Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05444-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05444-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-05444-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
2 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., dos (2) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-05444-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: ROBERTO CARLOS DEL PORTILLO HERRERA
TESIS: SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA QUE DENEGÓ
EL AMPARO SOLICITADO FRENTE A LA FISCALÍA 18 UNIDAD
SECCIONAL PATRIMONIO ECONÓMICO DE VALLEDUPAR, PUES NO
SE ADVIERTE UNA DILACIÓN DENTRO DE LA ACTUACIÓN PENAL.
CONFIRMA LA DECLARATORIA DE IMPROCEDENCIA RESPECTO DE
LA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE Y LA PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, MÍNIMO VITAL,
PROPIEDAD PRIVADA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la
sentencia de 25 de noviembre de 2024, mediante la cual la SECCIÓN
SEGUNDA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE ESTADO1
declaró improcedente la solicitud de amparo frente a la Presidencia
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En adelante la Sección Segunda.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-05444-01
Actor: ROBERTO CARLOS DEL PORTILLO HERRERA
de la República, la Superintendencia de Transporte, la
Superintendencia de Sociedades y la Cámara de Comercio de
Villavicencio, denegó las pretensiones en cuanto a la Fiscalía 18
Unidad Seccional Patrimonio Económico de Valledupar y amparó el
derecho fundamental de petición invocado.
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
El señor ROBERTO CARLOS DEL PORTILLO HERRERA, actuando
en nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital, a la
propiedad privada y al acceso a la información, los cuales estima
vulnerados por la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, la
SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE, la CÁMARA DE
COMERCIO DE VILLAVICENCIO, la SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES, la FISCALÍA 18 UNIDAD SECCIONAL
PATRIMONIO ECONÓMICO DE VALLEDUPAR y la DIRECCIÓN
SECCIONAL DE FISCALÍAS DE VALLEDUPAR con ocasión de su
exclusión como accionista de la empresa Cotracosta S.A.S., posterior
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Actor: ROBERTO CARLOS DEL PORTILLO HERRERA
al proceso de fusión empresarial entre Cotracosta S.A.S. y la
sociedad Transportes Super Express S.A.S.
I.2.- Hechos
Señaló que era miembro de la Cooperativa de Transportadores de la
Costa Atlántico – COOTRACOSTA, que posteriormente se constituyó
ante la Cámara de Comercio de Valledupar como persona jurídica de
naturaleza comercial denominada Transportes Cotracosta S.A.S.
Relató que el Ministerio de Transporte habilitó a la empresa
Cotracosta S.A.S. para la prestación del servicio público de
transporte terrestre de pasajeros y trasladó las rutas que operaba la
Cooperativa de Transportadores de la Costa Atlántico –
COOTRACOSTA.
Mencionó que mediante escritura pública núm. 2789 de 6 de
septiembre de 2019 se protocolizó la fusión de la empresa Cotracosta
S.A.S. con la sociedad de Transportes Super Express S.A.S. y
mediante oficio 20198000349561 de 27 de agosto de 2019, la
Superintendencia de Sociedades autorizó la fusión por absorción
entre las mencionadas.
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Actor: ROBERTO CARLOS DEL PORTILLO HERRERA
Afirmó que, con escrito de 28 de agosto de 2020, le informó a la
Superintendencia de Transportes que la sociedad Transportes
Cotracosta S.A.S. no convocó a reunión ordinaria y extraordinaria del
máximo órgano social ni dejó a disposición de los socios los estados
financieros de la empresa, por lo que solicitó su intervención en la
sociedad.
Indicó que el 30 de octubre de 2020, presentó queja ante la
Superintendencia de Transporte por presuntas irregularidades
cometidas por los administradores de la sociedad Cotracosta S.A.S.;
además, mediante peticiones presentadas desde el año 2021, solicitó
ante la Superintendencia de Transporte convocar a la asamblea de
accionistas de la empresa Cotracosta S.A.S. con el fin de nombrar
nuevos administradores de la sociedad.
Manifestó que a través de oficio 20248600052621 de 6 de febrero de
2024, la Superintendencia de Transporte le informó que de
conformidad con la certificación de composición accionaria de la
empresa Cotracosta S.A.S., no se encuentra incluido dentro de la
sociedad como accionista desde el año 2021, debido al
incumplimiento de la obligación en el pago de aportes sociales, por
lo que no era posible acceder a la solicitud de la convocatoria a junta
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extraordinaria de accionistas.
Refirió que el señor LUIS MIGUEL BELTRÁN DEL PORTILLO, socio
de la empresa Cotracosta S.A.S. mediante escritos de 15 de marzo y
3 de abril de 2024, informó a la Presidencia de la República las
actuaciones adelantadas por la Superintendencia de Transporte,
pues, a su juicio, no se realizó el debido control y vigilancia a la
sociedad mencionada, sumado a que solicitó que se llevaran a cabo
las actuaciones administrativas o penales en contra de los servidores
de la Superintendencia de Transporte que participaron en la fusión
empresarial.
