Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05444-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05444-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-05444-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
25 de noviembre de 2024
Radicado: 11-001-03-15-000-2024-05444-00
Accionante: Roberto Carlos del Portillo Herrera
Accionados: Presidencia de la República y otro
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Bogotá, D. C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11-001-03-15-000-2024-05444-00
Accionante: Roberto Carlos del Portillo Herrera
Accionados: Presidencia de la República y otro
Tema: derechos al debido proceso administrativo, mínimo vital, propiedad privada y
acceso a la información. Subtema 1: subsidiariedad e improcedencia de la tutela.
Subtema 2: derecho de petición.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la
solicitud de amparo presentada por Roberto Carlos del Portillo Herrera en contra de la
Presidencia de la República y otros.
I. SÍNTESIS DEL CASO
Roberto Carlos del Portillo Herrera presentó tutela1, con el fin de obtener la protección
de sus derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital, a la propiedad
privada y al acceso a la información, que consideró vulnerados por la Presidencia de
la República, la Superintendencia de Transporte, la Cámara de Comercio de
Villavicencio, la Superintendencia de Sociedades, la Fiscalía 18 Seccional de
Valledupar y la Dirección Seccional de Fiscalías de Valledupar, como consecuencia
de su exclusión como accionista de la empresa Cotracosta S.A.S., derivado de las
irregularidades que se presentaron en el proceso de fusión empresarial entre
Cotracosta S.A.S y la sociedad Transportes Super Express S.A.S.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos relevantes
A partir del escrito de tutela y demás elementos aportados por las partes en el trámite
constitucional, se encuentran acreditados los siguientes hechos:
1 Samai, exp. 11-001-03-15-000-2024-05444-00, índice 2, certificado 4CCC28F194A4FE46 0C3CAEC21B31E44C
880CC713B38CB0BD 46A2148E8F46BBA1.
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Accionante: Roberto Carlos del Portillo Herrera
Accionados: Presidencia de la República y otro
Roberto Carlos del Portillo Herrera era miembro de la Cooperativa de Transportadores
de la Costa Atlántica, (COOTRACOSTA). Posteriormente, por documento privado del
02 de junio de 2017, inscrito en la Cámara de Comercio de Valledupar el 08 de junio
de 2017, con el núm. 86645 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza
comercial denominada «TRANSPORTES COTRACOSTA S.A.S., con NIT 901087350-
5».
El Ministerio de Transporte, mediante la Resolución núm. 0001599 de 18 de mayo de
2018, habilitó a la empresa Cotracosta S.A.S. para la prestación del servicio público
de transporte terrestre de pasajeros y, con Resolución núm. 0002743 de 13 de julio de
2018, trasladó las rutas que operaba la Cooperativa de Transportadores de la Costa
Atlántica, (COOTRACOSTA).
La asamblea general extraordinaria de accionistas de la empresa Cotracosta S.A.S.,
mediante acta núm. 004 del 26 de septiembre de 2018, aprobó la fusión con la
sociedad de Transportes Super Express S.A.S., lo cual se protocolizó en la escritura
pública núm. 2789 de 06 de septiembre de 2019. Esta decisión ocasionó un aumento
en el patrimonio y modificó la composición accionaria de Cotracosta S.A.S., en lo
concerniente al valor de las acciones suscritas y pagadas.
La Superintendencia de Sociedades, mediante oficio 20198000349561 de 27 de
agosto de 2019, autorizó la fusión por absorción entre las empresas «Transportes
Cotracosta S.A.S.» y Super Express S.A.S.
Roberto Carlos del Portillo Herrera, con escrito del 28 de agosto de 2020, identificado
con el radicado núm. 20205320691112, le informó a la Superintendencia de Transporte
que los administradores de la sociedad «Transportes Cotracosta S.A.S.», no
convocaron a reunión ordinaria y extraordinaria del máximo órgano social ni dejaron a
disposición de los socios los estados financieros de la empresa, por lo que solicitó la
intervención de la entidad.
Posteriormente, el tutelante, mediante escrito con radicado 20205321082832 del 30
de octubre de 2020, presentó queja ante la Superintendencia de Transporte en la que
manifestó la existencia de presuntas irregularidades cometidas por los administradores
de la sociedad «Transportes Cotracosta S.A.S.», en relación con la aplicación de los
estatutos y la reglamentación vigente en materia societaria y de transporte, en
detrimento de los intereses de los accionistas.
Asimismo, el accionante, mediante peticiones presentadas desde el año 2021, le
solicitó a la Superintendencia de Transporte convocar a la asamblea de accionistas de
la empresa «Transportes Cotracosta S.A.S.», para nombrar nuevos administradores
de la sociedad.
La Superintendencia de Transporte, mediante oficio 20248600052621 del 6 de febrero
de 2024, le informó a Roberto Carlos del Portillo Herrera que, según certificación de
composición accionaria expedida por la empresa de «Transportes Cotracosta S.A.S.»,
él no se encuentra certificado como accionista de la sociedad desde el año 2021,
debido al incumplimiento de la obligación en el pago de los aportes sociales, lo cual le
impedía promover la solicitud relacionada con la convocatoria a junta extraordinaria de
accionistas.
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Luis Miguel Beltrán del Portillo en su condición de socio de la empresa Cotracosta
S.A.S., mediante escritos de 15 de marzo y 3 de abril de 2024, dirigidos a la
Presidencia de la República, informó las actuaciones adelantadas por la
Superintendencia de Transporte que, a su juicio, obstaculizaban el cumplimiento de
las funciones de control y vigilancia de la sociedad Cotracosta S.A.S.; solicitó copia de
la respuesta al requerimiento núm. 20248600084621 de 15 de febrero de 2024, y pidió
información sobre las actuaciones administrativas o penales en contra de los
servidores de la superintendencia que participaron en el trámite de fusión empresarial.
Roberto Carlos del Portillo Herrera, con escrito de 2 de mayo de 2024, solicitó medida
de aseguramiento en contra de Alfredo Bedoya Loaiza y otros, con ocasión de los
hechos que dieron lugar a la fusión entre las empresas Cotracosta S.A.S. y Super
Express S.A.S, dado el desconocimiento que manifestaron los accionistas de
Cotracosta S.A.S., en la participación y celebración de acta núm. 004 del 26 de
septiembre de 2018.
El proceso penal en el que el tutelante radicó la solicitud, inició con motivo de la
denuncia presentada por Alexander Albernia Guerrero y otros, en contra del señor
Bedoya Loaiza, cuyo conocimiento le correspondió a la Fiscalía 18 Unidad Seccional
para el Patrimonio Económico de Valledupar, que investiga los hechos punibles de
falsedad ideológica en documento privado y fraude procesal relacionados con la
transformación de la Cooperativa Urbana e Interdepartamental de Transportadores
Ejecutivos (SUPEREXPRESS), a la empresa de transporte Super Express S.A.S.
