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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-05425-01

Fecha
12 de diciembre de 2024
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-05425-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Confírmase la sentencia del 31 de octubre de 2024, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de amparo. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2024-05425-01

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

12 de diciembre de 2024

Demandante: Reinaldo Saavedra Rondón
Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Rad: 11001-03-15-000-2024-05425-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá., doce (12) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05425-01
Demandante: REINALDO SAAVEDRA RONDÓN
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER Y OTRO

Tema: Tutela contra providencia judicial – Confirma
improcedencia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Decide la Sala la impugnación presentada por la parte actora en contra de la
sentencia del 31 de octubre de 2024, proferida por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

El señor Reinaldo Saavedra Rondón, en nombre propio, interpuso acción de
tutela contra el Tribunal Administrativo de Santander y la Alcaldía de Girón –
Santander por considerar vulnerados sus derechos fundamentales «a la
igualdad, al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y
violación a la vivienda digna».

La parte actora consideró vulneradas tales garantías constitucionales por
cuanto el 30 de noviembre de 2023, se celebró una audiencia de
cumplimiento en el Tribunal Administrativo de Santander en la que se
convocó a la Alcaldía del municipio de Girón, al secretario de Vivienda del
municipio de Girón y otros funcionarios a fin de que se rindiera informe sobre
la reubicación de “reinvasores” de los barrios El Carmen, Brisas del Río y
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otros, en cumplimiento de lo ordenado en la acción popular
680012331000201000940-00/01, interpuesta contra la Corporación
Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga - CDMB
y el municipio de Girón del 21 de mayo de 2014.

En consecuencia, la parte demandante pretende:

«PRIMERO: Solicito muy respetuosamente que se me amparen los
derechos fundamentales impetrados en el presente escrito y que se
me conceda la Acción de Tutela.

SEGUNDO: Solicito que se le ordene al alcalde del Municipio de
Girón – Santander que en cumplimiento del fallo de Acción Popular
Rad.680012331000- 2010-000940-00, se sirva proceder a incluir a
REINALDO SAAVEDRA RONDÓN y NUCLEO FAMILIAR como
BENEFICIARIO DE UN SUBSIDIO DE VIVIENDA DE INTERES
SOCIAL y que expida el correspondiente ACTO ADMINISTRATIVO
del mencionado subsidio para la reubicación de mi familia.

TERCERO: Solicito que se le ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE SANTANDER encargado del cumplimiento
del Fallo de Acción Popular Rad.6800123310002010-000940-00, se
sirva proceder a oficiar al alcalde del Municipio de Girón, para que
rinda el correspondiente informe de la reubicación de REINALDO
SAAVEDRA RONDÓN y su núcleo familiar, una vez proferido el Acto
Administrativo de Subsidio de Vivienda de Interés Social para que se
materialice la reubicación de mi núcleo familiar».

La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

1.2. Hechos

Manifestó el accionante que desde junio de 2022 “reinvadió” un lote en el
barrio El Carmen del municipio de Girón – Santander propiedad de la señora
Rosa Uribe Colmenares en el cual construyó una mediagua en la que vive
con su núcleo familiar.

Expuso que en dicha zona urbana se construyeron los barrios Brisas del Río
y El Carmen en donde residen 246 familias, los cuales son aledaños a la
ribera del río de Oro, terrenos clasificados por el POT como de uso forestal y
de recreación pasiva con tratamiento de renovación urbana y sustitución
residencial.

Señaló que por tal motivo se trata de un sector de riesgo no mitigable, el cual
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presenta peligro para la comunidad e impone su reubicación ya que, con
motivo de la ola invernal del año 2005, se inundaron las viviendas causando
pérdidas materiales y puso en peligro a sus habitantes, por ello se interpuso
una acción popular contra la Corporación Autónoma Regional para la
Defensa de la Meseta de Bucaramanga – CDMB y el municipio de Girón –
Santander.