Afirmó que el señor ALEXANDER ALBERNIA GUERRERO inició
proceso penal en contra del señor ALFREDO BEDOYA LOAIZA y
otros, por los hechos punibles de falsedad ideológica en documento
privado y fraude procesal dentro de la transformación de la
Cooperativa Urbana e Interdepartamental de Transportadores
Ejecutivos – Super Express, a la empresa de Transporte Super
Express S.A.S.
Destacó que en el mencionado proceso penal solicitó medida de
aseguramiento contra el señor ALFREDO BEDOYA LOAIZA, por los
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hechos surtidos dentro de la fusión entre las empresas Cotracosta
S.A.S. y Super Express S.A.S.
Aseguró que solicitó ante el Consejo Seccional de la Judicatura del
Cesar ejercer vigilancia judicial administrativa respecto del
mencionado proceso penal, el cual se tramita ante la Fiscalía 18
Unidad Seccional Patrimonio Económico de Valledupar, lo cual fue
negado mediante oficio CSJCEAVJ24-1431 de 12 de agosto de 2024,
por lo que ordenó remitir la petición a la Dirección Seccional de
Fiscalías de Valledupar.
Adujo que pese a que la Asamblea de Accionistas de la empresa
Cotracosta S.A.S. mediate sesión extraordinaria de 22 de agosto de
2024 modificó la estructura administrativa de la sociedad, la Cámara
de Comercio de Villavicencio inadmitió su inscripción.
Finalmente, sostuvo que promovió acción social de responsabilidad
contra los administradores de la empresa Cotracosta S.A.S. ante la
Superintendencia de Sociedades a la cual le fue asignado el número
de radicación 2024-800-00356, siendo esta rechazada por falta de
competencia en auto de 19 de septiembre de 2024, a través de la
cual ordenó remitir el asunto a los Juzgados Civiles del Circuito de
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Valledupar.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
El actor fundamentó su solicitud de amparo de la siguiente manera:
En lo que referente al Presidencia de la República, alegó que en
el programa de gobierno actual, en el punto 4 sobre Democratización
del Estado, Libertades Fundamentales y Agenda Nacional para la
Vida, en su numeral 4.3 dispuso la “[…] Democratización del Estado
y erradicación del régimen de corrupción: restauraremos el equilibrio
y la independencia de los poderes públicos, fortaleciendo su
autonomía funcional y financiera. Respetaremos efectivamente el
sistema de pesos y contrapesos y derrotaremos a las mafias que han
cooptado los poderes públicos y amenazan su estabilidad y seguridad
[…]”.
En ese orden de ideas, destacó que no habiendo un proceso ordinario
de defensa que garantice que el programa de gobierno se cumpla, el
mecanismo idóneo es la acción de tutela, con el fin de que la
Presidencia de la República cumpla “[…] con sus promesas de
campaña y presente resultados efectivos en contra de los
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funcionarios denunciados por corrupción que siguen dentro de la
Superintendencia de Transporte dilatando las funciones de la entidad
en busca de caducidad y prescripción […]”.
En lo atinente a la Superintendencia de Transporte, aseguró que
pese a que solicitó ante la autoridad la convocatoria de una asamblea
extraordinaria en los términos del artículo 84 de la Ley 222 de 1995,
con el fin de designar nuevos administradores de la empresa
Cotracosta S.A.S. y de poner de presente las irregularidades
ocurridas con los administradores, no se adelantó actuación
administrativa alguna.
Adujo que se pasó por alto que en la fusión entre Cotracosta S.A.S.
y Super Express S.A.S. se aumentó de forma maliciosa el patrimonio
de terceros, lo que disminuyó el porcentaje de acciones y el valor
pagado por los accionistas, de tal forma que no se cumplía con los
requisitos para autorizar la fusión, pues la información que reposa en
la entidad es contraria a los estados financieros presentados ante el
Ministerio de Transporte.
En cuanto a la Superintendencia de Sociedades, sostuvo que la
accionada rechazó la demanda de acción social de responsabilidad
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presentada contra la empresa Cotracosta S.A. con fundamento en la
errada interpretación realizada a la sentencia C-318 de 2023
proferida por la Corte Constitucional, toda vez que lo declarado
inexequible fue la expresión que se refiere a la resolución de
conflictos societarios y no a las competencias que regulan
controversias entre los accionistas y administradores.
Frente a la Cámara de Comercio de Villavicencio, resaltó que ha
omitido darle trámite a la inscripción del acta 006 de 22 de agosto
de 2024, expedida por la Asamblea de Accionistas de Cotracosta
S.A.S. con fundamento en requisitos adicionales que no están
previstos.
Respecto a la Fiscalía 18 Unidad Seccional Patrimonio
Económico de Valledupar, destacó que se han incumplido con los
términos previstos en el artículo 175 de la Ley 906 de 2004 dentro
de la denuncia penal con radicado 200016001231201501411.
En cuanto a la Dirección Seccional de Fiscalía de Valledupar,
sostuvo que presentó solicitud de vigilancia administrativa ante el
Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo Seccional de la
Judicatura del Cesar, quien la remitió a la Dirección Seccional de
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Fiscalía de Valledupar sin que haya dado respuesta al momento de
promover la acción de tutela.
