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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05461-01

Fecha
13 de febrero de 2025
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05461-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 25 de noviembre de 2024, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Dentro del término de ley, envíese el expediente a la Corte Constitucional para que se surta la eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-05461-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

13 de febrero de 2025

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Radicado: 11001 03 15 000 2024 05461 01
Demandante: José Jairo Panqueva Benítez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C, trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Expediente: 11001 03 15 000 2024 05461 01
Accionante: José Jairo Panqueva Benítez
Accionados: Tribunal Administrativo de Sucre y el Juzgado Noveno Administrativo
de Sincelejo
Tesis: Incumple el requisito de relevancia constitucional la acción de tutela
interpuesta en contra de una providencia judicial, si se pretende usar el mecanismo
constitucional como una instancia adicional al trámite ordinario.

ACCIÓN DE TUTELA – SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora en contra de la
sentencia de tutela proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, que resolvió declarar improcedente la acción de tutela.

I. SÍNTESIS DEL CASO

1.1. El 9 de octubre de 2024, el señor José Jairo Panqueva Benítez, actuando a
través de apoderado, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Sucre y el Juzgado Noveno Administrativo de Sincelejo, alegando la vulneración de
sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la
administración de justicia. Lo anterior, con ocasión de la sentencia de primera
instancia proferida el 7 de diciembre de 2023, mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda y el fallo de 31 de julio de 2024, que confirmó la
decisión de primera instancia, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado 70001 3333 009 2015
00113 00/011.

1 Visible a índice 2 del Sistema de Gestión Judicial Samai.

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Radicado: 11001 03 15 000 2024 05461 01
Demandante: José Jairo Panqueva Benítez

Para el efecto formuló las siguientes pretensiones:

“IV. SOLICITUD ANTE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES VULNERADOS
POR LA ENTIDAD JUDICIALES ACCIONADAS

Con base en todo lo anteriormente expuesto, solicito de la manera más respetuosa
al señor Juez Constitucional de Tutela al señor JOSE JAIRO PANQUEVA
BENITEZ :

1. Amparar mis Derechos Fundamentales al Debido Proceso, a la Igualdad y al
Acceso efectivo a la Administración de Justicia.

2. Consecuentemente con lo anterior, se revoque y deje sin efectos las sentencias
de primera y segunda instancia, emitidas por el Juzgado Noveno Administrativo
Oral del Circuito de Sincelejo – Sucre y Tribunal Administrativo de Sucre - Sala
Primera de Decisión Oral respectivamente, proferidas dentro del proceso de
nulidad y restableciendo de derecho bajo el radicado No. 70-001-33-33-009-2015-
00113-00.

3. Ordenar a la(s) accionada(s), que, en un término de 15 días, emita una
Sentencia Judicial concediendo la totalidad de las pretensiones invocadas en la
Demanda Contenciosa de Medio de Control de Nulidad y Restablecimiento del
Derecho presentada oportunamente por el suscrito bajo el radicado antes
referenciado.”2.

1.2. Como fundamento de la solicitud, en el acápite de hechos, señaló que fue
vinculado a la Policía Nacional como patrullero desde el año 2005 hasta el año 2014.

Afirmo que, mediante Acta N. 16 APROP-GRURE del 15 de diciembre de 2014 la
Junta de Evaluación y Clasificación para Suboficiales, Personal del Nivel Ejecutivo y
Agentes, recomendó su retiro voluntario del servicio basándose en que “no aporté
resultados operativos durante cierto periodo, y no cumplió con la Gestión de
Concertación”. Lo que ocasionó que el Director General de la Policía Nacional,
oficializara su salida con la Resolución Administrativa No. 05481, emitida el 23 de
diciembre de 2014.

Indicó que, interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el
citado acto administrativo, la cual fue repartida en primera instancia al Juzgado
Noveno Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo, correspondiéndole el número de
radicado 70001 33 33 009 2015 00113 00.

2 Ibidem.

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Radicado: 11001 03 15 000 2024 05461 01
Demandante: José Jairo Panqueva Benítez

Manifestó que, a lo largo del proceso se presentaron pruebas legales, pertinentes y
conducentes que demostraban que la Resolución No. 05481 de 2014, había incurrido
en falsa motivación, vía de hecho, desviación de poder y violación directa de la
Constitución y la Ley, pues el fundamento que generó su retiro fueron las anotaciones
en el Formulario II de Seguimiento y la Evaluación periódica de 2014, de fechas 21 de
enero, 2 de marzo, 28 de marzo, 8 de junio y 18 de agosto de dicha anualidad. Adujo
que, en dicho documento su firma fue falsificada lo que generó que radicara denuncia
penal ante el Juzgado 166 de Instrucción Penal Militar y queja disciplinaria en la Oficina
de Control Disciplinario interno del Departamento de Sucre.

Sostuvo que, la autoridad Penal Militar ordenó un estudio grafológico en el que se
confirmó que las firmas en cuestión no pertenecían al señor José Jairo Panqueva
Benítez, sino que fueron imitadas fraudulentamente. Afirmó que, debido a dicha
suplantación no fue notificado sobre las anotaciones negativas que reposaban en sus
“folios de vida”, impidiéndole ejercer su derecho a la defensa.

Señaló que, en el proceso Contencioso Administrativo solicitó que se allegara como
prueba trasladada el expediente número 0642-2015 que se surtía en el Juzgado 166
de Instrucción Penal Militar, el cual fua aportado y no fue objeto de reparo o tacha.