En primera instancia el proceso correspondió al Tribunal Administrativo de
Santander el cual mediante fallo de 21 de mayo de 2014 declaró al municipio
de Girón responsable de la vulneración de los derechos colectivos a la
previsión de desastres sobre la ronda hídrica del río de Oro, la protección de
zonas destinadas a mantener el equilibrio ecológico, a la construcción de
desarrollos urbanos cumpliendo el marco legal y la prevalencia al beneficio
de la calidad de vida de los habitantes.

En consecuencia, se ordenó al municipio de Girón que, en un plazo de 6
meses, clausurara y demoliera todas las construcciones existentes dentro de
la ronda hídrica del Río de Oro, en los asentamientos Brisas del Río y El
Carmen, así como en aquellos que se detectaran a lo largo del cauce del
cuerpo de agua, previo a otorgar la oportunidad de reubicación a sus
habitantes.

Dicha decisión fue apelada por el municipio de Girón – Santander y
mediante sentencia de 30 de octubre de 2014 la Sección Primera del
Consejo de Estado confirmó la decisión en primera instancia con la finalidad
de que el municipio ejecutara y llevara hasta su culminación el proceso de
reubicación y la posterior erradicación de las construcciones localizadas en
las zonas de riesgo de inundación.

El 30 de noviembre de 2023 se celebró audiencia de cumplimiento de lo
ordenado en el fallo de la acción popular en donde el municipio de Girón –
Santander informó que en el año 2024 se reubicarían algunas familias de los
barrios mencionados para los cuales efectuarían un nuevo censo.

1.3. Sustento de la petición

La parte demandante manifestó que hay lugar a que, en su caso, y en
garantía al principio de confianza legítima como “reinvasor”, se le brinde la
oportunidad de tránsito a una vivienda digna que cumpla con el
ordenamiento normativo, tal como se ordenó en el numeral segundo de la
parte resolutiva de la sentencia de la acción popular con radicado 2010-
00940-00/01.

Lo anterior aduce, en aplicación y garantía del derecho a la igualdad en
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relación con las demás familias “reinvasoras” de los barrios El Carmen y
Brisas del Río a quienes se les ha permitido vivir con sus núcleos familiares
y una vez censados, se les viene otorgado un subsidio familiar de vivienda
de interés social para la materialización de la reubicación, de conformidad a
lo ordenado por el Tribunal Administrativo de Santander en el fallo de acción
popular.

Por lo expuesto, el actor solicitó que, en cumplimiento del fallo de la acción
popular del 30 de octubre de 2014, en el que se ordenó la reubicación de las
familias que se encuentran en áreas habitadas en zonas de alto riesgo, se
ordene su inclusión en la entrega de los subsidios familiares.

Indicó que de la reunión sostenida el 30 de noviembre de 2023 en el Tribunal
Administrativo de Santander, el municipio de Girón – Santander informó que
en el año 2024 se reubicarían algunas familias de los barrios mencionados
para los cuales efectuarían un nuevo censo, y que el 5 de diciembre de
2023, él y su núcleo familiar fueron censados por el municipio de Girón sin
que el Alcalde haya procedido a concederle el subsidio de una vivienda de
interés social, y reubicación de su núcleo familiar.

1.4. Trámite en primera instancia

Mediante auto del 11 de octubre de 2024, se admitió la acción de tutela y se
ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo de Santander y
a la alcaldía del municipio de Girón como demandados, y como terceros con
interés a la Defensoría del Pueblo, al Fondo Nacional de Vivienda –
Fonvivienda, al señor Saúl Ortiz Barrera y al Fondo Nacional de Gestión de
Riesgo y Desastre.

1.5. Contestaciones

1.5.1. Tribunal Administrativo de Santander. La magistrada ponente del
proceso 680012331000-2010-00940-00 perteneciente a la acción popular
que dio origen a esta acción de amparo, efectuó un recuento pormenorizado
de las actuaciones desplegadas en cumplimiento del fallo antes mencionado
incluyendo los estudios de los cronogramas establecidos y en donde a la
fecha el tribunal se encuentra efectuando el estudio del informe rendido por
el alcalde municipal de Girón para verificar el cumplimiento de la sentencia
del 30 de marzo de 2011.

