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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05444-01

Fecha
2 de mayo de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05444-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva presentadas por la Cámara de Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 37 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-05444-01 Actor: ROBERTO CARLOS DEL PORTILLO HERRERA Comercio de Villavicencio y la Presidencia de la República, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: DENEGAR la solicitud de nulidad formulada por el señor ROBERTO CARLOS DEL PORTILLO HERRERA, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, pero por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-05444-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

2 de mayo de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., dos (2) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-05444-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: ROBERTO CARLOS DEL PORTILLO HERRERA

TESIS: SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA QUE DENEGÓ
EL AMPARO SOLICITADO FRENTE A LA FISCALÍA 18 UNIDAD
SECCIONAL PATRIMONIO ECONÓMICO DE VALLEDUPAR, PUES NO
SE ADVIERTE UNA DILACIÓN DENTRO DE LA ACTUACIÓN PENAL.
CONFIRMA LA DECLARATORIA DE IMPROCEDENCIA RESPECTO DE
LA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE Y LA PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, MÍNIMO VITAL,
PROPIEDAD PRIVADA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la

sentencia de 25 de noviembre de 2024, mediante la cual la SECCIÓN

SEGUNDA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE ESTADO1

declaró improcedente la solicitud de amparo frente a la Presidencia

1
En adelante la Sección Segunda.

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-05444-01
Actor: ROBERTO CARLOS DEL PORTILLO HERRERA

de la República, la Superintendencia de Transporte, la

Superintendencia de Sociedades y la Cámara de Comercio de

Villavicencio, denegó las pretensiones en cuanto a la Fiscalía 18

Unidad Seccional Patrimonio Económico de Valledupar y amparó el

derecho fundamental de petición invocado.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

El señor ROBERTO CARLOS DEL PORTILLO HERRERA, actuando

en nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus

derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital, a la

propiedad privada y al acceso a la información, los cuales estima

vulnerados por la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, la

SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE, la CÁMARA DE

COMERCIO DE VILLAVICENCIO, la SUPERINTENDENCIA DE

SOCIEDADES, la FISCALÍA 18 UNIDAD SECCIONAL

PATRIMONIO ECONÓMICO DE VALLEDUPAR y la DIRECCIÓN

SECCIONAL DE FISCALÍAS DE VALLEDUPAR con ocasión de su

exclusión como accionista de la empresa Cotracosta S.A.S., posterior

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Actor: ROBERTO CARLOS DEL PORTILLO HERRERA

al proceso de fusión empresarial entre Cotracosta S.A.S. y la

sociedad Transportes Super Express S.A.S.

I.2.- Hechos

Señaló que era miembro de la Cooperativa de Transportadores de la

Costa Atlántico – COOTRACOSTA, que posteriormente se constituyó

ante la Cámara de Comercio de Valledupar como persona jurídica de

naturaleza comercial denominada Transportes Cotracosta S.A.S.

Relató que el Ministerio de Transporte habilitó a la empresa

Cotracosta S.A.S. para la prestación del servicio público de

transporte terrestre de pasajeros y trasladó las rutas que operaba la

Cooperativa de Transportadores de la Costa Atlántico –

COOTRACOSTA.

Mencionó que mediante escritura pública núm. 2789 de 6 de

septiembre de 2019 se protocolizó la fusión de la empresa Cotracosta

S.A.S. con la sociedad de Transportes Super Express S.A.S. y

mediante oficio 20198000349561 de 27 de agosto de 2019, la

Superintendencia de Sociedades autorizó la fusión por absorción

entre las mencionadas.

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Actor: ROBERTO CARLOS DEL PORTILLO HERRERA

Afirmó que, con escrito de 28 de agosto de 2020, le informó a la

Superintendencia de Transportes que la sociedad Transportes

Cotracosta S.A.S. no convocó a reunión ordinaria y extraordinaria del

máximo órgano social ni dejó a disposición de los socios los estados

financieros de la empresa, por lo que solicitó su intervención en la

sociedad.

Indicó que el 30 de octubre de 2020, presentó queja ante la

Superintendencia de Transporte por presuntas irregularidades

cometidas por los administradores de la sociedad Cotracosta S.A.S.;

además, mediante peticiones presentadas desde el año 2021, solicitó

ante la Superintendencia de Transporte convocar a la asamblea de

accionistas de la empresa Cotracosta S.A.S. con el fin de nombrar

nuevos administradores de la sociedad.

Manifestó que a través de oficio 20248600052621 de 6 de febrero de

2024, la Superintendencia de Transporte le informó que de

conformidad con la certificación de composición accionaria de la

empresa Cotracosta S.A.S., no se encuentra incluido dentro de la

sociedad como accionista desde el año 2021, debido al

incumplimiento de la obligación en el pago de aportes sociales, por

lo que no era posible acceder a la solicitud de la convocatoria a junta

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extraordinaria de accionistas.

Refirió que el señor LUIS MIGUEL BELTRÁN DEL PORTILLO, socio

de la empresa Cotracosta S.A.S. mediante escritos de 15 de marzo y

3 de abril de 2024, informó a la Presidencia de la República las

actuaciones adelantadas por la Superintendencia de Transporte,

pues, a su juicio, no se realizó el debido control y vigilancia a la

sociedad mencionada, sumado a que solicitó que se llevaran a cabo

las actuaciones administrativas o penales en contra de los servidores

de la Superintendencia de Transporte que participaron en la fusión

empresarial.

