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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05459-00

Fecha
30 de enero de 2025
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05459-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Amparar el derecho fundamental de petición del señor Hernando Bermúdez Segura, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. 2. En consecuencia, ordenar al Archivo Central de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá que, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de esta providencia, dé respuesta de fondo a la petición de 28 de mayo de 2024 y la notifique al señor Hernando Bermúdez Segura. Asimismo, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de esta providencia, el Archivo Central de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá deberá remitir la documentación relevante a las autoridades competentes, a fin de que se actualice la información del señor Hernando Bermúdez Segura que reposa en el Sistema de Información sobre Antecedentes y Anotaciones (SIAN) de la Fiscalía General de la Nación, siempre que tras verificar las circunstancias fácticas del asunto, en efecto, haya lugar realizar a tal actualización. 10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2024-05459-00 Demandante: Hernando Bermúdez Segura En caso de no ser competente para ello, dicha autoridad deberá trasladar la petición de 28 de mayo de 2024 a la entidad encargada de dar respuesta de fondo, exponiendo los motivos por los que se carece de competencia. 3. Prevenir al Archivo Central de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá, para en lo sucesivo se abstenga de incurrir en las omisiones que dieron lugar a la interposición de la presente acción de tutela.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-05459-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

30 de enero de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05459-00
Demandante: Hernando Bermúdez Segura

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2024-05459-00
Demandante HERNANDO BERMÚDEZ SEGURA
Demandada CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS
Temas Acción de tutela. Derecho de petición. Falta de respuesta. Órdenes
de captura no vigentes.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por el señor Hernando Bermúdez Segura, de conformidad con lo
dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 9 de octubre de 20241, el señor Hernando Bermúdez Segura interpuso acción de
tutela, mediante apoderado judicial, contra el Consejo Superior de la Judicatura y el
Centro de Servicios Judiciales, Sistema Penal Acusatorio de Bogotá, por considerar
vulnerado su derecho de petición.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«PRIMERO: Se declare que EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, RAMA
JUDICIAL, CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES, SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE
BOGOTÁ ha vulnerado mi derecho fundamental de petición.
SEGUNDO: Se tutele mi derecho fundamental de petición.
TERCERO Como consecuencia, se ordene a EL CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA, RAMA JUDICIAL, CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES, SISTEMA PENAL
ACUSATORIO DE BOGOTÁ, que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo
de tutela, se dé respuesta de fondo conforme lo establecen la normatividad y la jurisprudencia
colombianas».

2. Hechos

Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. El 28 de mayo de 2024, mediante apoderado especial, el señor Hernando
Bermúdez Segura presentó derecho de petición dirigido al Centro de Servicios
Judiciales de Paloquemao remitido a través del correo electrónico
correspondencipq@cendoj.ramajudicial.gov.co.

1 Índice 2 en Samai.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05459-00
Demandante: Hernando Bermúdez Segura

En la petición se narró que el señor Hernando Bermúdez Segura fue
condenado con pena de 12 años de prisión por el Juzgado 10 Penal del
Circuito de Bogotá, mediante sentencia de 25 de julio de 1995, la cual fue
modificada en segunda instancia a 8 años y 4 meses.

Asimismo, se indicó que mediante auto de 25 de agosto de 2003 se decretó la
extinción de la pena impuesta y que, pese a esto, la orden de captura del señor
Hernando Bermúdez Segura continúa vigente, lo que ha traído dificultades de
movilización a este último, pues en varias oportunidades ha sido conducido a
estaciones de policía por aparecer vigente dicha orden de captura.

Agregó que «por la data del radicado y de la condena, no ha sido posible localizar el
Despacho Judicial que expida los oficios a fin de tramitarlos en las entidades
correspondientes».