Indicó que, también había aportado como prueba documentos que acreditaban que el
señor Jairo Panqueva Benítez cumplió con la concertación de la gestión para el
periodo 2014, ya que “no se presentaron actos terroristas, ataques contra
infraestructura vial, energética, piratería (solo un caso)”3 registrado actos terroristas y
haberse reducido las actividades delictivas, cumplió plenamente con los objetivos
establecidos, lo que evidencia que sus acciones preventivas lograron los resultados
esperados.

Manifestó que, en audiencia inicial del 18 de agosto de 2016, el Juzgado le ordenó a
la Policía Nacional enviar los originales de los folios de vida del Formulario II de
Seguimiento del año 2014, con el fin de efectuar una prueba pericial. Sin embargo, a
pesar de los constantes requerimientos no fueron aportados lo que obstaculizó la
determinación de la verdad material.

3 Ibidem.

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Radicado: 11001 03 15 000 2024 05461 01
Demandante: José Jairo Panqueva Benítez

Adujo que, en la sentencia de primera instancia del 7 de diciembre de 2023, se
determinó que la prueba aportada, es decir, la copia del informe nro. 8-136463 de 21
de marzo de 2017 y del oficio nro. 8-154323 de 29 de noviembre de 2017, no podía
ser tenida en cuenta, toda vez que, fue realizada en el marco de un proceso penal y
no por una orden de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Lo que ocasionó que,
se negara las pretensiones de la demanda. Posteriormente interpuso recurso de
apelación ante el Tribunal Administrativo de Sucre, quien confirmó la sentencia
mediante providencia de 31 de julio de 2024.

1.3. Como fundamento de la vulneración, manifestó que las accionadas incurrieron
en defecto fáctico al no haber valorado la prueba grafológica que reposaba en el
expediente del Juzgado Penal Militar nro. 642-15, proceso que fue requerido por el
Juzgado Noveno Administrativo de Sucre como prueba trasladada. Por lo tanto, no
podía indicarse que no era valida en razón a que fue efectuada por funcionarios del
CTI. Asimismo, adujo que desconocieron el excelente desempeño del actor en la
Policía Nacional y el oficio nro. S2015-007931 CICR DESUC 29.25 del 28 de abril de
2015.

1.4. Posteriormente, procedió a citar como precedente jurisprudencial los siguiente:

• Tribunal Administrativo de Sucre, MP Cesar Gómez Cárdenas, expediente nro.
70001 33 33 007 2015 00108 02, actor Juan Guillermo Ortiz Posada. Indicó que, allí
el Tribunal había negado darle valor probatorio a un estudio grafológico que
demostraba que las firmas en los folios de vida eran falsas, por cuanto fue efectuado
por un perito particular y no por el CTI. Sin embargo, el Consejo de Estado con el fallo
de acción de tutela en el proceso 11001 03 15 000 2018 04031 01, amparó los
derechos invocados y ordenó proferir una nueva decisión en la que se analizara la
mencionada prueba.

En cumplimiento de lo ordenado por la citada Alta Corte, el Tribunal resolvió declarar
la nulidad, en razón a que los motivos que llevaron a la Junta de Evaluación y
Clasificación para recomendar su retiro de la Policía Nacional, procedían de un
sustento falso.

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Radicado: 11001 03 15 000 2024 05461 01
Demandante: José Jairo Panqueva Benítez

• Tribunal Administrativo de Sucre, MP Cesar Gómez Cárdenas, expediente nro.
70001 33 33 003 2015 00113 02, actor Víctor Alfonso Humanez López. Advirtió que,
en este caso se concedieron las pretensiones, teniendo en cuenta que le falsificaron
la firma al actor mediante imitación, lo cual quedó demostrado en el proceso nro. 166
PM.
• Tribunal Administrativo de Sucre, MP Cesar Gómez Cárdenas, expediente nro.
70001 33 33 004 2015 00189 01, actor Héctor Favio Álvarez Tuiran. Afirmó que, en
este caso se declaró la nulidad del acto, teniendo en cuenta su trayectoria en la policía,
por la falsificación de la firma del actor y por encontrar una falsedad, relacionada con
el cumplimiento de la gestión de concertación y calificación de desempeño.

Por último, resaltó que era injusto que a sus compañeros se les concedieran las
pretensiones en el proceso ordinario y a él no, a pesar de que existían los mismos
supuestos fácticos y pruebas similares.

II. TRÁMITE DE LA TUTELA

2.1. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, admitió
la tutela a través de auto de 18 de octubre de 20244. Particularmente ordenó notificar
a los accionados, al Ministerio de Defensa Nacional y al Director General de la
Policía Nacional, como terceros con interés.

2.2. El Tribunal Administrativo de Sucre, a través de escrito de fecha de 23 de
octubre de 2024, señaló que la tutela no cumple con el requisito general de
relevancia constitucional, toda vez que, el accionante intenta reabrir un debate ya
resuelto en el proceso ordinario, buscando una instancia adicional, sin haber
demostrado vulneración alguna de sus derechos fundamentales.

Manifestó que, realizó un análisis adecuado de las pruebas, en virtud de los artículos
55 y 62 del Decreto 1791 de 2000, que establecen la facultad discrecional de la
Policía Nacional para el retiro de sus miembros, con fundamento en la
recomendación de la Junta de Evaluación y Calificación.

4 Visible índice 5 ibídem.

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Radicado: 11001 03 15 000 2024 05461 01
Demandante: José Jairo Panqueva Benítez

Adujo que, la decisión de retiro del señor Panqueva Benítez estaba debidamente
motivada y que las anotaciones negativas en su hoja de vida, como los llamados de
atención por omisiones en el cumplimiento de sus funciones, justificaban la medida.

Arguyó que, si bien el accionante alegó que la firma en su expediente había sido
falsificada, presentó como prueba un estudio grafológico que no cumplía con los
requisitos legales del artículo 226 del Código General del Proceso (en adelante
CGP), ya que no fue debidamente contradicho ni trasladado como prueba pericial
válida.

