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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05438-00

Fecha
14 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05438-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación del departamento de Nariño, conforme a lo expuesto en la presente providencia. SEGUNDO DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la Ana María Portillo, mediante apoderado judicial, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: En el evento de no ser impugnada la presente decisión, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-05438-00

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

14 de noviembre de 2024

Demandante: Ana María Portillo
Demandados: Tribunal Administrativo de Nariño y otro
Radicado: 11001-03 15 000 2024 05438 00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D. C., catorce (14) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03 15 000 2024 05438-00
Demandante: ANA MARÍA PORTILLO
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO Y OTRO

Tema: Tutela contra providencia judicial

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena
de esta corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

La señora Ana María Portillo, a través de apoderado judicial 1, inició acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo de Nariño y el Juzgado Sexto Administrativo Oral
del Circuito Judicial de Pasto, con el fin de que se amparen sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y al
mínimo vital en conexidad con la vida.

Lo anterior, con ocasión a las providencias del 1 de marzo de 2024 y 2 de agosto
de 2024, proferidas por el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Pasto y Tribunal Administrativo de Nariño, respectivamente, mediante las cuales se
resolvió no conceder el recurso de apelación por extemporáneo, y posteriormente
se confirmó la decisión al resolver el recurso de queja, dentro de la acción nulidad
y restablecimiento del derecho con número de radicado 52001 33 33 006 2017
00305 00 /01

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

1
Indice 02 Aplicativo Samai

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Ana María Portillo
Demandados: Tribunal Administrativo de Nariño y otro
Radicado: 11001-03 15 000 2024 05438 00

«(…)
1. DECLARAR mal negado el recurso de apelación interpuesto el día 25 de enero
de 2024, contra la sentencia proferida por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito
de Pasto el 19 de diciembre de 2023 y notificada por estados el día 11 de enero de
2024, por las razones expuestas en el parte motiva.

2. Como consecuencia de la prosperidad de la solicitud de amparo constitucional se
ordene a Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Pasto DEJAR SIN EFECTOS
el auto proferido el día 1 de marzo de 2024 y notificado el día 04 de marzo de 2024,
el cual niega el recurso de apelación interpuesto el día 25 de enero de 2024 sobre el
proceso en concreto y se proteja mi derecho fundamental al debido proceso, principio
de la doble instancia aunado al acceso a la administración de justicia consagrados en
la Constitución Política de Colombia.

3. CONCEDER en el efecto suspensivo, el RECURSO DE APELACIÓN
oportunamente interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia emitida por
el Juzgado Sexto Administrativo Del Circuito De Pasto, el día diecinueve (19) de
diciembre de dos mil veintitrés (2023) y notificada por estados electrónicos el día once
(11) de enero de dos mil veinticuatro (2024)

4. Se establezca medida provisional transitoria de suspensión de los efectos de la
sentencia proferida por el despacho del Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de
Pasto por la consumación de un perjuicio inminente, urgente, grave e impostergable.
(…)2»

1.3. Hechos probados

La Sala destaca los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que
se adoptará en la sentencia:

La señora Ana María Portillo presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, contra el departamento de Nariño –
Secretaría de Hacienda Departamental, en la que reclamó la nulidad de los
siguientes actos administrativos:

a) Resolución 1163 de 2016, por medio de la cual, el secretario de Hacienda
Departamental de Nariño se abstuvo de decidir sobre la solicitud de
reconocimiento de la pensión de sobreviviente formulada por la señora Ana
María Portillo.

b) Resolución 0206 de 23 de enero de 2017, por medio de la cual, el secretario
de Hacienda Departamental de Nariño, resolvió el 2 recurso de reposición
presentado en contra de la Resolución No. 1163 de 2016, confirmándola en su
integridad y

c) Resolución 055 de 21 de febrero de 2017, por medio de la cual el señor
Gobernador del departamento de Nariño confirmó la Resolución No. 1163 de
2016.

2
Transcripción literal de la acción de tutela

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Demandante: Ana María Portillo
Demandados: Tribunal Administrativo de Nariño y otro
Radicado: 11001-03 15 000 2024 05438 00

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene al departamento de
Nariño que le reconozca y pague la pensión de sobrevivientes, desde el día 17 de
septiembre de 2016, en cuantía del 100%, así como el pago del retroactivo
pensional, de forma indexada y la condena en costas y agencias en derecho a la
entidad demandada.

