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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-05466-01

Fecha
8 de mayo de 2025
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-05466-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. NEGAR la solicitud de desvinculación propuesta por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. SEGUNDO. REVOCAR la sentencia de primera instancia del 25 de octubre de 2024, dictada por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado que amparó el derecho fundamental al debido proceso de los accionantes y, en su lugar, DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado. TERCERO. NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 29 Según se observa en el índice 175 de Samai del proceso ordinario. 13 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Luis Armando Valdés Peñuela y otros Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C Radicado: 44001-23-40-000-2024-05466-01 CUARTO. Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-05466-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

8 de mayo de 2025

Demandante: Luis Armando Valdés Peñuela y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Radicado: 44001-23-40-000-2024-05466-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Ocho (08) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05466-01
Demandantes: LUIS ARMANDO VALDÉS PEÑUELA Y OTROS
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN C

Tema: Tutela de fondo — carencia actual de objeto por hecho
superado.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve la impugnación presentada por la parte accionada contra la
sentencia del 25 de octubre de 2024, dictada por la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado. En esa providencia se amparó el derecho
fundamental al debido proceso de los accionantes.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. El señor Luis Armando Valdés Peñuela y su grupo familiar1, por medio de
apoderado judicial, presentaron acción de tutela contra la Subsección C de la
Sección Segunda del Consejo de Estado. Con la solicitud de amparo pretende la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, doble instancia,
acceso a la recta y pronta administración de justicia, juez natural, petición e
igualdad.

2. Las anteriores garantías constitucionales las estimaron vulneradas con
ocasión de la falta de pronunciamiento frente al recurso de súplica propuesto el
12 de diciembre de 2016, en contra del auto del 30 de noviembre de ese mismo
año, en el que se negó el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia.
Lo anterior, en el proceso de reparación directa 25000-23-26-000-2004-01131-
01.

1 Antonio María Valdés Peñuela, Félix Valdés Peñuela, María del Carmen Valdés Peñuela, José

Trinidad Valdés Peñuela, María Cecilia Valdés Peñuela, Blanca Josefa Valdés Peñuela, Juan
Carlos Valdés Peñuela, Ana Jacoba Valdés Peñuela, Blas Guillermo Valdés Peñuela, Olga Lucía
Valdés Peñuela y José Raúl Valdés Peñuela.

1
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Demandante: Luis Armando Valdés Peñuela y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Radicado: 44001-23-40-000-2024-05466-01

1.2. Pretensiones

3. La parte accionante solicitó lo siguiente:

PRIMERA : Depreco deferentemente a los Señores Jueces Constitucionales de
Tutela, la egregia SALA PLENA DEL HONORABLE CONSEJO DE ESTADO,
AMPARAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES del Debido Proceso, Juez
natural, Doble Instancia, Recta y Pronta Administración de Justicia, Petición e
Igualdad (Arts. 1°, 2°, 4%, 13, 23, 29 ,85 ,86 , y 228a 230 de la Constitución
Política ) de los accionantes LUIS ARMANDO VALDÉS PENUELA ANTONIO
MARÍA VALDÉS PEÑUELA, FÉLIX VALDÉS PEÑUELA, MARÍA DEL CARMEN
VALDÉS PEÑUELA, JOSÉ TRINIDAD VALDÉS PEÑUELA, MARÍA CECILIA
VALDÉS PEÑUELA, BLANCA JOSEFA VALDÉS PEÑUELA, JUAN CARLOS
VALDÉS PEÑUELA, ANA JACOBA VALDÉS PENUELA BLAS GUILLERMO
VALDÉS PEÑUELA, OLGA LUCÍA VALDÉS PEÑUELA' y JOSÉ RAÚL VALDÉS
PEÑUELA, frente a la SECCIÓN TERCERA DEL HONORABLE CONSEJO DE
ESTADO, en su condición de órgano competente para conocer y tramitar LA
SEGUNDA INSTANCIA y LOS RECURSOS EXTRAORDINARIOS
PROCEDENTES CONTRA LAS PROVIDENCIAS DE SEGUNDA INSTANCIA O
DE CIERRE, EN CUANTO DESDE EL DOCE (12) DE DICIEMBREDE 2.016 SE
RADICÓ MEMORIAL DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE SÚPLICA
CONTRA EL AUTO DE FECHA TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2.016 (folios
441 y 442, c. 7) MEDIANTE EL CUAL SE NEGÓ LA CONCESIÓN DEL
RECURSO EXTRAORDINARIO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA
CONTRA EL FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA DE FECHA VEINTICINCO (25)
DE FEBRERO DE 2.016, y, hasta la fecha de impetración de ACCIÓN
CONSTITUCIONAL, aún no se decide el RECURSO DE SÚPLICA
PREINDICADO.