Por último, señaló que el abogado del accionante no acreditó la representación
judicial con un poder especial para la acción de tutela, lo que es obligatorio para
legitimar su intervención en este tipo de procedimientos. En consecuencia, solicitó
declarar improcedente la acción de tutela, debido a que no se configura ninguna
causal de procedibilidad ni se ha demostrado una vulneración del debido proceso o
la existencia de una vía de hecho en la decisión cuestionada.

2.3. El Juzgado Noveno Administrativo de Sincelejo, hizo un recuento de
todas las actuaciones para indicar que, durante el proceso judicial del que se depreca
la vulneración, se garantizaron todos los derechos procesales. Adujo que, el caso se
gestionó completamente hasta su finalización y se remitió el expediente al superior,
permitiendo así el recurso de apelación y cumpliendo todas las garantías por parte de
esa autoridad.

2.4. La Policía Nacional, contestó la petición de amparo bajo los argumentos que
se sintetizan enseguida:

Enfatizó que el retiro del demandante se dio por voluntad del Gobierno Nacional, en
cumplimiento de la facultad discrecional establecida en el Decreto Ley 1791 de 2000
y la Ley 857 de 2003, en razón al mejoramiento del servicio y la pérdida de la confianza
en el servicio de policía prestado por el uniformado.

Resaltó que la tutela no es un mecanismo para declarar nuevos derechos, sino para
proteger los existentes cuando no hay otros medios de defensa judicial disponible.

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Afirmó que, no se evidencia un perjuicio irremediable ocasionado por la decisión de la
Policía Nacional dado que la tutela solo procede cuando hay inminencia, urgencia y
gravedad en los hechos, lo cual no se demostró en este caso. Por lo tanto, solicitó
denegar las pretensiones del actor, ya que consideró que no se ha vulnerado ningún
derecho fundamental y el acto administrativo sigue siendo válido y legal.

III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia
del 25 de noviembre de 2024, declaró improcedente la solicitud de amparo
presentada por el señor José Jairo Panqueva Benítez contra el Juzgado Noveno
Administrativo de Sincelejo y el Tribunal Administrativo de Sucre.

Como fundamento de lo anterior efectuó las siguientes consideraciones:

3.1. Señaló que, la tutela no cumple el requisito de relevancia constitucional, pues
lo que busca la parte es una instancia adicional del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, ya que es claro que se encuentra en desacuerdo con
la decisión tomada por los jueces naturales respecto de la valoración del Acta nro.
016 del 15 de diciembre de 2014, que contenía la recomendación de retiro de la
Junta de Evaluación y Clasificación y el informe técnico emitido por el investigador
del CTI.

Afirmó que, los argumentos expuestos en el recurso de apelación presentado dentro
del proceso ordinario y la solicitud de amparo coinciden, lo que demostraba que lo
pretendido por el actor era continuar con el debate jurídico, el cual ya había sido
decidido por el Tribunal Administrativo de Sucre en su sentencia del 31 de julio de
2024.

Asimismo, mencionó que la decisión de retiro del servicio del accionante se
fundamentó en la facultad discrecional de la Policía Nacional, sustentada en
razones objetivas y en antecedentes administrativos que evidenciaban faltas en el
cumplimiento de sus funciones.

Sostuvo que, en las providencias acusadas se expuso con claridad los motivos que
fundamentaron la terminación del vinculo laboral, coincidiendo en que se

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encontraban en el acta de la Junta de Evaluación y Clasificación. De igual forma, se
analizó que la autoridad policial no hubiera actuado de forma arbitraria, sino acorde
con los criterios de razonabilidad y proporcionalidad y en cumplimiento de la norma.

Adujo que, si bien el demandante alegó falsificación de firma en su hoja de vida, el
informe grafológico presentado no cumplió con los requisitos probatorios exigidos,
ni se surtió la etapa de contradicción al respecto. Además, no se demostró una falsa
motivación o desviación de poder en la decisión de retiro, toda vez que, su actuar
buscó garantizar que se cumpliera con la finalidad de la norma que autoriza tal
facultad, que no es otra que garantizar el buen servicio.

Frente el Acta 016 de 2014, informó que la accionadas habían efectuado el estudio
correspondiente, tanto así que, la transcribieron para posteriormente analizarla y
encontrar que lo que allí se plasmó coincidía con lo expuesto en el acto de retiro.

Concluyó que, el Juzgado Noveno Administrativo de Sincelejo, fue diligente dentro
del proceso, pues se encuentra acreditado que en reiteradas ocasiones ofició a la
Policía Nacional para que allegara la documentación de los Formularios II de
Seguimientos – folio de vida y el Formulario de calificación de desempeño laboral
periodo enero a diciembre de 2014, sin que fuera atendidos sus requerimientos,
asimismo, adujo que el demandante no utilizó los mecanismos procesales
adecuados por cuanto no insistió en el requerimiento presentado ante la Policía
Nacional y guardó silencio en la audiencia de pruebas. Así tampoco alegó las
irregularidades en la etapa procesal correspondiente.

Por último, indicó que el acto de retiro de la Policía Nacional ya fue objeto de un proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho, sin demostrar la necesidad de una intervención
urgente del juez de tutela. Argumentó que, la decisión tomada por instancias previas fue
razonable, y el desacuerdo de la parte actora no justifica reabrir el caso.

Reiteró que la tutela no debe usarse como recurso adicional para quienes pierden un litigio,
ya que eso afectaría la autonomía judicial.