El proceso correspondió al Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito Judicial
de Pasto, bajo el radicado 52001-33-33-006-2017-00305-00, el cual mediante
sentencia del 19 de diciembre de 20233, declaró prósperas las excepciones de
«inexistencia de la obligación» y «ausencia de requisitos para acceder a la pensión
de sobrevivientes», propuesto por el departamento de Nariño y negó las
pretensiones de la demanda.

Para el efecto, argumentó que, si bien, la señora Ana María Portillo acreditó haber
convivido por ciertos lapsos con el señor Ángel María Ramírez, no logró acreditar
desde qué fecha dejaron de convivir como pareja. Además, concluyó que ni la actora
ni la señora Rosa Herminia Posso demostraron el cumplimiento de los requisitos de
convivencia y dependencia económica respecto del causante. Dicha decisión fue
notificada el 11 de enero de 20244 a la parte demandante5, demandada6, ministerio
público adscrito a ese despacho7 y a la Notaría Cuarta de Pasto8

Inconforme con la decisión el apoderado de la parte actora, el día 25 de enero de
2024, remitió recurso de apelación al correo jadmin06pso@notificacionesrj.gov.co 9

3
Índice 02 y 044 Aplicativo Samai
4
Índice 045 Aplicativo Samai
5
Notificado a los correos electrónicospetz60@hotmail.com, hanspeterzaramamunoz@yahoo.com
6
Notificado al correo electrónico notificaciones@narino.gov.co
7
Notificado al correo electrónico procjudadm95@procuraduria.gov.co
8
Notificado al correo electrónico notaria4pasto@ucnc.com.co Entidad que no era parte en el
proceso, pero fue requerida para aportar prueba en la audiencia de pruebas, celebrada el 7 de
marzo de 2023 (Indice 019 Aplicativo Samai)
9
Indice 047 Aplicativo Samai

3
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Demandante: Ana María Portillo
Demandados: Tribunal Administrativo de Nariño y otro
Radicado: 11001-03 15 000 2024 05438 00

Sin embargo, presentó memorial de impulso procesal el 22 de febrero de 2024, para
que se diera trámite al recurso de apelación radicado el día 25 de enero de 2024,
esta vez remitido a los siguientes correos adm06pas@cendoj.ramajudicial.gov.co ,
jadmin06pso@notificacionesrj.gov.co, sandramaya@narino.gov.co y
juridica@narino.gov.co10 .

El Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Pasto, mediante
providencia del 1 de marzo de 202411, no concedió el recurso de apelación,
indicando que el mismo se había presentado de manera extemporánea, y fue
enviado a la dirección que no está habilitada para el recibo de correspondencia,
correo jadmin06pso@notificacionesrj.gov.co , cuando el correo de recepción de
correspondencia de este juzgado es adm06pas@cendoj.ramajudicial.gov.co .

Además, precisó que, en todas las notificaciones surtidas por ese Juzgado y
particularmente las realizadas en este proceso, se consigna lo siguiente:

«AVISO IMPORTANTE: el correo electrónico autorizado para recibir escritos,
solicitudes y otras respuestas judiciales, es el:
adm06pas@cendoj.ramajudicial.gov.co »

Mencionó que, sobre el tema, el Consejo de Estado, mediante auto del 18 de
septiembre de 2023, argumentó

En ese sentido, se confirmará la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de
Antioquia el 28 de julio de 2022, toda vez que, la parte demandante incumplió con su
deber de cuidado cuando envió información a un correo que no estaba autorizado por
el despacho para tales fines, pese a las advertencias que se dieron por parte del
tribunal, hecho que derivó en la configuración de la causal de rechazo de la demanda
prevista en el artículo 169.2 del CPACA, bajo circunstancias atribuibles
exclusivamente a la inatención de la parte.

Finalmente, expuso que sólo se tuvo conocimiento del recurso, a partir del 22 de
febrero de 2024, cuando solicitó el impulso procesal, en tal sentido, no concedió el
recurso de apelación por extemporáneo. Esta decisión que fue notificada el 4 de
marzo de 202412.