Por los hechos narrados, solicitó lo siguiente:
(sic para toda la cita)
«PRIMERA: informarme a que Despacho Judicial Corresponde, el trámite de los oficios de
cancelación de medida de captura que pesa sobre mi representado.
SEGUNDO: De ser ustedes los competentes para ello, librar los respectivos oficios a las
diferentes entidades que tengan interés sobre el particular y pueda borrase de todas las bases
de datos la orden de captura antes mencionada.
TERCERO: de no ser ustedes los competentes para ello, enviar al Despacho judicial
competente para que realice dicho trámite.
CUARTO: Se envíe al suscrito, al correo electrónico paramoabogados@hotmail.com copia de
los oficios y el tramite adelantado con ocasión a la presente solicitud».

2.2. El 29 de mayo de 2024, el Grupo de Respuesta a Usuarios del Centro de
Servicios Judiciales de Paloquemao trasladó la petición al Grupo denominado
«Turno Habeas» de la Oficina de Apoyo del Complejo Judicial de Paloquemao,
con fundamento en que el proceso no estaba registrado en su base de datos,
porque «no fue tramitado mediante el proceso de ley 906 del 2004».

2.3. El 4 de julio de 2024, la Oficina de Apoyo del Complejo Judicial de Paloquemao
trasladó la petición al Archivo Central de Bogotá, Bodega 37, perteneciente a
la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá.

3. Fundamentos de la acción

La parte actora consideró vulnerado su derecho de petición, debido a que ya
transcurrió el término de ley para obtener una respuesta a la solicitud del 28 de
mayo de 2024, sin que las autoridades competentes hayan contestado.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. En auto de 16 de octubre de 2024, se requirió a la parte actora para que
allegara poder especial que legitimara al abogado Jorge Alberto Páramo
Hernández para presentar la acción de tutela en representación del señor
Hernando Bermúdez Segura.

4.2. Cumplido lo anterior, luego de varias actuaciones, por auto del 6 de diciembre
de 2024, se admitió la acción de tutela interpuesta por el señor Hernando
Bermúdez Segura contra el Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, el coordinador del Grupo de Servicios

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Demandante: Hernando Bermúdez Segura

Administrativos y el líder del Grupo de Trabajo del Archivo Central de la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá.

Asimismo, se ordenó notificar en calidad de terceros al coordinador del Grupo
de Servicios Administrativos y al líder del Grupo de Trabajo del Archivo Central
de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Cundinamarca - Amazonas, al Grupo de Respuestas a Usuarios de
Paloquemao, a la Oficina de Apoyo del Complejo Judicial de Paloquemao y al
Grupo de Correspondencia del Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao.
Finalmente, se reconoció al abogado Jorge Alberto Páramo Hernández como
apoderado judicial de la parte demandante y se dispuso efectuar las demás
notificaciones correspondientes.

4.3. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial indicó que su Unidad de
Informática constituye un órgano técnico, en virtud del artículo 98 2 de la Ley
270 de 1996.

Afirmó que la Unidad de Informática no es responsable de la información que
reposa en bases de datos como la Consulta de Procesos Nacional Unificada y
Justicia XXI, pues su naturaleza es de carácter eminentemente técnico de
soporte y apoyo a los sistemas de información, tal como lo dispone el artículo
13 del Acuerdo 1591 de 2002 «Por el cual se establece el sistema de información
de gestión de procesos y manejo documental (Justicia XXI)».

Especificó que la implementación del sistema a la que se hace referencia el
artículo 1° del Acuerdo 1591 de 2002 implica la instalación del software,
diversas capacitaciones, actualizaciones del sistema y apoyo técnico. Por lo
tanto, en cumplimiento de dicha norma se han efectuado diferentes
capacitaciones sobre el Aplicativo Justicia XXI a los usuarios asignados por
los diferentes despachos judiciales y a los ingenieros de las diferentes
direcciones seccionales para que estos, a su vez, repliquen la capacitación.