IV. IMPUGNACIÓN

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La parte actora impugnó la decisión anterior, argumentando que el a quo
desconoció el defecto fáctico invocado, ya que era claro que las accionadas que
negaron declarar la nulidad de la Resolución nro. 05481 de 2014, ignoraron y no
valoraron las pruebas que reposaban en el expediente, pues el fundamento de la
decisión fue que no se cumplió con la concertación a pesar de que allí se encontraba
el Oficio nro. S2015-007931 CICRI DESUC 29.25 del 28 de abril de 2015.

Asimismo, señaló que no se analizaron los periodos previos al retiro, donde se
evidenciaba que la conducta del actor era positiva, teniendo calificaciones de
desempeño laboral sobre el rango superior.

Reiteró que, la afectación de los derechos se desprendía principalmente de la falta
de estudio de la decisión que en su momento tomó el Juzgado 166 Penal Militar
dentro del radicado nro. 64-15, respecto de que las firmas del señor Panqueva
Benítez que reposaban en los folios de vida eran falsos y el error en el que incurrió
el Juzgado Noveno Administrativo de Sincelejo al no obligar a la Policía Nacional a
presentar los documentos originales del Formulario II de Seguimientos – Folios de
vida y Formulario Calificación de desempeño laboral periodo enero a diciembre de
2014.

Sostuvo que, también hubo vulneración al derecho a la igualdad y al acceso efectivo
a la administración de justicia señalando que otros policías en situaciones similares
han obtenido fallos favorables en el Tribunal Administrativo de Sucre, como es el
caso del señor Víctor Humanez, donde se valoró correctamente la prueba
grafológica que evidenció la falsificación de su firma.

Posteriormente, indicó que se vulneraba el derecho a la igual, debido a que no se
tuvieron en cuenta los siguientes precedentes: i) Tribunal Administrativo de Sucre,
MP Cesar Gómez Cárdenas, radicado 70001 33 33 007 2015 00108 01, actor Juan
Guillermo Ortiz Posada; ii) Tribunal Administrativo de Sucre, MP Cesar Gómez
Cárdenas, expediente nro. 70001 33 33 003 2015 00113 02, actor Víctor Alfonso
Humanez López; iii) Tribunal Administrativo de Sucre, MP Cesar Gómez Cárdenas,
expediente nro. 70001 33 33 004 2015 00189 01, actor Héctor Favio Álvarez Tuiran y
iv) Consejo de Estado, radicado 11001 03 15 000 2019 04646 00.

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Solicitó que, se valore correctamente el material probatorio presentado y se decrete
la nulidad de la resolución de retiro, argumentando que el proceso estuvo viciado
por errores fácticos y omisiones en la valoración de las pruebas. Por último, procedió
a transcribir nuevamente lo expuesto en el escrito de tutela.

V. CONSIDERACIONES
5.1. Competencia

De conformidad con lo previsto por el numeral quinto del artículo 2.2.3.1.2.1 del
Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 333
de 20215, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la
Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a esta Sección el conocimiento de
estas acciones constitucionales, esta Sala es competente para conocer del presente
asunto.

5.2. Análisis de la Sala

5.2.1. De la verificación del cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela

Del requisito general de la relevancia constitucional

En la sentencia C–590 de 2005, la Corte Constitucional indicó que el primero de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
es que la cuestión que se discute resulte de evidente relevancia constitucional. En
ese sentido, señaló que “el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones
que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de
involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa
por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes”.

5 “Artículo 1°. Modificación del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015. Modifíquese el artículo

2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, el cual quedará así:
(…)
7. Las acciones de tutela dirigidas contra la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado serán
repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a la misma Corporación y se resolverá por la
Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda de conformidad con el reglamento al que
se refiere el artículo 2.2.3.1.2.4 del presente decreto. (…)”

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Asimismo, la mencionada sentencia precisó que “los fundamentos de una decisión
de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con transparencia la
relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez debe contraerse a
estudiar esta cuestión y ninguna otra”.

A partir de lo dicho, el concepto de la relevancia constitucional ha sido decantado
por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En sentencia SU–573 de 20196, el
alto tribunal constitucional explicó que este requisito persigue tres finalidades:

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice
para discutir asuntos de mera legalidad.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional
para controvertir las decisiones de los jueces.

Estas finalidades fueron también reiteradas por la Corte Constitucional en la citada
sentencia SU-215 de 20227, decisión en la cual, además, expuso la clave que sirve
al juez de tutela para aplicarlas, cual es “el correcto entendimiento de los hechos y
del problema jurídico”.

De la constatación sobre la posible afectación a derechos fundamentales

Al respecto, es pertinente señalar que la Corte Constitucional, en las sentencias T–
422 de 2018, SU-573 de 2019, SU-128 de 2021, SU-103 de 2022 y SU-215 de 2022,
ha entendido que para la acreditación de este primer elemento es necesario que la

6 M.P. Carlos Bernal Pulido. Este criterio ha sido reiterado en las sentencias SU-128 de 2021 y SU-

103 de 2022.
7 Dijo la Corte: “a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de

la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la
acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y
(iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza
eminentemente legal”.

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parte interesada, en el escrito de tutela: (i) invoque la vulneración de derechos
fundamentales, (ii) exponga los motivos por los cuales considera que la sentencia
atacada está vulnerando tales derechos fundamentales y (iii) compruebe que la
transgresión supone un atentado contra el núcleo esencial de los derechos
invocados8.

En otras palabras, para superar dicho elemento el Juez no puede limitarse a
convalidar el requisito general de la relevancia constitucional con la sola mención
de un derecho fundamental, sino que debe evaluar si, de acuerdo con los
argumentos expresados en el escrito correspondiente, hay amenaza o violación
efectiva del núcleo esencial del mismo. Por ende, únicamente cuando se observe
que la vulneración del derecho acontece en su núcleo esencial, es posible advertir
que el caso reviste la trascendencia necesaria para permitir que se logre exceptuar
en un juicio constitucional, el principio de cosa juzgada que orienta todo el
andamiaje institucional en el que se funda nuestro sistema jurídico.

