Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-05472-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-05472-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2024-05472-01
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
23 de enero de 2025
Demandante: Francisco José Mendoza Gutiérrez
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05472--01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá, D. C., veintitrés (23) de enero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05472-01
Demandante: FRANCISCO JOSÉ MENDOZA GUTIÉRREZ
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Tema: Tutela contra acto administrativo - Revoca sentencia de primera
instancia para en su lugar declarar la improcedencia por contar
con otros mecanismos judiciales.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte accionada contra
la sentencia proferida en primera instancia el 7 de noviembre de 20241, por el
Consejo de Estado, Sección Cuarta, que concedió el amparo solicitado.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
El señor Francisco José Mendoza Gutiérrez instauró acción de tutela, contra el
Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia, con el fin de amparar sus derechos fundamentales al
trabajo y al mínimo vital, así como del principio a la confianza legítima.
Lo anterior, con ocasión a la Resolución No. URNAR24-158 del 30 de agosto de
2024, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura en la que en su artículo
primero expuso: «SUSPENDER la vigencia de las tarjetas profesionales de los
abogados con anotación provisional, conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del
Acuerdo PCSJA24-12162 de 2024».
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
1 El expediente ingresó al despacho para proferir decisión de segunda instancia el 18 de diciembre
2024.
1
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Demandante: Francisco José Mendoza Gutiérrez
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05472-01
«[…]
Segundo: En consecuencia, de lo anterior, Ordenarle, al Consejo Superior de la
Judicatura levantar la Suspensión de mi tarjeta Profesional y en efecto dejarla vigente
de manera provisional con la observación de: hasta que se publique los resultados del
examen de idoneidad que se realizará el 20 de octubre del 2024”
Tercero: Conceder de manera ultra y extrapetita los derechos que se ajusten a mi
situación fáctica señalada en los hechos. […]»2
En el escrito de tutela, se solicitó como medida provisional que se le ordene al
Consejo Superior de la Judicatura que levante la suspensión de la vigencia de su
tarjeta profesional para que pueda ejercer el litigio con la siguiente observación:
hasta que se tome una decisión de fondo de esta acción constitucional y el fallo
quede ejecutoriado.
1.3. Hechos probados y/o admitidos
La Sala destaca los siguientes supuestos fácticos3 relevantes para la decisión que
se adoptará en la sentencia:
El señor Francisco José Mendoza estudió derecho, en la Corporación Universitaria
Americana, con sede en la ciudad de Medellín, ingresó el 4 de febrero de 2019.
Se inscribió para presentar el primer examen de Estado de 2024-I previsto en el
artículo 1º de la Ley 1905 de 2018, en cumplimiento con lo reglado en el Acuerdo
PCSJ A23-12127 22 de diciembre de 2023 «Por el cual se da apertura a la etapa
de inscripciones para la presentación del examen de Estado señalado en la Ley
1905 de 2018 – Aplicación 2024-I», dirigido a los graduados del programa de
derecho como requisito para ejercer la profesión de abogado. La fecha del primer
examen fue el 26 de mayo de 2024.
El 16 de febrero de 2024, mediante correo electrónico, se comunicó el «anexo 2 de
la Resolución No. URNAR24 – 18, lista de inadmitidos a la presentación del examen
de estado señalado en la ley 1905 de 2018», donde se observa la anotación de
inadmitirlo por cuanto « NO ES ABOGADO GRADUADO». El señor Francisco José
Mendoza se graduó el 22 de marzo de 2024
El señor Francisco José Mendoza solicitó ante la accionada la expedición de la
tarjeta profesional el 8 de mayo de 20244, la cual fue generada el 27 siguiente con
anotación de “Provisional” con la siguiente observación: «De conformidad con la Ley
1905 de 2018 y el Acuerdo PCSJA22-11985 de 2022 esta Tarjeta Profesional tendrá
2 Transcripción literal del escrito de la tutela
3 Indices 02 y 16 Aplicativo Samai
4 Consultada la página web de la rama judicial
https://sirna.ramajudicial.gov.co/Paginas/Tramites.aspx se observa que la solicitud de inscripción de
la tarjeta profesional fue recibida el 10 de mayo de 2024.
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vigencia provisional hasta la publicación de los resultados de la primera prueba,
realizada el 26 de mayo de 2024».
Mediante correo electrónico, fechado 21 de junio de 2024, se le comunicó al
accionante la apertura a la etapa de inscripciones para la aplicación 2024-II, con
fecha del 20 de octubre de 2024.
Posteriormente, el 30 de julio de 2024, se le comunicó mediante correo electrónico,
la publicación de lista de admitidos e inadmitidos a presentar el examen de Estado
2024-II convocado mediante Acuerdo PCSJA24-12188 de 30 de mayo de 2024,
habiendo sido admitido.