Afirmó que el señor ALEXANDER ALBERNIA GUERRERO inició

proceso penal en contra del señor ALFREDO BEDOYA LOAIZA y

otros, por los hechos punibles de falsedad ideológica en documento

privado y fraude procesal dentro de la transformación de la

Cooperativa Urbana e Interdepartamental de Transportadores

Ejecutivos – Super Express, a la empresa de Transporte Super

Express S.A.S.

Destacó que en el mencionado proceso penal solicitó medida de

aseguramiento contra el señor ALFREDO BEDOYA LOAIZA, por los

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hechos surtidos dentro de la fusión entre las empresas Cotracosta

S.A.S. y Super Express S.A.S.

Aseguró que solicitó ante el Consejo Seccional de la Judicatura del

Cesar ejercer vigilancia judicial administrativa respecto del

mencionado proceso penal, el cual se tramita ante la Fiscalía 18

Unidad Seccional Patrimonio Económico de Valledupar, lo cual fue

negado mediante oficio CSJCEAVJ24-1431 de 12 de agosto de 2024,

por lo que ordenó remitir la petición a la Dirección Seccional de

Fiscalías de Valledupar.

Adujo que pese a que la Asamblea de Accionistas de la empresa

Cotracosta S.A.S. mediate sesión extraordinaria de 22 de agosto de

2024 modificó la estructura administrativa de la sociedad, la Cámara

de Comercio de Villavicencio inadmitió su inscripción.

Finalmente, sostuvo que promovió acción social de responsabilidad

contra los administradores de la empresa Cotracosta S.A.S. ante la

Superintendencia de Sociedades a la cual le fue asignado el número

de radicación 2024-800-00356, siendo esta rechazada por falta de

competencia en auto de 19 de septiembre de 2024, a través de la

cual ordenó remitir el asunto a los Juzgados Civiles del Circuito de

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Valledupar.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

El actor fundamentó su solicitud de amparo de la siguiente manera:

En lo que referente al Presidencia de la República, alegó que en

el programa de gobierno actual, en el punto 4 sobre Democratización

del Estado, Libertades Fundamentales y Agenda Nacional para la

Vida, en su numeral 4.3 dispuso la “[…] Democratización del Estado

y erradicación del régimen de corrupción: restauraremos el equilibrio

y la independencia de los poderes públicos, fortaleciendo su

autonomía funcional y financiera. Respetaremos efectivamente el

sistema de pesos y contrapesos y derrotaremos a las mafias que han

cooptado los poderes públicos y amenazan su estabilidad y seguridad

[…]”.

En ese orden de ideas, destacó que no habiendo un proceso ordinario

de defensa que garantice que el programa de gobierno se cumpla, el

mecanismo idóneo es la acción de tutela, con el fin de que la

Presidencia de la República cumpla “[…] con sus promesas de

campaña y presente resultados efectivos en contra de los

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funcionarios denunciados por corrupción que siguen dentro de la

Superintendencia de Transporte dilatando las funciones de la entidad

en busca de caducidad y prescripción […]”.

En lo atinente a la Superintendencia de Transporte, aseguró que

pese a que solicitó ante la autoridad la convocatoria de una asamblea

extraordinaria en los términos del artículo 84 de la Ley 222 de 1995,

con el fin de designar nuevos administradores de la empresa

Cotracosta S.A.S. y de poner de presente las irregularidades

ocurridas con los administradores, no se adelantó actuación

administrativa alguna.

Adujo que se pasó por alto que en la fusión entre Cotracosta S.A.S.

y Super Express S.A.S. se aumentó de forma maliciosa el patrimonio

de terceros, lo que disminuyó el porcentaje de acciones y el valor

pagado por los accionistas, de tal forma que no se cumplía con los

requisitos para autorizar la fusión, pues la información que reposa en

la entidad es contraria a los estados financieros presentados ante el

Ministerio de Transporte.

En cuanto a la Superintendencia de Sociedades, sostuvo que la

accionada rechazó la demanda de acción social de responsabilidad

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presentada contra la empresa Cotracosta S.A. con fundamento en la

errada interpretación realizada a la sentencia C-318 de 2023

proferida por la Corte Constitucional, toda vez que lo declarado

inexequible fue la expresión que se refiere a la resolución de

conflictos societarios y no a las competencias que regulan

controversias entre los accionistas y administradores.

Frente a la Cámara de Comercio de Villavicencio, resaltó que ha

omitido darle trámite a la inscripción del acta 006 de 22 de agosto

de 2024, expedida por la Asamblea de Accionistas de Cotracosta

S.A.S. con fundamento en requisitos adicionales que no están

previstos.

Respecto a la Fiscalía 18 Unidad Seccional Patrimonio

Económico de Valledupar, destacó que se han incumplido con los

términos previstos en el artículo 175 de la Ley 906 de 2004 dentro

de la denuncia penal con radicado 200016001231201501411.