Impedir que se controviertan asuntos de mera legalidad o económicos en la
acción de tutela

En este punto, el Juez debe verificar que en la acción de amparo no tenga como
finalidad la protección de intereses económicos y/o se debatan asuntos meramente
legales, dado que éstos no tienen trascendencia constitucional. Al respecto, la Corte
Constitucional en sentencia SU-215 de 2022, señaló:

“no significa que en todos los casos en los que se cuestione la definición
y aplicación judicial de normas de rango legal se incumple el requisito de
relevancia constitucional (…) en la labor judicial la indebida aplicación de
normas de rango legal puede derivar en una violación de derechos
fundamentales. Justamente esa situación es la que sustenta la
existencia, caracterización y definición del defecto sustantivo. En todo
caso, la relevancia constitucional exige que el accionante vincule la
discusión legal con la violación de una garantía fundamental o, en otros
términos, que explique con suficiencia el por qué la interpretación o

8 La Corte Constitucional en sentencia C-756 de 2008 ha entendido el núcleo esencial de un derecho

como: “esa parte del derecho que lo identifica, que permite diferenciarlo de otros y que otorga un
necesario grado de inmunidad respecto de la intervención de las autoridades públicas. En sentido
negativo debe entenderse el núcleo esencial de un derecho fundamental como aquel sin el cual un
derecho deja de ser lo que es o lo convierte en otro derecho diferente o lo que caracteriza o tipifica
al derecho fundamental y sin lo cual se le quita su esencia fundamental. O, también, puede verse
como la parte del derecho fundamental que no admite restricción porque en caso de hacerlo resulta
impracticable o se desnaturaliza su ejercicio o su necesaria protección”.

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aplicación de una norma de rango legal afectó garantías
constitucionales”.

Para precisar aún más el alcance de este planteamiento, el referido fallo de
unificación advirtió:

“Esto no significa, claro está, que jamás proceda la tutela contra
sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues eventualmente
en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún derecho
fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de
derechos pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos
arbitrales y las sentencias de anulación; (iv) procesos ejecutivos, entre
otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha
reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se
advierta con claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la
protección de un derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida
ante los jueces ordinarios.”.

Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia adicional

Por último, frente al tercer elemento, es pertinente señalar que en las sentencias
SU-215 de 2022 y SU-128 de 2021, la Corte estableció que “la tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del
fallo cuestionado”, pues, según explicó, solo de esa forma se previene la irrupción
del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia y se previene que el
recurso de amparo sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para
discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron
origen a la controversia judicial.

Dicho en otras palabras, en un proceso judicial el debate gira sobre las
pretensiones, las excepciones y los hechos que proponen demandante y
demandado y, por ende, la decisión del Juez se fundamenta precisamente en las
razones de la demanda y de la contestación, las pruebas y el derecho que ellas
ponen a su disposición, o, en los casos excepcionales que la ley prevé, de
conformidad con las facultades oficiosas que tiene. Por lo tanto, en los eventos en
los cuales la autoridad judicial decide precisamente sobre la controversia que se le
ha planteado, otorgándole la razón a alguna de las partes, simplemente está
ejerciendo las funciones que le han sido atribuidas por la Constitución y la ley, en el
ámbito de sus competencias; y cualquier desconocimiento que a tales atribuciones

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hiciera el juez constitucional constituiría claramente un pronunciamiento por fuera
de las competencias que le corresponden, utilizando además el trámite de una
acción que no ha sido diseñada con ese propósito, como lo es la tutela.

En una condición de esta naturaleza, sería entonces el Juez Constitucional el que
vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin competencia,
entraría en la valoración legal y fáctica del proceso, para modificar una decisión del
juez competente para conocer del asunto, en el escaso término que le da la ley para
pronunciarse, y siguiendo un procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con
el evidente riesgo de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga
decirlo, no tiene la formación requerida.

Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha atendido
el debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que se toma, cuando
ella está por fuera de los planteamientos que en los hechos y en derecho han
formulado demandante y demandado, pues, en este caso, la decisión puede
comprometer el núcleo fundamental del debido proceso, en su elemento del derecho
a la defensa, en la medida en que tal decisión no haya podido ser controvertida.

5.2.2. Caso concreto

Bajo estos parámetros jurisprudenciales, la Sala examinará el reclamo traído ante
el juez de tutela a la luz de cada uno de los tres (3) criterios que hacen parte del
requisito general de la relevancia constitucional para determinar si, en el presente
caso se acredita el requisito.

Para ello, debe tenerse en cuenta que el demandante invocó como vulnerados los
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la
administración de justicia, los cuales consideró vulnerados con ocasión de las
sentencias del 7 de diciembre de 2023 y 31 de julio de 2024, emitidas por el Juzgado
Noveno Administrativo de Sincelejo y el Tribunal Administrativo de Sucre,
respectivamente, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con número de radicado 70001 3333 009 2015 00113 00/01.

5.2.2.1. De la ausencia de una posible vulneración del núcleo esencial del
derecho fundamental invocado

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En ese orden, la Sala deberá analizar las razones por las cuales el actor considera
que la autoridad judicial demandada vulneró los aludidos derechos fundamentales,
para determinar si, prima facie, dicha transgresión supone el desconocimiento de
sus núcleos esenciales.