SEGUNDA: En consecuencia, y para evitar la CAUSACIÓN DE UN PERJUICIO
IRREMEDIABLE a los interesados y petentes, dígnese ORDENAR A LA
SECCIÓN TERCERA DEL H. CONSEJO DE ESTADO el cumplimiento de su
obligación, deber legal y constitucional de imprimir pronto desarrollo y trámite al
mencionado proceso de REPARACIÓN DIRECTA N* 2004-01131, distinguido
con el número de radicación: 11001-23-26-000-2004-001131-01
(Arts.29,4°,7°,8°,13,14,42y43, C. Gral. Del P.), toda vez que-DESDE EL 12 DE
DICIEMBRE DE 2016 QUE SE INTERPUSO EL RECURSO DE SÚPLICA y/o
DESPUÉS DE TRANSCURRIDOS OCHO (8) AÑOS CALENDARIOS - NO SE
DECIDE EL RECURSO ORDINARIO IMPETRADO2.

1.3. Hechos

4. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la
referencia, de la siguiente manera:

5. El señor Luis Armando Valdés Peñuela estuvo privado de la libertad en
centro carcelario entre 1997 y 2003, año en el que fue absuelto del delito por el
que estaba siendo investigado. En el año 2004, junto con su grupo familiar,
promovió demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa, en el
que pretendió la declaratoria de responsabilidad del Estado por privación injusta

2 Fiel transcripción del escrito de tutela, incluso con posibles errores.

2
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de la libertad.

6. El proceso fue fallado en primera instancia por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca en sentencia del 7 de febrero de 2007, en la que se negaron
las pretensiones de la demanda. Los demandantes interpusieron recurso de
apelación que fue desatado por la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, mediante la providencia del 25 de febrero de 2016, en la que
confirmó la decisión recurrida.

7. El 12 de abril de 2016, los demandantes radicaron recurso extraordinario
de unificación de jurisprudencia, que fue negado a través de auto del 30 de
noviembre de 2016. El 12 de diciembre de ese mismo año, interpusieron recurso
de súplica contra la providencia del 30 de noviembre. Sin embargo, a la fecha de
interposición de la presente solicitud de amparo, no se había emitido
pronunciamiento respecto a dicho medio de impugnación.

1.4. Sustento de la vulneración

8. La parte accionante estima vulnerados sus derechos fundamentales al
debido proceso, doble instancia, acceso a la recta y pronta administración de
justicia, juez natural, petición e igualdad por parte de la autoridad accionada dada
la falta de pronunciamiento ante el recurso de súplica propuesto en el mes de
diciembre de 2016, es decir, hace más de 8 años.

9. Consideran que se ha incurrido en una mora judicial injustificada, toda vez
que no se ha resuelto la súplica presentada, a pesar de que se han radicado
alrededor de 4 memoriales de impulso procesal.