El tutelante, mediante escrito del 5 de agosto de 2024, le pidió al Consejo Seccional
de la Judicatura del Cesar, ejercer vigilancia judicial administrativa respecto de la
actuación penal con radicado 200016001231201501411, que se tramita en la Fiscalía
18 Unidad Seccional Patrimonio Económico de Valledupar.
El Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar, a través de oficio CSJCEAVJ24-1431
de 12 de agosto de 2024, dispuso no avocar conocimiento de la solicitud de vigilancia
judicial administrativa presentada por Roberto Carlos del Portillo Herrera y, en
consecuencia, ordenó remitir la petición a la Dirección Seccional de Fiscalías de
Valledupar para que se pronuncie respecto de su competencia.
La Asamblea de Accionistas de «Transportes Cotracosta S.A.S.», en reunión
extraordinaria celebrada el 22 de agosto de 2024, suscribió el acta núm. 006, con el
fin de modificar la estructura administrativa de la empresa; sin embargo, su inscripción
fue inadmitida por la Cámara de Comercio de Villavicencio.
Roberto Carlos del Portillo Herrera presentó acción social de responsabilidad contra
administradores ante la Superintendencia de Sociedades dentro del expediente con
radicado 2024-800-00356, la cual fue rechazada por falta de competencia, mediante
el auto núm. 2024-01-842311 del 19 de septiembre de 2024, y ordenó remitir el asunto
a los Juzgados Civiles del Circuito de Valledupar para su conocimiento.
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
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«Conceder el amparo constitucional al debido proceso y a la propiedad privada, y al
mínimo vital (por negar los administradores el derecho al trabajo de los buses de mi
propiedad fuente de mi sustento y haberme despojado de los ingresos como accionista)
en consecuencia:
ORDENAR
Primero: Al señor presidente de la república DR. Gustavo Petro Urrego cumplir con
su programa de gobierno en especial el punto 4 Democratización del estado de
libertades punto 4.3 Democratización del estado y erradicación del régimen de
corrupción.
Segundo: Ordenar a la Superintendencia de Transporte convocar a los accionistas
de TRANSPORTES COTRACOSTA S.A.S, a una reunión de asamblea extraordinaria
en los términos de la ley 222 de 1995 Articulo 84 numeral 8 Modificado por el
Artículo 149 del Decreto 19 de 2012 Convocar a reuniones extraordinarias del
máximo órgano social en los casos previstos por la ley. En los casos en que convoque
de manera oficiosa, la Superintendencia presidirá la reunión". Para hacer
nombramiento de nuevos administradores y remover los actuales que han falsificado y
adulterado documentos, incluso llegando a desaparecer otros que pueden servir de
prueba.
Tercero: A la Superintendencia de Sociedades revocar el AUTO 20248000356 y en su
lugar verificar si de conformidad con el C.G.P. Articulo 24 literal del numeral 5 La
resolución de conflictos societarios, las diferencias que ocurran entre los
accionistas, o entre estos y la sociedad o ENTRE ESTOS y sus administradores, en
desarrollo del contrato social o del acto unilateral. (Negrilla y resaltado son míos).
Cuarto: Ordena a la Cámara de Comercio de Villavicencio dar trámite al acta 006 de
22 de agosto de 2024 de la empresa TRANSPORTES COTRACOSTA S.A.S. sin exigir
requisitos adicionales y trasladar a la fiscalía general de la nación la correspondiente
denuncia pues ha venido conociendo de conductas que deben ser investigadas de
oficio Ley 599 de 2000 Articulo 417.
Quinto: A la dirección seccional de fiscalías examinar si es procedente el cambio de
fiscal en las investigaciones que adelantan la fiscalía 18 y 28 seccional de Valledupar
por todos los hechos aquí denunciados de conformidad con la ley 906 de 2004 Articulo
175.
Sexto: A la fiscalía 18 seccional de Valledupar indicar en nuestra calidad de víctimas
los motivos por los cuales no se nos ha garantizado nuestros derechos en los
términos de la ley 906 de 2004 artículos 133 al 137. Y como se harán efectivas nuestras
garantías de atención y protección ante las graves amenazas y el constreñimiento ilegal
y la continua e ininterrumpida obstrucción a la justicia por parte de los denunciados.
Séptimo: Ordenar a la Superintendencia de Transporte informar en qué estado se
encuentra la investigación disciplinaria, en contra de los funcionarios que fueron
denunciados ante esa entidad, no es necesario levantar la reserva solo en qué
estado se encuentra pues los quejosos pueden recurrir la decisión de archivo.
Octavo: Si no se me concedieron las medidas cautelares, que sean estas peticiones
garantizadas en el fallo de tutela.»2
2 Se transcribe incluso con errores.
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Como fundamento de sus pretensiones, el tutelante planteó los siguientes
argumentos y consideraciones respecto de cada una de las autoridades accionadas:
Con relación a la Presidencia de la República
El presidente de la República de Colombia es la autoridad encargada de vigilar la
prestación de los servicios públicos, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 4 del
Decreto 2409 de 2018, como jefe supremo de la administración pública, por lo que le
corresponde ejercer la inspección de las funciones que cumplen entidades como la
Superintendencia de Transporte, en la consecución de este cometido social.
De igual manera, agregó que el presidente, cuando se encontraba en campaña
política, propuso que «acabaría la corrupción que irradia las estructuras estatales», sin
que en el caso en particular se advierta una actuación encaminada a poner fin a las
actuaciones irregulares desarrolladas por los empleados de la Superintendencia de
Transporte.
Refirió que el programa de gobierno, en el punto 4, planteó un eje que propendía por
la restauración del equilibrio y la independencia de los poderes públicos; sin embargo,
este no se está cumpliendo, pese a que era imperativo, de acuerdo con el artículo 259
de la Constitución Política. No existe otro mecanismo distinto a la acción de tutela para
garantizar el acatamiento de las promesas de campaña, encaminadas a concretar los
resultados de las denuncias formuladas en contra de los funcionarios de la
Superintendencia de Transporte.
Con respecto a la Superintendencia de Transporte
El accionante manifestó que, la Superintendencia de Transporte desconoció sus
garantías constitucionales porque no ha convocado a los accionantes de «Transportes
Cotracosta S.A.S.», a una reunión de asamblea extraordinaria en los términos del
numeral 8 del artículo 84 de la Ley 222 de 1995, con el fin de designar nuevos
administradores y remover los actuales.
De igual manera, indicó que la entidad accionada no tuvo en cuenta que el acto jurídico
de fusión empresarial fue promovido por los administradores de Cotracosta S.A.S.,
para favorecer injustificadamente a terceros «aumentando simulada y maliciosamente
el patrimonio de estos terceros y disminuyendo sin consentimiento el porcentaje
de acciones y el valor PAGADO de nosotros verdaderos accionistas […]», lo cual dio
lugar a la exclusión de algunos integrantes de la sociedad.
Conforme a lo anterior, expresó que la información que obra en la Superintendencia
de Transporte sobre Cotracosta S.A.S., es contraria a los estados financieros
presentados ante el Ministerio de Transporte, porque en estos se desvirtuaron las
cuentas por cobrar a los accionistas de la sociedad. Existen varios documentos que
demuestran que el capital social fue pagado por los accionistas, a saber: i) el balance,
y ii) la escritura 2789 del 6 de septiembre. En consecuencia, aun cuando la
Superintendencia expresó que había verificado el acatamiento de los requisitos que
permiten solicitar la autorización de la fusión por absorción, las pruebas demuestran lo
contrario.