• Frente al derecho al debido proceso

Pues bien, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha definido el derecho al debido
proceso como el “conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a
través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. Hacen parte de las garantías del debido
proceso: (i) el derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al libre
e igualitario acceso a los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones
motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía superior, y al
cumplimiento de lo decidido en el fallo; (ii) el derecho al juez natural, identificado
como el funcionario con capacidad o aptitud legal para ejercer jurisdicción en
determinado proceso o actuación, de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la
calidad de las personas y la división del trabajo establecida por la Constitución y la
ley; (iii) el derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios
legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este
derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la
preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando sea
necesario, a la igualdad ante la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas las
demás personas que intervienen en el proceso; (iv) el derecho a un proceso público,
desarrollado dentro de un tiempo razonable, lo cual exige que el proceso o la
actuación no se vea sometido a dilaciones injustificadas o inexplicables; (v) el
derecho a la independencia del juez, que solo es efectivo cuando los servidores
públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de administrar justicia, ejercen
funciones separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al legislativo y (vi) el
derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes siempre
deberán decidir con fundamento en los hechos, conforme a los imperativos del
orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias
ilícitas”9

9 Sentencia C- 341 de 4 de junio de 2014, magistrado ponente Mauricio González Cuervo.

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Visto lo anterior, no se evidencia alguna amenaza o afectación del núcleo esencial
del derecho al debido proceso del demandante, como quiera que: (i) el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho se tramitó ante el juez competente,
esto es el Juzgado Noveno Administrativo de Sincelejo, en primera instancia, y el
Tribunal Administrativo de Sucre, en segunda instancia; (ii) se surtieron las etapas
previstas en la ley; (iii) se garantizó el derecho de contradicción y publicidad de las
actuaciones adelantadas, ya que todas las decisiones se notificaron y se concedió
y resolvió el medio de impugnación procedente y, finalmente (iv) las providencias
proferidas en curso del proceso se fundamentaron en derecho.

Bajo este entendido, con base en la tesis traída en la acción de tutela, no se observa
vulnerado el núcleo esencial del mencionado derecho, en tanto la accionante en
todo momento gozó de las garantías propias del debido proceso de la manera como
está previsto en el ordenamiento jurídico.

• Frente al derecho al acceso a la administración de justicia

La Corte Constitucional ha señalado que éste se encuentra integrado por las
siguientes categorías: (i) aquellas que versan sobre el acceso efectivo del ciudadano
al sistema judicial, (ii) las garantías previstas para el desarrollo del proceso, y (iii) las
que se vinculan con la decisión que se adoptó dentro del proceso en cuestión o en la
ejecución material del fallo.

En efecto, sobre el particular ese Tribunal Constitucional en sentencia T-799 de 2011,
manifestó:

“El derecho fundamental de acceso a la administración de justicia se
encuentra consagrado en el artículo 229 de la norma superior en los
siguientes términos: Se garantiza el derecho de toda persona para
acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos
podrá hacerlo sin la representación de abogado.

Este derecho ha sido entendido como la posibilidad reconocida a todas
las personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las
instancias que ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan
la potestad de incidir de una y otra manera, en la determinación de los
derechos que el ordenamiento jurídico les reconoce, para propugnar por
la integridad del orden jurídico y por la debida protección o
restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta

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sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena
observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas
en la Constitución y la ley.10

Por medio de su ejercicio se pretende garantizar la prestación
jurisdiccional a todos los individuos, a través del uso de los mecanismos
de defensa previstos en el ordenamiento jurídico. De esta forma, el
derecho de acceso a la administración de justicia constituye un
presupuesto indispensable para la materialización de los demás
derechos fundamentales, ya que, como ha señalado esta Corporación
“no es posible el cumplimiento de las garantías sustanciales y de las
formas procesales establecidas por el Legislador sin que se garantice
adecuadamente dicho acceso”11. Por consiguiente, el derecho de acceso
a la administración de justicia se erige como uno de los pilares que
sostiene el modelo de Estado Social y Democrático de Derecho, toda vez
que abre las puertas para que los individuos ventilen sus controversias
ante las autoridades judiciales y de esta forma se protejan y hagan
efectivos sus derechos.

(…)

Como se puede observar el derecho en mención tiene un contenido
múltiple, del cual se pueden identificar tres categorías (i) aquéllas que
tienen que ver con el acceso efectivo de la persona al sistema judicial; (ii)
las garantías previstas para el desarrollo del proceso; y (iii) finalmente las
que se vinculan con la decisión que se adoptó dentro del proceso en
cuestión o la ejecución material del fallo.

La primera comprende: (i) el derecho de acción; (ii) a contar con
procedimientos idóneos y efectivos para la determinación legal de
derechos y obligaciones12; y (iii) a que la oferta de justicia permita el
acceso a ella en todo el territorio nacional13. La segunda incluye el
derecho a (iv) que las controversias planteadas sean resueltas dentro de
un término prudencial y sin dilaciones injustificadas14; (v) que éstas sean
decididas por un tribunal independiente e imparcial; (vi) a tener todas las
posibilidades de preparar una defensa en igualdad de condiciones; (vii)
que las decisiones sean adoptadas con el pleno respeto del debido
proceso15; (viii) que exista un conjunto amplio y suficiente de mecanismos
10 Ver sentencias C-059 de 1993, C-544 de 1993, T-538 de 1994, C-037/96, T-268/96l, C-215/99,
C-163/99, SU-091/00, C-330/00, entre otras.
11 Corte Constitucional Sentencia T-268 de 1996.
12 Corte Constitucional, Sentencias T-597de 1992; SU-067de 1993; T-451/93; T-268/96, entre otras.
13 Ver por ejemplo la sentencia C-157/98, en la cual la Corte encontró que no se vulneraba el derecho