1.5. Trámite de primera instancia

10. El Despacho ponente de la decisión de primera instancia admitió la
demanda por medio de auto del 15 de octubre de 2024, en el que ordenó notificar
a la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado como
demandada. Además, vinculó a la Rama Judicial, a la Fiscalía General de la
Nación y a la Secretaría de la Sección Tercera del Consejo de Estado como
terceros con interés. Las 2 primeras autoridades por ser demandadas en el
proceso de reparación directa, y la segunda, por ser la encargada de los trámites
administrativos y de notificación de las providencias del citado asunto ordinario.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial3

11. Propuso la falta de legitimación en la causa por pasiva por no ser la

3 Documento 19 del expediente digital.

3
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autoridad facultada para dar eventual cumplimiento a las pretensiones de la
presente acción de tutela. Lo anterior, en atención a que la vulneración de los
derechos cuyo amparo se pretende, se depreca de la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado.

12. No obstante, manifestó que no advierte que la accionada haya
desconocido los intereses superiores de los accionantes, sino que lo pretendido
es la reapertura del debate surtido en el proceso de reparación directa.

1.6.2. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C

1.6.2.1. Consejero Nicolás Yepes Corrales4

13. Solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela de la
referencia al no superar el requisito de relevancia constitucional o que, en su
defecto, se nieguen las pretensiones de amparo por no estar demostrada la
vulneración alegada.

14. Relató que, el 2 de marzo de 2017, la parte demandante recusó a los
magistrados Guillermo Sánchez Luque y Jaime Orlando Santofimio Gamboa, por
lo que el consejero Sánchez Luque, el 29 de marzo de 2019, ordenó la remisión
del expediente al despacho que hoy dirige el doctor Yepes Corrales.

15. El 29 de abril de 2020, se llevó a Sala el proyecto de auto que resolvía las
recusaciones propuestas, pero el magistrado Jaime Enrique Rodríguez Navas
presentó impedimento por haber conocido del recurso extraordinario de
unificación. Por lo anterior, el 12 de marzo de 2021 se ordenó sorteo de conjueces
para resolver el impedimento y la recusación, el cual se llevó a cabo el 6 de mayo
de ese año.

16. El 21 de febrero de 2022, se registró proyecto de auto que finalmente fue
aprobado en Sala del 19 de diciembre de 2023, en el que se negó el impedimento
manifestado por el doctor Rodríguez Navas, «(ii) declaró la falta de competencia
para conocer de la recusación; (iii) declaró infundada la recusación planteada»,
y remitió el expediente al Despacho del ponente.

17. Del anterior recuento, manifestó que no se ha incurrido en mora judicial
injustificada y que la falta de decisión sobre la concesión del recurso de súplica
ha obedecido a los diversos trámites que se han desarrollado en el proceso.

1.6.2.2. Consejero William Barrera Muñoz5

18. Señaló que, a pesar de que el recurso de súplica fue interpuesto el 12 de
diciembre de 2016, la parte accionante omitió indicar que el citado proceso ha
sido objeto de múltiples solicitudes, tales como recusaciones y manifestaciones

4 Documento 24 del expediente digital.
5 Documento 25 del expediente digital.

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de impedimento que han sido resueltas en sala de conjueces.

19. Consideró que no es cierto que se haya incurrido en mora judicial
injustificada, sino que no puede emitirse una decisión sobre el citado recurso sin
antes resolver dichas manifestaciones. Finalmente informó que ya se elaboró un
proyecto de auto que se enlistó para la Sala del 23 de octubre de 2024, por lo
que considera que en el presente asunto se configura una carencia actual de
objeto por hecho superado.

1.6.3. Fiscalía General de la Nación6 y la Secretaría de la Sección Tercera del
Consejo de Estado guardaron silencio.

1.7. Sentencia de primera instancia7

20. En decisión del 25 de octubre de 2024, la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado amparó el derecho fundamental al debido proceso
de los accionantes y ordenó a la parte accionada resolver, dentro de los 10 días
siguientes a la notificación de esa decisión, la súplica presentada el 12 de
diciembre de 2016 dentro del proceso de reparación directa 25000-23-26-000-
2004-01131-01.