Si bien la Unidad de Informática de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial brinda el soporte técnico al sistema, la autoridad precisó que «si los
aplicativos presentan fallas técnicas (…) es una función inherente a la Oficina de
Informática adscrita a la Dirección Seccional al Coordinador Grupo de Mantenimiento y
Soporte Tecnológico perteneciente a esta Seccional, prestar inmediatamente el apoyo
técnico, para solventar y superar la falla técnica, ocasionada, por el aplicativo». También
resaltó que el Grupo de Mantenimiento y Soporte Tecnológico que se
encuentra en cada seccional no depende de la Unidad de Informática de la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, sino de cada consejo seccional.

Ahora bien, resaltó que son los despachos judiciales los «responsables directos
de alimentar las bases de datos, con la información que se desprenden de los diversos
procesos». E indicó que «los Despachos Judiciales, cuentan con las herramientas en
las aplicaciones para poder realizar estas modificaciones, esto con el fin de proteger los

2 Ley 270 de 1996. Artículo 98: «DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL. La Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial es el órgano técnico y administrativo que tiene a su cargo la ejecución de las actividades
administrativas de la Rama Judicial, con sujeción a las políticas y decisiones de gobierno y de administración a cargo del
Consejo Superior de la Judicatura».
3
Acuerdo 1591 de 2002. Artículo 1: «Adoptar el Sistema de Información de Gestión de Procesos y Manejo Documental
(Justicia XXI), para la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, los tribunales administrativos, los tribunales superiores y los juzgados,
el cual será suministrado e implementado por la Unidad de Informática de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
responsable de su mantenimiento técnico y actualizaciones, las cuales requerirán de la previa autorización de la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura».

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datos y actuaciones procesales que han sido ingresados directamente por los Centros de
Servicios, así como también de los diferentes Despachos Judiciales».

Sostuvo que en las capacitaciones que se han llevado a cabo en los diferentes
despachos judiciales, la Unidad de Informática ha expuesto el paso a paso
para ingresar las actuaciones judiciales en los Sistemas de Información de
Gestión de Procesos y Manejo Documental Justicia XXI y Justicia XXI Web.
Igualmente, se han efectuado capacitaciones sobre el proceso de
anonimización de los sujetos procesales, lo cual le corresponde a los
despachos judiciales teniendo según dispuesto en los Acuerdos, PSAA14-
10118, PSAA15-10406 y PSAA11-9109 de 2011 del Consejo Superior de la
Judicatura.

Por lo expuesto, la autoridad concluyó que su Unidad de Informática no cuenta
con facultad ni competencia para registrar, diligenciar o modificar información
en los Sistemas de Información de Gestión de Procesos y Manejo Documental
Justicia XXI y Justicia XXI Web, puesto que no le corresponde el registro de
las actuaciones procesales en el sistema; e insistió que tal labor es
competencia exclusiva de los despachos judiciales. De igual manera, aseveró
que carece de competencia para certificar, ocultar, cancelar o suprimir, algún
tipo de antecedente o anotación en el sistema.

En suma, la Unidad de Informática de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial funge como administrador técnico de las aplicaciones dispuestas para
la Rama Judicial, con la función prestar el apoyo técnico y mantener
actualizadas las aplicaciones, pero no le corresponde el manejo de los datos
que allí se registran.

De otra parte, precisó que en virtud de lo dispuesto en el Acuerdo 560 de 1999
y el Acuerdo PSAA11-9109 de 2011 el tratamiento y disposición de la
información de los procesos penales se asignó al Centro de Documentación
Judicial de la Rama Judicial-CENDOJ. A este último le compete «la función de
publicar en el Sistema de Información de procesos judiciales alimentado con la
información que diariamente cada despacho judicial genera, lo cual constituye las bases
de datos histórica de procesos radicados a nivel nacional el cual debe encontrarse
actualizado».

Manifestó que dicha competencia en cabeza del CENDOJ se encuentra
contenida en el numeral 7 del artículo 2 del Acuerdo PSAA11-9109 de 2011
que dispone lo siguiente: «Administrar las publicaciones que los administradores
secundarios no tengan permisos para realizar, esto incluye fijación, actualización o
eliminación de información, teniendo presente los lineamientos de la Sala Administrativa
del Consejo Superior de la Judicatura».

