Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05407-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-05407-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05407-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-05407-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
7 de noviembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024).
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05407-00
Accionante: DIEGO FERNANDO PAIPILLA GONZÁLEZ
Accionado: MINISTERIO DE DEFENSA Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Derechos
fundamentales a la igualdad, salud y seguridad social / DECRETO 1796 DE 2000 –
Trámite administrativo previsto para la evaluación de la capacidad sicofísica y de la
disminución de la capacidad laboral de los miembros de la Fuerza Pública.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la acción de tutela instaurada
por el señor Diego Fernando Paipilla González, actuando en nombre propio, en
contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – Dirección de
Sanidad, de conformidad con lo consagrado en el Decreto 333 de 2021 1.
I. A N T E C E D E N T E S
La demanda
1. El 8 de octubre de 2024 la parte accionante presentó acción de tutela en contra
de la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional a fin de obtener la protección de
sus derechos fundamentales a la igualdad, salud y seguridad social.
Hechos relevantes
2. Refiere el accionante que en 2014 fue diagnosticado con “leishmaniasis” mientras
se desempeñaba como soldado profesional del Ejército Nacional, por lo cual solicitó
el retiro de la fuerza “por las lesiones que para la época me aquejaban”.
3. En 2015 inició el trámite para la práctica de la junta médica de retiro, el cual no
pudo terminar porque, según señala, “se volvió engorroso y no contaba con los
medios económico para los desplazamientos a las instalaciones de sanidad de la
Institución”.
1 Que ingresó para fallo el 22 de octubre de 2024.
1
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05407-00
Accionante: Diego Fernando Paipilla González
Accionado: Ministerio de Defensa y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
4. Por considerar vulnerados sus derechos fundamentales de petición, salud,
seguridad social y vida digna, presentó acción de tutela en contra de la Dirección
de Sanidad del Ejército Nacional, la Quinta Brigada del Ejército Nacional y la Oficina
de Recursos Humanos de la Dirección de Sanidad de Bucaramanga.
5. El proceso correspondió a la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bucaramanga que, por medio de sentencia del 6 de agosto de
2015, resolvió:
“1. Negar por hecho superado la acción de tutela interpuesta por el señor
DIEGO FERNANDO PAIPILLA GONZÁLEZ por medio de apoderado,
contra la DIRECCIÓN DE SANIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL, QUINTA
BRIGADA DEL EJÉRCITO NACIONAL BUCARAMANGA, DIRECCIÓN
GENERAL DE SANIDAD MILITA Y OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN SANIDAD BUCARAMANGA por la presunta violación del
derecho fundamental de petición; y por improcedente con relación a los
derechos fundamentales a la salud, vida y seguridad sociales.
2. REQUERIR a la DIRECCIÓN DE SANIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL
para que sin dilación alguna adopte las medidas necesarias con miras a
que se practique el examen de retiro al accionante DIEGO FERNANDO
PAIPILLA GONZÁLEZ, una vez este allegue la documentación pertinente
para tal efecto; y si del resultado se colige que desarrolló una enfermedad
durante o con ocasión del servicio prestado, tenga en cuenta las directrices
jurisprudenciales en torno al debe de garantizar la continuidad en la
prestación del servicio médico. […]”.
6. Aduce que en 2018 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga
instó a la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional para que indicara si “dio
cumplimiento a lo ordenado por la tutela y que medidas se habían adoptado para
cumplimiento de la misma”, sin que se culminaran los trámites para realizar la junta
médico laboral.
7. En septiembre de 2024 presentó petición ante la Dirección de Sanidad del Ejército
Nacional “recibiendo como respuesta que no era posible de realizar la junta médica
ya que habían transcurrido nueve (9) años y once (11) meses sin demostrar
continuidad en el tratamiento, considerándose como abandono del tratamiento”.