21. El a quo argumentó que de la revisión del expediente se pudo advertir que,
tal como manifestó la parte accionante, el recurso de súplica propuesto el 12 de
diciembre de 2016, contra el auto del 30 de noviembre de esa anualidad, se
encuentra sin resolver, lo que implica una tardanza de 7 años, 8 meses y 20 días
para el momento de expedición de la decisión de primera instancia.

22. Consideró que, aunque ya se registró un proyecto de auto, lo cierto es que
no se conoce ni el sentido de la decisión ni se advierte que haya sido notificada
a los interesados.

1.8. Impugnación8

23. El consejero William Barrera Muñoz impugnó la decisión de primera
instancia. Insistió en que no se ha incurrido en la mora judicial alegada por la
parte accionante, pues la tardanza en la decisión sobre el recurso de súplica
obedece a una serie de manifestaciones de impedimento y recusaciones
propuestas por la misma parte demandante, las cuales debían ser resueltas de
manera preferente.

24. Además, reiteró la configuración de una carencia actual de objeto por

6 Al respecto, la Sala debe mencionar que en la sentencia de primera instancia se efectuó un

resumen de una aparente respuesta de tal autoridad judicial, pero de la cuidadosa revisión del
expediente se advierte que en realidad corresponde a la contestación suministrada por la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
7 Documento 49 del expediente digital.
8 Documento 56 del expediente digital.

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hecho superado, en atención a que ya se profirió el auto que resolvió lo relativo
al recurso de súplica, en el sentido de confirmar lo decidido en la providencia del
30 de noviembre de 2016, en relación con el rechazo del recurso extraordinario
de unificación de jurisprudencia propuesto por los accionantes en el proceso
contencioso-administrativo.

25. Expuso que la anterior decisión fue notificada por estado del 7 de
noviembre de 2024, lo que implica que lo solicitado en la acción de tutela de la
referencia ya se satisfizo.

26. Finalmente, cuestionó el alcance de la orden de amparo en el siguiente
sentido:
se me conminó a notificar la decisión de la súplica al recurrente, mandato
este que deja de lado el artículo 14.2 del Decreto 1265 de 1970 –norma
aún vigente-, que dispone que la notificación de las providencias judiciales
está a cargo del secretario del Despacho y no del juez. (ii) Se conminó al
Despacho del magistrado William Barrera Muñoz a dictar la
correspondiente providencia para resolver el recurso de súplica, aunque
la adopción de la decisión compete a la Sala, con exclusión del consejero
que profirió el auto recurrido, en los términos del artículo 246 CPACA.

1.9. Trámite en segunda instancia

27. El doctor Omar Joaquín Barreto presentó impedimento para conocer el
presente asunto, por medio de memorial del 29 de abril de 20259, por
considerarse incurso en la causal prevista en el numeral 1 del artículo 56 del
Código de Procedimiento Penal, en atención a que su cónyuge es fiscal adscrita
a una unidad nacional de la Fiscalía General de la Nación, entidad que fungió
como demandada en el proceso ordinario contra el que se dirige la presente
solicitud de amparo. Sin embargo, fue declarado infundado a través de auto de
la fecha, al no advertir configurada dicha causal.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

28. Esta Sala es competente para resolver la impugnación presentada por la
parte accionada contra la sentencia de primera instancia proferida el 25 de
octubre de 2024, por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de
1991 y 1069 de 2015, modificado pro el Decreto 333 de 2021, así como por el
Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.2. Cuestión previa

29. La Sala advierte que la sentencia de primera instancia no se pronunció

9 Índice

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sobre la solicitud de desvinculación propuesta por la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial. En ese sentido, en esta instancia se negará lo pedido en
atención a que fue vinculada al presente trámite en calidad de tercera con interés,
por cuanto la Rama Judicial fue parte demandada dentro del proceso de
reparación directa identificada con radicado 25000-23-26-000-2004-01131-01,
en el que se alega la configuración de la mora judicial cuestionada.