Indicó que una vez adoptada una decisión, la información ingresa al sistema
para conocimiento de los interesados y extinguidas las penas los juzgados
respectivos libran las comunicaciones del caso y devuelven el expediente a su
lugar de origen.

En consecuencia, sostuvo que «la entidad competente para absolver las peticiones
son los juzgados que conocieron del proceso, así como al Juez Coordinador del Centro
de Servicios Judiciales para los Juzgados de Ejecución de Penas y Medias (sic) de
Seguridad, en caso que sea un proceso Penal, para que procedan a ocultar al público en
general la consulta indiscriminada de la información del proceso, que aparece en la Base
de Datos de la Rama Judicial». Sin embargo, la Dirección Ejecutiva precisó que la

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información no puede ser eliminada o borrada del sistema, porque hace parte
del archivo histórico judicial procesal que se lleva en la Rama Judicial.

Finalmente, la autoridad indicó que la petición de 28 de mayo de 2024 fue
radicada al correo electrónico correspondencipq@cendoj.ramajudicial.gov.co que
corresponde al Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao - Oficina de
Apoyo de Bogotá. Allí la solicitud fue trasladada al grupo Turno Habeas con
correo electrónico turnohabpq@cendoj.ramajudicial.gov.co. Este último dio
traslado a la Oficina de Archivo Central, bodega 37 Servicios Administrativos,
grupo de Archivo Central Bogotá.

Todo lo anterior demuestra que la petición no fue radicada ante la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, cuyo único canal para recibir la totalidad
de correspondencia es el correo medeaj@cendoj.ramajudicial.gov.co. En
consecuencia, dicha autoridad aseguró que de su parte no existe vulneración
al derecho fundamental de petición invocado por el accionante.

Por lo expuesto, solicitó declarar su falta de legitimación en la causa por pasiva
y negar las súplicas invocadas en lo que le concierne.

4.4. El Centro de Servicios Administrativo Juzgados Penales del Circuito
Especializado de Bogotá informó que procedió a realizar la búsqueda en las
bases de datos CIANIC (Extinta Justicia Regional) y SIGLO XXI sin encontrar
registro de procesos en estos Juzgados Penales del Circuito Especializado de
Bogotá en contra del señor Hernando Bermúdez Segura. Adicionalmente,
indicó que se validó en el correo electrónico de su Secretaría si existía alguna
solicitud de parte del accionante o su apoderado sin encontrar registro de
alguna petición.

En consecuencia, solicitó su desvinculación, teniendo en cuenta que de su
parte no ha existido vulneración de derechos fundamentales.

4.5. El Consejo Superior de la Judicatura manifestó que no es viable endilgarle
responsabilidad alguna frente al objeto de la tutela, debido a que el actor no
aportó prueba de que la solicitud haya sido radicada a través de los canales
de la entidad. Por el contrario, aseguró que de las pruebas aportadas se
advierte que la petición fue remitida al correo electrónico
correspondencipq@cendoj.ramajudicial.gov.co, que pertenece al Centro de
Servicios Judiciales de Paloquemao, adscrito a las Direcciones Seccionales
de Administración Judicial, dependencia que tiene dentro de sus funciones
adelantar el reparto.

Resaltó que según lo indicado en el escrito de tutela la petición fue trasladada
varias veces y su último destinatario fue la Oficina de Archivo Central de
Bogotá, la cual se encuentra adscrita a las direcciones seccionales de
administración judicial de conformidad con el artículo 3° del Acuerdo
PCSJA17-10784 de 26 de septiembre de 2017 que establece lo siguiente: «Así
mismo existirán Archivos Centrales Seccionales, donde reposarán los documentos
provenientes de las dependencias de la Rama Judicial ubicadas dentro de la comprensión
territorial de cada uno de los Consejos Seccionales de la Judicatura, cuyo funcionamiento
será responsabilidad de la respectiva Dirección Ejecutiva Seccional o Coordinación». En
consecuencia, sostuvo que jamás ha tenido conocimiento de la aludida
petición.