En cuanto a la Dirección Seccional de Fiscalía de Valledupar,

sostuvo que presentó solicitud de vigilancia administrativa ante el

Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo Seccional de la

Judicatura del Cesar, quien la remitió a la Dirección Seccional de

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Fiscalía de Valledupar sin que haya dado respuesta al momento de

promover la acción de tutela.

I.4.- Pretensiones

El actor pretende que se amparen sus derechos fundamentales

invocados como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] ORDENAR

Primero: Al señor presidente de la república DR.
Gustavo Petro Urrego cumplir con su programa de gobierno
en especial el punto 4 Democratización del estado de
libertades punto 4.3 Democratización del estado y
erradicación del régimen de corrupción.

Segundo: Ordenar a la Superintendencia de Transporte
convocar a los accionistas de TRANSPORTES COTRACOSTA
S.A.S, a una reunión de asamblea extraordinaria en los
términos de la ley 222 de 1995 Articulo 84 numeral 8
Modificado por el Artículo 149 del Decreto 19 de 2012
Convocar a reuniones extraordinarias del máximo órgano
social en los casos previstos por la ley. En los casos en que
convoque de manera oficiosa, la Superintendencia presidirá
la reunión". Para hacer nombramiento de nuevos
administradores y remover los actuales que han falsificado y
adulterado documentos, incluso llegando a desaparecer otros
que pueden servir de prueba.

Tercero: A la Superintendencia de Sociedades revocar el
AUTO 20248000356 y en su lugar verificar si de conformidad
con el C.G.P. Articulo 24 literal del numeral 5 La
resolución de conflictos societarios, las diferencias que
ocurran entre los accionistas, o entre estos y la sociedad
o ENTRE ESTOS y sus administradores, en desarrollo del
contrato social o del acto unilateral. (Negrilla y resaltado son
míos).

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Cuarto: Ordena (sic) a la Cámara de Comercio de
Villavicencio dar trámite al acta 006 de 22 de agosto de 2024
de la empresa TRANSPORTES COTRACOSTA S.A.S. sin exigir
requisitos adicionales y trasladar a la Fiscalía General de la
Nación la correspondiente denuncia pues ha venido
conociendo de conductas que deben ser investigadas de oficio
Ley 599 de 2000 Articulo 417.

Quinto: A la dirección seccional de fiscalías examinar si es
procedente el cambio de fiscal en las investigaciones que
adelantan la fiscalía 18 y 28 seccional de Valledupar por todos
los hechos aquí denunciados de conformidad con la ley 906
de 2004 Articulo 175.

Sexto: A la Fiscalía 18 Seccional de Valledupar indicar en nuestra
calidad de víctimas los motivos por los cuales no se nos ha
garantizado nuestros derechos en los términos de la ley 906 de
2004 artículos 133 al 137. Y como se harán efectivas nuestras
garantías de atención y protección ante las graves amenazas y el
constreñimiento ilegal y la continua e ininterrumpida obstrucción a
la justicia por parte de los denunciados.

Séptimo: Ordenar a la Superintendencia de Transporte
informar en qué estado se encuentra la investigación
disciplinaria, en contra de los funcionarios que fueron
denunciados ante esa entidad, no es necesario levantar la
reserva solo en qué estado se encuentra pues los quejosos
pueden recurrir la decisión de archivo […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- La Superintendencia de Transporte solicitó declarar

improcedente la acción de tutela de la referencia y afirmó que no ha

vulnerado derecho fundamental alguno del actor, pues las

actuaciones adelantadas no han desconocido el ordenamiento

jurídico y gozan de legalidad, por lo que no puede pretender el

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accionante usar la acción de tutela con el fin de subrogar los

mecanismos establecidos por el legislador para controvertir la

legalidad de los actos proferidos y poner en conocimiento de las

autoridades competentes las presuntas comisiones de delitos por

parte de funcionarios de esa entidad.

Adujo que, frente a las presuntas omisiones en el desarrollo de sus

competencias, no resultaban ciertas, pues corresponde al accionante

poner en conocimiento estos hechos a los órganos de control y no

pretender con la presente acción desconocer las instituciones fijadas

por el Constituyente.

I.5.2.- La Cámara de Comercio de Villavicencio indicó que no ha

vulnerado los derechos fundamentales invocados por el actor, pues

ha garantizado el debido proceso, por lo cual solicitó su

desvinculación de la presente solicitud de amparo, ante la falta de

legitimación en la causa por pasiva.

I.5.3.- La Fiscalía 18 Unidad Seccional Patrimonio Económico

de Valledupar informó que se encuentra adelantando el proceso

penal con número de noticia criminal 200016001231201501411, en

el que obra como indiciado el señor Alfredo Bedoya Loaiza por el

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delito de fraude procesal, el cual se encuentra en estado activo y en

etapa de investigación, con órdenes vigentes de Policía Judicial.

Resaltó que la petición del actor fue resuelta el 29 de agosto de 2023,

lo que deja en evidencia que no vulneró los derechos fundamentales

al debido proceso y al acceso a la información.

I.5.4.- La Superintendencia de Sociedades adujo que remitió el

asunto al Juzgado Civil del Circuito de Valledupar tras declarar su

falta de competencia, de acuerdo con el artículo 139 del Código

General del Proceso, por lo que, en caso de presentarse conflicto

negativo de competencia, será resuelto por el superior jerárquico,

esto es, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá.