2.3. Legitimación en la causa

30. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento
de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea
el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

31. La Sala advierte que los accionantes están legitimados en la causa por
activa, por ser quienes fungen como demandantes dentro del proceso de
reparación directa 25000-23-26-000-2004-01131-01, en donde, aparentemente,
se configuró la mora judicial alegada.

32. Asimismo, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
está legitimada en la causa por pasiva, porque es la autoridad respecto de quien
los accionantes predican la afectación de sus intereses superiores, por ser quien
conoce el proceso de reparación directa comentado.

2.4. Problema jurídico

33. Teniendo en cuenta la impugnación propuesta por la parte accionada, el
problema jurídico a resolver en el caso concreto es el siguiente:

● ¿Se encuentra configurada una carencia actual de objeto por hecho
superado frente a la mora judicial injustificada alegada por la parte
accionante?

34. Para resolver el problema jurídico planteado, se analizarán los siguientes
temas: (i) las generalidades de la acción de tutela, (ii) la mora judicial, (iii) la
carencia actual de objeto y (iii) el caso concreto.

2.5. Generalidades de la acción de tutela

35. Según el artículo 86 de la Constitución Política toda persona puede ejercer
la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción
u omisión de las autoridades o de los particulares en los precisos casos en que
indica el Decreto 2591 de 1991.

36. Es importante precisar que esta norma condiciona el ejercicio de esta
acción a la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para

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evitar la lesión del derecho fundamental, salvo que el interesado invoque y
demuestre estar sufriendo un perjuicio irremediable, hecho que hace procedente
la tutela como mecanismo transitorio.

2.6. Mora judicial

37. La Sala considera necesario recordar que de acuerdo con una
interpretación armónica de los artículos 229 de la Constitución10, del derecho
fundamental al debido proceso11 y de los principios de la Carta Política, se ha
otorgado el carácter de fundamental al derecho de acceso a la administración de
justicia12.

38. Sobre el punto, la Corte Constitucional ha señalado que esta garantía:

(…) no puede concebirse dentro de los estrechos moldes de una posibilidad formal
de llegar ante los jueces, o en la simple existencia de una estructura judicial lista a
atender las demandas de los asociados, puesto que su esencia reside en la
certidumbre de que, ante los estrados judiciales, serán surtidos los procesos a la
luz del orden jurídico aplicable, con la objetividad y la suficiencia probatoria que
aseguren un real y ponderado conocimiento del fallador acerca de los hechos
materia de su decisión13.

39. Frente a esto, debe además recordarse que de los artículos 228, 229 y
230 de la Constitución Política y del desarrollo de la jurisprudencia constitucional
se desprende que el derecho a la tutela judicial efectiva implica de una parte, que
cuando el «ciudadano acude a la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
encuentre una respuesta rápida y efectiva a su pretensión de protección de sus
derechos y garantías»14, y de otro lado, «la obligación correlativa de las
autoridades judiciales de promover e impulsar todas las condiciones que sean
necesarias para que el acceso de los particulares a dicho servicio público sea
real y efectivo»15.

10 «Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley

indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de su abogado».
11 Constitución Política de 1991. Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de

actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes
preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la
plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun
cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se
presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado
tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante
la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a
presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia
condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la
prueba obtenida con violación del debido proceso.
12 Corte Constitucional, Sentencia T-006 de 1992.
13 Corte Constitucional, Sentencia C-1027 de 2002.
14 Corte Constitucional, Sentencia C-796 de 2006.
15 Ibídem.

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40. Por ello, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley 270 de
1996 - Estatuaria de la Administración de Justicia-16 y con sustento en los
principios de celeridad, eficiencia y respeto de los derechos que rigen la función
judicial, el juez, como director del proceso, debe velar por la rápida solución del
caso con el fin de evitar el desgaste que representa adelantar todo un proceso
para terminarlo con una sentencia inhibitoria o que termine por vulnerar los
derechos fundamentales de las partes.