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Con fundamento en lo anterior, concluyó que carece de legitimación en la
causa por pasiva y solicitó su desvinculación del trámite de tutela.

4.6. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá informó que
mediante correos electrónicos de 9 y 16 de diciembre de 2024, le solicitó a su
Archivo Central (dependencia interna de esa entidad) rendir informe sobre el
objeto de la tutela, a fin de presentar la respectiva contestación. Sostuvo que
sigue en espera de que tal dependencia le suministre la información relevante.
De manera que rendirá informe una vez el Archivo Central conteste sus
requerimientos.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19914, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. Planteamiento del problema jurídico

Con base en los antecedentes expuestos, le corresponde a la Sala determinar si las
autoridades accionadas vulneraron el derecho fundamental de petición del señor
Hernando Bermúdez Segura, en tanto que aún no ha obtenido respuesta a la
petición que formuló el 18 de mayo de 2024.

3. Alcance del derecho fundamental de petición

De acuerdo con el artículo 23 de la Constitución Política, toda persona tiene derecho
a presentar peticiones respetuosas ante autoridades públicas y organizaciones
privadas, por motivos de interés general o particular y a obtener una pronta
resolución. Se trata de un derecho de aplicación inmediata según el artículo 85 de
la Carta.

Asimismo, de conformidad con el inciso 2º del artículo 13 de la Ley 1437 de 2011 5:
«Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del
derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea
necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar: el reconocimiento
de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación
jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir
copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer
recursos».

La Corte Constitucional ha señalado que el derecho de petición tiene la connotación
de derecho fundamental y permite garantizar otros derechos tales como la

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Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
5
Sustituido por el artículo 1º de la Ley 1755 de 2015, “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición
y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

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información, la participación política, la libertad de expresión, la seguridad social, el
acceso a documentos públicos, entre otros.

El derecho de petición presenta un núcleo esencial complejo, ampliamente
desarrollado por la jurisprudencia constitucional, que ha dispuesto que son tres los
elementos del núcleo esencial de este derecho, a saber: (i) la pronta resolución; (ii)
que la autoridad dé una respuesta de fondo, es decir que sea clara, precisa,
congruente y consecuente con lo solicitado; y (iii) que la decisión adoptada se le
notifique al peticionario.

En tanto derecho fundamental, la vulneración de su núcleo esencial es objeto de
protección por la acción de tutela. De este, sin embargo, no hace parte el sentido
de la respuesta, pues es de competencia exclusiva del sujeto pasivo del derecho de
petición, por ello se ha aclarado que la respuesta negativa en ningún caso significa
vulneración del derecho fundamental de petición, ya que «existe una diferencia entre el
derecho de petición y el derecho a obtener lo pedido».

En otras palabras, una respuesta es suficiente cuando resuelve materialmente la
petición y satisface los requerimientos del solicitante, sin perjuicio de que la
respuesta sea negativa a las pretensiones del peticionario, pues se considera
efectiva si la respuesta soluciona el caso que se plantea y es congruente si existe
coherencia entre lo respondido y lo pedido, de tal manera que la solución verse
sobre lo pedido.

En lo que respecta a la notificación de la respuesta al derecho de petición, la Corte
Constitucional indicó que corresponde a la administración actuar con diligencia para
que la respuesta sea conocida por el interesado, gestión que denota lealtad y
publicidad de las actuaciones de la administración y permite materializar el derecho
al debido proceso del administrado, ya que es condición necesaria para que el
interesado ejerza su derecho de defensa y contradicción.

4. Análisis del caso

4.1. En el caso, se acreditó que la parte actora remitió el derecho de petición al
Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao - Oficina de Apoyo de Bogotá
a través del correo electrónico correspondencipq@cendoj.ramajudicial.gov.co,
mediante correo electrónico de 28 de mayo de 2024.