Finalmente, el 2 de septiembre de 2024, fue notificado de la Resolución No.
URNAR24-158 del 2024 «Por la cual se da cumplimiento a la condición prevista en
el artículo 11 del Acuerdo PCSJA24-12162 de 2024 en la que se suspendió su
tarjeta provisional por la no acreditación de la aprobación del examen de Estado Ley
1905 de 2018».
1.4. Fundamento de la acción de tutela
La parte actora advirtió que la autoridad accionada vulneró sus derechos
fundamentales al aplicarle una resolución que le era imposible cumplir puesto que,
no podía acreditar la aprobación del examen de idoneidad exigido, porque no había
sido admitido para presentarlo.
Adujo que, el Consejo Superior de la Judicatura al aplicar la vigencia a su tarjeta
profesional, debió estudiar su caso en concreto, indicando que su decisión fue
intempestiva y arbitraria y solicitó que se le aplique la excepción de
inconstitucionalidad, de acuerdo con lo expuesto por la Corte Constitucional en
sentencia SU-128 de 2024.
Manifestó que la suspensión de la vigencia de su tarjeta profesional, vulneró el
derecho al trabajo toda vez que, para poder ejercer como litigante, y al tener su
tarjeta profesional suspendida, le ha tocado desistir de los casos que estaba
llevando, viendo el detrimento en su condición económica
Consideró que, así mismo, se le ha vulnerado el derecho al mínimo vital, para
proveer los gastos de su núcleo familiar, toda vez que es el apoyo judicial de un
hermano, que se encuentra en situación de discapacidad total.
1.5. Trámite de la acción de tutela
Mediante auto del 15 de octubre de 20245 se admitió la acción de tutela y se ordenó
su notificación en calidad de accionados, al presidente del Consejo Superior de la
5 Índice 04 Aplicativo Samai.
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Judicatura y al director de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares
de la Justicia6.
Así mismo, se negó la medida provisional pedida en la escrito de tutela .
1.6. Intervención
Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados
y Auxiliares de la Justicia (URNA)7
Solicitó que se niegue la solicitud de amparo, al considerar que no existe vulneración
a los derechos fundamentales del accionante.
Expuso que la Corporación Universitaria Americana le reportó la información de
fecha de grado del señor Mendoza Gutiérrez el 22 de marzo de 2024.
El 8 de mayo de 2024, el señor Mendoza Gutiérrez realizó la preinscripción para el
registro y expedición de su tarjeta profesional de abogado, a través del Sistema de
Registro Nacional de Abogados – SIRNA. Que ese mismo día, por correo
electrónico, allegó la documentación requerida para adelantar ese trámite y
mediante Acta No. 36501 del 27 de mayo de 2024, realizó la inscripción en el
registro nacional de abogados y le asignó tarjeta profesional provisional.
Posteriormente, el 7 de junio de 2024 el señor Mendoza Gutiérrez realizó su
inscripción para presentar el examen de estado de que trata la Ley 1905 de 2018,
para el período 2024-II y se le asignó número de registro 822. Que, a través de la
Resolución No. URNAR24-123 del 30 de julio de 2024 se admitió al accionante para
aplicar el mencionado examen.
Mediante Resolución No. URNAR24-158 del 30 de agosto de 2024, se suspendió la
vigencia de las tarjetas profesionales de los abogados con anotación provisional,
entre los que se encontraba el accionante.
Citó la sentencia SU-128 de 2024 dictada por la Corte Constitucional, la sentencia
proferida en el proceso con radicado 11001-03-15-000-2022-03874-01 por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y la sentencia expedida en el
proceso con radicado 11001-03-15-000-2024-02108-01 por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C, para señalar que el Consejo Superior de la
Judicatura no tenía competencia para regular, expedir y/o extender la tarjeta
profesional con vigencia provisional.
6 Notificación al correo electrónico presidencia@consejosuperior.ramajudicial.gov.co ,
regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co
7 Indice 08 Aplicativo Samai.
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De conformidad con lo anterior, esta Unidad aclara que, tiene el deber legal de
cumplir lo dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia SU-128 de 18 de
abril de 2024, por tanto, no es posible acceder a la pretensión de ampliar la vigencia
provisional de la tarjeta profesional.
Agregó que, la acción de tutela no cumple el requisito de subsidiariedad, porque el
señor Mendoza Gutiérrez cuenta con los medios de control dispuestos en la Ley
1437 de 2011 para controvertir el acto administrativo que suspendió la vigencia de
su tarjeta profesional de abogado.