41. Estas obligaciones del juez se derivan directamente del papel que cumple
en el Estado Social de Derecho, en el que «ha dejado de ser el frio funcionario
judicial que aplica irreflexivamente la ley, convirtiéndose en el funcionario –sin
vendas- que se proyecta más allá de las formas jurídicas, para así atender la
agitada realidad subyacente y asumir su responsabilidad como servidor vigilante,
activo y garante de los derechos materiales. El juez que reclama el pueblo a
través de su Carta Política ha sido encomendado con dos tareas imperiosas: (i)
la obtención del derecho sustancial y (ii) la búsqueda de la verdad. Estos dos
mandatos a su vez constituyen el ideal de la justicia material»17.

42. La Corte Constitucional ha señalado que el fenómeno de la mora judicial
puede llegar a violar el derecho fundamental de acceso a la administración de
justicia, en aquellos casos en los que la dilación en el trámite de una actuación
es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas
estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de
diligencia y en la omisión sistemática de sus deberes por parte de los mismos18.

43. Asimismo, el Máximo Tribunal Constitucional ha considerado que
«atendiendo la realidad del país, en la gran mayoría de casos el incumplimiento
de los términos procesales no es imputable al actuar de los funcionarios
judiciales»19.

44. De conformidad con la sentencia SU-453 de 2020 de la Corte
Constitucional, se entiende justificada la mora cuando: (i) se está ante asuntos
de alta complejidad en los que se demuestra de manera integral una diligencia
razonable del juez que los atiende, y (ii) se constata la existencia de problemas
estructurales, de exceso de carga laboral u otras circunstancias que pueden ser
catalogadas como imprevisibles e ineludibles.

45. Continuando con el criterio de esa Corporación frente al particular se tiene
que:
[…] por ejemplo, existen procesos en los cuales su complejidad requiere de un
mayor tiempo del establecido en las normas y en la Constitución para su estudio,

16 Ley 270 de 1996. Artículo 1: La administración de justicia es la parte de la función pública que

cumple el Estado encargada por la Constitución Política y la ley de hacer efectivos los derechos,
obligaciones, garantías y libertades consagrados en ellas, con el fin de realizar la convivencia
social y lograr y mantener la concordia nacional.
17 Corte Constitucional, Sentencia SU-768 de 2014.
18 Corte Constitucional, Sentencia T-1019 de 2010.
19 Corte Constitucional, Sentencia T-230 de 2013.

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para valorar pruebas o para analizar la normatividad existente. Por ello, la
jurisprudencia ha destacado que cuando la tardanza no es imputable al actuar del
juez o cuando existe una justificación que explique el retardo, no se entienden
vulnerados los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia. En este sentido, en la Sentencia T-803 de 2012, luego de hacer un extenso
recuento jurisprudencial sobre la materia, esta Corporación concluyó que el
incumplimiento de los términos se encuentra justificado (i) cuando es producto de
la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la diligencia razonable
del operador judicial; (ii) cuando se constata que efectivamente existen problemas
estructurales en la administración de justicia que generan un exceso de carga
laboral o de congestión judicial; o (iii) cuando se acreditan otras circunstancias
imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la controversia en el plazo
previsto en la ley. Por el contrario, en los términos de la misma providencia, se está
ante un caso de dilación injustificada, cuando se acredita que el funcionario judicial
no ha sido diligente y que su comportamiento es el resultado de una omisión en el
cumplimiento de sus funciones20.

46. Por su parte, la Sección Quinta del Consejo de Estado tiene una posición
reiterada en relación con la existencia de la mora judicial, según la cual
únicamente se predica si hay dilación injustificada al resolver los asuntos
sometidos a la competencia del juez21. En este evento, debe acreditarse que la
conducta omisiva materializa la violación al derecho de acceso a la
administración de justicia y de contera, al debido proceso de las partes.

2.7. La carencia actual de objeto

47. La Sala ha explicado en varias ocasiones22 que la acción de tutela ha sido
instituida como un instrumento preferente y sumario, dirigido a la protección de
derechos fundamentales que sean violentados o amenazados de una manera
actual e inminente.

