Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-05431-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-05431-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2024-05431-00
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
7 de noviembre de 2024
Radicación: 11001 03 15 000 2024 05431 00
Accionante: Comfacundi EPS Liquidada
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., siete (07) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2024 05431 00
Accionantes: COMFACUNDI EPS LIQUIDADA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN PRIMERA, SUBSECCIÓN A
Tesis: No es procedente la acción de tutela que se interpone en
contra de la decisión de no reponer la admisión de la
demanda dentro de un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho que se encuentra en curso.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el Programa de Entidad
Promotora de Salud de la Caja de Compensación Familiar de
Cundinamarca - Comfacundi EPS, en Liquidación forzosa administrativa1,
contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A.
I. SÍNTESIS DEL CASO
1.1. La accionante, por intermedio de apoderada judicial, solicitó el
amparo del derecho fundamental al debido proceso que estimó vulnerado
con ocasión del auto del 13 de septiembre de 2024, que decidió no
reponer el proveído del 23 de julio de 2024 por el cual se admitió la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta en su
contra por la Clínica Nefrouros S.A.S., proceso que se identifica con el
radicado núm. 25000-23-41-000-2023-01301-00.
1
De conformidad con la resolución número 012645 de 2020 dictada por la Superintendencia de Salud – ubicado
en el índice 2 del Sistema de Gestión Documental SAMAI – archivo denominado 7ED_Prueba(.pdf) NroActua
2, páginas 1 a 14
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1.2. La demandante manifestó que la Clínica Nefrouros S.A.S formuló la
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho con la finalidad de obtener la nulidad de la Resolución núm.
IPS 00416 de 16 de diciembre de 2021 “Por la cual se determina, califica y
gradúa una acreencia oportunamente presentada con cargo a la masa
liquidatoria del Programa de Entidad Promotora de Salud de la Caja de
Compensación Familiar de Cundinamarca -COMFACUNDI en Liquidación
identificada con NIT 860.045.904-7”; y a título de restablecimiento del
derecho, que se le reconozca la suma de $1.408.531.084, por concepto de
los servicios de salud prestados a los afiliados de la Caja de Compensación
Familiar de Cundinamarca – COMFACUNDI.
1.3. Señaló que, mediante auto del 23 de julio de 2024, el Tribunal
accionado admitió la demanda, decisión que fue recurrida por el aquí
accionante al considerar que la entidad allí demandada se encontraba
liquidada, por lo que había perdido su personalidad jurídica, haciendo
imposible adquirir derechos y contraer obligaciones como consecuencia
de la ejecución de cualquier sentencia.
1.4. Sin embargo mediante auto del 13 de septiembre de 2024, , el
Tribunal confirmó la admisión de la demanda, lo cual en su consideración
vulnera su derecho fundamental al debido proceso.
En concreto, alegó que la decisión incurrió en:
1.4.1. Desconocimiento del precedente jurisprudencial, por cuanto
en su consideración el Tribunal al momento de admitir el proceso ordinario
no tuvo en cuenta: (i) la sentencia del 23 de abril de 2015, proferida
dentro del proceso con radicación 25000-23-27-000-2012-00378-01 por
la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que establece que una sociedad
liquidada no es sujeto de derechos y obligaciones y, por tanto, no puede
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ser demandada ni demandar; y (ii) la sentencia del 2 de julio de 2021,
proferida dentro del proceso con radicación 05001-23-33-000-2015-
01966-01 por la Sección Primera del Consejo de Estado, en la que
igualmente se explicó que una entidad liquidada no puede ser parte de un
proceso judicial.
De igual manera, citó varios autos2 que aluden a la imposibilidad de
vincular a personas jurídicas extintas por no tener capacidad para asumir
cargas procesales debido a su extinción.
1.3.2. Defecto fáctico, al considerar que de las pruebas aportadas con
el recurso de reposición era evidente que no era procedente admitir una
demanda en contra de una entidad en liquidación, por cuanto esta “ya no
tiene la capacidad jurídica para asumir obligaciones o responder por
deudas laborales, dado que su personalidad jurídica ha sido extinguida en
el marco del proceso de liquidación. Continuar con el proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho bajo estas circunstancias no solo viola los
principios de justicia y equidad, sino que también puede resultar en una
sentencia imposible de ejecutar, desprotegiendo a la parte demandante y
generando un vacío jurídico que impide la resolución efectiva del
conflicto.”3.