I.4.- Pretensiones
El actor pretende que se amparen sus derechos fundamentales
invocados como vulnerados y, en consecuencia:
“[…] ORDENAR
Primero: Al señor presidente de la república DR.
Gustavo Petro Urrego cumplir con su programa de gobierno
en especial el punto 4 Democratización del estado de
libertades punto 4.3 Democratización del estado y
erradicación del régimen de corrupción.
Segundo: Ordenar a la Superintendencia de Transporte
convocar a los accionistas de TRANSPORTES COTRACOSTA
S.A.S, a una reunión de asamblea extraordinaria en los
términos de la ley 222 de 1995 Articulo 84 numeral 8
Modificado por el Artículo 149 del Decreto 19 de 2012
Convocar a reuniones extraordinarias del máximo órgano
social en los casos previstos por la ley. En los casos en que
convoque de manera oficiosa, la Superintendencia presidirá
la reunión". Para hacer nombramiento de nuevos
administradores y remover los actuales que han falsificado y
adulterado documentos, incluso llegando a desaparecer otros
que pueden servir de prueba.
Tercero: A la Superintendencia de Sociedades revocar el
AUTO 20248000356 y en su lugar verificar si de conformidad
con el C.G.P. Articulo 24 literal del numeral 5 La
resolución de conflictos societarios, las diferencias que
ocurran entre los accionistas, o entre estos y la sociedad
o ENTRE ESTOS y sus administradores, en desarrollo del
contrato social o del acto unilateral. (Negrilla y resaltado son
míos).
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Cuarto: Ordena (sic) a la Cámara de Comercio de
Villavicencio dar trámite al acta 006 de 22 de agosto de 2024
de la empresa TRANSPORTES COTRACOSTA S.A.S. sin exigir
requisitos adicionales y trasladar a la Fiscalía General de la
Nación la correspondiente denuncia pues ha venido
conociendo de conductas que deben ser investigadas de oficio
Ley 599 de 2000 Articulo 417.
Quinto: A la dirección seccional de fiscalías examinar si es
procedente el cambio de fiscal en las investigaciones que
adelantan la fiscalía 18 y 28 seccional de Valledupar por todos
los hechos aquí denunciados de conformidad con la ley 906
de 2004 Articulo 175.
Sexto: A la Fiscalía 18 Seccional de Valledupar indicar en nuestra
calidad de víctimas los motivos por los cuales no se nos ha
garantizado nuestros derechos en los términos de la ley 906 de
2004 artículos 133 al 137. Y como se harán efectivas nuestras
garantías de atención y protección ante las graves amenazas y el
constreñimiento ilegal y la continua e ininterrumpida obstrucción a
la justicia por parte de los denunciados.
Séptimo: Ordenar a la Superintendencia de Transporte
informar en qué estado se encuentra la investigación
disciplinaria, en contra de los funcionarios que fueron
denunciados ante esa entidad, no es necesario levantar la
reserva solo en qué estado se encuentra pues los quejosos
pueden recurrir la decisión de archivo […]”.
I.5.- Defensa
I.5.1.- La Superintendencia de Transporte solicitó declarar
improcedente la acción de tutela de la referencia y afirmó que no ha
vulnerado derecho fundamental alguno del actor, pues las
actuaciones adelantadas no han desconocido el ordenamiento
jurídico y gozan de legalidad, por lo que no puede pretender el
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accionante usar la acción de tutela con el fin de subrogar los
mecanismos establecidos por el legislador para controvertir la
legalidad de los actos proferidos y poner en conocimiento de las
autoridades competentes las presuntas comisiones de delitos por
parte de funcionarios de esa entidad.
Adujo que, frente a las presuntas omisiones en el desarrollo de sus
competencias, no resultaban ciertas, pues corresponde al accionante
poner en conocimiento estos hechos a los órganos de control y no
pretender con la presente acción desconocer las instituciones fijadas
por el Constituyente.
I.5.2.- La Cámara de Comercio de Villavicencio indicó que no ha
vulnerado los derechos fundamentales invocados por el actor, pues
ha garantizado el debido proceso, por lo cual solicitó su
desvinculación de la presente solicitud de amparo, ante la falta de
legitimación en la causa por pasiva.
I.5.3.- La Fiscalía 18 Unidad Seccional Patrimonio Económico
de Valledupar informó que se encuentra adelantando el proceso
penal con número de noticia criminal 200016001231201501411, en
el que obra como indiciado el señor Alfredo Bedoya Loaiza por el
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delito de fraude procesal, el cual se encuentra en estado activo y en
etapa de investigación, con órdenes vigentes de Policía Judicial.
Resaltó que la petición del actor fue resuelta el 29 de agosto de 2023,
lo que deja en evidencia que no vulneró los derechos fundamentales
al debido proceso y al acceso a la información.
I.5.4.- La Superintendencia de Sociedades adujo que remitió el
asunto al Juzgado Civil del Circuito de Valledupar tras declarar su
falta de competencia, de acuerdo con el artículo 139 del Código
General del Proceso, por lo que, en caso de presentarse conflicto
negativo de competencia, será resuelto por el superior jerárquico,
esto es, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá.