Frente a los hechos y pretensiones de la presente acción de tutela
consideró que no se configuran los requisitos excepcionales para su
procedencia por cuanto primero se debe acudir a las vías administrativas o

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judiciales ordinarias para solicitar la protección de sus derechos
fundamentales.

Señaló que el señor Saavedra Rendón no ha puesto en conocimiento los
hechos de la tutela en el proceso ordinario, por tanto, no se encuentra
pendiente pronunciamiento alguno respecto a la situación particular del
accionante, por lo cual solicita declarar improcedente la acción de tutela de
la referencia.

1.5.2. Municipio de Girón. A través de la Secretaría de Infraestructura y la
Dirección de Gestión de Riesgo y Vivienda manifestaron que la orden
impartida en la sentencia de acción popular tiene como finalidad: i) proteger
la ronda hídrica del Río Oro, por ser una zona destinada a mantener el
equilibrio ecológico; (ii) prevenir desastres técnicamente previsibles,
situaciones que se encontraron vulneradas debido a las construcciones que
para ese momento se hallaban en la referida ronda hídrica y que, en
consecuencia, se ordenó su clausura y demolición, pues, su existencia allí
es ilegal. Sin embargo, en respeto del principio de confianza legítima, indicó
que se requirió al municipio que les diera a las familias una oportunidad o
tránsito hacia una vivienda digna, sin que ello signifique que les debe
«comprar» las viviendas que, en contravía del ordenamiento jurídico,
instalaron en un lugar de protección ambiental.

Explicó que, de acuerdo con el fallo de acción popular, desplegó acciones
tendientes a otorgar una oportunidad de reubicación a las personas que en
ese momento habitan contrariando el POT y así proceder a la clausura y
demolición de los inmuebles que conformaban los asentamientos humanos
«Brisas del Río» y «El Carmen», ubicados cerca de la ronda hídrica del «Río
de Oro». Lo anterior, en aras de proteger la ronda hídrica en referencia por
ser una zona destinada a mantener el equilibrio ecológico y prevenir
desastres técnicamente previsibles

Manifestó que, el señor Reinaldo Saavedra “reinvadió”, es decir ingresó a un
predio que ya había cumplido el propósito de deshabitarlo, en cumplimiento
de la orden judicial, en el que ahora el accionante lo tomó para su vivienda,
conforme lo describe en su escrito de tutela.

Que, desde la administración municipal se han desplegado una serie de
actuaciones que le permiten el cumplimiento de manera gradual de la
sentencia, de acuerdo con la capacidad financiera del municipio, por lo que a
la fecha ha proferido dieciocho actos administrativos en los que otorgó
subsidio de vivienda de interés social a distintas familias, con el fin de
ofrecer la oportunidad de reubicación en atención de lo ordenado en la

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providencia judicial y en cumplimiento del cronograma aprobado conforme a
la capacidad financiera del municipio.

Solicitó se declare improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del
requisito de la subsidiariedad como quiera que existe un fallo judicial dentro
de la acción popular que se encuentra en firme y frente al cual el accionante
tiene otros medios idóneos como el incidente de desacato para reclamar el
cumplimiento y hacer valer sus derechos.

1.5.3 Saúl Ortiz Barrera. expresó que coadyuva las peticiones del
accionante toda vez que es necesario que se le garantice a su núcleo
familiar el principio de confianza legitima como “reinvasor” de buena fe
conforme con lo ordenado en la sentencia den la acción popular 2010-
00940-00.

1.5.4 Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda. La apoderada de dicha
entidad manifestó que el hogar del señor Reinaldo Saavedra Rondón no se
ha postulado en ninguna convocatoria realizada por Fonvivienda y que el
postularse es el requisito básico que deben cumplir todos los hogares
aspirantes a un subsidio familiar otorgado por esta entidad.

Manifestó oponerse a la presente acción de tutela en cuanto atañe a
Fonvivienda ya que dicha entidad no le ha vulnerado derecho fundamental
alguno a la parte accionante.