En ese orden de ideas, solicitó que se despachen desfavorablemente

las pretensiones, toda vez que no ha vulnerado derecho fundamental

alguno, pues el juez competente para revisar las decisiones de una

autoridad administrativa en ejercicio de funciones jurisdiccionales es

un Juez Civil del Circuito.

I.5.5.- La Presidencia de la República destacó que la solicitud de

amparo de la referencia debe ser denegada debido a que lo

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pretendido por el actor es que se le dé respuesta a un derecho de

petición, el cual ya fue contestado de fondo y bajo el margen de sus

facultades legales.

Sostuvo que encuentra su capacidad limitada a lo dispuesto por la

Constitución y la ley al pretenderse que se adelante una investigación

en contra de los diferentes funcionarios de la Superintendencia de

Sociedades, ya que dichas acciones recaen sobre la Procuraduría

General de la Nación, entidad que cuenta con una autonomía propia

y administrativa que no puede entrar a quebrantar por ninguna

circunstancia.

Alegó que, luego de verificar el sistema de gestión documental del

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,

encontró que la petición del actor fue contestada mediante los oficios

de 27 de marzo y 23 de octubre de 2024, en donde se le informó que

su solicitud sobre agendar cita con el Presidente de la República no

era posible, sin embargo, su comunicación fue trasladada al

Ministerio de Transporte y a la Fiscalía General de la Nación para que

los mismos actúen conforme a sus competencias.

Ahora, refirió que carece de legitimación en la causa por pasiva, toda

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vez que los reclamos y solicitudes del actor van dirigidos a solicitar

acciones de entidades sobre las que no tiene competencia funcional,

por lo que solicitó su desvinculación del presente trámite

constitucional.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

Mediante sentencia de 25 de noviembre de 2024, la SECCIÓN

SEGUNDA declaró improcedente la solicitud de amparo de la

referencia en cuanto a la Presidencia de la República, comoquiera

que no se aportó documento que permitiera inferir el ejercicio del

derecho de petición, pues si bien dio a conocer la existencia de

requerimientos formulados por el señor Luis Miguel Beltrán del

Portillo a esa autoridad, las peticiones no fueron presentadas por el

tutelante ni solicitaron información de las actividades desarrolladas

por el Gobierno Nacional en materia de corrupción, al interior de las

entidades públicas.

En lo que respecta a la Superintendencia de Transporte, afirmó que

esta entidad no tiene funciones a su cargo relacionadas con asuntos

societarios, además, en cuanto a la Superintendencia de Sociedades,

destacó que no se encuentra acreditado que el actor hubiese

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presentado escrito dirigido a la misma para que convocara a una

reunión extraordinaria del máximo órgano social de la empresa de

Transportes Cotracosta S.A.S.

En ese orden, afirmó que frente a las mencionadas no era posible

concluir que se amenazaron o vulneraron los derechos

fundamentales invocados, sumado a que, si bien el actor alega que

la Superintendencia de Sociedades rechazó la demanda por falta de

competencia y ordenó remitir el asunto a los juzgados civiles del

circuito de Valledupar para su conocimiento, dicha decisión era

susceptible de recurso de apelación, del cual no hizo uso, por lo que

el actor contaba con otro mecanismo de defensa para obtener la

protección de su derecho.

Frente a los reparos hechos a la Cámara de Comercio de Villavicencio,

indicó que de las pruebas obrantes en el proceso, era dable concluir

que el actor y el señor Miguel Ángel Beltrán del Portillo presentaron

solicitud de inscripción del acta 006 de 22 de agosto de 2024 ante la

Cámara de Comercio de Villavicencio, la cual fue devuelta por la

entidad por presentar errores o incongruencias en los documentos

que se anexaron al trámite, por lo que fue requerido para que

aclarara aspectos relacionados con el porcentaje de las acciones de

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los socios que convocaron a la asamblea y los días de antelación a la

citación.

Ahora, de las pruebas obrantes en el expediente aseguró que no se

encontraba que el actor haya aclarado o adelantado las actuaciones

pertinentes para subsanar la solicitud de inscripción del acta núm.

006 de 22 de agosto de 2024, pudiendo corregir tales inconsistencias

y, eventualmente, ante la negativa de la entidad, recurrir tal

decisión, por lo que no se advertía vulneración alguna sobre el

particular.

En cuanto a la Fiscalía 18 Seccional de Valledupar consideró que no

se encontraba probada una situación que constituya una mora o

dilación injustificada de la actuación penal, pues se han expedido

diversas órdenes de policía judicial para la recopilación de los

elementos de juicio que permitan avanzar en la investigación y

adoptar las decisiones pertinentes.

Advirtió que de lo obrante en el expediente era posible inferir que el

Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar remitió la petición a la

Dirección Seccional de Fiscalías de Valledupar, entidad que no

presentó informe en la presente acción constitucional, por lo que tuvo

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como ciertos los hechos que motivaron la acción de tutela y amparó

los derechos fundamentales de petición y al acceso a la información

del actor.