Fundamentos de la demanda de tutela
8. La parte accionante alega que “junto a la incapacidad económica y la necesidad
de laborar para el sostenimiento personal y de mi familia conjugado con la demora
en la asignación de citas para la práctica de conceptos no he podido culminar los
trámites para realizar la junta médico laboral”, situación que, según considera,
quebranta los artículos 13, 48 y 49 de la Constitución Política de Colombia.
2
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05407-00
Accionante: Diego Fernando Paipilla González
Accionado: Ministerio de Defensa y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
Trámite en primera instancia
9. Mediante auto del 11 de octubre de 2024, el despacho sustanciador admitió la
acción de tutela de la referencia y ordenó notificar al Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional – Dirección Sanidad del Ejército Nacional como accionado, y a la Quinta
Brigada del Ejército Nacional de Bucaramanga y a la Oficina de Recursos Humanos
– Dirección de Sanidad de esa misma ciudad como terceros interesados en las
resultas del proceso, para que ejercieran su derecho de defensa. De igual modo,
vinculó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que interviniera
si lo consideraba necesario.
Intervenciones
10. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga
rindió informe y realizó un recuento de las actuaciones adelantadas dentro de la
acción de tutela radicada núm. 68001-22-04-000-2015-00437-00, señalando:
“[…] mediante decisión del 6 de agosto de 2015 resolvió negar por hecho
superado el amparo deprecado y a su vez dispuso exhortar a la Dirección
de Sanidad del Ejército Nacional; decisión que fue debidamente notificada a
las partes el 12 de agosto de 2015, por lo cual fue interpuesto recurso de
impugnación por el accionante, el cual al haber sido radicado en términos,
mediante auto del 24 de agosto de 2015 se concedió la impugnación
promovida, por lo que se dispuso mediante oficio 9817 del 26 de agosto de
2015 la remisión del expediente ante la Honorable Corte Suprema de
Justicia sala de Casación Penal para lo de su competencia; siendo asignado
el conocimiento al H. Magistrado Dr. Eugenio Fernández Carlier quien
mediante sentencia del 29 de septiembre de 2015 resolvió confirmar la
sentencia de primera instancia y dispuso su remisión ante la H. Corte
Constitucional para su eventual revisión. Por lo anterior, las actuaciones
retornaron a esta Corporación con auto de exclusión de la H. Corte
Constitucional, por lo cual se dispuso su archivo el 16 de marzo de 2016.
Con posterioridad, el 5 de julio de 2016 es interpuesto trámite incidental por
parte del accionante, al cual se le otorgó trámite mediante autos del 8 de
julio de 2016 y 23 de agosto de 2016 en donde se requirió al apoderado de
la parte actora con fines a que indicara si a su prohijado se le habían
practicado los exámenes autorizados. Culminados los trámites pertinentes,
mediante auto del 28 de octubre de 2016, la Sala de decisión resolvió
abstenerse de iniciar incidente de desacato dado que la acción
constitucional se negó y únicamente se había realizado un requerimiento
exhortando a la entidad accionada con fines a no lesionar garantías
constitucionales.
Finalmente, mediante autos del 6 de abril de 2018 y 2 de marzo de 2020 se
resolvieron dos tramites incidentales adicionales, los cuales fueron
radicados el 14 de febrero de 2018 y 28 de febrero de 2020 respectivamente,
en los cuales se reiteró la imposibilidad de dar apertura formal al trámite
3
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05407-00
Accionante: Diego Fernando Paipilla González
Accionado: Ministerio de Defensa y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
incidental teniendo en cuenta que las pretensiones de amparo fueron
negadas”.
11. El Comando Quinta Brigada del Ejército Nacional solicitó su desvinculación
por falta de legitimación en la causa por pasiva.
12. Las demás partes guardaron silencio.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
13. El artículo 86 de la Constitución Política señala que la acción de tutela es un
mecanismo de defensa judicial al que puede acudir cualquier persona para reclamar
la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad
pública y, excepcionalmente de los particulares, en los casos específicamente
previstos por la ley.