En ese orden de ideas, solicitó que se despachen desfavorablemente
las pretensiones, toda vez que no ha vulnerado derecho fundamental
alguno, pues el juez competente para revisar las decisiones de una
autoridad administrativa en ejercicio de funciones jurisdiccionales es
un Juez Civil del Circuito.
I.5.5.- La Presidencia de la República destacó que la solicitud de
amparo de la referencia debe ser denegada debido a que lo
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pretendido por el actor es que se le dé respuesta a un derecho de
petición, el cual ya fue contestado de fondo y bajo el margen de sus
facultades legales.
Sostuvo que encuentra su capacidad limitada a lo dispuesto por la
Constitución y la ley al pretenderse que se adelante una investigación
en contra de los diferentes funcionarios de la Superintendencia de
Sociedades, ya que dichas acciones recaen sobre la Procuraduría
General de la Nación, entidad que cuenta con una autonomía propia
y administrativa que no puede entrar a quebrantar por ninguna
circunstancia.
Alegó que, luego de verificar el sistema de gestión documental del
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,
encontró que la petición del actor fue contestada mediante los oficios
de 27 de marzo y 23 de octubre de 2024, en donde se le informó que
su solicitud sobre agendar cita con el Presidente de la República no
era posible, sin embargo, su comunicación fue trasladada al
Ministerio de Transporte y a la Fiscalía General de la Nación para que
los mismos actúen conforme a sus competencias.
Ahora, refirió que carece de legitimación en la causa por pasiva, toda
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vez que los reclamos y solicitudes del actor van dirigidos a solicitar
acciones de entidades sobre las que no tiene competencia funcional,
por lo que solicitó su desvinculación del presente trámite
constitucional.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
Mediante sentencia de 25 de noviembre de 2024, la SECCIÓN
SEGUNDA declaró improcedente la solicitud de amparo de la
referencia en cuanto a la Presidencia de la República, comoquiera
que no se aportó documento que permitiera inferir el ejercicio del
derecho de petición, pues si bien dio a conocer la existencia de
requerimientos formulados por el señor Luis Miguel Beltrán del
Portillo a esa autoridad, las peticiones no fueron presentadas por el
tutelante ni solicitaron información de las actividades desarrolladas
por el Gobierno Nacional en materia de corrupción, al interior de las
entidades públicas.
En lo que respecta a la Superintendencia de Transporte, afirmó que
esta entidad no tiene funciones a su cargo relacionadas con asuntos
societarios, además, en cuanto a la Superintendencia de Sociedades,
destacó que no se encuentra acreditado que el actor hubiese
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presentado escrito dirigido a la misma para que convocara a una
reunión extraordinaria del máximo órgano social de la empresa de
Transportes Cotracosta S.A.S.
En ese orden, afirmó que frente a las mencionadas no era posible
concluir que se amenazaron o vulneraron los derechos
fundamentales invocados, sumado a que, si bien el actor alega que
la Superintendencia de Sociedades rechazó la demanda por falta de
competencia y ordenó remitir el asunto a los juzgados civiles del
circuito de Valledupar para su conocimiento, dicha decisión era
susceptible de recurso de apelación, del cual no hizo uso, por lo que
el actor contaba con otro mecanismo de defensa para obtener la
protección de su derecho.
Frente a los reparos hechos a la Cámara de Comercio de Villavicencio,
indicó que de las pruebas obrantes en el proceso, era dable concluir
que el actor y el señor Miguel Ángel Beltrán del Portillo presentaron
solicitud de inscripción del acta 006 de 22 de agosto de 2024 ante la
Cámara de Comercio de Villavicencio, la cual fue devuelta por la
entidad por presentar errores o incongruencias en los documentos
que se anexaron al trámite, por lo que fue requerido para que
aclarara aspectos relacionados con el porcentaje de las acciones de
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los socios que convocaron a la asamblea y los días de antelación a la
citación.
Ahora, de las pruebas obrantes en el expediente aseguró que no se
encontraba que el actor haya aclarado o adelantado las actuaciones
pertinentes para subsanar la solicitud de inscripción del acta núm.
006 de 22 de agosto de 2024, pudiendo corregir tales inconsistencias
y, eventualmente, ante la negativa de la entidad, recurrir tal
decisión, por lo que no se advertía vulneración alguna sobre el
particular.
En cuanto a la Fiscalía 18 Seccional de Valledupar consideró que no
se encontraba probada una situación que constituya una mora o
dilación injustificada de la actuación penal, pues se han expedido
diversas órdenes de policía judicial para la recopilación de los
elementos de juicio que permitan avanzar en la investigación y
adoptar las decisiones pertinentes.
Advirtió que de lo obrante en el expediente era posible inferir que el
Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar remitió la petición a la
Dirección Seccional de Fiscalías de Valledupar, entidad que no
presentó informe en la presente acción constitucional, por lo que tuvo
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como ciertos los hechos que motivaron la acción de tutela y amparó
los derechos fundamentales de petición y al acceso a la información
del actor.
Así las cosas, el a quo dispuso lo siguiente:
“[…] PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de
tutela presentada por Roberto Carlos del Portillo Herrera en contra
de la Presidencia de la República, la Superintendencia de
Transporte, la Superintendencia de Sociedades y la Cámara de
Comercio de Villavicencio, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de esta decisión.