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN
2.1. La CLÍNICA NEFROUROS S.A.S.4 contestó la presente acción
constitucional explicando que, si bien es cierto que, a través de la
Resolución núm. 00931 del 5 de septiembre de 2023 se declaró terminada
la existencia legal del Programa de Entidad Promotora de Salud de la Caja
de Compensación Familiar de Cundinamarca – COMFACUNDI EPS, dentro
del expediente no se evidencia prueba alguna relacionada con la
2
Auto número interno 22359 del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta -
Auto del Tribunal Administrativo de Santander, confirmación del auto de 20 de noviembre de 2015
3
Página 45 del archivo denominado 2ED_Demanda(.pdf) NroActua 2 - ubicado en el índice 2 del Sistema de
Gestión Documental SAMAI.
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índice 9 del Sistema de Gestión Documental Samai
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inscripción en el registro mercantil de los documentos correspondientes a
la cuenta final de liquidación, es decir, la inscripción de este acto en el
registro mercantil. Por lo anterior señaló que la aquí accionante cuenta
con capacidad plena para ser parte dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento de Derecho que se adelanta bajo radicado No.
25000234100020230130100. En consecuencia, solicitó que se negara la
acción de tutela presentada.
2.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Primera
Subsección “A”5 planteó en su contestación que no existía vulneración
al derecho fundamental al debido proceso, puesto que en su consideración
el accionante lo único que pretende es provocar un pronunciamiento en
una instancia adicional, desplazando de esta manera el mecanismo idóneo
para estudiar la demanda, esto es, es el proceso que se sigue en el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
De otra parte, señaló que, si bien la Resolución núm. 00931 de 5 de
septiembre de 2023 terminó la existencia legal de la sociedad
demandada, es evidente que cuando subsisten procesos o situaciones
jurídicas no definidas, posteriores a la terminación de la existencia legal
de la sociedad, la mandataria tiene la obligación de atenderlas. En esa
medida, afirmó que cuando se controvierten los actos administrativos
mediante los cuales se calificaron y graduaron unas acreencias dictadas
en el curso del proceso de liquidación forzosa administrativa, estos deben
ser estudiadas por parte de la jurisdicción contenciosa administrativa.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
3.1. COMPETENCIA
De conformidad con lo previsto por el numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1
del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º
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índices 9 y 10 del Sistema de Gestión Documental Samai
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del Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12
de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a
esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala
es competente para conocer del presente asunto.
3.2. HECHOS
3.2.1. La Clínica Nefrouros S.A.S presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, con la finalidad de obtener la nulidad de la
Resolución núm. IPS 00416 de 16 de diciembre de 2021 “Por la cual se
determina, califica y gradúa una acreencia oportunamente presentada con
cargo a la masa liquidatoria del Programa de Entidad Promotora de Salud
de la Caja de Compensación Familiar de Cundinamarca -COMFACUNDI en
Liquidación identificada con NIT 860.045.904-7”; y a título de
restablecimiento del derecho, el reconocimiento de la suma de
$1.408.531.084, por concepto de los servicios de salud prestados a los
afiliados de la Caja de Compensación Familiar de Cundinamarca –
COMFACUNDI.
3.2.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera
Subsección “A”, mediante el auto del 23 de julio de 2024, admitió la
referida demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.
3.2.3. La parte demandada en el proceso ordinariointerpuso recurso de
reposición contra el auto admisorio de la demanda argumentando que el
Programa de Entidad Promotora de Salud de la Caja de Compensación
Familiar de Cundinamarca -COMFACUNDI en Liquidación no podía ser
parte dentro del proceso por cuanto mediante la Resolución núm. 931 de
fecha cinco (05) de septiembre de 2023, el agente especial liquidador
había declarado la terminación de la existencia legal.
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3.2.4. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera
Subsección “A”, mediante auto del 13 de septiembre de 2024, decidió no
reponer el proveído del 23 de julio de 2024, por el cual se admitió la
referida demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, al considerar
que dentro del expediente “no se evidencia prueba alguna relacionada con
la inscripción en el registro mercantil de los documentos correspondientes
a la cuenta final de liquidación, es decir, la inscripción de este acto en el
registro mercantil, momento el cual, determina la inexistencia de la
sociedad y extinción del mundo jurídico”6.
3.3. ANÁLISIS DE LA SALA
3.3.1. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
El análisis de las acciones de tutela contra providencias judiciales exige
una cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el
fin de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una
manera de desconocer principios constitucionales como los de cosa
juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.