Posteriormente, el 5 de marzo de 2024, el apoderado de la señora Ana María
Portillo, presentó recurso de reposición, en subsidio de queja 13 contra el auto del 1
de marzo de 2024, notificado por estados el 4 de marzo de 2024, manifestando que
el correo electrónico: jadmin06pso@notificacionesrj.gov.co corresponde al Juzgado
Sexto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Pasto ; y, por este medio ha
radicado en varias ocasiones documentación y oficios relacionados con el proceso
y no ha tenido inconvenientes. Así mismo, explicó que por ese mismo correo ha

10
Indice 02 y 044 Aplicativo Samai
11
Indice 048 Aplicativo Samai
12
Indice 048 Aplicativo Samai
13
Indice 050 Aplicativo Samai

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Demandados: Tribunal Administrativo de Nariño y otro
Radicado: 11001-03 15 000 2024 05438 00

tenido en reiteradas ocasiones interacciones. Situación que, le ha generado
confianza legítima, que, al radicar los memoriales, estos han llegado al Despacho

El Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Pasto, mediante auto del 24 de
mayo de 202414, no repuso el auto del 1 de marzo de 2024, pero concedió el recurso
de queja ante el Tribunal Administrativo de Nariño, en efecto suspensivo, con el fin
de que se surtiera el trámite correspondiente, argumentando que, en el caso en
particular, cuando se notificó la sentencia el 11 de enero de 2024, se consignó de
forma explícita la dirección electrónica a la cual debían comunicarse las partes
adm06pas@cendoj.ramajudicial.gov.co. Así mismo, indicó que no le asiste razón al
recurrente al manifestar que actuó bajo el principio de “confianza legítima”, pues
claramente, al enviar su mensaje de datos al correo
jadmin06pso@notificacionesrj.gov.co. desatendió la inequívoca directriz del
Despacho.

El Tribunal Administrativo de Nariño, mediante auto del 2 de agosto de 2024,
resolvió el recurso de queja, confirmando la providencia del 1 de marzo de 2024,
proferida por el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Pasto ,
mediante la cual se rechazó el recurso de apelación que interpuso la parte
demandante en contra de la sentencia que se emitió el 19 de diciembre de 2023,
argumentando que, el recurso de apelación se presentó a través de un canal no
autorizado por el Consejo Superior de la Judicatura o por el Despacho de primera
instancia, para recibir correspondencia.

Al respecto, trajo como referencia providencias de la Corte Suprema de Justicia y
del Consejo de Estado, las cuales indican que los documentos deben enviarse al
buzón fijado para ese propósito.

1.4. Fundamentos de la acción de tutela15

La parte actora indicó que, es equívoco decir que, el recurso de apelación
interpuesto en contra de la sentencia del 19 de diciembre de 2023, fue presentado
de manera extemporánea, pues se tuvo la confiabilidad de que el mismo se radicó
el 25 de enero de 2024, dos días antes del vencimiento de términos para interponer
dicho recurso.

Explicó que, el 22 de febrero de 2024 radicó memorial solicitando impulso procesal,
toda vez que el Despacho no se había pronunciado respecto del recurso de
apelación y la parte demandada había solicitado la ejecutoria de la sentencia de
primera instancia.

14
Indice 056 Aplicativo Samai
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Indice 02 Aplicativo Samai

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Adujo que, debido a estas providencias judiciales, las entidades accionadas están
incurriendo en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, afectando sus
derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia.

1.5. Trámite de la acción de tutela

1.5.1. Admisión

Mediante auto del 28 de octubre de 202416 se admitió la acción de tutela, se ordenó
notificar17 de la existencia de la presenta acción al Tribunal Administrativo de
Nariño18 y Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Pasto 19, como
autoridades judiciales accionadas

Así mismo, se ordenó vincular en calidad de tercero con resultas del proceso al
departamento de Nariño – Secretaria de Hacienda20 «demandado en el proceso
ordinario». Por otro lado, se negó la medida provisional solicitada por la parte actora.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:

1.6.1. Departamento de Nariño 21

Solicitó su desvinculación del trámite de amparo constitucional, debido a la falta de
legitimación en la causa por pasiva; toda vez que el departamento de Nariño no es
el llamado a responder ni por acción u omisión, en virtud de la supuesta vulneración
de los derechos fundamentales invocados por la accionante

Así mismo, pidió declarar la improcedencia de la acción de tutela, toda vez que no
cumple con el requisito de relevancia constitucional, pues la accionante está
utilizando este mecanismo como un instrumento para remediar las fallas procesales
en las que incurrió, atribuibles al descuido y negligencia en la observancia de la
ritualidad del proceso administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley 1437 de
2011, modificada por la Ley 2080 de 2021, en la Ley 2213 de 2022, y también lo
previsto en el artículo 78 numeral 14 del CGP.