SEGUNDO: NEGAR la solicitud de tutela formulada por Roberto
Carlos del Portillo Herrera contra la Fiscalía 18 Unidad Seccional
Patrimonio Económico de Valledupar, de conformidad con lo
indicado en las consideraciones de esta providencia.
TERCERO: AMPARAR el derecho fundamental de petición de
Roberto Carlos del Portillo Herrera de acuerdo con las razones
expuestas en la parte motiva de este fallo.
CUARTO: ORDENAR a la Dirección Seccional de Fiscalías de
Valledupar que, en el término de las cuarenta y ocho (48)
siguientes a la notificación de esta providencia, responda de forma
clara, precisa y de fondo la solicitud de vigilancia judicial
administrativa presentada por el tutelante el 5 de agosto de 2024
[…]”.
III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
El actor impugnó la decisión proferida en primera instancia y solicitó
declarar la nulidad del fallo de primera instancia o, en su lugar, se
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revoque y se acceda a las pretensiones, reiterando los fundamentos
jurídicos plasmados en el escrito introductorio.
Aseveró que se debe declarar la nulidad de la sentencia de primera
instancia en la medida en que el a quo pretermitió analizar el asunto,
pues no hizo pronunciamiento alguno sobre los derechos a la
propiedad privada y al mínimo vital originados por el “[…] robo de mi
participación en la empresa (acciones) y constreñimiento ilegal
negando el trabajo a los buses de mi propiedad originando
imposibilidad de mantenerme a mi y a mi familia sin ingresos al
robarme mi participación en la empresa Transportes Cotracosta y mis
ingresos provenientes de mis buses […]”.
Insistió en la dilación injustificada y violación de los términos
establecidos en la Ley 906 de 2004 dentro del proceso penal,
además, que la Superintendencia de Transporte ignoró las solicitudes
de convocatoria a la asamblea de accionistas, aun cuando se acreditó
su calidad de accionista dentro de la empresa.
Alegó que la Presidencia de la República incumplió con su programa
de gobierno, comoquiera que no es de tal acierto que se esté llevando
una lucha contra la corrupción, pues a pesar de haber denunciado las
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irregularidades surtidas dentro de la empresa Cotracosta S.A.S., no
se realizó gestión alguna.
Sostuvo que la Fiscalía 18 Seccional de Valledupar permitió que se
dilatara el proceso penal, toda vez que han transcurridos casi 9 años
desde la etapa de indagación, lo que desconoce las garantías
constitucionales; además, que la respuesta mencionada en la
contestación nunca le fue dada a conocer.
Refirió que en lo atinente a la Cámara de Comercio de Villavicencio,
el acta 006 de 22 de agosto de 2024, expedida por la Asamblea de
Accionistas de Cotracosta S.A.S. ya fue inscrita, por lo que se
configura la carencia actual de objeto por hecho superado.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto núm. 2591
de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de
tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
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concordancia con el artículo 2º del Decreto núm. 333 de 6 de abril
de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de
2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula
la distribución de negocios entre las Secciones.
Cuestiones previas
Antes de resolver la presente acción de tutela, la Sala se pronunciará
respecto de los siguientes aspectos concernientes a: i) las solicitudes
de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva
presentadas por la Cámara de Comercio de Villavicencio y la
Presidencia de la República y; ii) la solicitud de nulidad elevada
por el actor.
i) De las solicitudes de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva presentadas por
la Cámara de Comercio de Villavicencio y la
Presidencia de la República
Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario
precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el
punto de derecho en discusión como el alcance del contenido de la
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sentencia.
La Sala advierte que la Cámara de Comercio de Villavicencio y la
Presidencia de la República presentaron solicitudes de
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva.
Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001
de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en
la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández,
dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones
de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o
desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad
subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se
discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal
que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o
controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la
demanda sobre una pretensión de contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar
un instrumento judicial carente de garantías procesales, en
donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para
desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de
manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez
debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los
principios de legalidad y contradicción.
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La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el
segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés Vargas,
esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal
se deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de los
derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna
circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por
pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el
responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación,
o cuando no es su conducta la que inflige el daño […]” (Destacado de
la Sala).
Ahora bien, la Sala advierte que, comoquiera que la Cámara de
Comercio de Villavicencio y la Presidencia de la República son
parte accionada dentro de la acción de tutela de la referencia, su
vinculación a la presente acción se dio en tal calidad, razón por la
que se denegarán sus solicitudes de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva, como en efecto se dispondrá en
la parte resolutiva de la presente providencia.
ii) De la solicitud de nulidad presentada por el actor
El accionante presentó solicitud de nulidad contra la sentencia de
primera instancia, bajo el argumento de que, en su sentir, el a quo
omitió pronunciarse respecto de los derechos fundamentales al
mínimo vital y a la propiedad privada invocados, por lo que se
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pretermitió la primera instancia.
Para lo anterior sostuvo que se incurrió en la causal de nulidad
prevista en el numeral 2 del artículo 133 del CGP, que prevé:
“[…] ARTÍCULO 133. CAUSALES DE NULIDAD. El proceso es
nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:
1. Cuando el juez actúe en el proceso después de declarar la falta
de jurisdicción o de competencia.
2. Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del
superior, revive un proceso legalmente concluido o pretermite
íntegramente la respectiva instancia […]”
Al respecto la Sala destaca que la solicitud del señor DEL PORTILLO
HERRERA no tiene vocación de prosperar, dado que la SECCIÓN
SEGUNDA analizó de forma íntegra las inconformidades y
pretensiones expuestas en el escrito de tutela, para lo cual llevó a
cabo un estudio de cada uno de los reparos invocados, lo que advierte
que tuvo en consideración los derechos fundamentales que el actor
echa de menos para sustentar la decisión.
Lo anterior, da cuenta de que la sentencia de primera instancia de la
que se alega la nulidad fue proferida en garantía del debido proceso
que rige a las acciones constitucionales, pues el a quo estudio cada
una de las inconformidades expuestas a la luz de las pretensiones
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solicitadas, sin que se dejara de analizar algún reparo, por lo que no
se pretermitió la instancia como erradamente lo expuso el accionante
y, por el contrario, lo que se advierte es la inconformidad del actor con
la decisión de primer grado, lo cual no resulta de recibo, comoquiera
que por lo que dicha situación evidentemente desborda la naturaleza
de la figura jurídica de la nulidad procesal.
Por lo anterior, la Sala denegará la solicitud de nulidad elevada por
el actor, como en efecto se dispondrá en la parte motiva de esta
providencia.
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos
constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o
particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley
2591 de 19 de noviembre de 1991. Dicha acción se establece como
instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el
afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio
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irremediable.
Caso concreto
En el caso bajo examen, el actor pretende obtener el amparo de sus
derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital, a la
propiedad privada y al acceso a la información, los cuales estima
vulnerados por la Presidencia de la República, la
Superintendencia de Transporte, la Cámara de Comercio de
Villavicencio, la Superintendencia de Sociedades, la Fiscalía 18
Seccional de Valledupar y la Dirección Seccional de Fiscalías
de Valledupar por las actuaciones surtidas con ocasión de su
exclusión como accionista de la empresa Cotracosta S.A.S., así como
las irregularidades que se presentaron en el proceso de fusión
empresarial entre Cotracosta S.A.S. y la sociedad Transportes Super
Express S.A.S.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la
SECCIÓN SEGUNDA que, mediante fallo de 25 de noviembre de
2024, declaró improcedente la solicitud frente a la Presidencia de la
República, la Superintendencia de Transporte, la Superintendencia
de Sociedades y la Cámara de Comercio de Villavicencio; denegó las
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pretensiones respecto de la Fiscalía 18 Unidad Seccional Patrimonio
Económico de Valledupar y amparó el derecho fundamental de
petición, por lo que ordenó a la Dirección Seccional de Fiscalías de
Valledupar responder la solicitud de vigilancia judicial administrativa
presentada el 5 de agosto de 2024, de forma clara, precisa y de
fondo.
Inconforme con lo anterior, el actor impugnó la decisión proferida en
primera instancia, reiterando los fundamentos jurídicos plasmados
en el escrito introductorio.
Para lo anterior, alegó que existe una dilación injustificada por parte
de la Fiscalía 18 Unidad Seccional Patrimonio Económico de
Valledupar dentro del proceso penal con radicado NUC.
200016001231201501411, además, que la Superintendencia de
Transporte hizo caso omiso a las solicitudes de convocatoria a la
asamblea de accionistas, aun cuando se acreditó su calidad de
accionista dentro de la empresa.
Aseveró que la Presidencia de la República incumplió con su
programa de gobierno, pues a pesar de haber denunciado las
irregularidades surtidas dentro de la empresa Cotracosta S.A.S., no
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se llevó a cabo gestión alguna; además, que la respuesta a la que
hace alusión la Fiscalía 18 Unidad Seccional Patrimonio
Económico de Valledupar nunca le fue dada a conocer.
Finalmente, manifestó que la Cámara de Comercio de
Villavicencio, ya inscribió el acta 006 de 22 de agosto de 2024, por
lo que se configura la carencia actual de objeto por hecho superado.
En este punto es del caso resaltar que la Sala circunscribirá su
estudio a las inconformidades expuestas en el escrito de impugnación
interpuesto contra la sentencia de primera instancia, por lo que se
limitará a analizar los reparos manifestados contra la Fiscalía 18
Unidad Seccional Patrimonio Económico de Valledupar, la
Superintendencia de Transportes y la Presidencia de la
República.
Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a
resolver consiste en establecer si en el presente caso se debe
confirmar, modificar o revocar la decisión de primer grado, para lo
cual, debe determinar si las autoridades accionadas vulneraron los
derechos fundamentales invocados por el actor.
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De los reparos expuestos contra la Fiscalía 18 Unidad
Seccional Patrimonio Económico de Valledupar
A juicio del actor, existe una dilación injustificada y una violación de
los términos establecidos en la Ley 906 de 2004 dentro de la
actuación con radicado NUC 200016001231201501411 en el que
obra como indiciado el señor Alfredo Bedoya Loaiza, que se sigue con
ocasión de los hechos que dieron lugar a la fusión entre las empresas
Cotracosta S.A.S. y Super Express S.A.S.
