de tutela (ii) y que la
entidad demandada haya actuado (o cesado en su accionar), voluntariamente» 23.
En criterio de la Corte Constitucional, la carencia actual de objeto imposibilita al juez
para proferir una orden dirigida a proteger los derechos fundamentales24.
IV. CONCLUSIÓN
Así las cosas, se impone declarar la carencia actual de objeto por hecho superado
porque la parte accionada dio respuesta a las solicitudes del señor Efrén Cáceres en el
curso de esta acción constitucional de tutela. Igualmente, se accederá a la solicitud de
desvinculación propuesta por el Consejo Superior de la Judicatura y el CENDOJ, por
cuanto estas entidades carecen de legitimación en la causa por pasiva.
V. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad de la ley,
22 Corte Constitucional, sentencia T-481 de 2010.
23 Corte Constitucional, sentencia SU-522 de 2019.
24 Corte Constitucional, sentencias SU-677 de 2017, SU-453 de 2020, entre otras.
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FALLA
PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DESVINCULAR de este trámite constitucional al Consejo Superior de la
Judicatura y al CENDOJ, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.
VMP /SEJV
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