Así las cosas, el a quo dispuso lo siguiente:

“[…] PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de
tutela presentada por Roberto Carlos del Portillo Herrera en contra
de la Presidencia de la República, la Superintendencia de
Transporte, la Superintendencia de Sociedades y la Cámara de
Comercio de Villavicencio, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: NEGAR la solicitud de tutela formulada por Roberto
Carlos del Portillo Herrera contra la Fiscalía 18 Unidad Seccional
Patrimonio Económico de Valledupar, de conformidad con lo
indicado en las consideraciones de esta providencia.

TERCERO: AMPARAR el derecho fundamental de petición de
Roberto Carlos del Portillo Herrera de acuerdo con las razones
expuestas en la parte motiva de este fallo.

CUARTO: ORDENAR a la Dirección Seccional de Fiscalías de
Valledupar que, en el término de las cuarenta y ocho (48)
siguientes a la notificación de esta providencia, responda de forma
clara, precisa y de fondo la solicitud de vigilancia judicial
administrativa presentada por el tutelante el 5 de agosto de 2024
[…]”.

III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El actor impugnó la decisión proferida en primera instancia y solicitó

declarar la nulidad del fallo de primera instancia o, en su lugar, se

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revoque y se acceda a las pretensiones, reiterando los fundamentos

jurídicos plasmados en el escrito introductorio.

Aseveró que se debe declarar la nulidad de la sentencia de primera

instancia en la medida en que el a quo pretermitió analizar el asunto,

pues no hizo pronunciamiento alguno sobre los derechos a la

propiedad privada y al mínimo vital originados por el “[…] robo de mi

participación en la empresa (acciones) y constreñimiento ilegal

negando el trabajo a los buses de mi propiedad originando

imposibilidad de mantenerme a mi y a mi familia sin ingresos al

robarme mi participación en la empresa Transportes Cotracosta y mis

ingresos provenientes de mis buses […]”.

Insistió en la dilación injustificada y violación de los términos

establecidos en la Ley 906 de 2004 dentro del proceso penal,

además, que la Superintendencia de Transporte ignoró las solicitudes

de convocatoria a la asamblea de accionistas, aun cuando se acreditó

su calidad de accionista dentro de la empresa.

Alegó que la Presidencia de la República incumplió con su programa

de gobierno, comoquiera que no es de tal acierto que se esté llevando

una lucha contra la corrupción, pues a pesar de haber denunciado las

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irregularidades surtidas dentro de la empresa Cotracosta S.A.S., no

se realizó gestión alguna.

Sostuvo que la Fiscalía 18 Seccional de Valledupar permitió que se

dilatara el proceso penal, toda vez que han transcurridos casi 9 años

desde la etapa de indagación, lo que desconoce las garantías

constitucionales; además, que la respuesta mencionada en la

contestación nunca le fue dada a conocer.

Refirió que en lo atinente a la Cámara de Comercio de Villavicencio,

el acta 006 de 22 de agosto de 2024, expedida por la Asamblea de

Accionistas de Cotracosta S.A.S. ya fue inscrita, por lo que se

configura la carencia actual de objeto por hecho superado.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto núm. 2591

de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de

tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

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concordancia con el artículo 2º del Decreto núm. 333 de 6 de abril

de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de

2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula

la distribución de negocios entre las Secciones.

Cuestiones previas

Antes de resolver la presente acción de tutela, la Sala se pronunciará

respecto de los siguientes aspectos concernientes a: i) las solicitudes

de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva

presentadas por la Cámara de Comercio de Villavicencio y la

Presidencia de la República y; ii) la solicitud de nulidad elevada

por el actor.

i) De las solicitudes de desvinculación por falta de

legitimación en la causa por pasiva presentadas por

la Cámara de Comercio de Villavicencio y la

Presidencia de la República

Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario

precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el

punto de derecho en discusión como el alcance del contenido de la

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sentencia.

La Sala advierte que la Cámara de Comercio de Villavicencio y la

Presidencia de la República presentaron solicitudes de

desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001

de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en

la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández,
dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones
de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o
desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad
subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se
discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal
que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o
controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la
demanda sobre una pretensión de contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar
un instrumento judicial carente de garantías procesales, en
donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para
desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de
manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez
debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los
principios de legalidad y contradicción.

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La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el
segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés Vargas,
esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal
se deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de los
derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna
circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por
pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el
responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación,
o cuando no es su conducta la que inflige el daño […]” (Destacado de
la Sala).

Ahora bien, la Sala advierte que, comoquiera que la Cámara de

Comercio de Villavicencio y la Presidencia de la República son

parte accionada dentro de la acción de tutela de la referencia, su

vinculación a la presente acción se dio en tal calidad, razón por la

que se denegarán sus solicitudes de desvinculación por falta de

legitimación en la causa por pasiva, como en efecto se dispondrá en

la parte resolutiva de la presente providencia.

ii) De la solicitud de nulidad presentada por el actor

El accionante presentó solicitud de nulidad contra la sentencia de

primera instancia, bajo el argumento de que, en su sentir, el a quo

omitió pronunciarse respecto de los derechos fundamentales al

mínimo vital y a la propiedad privada invocados, por lo que se

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pretermitió la primera instancia.