Sobre el particular es del caso destacar que de conformidad con lo
mencionado por el Fiscal 18 Unidad Seccional Patrimonio Económico
de Valledupar, el proceso penal por el delito de fraude procesal
identificado bajo el número de noticia criminal
200016001231201501411, está activo y en etapa de indagación,
además se encuentran órdenes vigentes a la policía judicial de 1o.
de octubre de 2024, en estado asignadas.
Lo anterior deja en evidencia que sí se están llevando a cabo las
actuaciones necesarias dentro del proceso penal, situación diferente
es que por la naturaleza del mismo al ente investigador le está
vedado dar detalles que afecten el éxito de la investigación, lo cual
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no se traduce en la vulneración de los derechos fundamentales del
actor y menos en la dilación o incumplimiento de los términos.
Ahora, en cuanto al reparo del actor expuesto en el escrito de
impugnación, según el cual la entidad afirmó que dio respuesta a la
petición el 29 de agosto de 2023, cuando dicha respuesta no se le ha
dado a conocer, la Sala destaca que precisamente el a quo no tuvo
por cierto lo mencionado por la Fiscalía 18 Unidad Seccional
Patrimonio Económico de Valledupar, comoquiera que no se aportó
prueba que sustentara su afirmación; además, porque las fechas
referidas por la entidad datan del 2023 y la petición a la cual hace
referencia el actor del año 2024.
Es por lo anterior que el a quo amparó el derecho de petición del
actor frente a la Dirección Seccional de Fiscalías de Valledupar, pues
fue ante quien presentó el derecho de petición, por lo que no son de
recibo los reparos del actor sobre el particular, pues aun cuando la
Fiscalía 18 Unidad Seccional Patrimonio Económico de Valledupar
afirmó haber dado respuesta a la solicitud, la Sección Segunda no
tuvo como cierto tal hecho.
En ese orden de ideas, comoquiera que no se advierte una dilación
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injustificada o retardo en el trámite de la actuación penal adelantada
contra el señor Alfredo Bedoya Loaiza, la Sala confirmará la decisión
del a quo que denegó el amparo solicitado frente a la Fiscalía 18
Unidad Seccional Patrimonio Económico de Valledupar.
De las inconformidades expuestas contra la Superintendencia
de Transportes
La parte actora advirtió que, pese a que solicitó la convocatoria de
una asamblea extraordinaria de la empresa Cotracolta S.A.S. y que
acreditó su calidad de accionista, la entidad hizo caso omiso a las
solicitudes de convocatoria a la asamblea de accionistas.
En este punto la Sala resalta que, de conformidad con el Decreto
2409 de 24 de diciembre de 2018 “Por el cual se modifica y renueva
la estructura de la Superintendencia de Transporte y se dictan otras
disposiciones”, la Superintendencia de Sociedades no tiene entre sus
funciones realizar vigilancia y control en asuntos societarios y menos
aun adelantar convocatorias a las asambleas de accionistas de las
sociedades.
En efecto, el artículo 5º del Decreto 2409 de 2018 establece como
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funciones de la Superintendencia de Transporte las siguientes:
“[…] ARTÍCULO 5. Funciones de la Superintendencia de
Transporte. La Superintendencia de Transporte tendrá las
siguientes funciones:
1. Asesorar al Gobierno Nacional y participar en la formulación de
las políticas en los temas de competencia de la superintendencia,
en las cuales siempre se debe privilegiar la protección de los
derechos de los usuarios establecidos en la Constitución y en la
normativa vigente.
2. Adoptar las políticas, metodologías y procedimientos para
ejercer la supervisión de las entidades sometidas a la vigilancia,
inspección y control de la Superintendencia.
3. Vigilar, inspeccionar y controlar el cumplimiento de las
disposiciones que regulan la debida prestación del servicio público
de transporte, puertos, concesiones e infraestructura, servicios
conexos, y la protección de los usuarios del sector transporte, salvo
norma especial en la materia.
4. Vigilar, inspeccionar y controlar las condiciones subjetivas de las
empresas de servicio público de transporte, puertos, concesiones e
infraestructura y servicios conexos.
5. Realizar visitas de inspección, interrogar, tomar declaraciones y,
en general, decretar y practicar pruebas, con el fin de verificar el
cumplimiento de las disposiciones de la normativa cuyo control es
de competencia de la Superintendencia.
6. Solicitar a las autoridades públicas y particulares, el suministro
y entrega de documentos públicos, privados, reservados,
garantizando la cadena de custodia, y cualquier otra información
que se requiera para el correcto ejercicio de sus funciones.
7. Ordenar planes de mejoramiento, mediante acto administrativo
de carácter particular, y cuando así se considere necesario, con la
finalidad de subsanar las dificultades identificadas a partir del
análisis del estado jurídico, contable, económico y/o administrativo
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interno de todos aquellos quienes presten el servicio de transporte,
los puertos, las concesiones o infraestructura, servicios conexos y
los demás sujetos previstos en la normativa vigente.