a acceder a la justicia al exigir que la interposición de la acción de cumplimiento se hiciera ante los
Tribunales Administrativos, pues la ley establecía un mecanismo para facilitar el acceso en aquellos
sitios donde no hubiera Tribunales. Dijo entonces la Corte: “No se vulnera el derecho de acceso a la
justicia con la asignación de la competencia en los Tribunales Contencioso Administrativos, porque
aquél se garantiza en la medida en que las personas no tienen que acudir directa y personalmente
ante los respectivos tribunales a ejercer su derecho a incoar la acción de cumplimiento, porque
pueden remitir, previa autenticación ante juez o notario del lugar de su residencia, la respectiva
demanda, según las reglas previstas para la presentación de la demanda en el Código Contencioso
Administrativo, cuando el demandante no resida en la sede del Tribunal.”
14 Corte Constitucional, Sentencias T-399 de 1993; C-544 de 1993; T-416 de 1994; T-502 de 1997,

entre otras
15 Corte Constitucional, Sentencias T-046 de 1993; C-093 de 1993; C-301 de 1993; C-544 de 1933;

T-268 de 1996; C-742 de 1999, entre otras.

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para el arreglo de controversias16; (ix) que se prevean herramientas
necesarias para facilitar el acceso a la justicia por parte de las personas
de escasos recursos17. La última de éstas abarca (x) la posibilidad
efectiva de obtener respuesta acorde a derecho, motivada y ejecutable;
y que (xi) se cumpla lo previsto en esta.

Del contenido del derecho de acceso a la administración de justicia se
hace evidente una estrecha relación con el debido proceso, ya que, solo
con la efectiva oportunidad y capacidad de impulsar pretensiones
jurisdiccionales, será posible garantizar un proceso justo, recto y
garantista, que decida sobre los derechos en controversia. Lo anterior ha
llevado a la Corte a sostener que el “acceso a la justicia se integra al
núcleo esencial del debido proceso, por la circunstancia de que su
garantía supone necesariamente la vigencia de aquél, si se tiene en
cuenta que no es posible asegurar el cumplimiento de las garantías
sustanciales y de las formas procesales establecidas por el legislador sin
que se garantice adecuadamente dicho acceso”. 18” (Subrayas de la
Sala)

Asimismo, debe señalarse que la jurisprudencia constitucional ha señalado que el
derecho de acceso a la administración de justicia es una de las garantías que integra
el núcleo esencial del derecho al debido proceso19.

Al respecto, la Sala advierte que sí se le permitió el acceso al sistema judicial de
una forma adecuada al demandante, se le otorgaron todas las garantías necesarias
al interior del proceso ordinario tramitado a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho y a su vez, tuvo un fallo con el cual se decidió el
conflicto planteado al interior del mismo. Por lo tanto, no se observa que existan
aspectos que generen la vulneración del mencionado derecho fundamental.

• Frente al derecho a la igualdad

La Corte Constitucional ha sido clara en indicar en reiteradas ocasiones que este
principio, en términos generales, ordena dar un trato igual a quienes se encuentran
en la misma situación fáctica, y un trato diverso a quienes se hallan en distintas

16 Corte Constitucional, Sentencias SU-067 de 1993; T-275 de 1994; T-416 de 1994; T-502 de 1997;

C-652 de 1997; C-742 de 1999, entre otras.
17 Corte Constitucional, Sentencias T-522 de 1994; C-037 de 1996; y C-071 de 1999, entre otras.
18 Corte Constitucional Sentencia T-268 de 1996.
19 Así lo ha entendido la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-248 de 2018, en la que

expresamente se indicó “De conformidad con los artículos 29, 31, 33 y 228 de la Constitución Política,
el debido proceso constitucional se integra por las siguientes garantías: (xiii) el derecho de acceso a
la administración de justicia.”

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condiciones de hecho. Bajo esta consideración en la sentencia C -178 de 201420,
indicó:

“Por ese motivo, la Sala recuerda que este principio es un mandato
complejo en un Estado Social de Derecho. De acuerdo con el artículo
13 Superior, comporta un conjunto de mandatos independientes y no
siempre armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o
igualdad ante la ley, relacionada con el carácter general y abstracto de
las disposiciones normativas dictadas por el Congreso de la República
y su aplicación uniforme a todas las personas; (ii) la prohibición de
discriminación, que excluye la legitimidad constitucional de cualquier
acto (no solo las leyes) que involucre una distinción basada en motivos
definidos como prohibidos por la Constitución Política, el derecho
internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que
ordena la adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia
del principio de igualdad ante circunstancias fácticas desiguales.

(…)

En ese orden de ideas, la Corporación ha resaltado que el principio de
igualdad posee un carácter relacional, lo que significa que deben
establecerse dos grupos o situaciones de hecho susceptibles de ser
contrastadas, antes de iniciar un examen de adecuación entre las
normas legales y ese principio. Además, debe determinarse si esos
grupos o situaciones se encuentran en situación de igualdad o
desigualdad desde un punto de vista fáctico, para esclarecer si el
Legislador debía aplicar idénticas consecuencias normativas, o si se
hallaba facultado para dar un trato distinto a ambos grupos; en tercer
término, debe definirse un criterio de comparación que permita analizar
esas diferencias o similitudes fácticas a la luz del sistema normativo
vigente; y, finalmente, debe constatarse si (i) un tratamiento distinto
entre iguales o (ii) un tratamiento igual entre desiguales es razonable.
Es decir, si persigue un fin constitucionalmente legítimo y no restringe
en exceso los derechos de uno de los grupos en comparación.