La Defensoría del Pueblo y el Fondo Nacional de Gestión de Riesgos y
desastres pese a ser notificados en debida forma, guardaron silencio.

1.6. Sentencia de primera instancia

Mediante providencia del 31 de octubre de 2024, la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, advirtió que la solicitud de amparo resulta improcedente
por cuanto no cumple con el requisito de subsidiariedad, ya que el
accionante contaba con otro mecanismo de defensa judicial como lo es el
incidente de desacato el cual no ha sido interpuesto por el actor.

1.7. Impugnación

La parte demandante presentó impugnación en contra del fallo de primera
instancia mediante escrito radicado el 12 de noviembre de 2024, en el
manifestó que, en lo que corresponde al incidente de desacato por el cual la
primera instancia declaró improcedente su acción de tutela se encuentra
agotado por cuanto el veedor ciudadano Saúl Ortiz Barrera lo había
interpuesto en el mes de noviembre de 2022 y en donde en el vigésimo
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séptimo punto de dicho escrito puso en conocimiento al Tribunal
Administrativo de Santander el hecho de que habían familias que no habían
sido censadas por el municipio para su reubicación.

En dicho documento, se solicitó ordenar al alcalde del municipio de Girón –
Santander se procediera a censar a las familias “reinvasoras” de las
viviendas de los barrios El Carmen y Brisas del Río con el fin de que se le
garantice al acceso a vivienda digna de interés social dando cumplimiento a
la sentencia de la acción popular 2010-00940-00

Por lo anterior, solicitó revocar la sentencia de tutela referenciada en el
presente escrito y se conceda la acción de tutela.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

La sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra la
sentencia de primera instancia, en atención a lo consagrado por el Decreto
2591 de 19911, el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado
por el Decreto 333 de 2021, así como por el Acuerdo 080 de 2019, artículo
25, de la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Problema jurídico

De conformidad con los antecedentes, corresponde a la sala determinar si
hay lugar a confirmar, revocar o modificar la sentencia impugnada conforme
lo planteado por la parte impugnante.

Para el efecto, se estudiará: (i) la procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) requisito de procedibilidad adjetiva de subsidiariedad,
y (iii) estudio del caso concreto.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de
20122, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, por cuanto las

1 «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política».
2 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN

DE TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO.
Magistrada Ponente: María Elizabeth García González.

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distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas
diversas sobre el tema3.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección,
decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte
resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción contra providencias
judiciales4.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese
estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados
hasta el momento jurisprudencialmente”.

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 20145, la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia
judicial.

2.4. Requisito de procedibilidad adjetiva de subsidiariedad

2.4.1. Subsidiariedad

En cuanto a la subsidiariedad, la Sala Plena de la Corte Constitucional
mediante sentencia SU-297 de 2015, advierte lo siguiente:

«4.4.2. De igual manera, la Corte ha explicado que este presupuesto de
procedibilidad no sólo implica que el accionante identifique los yerros de la
autoridad judicial que dan origen a la vulneración, sino que también exige
que las mismas hayan sido puestas en conocimiento del juez en su debida
oportunidad de ser ello posible, puesto que, de conformidad con los
artículos 86 de la Carta y 6º del Decreto 2591 de 1991, resulta necesario
preservar el principio de subsidiariedad que subyace a la acción de tutela.

En ese sentido, esta Corporación ha determinado que el recurso de
amparo es improcedente si quien ha tenido a su disposición instrumentos
procesales de defensa para hacer valer sus derechos, no los utiliza
oportuna y adecuadamente, acudiendo en su lugar a la acción

3 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena

antes reseñada.
4 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela

contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta
providencia.
5 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de

agosto de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia
jurídica. actor: Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.

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constitucional, ya que las herramientas instituidas por el legislador en los
procesos ordinarios son también verdaderos mecanismos de protección de
las prerrogativas fundamentales, por lo que deben usarse en su debido
estadio procesal, para que en caso de no prosperar y demostrarse que la
autoridad judicial se negó injustificadamente a enmendar su yerro, pueda
prosperar el mecanismo subsidiario que ofrece el artículo 86 superior.»