Allí solicitó (i) se le informara a cuál despacho judicial le corresponde el trámite
de los oficios de cancelación de orden captura que pesa sobre el señor
Hernando Bermúdez Segura, en tanto que la pena privativa de la libertad que
se le impuso en el pasado se declaró extinta en el año 2003; y (ii) de ser el
competente para tal labor, librara los respectivos oficios a las diferentes
entidades que tengan interés y borrara de todas las bases de datos la orden
de captura, y en caso de no ser competentes, enviara al despacho judicial
competente para que realice dicho trámite.

A su vez, se comprobó que el Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao,
autoridad ante la cual se radicó la petición, remitió la solicitud al grupo
denominado «Turno Habeas» de la Oficina de Apoyo del Complejo Judicial de
Paloquemao. Posteriormente, dicha Oficina de Apoyo trasladó la petición al
Archivo Central de Bogotá, Servicios Administrativos adscrito a la Dirección

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Seccional de Administración Judicial de Bogotá6. Esta última autoridad no
brindó respuesta al peticionario ni procedió a trasladar al competente.

Del anterior recuento se resalta, por una parte, que desde el 28 de mayo de
2024 la parte actora elevó un derecho de petición, sobre el cual aún no existe
una respuesta de fondo que atienda sus solicitudes. Por la otra, la petición ha
sido trasladada en dos oportunidades y hasta la fecha no se ha dado respuesta
de fondo.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que en el caso se transgredió
el derecho fundamental a la petición, debido a la completa inacción del Archivo
Central de Bogotá de la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Bogotá. Dicha autoridad ni emitió respuesta de fondo, ni trasladó la solicitud al
competente, en caso de no contar con competencia para responder de fondo
la solicitud. A lo anterior se suma que la contestación rendida en el curso de la
tutela, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá se limitó a
mencionar que el área de Archivo Central aún no le ha suministrado insumos
para presentar informe de fondo frente a los hechos objeto de la tutela.

4.2. De otra parte, no se pasa por alto que en virtud al derecho al habeas data,
consagrado en el artículo 15 de la Constitución Política, las personas tienen
derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que existan sobre
ellas en los bancos de datos y en los archivos de las entidades públicas y
privadas.

En la Sentencia T-097 de 1995, la Corte Constitucional explicó que en virtud
del derecho fundamental de habeas data todas las personas tienen el poder
(i) de obtener la información que les concierne directamente y que reposa en
los bancos de datos y en los archivos de las entidades públicas y privadas; (ii)
de exigir que la información sea actualizada con base en hechos o
circunstancias que modifiquen la información que allí reposa; y (iii) de que
se eliminen los errores o inexactitudes con el fin de establecer su veracidad.

En relación con el objeto de estudio, en la Sentencia T-531 de 2016 la Corte
Constitucional se pronunció sobre la obligación en cabeza de los organismos
con atribuciones de policía judicial de contar con un registro en el cual repose
la información sobre las capturas realizadas por cada organismo7.