Igualmente, afirmó que la expedición de la Resolución URNAR24-158 de 30 de
agosto de 2024, obedece a la materialización de una disposición anterior, dado que,
el Acuerdo PCSJA24-12162 de 2024 dispuso en el artículo 11, que las tarjetas
profesionales de abogado que contienen la denominación provisional «tendrán
vigencia hasta la publicación final de los resultados de la prueba aplicada el 26 de
mayo de 2024», por tanto, desde el momento en que solicitó la expedición del
documento, era de su conocimiento que la vigencia del mismo, estaba
condicionada.
Adicionalmente, es de anotar que, al tutelante no se le está negando el derecho a
la expedición definitiva de su tarjeta profesional, únicamente, se le exige el
cumplimiento del requisito consagrado en la Ley 1905 de 2018.
Finalmente, precisó que, en la presente acción de tutela, no se aportaron pruebas
que acreditaran que el accionante es quien sustenta su núcleo familiar, ni la
condición de discapacidad de su hermano.
1.7. Sentencia de primera instancia8
El Consejo de Estado, Sección Cuarta, mediante sentencia del 7 de noviembre del
2024, concedió el amparo solicitado por el señor Francisco José Mendoza Gutiérrez,
pues, consideró que dadas las condiciones particulares del caso en concreto no
había lugar a condicionar la vigencia de la tarjeta hasta la publicación de los
resultados de la primera prueba del año.
Expuso que los efectos inter pares de la sentencia SU-128 de 2024 dictada por la
Corte Constitucional no resultan aplicables al actor, debido a que presentó su
solicitud de expedición de la tarjeta profesional el 8 de mayo de 2024, es decir, con
posterioridad a la habilitación para la presentación del examen de Estado, que
ocurrió el 26 de diciembre de 2023, pero precisó que el actor se encuentra en una
situación de desprotección que no tenía que afrontar.
Señaló que el Consejo Superior de la Judicatura vulneró los derechos
fundamentales al trabajo y a ejercer libremente la profesión del accionante, en tanto
8 Indice 011 Aplicativo Samai.
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que la vigencia de la tarjeta profesional se condicionó a una fecha en la cual era
imposible para el actor contar con el requisito del examen de Estado. Insistió que
para el momento en que se cerraron las inscripciones al primer examen, aquel no
reunía la totalidad de los requisitos para poder realizar la prueba.
De igual manera, manifestó que la vigencia de la tarjeta condicionada a la
publicación de los resultados de la primera prueba no se relaciona con los límites
admisibles señalados por la Corte Constitucional, como sí lo son: (i) la exigencia de
títulos de idoneidad, (ii) la inspección del ejercicio y (iii) la vigilancia sobre el ejercicio
de la actividad. De ahí que se considere que, en el presente caso, tal limitación
atenta contra el derecho a ejercer la profesión, dada la imposibilidad del actor para
presentar la prueba a falta, en su momento, del título de abogado.
Teniendo en cuenta lo anterior, el a quo amparó los derechos fundamentales al
trabajo y al libre desarrollo de la profesión del accionante, y en consecuencia se
ordenó al Consejo Superior de la Judicatura ampliar el término de la vigencia de la
tarjeta profesional No. 428913, expedida el 27 de mayo de 2024 a nombre de
Francisco José Mendoza Gutiérrez, hasta la publicación de los resultados de la
segunda prueba 2024-II del examen de Estado, contenido en la Ley 1905 de 2018.
Esta sentencia fue notificada el 18 de noviembre de 2024 a la parte actora y
accionada9
1.8. Impugnación
El Consejo Superior de la Judicatura – Unidad Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia (URNA) impugnó la anterior decisión10, e insistió en la
aplicación de la SU - 128 de 2024 ya que las sentencias expedidas por la Corte
Constitucional son definitivas e inmutables.
Expuso que el accionante no presentó solicitud de extensión de la vigencia de la
tarjeta profesional ante la entidad, por tanto, la acción objeto de estudio no cumple
con el requisito de subsidiariedad.
Así mismo, recordó que la expedición de la tarjeta profesional de abogado guarda
estrecha relación con el ejercicio de la profesión, única y exclusivamente, en lo
referente a la representación de terceros, por tanto, no puede predicarse la
vulneración generalizada al oficio del abogado, como fundamento para transgredir
cuando existe un campo amplio que el tutelante puede desarrollar como inscrito en
el Registro Nacional de Abogados, calidad que ostenta desde el 27 de mayo de
2024.
9 Índice 015 y 016 Aplicativo Samai.
10 Índice 019 Aplicativo Samai.
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Señaló que, para la aplicación del examen de Estado en el período 2024-I, se
cumplió de forma taxativa lo señalado por la Ley 1905 de 2018, al admitir a la
presentación de la prueba, únicamente, a quienes ostentaran la calidad de abogado,
mientras que, en la convocatoria para la aplicación 2024-II se incluyó la posibilidad
a los egresados de inscribirse, en virtud del exhorto que realizó la Corte
Constitucional al Consejo Superior de la Judicatura, en la sentencia de unificación
128 de 2024.