3.3.1.1. El requisito de la subsidiariedad de la acción de tutela
contra providencias judiciales
Conforme el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 6º del
Decreto 2591 de 19917, la acción de tutela es un recurso subsidiario y
residual para la protección de los derechos fundamentales, lo que implica
que sólo será procedente cuando se agoten todos los mecanismos de
defensa judicial principales de los que se disponga ante la conducta activa
u omisiva de las autoridades, o no exista en el ordenamiento jurídico un
medio idóneo y eficaz para el amparo judicial de esa categoría de
derechos.
6
Página 361 del archivo denominado 7ED_Prueba(.pdf) NroActua 2- ubicado en el índice 2 del Sistema de
Gestión Documental SAMAI.
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Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
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Respecto al requisito de subsidiariedad cuando se atacan decisiones
judiciales, la Corte Constitucional8 ha señalado que se pueden presentar
dos escenarios: i) cuando el proceso ha concluido, y ii) cuando el
proceso se encuentra en curso. En el segundo de los escenarios, ha
precisado que la intervención del juez constitucional está vedada en
principio, toda vez que la acción de tutela no constituye un mecanismo
alternativo o paralelo para resolver problemas jurídicos que deben ser
resueltos al interior del trámite ordinario. Posición que se ha reiterado por
el Tribunal Constitucional y que se ha acogido por esta Sección, al señalar
que la acción de tutela contra providencia judicial es improcedente por no
cumplir con el requisito de subsidiariedad cuando: “(i) el asunto está en
trámite; (ii) no se han agotado los medios de defensa judicial ordinarios
y extraordinarios; y (iii) se usa para revivir etapas procesales en donde
se dejaron de emplear los recursos previstos en el ordenamiento
jurídico9”.
No obstante, lo anterior, se han establecido dos excepciones al principio
de subsidiariedad de la acción de tutela, a saber: i) cuando el mecanismo
ordinario de defensa no es idóneo ni eficaz para la protección inmediata
de los derechos fundamentales, y ii) cuando se pretende evitar un
perjuicio irremediable. En este último evento, se debe demostrar que el
perjuicio es inminente y grave, que requiere de la adopción de medidas
8
Posición que se desarrolló en sentencia T-113 de 2013 y que se reiteró en sentencia T-103 de 2014
9
En la Sentencia T-396 de 2014 al respecto se afirma lo siguiente: “Es reiterativa la posición de la Corte en
cuanto a la improcedencia de la tutela cuando en desarrollo de un proceso judicial las partes pudieron valerse
de los recursos judiciales ordinarios pero estos no fueron empleados oportunamente, ya que no puede
constituirse en la vía para discutir situaciones jurídicas consolidadas que adquirieron firmeza por la caducidad
de los recursos y acciones que no fueron utilizados oportunamente por los interesados. Entonces, por vía de
tutela, no es viable revivir términos de caducidad agotados, en la medida que se convertiría en un mecanismo
que atentaría contra el principio de seguridad jurídica y se desnaturalizaría el propósito mismo de la acción
constitucional de protección de los derechos fundamentales. Es necesario que quien alega la vulneración de
sus derechos fundamentales haya agotado los medios de defensa disponibles en la legislación para el efecto.
Esta exigencia responde al principio de subsidiariedad de la tutela, que pretende asegurar que la acción
constitucional no sea considerada en sí misma una instancia más en el trámite jurisdiccional, ni un mecanismo
de defensa que reemplace aquellos otros diseñados por el legislador. Menos aún, que resulte ser un camino
excepcional para solucionar errores u omisiones de las partes o para corregir oportunidades vencidas en los
procesos jurisdiccionales ordinarios.”. En igual sentido, Sentencia T-103 de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio.
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de carácter urgente para superar el daño y, por lo tanto, que la protección
constitucional es impostergable10.
3.3.2. Caso concreto
En el caso sub examine, la Sala advierte que el agente liquidador del
Programa de Entidad Promotora de Salud de la Caja de Compensación
Familiar de Cundinamarca - Comfacundi EPS suscribió un poder general
mediante escritura pública núm. 1709 del 5 de septiembre de 202311, por
el cual facultó al mandatario que actúa en esta acción para atender y
tramitar las situaciones jurídicas no definidas como consecuencia de la
terminación de la existencia jurídica del Programa EPS, como lo sería la
presente acción de tutela derivada del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con número de radicado 25000-
23-41-000-2023-01301-00.
En ese orden, la parte accionante consideró que la decisión del Tribunal
accionado de no reponer el proveído del 23 de julio de 2024, por el cual
se admitió la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
interpuesta en su contra por la Clínica Nefrouros S.A.S., vulneraba su
derecho fundamental al debido proceso.