48. No obstante, existen eventos en los que la amenaza al derecho
fundamental desaparece en el transcurso de la acción de tutela, o la vulneración
del derecho fundamental amenazado se materializa en el curso del proceso, de
suerte que el instrumento pierde efectividad, lo que hace inane la intervención del
juez constitucional tendiente a impartir órdenes para que cese la vulneración de
los derechos fundamentales.

49. En efecto, la Corte Constitucional ha sostenido que la terminación del
proceso de tutela por carencia actual de objeto puede proceder en tres

20 Corte Constitucional, Sentencia T-230 de 2013.
21 Entre otras, consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección

Quinta. Sentencia del 18 de agosto de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03905-00. C.P. Pedro
Pablo Vanegas Gil.
22 Al respecto consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección

Quinta. M.P. Alberto Yepes Barreiro, Sentencia 15.11.17, Rad. 2017-00085-01, y M.P. Rocío
Araújo Oñate, Sentencia 19.10.17, Rad. 2017-2365-00.

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supuestos: (i) por hecho superado; (ii) por daño consumado; y, (iii) por una
situación sobreviniente.

50. Al respecto, dicha Alta Corporación, en la sentencia T-481 del 1º de
septiembre de 2016, señaló que:

La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección efectiva
de los derechos fundamentales que son objeto de una amenaza o afectación
actual. Por lo tanto, se ha sostenido en reiterada jurisprudencia que, ante la
alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la
vulneración de los derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud de
amparo pierde su eficacia y sustento, así como su razón de ser como mecanismo
extraordinario y expedito de protección judicial. Lo antedicho, pues, al
desaparecer el objeto jurídico sobre el que recaería la eventual decisión del juez
constitucional, cualquier determinación que se pueda tomar para salvaguardar
las garantías que se encontraban en peligro, se tornaría inocua y contradiría el
objetivo que fue especialmente previsto para esta acción.23

A partir de los anteriores razonamientos, en sentencia T-494 de 1993 se destacó
sobre este respecto, que:

La tutela supone la acción protectora del Estado que tiende a proteger un derecho
fundamental ante una acción lesiva o frente a un peligro inminente que se
presente bajo la forma de amenaza. Tanto la vulneración del derecho
fundamental como su amenaza, parten de una objetividad, es decir, de una
certeza sobre la lesión o amenaza, y ello exige que el evento sea actual, que
sea verdadero, no que haya sido o que simplemente -como en el caso sub
examine- que se hubiese presentado un peligro ya subsanado. (negrillas
inexistentes en el texto original)

Es por esto, que la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la
“carencia actual de objeto” para identificar este tipo de eventos y, así, denotar la
imposibilidad material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar
alguna orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han sido
encomendados. Sobre el particular, se tiene que éste se constituye en el género
que comprende el fenómeno previamente descrito, y que puede materializarse a
través de las siguientes figuras: (i) “hecho superado”, (ii) “daño consumado” o
(iii) de aquella que se ha empezado a desarrollar por la jurisprudencia
denominada como el acaecimiento de una “situación sobreviniente24”.

51. Con base en el referenciado marco referencial, el Máximo Tribunal
Constitucional ha sostenido que:

52. El hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del Decreto
Ley 2591 de 1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la cual
se materializa cuando en el trámite de una acción de tutela se demuestra que la
autoridad demandada ha realizado las acciones necesarias para eliminar la
vulneración de los derechos fundamentales25.

23 El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 5, la

cual se transcribe literalmente: “Sentencias: SU-225 de 2013; T-317 de 2005”.
24 El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 6, la

cual se transcribe literalmente: “Ver sentencias T-988 de 2007, T-585 de 2010 y T-200 de 2013”.
25 Corte Constitucional. Sentencia T-038/19, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.