Para lo anterior sostuvo que se incurrió en la causal de nulidad

prevista en el numeral 2 del artículo 133 del CGP, que prevé:

“[…] ARTÍCULO 133. CAUSALES DE NULIDAD. El proceso es
nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:

1. Cuando el juez actúe en el proceso después de declarar la falta
de jurisdicción o de competencia.

2. Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del
superior, revive un proceso legalmente concluido o pretermite
íntegramente la respectiva instancia […]”

Al respecto la Sala destaca que la solicitud del señor DEL PORTILLO

HERRERA no tiene vocación de prosperar, dado que la SECCIÓN

SEGUNDA analizó de forma íntegra las inconformidades y

pretensiones expuestas en el escrito de tutela, para lo cual llevó a

cabo un estudio de cada uno de los reparos invocados, lo que advierte

que tuvo en consideración los derechos fundamentales que el actor

echa de menos para sustentar la decisión.

Lo anterior, da cuenta de que la sentencia de primera instancia de la

que se alega la nulidad fue proferida en garantía del debido proceso

que rige a las acciones constitucionales, pues el a quo estudio cada

una de las inconformidades expuestas a la luz de las pretensiones

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solicitadas, sin que se dejara de analizar algún reparo, por lo que no

se pretermitió la instancia como erradamente lo expuso el accionante

y, por el contrario, lo que se advierte es la inconformidad del actor con

la decisión de primer grado, lo cual no resulta de recibo, comoquiera

que por lo que dicha situación evidentemente desborda la naturaleza

de la figura jurídica de la nulidad procesal.

Por lo anterior, la Sala denegará la solicitud de nulidad elevada por

el actor, como en efecto se dispondrá en la parte motiva de esta

providencia.

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución

Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos

constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o

amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o

particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley

2591 de 19 de noviembre de 1991. Dicha acción se establece como

instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el

afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que

se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio

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irremediable.

Caso concreto

En el caso bajo examen, el actor pretende obtener el amparo de sus

derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital, a la

propiedad privada y al acceso a la información, los cuales estima

vulnerados por la Presidencia de la República, la

Superintendencia de Transporte, la Cámara de Comercio de

Villavicencio, la Superintendencia de Sociedades, la Fiscalía 18

Seccional de Valledupar y la Dirección Seccional de Fiscalías

de Valledupar por las actuaciones surtidas con ocasión de su

exclusión como accionista de la empresa Cotracosta S.A.S., así como

las irregularidades que se presentaron en el proceso de fusión

empresarial entre Cotracosta S.A.S. y la sociedad Transportes Super

Express S.A.S.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la

SECCIÓN SEGUNDA que, mediante fallo de 25 de noviembre de

2024, declaró improcedente la solicitud frente a la Presidencia de la

República, la Superintendencia de Transporte, la Superintendencia

de Sociedades y la Cámara de Comercio de Villavicencio; denegó las

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pretensiones respecto de la Fiscalía 18 Unidad Seccional Patrimonio

Económico de Valledupar y amparó el derecho fundamental de

petición, por lo que ordenó a la Dirección Seccional de Fiscalías de

Valledupar responder la solicitud de vigilancia judicial administrativa

presentada el 5 de agosto de 2024, de forma clara, precisa y de

fondo.

Inconforme con lo anterior, el actor impugnó la decisión proferida en

primera instancia, reiterando los fundamentos jurídicos plasmados

en el escrito introductorio.

Para lo anterior, alegó que existe una dilación injustificada por parte

de la Fiscalía 18 Unidad Seccional Patrimonio Económico de

Valledupar dentro del proceso penal con radicado NUC.

200016001231201501411, además, que la Superintendencia de

Transporte hizo caso omiso a las solicitudes de convocatoria a la

asamblea de accionistas, aun cuando se acreditó su calidad de

accionista dentro de la empresa.

Aseveró que la Presidencia de la República incumplió con su

programa de gobierno, pues a pesar de haber denunciado las

irregularidades surtidas dentro de la empresa Cotracosta S.A.S., no

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se llevó a cabo gestión alguna; además, que la respuesta a la que

hace alusión la Fiscalía 18 Unidad Seccional Patrimonio

Económico de Valledupar nunca le fue dada a conocer.

Finalmente, manifestó que la Cámara de Comercio de

Villavicencio, ya inscribió el acta 006 de 22 de agosto de 2024, por

lo que se configura la carencia actual de objeto por hecho superado.

En este punto es del caso resaltar que la Sala circunscribirá su

estudio a las inconformidades expuestas en el escrito de impugnación

interpuesto contra la sentencia de primera instancia, por lo que se

limitará a analizar los reparos manifestados contra la Fiscalía 18

Unidad Seccional Patrimonio Económico de Valledupar, la

Superintendencia de Transportes y la Presidencia de la

República.

Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a

resolver consiste en establecer si en el presente caso se debe

confirmar, modificar o revocar la decisión de primer grado, para lo

cual, debe determinar si las autoridades accionadas vulneraron los

derechos fundamentales invocados por el actor.

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De los reparos expuestos contra la Fiscalía 18 Unidad

Seccional Patrimonio Económico de Valledupar

A juicio del actor, existe una dilación injustificada y una violación de

los términos establecidos en la Ley 906 de 2004 dentro de la

actuación con radicado NUC 200016001231201501411 en el que

obra como indiciado el señor Alfredo Bedoya Loaiza, que se sigue con

ocasión de los hechos que dieron lugar a la fusión entre las empresas

Cotracosta S.A.S. y Super Express S.A.S.