Ahora bien, revisado el escrito de tutela, las contestaciones y las pruebas
aportadas, la Sala advierte que la solicitud de amparo bajo examen no
cumple con el requisito de subsidiariedad, pues el proceso ordinario en el
que se profirió la decisión censurada se encuentra en trámite, situación
en la que, como se señaló en precedencia, se configura uno de los
supuestos que, según el criterio de la Corte Constitucional, impide al juez
constitucional inmiscuirse en el asunto.
10
Sentencia T-150 de 2016
11
índice 2 del Sistema de Gestión Documental SAMAI – archivo denominado 7ED_Prueba(.pdf) NroActua 2,
páginas 172 a 308
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La referida postura también ha sido reiterada por esta Corporación y en
particular por esta Sección, al señalar que, “[…] por regla general,
cuando el proceso se encuentra en curso la acción de tutela no es
procedente para cuestionar cualquier decisión adversa las partes,
aún luego de agotados los recursos que contra ellas proceden
dentro del proceso, si el desarrollo del medio de control no ha
finalizado y, por tanto, no se puede tener certeza de la trascendencia de
esa presunta irregularidad procesal en la decisión que pone fin al proceso
[…]”12. Resaltado de la Sala
La anterior regla tiene su razón de ser en que: (i) es el juez ordinario
quien debería corregir, si las hay, las irregularidades que se llegaren a
presentar en el curso del proceso, de manera oficiosa o a solicitud de
parte, a efecto de dictar una sentencia que materialice el derecho a la
tutela judicial efectiva y sea el resultado de una actuación conforme a las
garantías procesales; y (ii) la acción de tutela tiene carácter residual y
subsidiario con la finalidad, justamente, de evitar que se vacíen las
competencias de los operadores judiciales ordinarios, al constituirse en
una instancia adicional de las decisiones que éstos emitan o en un
mecanismo paralelo a los medios de control establecidos en la ley, lo que
ocurriría de permitirse en esta instancia la revisión de cada una de las
actuaciones que se profieran al interior de dichos asuntos.
En este sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de
unificación13, indicó:
“[…] El derecho procesal en general y el ordenamiento nacional, en particular,
prevén diversos mecanismos procedimentales, entre los que se encuentran los
recursos, las nulidades procesales y el poder-deber del juez de corregir las
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1º de febrero de
2018, proferida dentro del expediente con número único de radicación 11001-03-15-000-2017-02930-00(ac),
Roberto Augusto Serrato Valdés
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta Sentencia de 5 de agosto de
2014, Consejero Ponente Dr. Jorge Octavio Ramírez - Radicado: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ),
Demandante ALPINA RODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., Demandado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN
PRIMERA.
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irregularidades o equivocaciones que ocurran durante el proceso en virtud del
principio que reza que “lo interlocutorio no ata al juez” .
Cada uno de estos medios opera en determinadas circunstancias, esto es, antes,
durante y después del proceso legalmente concluido.
Durante el proceso las irregularidades se subsanan mediante los recursos
ordinarios, y las nulidades procesales. Después de dictada la sentencia, a través
de los recursos ordinarios o extraordinarios, la adición o corrección de sentencia
y, de manera residual y excepcional, en caso de que se afecten derechos
fundamentales de las partes, se encuentra la acción de tutela.
En otras palabras, de manera residual, esto es, cuando no haya otro medio de
defensa judicial efectivo y se vean afectados derechos fundamentales por
decisiones de los jueces, las partes pueden acudir a la acción constitucional de
tutela, pues es lo que se infiere del texto constitucional y de lo discutido en la
Asamblea Nacional Constituyente […]”.
Sobre el particular, resulta pertinente poner de presente que, si bien la
jurisprudencia de la Corte Constitucional ha considerado que la acción de
tutela procede tanto contra las decisiones tomadas en autos como frente
a sentencias, ello no implica que se pueda promover el amparo para
atacar todas las decisiones que se emitan mientras el medio de control se
encuentra en curso.
Para delimitar las oportunidades en las que resulta admisible atacar por
vía de este mecanismo excepcional las decisiones interlocutorias
proferidas al interior de los procesos judiciales que estén en trámite, la
referida Corporación fijó las siguientes condiciones14.