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Asimismo, mencionó que la entidad no adelantó las actuaciones administrativas
pertinentes, con ocasión de la queja radicada el 30 de octubre de 2020, por medio de
la cual denunció las irregularidades ocurridas con administradores de la sociedad
Cotracosta S.A.S., que dieron lugar a su exclusión como accionista de la empresa, de
conformidad con el artículo 397 del Código de Comercio.
En lo que respecta a la Superintendencia de Sociedades
En cuanto a la Superintendencia de Sociedades, precisó que la entidad ha rechazado
la demanda de acción social de responsabilidad en varios momentos contra los
directivos de Cotracosta S.A.S., a partir de una interpretación indebida de la sentencia
C-318 de 2023 de la Corte Constitucional, pues la expresión que fue declarada
inexequible es aquella que se refiere a la resolución de los conflictos societarios, más
no las competencias que regulan las diferencias surgidas entre los accionistas y sus
administradores.
En lo atinente a la Cámara de Comercio de Villavicencio
La parte actora indicó que la Cámara de Comercio de Villavicencio vulneró sus
derechos fundamentales invocados porque no ha dado trámite a la inscripción del acta
006 del 22 de agosto de 2024, expedida por la Asamblea de Accionistas de la empresa
Cotracosta S.A.S., en la medida en que ha obstaculizado el procedimiento, con la
exigencia de requisitos adicionales que no corresponden.
De este modo, explicó que la devolución de esta generó que los administradores
realicen cambios en la estructura de la organización, que ha propiciado la promoción
de convocatorias aparentes y la falsificación de documentos, que dejan de lado la
participación de todos los accionistas para permitir la intervención de solo unos pocos.
Con relación a la Fiscalía 18 Seccional de Valledupar y la Dirección Seccional de
Fiscalía de Valledupar
El tutelante expresó que intervino en la denuncia penal que se tramita ante la Fiscalía
18 Unidad Seccional Patrimonio Económico de Valledupar con radicado NUC
200016001231201501411, que se encuentra en etapa de indagación, frente a la cual
no ha existido pronunciamiento de fondo, pese a que ha presentado peticiones;
circunstancia que contraviene el término previsto en el artículo 175 de la Ley 906 de
2004.
Asimismo, refirió que el Consejo Superior de la Judicatura, Seccional Cesar, rechazó
una solicitud de vigilancia administrativa y la trasladó a la Dirección Seccional de
Fiscalías de Valledupar, sin que se haya dado respuesta alguna.
2.3. Trámite procesal
El despacho ponente, mediante auto del 11 de octubre de 20243, admitió la demanda,
ordenó la notificación a las autoridades accionadas, es decir, la Presidencia de la
República, la Superintendencia de Transporte, la Superintendencia de Sociedades, la
3Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-05444-00, índice 4, certificado 6093C96C58806233 75E7567435657EC1
E8B8C286C05A371D 333B28570EF28D5C.
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Cámara de Comercio de Villavicencio, la Fiscalía 18 Unidad Seccional para el
Patrimonio Económico de Valledupar y la Dirección Seccional de Fiscalías de
Valledupar; puso en conocimiento el escrito de tutela a los terceros interesados, esto
es, Cotracosta S.A.S., y negó la medida provisional invocada.
Posteriormente, con auto de 8 de noviembre de 2024, se solicitó a la Corte Suprema
de Justicia, Sala de Casación Civil y al Tribunal Superior de Distrito Judicial de
Valledupar, remitir copia del expediente constitucional tramitado en dichas
corporaciones judiciales, con el radicado núm. 20001221400220240001900.
2.4. Intervenciones
Efectuadas las notificaciones de rigor4, se recibieron las siguientes intervenciones:
La Superintendencia de Transporte5 manifestó que la entidad, en el marco de su
función de inspección y vigilancia, requirió información a la sociedad Cotracosta S.A.S.
porque el capital pagado de acuerdo con el registro de cámara de comercio no
coincidía con la certificación remitida.
Igualmente, indicó que respondió la solicitud de convocatoria efectuada por el tutelante
mediante los oficios radicados bajo los números 20248600032691 y 20248600052621,
por medio de los cuales solicitó información de los accionistas para decidir de fondo, y
precisó que el numeral 8 de la Ley 84 de 1995 solo operaría una vez cumplan con
todos los requisitos.
También explicó que puso en conocimiento de la oficina de control interno disciplinario
la información relacionada con las funcionarias aludidas por el accionante para que se
adelantaran las actuaciones administrativas; no obstante, estas todavía estaban en
curso, por lo cual no era propio efectuar manifestaciones que pudieran atentar contra
el debido proceso.
Por lo anterior, pidió declarar improcedente la tutela por no cumplir con el presupuesto
de subsidiariedad, ya que los actos administrativos gozan de presunción de legalidad
que debe desvirtuarse a través de los medios de control procedentes, y las omisiones
atribuidas por el accionante frente a las obligaciones de la entidad deben ser sometidas
al conocimiento de los órganos de control y de la Fiscalía General de la Nación.
La Cámara de Comercio de Villavicencio6 adujo que no se vulneraron los derechos
fundamentales del accionante, por cuanto se le ha garantizado el debido proceso en
todos los trámites que ha iniciado. Pidió su desvinculación por falta de legitimación en
la causa.
La Fiscalía 18 Seccional de Valledupar7 indicó que adelanta un proceso penal por el
delito de fraude procesal con el número de noticia criminal 200016001231201501411
4 Samai, exp. 11-001-03-15-000-2024-05444-00, índice 7, certificado A13AED4B8581FB6D 8526982F28245971
ACD229975F107568 0B0F0EDCD862B767.
5 Samai, exp. 11-001-03-15-000-2024-05444-00, índice 9, certificado CFBE13DF8E7D28C2 BCAA854773A79A05
26D5FE4F6ADED9E3 35E5C2D4C8911C81.
6
Samai, exp. 11-001-03-15-000-2024-05444-00, índice 12, certificado
8D0253F6022C2024 86596794621F39EF 349F27ECC4F6A9D6 4DAB98DA4FB2FE1A.
7 Samai, exp. 11-001-03-15-000-2024-05444-00, índice 13, certificado 4BD3D5E43A94D6F1 EF679B7C472F52A7
07FCA6EE08E0CE3D 9AF48D5C8BA9143E.
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en el que obra como denunciante Luis Eduardo Avendaño Gamarra y como indiciado
Alfredo Bedoya Loaiza, el cual está en estado activo y en etapa de indagación. En
específico, existen órdenes de policía judicial dispuestas desde el 1 de octubre de
2024, que una vez obtengan resultados permitirán adoptar las decisiones respectivas.
Por otra parte, aclaró que la petición presentada en 2023, se resolvió el 29 de agosto
de dicho año, con lo cual se garantizó este derecho fundamental. En consecuencia,
pidió negar el amparo.
La Dirección de Jurisdicción Societaria III de la Superintendencia de Sociedades8
expresó que la acción de tutela es improcedente para controvertir una providencia
judicial dictada conforme al ordenamiento jurídico.
Adicionalmente, explicó que la entidad declaró la falta de competencia para conocer
de la acción de responsabilidad social promovida por el actor y trasladó el expediente
al Juzgado Civil del Circuito de Valledupar.