16
Indice 04 Aplicativo Samai
17
Se realizaron el 30 de octubre de 2024, Indice 07 Aplicativo Samai
18
Notificación a los correos electrónicos sgtadminnrn@notificacionesrj.gov.co,
des04tanarino@cendoj.ramajudicial.gov.co , des02tanarino@cendoj.ramajudicial.gov.co ,
des03tanarino@cendoj.ramajudicial.gov.co
19
Notificación a los correos electrónicos adm06pas@cendoj.ramajudicial.gov.co
20
Notificación a los correos electrónicos contactenos@narino.gov.co ,
notificaciones@narino.gov.co
21
Indice 008 Aplicativo Samai

6
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Radicado: 11001-03 15 000 2024 05438 00

Agregó que, la parte actora no cumplió con la carga argumentativa que evidencie la
violación a los derechos fundamentales invocados, ni acreditó que las providencias
enjuiciadas son realmente arbitrarias, caprichosas y contrarias a la Constitución, a
la ley y la jurisprudencia.

1.6.2. Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Pasto 22

Indicó que las actuaciones de ese Juzgado se encuentran plenamente ajustadas a
las directrices de orden legal y jurisprudencial que regulan lo relativo a las
oportunidades procesales para interponer los recursos de apelación, razón por la
cual, no ha vulnerado los derechos fundamentales a la accionante

Remitió el enlace de acceso al expediente en el aplicativo Samai

1.6.3. Tribunal Administrativo de Nariño 23

Manifestó que el recurso de apelación se presentó a través de un canal no
autorizado y de manera extemporánea, razón por la cual, no se concedió, conforme
a las normas procesales que establecen la oportunidad para su interposición y la
jurisprudencia tanto de la Corte Suprema de Justicia24 y el Consejo de Estado25 que
establecen que los memoriales deben ser enviados al buzón fijado para ese
propósito.

Expuso que la decisión mediante la cual se resolvió la queja se adoptó de
conformidad con el precedente judicial y con la normatividad legal, siendo evidente
la falta de diligencia del apoderado, dentro del trámite ordinario.

Consideró que la acción de tutela resulta improcedente en este caso por su carácter
residual, según lo previsto en el numeral 1 del artículo 6° del Decreto 2591 de 1991.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la tutela
presentada por la señora Ana María Portillo, de conformidad con lo dispuesto por
los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el
numeral 5° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el
artículo 1° del Decreto 333 de 2021. Lo anterior, por cuanto la acción de tutela se
dirige contra el Tribunal Administrativo de Nariño.

22
Indice 009 Aplicativo Samai
23
Indice 0010 Aplicativo Samai
24
Corte Suprema de Justicia providencia No. AL2181-2022
25
Consejo de Estado, providencia del 29 de marzo de 2023 emitida dentro del proceso con
radicado No. 11001-03-15-000-2023-01252-00

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2.2. Cuestión Previa

El departamento de Nariño solicitó su desvinculación del trámite de la presente
acción, con fundamento en que carece de legitimación en la causa por pasiva.

Revisada su solicitud, se advierte que no se accederá a la desvinculación puesto
que su vinculación al proceso se dio en calidad de tercero con interés, al ser
demandado dentro del proceso ordinario cuyas sentencias se cuestionan a través
de este mecanismo.

2.3. Problema jurídico

Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el material
probatorio recaudado y los informes presentados, los problemas jurídicos que se
presentan son los siguientes:

 ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
en contra de providencias judiciales?