“[…] en materia de decisiones adoptadas en autos, la Corte ha señalado que
éstas, por regla general, deben ser discutidas por medio de los recursos ordinarios
que el legislador ha dispuesto para el efecto. La acción de tutela procederá
solamente i) cuando se evidencie una vulneración o amenaza de los
derechos fundamentales de las partes que no puede ser reprochada
mediante otros medios de defensa judicial. Por tanto, la acción constitucional
no será procedente cuando han vencido los términos para interponer los recursos
ordinarios y la parte afectada no hizo uso de ellos, o cuando fueron utilizados,
pero en forma indebida; ii) cuando a pesar de que existen otros medios,
éstos no resultan idóneos para proteger los derechos afectados o
amenazados; o iii) cuando la protección constitucional es urgente para
evitar un perjuicio irremediable. En el primer caso, para que proceda la tutela,
deberán reunirse los requisitos generales de procedencia y presentarse al menos
una de las causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra
14
Corte Constitucional. Sentencia T-148 de 2010. M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
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providencias judiciales que han sido fijados por esta Corporación […]”.(subrayás
y resaltado de la Sala)
Aplicados los referidos presupuestos de procedencia excepcional de la
acción de tutela contra las decisiones tomadas en autos, al caso concreto,
se advierte que no se satisface ninguno de aquellos, como pasa a verse:
La irregularidad alegada en sede de tutela se fundamenta en la decisión
tomada mediante auto del 13 de septiembre de 2024, que no repuso el
proveído del 23 de julio de 2024, que había admitido la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta en su contra por la
Clínica Nefrouros S.A.S, por cuanto en consideración de la parte actora
dicha admisión le vulneraba su derecho fundamental al debido proceso.
Para la fecha de presentación de la tutela el proceso ante el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca Sección Primera Subsección “A” se
encontraba en la etapa posterior a la admisión de la demanda, de
conformidad con la consulta realizada en la página de consulta de proceso
judicial de la Rama Judicial15, surtiéndose el respectivo traslado en el que
se le permite a la demandada contestarla, presentar excepciones y
solicitar las pruebas que considere pertinentes, de conformidad con lo
establecido en el artículo 172 del CPACA16.
A lo anterior se agrega que, examinadas las actuaciones surtidas en el
proceso ordinario, la Sala evidenció que quien funge como accionante en
este trámite y como parte demandada en aquel, presentó escrito de
contestación de la demanda17 en la que formuló la excepción denominada
15
https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/NumeroRadicacion - Proceso Radicado
25000234100020230130100
16
Artículo 172. Traslado de la demanda. De la demanda se correrá traslado al demandado, al Ministerio
Público y a los sujetos que, según la demanda o las actuaciones acusadas, tengan interés directo en el
resultado del proceso, por el término de treinta (30) días, plazo que comenzará a correr de conformidad con
lo previsto en los artículos 199 y 200 de este Código y dentro del cual deberán contestar la demanda, proponer
excepciones, solicitar pruebas, llamar en garantía, y en su caso, presentar demanda de reconvención. (…)
17
Índice 10 del Sistema de Gestión Documental SAMAI -
20RECIBEPRUEBAS_Memorial_005Contestaciontutel(.pdf) NroActua 10 – página 15 – enlace web:
https://etbcsjmy.sharepoint.com/:f:/g/personal/exps1_cendoj_ramajudicial_gov_co/EqB0IZcGNrxHuUDs75i
YAWoB1rd5po9e6HIQFX7eb6d2Rg?e=tY3pvD
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“DE LA INEXISTENCIA DEL DEMANDANTE Y EL DEMANDADO18, con base
en los mismos argumentos planteados en la presente acción
constitucional.
De tal manera, es claro para la Sala que en el presente caso el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho no ha finalizado y por ende no
es procedente la solicitud de amparo solicitada por la parte actora.
Sostener lo contrario equivaldría a predicar que los ciudadanos pueden
emplear la acción constitucional como un mecanismo paralelo a los
procesos judiciales iniciados, con el fin de lograr que en éstos se adopten
decisiones que favorezcan sus intereses.
3.5. Conclusión
De acuerdo con lo dicho, se concluye que la presente acción de tutela no
cumple con el requisito de subsidiariedad. Además, la parte actora no
presentó ningún argumento orientado a sustentar la existencia de un
perjuicio irremediable que haga procedente el amparo de manera
excepcional y, en todo caso, la Sala no observa que ello ocurra. En
consecuencia, se declarará la improcedencia de la solicitud de amparo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción
constitucional de conformidad con las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
18
Ibidem, páginas 145 a 168 del archivo denominado 38. CONTESTACIÓN DE DEMANDA CORREGIDA
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Radicación: 11001 03 15 000 2024 05431 00
Accionante: Comfacundi EPS Liquidada
SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, si esta providencia no es impugnada oportunamente en
los términos señalados por la Ley.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.
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