Por lo expuesto, solicitó que se declare improcedente la tutela, como quiera que no se
configura un hecho que amanece o vulnere los derechos fundamentales que el actor
aduce vulnerados.
La Presidencia de la República9 pidió negar el amparo porque las peticiones que
presentó Luis Miguel Beltrán del Portillo con los números de radicados EXT24-
00042954 EXT24-00043146, fueron atendidas el 27 de marzo y el 23 de octubre de
2024, mediante los oficios OFI24-00058365 /GFPU 12000000 y OFI24-00211621 /
GFPU 13150000, en el sentido de remitir los requerimientos al Ministerio de Transporte
y a la Fiscalía General de la Nación, por competencia.
Pidió que se le desvincule del proceso de la referencia por falta de legitimación en la
causa por pasiva, y se declare improcedente el amparo por inexistencia de una acción
u omisión que le sea imputable, o en su defecto, negar esta tutela por cuanto la entidad
no puede ordenar las investigaciones solicitadas.
El señor Roberto Carlos del Portillo Herrera presentó escrito de aclaración10 a la
solicitud de tutela, en la que precisó que la acción se dirige a obtener la protección de
los derechos «al debido proceso administrativo y judicial al mínimo vital y derecho a la
propiedad privada y de acceso a la información», vulnerados por el Presidente de la
República al no cumplir con su programa de gobierno contenido en el punto 4
«Democratización del estado de libertades punto 4.3 Democratización del estado y
erradicación del régimen de corrupción».
De igual manera, indicó que la tutela cuestiona el trámite del proceso penal que tiene
a cargo la Fiscalía 18 Seccional de Valledupar, al no cumplir con los términos
procesales previstos en la Ley 906 de 2024.
8 Samai, exp. 11-001-03-15-000-2024-05444-00, índice 15, certificado 334055D1BA64012D 5535E48B0B796D33
91F3C4119EA85F1B E5FF561084D00508.
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Samai, exp. 11-001-03-15-000-2024-05444-00, índice 17, certificado 18210DE9CAF7A99F F7CC2EAF743D828A
AE524521693C05E2 E3DEAAE576B63360.
10 Samai, exp. 11-001-03-15-000-2024-05444-00, índice 20, certificado 4148552884ECA4D7 A8779B2F17101EB0
5AB5889FF841F831 F84073EC6597907E.
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Radicado: 11-001-03-15-000-2024-05444-00
Accionante: Roberto Carlos del Portillo Herrera
Accionados: Presidencia de la República y otro
La Dirección Seccional de Fiscalías de Valledupar y Cotracosta S.A.S. guardaron
silencio.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta por Roberto Carlos del Portillo Herrera, en
contra de la Presidencia de la República y otros.
3.2. Legitimación en la causa
En el presente asunto, se encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa
de Roberto Carlos del Portillo Herrera porque los hechos y demás elementos
probatorios allegados con el escrito de tutela dan cuenta de los requerimientos
efectuados ante las entidades administrativas accionadas a las cuales les atribuye la
vulneración de sus derechos fundamentales.
También está probada la legitimación en la causa por pasiva de la Presidencia de
la República, las Superintendencias de Transportes y Sociedades, la Fiscalía 18
Unidad Seccional para el Patrimonio Económico de Valledupar y la Cámara de
Comercio, porque fueron las autoridades a las cuales el tutelante requirió en sede
administrativa para resolver su inconformidad con el procedimiento y los efectos de la
fusión empresarial ocurrida entre Cotracosta S.A.S. y la sociedad de Transportes
Super Express S.A.S.
3.3. Problema jurídico
La Sala debe decidir si la Presidencia de la República, la Superintendencia de
Transporte, la Cámara de Comercio de Villavicencio, la Superintendencia de
Sociedades, la Fiscalía 18 Seccional de Valledupar y la Dirección Seccional de
Fiscalías de Valledupar vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, al
mínimo vital, a la propiedad privada y al acceso a la información de Roberto Carlos del
Portillo Herrera, al no ejercer las actuaciones administrativas y judiciales pertinentes
para investigar y sancionar las irregularidades que se pudieron presentar en el proceso
de fusión empresarial entre Cotracosta S.A.S y la sociedad Super Express S.A.S.
Para el efecto, se estudiará lo siguiente: (i) generalidades de la procedibilidad de la
acción de tutela; y (ii) análisis de la Sala.
3.3. Procedencia de la acción de tutela
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona
cuenta con la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata
de sus derechos fundamentales cuando sean violados o amenazados por la acción o
la omisión de las autoridades, o de particulares en los casos que señala la ley. Este
9
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mecanismo constitucional tiene dos requisitos de procedencia: la subsidiariedad y la
inmediatez11.
El primero, exige que el interesado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que busque evitar un perjuicio irremediable12; y el segundo, consiste en que se
acuda ante el juez constitucional dentro de un plazo razonable, pues de lo contrario,
«[…] la necesidad de la protección constitucional por vía de tutela queda en entredicho
[…]»13.
Análisis de los requisitos de procedibilidad en el caso concreto
Roberto Carlos del Portillo Herrera presentó tutela con la pretensión principal de
obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo
vital, a la propiedad privada y al acceso a la información, que consideró vulnerados por
la Presidencia de la República, la Superintendencia de Transporte, la cámara de
comercio de Villavicencio, la Superintendencia de Sociedades, la Fiscalía 18
Seccional de Valledupar y la Dirección Seccional de Fiscalías de Valledupar, por la
falta de diligencia de las accionadas para investigar y sancionar a los sujetos que de
manera irregular participaron en el proceso de fusión empresarial entre Cotracosta
S.A.S y la sociedad Transportes Super Express S.A.S., y ocasionó su exclusión como
accionista de la empresa Cotracosta S.A.S.
Análisis de los cargos de la tutela contra la Presidencia de la República
El tutelante manifestó que el presidente de la República no ha dado cumplimiento al
punto 4 del programa de gobierno denominado «Democratización del estado,
libertades fundamentales, agenda internacional para la vida […] 4.3. Democratización
del estado y erradicación del régimen de corrupción», en tanto no ha ejercido la función
de inspección, vigilancia y control que le asiste sobre la empresa Transportes
Cotracosta S.A.S., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 2409
de 2014, en su condición de suprema autoridad administrativa.
En este sentido, reprochó que el presidente de la República no ha adoptado las
medidas necesarias para ejercer control disciplinario o penal en contra de los
servidores de la Superintendencia de Transporte, que obstaculizaron las actuaciones
administrativas adelantadas para investigar las irregularidades ocurridas con la fusión
empresarial entre Cotracosta S.A.S y la sociedad Transportes Super Express S.A.S.,
y convocar la realización de una nueva asamblea de accionistas en Cotracosta S.A.S.
Al respecto, es pertinente indicar que los elementos probatorios allegados al
expediente de tutela, no demuestran que el accionante haya efectuado requerimiento
alguno dirigido a la Presidencia de la República, por medio del cual haya solicitado
información acerca de las políticas o prácticas anticorrupción diseñadas e
implementadas en cada una de las entidades que conforman el Gobierno Nacional, en
desarrollo del programa presentado como candidato presidencial, pues no obra
documento que permita inferir el ejercicio del derecho de petición en el que conste esta
petición.