Sobre el particular es del caso destacar que de conformidad con lo

mencionado por el Fiscal 18 Unidad Seccional Patrimonio Económico

de Valledupar, el proceso penal por el delito de fraude procesal

identificado bajo el número de noticia criminal

200016001231201501411, está activo y en etapa de indagación,

además se encuentran órdenes vigentes a la policía judicial de 1o.

de octubre de 2024, en estado asignadas.

Lo anterior deja en evidencia que sí se están llevando a cabo las

actuaciones necesarias dentro del proceso penal, situación diferente

es que por la naturaleza del mismo al ente investigador le está

vedado dar detalles que afecten el éxito de la investigación, lo cual

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no se traduce en la vulneración de los derechos fundamentales del

actor y menos en la dilación o incumplimiento de los términos.

Ahora, en cuanto al reparo del actor expuesto en el escrito de

impugnación, según el cual la entidad afirmó que dio respuesta a la

petición el 29 de agosto de 2023, cuando dicha respuesta no se le ha

dado a conocer, la Sala destaca que precisamente el a quo no tuvo

por cierto lo mencionado por la Fiscalía 18 Unidad Seccional

Patrimonio Económico de Valledupar, comoquiera que no se aportó

prueba que sustentara su afirmación; además, porque las fechas

referidas por la entidad datan del 2023 y la petición a la cual hace

referencia el actor del año 2024.

Es por lo anterior que el a quo amparó el derecho de petición del

actor frente a la Dirección Seccional de Fiscalías de Valledupar, pues

fue ante quien presentó el derecho de petición, por lo que no son de

recibo los reparos del actor sobre el particular, pues aun cuando la

Fiscalía 18 Unidad Seccional Patrimonio Económico de Valledupar

afirmó haber dado respuesta a la solicitud, la Sección Segunda no

tuvo como cierto tal hecho.

En ese orden de ideas, comoquiera que no se advierte una dilación

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injustificada o retardo en el trámite de la actuación penal adelantada

contra el señor Alfredo Bedoya Loaiza, la Sala confirmará la decisión

del a quo que denegó el amparo solicitado frente a la Fiscalía 18

Unidad Seccional Patrimonio Económico de Valledupar.

De las inconformidades expuestas contra la Superintendencia

de Transportes

La parte actora advirtió que, pese a que solicitó la convocatoria de

una asamblea extraordinaria de la empresa Cotracolta S.A.S. y que

acreditó su calidad de accionista, la entidad hizo caso omiso a las

solicitudes de convocatoria a la asamblea de accionistas.

En este punto la Sala resalta que, de conformidad con el Decreto

2409 de 24 de diciembre de 2018 “Por el cual se modifica y renueva

la estructura de la Superintendencia de Transporte y se dictan otras

disposiciones”, la Superintendencia de Sociedades no tiene entre sus

funciones realizar vigilancia y control en asuntos societarios y menos

aun adelantar convocatorias a las asambleas de accionistas de las

sociedades.

En efecto, el artículo 5º del Decreto 2409 de 2018 establece como

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funciones de la Superintendencia de Transporte las siguientes:

“[…] ARTÍCULO 5. Funciones de la Superintendencia de
Transporte. La Superintendencia de Transporte tendrá las
siguientes funciones:

1. Asesorar al Gobierno Nacional y participar en la formulación de
las políticas en los temas de competencia de la superintendencia,
en las cuales siempre se debe privilegiar la protección de los
derechos de los usuarios establecidos en la Constitución y en la
normativa vigente.

2. Adoptar las políticas, metodologías y procedimientos para
ejercer la supervisión de las entidades sometidas a la vigilancia,
inspección y control de la Superintendencia.

3. Vigilar, inspeccionar y controlar el cumplimiento de las
disposiciones que regulan la debida prestación del servicio público
de transporte, puertos, concesiones e infraestructura, servicios
conexos, y la protección de los usuarios del sector transporte, salvo
norma especial en la materia.

4. Vigilar, inspeccionar y controlar las condiciones subjetivas de las
empresas de servicio público de transporte, puertos, concesiones e
infraestructura y servicios conexos.

5. Realizar visitas de inspección, interrogar, tomar declaraciones y,
en general, decretar y practicar pruebas, con el fin de verificar el
cumplimiento de las disposiciones de la normativa cuyo control es
de competencia de la Superintendencia.

6. Solicitar a las autoridades públicas y particulares, el suministro
y entrega de documentos públicos, privados, reservados,
garantizando la cadena de custodia, y cualquier otra información
que se requiera para el correcto ejercicio de sus funciones.

7. Ordenar planes de mejoramiento, mediante acto administrativo
de carácter particular, y cuando así se considere necesario, con la
finalidad de subsanar las dificultades identificadas a partir del
análisis del estado jurídico, contable, económico y/o administrativo

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interno de todos aquellos quienes presten el servicio de transporte,
los puertos, las concesiones o infraestructura, servicios conexos y
los demás sujetos previstos en la normativa vigente.