Actualmente, esa obligación se materializa a través del Sistema de
Información sobre Antecedentes y Anotaciones (SIAN) de la Fiscalía General
de la Nación que contiene la información sobre órdenes de captura y su
6
Acuerdo PCSJA17-10784 de 26 de septiembre de 2017. Por el cual se establecen las políticas generales de gestión
documental y archivo para la Rama Judicial y se dictan reglas para asegurar su implementación, en un solo acto
administrativo: «Se tendrán en cuenta tres instancias de conservación de los documentos: Una a nivel de archivos de
gestión, otra a nivel de archivos centrales y una última a nivel de archivos históricos. (…) Así mismo existirán Archivos
Centrales Seccionales, donde reposarán los documentos provenientes de las dependencias de la Rama Judicial ubicadas
dentro de la comprensión territorial de cada uno de los Consejos Seccionales de la Judicatura, cuyo funcionamiento
será responsabilidad de la respectiva Dirección Ejecutiva Seccional o Coordinación».
7
Ley 906 de 2004. Artículo 305. REGISTRO DE PERSONAS CAPTURADAS Y DETENIDAS. «Los organismos con
atribuciones de policía judicial, llevarán un registro actualizado de las capturas de todo tipo que realicen, con los siguientes
datos: identificación del capturado, lugar, fecha y hora en la que se llevó a cabo su captura, razones que la motivaron,
funcionario que realizó o formalizó la captura y la autoridad ante la cual fue puesto a disposición».
Para tal efecto, cada entidad deberá remitir el registro previsto en el inciso anterior a la Fiscalía General de la Nación,
para que la dependencia a su cargo consolide y actualice dicho registro con la información sobre las capturas realizadas
por cada organismo».
Artículo 305A. REGISTRO NACIONAL DE ÓRDENES CAPTURA. «Existirá un registro único nacional en el cual deberán
inscribirse todas las órdenes de captura proferidas en el territorio nacional y que deberá estar disponible para las
autoridades que ejerzan funciones de Policía Judicial y la Fiscalía General de la Nación. El gobierno reglamentará la
materia».

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Demandante: Hernando Bermúdez Segura

cancelación, medidas de aseguramiento y su revocatoria, terminaciones de
proceso, sentencias condenatorias, entre otros datos. Su correcta y oportuna
actualización, conforme lo dispuso la Corte Constitucional en la Sentencia T-
531 de 2016, es un deber a efectos de garantizar el derecho al habeas data.
Así lo expresó la Corte: «las autoridades judiciales tienen el deber de llevar un registro
actualizado en el que aparezcan las órdenes de captura, así como la información sobre
su cancelación, lo anterior, por cuanto constituye una de las formas de garantizar el
ejercicio del derecho al habeas data» (Negrillas propias).

Puntualmente, en lo que se refiere a la cesación de los motivos que originaron
la orden de captura, la Resolución 1750 de 12 de septiembre de 2000 de la
Fiscalía General de la Nación, mediante la cual se «modifica el procedimiento para
la recolección, registro y difusión de los datos del sistema de información sobre
antecedentes y anotaciones (SIAN)», dispuso en su artículo 2 lo siguiente:

«Una vez cesen los motivos que dieron lugar a la expedición de la orden de captura, el fiscal
debe cancelarla de manera inmediata. Para este efecto, debe ubicar el formato de la orden de
captura que reposa en el expediente, diligenciar la sección correspondiente a la cancelación
y enviar el folio para su registro en el sistema de información sobre antecedentes y
anotaciones, SIAN, a la dirección de fiscalías correspondiente, para que se registren y
almacenen los datos. Registrada la información en el sistema, el director de fiscalías o quien
éste delegue, informará de la cancelación a los organismos de policía judicial que lleven un
registro de las mismas —cuerpo técnico de investigación, CTI, Policía Nacional y
Departamento Administrativo de Seguridad, DAS—. La copia final del formato quedará como
constancia en el expediente».

Igualmente, respecto a la cancelación de las órdenes de captura, el Acuerdo
777 de 2000 del Consejo Superior de la Judicatura «Por el cual se complementa
el Acuerdo 427 de 1998 “Por el cual se establece el deber de enviar informaciones
pertinentes a la Fiscalía General de la Nación”» en su artículo 2 dispone lo siguiente:
«Cuando se tome la decisión de cancelar una orden de captura, se diligenciará el segundo
bloque de información denominado “Cancelación de Orden de captura” de las copias 5 y 6.
Una de ellas se remitirá a la dirección seccional de fiscalía correspondiente para su
comunicación a las autoridades de policía judicial respectivas».

Del anterior recuento, se advierte (i) que la actualización del registro contentivo
de las órdenes de captura es imprescindible a fin de no transgredir el derecho
al habeas data y (ii) que la cancelación de estas debe ser puesta en
conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, a fin de que la nueva
información sea puesta en conocimiento de las autoridades policivas
respectivas.