11 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2024.
12 Corte Constitucional, sentencia T-400 de 2017.
13 Corte Constitucional, sentencia T-879 de 2012, reiterada en sentencia SU-084 de 2019.
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Sobre el particular, es importante precisar, que el derecho de petición es un mecanismo
que permite hacer efectivos otros derechos de rango constitucional, por lo que ha sido
considerado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional como «un derecho de tipo
instrumental14, en tanto que es uno de los mecanismos de participación más
importantes para la ciudadanía, pues es el principal medio que tiene para exigir a las
autoridades el cumplimiento de sus deberes15»16.
En este punto, resulta necesario aclarar que, si bien Roberto Carlos del Portillo Herrera
en el escrito de tutela dio a conocer la existencia de los requerimientos formulados por
Luis Miguel Beltrán del Portillo a la Presidencia de la República, las peticiones no
fueron presentadas por el hoy tutelante ni solicitaron información de las actividades
desarrolladas por el Gobierno Nacional en materia de corrupción, al interior de las
entidades públicas.
Conviene precisar que las peticiones presentadas por Luis Miguel Beltrán del Portillo,
el 15 de marzo y el 3 de abril de 2024, fueron atendidas por la Presidencia de la
República, mediante OFI24-00058365 / GFPU 12000000 del 27 de marzo de 202417 y
OFI24-00211621 / GFPU 13150000 de 23 de octubre de 202418, en el sentido de
informarle que sus requerimientos fueron trasladados por competencia al Ministerio de
Transporte y a la Fiscalía General de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 21 de la Ley 1437 de 2011.
Roberto Carlos del Portillo Herrera, a la fecha de presentación de la acción de tutela,
no aportó elemento de prueba alguno, con el cual se pueda constatar que acudió a la
Presidencia de la República en ejercicio del derecho de petición de información. Razón
por la cual, no es posible tener por acreditado el comportamiento omisivo por parte de
la entidad accionada frente a las garantías constitucionales invocadas por el actor, que
exija la intervención del juez de tutela.
En relación con lo expuesto, conviene precisar que el artículo 86 de la Constitución
Política establece que la acción de tutela tiene por objeto la protección de derechos
fundamentales de manera efectiva, inmediata y concreta, cuando estos resulten
vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad o de particulares.
En similares términos, el artículo 5.° del Decreto 2591 de 199119 dispuso la
procedencia de la tutela.
Al respecto, la Corte Constitucional ha considerado que este mecanismo judicial se
torna improcedente ante la inexistencia de una conducta censurable, toda vez que no
14 Corte Constitucional, sentencia T-167 de 2013.
15 Corte Constitucional, sentencia T-430 de 2017.
16 Corte Constitucional, sentencia T-206 de 2018.
17 Samai, exp. 11-001-03-15-000-2024-05444-00, índice 17, certificado E9638F64E28F60EE DE44DC903203912E
A51F7F03B51FF359 DC6AB5E1B12D8C1D.
18 Samai, exp. 11-001-03-15-000-2024-05444-00, índice 17, certificado 0C4921C415485C0F 64880831722563E0
47FAF6E65896451B B16EA8AE9B5415DA.
19 ARTICULO 5o. PROCEDENCIA DE LA ACCION DE TUTELA. La acción de tutela procede contra toda acción
u omisión de las autoridades públicas, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos
de que trata el artículo 2 de esta ley. También procede contra acciones u omisiones de particulares, de
conformidad con lo establecido en el Capítulo III de este Decreto. La procedencia de la tutela en ningún caso está
sujeta a que la acción de la autoridad o del particular se haya manifestado en un acto jurídico escrito. [Negrilla fuera
de texto original].
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es posible «[…] acudir a la acción de tutela sobre la base de actos que no se han
proferido, esto no solo viola el debido proceso de las entidades públicas, que, valga
repetirlo, también lo tienen, sino que, atentaría contra uno de los fines esenciales del
Estado, cual es el de asegurar la vigencia de un orden justo»20, pues «[…] según lo
dispuesto por el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela requiere
como presupuesto necesario de orden lógico-jurídico la vulneración al demandante de
un derecho fundamental o, por lo menos, la amenaza seria y actual de su vulneración
[…]»21 .
La jurisprudencia constitucional reiteró el anterior criterio jurídico en los siguientes
términos:
«En el mismo sentido lo han expresado sentencias como la SU-975 de 2003 o la T-883
de 2008, al afirmar que «partiendo de una interpretación sistemática, tanto de la
Constitución, como de los artículos 5º y 6º del [Decreto 2591 de 1991], se deduce que
la acción u omisión cometida por los particulares o por la autoridad pública que vulnere
o amenace los derechos fundamentales es un requisito lógico-jurídico para la
procedencia de la acción tuitiva de derechos fundamentales «[…] En suma, para que
la acción de tutela sea procedente requiere como presupuesto necesario de
orden lógico-jurídico, que las acciones u omisiones que amenacen o vulneren
los derechos fundamentales existan […]», ya que «sin la existencia de un acto
concreto de vulneración a un derecho fundamental no hay conducta específica
activa u omisiva de la cual proteger al interesado […]».
Y lo anterior resulta así, ya que si se permite que las personas acudan al mecanismo
de amparo constitucional sobre la base de acciones u omisiones inexistentes,
presuntas o hipotéticas, y que por tanto no se hayan concretado en el mundo material
y jurídico, “ello resultaría violatorio del debido proceso de los sujetos pasivos de la
acción, atentaría contra el principio de la seguridad jurídica y, en ciertos eventos, podría
constituir un indebido ejercicio de la tutela, ya que se permitiría que el peticionario
pretermitiera los trámites y procedimientos que señala el ordenamiento jurídico como
los adecuados para la obtención de determinados objetivos específicos, para acudir
directamente al mecanismo de amparo constitucional en procura de sus derechos”.
Así pues, cuando el juez constitucional no encuentre ninguna conducta atribuible al
accionado respecto de la cual se pueda determinar la presunta amenaza o violación de
un derecho fundamental, debe declarar la improcedencia de la acción de tutela»22.
[Negrilla fuera de texto original]
En el presente caso, no se encuentra acreditada la acción u omisión en la que
supuestamente incurrió la Presidencia de la República, generadora de la amenaza o
vulneración de los derechos fundamentales alegados por Roberto Carlos del Portillo
Herrera, en tanto los argumentos expuestos por el actor y los elementos probatorios
obrantes en el expediente en modo alguno permiten advertir la existencia de un hecho
cierto que afecte el derecho a la información.
Por las anteriores razones, no es dable para esta Subsección emitir un
pronunciamiento de fondo sobre el asunto, dado que la solicitud de tutela no cumple
20 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2002
21 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2002
22 Corte Constitucional, sentencia T-130 de 2014.
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con el presupuesto de orden lógico-jurídico, pues no se encuentra demostrado el
hecho concreto de vulneración de los derechos fundamentales del actor.