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53. En sentido de lo anterior, para la aplicación del hecho superado resulta
irrelevante determinar si la eliminación de la vulneración de los derechos
fundamentales ocurre antes o después del fallo de primera instancia (resalta
esta Sección Quinta), lo que indica que el juez podría optar por analizar de fondo
la conducta de la autoridad demandada, para determinar si en todo caso se
vulneraron o no los derechos fundamentales. De hecho, la Corte Constitucional
ha empleado esta figura incluso en aquellos casos en los cuales la cesación de
la vulneración de los derechos fundamentales ocurre luego de que se ha proferido
la decisión de segunda instancia, durante el trámite de revisión ante ese
Tribunal26.

54. En estas situaciones, aunque la vulneración de los derechos
fundamentales se supere antes del pronunciamiento judicial de primera o
segunda instancia, se ha destacado que no es perentorio para el fallador de
instancia pronunciarse sobre la conducta desplegada por la autoridad
demandada, para formular un juicio de reproche, en caso de que sea necesario,
y advertir sobre la no repetición de la conducta lesiva de los derechos afectados27.

2.8. Mora judicial en el caso concreto

55. De acuerdo con los antecedentes fácticos y normativos del presente
asunto, la Sala revocará la sentencia de primera instancia y, en su lugar,
declarará la carencia actual de objeto por hecho superado, al advertir que, para
el momento de expedición de la sentencia de segunda instancia ha desaparecido
la circunstancia que se alegó como vulneradora de los derechos fundamentales
de los accionantes.

56. Lo anterior es así porque la parte actora sustentó la afectación de sus
derechos fundamentales en la falta de pronunciamiento por parte de la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado frente al recurso de
súplica propuesto contra el auto del 30 de noviembre de 2016, dictado en el
proceso de reparación directa 25000-23-26-000-2004-01131-01.

57. Así, el a quo consideró que el tiempo transcurrido desde la fecha de
radicación del recurso, 12 de diciembre de 2016, era desproporcionado. No
obstante, durante el trámite de la presente acción de tutela, la Subsección C de
la Sección Tercera del Consejo de Estado profirió auto del 28 de octubre de
202428, en el que confirmó la providencia del 30 de noviembre de 2016.

58. De acuerdo con lo anterior, la circunstancia por la que se promovió la
presente acción de tutela se encuentra actualmente superada, toda vez que ya
se resolvió el recurso de súplica propuesto por los demandantes. Lo anterior tuvo

26 A manera de ejemplo, ver la sentencia T-662 de 2016.
27 Corte Constitucional. Sentencia T-112/2010, M.P. Mauricio González Cuervo.

28 Índice 170 del proceso ordinario.

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lugar antes de haberse notificado la sentencia de primera instancia que accedió
al amparo.

59. Al respecto, la Sala advierte que no es dable entender que ello ocurrió en
virtud de la expedición de la sentencia de tutela de primera instancia, toda vez
que tal decisión fue notificada el 13 de noviembre de 2024, según se observa en
la constancia visible en el documento 51 del expediente digital, mientras que el
auto que resuelve el recurso de súplica data del 28 de octubre de 2024 y fue
comunicado a las partes el 6 de noviembre siguiente y notificado por medio de
estado del día 7 del mismo mes y año29, es decir, antes de que se pusiera en
conocimiento de la accionada la decisión de amparo del 25 de octubre pasado.

60. La anterior información puede corroborarse con lo dispuesto en el
expediente digital del proceso ordinario visible en el aplicativo Samai, tal como
se muestra a continuación:

61. En otras palabras, la superación de la situación vulneradora tuvo lugar
durante el trámite del presente proceso constitucional, pero antes de la
notificación de la sentencia de primera instancia, razón por la que la Sala
considera que se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado, lo
que impone el deber de revocar la decisión de primera instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE

PRIMERO. NEGAR la solicitud de desvinculación propuesta por la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial.

SEGUNDO. REVOCAR la sentencia de primera instancia del 25 de octubre de
2024, dictada por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
que amparó el derecho fundamental al debido proceso de los accionantes y, en
su lugar, DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado.

TERCERO. NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

29 Según se observa en el índice 175 de Samai del proceso ordinario.

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CUARTO. Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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