4.3. Con fundamento en lo expuesto, la Sala amparará el derecho de petición
invocado por la parte actora, al encontrar que la solicitud de 28 de mayo de
2024 aún no ha sido contestada de fondo y que su trámite se suspendió, en
tanto que la oficina de Archivo Central de la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Bogotá no ha realizado ninguna gestión desde que
recibió el traslado de la solicitud.

En consecuencia, se le ordenará al Archivo Central de la Dirección Seccional
de Administración Judicial de Bogotá emitir respuesta de fondo al derecho de
petición presentado por el señor Hernando Bermúdez Segura y notificar su
respuesta. Asimismo, el Archivo Central de la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Bogotá deberá remitir la documentación relevante
a las autoridades competentes, a fin de que se actualice la información del
señor Hernando Bermúdez Segura que reposa en el Sistema de Información
sobre Antecedentes y Anotaciones y órdenes de captura (SIAN) de la Fiscalía
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05459-00
Demandante: Hernando Bermúdez Segura

General de la Nación, siempre que tras verificar las circunstancias fácticas del
asunto, en efecto, haya lugar realizar a tal actualización.

En caso de no ser competente para ello, deberá trasladar la solicitud a la
autoridad encargada de dar respuesta de fondo exponiendo los motivos por
los que se carece de competencia.

Es de resaltar que en la Sentencia C-951 de 2014, en la cual se hace un
análisis profundo sobre el derecho fundamental a la petición, la Corte
Constitucional explicó que en los eventos en los cuales la solicitud se dirige a
un funcionario sin competencia, es deber de la autoridad motivar por qué no
es competente y por qué la entidad a la cual remitirá la petición sí lo es. De ahí
que no basta limitarse a enunciar cuál es el ente competente, sin explicarle al
peticionario las razones que fundamentan dicha remisión. Así lo explicó la
Corte en la providencia mencionada:

«(...) para evitar dilaciones injustificadas y así garantizar de forma sustancial una pronta
respuesta a la petición incoada, debe entenderse que la obligación de informar
(“informará”) al peticionario no se agota con la mera manifestación de que no se es
competente, y de que otra autoridad lo es. Esta información deberá estar motivada,
de modo que la respuesta que en este sentido dé la entidad deberá indicar: i) por qué no
es competente la autoridad ante la que se presenta la petición; y ii) por qué es competente
la autoridad a la que se remite la misma»
(Negrillas propias).

Finalmente, se prevendrá al Archivo Central de la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Bogotá, a fin de que en lo sucesivo no vuelva a
incurrir en las omisiones que dieron lugar a la interposición de la presente
acción de tutela.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Amparar el derecho fundamental de petición del señor Hernando Bermúdez
Segura, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

2. En consecuencia, ordenar al Archivo Central de la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Bogotá que, dentro de los tres (3) días siguientes a
la notificación de esta providencia, dé respuesta de fondo a la petición de 28
de mayo de 2024 y la notifique al señor Hernando Bermúdez Segura.

Asimismo, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de esta
providencia, el Archivo Central de la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Bogotá deberá remitir la documentación relevante a las autoridades
competentes, a fin de que se actualice la información del señor Hernando
Bermúdez Segura que reposa en el Sistema de Información sobre
Antecedentes y Anotaciones (SIAN) de la Fiscalía General de la Nación,
siempre que tras verificar las circunstancias fácticas del asunto, en efecto,
haya lugar realizar a tal actualización.

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05459-00
Demandante: Hernando Bermúdez Segura

En caso de no ser competente para ello, dicha autoridad deberá trasladar la
petición de 28 de mayo de 2024 a la entidad encargada de dar respuesta de
fondo, exponiendo los motivos por los que se carece de competencia.

3. Prevenir al Archivo Central de la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Bogotá, para en lo sucesivo se abstenga de incurrir en las
omisiones que dieron lugar a la interposición de la presente acción de tutela.

Notifíquese y cúmplase,

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente

(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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