Análisis de los cargos de la tutela contra la Superintendencia de Transporte y la
Superintendencia de Sociedades
El accionante pretende que la Superintendencia de Transporte convoque a los
accionantes de «Transportes Cotracosta S.A.S.», a una reunión de asamblea
extraordinaria en los términos del numeral 8 del artículo 84 de la Ley 222 de 1995, con
el fin de designar nuevos administradores y remover los actuales, pues, a su juicio,
incurrieron en irregularidades durante el proceso de fusión de las sociedades
Cotracosta S.A.S y Super Express S.A.S., que ocasionó su exclusión como accionista
de la empresa Cotracosta S.A.S.
Al respecto, es pertinente mencionar, que la Superintendencia de Transporte, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.° del Decreto 2409 de 201823, ejerce las
funciones de inspección, vigilancia, control y asesoría para garantizar el cumplimiento
de las disposiciones que regulan la debida prestación del servicio público de transporte,
de puertos, concesiones e infraestructura, servicios conexos y la protección de los
usuarios del sector transporte. El decreto referido no prevé funciones a cargo de la
Superintendencia de Transporte relacionadas con asuntos societarios.
Por otra parte, a la Superintendencia de Sociedades le corresponde velar que las
asociaciones no sometidas a la vigilancia de otras superintendencias, en su formación
y funcionamiento y en el desarrollo de su objeto social, se ajusten a la ley y a los
estatutos.
Para tal efecto, el numeral 8.° del artículo 84 de la Ley 222 de 1995, plantea
expresamente que es una atribución de la Superintendencia de Sociedades «Convocar
a reuniones extraordinarias del máximo órgano social en los casos previstos por la ley.
En los casos en que convoque de manera oficiosa, la Superintendencia presidirá la
reunión». Dicha facultad se encuentra reglamentada en el numeral 17 del artículo 18
del Decreto 1736 del 22 de diciembre de 2020 24, «Por el cual se modifica la estructura
de la Superintendencia de Sociedades».
A su turno, el artículo 423 del Código de Comercio establece que las reuniones
extraordinarias de la asamblea general de accionistas se llevarán a cabo cuando lo
exijan las necesidades imprevistas o urgentes de la compañía, por convocatoria de la
junta directiva o del representante legal o del revisor fiscal. Adicionalmente, la norma
autoriza al superintendente para ordenar la convocatoria de la asamblea a reuniones
extraordinarias o hacerla, directamente, en los siguientes casos:
1) Cuando no se hubiere reunido en las oportunidades señaladas por la ley o por los
estatutos;
23 «Por el cual se modifica y renueva la estructura de la Superintendencia de Transporte y se dictan otras
disposiciones».
24 ARTÍCULO 18.- Dirección de Supervisión Empresarial. Son funciones de la Dirección de Supervisión
Empresarial las siguientes:
[…]
17. Convocar a la asamblea general o a la junta de socios de las sociedades cuya supervisión le ha sido asignada,
cuando quiera que éstas no se hayan reunido en las oportunidades previstas en los estatutos o en la ley.
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2) Cuando se hubieren cometido irregularidades graves en la administración que deban
ser conocidas o subsanadas por la asamblea, y
3) Por solicitud del número plural de accionistas determinado en los estatutos y, a falta
de esta fijación, por el que represente no menos de la quinta parte de las acciones
suscritas.
La orden de convocar la asamblea será cumplida por el representante legal o por el
revisor fiscal.
Bajo este marco normativo, se puede deducir con claridad que la Superintendencia de
Sociedades tiene la facultad de convocar, de manera excepcional, a las asambleas
generales de accionistas en los eventos descritos en el artículo 423 del Código de
Comercio.
En el caso bajo estudio, no se encuentra acreditado que Roberto Carlos del Portillo
Herrera hubiese presentado escrito dirigido a la Superintendencia de Sociedades para
que convocara a una reunión extraordinaria del máximo órgano social de la empresa
Transportes Cotracosta S.A.S., con fundamento en alguna de las circunstancias
previstas en el artículo 423 del Código de Comercio.
Por lo anterior, no es posible concluir que la Superintendencia de Transporte o la
Superintendencia de Sociedades hayan amenazado o vulnerado los derechos
fundamentales invocados por el tutelante, por omitir la actuación administrativa dirigida
a convocar, de manera extraordinaria, a la asamblea de accionistas de la empresa
«Transportes Cotracosta S.A.S.», como lo pretendía el accionante en el escrito de
tutela, pues no formuló requerimiento alguno ante la entidad encargada de vigilar a las
sociedades comerciales para que se pronunciara al respecto.
Por otro lado, el tutelante cuestiona que la Superintendencia de Sociedades rechazó
la demanda de acción social de responsabilidad por no interpretar en debida forma la
sentencia C-318 de 2023 de la Corte Constitucional. Al respecto, resulta pertinente
mencionar que en el expediente de tutela se encuentra acreditado que Roberto Carlos
del Portillo Herrera presentó demanda de «acción social de responsabilidad» contra
los administradores de la empresa «Transportes Cotracosta S.A.S.», ante la
Superintendencia de Sociedades, por las irregularidades ocurridas en el manejo y
administración de la sociedad, que según el accionante derivaron en su exclusión
como accionista.
También se encuentra demostrado que la Superintendencia de Sociedades, en el
expediente con radicado 2024-0800-00356, dictó el auto del 19 de septiembre de
202425, por medio del cual rechazó la demanda por falta de competencia y ordenó
remitir el asunto a los juzgados civiles del circuito de Valledupar para su conocimiento.
Esta decisión era susceptible del recurso de apelación, de conformidad con lo
dispuesto en el numeral 1.º del artículo 321 del Código General del Proceso (CGP)26,
en concordancia con lo previsto en el parágrafo 3.° del artículo 24 del (CGP)27, en
25
Samai, exp. 11-001-03-15-000-2024-05444-00, índice 2, certificado 4CCC28F194A4FE46 0C3CAEC21B31E44C
880CC713B38CB0BD 46A2148E8F46BBA1.
26 «Artículo 321. Procedencia. Son apelables las sentencias de primera instancia, salvo las que se dicten en
equidad.
También son apelables los siguientes autos proferidos en primera instancia:
1. El que rechace la demanda, su reforma o la contestación a cualquiera de ellas.
[…]»
27 Artículo 24. […]
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cuanto establece que las autoridades administrativas tramitarán los procesos mediante
las vías procesales previstas en la ley para los jueces.
De esta manera, es evidente que el accionante contaba con otro mecanismo de
defensa para obtener la protección de su derecho, comoquiera que tuvo la oportunidad
procesal para interponer el recurso de apelación contra el auto del 19 de septiembre
de 2024. Oportunidad esta para desarrollar una carga argumentativa y probatoria que
sustentara las razones de hecho y de derecho por las cuales consideraba que era
procedente dar trámite a la demanda interpuesta contra los administradores de la
empresa «Transportes Cotracosta S.A.S.». No obstante, el tutelante, guardó silencio
y no agotó los medios ordinarios de defensa a su alcance, ni acreditó una justificación
fáctica y jurídicamente válida que le impidiera acudir a los mecanismos previstos por
el legislador.