En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá lo siguiente:

 ¿El Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Pasto y el
Tribunal Administrativo de Nariño vulneraron los derechos fundamentales
invocados por la señora Ana María Portillo, con ocasión a las providencias
del 1 de marzo de 2024 y 2 de agosto de 2024, mediante las cuales se
resolvió no conceder el recurso de apelación por extemporáneo, dentro de la
acción nulidad y restablecimiento del derecho con numero de radicado 52001
33 33 006 2017 00305 00 /01?

Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii)
estudio sobre los requisitos generales de procedibilidad y, iii) caso concreto.

2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo del 31 de julio de 201226,
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones
y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 27.

26
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, M.P. María
Elizabeth García González, Sentencia 31.07.12, Rad. 2009-01328-01.
27
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.

8
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Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la
sentencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales 28. Sin
embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros se haría ese estudio, pues
la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el momento
jurisprudencialmente».

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 29, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, adoptó los criterios expuestos por la Corte
Constitucional en la sentencia C-590 de 200530, para determinar la procedencia de
la acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales,
como lo dispone el artículo 86 Constitucional, y, por ende, el amparo frente a
decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características.

Sobre el tema, la Corte Constitucional se ha referido en forma amplia31 a unos
requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin
distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho de amparo –
procedencia sustantiva – y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo
del asunto – procedencia adjetiva -.

Esta Sección ha determinado que, en primer lugar, se debe verificar que la solicitud
de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad adjetiva, esto es:
i) que sea relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela;
iii) subsidiariedad, es decir, el agotamiento de los recursos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando sean idóneos y eficaces para la protección del
derecho que se dice vulnerado; e iv) inmediatez. De modo que, de no observarse el
cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del
amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo
o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.

28
Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia».
29
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta M. P. Jorge
Octavio Ramírez Ramírez, Sentencia 05.08.14, Rad.11001-03-15-000-2012-02201-01.
30
Corte Constitucional, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
31
Entre otras sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-590
de 2005.

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Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada como
una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo
las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Estudio de los requisitos generales de procedibilidad

2.4.1. Relevancia constitucional

Para el caso en concreto, la sala anticipa que declarará la improcedencia de la
presente acción de tutela por carecer de relevancia constitucional, puesto que no
cumple con las reglas establecidas por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-
215 de 202232.

En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales
hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo
constitucional contra una decisión judicial:

[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene “vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”.
Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta
corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que
la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en
términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la
búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y,
por esta vía, en la materialización del principio de igualdad”.

Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como
un eje fundamental para:

[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues
así se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su
competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la
Constitución.

Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:

[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de
la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica

32
Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.

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Radicado: 11001-03 15 000 2024 05438 00

finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento
de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las
jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza
eminentemente legal33 (Énfasis de la Sala).

De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:

En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico34; es decir, la
cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia
constitucional35.

[…]
En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.

[…]
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal36”. En este orden, se reitera
que el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo
trascienda la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales37”.

En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes
dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un
derecho fundamental.

[…]
Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida
contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto38, lo que implica verificar
que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o
violatoria de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias
judiciales no debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios,
ni es un escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de
corrección legal39. (Resaltado de la Sala)

33
Sentencia SU-573 de 2019.
34
Sentencia SU-103 de 2022.
35
Sentencia SU-103 de 2022.
36
Sentencia SU-103 de 2022.
37
Sentencia SU-128 de 2021.
38
Sentencia SU-573 de 2019.
39
Ib.

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Así mismo, señaló que tras analizar los criterios que debe reunir una solicitud de
amparo que reproche una decisión judicial para superar el requisito de la relevancia
constitucional no cumplía con este postulado, porque (i) no tenía la identidad para
interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o desarrollar el alcance de
un derecho fundamental; (ii) involucraba un debate eminentemente legal; (iii)
planteaba una discusión preponderantemente económica; y, (iv) no cumplía con la
carga argumentativa y explicativa rígida porque no se demostraba la grave violación
de los derechos fundamentales invocados.

2.5. Caso concreto

Al revisar el escrito introductorio, los memoriales de contestación y las pruebas
incorporadas al trámite de tutela, la Sala concluye que la acción de tutela debe ser
declarada improcedente por cuanto no supera el requisito de relevancia
constitucional, toda vez que, la parte actora pretende con este mecanismo
constitucional reabrir discusiones jurídicas resueltas por el juez ordinario y no
demostrar la vulneración de derechos fundamentales presuntamente quebrantados
con ocasión de las providencias acusadas proferidas dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho .

En el escrito de tutela, se expuso que, las entidades accionadas incurrieron en un
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, vulnerando sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y mínimo
vital en conexidad con el derecho a la vida, argumentando que interpuso el recurso
de apelación contra la sentencia proferida el 19 de diciembre de 2023, dentro del
término legal, esto es, el 25 de enero de 2024, por medio del correo electrónico
jadmin06pso@notificacionesrj.gov.co.

Sin embargo, el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Pasto,
en la providencia acusada del 1 de marzo de 2024, expuso de manera clara y
precisa al apoderado de la accionante, las razones por las que no concedía el
recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 19 de diciembre de 2023
porque solo se tuvo conocimiento del mismo, cuando solicitó el impulso procesal40,
y además, fue remitido al buzón que no estaba autorizado para ello.

Por su parte, el Tribunal Administrativo de Nariño, en la providencia acusada del 2
de agosto de 2024, que resolvió el recurso de queja, también advirtió el error en el
que incurrió el apoderado de la actora en la radicación del recurso de apelación.
Resaltó que, inclusive, en las comunicaciones que envía la Secretaría del Despacho
de primera instancia, se hace saber que el mencionado correo es el único canal
habilitado para «recibir escritos solicitudes y otras respuestas judiciales», a través
de un «AVISO IMPORTANTE» con el que se culmina cada mensaje de datos.

40
Memorial que si fue remitido al correo autorizado adm06pas@cendoj.ramajudicial.gov.co

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Advierte la Sala que la parte accionante manifiesta su inconformidad respecto a las
decisiones adoptadas en las providencias acusadas, del 1 de marzo de 2024 y 2 de
agosto de 2024, proferidas por el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Pasto y Tribunal Administrativo de Nariño, respectivamente, más no
argumentó la vulneración de los derechos fundamentales invocados por la
accionante.

En el presente asunto, es evidente que el apoderado de la accionante ante el juez
constitucional pretende reabrir la discusión legal,41 ya zanjada por el juez natural,
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

En este sentido, entrar a estudiar las decisiones del juez natural de la causa, resulta
contraria a la naturaleza del juez constitucional que está llamado a proteger aquellas
garantías fundamentales vulneradas y a proferir decisiones encaminadas a
restablecer las mismas.

La Corte Constitucional ya ha decantado que la acción de tutela no es una vía
alterna, ni un mecanismo para rectificar decisiones judiciales en firme, ni para
desautorizar interpretaciones jurídicas que se hacen dentro del marco de la
autonomía y de la independencia propia de los jueces, ni el instrumento para atacar
o impugnar las decisiones judiciales que tienen fuerza ejecutoria 42.

Así las cosas, para la Sala no se cumple con el requisito general de procedencia de
relevancia constitucional dentro del marco de la acción de tutela contra providencias
judiciales, en la medida que, si bien la actora enuncia la trasgresión de los derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, mínimo
vital en conexidad a la vida, presunta afectación que pretende reabrir una discusión
legal que ya fue objeto de decisión por el juez natural de la causa, y no le
corresponde al juez constitucional hacer un pronunciamiento adicional, toda vez que
ello implicaría desconocer el principio de autonomía e independencia judicial y
desnaturalizaría el mecanismo constitucional convirtiéndolo en una instancia
adicional.

La Sala concluye que la discusión planteada en la acción de tutela no superó el
requisito de relevancia constitucional, por lo que se impone declarar improcedente

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

41
Artículo 2 de la ley 2213 de 2022 « Las autoridades judiciales darán a conocer en su página web
los canales oficiales de comunicación e información mediante los cuales prestarán su servicio, así
como los mecanismos tecnológicos que emplearán»
42
Sentencia SU134 veintiuno (21) de abril de dos mil veintidós (2022). Magistrado sustanciador: JOSÉ
FERNANDO REYES CUARTAS

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FALLA:

PRMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación del departamento de Nariño,
conforme a lo expuesto en la presente providencia.

SEGUNDO DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la
Ana María Portillo, mediante apoderado judicial, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: En el evento de no ser impugnada la presente decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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