Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-05471-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-05471-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-05471-00
Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales
18 de noviembre de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05471-00
Accionante: Mario Fernando Galeano Sánchez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES (E)
Bogotá D.C., dieciocho (18) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Radicado número: 11001-03-15-000-2024-05471-00
Accionante: Mario Fernando Galeano Sánchez
Accionados: Consejo de Estado-Sección Segunda- Subsección B
Referencia: Acción de tutela.
Tema. Acción de tutela.
Subtema 1. Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
Subtema 2. Mora judicial/requisitos.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide en primera instancia la acción de tutela incoada por Mario Fernando
Galeano Sánchez en contra de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de tutela
Mario Fernando Galeano Sánchez1 solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la
igualdad, que consideró vulnerados por la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, por la demora en resolver el recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia de primera instancia proferida al interior del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho radicado con el núm. 25000-23-42-000-2018-00671-
01.
1.2. Hechos
1 Archivo electrónico ubicado en el índice 2 del expediente de tutela en el aplicativo SAMAI,
identificado con certificado: 5F90C07489DC9AE6 F8D36E4E78B973FB A957EBA3352842F5
B9FDE0FDF97252D0.
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Accionante: Mario Fernando Galeano Sánchez
1.2.1. La señora Olga Lucía Londoño Ibarra -esposa de Mario Fernando Galeano
Sánchez-, presentó el 20 de marzo de 2018 demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Dirección General de Sanidad, con la finalidad que se deje sin
efectos el acto administrativo que negó la reliquidación de su mesada pensional.
1.2.2. El asunto se identificó con el radicado núm. 25000-23-42-000-2018-00671-00
y fue conocido en primera instancia por la Subsección F de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, autoridad judicial que, mediante
sentencia del 13 de marzo de 2020, accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, providencia que fue notificada por correo electrónico el 8 de septiembre
de 2020.
1.2.3. Inconforme con la anterior decisión, la entidad demandada presentó recurso
de apelación. En ese orden, la autoridad judicial de primera instancia, luego de
adelantar la correspondiente audiencia de conciliación, mediante auto del 9 de julio
de 2021 concedió la alzada.
1.2.4. El asunto fue remitido a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, autoridad que, a través de auto del 28 de abril de 2022, admitió el recurso
de apelación.
1.2.5. Encontrándose el proceso para correr traslado para alegatos de conclusión,
el 18 de julio de 2022, la apoderada de la parte actora puso de presente que la
señora Olga Lucía Londoño Ibarra falleció el 5 de mayo de 2021; en consecuencia,
solicitó que se tramitara la sucesión procesal a favor del señor Mario Fernando
Galeano Sánchez, en calidad de cónyuge supérstite.
1.2.6. Posteriormente, la parte actora presentó solicitudes de impulso procesal los
días 4 de diciembre de 2023 y 4 de junio de 2024, y manifestó que hasta la fecha
de presentación de la presente acción de tutela no se le ha dado trámite al proceso
en segunda instancia.
1.3. Pretensiones y argumentos de la solicitud
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Accionante: Mario Fernando Galeano Sánchez
1.3.1. El señor Mario Fernando Galeano Sánchez solicitó al juez constitucional el
amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia y a la igualdad y, en consecuencia, que se dé respuesta
o se profiera decisión de fondo en un plazo razonable en el proceso con radicado
núm. 25000-23-42-000-2018-00671-01.
1.3.2. El accionante adujo que desde el 23 de agosto de 2021 el asunto fue remitido
a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado para surtir el
recurso de apelación sin que a la fecha se haya proferido fallo.
Sostuvo que, la espera se torna irrazonable en la medida en que han transcurrido
más de 36 meses desde que el proceso arribó a la segunda instancia y aún se
encuentra pendiente de resolver el recurso de apelación, lo cual desconoce
flagrantemente los derechos invocados, máxime si se tiene en cuenta que el
accionante es una persona de la tercera edad.
1.4. Trámite de tutela e intervenciones
El Despacho del magistrado ponente, con auto del 16 de octubre de 20242, admitió
la acción constitucional, vinculó como terceros con interés a quienes hubieren
participado en trámite adelantado en el expediente radicado bajo el núm. 25000-23-
42-000-2018-00671-01, ordenó la notificación a las partes y suspendió los términos.
Enviadas las notificaciones de rigor, se recibió la siguiente respuesta:
1.4.1. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, a través
del magistrado titular del Despacho al que correspondió el trámite del medio de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado núm. 25000-23 42-000-2018-
00671-01, contestó la acción de tutela y solicitó que fueran negadas las súplicas de
la demanda.