En este orden, se advierte que, el actor no fue diligente ni agotó los recursos
procedentes contra el auto de 19 de septiembre de 2024 y dejó pasar una oportunidad
procesal importante para la defensa de sus intereses.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6.º del Decreto 2591 de 1991, la acción de
tutela no procederá «1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales,
[…]». Este precepto legal le impone el deber a la persona que acude la acción de tutela,
de ejercer oportunamente los instrumentos o mecanismos previstos en el ordenamiento
jurídico para la defensa y protección de los derechos e intereses particulares.
Así pues, dado el carácter subsidiario de la acción de tutela, los conflictos jurídicos
relacionados con los derechos fundamentales deben ser resueltos por las vías
ordinarias jurisdiccionales; solo ante la ausencia de dichas vías, o cuando las mismas
no resultan idóneas para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, resulta
admisible acudir a la acción de amparo constitucional.
En este orden, debido a que la acción de tutela no puede ser ejercida como un
mecanismo para subsanar la falta de actividad del tutelante, la Sala estima que la
acción objeto de estudio es improcedente, en el entendido de que el agotamiento
efectivo de los mecanismos de defensa judicial no solo son un acto de diligencia
exigible a los ciudadanos frente a sus propios asuntos procesales, sino que constituyen
un requisito necesario para la procedencia de la acción de tutela como mecanismo de
defensa.
Análisis de los cargos de la tutela contra la Cámara de Comercio de Villavicencio
La parte actora indicó que la Cámara de Comercio de Villavicencio vulneró sus
derechos fundamentales invocados porque no ha dado trámite a la inscripción del acta
Parágrafo 3°. Las autoridades administrativas tramitarán los procesos a través de las mismas vías procesales
previstas en la ley para los jueces.
Las providencias que profieran las autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales no son
impugnables ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Las apelaciones de providencias proferidas por las autoridades administrativas en primera instancia en ejercicio de
funciones jurisdiccionales se resolverán por la autoridad judicial superior funcional del juez que hubiese sido
competente en caso de haberse tramitado la primera instancia ante un juez y la providencia fuere apelable.
Cuando la competencia la hubiese podido ejercer el juez en única instancia, los asuntos atribuidos a las autoridades
administrativas se tramitarán en única instancia.
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006 del 22 de agosto de 2024, expedida por la Asamblea de Accionistas de la empresa
«Transportes Cotracosta S.A.S.».
En el expediente de tutela se encuentra acreditado que, el día 22 de agosto de 2024,
se llevó a cabo la asamblea extraordinaria de accionistas de la empresa «Transportes
Cotracosta S.A.S28.», en la cual se suscribió el acta núm. 006, en cuyo contenido
consta el nombramiento de Miguel Ángel Beltrán del Portillo y de Roberto Carlos del
Portillo Herrera como presidente y secretario, respectivamente, y la aprobación de la
asamblea para iniciar demanda de «acción social de responsabilidad contra los
administradores de la empresa, a saber: Adolfo Raúl Portela Maestre, Alfredo Bedoya
Loaiza, Patricia Pastor Murillo y Obdulio Martínez Mora».
Miguel Ángel Beltrán del Portillo y de Roberto Carlos del Portillo Herrera presentaron
solicitud de inscripción del acta núm. 006 del 22 de agosto de 2024, ante la Cámara
de Comercio de Villavicencio, con el radicado núm. 18134810 del 10 de septiembre de
2024.
También se aportó al expediente de tutela, el oficio de devolución condicional núm.
29648, expedido por la Cámara de Comercio de Villavicencio, a través del cual le
informó a Miguel Ángel Beltrán del Portillo, que la solicitud de inscripción del acta núm.
006 del 22 de agosto de 2024 presentaba errores o incongruencias en los documentos
que se anexaron al trámite, por lo que requirió al solicitante para que aclarara aspectos
relacionados con el porcentaje de las acciones de los socios que convocaron a la
asamblea y los días de antelación de la citación.
Los documentos aportados al trámite de tutela por las partes e intervinientes no dan
cuenta de que Roberto Carlos del Portillo Herrera y/o Miguel Ángel Beltrán del Portillo
hubieran presentado escrito para aclarar las circunstancias mencionadas por la
Cámara de Comercio de Villavicencio en la nota devolutiva núm. 29648.
En efecto, al examinar el sistema de consulta de solicitudes de registros públicos de la
Cámara de Comercio de Villavicencio29, se observa que la solicitud de inscripción con
el radicado núm. 18134810, el 10 de septiembre de 2024, fue anulada por la entidad
el 24 de octubre de 2024, así:
Lo anterior, permite inferir que Roberto Carlos del Portillo Herrera y Miguel Ángel
Beltrán del Portillo no adelantaron las actuaciones pertinentes para subsanar la
solicitud de inscripción del acta núm. 006 del 22 de agosto de 2024, en los términos
requeridos por la Cámara de Comercio de Villavicencio en la nota devolutiva del núm.
29648, en aras de continuar con el trámite pretendido por los interesados.
En este punto, se debe mencionar que los actos administrativos que expiden las
cámaras de comercio en ejercicio de la función de registro, están sometidos al
28
Samai, exp. 11-001-03-15-000-2024-05444-00, índice 2, certificado 4CCC28F194A4FE46 0C3CAEC21B31E44C
880CC713B38CB0BD 46A2148E8F46BBA1.
29 Información verificada en la siguiente página web: https://www.ccv.org.co/es/consulta-de-solicitudes-PG163
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procedimiento administrativo de acuerdo con el artículo 94 del Código de Comercio y
los artículos 76 y 77 del CPACA, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 70 de
la Ley 2069 de 2020 y la Circular 100-000002 del 25 de abril de 2022, expedida por la
Superintendencia de Sociedades. En consecuencia, dichas actuaciones son
susceptibles de recurso de reposición ante la misma entidad o de apelación ante la
Superintendencia de Sociedades.
Así, es claro que el accionante contaba con la posibilidad de subsanar las
inconsistencias presentadas en el trámite de registro y, eventualmente, ante una
negativa de la entidad, podía recurrir la decisión de la Cámara de Comercio de
Villavicencio que negó la solicitud. Sin embargo, en el expediente de tutela no se
encuentra acreditado que el actor haya iniciado acciones tendientes a continuar con el
trámite de inscripción del documento que pretende se le reconozca en esta acción
constitucional.
Por lo expuesto, esta Sala considera que los argumentos planteados por la parte
tutelante en contra de la Cámara de Comercio de Villavicencio carecen de fundamento
alguno, en la medida en que no se observa una situación concreta que amenace o
vulnere los derechos invocados por el actor.
Análisis de los cargos de la tutela contra la Fiscalía 18 Seccional de Valledupar
El tutelante manifestó que la Fiscalía 18, Unidad Seccional Patrimonio Económico de
Valledupar, no ha emitido pronunciamiento alguno dentro de la actuación penal con
radicado NUC. 200016001231201501411, lo cual desconoce el término del
procedimiento previsto en el artículo 175 de la Ley 906 de 2004.
De igual manera, refirió que el Consejo Superior de la Judicatura, Seccional Cesar,
rechazó una solicitud de vigilancia administrativa que interpusieron y la trasladó a la
Dirección Seccional de Fiscalía de Valledupar, sin que se haya dado respuesta alguna.