14. En el presente asunto, la Sala constata que la solicitud de amparo es
procedente, por cuanto: (i) fue instaurada en nombre propio por Diego Fernando
Paipilla González, y se dirige contra las entidades públicas que presuntamente
vulneraron los derechos fundamentales invocados y que tendrían competencia para
actuar, de constatarse dicha violación2, concluyéndose que se configura el requisito
de legitimación en la causa por activa y por pasiva. (ii) Se cumple la exigencia de la
subsidiariedad, por cuanto no existe un acto definitivo que haya resuelto una
situación o posición de derecho concreta, sino que se cuestiona una omisión
continuada por parte del Ministerio de Defensa, a través de sus autoridades
competentes, frente a la cual no se encuentra otro recurso judicial. Aunado a lo
anterior, es oportuno advertir que el actor manifestó que ha solicitado la práctica del
examen de retiro, incluso que ha solicitado directamente su realización,
afirmaciones que no fueron desvirtuadas por la Dirección de Sanidad del Ejército
Nacional.
15. Por último, pese al tiempo transcurrido, (iii) la acción de tutela goza del requisito
de inmediatez, toda vez que el artículo 8 del Decreto 1796 de 20003 dispone que el
examen para retiro tiene, para todos los efectos legales, carácter definitivo; por
2 En esta ocasión, el Ministerio de Defensa Nacional se integra, en su estructura orgánica, por la Policía Nacional
y las Fuerzas Militares. Las Fuerzas Militares están compuestas por la Armada, la Fuerza Aérea y el Ejército
Nacional. La máxima autoridad al interior del Ejército Nacional es su Comandante General, a quien le compete
asegurar la “defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden
constitucional” (artículo 217 Superior). Bajo la dependencia del Comando General, está la Jefatura de Estado
Mayor Generador de Fuerza a cuyo cargo se encuentra el Comando de Personal -COPER-. A su vez, al interior
de esta dependencia se encuentra la Dirección General de Sanidad a la que pertenece la Dirección de Sanidad
del Ejército Nacional -DISAN-, encargada de garantizar la prestación de servicios integrales de salud en las
áreas de promoción, prevención, protección, recuperación y rehabilitación del personal del Ejército y de sus
beneficiarios. Integran esta Dirección los respectivos dispensarios médicos a quienes les compete la
materialización directa de los servicios médicos asistenciales.
3 “Por el cual se regula la evaluación de la capacidad sicofísica y de la disminución de la capacidad laboral, y
aspectos sobre incapacidades, indemnizaciones, pensión por invalidez e informes administrativos por lesiones,
de los miembros de la Fuerza Pública, Alumnos de las Escuelas de Formación y sus equivalentes en la Policía
Nacional, personal civil al servicio del Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas Militares y personal no
uniformado de la Policía Nacional vinculado con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993”.
4
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05407-00
Accionante: Diego Fernando Paipilla González
Accionado: Ministerio de Defensa y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
tanto, debe practicarse dentro de los 2 meses siguientes al acto administrativo que
produce la novedad, con carácter obligatorio en todos los casos. Cuando sin causa
justificada el retirado no se presenta en tal término, el examen se practicará en los
Establecimientos de Sanidad Militar o de Policía por cuenta del interesado 4. No
obstante, la Corte Constitucional ha señalado que la superación del periodo legal
no genera, en modo alguno, la pérdida o fenecimiento del derecho de quien deja de
pertenecer a las filas de ser examinado y calificado por las autoridades médicas
competentes, pues se trata de una obligación definida normativamente a cargo de
las Fuerzas Militares, en concreto de una valoración que no es optativa, que no tiene
la vocación de desaparecer con el paso del tiempo y, por ende, su materialización
procede en cualquier momento.