Expuso que en el estudio de las acciones de tutela semejantes a la que ahora se
aborda, se deben sopesar los argumentos relativos a la excesiva carga con la que
cuenta la Sección a la que pertenece, puesto que, no puede perderse de vista, que
2Archivo electrónico ubicado en el índice 5 del aplicativo SAMAI, identificado con certificado:
E656BAF62B36E7AE D418CFB87A4D271C F9877D6D90C91B47 68CD959D54155B72.
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en la actualidad ese despacho “tramita en promedio 1639 procesos activos, los
cuales corresponden a simple nulidad, nulidad y restablecimiento del derecho,
recursos extraordinarios de revisión y de unificación de jurisprudencia, acciones de
revisión -artículo 20 de la Ley 797 de 2003-, extensiones y unificación de
jurisprudencia y ejecutivos, más los asuntos de índole constitucional que, como es
bien sabido, además de su trámite preferencial se formulan en un alto índice, lo cual
genera un volumen considerable de carga laboral que justifica la creación del
sistema de turnos en torno al reparto y el trámite de los procesos a cargo de este
Despacho”3.
Ahora bien, respecto al trámite impartido al proceso núm. 25000-23-42-000-2018-
00671 01, explicó que el 23 de agosto del 2021 le correspondió por reparto el
conocimiento del proceso y luego, mediante auto del 28 de abril del 2022, se admitió
el recurso de apelación interpuesto y sustentado por la Nación- Ministerio de
Defensa Nacional contra la sentencia del 13 de marzo del 2020, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F.
Explicó que el 2 de junio del 2022, el asunto ingresó al despacho para continuar el
trámite de segunda instancia, no obstante, el 18 de junio del 2022, la apoderada de
la parte demandante informó que la señora Olga Lucia Londoño Ibarra falleció el 5
de mayo del 2021, por lo que, solicitó que se tenga al señor Mario Fernando Galeano
Sánchez, como sucesor procesal, al ser su cónyuge.
Informó que el 19 de octubre del 2023, se realizó cambio de ponente por nuevo
titular del Despacho.
Adujo que, el 15 de octubre de 2024, se decidió sobre la sucesión procesal que se
decretó en favor del señor Mario Fernando Galeano Sánchez y se reconoció
personería a la abogada Kelly Andrea Eslava Montes, para actuar en representación
del demandante, decisión que fue notificada el 18 de octubre del 2024.
Resaltó que el proceso a la fecha no se encuentra al despacho para dictar sentencia
de segunda instancia, pues aún se está agotando el trámite establecido en el
3 Archivo electrónico ubicado en el índice 5 del aplicativo SAMAI, identificado con certificado:
87A0C2E6892CA30E 58881BBBDE7B90A9 B6574EDDE5C07AD4 F44DCF56AED10FD0.
.
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artículo 247 de la Ley 1437 del 2011; de ahí que, una vez quede en firme la decisión
que resolvió la solicitud de sucesión procesal, se continuará con el curso del proceso
agotando las etapas establecidas en la ley.
Por último, informó que desde la fecha de su posesión se han impulsado más de mil
cuatrocientos veintitrés (1423) procesos, con el fin de garantizar una administración
de justicia pronta, cumplida y eficaz en la solución de fondo en los asuntos a cargo
de ese Despacho.
Por lo expuesto, consideró que está más que claro que en el presente asunto se
han garantizado los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia de las partes, como quiera que al proceso se le ha
impartido el trámite correspondiente, agotando cada una de las etapas establecidas
en la ley y resolviendo todas las solicitudes y requerimientos presentados.
1.4.2. Los demás sujetos procesales, a pesar de haber sido notificados en debida
forma, guardaron silencio en esta oportunidad procesal.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad
con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Nacional y en el artículo 37
del Decreto 2591 de 1991.
2.2. Procedibilidad de la acción
La acción de tutela, dispuesta en el artículo 86 de la Constitución Política, es un
procedimiento preferente y sumario que toda persona tiene a su alcance para
reclamar la protección inmediata de los derechos constitucionales vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de un
particular, en los casos que establece la ley10.
2.2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, porque
el accionante es el titular de las garantías constitucionales que afirma son
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vulneradas, en su condición de parte demandante dentro del proceso que tiene a
su cargo la autoridad cuestionada.
También está probada la legitimación en la causa por pasiva porque la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado es la autoridad a quien
se le atribuyó la vulneración de los derechos fundamentales del accionante en
relación con el trámite del proceso que tiene a su cargo.
2.2.2. El requisito de subsidiaridad también está acreditado, en tanto el accionante
no cuenta con otros mecanismos de defensa judicial para la protección de sus
derechos fundamentales presuntamente vulnerados.
2.2.3. Por último, el requisito de inmediatez también se encuentra satisfecho, en
razón a que la mora en el cumplimiento de los plazos procesales constituye una
conducta prolongada en el tiempo.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala definir si la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia y a la igualdad al incurrir, como afirmó el señor Galeano
Sánchez, en mora judicial por no haber proferido la sentencia de segunda instancia
en el proceso que cursa bajo el radicado núm. 25000-23-42-000-2018-00671-01.