8. Adelantar y decidir las investigaciones administrativas a que
haya lugar por las fallas en la debida prestación del servicio público
de transporte, puertos, concesiones e infraestructura, servicios
conexos, y o en la protección de los usuarios del sector transporte,
de acuerdo con la normativa vigente.
9. Imponer las medidas y sanciones que correspondan de acuerdo
con la normativa vigente, como consecuencia de la infracción de
las normas relacionadas con la debida prestación del servicio
público de transporte, puertos, concesiones e infraestructura,
servicios conexos, y la protección de los usuarios del sector
transporte,
10. Imponer las medidas y sanciones que correspondan por la
inobservancia de órdenes e instrucciones impartidas por la
Superintendencia o por la obstrucción de su actuación
administrativa.
11. Ordenar, mediante acto administrativo de carácter particular y
cuando así proceda, los correctivos necesarios para subsanar una
situación crítica de los prestadores del servicio de transporte, los
puertos, las concesiones o infraestructura, servicios conexos, y los
demás sujetos previstos en la ley.
12. Decretar medidas especiales o provisionales en busca de
garantizar la debida prestación del servicio público de transporte,
así como la correcta operación de los servicios conexos en puertos,
concesiones e infraestructura, siempre privilegiando la protección
de los derechos de los usuarios en los términos señalados en la
normativa vigente.
13. Impartir instrucciones para la debida prestación del servicio
público de transporte, puertos, concesiones e infraestructura,
servicios conexos, y la protección de los usuarios del sector
transporte, así como en las demás áreas propias de sus funciones;
fijar criterios que faciliten su cumplimiento y señalar los trámites
para su cabal aplicación.
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14. Divulgar, promocionar y capacitar a los vigilados y público en
general, en las materias de competencia de la Superintendencia.
15. Emitir los conceptos relacionados con la debida prestación del
servicio público de transporte, puertos, concesiones e
infraestructura, servicios conexos, y la protección de los usuarios
del sector transporte.
16. Fijar las tarifas de las contribuciones y cobrar las multas que
deban pagar las entidades vigiladas y controladas, de conformidad
con la ley.
17. Administrar y llevar las bases de datos y registros asignados a
la entidad y que resulten de competencia de la Superintendencia.
18. Todas las demás que se le atribuyan de conformidad con la ley
[…]”.
Por su parte, el numeral 8º del artículo 84 de la Ley 222 de 20 de
diciembre de 19952, modificado por el artículo 149 del Decreto 19 de
20123, prevé que corresponde a la Superintendencia de Sociedades
“convocar a reuniones extraordinarias del máximo órgano social en
los casos previstos por la ley”.
En ese orden de ideas, no le asiste razón al actor al asegurar que la
Superintendencia de Transporte vulneró sus derechos fundamentales
invocados al omitir convocar a una asamblea extraordinaria de
accionistas en la empresa Cotracosta S.A.S., comoquiera que ello no
2
“Por la cual se modifica el libro II del Código de Comercio, se expide un nuevo régimen de procesos
concursales y se dictan otras disposiciones”
3
“Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites
innecesarios existentes en la Administración Pública.”
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se encuentra dentro de sus funciones, tal como lo consideró el a quo,
por lo que confirmará la improcedencia de la solicitud de amparo
frente a tal entidad.
De la presunta vulneración de los derechos fundamentales
por parte de la Presidencia de la República.
Aseveró el actor que, en el programa de gobierno actual, en el punto
4 sobre Democratización del Estado, Libertades Fundamentales y
Agenda Nacional para la Vida, en su numeral 4.3 dispuso la
“Democratización del Estado y erradicación del régimen de
corrupción: restauraremos el equilibrio y la independencia de los
poderes públicos, fortaleciendo su autonomía funcional y financiera.
Respetaremos efectivamente el sistema de pesos y contrapesos y
derrotaremos a las mafias que han cooptado los poderes públicos y
amenazan su estabilidad y seguridad”.
Así las cosas, aseguró que la Presidencia de la República incumplió
con su programa de gobierno, pues a pesar de haber denunciado las
irregularidades surtidas dentro de la empresa Cotracosta S.A.S., no
se llevó a cabo gestión alguna.
Pues bien, arribando al asunto bajo examen la Sala advierte que lo
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pretendido por el actor contra la Presidencia de la República escapa
del resorte de la naturaleza de la acción constitucional, toda vez que
al juez de tutela le está vedado interferir en la órbita de competencia
de los otros órganos del poder público, como lo es en este caso, el
Gobierno Nacional.
En ese orden de ideas, la solicitud de amparo respecto de la
Presidencia de la República resulta improcedente, por lo que la Sala
confirmará la decisión del a quo pero por las razones aquí expuestas.
Así las cosas, la Sala confirmará la sentencia impugnada, pero por
las razones aquí expuestas, como en efecto se dispondrá en la parte
resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva presentadas por la Cámara de
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Actor: ROBERTO CARLOS DEL PORTILLO HERRERA
Comercio de Villavicencio y la Presidencia de la República, por
las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: DENEGAR la solicitud de nulidad formulada por el señor
ROBERTO CARLOS DEL PORTILLO HERRERA, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, pero por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia
CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 2 de mayo de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
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CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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