En el escrito de contestación de la tutela, la Fiscalía 18, Seccional de Valledupar,
informó que en ese despacho se adelanta un proceso penal por el delito de fraude
procesal establecido en el artículo 453 del Código Penal, en el que figura como
denunciante Luis Eduardo Avendaño Gamarra e indiciado Alfredo Bedoya Loaiza.
Asimismo, indicó que el proceso se encuentra activo, en etapa de indagación, con
órdenes vigentes de policía judicial del 1 de octubre de 2024; por lo que, una vez tenga
resultados, tomará la decisión que en derecho corresponda.
La accionada afirmó que en el expediente de la actuación penal consta el memorial
recibido el día 18 de agosto del año 2023, que respondió el 29 de agosto del año 2023.
Al respecto, si bien el accionante reprocha que la fiscalía no ha actuado con la
suficiente diligencia para resolver la denuncia formulada por Luis Eduardo Avendaño
Gamarra y otros, la entidad, en el escrito de respuesta a la tutela, pone de presente
que se han expedido diversas órdenes de policía judicial para la recopilación de los
elementos de juicio que permitan avanzar en la investigación y adoptar las decisiones
que pertinentes.
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 11-001-03-15-000-2024-05444-00
Accionante: Roberto Carlos del Portillo Herrera
Accionados: Presidencia de la República y otro
Ahora, si bien la entidad no identificó las actuaciones de policía judicial desarrolladas
en el curso de la etapa de indagación, para la Sala tal determinación se justifica en la
restricción de la publicidad de ciertas etapas procesales o de algunos procedimientos
que atañen a las actuaciones penales, con el fin de garantizar el éxito de la
investigación y la protección de bienes jurídicos superiores.
En este sentido, para la Subsección no se encuentra probada una situación que
constituya una mora o dilación injustificada de la actuación penal, que afecte los
derechos de las partes que intervienen en esta.
En cuanto a la solicitud de vigilancia judicial administrativa que Roberto Carlos del
Portillo Herrera presentó para efectuar seguimiento al trámite de la denuncia
200016001231201501411, la Sala observa lo siguiente:
El tutelante, mediante escrito dirigido al Consejo Seccional de la Judicatura de Cesar
el 5 de agosto de 202430, solicitó vigilancia judicial administrativa respecto de la
actuación penal con radicado 200016001231201501411, que se tramita en la Fiscalía
18, Unidad Seccional Patrimonio Económico de Valledupar.
El Consejo Seccional de la Judicatura de Cesar, a través de oficio CSJCEAVJ24-1431
de 12 de agosto de 202431, dispuso no asumir el conocimiento de la solicitud de
vigilancia judicial administrativa presentada por Roberto Carlos del Portillo Herrera y,
en consecuencia, ordenó remitir la petición a la Dirección Seccional de Fiscalías de
Valledupar.
La Dirección Seccional de Fiscalías de Valledupar no presentó informe en esta acción
constitucional. Así pues, en atención a lo dispuesto en el artículo 20 del Decreto 2591
de 199132, se tendrán por ciertos los hechos que motivan la interposición de la acción
de tutela, esto es, que la Dirección Seccional de Fiscalías de Valledupar no dio
respuesta a la solicitud elevada por el accionante el 5 de agosto de 2024.
La ausencia de respuesta a la solicitud elevada por el tutelante por parte de la
Dirección Seccional de Fiscalías de Valledupar configura una vulneración de su
derecho fundamental de petición, por lo que, se accederá al amparo pretendido
respecto de esta entidad.
Ahora, si bien la Fiscalía 18 Seccional de Valledupar en la contestación de la tutela
mencionó que, el 18 de agosto del año 2023, recibió un memorial al que le dio
respuesta el 29 de agosto del año 2023, y por lo tanto, garantizó los derechos
fundamentales de petición y acceso a la información del actor, lo cierto es que al
expediente de tutela no se aportaron los documentos a los que hace referencia la
entidad para verificar sus afirmaciones, máxime cuando las fechas referidas por la
accionada data del 2023 y la petición del actor fue radicada en el año 2024.
30
Samai, exp. 11-001-03-15-000-2024-05444-00, índice 2, certificado 4CCC28F194A4FE46 0C3CAEC21B31E44C
880CC713B38CB0BD 46A2148E8F46BBA1, pág. 154-169.
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Samai, exp. 11-001-03-15-000-2024-05444-00, índice 2, certificado 4CCC28F194A4FE46 0C3CAEC21B31E44C
880CC713B38CB0BD 46A2148E8F46BBA1, pág. 196-197.
32
“ARTICULO 20. PRESUNCION DE VERACIDAD. Si el informe no fuere rendido dentro del plazo correspondiente,
se tendrán por ciertos los hechos y se entrará a resolver de plano, salvo que el juez estime necesaria otra
averiguación previa”.
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Radicado: 11-001-03-15-000-2024-05444-00
Accionante: Roberto Carlos del Portillo Herrera
Accionados: Presidencia de la República y otro
IV. CONCLUSIÓN
Por las anteriores razones, esta subsección considera que la solicitud de amparo
presentada por Roberto Carlos del Portillo Herrera en contra de la Presidencia de la
República, la Superintendencia de Transporte, la Superintendencia de Sociedades y
la Cámara de Comercio de Villavicencio resulta improcedente, por las razones
expuestas en precedencia.
Por otro lado, se negará la solicitud de tutela presentada en contra de la Fiscalía 18
Unidad Seccional Patrimonio Económico de Valledupar, como quiera que no se
advierte una demora injustificada de la actuación penal radicada bajo el número
200016001231201501411.
Finalmente, la Sala accederá al amparo del derecho de petición invocado por Roberto
Carlos del Portillo Herrera. En consecuencia, ordenará a la Dirección Seccional de
Fiscalías de Valledupar que, en el término de 48 horas siguientes a la notificación de
esta decisión, responsa de forma clara, precisa y de fondo la solicitud de vigilancia
judicial administrativa presentada por el tutelante el 5 de agosto de 2024.
V. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela presentada por
Roberto Carlos del Portillo Herrera en contra de la Presidencia de la República, la
Superintendencia de Transporte, la Superintendencia de Sociedades y la Cámara de
Comercio de Villavicencio, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
decisión.
SEGUNDO: NEGAR la solicitud de tutela formulada por Roberto Carlos del Portillo
Herrera contra la Fiscalía 18 Unidad Seccional Patrimonio Económico de Valledupar,
de conformidad con lo indicado en las consideraciones de esta providencia.
TERCERO: AMPARAR el derecho fundamental de petición de Roberto Carlos del
Portillo Herrera de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva de este fallo.
CUARTO: ORDENAR a la Dirección Seccional de Fiscalías de Valledupar que, en el
término de las cuarenta y ocho (48) siguientes a la notificación de esta providencia,
responda de forma clara, precisa y de fondo la solicitud de vigilancia judicial
administrativa presentada por el tutelante el 5 de agosto de 2024.
QUINTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
SEXTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
en caso de no ser impugnada.
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Accionante: Roberto Carlos del Portillo Herrera
Accionados: Presidencia de la República y otro
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial
SAMAI. En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.
JLAS/SEJV
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