2.4. Solución al problema jurídico
2.4.1. El artículo 29 de la Constitución establece el derecho al debido proceso “sin
dilaciones injustificadas” que tiene toda persona. De igual forma, el artículo 228
ibídem dispone que “[l]os términos procesales se observarán con diligencia y su
incumplimiento será sancionado (…)”. Así mismo, según el artículo 4 de la Ley 270
de 1996, “[l]a administración de justicia debe ser pronta y cumplida. Los términos
procesales serán perentorios y de estricto cumplimiento por parte de los
funcionarios judiciales. Su violación constituye causal de mala conducta, sin
perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar”.
En ese orden de ideas, la Corte Constitucional ha dispuesto que “un elemento
fundamental del derecho al debido proceso es la garantía de obtener una decisión
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de fondo sin dilaciones injustificadas y dentro de plazos razonables”4 y que cuando
los jueces no cumplen los términos establecidos en la ley para resolver los
requerimientos de las partes, incurren en mora judicial, conducta que puede
comportar una eventual vulneración del derecho al debido proceso ante la omisión
de proferir una determinada providencia.
No obstante, el alto Tribunal Constitucional también ha indicado que “no todo retardo
en la adopción de una decisión judicial genera per se una infracción a la
Constitución, [p]ara que esto ocurra debe probarse que la dilación injustificada tuvo
origen en la falta de diligencia del funcionario judicial en el cumplimiento de sus
deberes o que el plazo del proceso sea irrazonable”5. Por esta razón, la
jurisprudencia constitucional ha reconocido que la mora judicial puede darse por
negligencia o arbitrariedad de los funcionarios judiciales encargados de proferir las
providencias —caso en el cual la mora es injustificada—; o por la sobrecarga y el
represamiento de trabajo que impide el cumplimiento de los términos procesales,
caso en el que la mora es justificada y no vulnera los derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia6.
Así, para calificar la mora como injustificada, la jurisprudencia constitucional ha
establecido que se debe valorar en el caso concreto si: “(i) [esta] es fruto de un
incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación
judicial; (ii) no existe un motivo razonable que justifique dicha demora, como lo es
la congestión judicial o el volumen de trabajo, y (iii) la tardanza es imputable a la
omisión en el cumplimiento de las funciones por parte de una autoridad judicial” 7.
2.4.2. En el caso objeto de estudio, la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, mediante auto del 28 de abril de 2022, admitió el recurso de
apelación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia del 13 de
marzo de 2020 proferida por la Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
Ejecutoriada la anterior decisión, el expediente regresó al despacho para considerar
correr traslado a las partes para alegar de conclusión y el 18 de julio de 2022 la
apoderada de la parte actora allegó escrito en el que informó que la señora Olga
4 Corte Constitucional, sentencia SU-333 de 2020.
5 Ibidem.
6 Ibidem.
7 Ibidem.
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Lucía Londoño Ibarra falleció el 5 de mayo de 2021, en consecuencia, solicitó que
se tramitara la sucesión procesal a favor del señor Mario Fernando Galeano
Sánchez, en calidad de cónyuge supérstite.
La parte accionante, presentó escritos los días 4 de diciembre de 2023 y el 4 de
junio de 2024, mediante los cuales solicitó dar impulso a la actuación, sin embargo,
ante la falta de respuesta de la autoridad judicial, el 10 de octubre de 2024 formuló
la presente acción de tutela.
Ahora bien, revisado el expediente objeto de la solicitud de amparo, la Sala
encuentra que el despacho del magistrado ponente de la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, a través de auto del 15 de octubre de
2024, decretó la sucesión procesal a favor de Mario Fernando Galeano Sánchez,
en calidad de cónyuge supérstite de Olga Lucía Londoño Ibarra (q.e.p.d.). Tal
providencia fue notificada por correo electrónico a las partes el 18 de octubre de
2024 y regresó al despacho el 7 de noviembre siguiente.
Adicionalmente, esta Subsección advierte que la autoridad judicial accionada, el 8
de noviembre de 2024, profirió auto mediante el cual corrió traslado a las partes
para alegar de conclusión y el 12 de noviembre de 2024 remitió el expediente a la
Secretaría de la Sección Segunda para que proceda a notificar el proveído.
Conforme a lo expuesto, para la Sala es claro que, si bien hasta el momento la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado no ha desatado el
recurso de apelación, ello obedece a la cantidad de asuntos que tiene a su cargo y
que, según lo informó, desde la fecha de posesión del nuevo magistrado, se han
impulsado más de mil cuatrocientos veintitrés (1423) procesos a cargo de ese
Despacho.