16. Superado el análisis de procedibilidad formal, la Sala advierte que, en el
presente asunto, el señor Diego Fernando Paipilla González solicita la protección
de sus derechos fundamentales a la salud, seguridad social e igualdad,
presuntamente vulnerados por la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, al no
ordenarle la práctica de la junta médico laboral de retiro como soldado profesional
desde 2014.
17. Al respecto, de acuerdo con el Decreto 1796 de 2000, por el cual se regula la
evaluación de la capacidad sicofísica y de la disminución de la capacidad laboral de
los miembros de la Fuerza Pública, los exámenes para retiro deben presentarse
dentro de los dos meses siguientes al acto administrativo que produce la novedad,
a saber:
“ARTICULO 8o. EXAMENES PARA RETIRO. El examen para retiro tiene
carácter definitivo para todos los efectos legales; por tanto, debe practicarse
dentro de los dos (2) meses siguientes al acto administrativo que produce la
novedad, siendo de carácter obligatorio en todos los casos. Cuando sin
causa justificada el retirado no se presentare dentro de tal término, dicho
examen se practicará en los Establecimientos de Sanidad Militar o de Policía
por cuenta del interesado. […]”.
18. De igual modo, la norma establece que la junta médico laboral debe ser
expresamente autorizada por el director de sanidad del Ejército Nacional:
“ARTICULO 18. AUTORIZACION PARA LA REUNION DE LA JUNTA
MEDICO-LABORAL. La Junta Médico-Laboral será expresamente
autorizada por el Director de Sanidad de la respectiva Fuerza o de la Policía
Nacional por solicitud de Medicina Laboral o por orden judicial. En ningún
caso se tramitarán solicitudes de Junta Médico-Laboral presentadas por
personal o entidades distintas a las enunciadas. […]”.
4 El artículo continúa señalando lo siguiente: “Los exámenes médico-laborales y tratamientos que se deriven
del examen de capacidad sicofísica para retiro, así como la correspondiente Junta Médico-Laboral Militar o de
Policía, deben observar completa continuidad desde su comienzo hasta su terminación”.
5
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05407-00
Accionante: Diego Fernando Paipilla González
Accionado: Ministerio de Defensa y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
19. En ese sentido, si bien en el caso bajo estudio el accionante solicitó ante la
Dirección de Sanidad la práctica de la junta médico laboral, en septiembre de 2024
la entidad respondió que “no era posible de realizar la junta médica ya que habían
transcurrido nueva (9) años y once (11) meses sin demostrar continuidad en el
tratamiento, considerándose como abandono del tratamiento”.
20. Dicha decisión administrativa, encuentra sustento en el artículo 35 del Decreto
1796 de 2000, el cual dispone:
“ARTICULO 35. ABANDONO DEL TRATAMIENTO. Cuando el personal de
que trata el presente decreto se haya desvinculado sin derecho a la
asignación de retiro, pensión de jubilación o pensión de invalidez y
abandone o rehúse sin justa causa, por un término de dos (2) meses, o
durante el mismo período no cumpla con el tratamiento prescrito por la
Sanidad o con las indicaciones que le han sido hechas al respecto, la
institución quedará exonerada del reconocimiento y pago de las
prestaciones económicas que de ello se deriven”.
21. Sobre este punto, no es acertada la interpretación que hace la entidad
demandada para negar la realización del examen de retiro aludiendo el abandono
del tratamiento, toda vez que aplicar un término de prescripción desdibujaría la
finalidad que persigue la realización de dicha evaluación que es la de valorar el
estado de salud de los miembros de la Fuerza Pública, en este caso del Ejército
Nacional, al momento de su retiro del servicio.
22. Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que la Dirección de Sanidad
tiene la obligación legal de requerir a quien es apartado de las filas y evaluar su
estado de salud a través de la realización de un examen que debe llevarse a cabo
dentro de los 2 meses siguientes al acto administrativo que dispone la
desvinculación, tal como lo dispone el artículo precitado. Esto, constituye “una
actuación oficiosa a cargo integral de las Fuerzas Militares, además de un derecho
cierto en cabeza del personal en situación de desincorporación” y el plazo de dos
meses no puede tenerse como un término de prescripción sino de “un término que
vincula al Ejército Nacional para satisfacer el cumplimiento del deber ineludible a
cargo de la Institución Castrense de adelantar con oportunidad y diligencia el
respectivo examen”.