2.7. Caso concreto

La parte actora consideró vulnerados sus derechos fundamentales por
cuanto el 30 de noviembre de 2023 se celebró una audiencia de
cumplimiento en el Tribunal Administrativo de Santander en la que se
convocó a la alcaldía del municipio de Girón, y otros funcionarios a fin de
que se rindiera informe sobre la reubicación de “reinvasores” de los barrios
El Carmen, Brisas del Río y otros, en cumplimiento de lo ordenado en la
acción popular 680012331201000940-00/01 del 21 de mayo de 2014.

Se advierte que en el escrito de tutela, el accionante no expone un solo
argumento dirigido a señalar los motivos por los cuales el tribunal
Administrativo de Santander incurrió en vulneración alguna de derechos
fundamentales del actor, ya que el escrito esta encaminado a obtener el
cumplimiento de unas ordenes impartidas en el fallo del 21 de mayo de 2014
dentro de la acción popular antes referenciada.

En primera instancia, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en
providencia del 31 de octubre de 2024, declaró improcedente el amparo por
no cumplir con el requisito adjetivo de la subsidiariedad, lo anterior por
cuanto si bien se observa que varios actores han acudido al trámite
incidental, el actor no agotó dicho procedimiento para informar su situación
particular y solicitar su inclusión como beneficiario de los subsidios de
vivienda familiar que pretende.

La Sala observa que, como lo concluyó el a quo, la tutela no supera el
requisito de procedibilidad adjetiva de la subsidiariedad, por cuanto se deben
agotar todos y cada uno de los mecanismos previstos en la ley para recurrir
las ordenes impartidas dentro del fallo del 21 de mayo de 2014, lo anterior
por cuanto lo pretendido por el actor es que de la reunión efectuada el 30 de
noviembre de 2023, es a que se le incluya en el censo de familias a ser
reubicadas, y además, se les tenga como beneficiarios de los subsidios de
vivienda a los que se comprometió el municipio de Girón.

La Corte Constitucional y esta Corporación, han señalado el carácter
subsidiario de la tutela y su procedencia como mecanismo residual, de tal
modo que para que esta acción sea procedente se requiere el agotamiento
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de los medios judiciales ordinarios y extraordinarios para la protección de los
derechos presuntamente vulnerados.

Razón por la cual el incidente de desacato, constituye un mecanismo idóneo
y eficaz para controvertir la actuación por parte de la alcaldía de Girón, frente
a los acuerdos a que se llegaron en la audiencia de cumplimiento efectuada
el 30 de noviembre de 2023, ya que, si bien se les incluyó en el censo, no se
les ha tenido como beneficiarios de los subsidios de vivienda a los que se
comprometió el municipio de Girón.

Sin embargo, el actor no hizo uso de dicho recurso, sino que acudió
directamente al juez constitucional al presentar la petición de amparo el 8 de
octubre de 2024.

Dicha situación resulta inadmisible debido a que la tutela, como ya se
advirtió, es un mecanismo residual que no puede ser utilizado para suplantar
la competencia de los jueces naturales, o para obviar los trámites ordinarios
y extraordinarios que la legislación ha dispuesto para resolver casos como el
presente.

En este orden de ideas, se tiene que la solicitud de tutela se torna
improcedente frente a los reparos presentados por la parte accionante
porque no supera el requisito de procedibilidad adjetivo de subsidiariedad,
por no agotar todos los medios de defensa judicial debido a que aquellos
debieron resolverse a través del incidente de desacato para controvertir la
actuación por parte de la alcaldía de Girón.

Por lo tanto, para la Sala es claro que en el presente caso no se cumple con
el requisito de la subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Confírmase la sentencia del 31 de octubre de 2024, proferida por
la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que declaró improcedente la
acción de amparo.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

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TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Aclara voto

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la
providencia oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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