Aunado a lo anterior, la autoridad accionada, a través del magistrado titular, también
adujo que “(…) el proceso a la fecha no se encuentra a despacho para dictar
sentencia de segunda instancia, pues aún se está agotando el trámite establecido
en el artículo 247 de la Ley 1437 del 2011; de ahí que, una vez en firme la decisión
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que resolvió la solicitud de sucesión procesal, se continuará con el curso del proceso
agotando las etapas establecidas en la ley”8.
Sobre el particular, esta judicatura denota que, a pesar de que al momento de
contestar la acción de tutela, efectivamente el expediente se encontraba en la
Secretaría de la Sección Segunda surtiendo la notificación del auto que resolvió
sobre la sucesión procesal del aquí accionante, lo cierto es que el asunto regresó al
despacho del magistrado ponente el 7 de noviembre de 2024 y el 8 de noviembre
siguiente, de forma diligente, la autoridad judicial profirió auto que corre traslado a
las partes para alegar de conclusión, el cual se encuentra pendiente de notificación.
Al respecto, cabe precisar que la Corte Constitucional ha reconocido que la
congestión judicial y el volumen de trabajo, son motivos razonables que explican el
retardo en las decisiones “que se presenta como resultado de acumulaciones
procesales estructurales que superan la capacidad humana de los funcionarios a
cuyo cargo se encuentra la solución de los procesos”9.
En ese orden, la autoridad cuestionada ha surtido los trámites procesales
correspondientes y su actuación no se estima negligente, arbitraria u omisiva. De
otra parte, el aquí accionante no ha manifestado al juez del proceso ordinario, una
circunstancia especial que permita dar prioridad de fallo al asunto en controversia10,
no ha requerido celeridad del trámite y de las pruebas allegadas al expediente de
tutela no se pudo establecer la configuración de un perjuicio irremediable11 que
permita considerar la procedibilidad de una intervención en garantía de sus
derechos fundamentales12.
Por lo anterior, esta Subsección encuentra que los motivos y las circunstancias
8 Archivo electrónico ubicado en el índice 5 del aplicativo SAMAI, identificado con certificado:
87A0C2E6892CA30E 58881BBBDE7B90A9 B6574EDDE5C07AD4 F44DCF56AED10FD0.
9 Corte Constitucional, sentencia T-052 de 2018.
10 Documento electrónico nombrado “021ALEGATOSDEMANDANTE20230216” en el archivo
electrónico que contiene el trámite del proceso ordinario en segunda instancia con radicado número
50001-33-33-007-2016-00207-03, ubicado en el índice 11 del aplicativo SAMAI, identificado con
certificado: 12BCCCE500234C1F 919B2131FCE24431 AEB74BB02B9E9206 22C9D3C508318E10
11 La jurisprudencia de esta Corte ha definido el perjuicio irremediable como “el riesgo de
consumación de un daño o afectación cierta, negativa, jurídica o fáctica, a los derechos
fundamentales, que debe ser invocada por el juez constitucional, dada la alta probabilidad de su
ocurrencia”. Corte Constitucional, sentencia T-190 de 2020.
12 Para determinar la existencia de un perjuicio irremediable, que pueda superar el requisito de
subsidiariedad, la Corte Constitucional ha establecido que (i) el perjuicio debe ser inminente, es decir,
no basta con que exista una mera posibilidad de que se produzca el daño; (ii) el perjuicio que se
cause sea grave, lo que implicaría, en consecuencia, un daño de gran intensidad sobre la persona
afectada; (iii) las medidas que se requieran para evitar la configuración sean urgentes; y (iv) la acción
es impostergable, es decir, en caso de aplazarse la misma sea ineficaz por inoportuna. Corte
Constitucional, sentencias SU-508 de 2020; T-190 de 2020 y T-235 de 2018.
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antes descritas, así como las situaciones de sobrecarga laboral que fueron
expuestas en el escrito de contestación allegado por la autoridad cuestionada13,
explican y justifican la falta de oportunidad para resolver la controversia a su cargo,
lo que en todo caso es consecuente con el estado actual del proceso, que se
encuentra en Secretaría a disposición de las partes, para que alleguen sus alegatos
de conclusión y une vez vencido este término, sea devuelto al despacho para que
se le asigne un turno para fallo, por ende, la Sala considera que no se configura
mora judicial.
2.5. Conclusión
Para la Sala, dentro de la actuación judicial examinada, no fueron desconocidos los
derechos fundamentales invocados por la parte actora, ni ningún otro, por lo tanto,
procede a negar el amparo.
III.DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: NEGAR la acción de tutela presentada por Mario Fernando Galeano
Sánchez en contra de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado por las consideraciones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR la presente providencia, si no fuere impugnada, a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase
NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrado (E)
Presidente de la Sala
13 Apartado 1.4.2.1.
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Firmado electrónicamente
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado
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SABF
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