Por ese motivo, la Corte exige que las demandas por presunta violación
a la igualdad señalen, por lo menos, los grupos que serán objeto de
comparación; las circunstancias de hecho comunes a esos grupos, que
justifican iniciar el examen de igualdad; la existencia de un trato diverso,
a partir de un parámetro de comparación constitucionalmente relevante;
y la inexistencia de razones válidas desde el punto de vista
constitucional que justifiquen ese tratamiento distinto.” (Subrayas de la
Sala)

Así las cosas, revisado el escrito de la impugnación, la Sala encuentra que la parte
actora si bien cita cuatro (4) procesos como precedente, lo cierto es que no identificó

20 Referencia: expediente D-9874. Actor: Fabio Enrique Velásquez Arias. Magistrada Ponente:

María Victoria Calle Correa.

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los hechos, el objeto del litigio, ni los problemas jurídicos que resolvieron las
sentencias. Por lo tanto, esta Corporación no cuenta con los elementos para
efectuar la respectiva comparación y así determinar la existencia de una causa que
justifique el amparo constitucional.

5.2.2.2. De la discusión de asuntos de mera legalidad y de carácter
económico.

Sobre el particular, de la revisión de la demanda y del escrito de impugnación lo que
se advierte es que el actor no propuso un debate sobre asuntos constitucionales,
sino que el reparo que motivó la presentación de la solicitud de amparo es una
discusión meramente legal y económica. En efecto, de la lectura del libelo
introductorio lo que se extrae es que la accionante busca es que a través del Juez
Constitucional la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo nuevamente estudie
las pretensiones y las pruebas presentadas en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, para que así se declare la nulidad de la Resolución
nro. 05481 de 2014, expedido por el Director General de la Policía Nacional y en
consecuencia, sea reintegrado a sus funciones como patrullero.

5.2.2.3. Del uso de la acción de tutela como una instancia adicional dentro
del trámite ordinario

Frente a este punto, además de lo dicho por la jurisprudencia que viene de citarse,
cabe destacar que en el fallo C-590 de 2005, la Corte Constitucional precisó que
“los fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben
aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el
juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra. No se trata entonces
de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la anulación de
decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en su tarea de interpretar
el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso. De lo que se trata es de un
mecanismo excepcional, subsidiario y residual para proteger los derechos
fundamentales de quien luego de haber pasado por un proceso judicial se encuentra
en condición de indefensión y que permite la aplicación uniforme y coherente -es
decir segura y en condiciones de igualdad- de los derechos fundamentales a los
distintos ámbitos del derecho”.

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Bajo este criterio, se tiene que, al menos en principio, en aquellos casos en los que
el interesado controvierte a través de la acción de tutela la valoración que el juez
natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha la convicción que generan en el
fallador las pruebas allegadas al expediente, o la inconformidad en la que se
sustenta el amparo radica en la interpretación de las normas de carácter legal que
regulan el caso, o en el análisis de la jurisprudencia aplicable al mismo, resulta
evidente que este mecanismo está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en
el proceso ordinario y como una instancia adicional, con lo cual se desconocería la
autonomía e independencia del juez natural.

En este caso, la Sala advierte que la inconformidad planteada en la tutela y en la
impugnación gira en torno a la valoración probatoria efectuada por el Juzgado
Noveno Administrativo de Sincelejo y el Tribunal Administrativo de Sucre, para
resolver el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentado
en contra de la Resolución nro. 05481 de 2014, por medio de la cual se resolvió
retirar del servicio que prestaba en la Policía Nacional al señor José Jairo Panqueva
Benítez. En concreto, el actor plantea que las autoridades judiciales no tuvieron en
cuenta para resolver la controversia de la ilegalidad del acto en mención la decisión
que tomó el Juzgado 166 Penal Militar, respecto de la falsificación de firmas en las
anotaciones de los Formularios II de Seguimiento y la evaluación periódica de 2014
y tampoco analizó el oficio nro. 8-154323 de 29 de noviembre de 2017, ignorando
que con esos documentos se evidenciaba que el acto administrativo se encontraba
viciado por falsa motivación y desviación del poder, ya que él sí cumplió con la
concertación de la gestión y su actuar dentro de la institución policial fue apta y contaba
con calificaciones excelentes.

Es claro así mismo que, si bien el accionante invocó la protección de los derechos
al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia, él centro su
controversia en atacar las conclusiones a las que llegó la autoridad judicial
demandada en relación con el proceso ordinario, sin proponer una nueva discusión
de verdadera índole constitucional. En otras palabras, la demanda de amparo omite
exponer la relación de los supuestos errores en que incurrió el Tribunal
Administrativo de Sucre con la alegada vulneración de los derechos fundamentales
cuya protección solicita.

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Así las cosas, es claro que lo que se busca con el presente proceso es reabrir el
debate que ya fue estudiado por el juez natural, pues el accionante considera que
este resolvió sin tener en cuenta el alcance que, según su parecer, le debió dar a
las pruebas recaudadas en el trámite ordinario. Sin embargo, cabe resaltar que las
demandadas en su momento especificaron que el material probatorio relacionado
con el expediente del Juzgado 166 Penal Militar, no cumplía con los requisitos del
artículo 226 del CGP, por lo que no era procedente su estudio.

En razón a todo lo expuesto, la Sala concluye que no se encuentra acreditado en
este caso el elemento de la relevancia constitucional, en lo relativo al tercer criterio
señalado en relación con los derechos fundamentales invocados.

Siendo así, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia, que declaró
improcedente la solicitud de amparo de la referencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

VI. FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 25 de noviembre de 2024, proferida por
la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Dentro del término de ley, envíese el expediente a la Corte
Constitucional para que se surta la eventual revisión.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión del 13 de febrero de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado

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GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado

La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en
la sede electrónica para la gestión judicial Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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