8. Adelantar y decidir las investigaciones administrativas a que
haya lugar por las fallas en la debida prestación del servicio público
de transporte, puertos, concesiones e infraestructura, servicios
conexos, y o en la protección de los usuarios del sector transporte,
de acuerdo con la normativa vigente.

9. Imponer las medidas y sanciones que correspondan de acuerdo
con la normativa vigente, como consecuencia de la infracción de
las normas relacionadas con la debida prestación del servicio
público de transporte, puertos, concesiones e infraestructura,
servicios conexos, y la protección de los usuarios del sector
transporte,

10. Imponer las medidas y sanciones que correspondan por la
inobservancia de órdenes e instrucciones impartidas por la
Superintendencia o por la obstrucción de su actuación
administrativa.

11. Ordenar, mediante acto administrativo de carácter particular y
cuando así proceda, los correctivos necesarios para subsanar una
situación crítica de los prestadores del servicio de transporte, los
puertos, las concesiones o infraestructura, servicios conexos, y los
demás sujetos previstos en la ley.

12. Decretar medidas especiales o provisionales en busca de
garantizar la debida prestación del servicio público de transporte,
así como la correcta operación de los servicios conexos en puertos,
concesiones e infraestructura, siempre privilegiando la protección
de los derechos de los usuarios en los términos señalados en la
normativa vigente.

13. Impartir instrucciones para la debida prestación del servicio
público de transporte, puertos, concesiones e infraestructura,
servicios conexos, y la protección de los usuarios del sector
transporte, así como en las demás áreas propias de sus funciones;
fijar criterios que faciliten su cumplimiento y señalar los trámites
para su cabal aplicación.

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14. Divulgar, promocionar y capacitar a los vigilados y público en
general, en las materias de competencia de la Superintendencia.

15. Emitir los conceptos relacionados con la debida prestación del
servicio público de transporte, puertos, concesiones e
infraestructura, servicios conexos, y la protección de los usuarios
del sector transporte.

16. Fijar las tarifas de las contribuciones y cobrar las multas que
deban pagar las entidades vigiladas y controladas, de conformidad
con la ley.

17. Administrar y llevar las bases de datos y registros asignados a
la entidad y que resulten de competencia de la Superintendencia.

18. Todas las demás que se le atribuyan de conformidad con la ley
[…]”.

Por su parte, el numeral 8º del artículo 84 de la Ley 222 de 20 de

diciembre de 19952, modificado por el artículo 149 del Decreto 19 de

20123, prevé que corresponde a la Superintendencia de Sociedades

“convocar a reuniones extraordinarias del máximo órgano social en

los casos previstos por la ley”.

En ese orden de ideas, no le asiste razón al actor al asegurar que la

Superintendencia de Transporte vulneró sus derechos fundamentales

invocados al omitir convocar a una asamblea extraordinaria de

accionistas en la empresa Cotracosta S.A.S., comoquiera que ello no

2
“Por la cual se modifica el libro II del Código de Comercio, se expide un nuevo régimen de procesos
concursales y se dictan otras disposiciones”
3
“Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites
innecesarios existentes en la Administración Pública.”

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se encuentra dentro de sus funciones, tal como lo consideró el a quo,

por lo que confirmará la improcedencia de la solicitud de amparo

frente a tal entidad.

De la presunta vulneración de los derechos fundamentales

por parte de la Presidencia de la República.

Aseveró el actor que, en el programa de gobierno actual, en el punto

4 sobre Democratización del Estado, Libertades Fundamentales y

Agenda Nacional para la Vida, en su numeral 4.3 dispuso la

“Democratización del Estado y erradicación del régimen de

corrupción: restauraremos el equilibrio y la independencia de los

poderes públicos, fortaleciendo su autonomía funcional y financiera.

Respetaremos efectivamente el sistema de pesos y contrapesos y

derrotaremos a las mafias que han cooptado los poderes públicos y

amenazan su estabilidad y seguridad”.

Así las cosas, aseguró que la Presidencia de la República incumplió

con su programa de gobierno, pues a pesar de haber denunciado las

irregularidades surtidas dentro de la empresa Cotracosta S.A.S., no

se llevó a cabo gestión alguna.

Pues bien, arribando al asunto bajo examen la Sala advierte que lo

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pretendido por el actor contra la Presidencia de la República escapa

del resorte de la naturaleza de la acción constitucional, toda vez que

al juez de tutela le está vedado interferir en la órbita de competencia

de los otros órganos del poder público, como lo es en este caso, el

Gobierno Nacional.

En ese orden de ideas, la solicitud de amparo respecto de la

Presidencia de la República resulta improcedente, por lo que la Sala

confirmará la decisión del a quo pero por las razones aquí expuestas.

Así las cosas, la Sala confirmará la sentencia impugnada, pero por

las razones aquí expuestas, como en efecto se dispondrá en la parte

resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley

F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación por falta de

legitimación en la causa por pasiva presentadas por la Cámara de

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Comercio de Villavicencio y la Presidencia de la República, por

las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: DENEGAR la solicitud de nulidad formulada por el señor

ROBERTO CARLOS DEL PORTILLO HERRERA, por las razones

expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, pero por las

razones expuestas en la parte motiva de esta providencia

CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 2 de mayo de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-05444-01
Actor: ROBERTO CARLOS DEL PORTILLO HERRERA

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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