23. En ese sentido, el Tribunal Constitucional establece:
“[…] (3) Si el referido plazo se incumple por causas imputables al miembro
desvinculado, la consecuencia es que deberá asumir el valor del examen,
no la prescripción del mismo. Esto implica que la superación del periodo
legal no genera, en modo alguno, la pérdida o fenecimiento del derecho de
quien deja de pertenecer a las filas de ser examinado y calificado por las
autoridades médicas competentes, pues se trata de una obligación definida
normativamente a cargo de las Fuerzas Militares, en concreto de una
valoración que no es optativa, que no tiene la vocación de desaparecer con
6
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05407-00
Accionante: Diego Fernando Paipilla González
Accionado: Ministerio de Defensa y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
el paso del tiempo y, por ende, su materialización procede en cualquier
momento”5.
24. Adicional a ello, el artículo 8 del Decreto 1796 de 2000 es claro al consagrar que
el examen de retiro es obligatorio y las instituciones militares no pueden exonerarse
de esta obligación argumentando que el retiro fue voluntario. Del mismo modo, la
Corte Constitucional es explícita al indicar que “si no se hace el examen de retiro
no es posible alegar prescripción de los derechos que de acuerdo con la ley tiene
quien se retire del servicio activo. La omisión del deber de realizar el examen impide
la prescripción de los derechos que tiene la persona que prestaba servicio a las
Fuerzas Militares. Por tanto, si no se le realiza el examen de retiro esta obligación
subsiste por lo cual debe practicarse dicho examen cuando lo solicite el ex-
integrante de las Fuerzas Militares. Por otra parte, las Fuerzas Militares deben
asumir las consecuencias que se derivan de la no práctica del examen médico de
retiro”6.
25. En ese orden de ideas, la práctica del examen de retiro es obligatoria para el
Ejército Nacional, toda vez que, tal como lo ha señalado la jurisprudencia
constitucional7, resulta determinante para definir cualquier futura relación o
responsabilidad que la institución militar pueda tener con el personal retirado, por lo
que el examen no debe estar sometido a un término de prescripción porque (i) no
existe una previsión que así lo establezca y (ii) se trata de un derecho que tienen
todos los funcionarios de la Fuerza Pública, en condición de desacuartelamiento,
“orientado a asegurar que puedan reintegrarse a la vida civil en las óptimas
condiciones de salud en las que ingresaron a la prestación del servicio” 8.
26. Por lo anterior, la Sala amparará el derecho fundamental al debido proceso
administrativo, el cual, por remisión del artículo 29 de la Constitución Política, se
aplica a toda actuación administrativa y tiene como finalidad que, en cualquiera de
sus etapas, se asegure la efectividad de las garantías que se derivan de dicho
principio constitucional; y se ordenará a la Dirección de Sanidad del Ejército
Nacional que fije fecha y hora para la realización del examen de retiro del
accionante.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
5 Corte Constitucional. Sentencia T-287 de 2019.
6 Corte Constitucional. Sentencia T-948 de 2006.
7 Corte Constitucional. Sentencia T-009 de 2020.
8 Ibidem.
7
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05407-00
Accionante: Diego Fernando Paipilla González
Accionado: Ministerio de Defensa y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
RESUELVE
PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso administrativo del
señor Diego Fernando Paipilla González.
SEGUNDO: ORDENAR a la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional que, dentro
de las 48 horas siguientes a la notificación de la presente providencia, fije fecha y
hora para la realización del examen de retiro del accionante.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.
CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Con salvamento de voto
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
8
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.