Consideró que, resulta equivocado tutelar los derechos del accionante, puesto que,
la entidad se ha limitado a acatar las órdenes impartidas por la Corte Constitucional
en la sentencia de unificación 128 de 2024.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer la impugnación presentada por el Consejo
Superior de la Judicatura, contra la sentencia proferida el 7 de noviembre de 2024,
por el Consejo de Estado, Sección Cuarta. Lo anterior, de conformidad con lo
establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del
Consejo de Estado.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la sala determinar si revoca, modifica o confirma la decisión de
primera instancia proferida el 7 de noviembre de 2024 proferida por el Consejo de
Estado, Sección Cuarta, para lo cual, se resolverán los siguientes interrogantes:
• ¿Se superan en el caso concreto los requisitos generales de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencia judicial?
De ser positiva la respuesta al interrogante anterior, corresponde a esta Sala
resolver si la parte accionada transgredió los derechos fundamentales al trabajo, al
mínimo vital, al libre desarrollo de la profesión y al principio de la confianza legitima
del señor Francisco José Mendoza Gutiérrez, al expedir la Resolución URNAR24-
158 de 30 de agosto de 2024, en la que se ordenó «SUSPENDER la vigencia de
las tarjetas profesionales de los abogados con anotación provisional, conforme lo
dispuesto en el artículo 11 del Acuerdo PCSJA24-12162 de 2024».
Para resolver el anterior planteamiento, se analizarán los siguientes temas: (i) la
naturaleza de la acción de tutela, (ii) el carácter subsidiario del mecanismo
constitucional y su procedencia excepcional frente a actos administrativos
susceptibles de control ante el juez contencioso administrativo, y (iii) el análisis del
caso concreto.
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2.3. Naturaleza de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión
de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en que indica
el Decreto 2591 de 1991.
La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando
no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para
precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable11.
2.4. El carácter subsidiario del mecanismo constitucional y su procedencia
excepcional frente a actos administrativos susceptibles de control ante el juez
contencioso administrativo
El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución Política establece el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina
que “[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial”, precepto reglamentado por el numeral 1.º del artículo 6.º del
Decreto Ley 2591 de 1991.
Del texto de la norma referida se evidencia que, existiendo otros mecanismos de
defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los
derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y
no a la acción de tutela, con el fin de garantizar que sean los jueces naturales de
cada proceso los que apliquen al caso concreto las normas jurídicas y la
jurisprudencia.
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una persona
acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus
derechos, no puede desconocer las acciones judiciales establecidas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas
a las del funcionario que conoce de un asunto de su competencia12.
11 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
12 En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: “En efecto, la Constitución
y la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como
objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el
cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una
comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía
el contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones
de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior
de cada una de las jurisdicciones.”
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El sustento jurídico de esta posición se encuentra en la Constitución de 1991, de
donde se deriva que la protección de los derechos fundamentales no es un asunto
reservado exclusivamente a la acción de tutela, ya que todos los mecanismos
judiciales deben, en principio, buscar la defensa de aquellos y todos los operadores
judiciales deben cumplir su función jurisdiccional como jueces de convencionalidad,
de constitucionalidad y de legalidad.
Por tanto, esta Sala reitera su posición en el sentido de que la jurisdicción de lo
contencioso administrativo es la que tiene la competencia para conocer de las
controversias que se puedan suscitar frente a un acto administrativo, en atención a
la existencia de los medios de control de nulidad y de nulidad y restablecimiento del
derecho, en los cuales se pueden solicitar medidas cautelares en los términos de
los artículos 229 y siguientes de la Ley 1437 de 201113.
Ahora bien, lo expuesto no desconoce que, en determinadas oportunidades, el
mecanismo de defensa judicial principal no resulta idóneo ni eficaz para otorgar la
protección solicitada, toda vez que puede emitirse una decisión administrativa que,
pese a encontrarse protegida por la presunción de legalidad, esta resulte
absolutamente arbitraria, discriminatoria o que su aplicación práctica vulnere el
núcleo esencial de los derechos fundamentales. En esos casos, el recurso de
amparo se torna procedente y desplaza al mecanismo principal para conjurar la
afectación de las garantías superiores.
Finalmente, es preciso mencionar que, esta acción constitucional podría ser
procedente, de manera transitoria, para evitar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable. En este evento, le corresponde al juez de tutela verificar que concurran
los elementos identificados por la Corte Constitucional, así se requiere que: i) el
daño sea inminente, esto descarta la mera posibilidad de que se va a producir el
perjuicio; (ii) el perjuicio sea grave, esto implica que la afectación sea de gran
intensidad sobre la persona afectada; (iii) se requiera la adopción de medidas
urgentes para evitar que ocurra; y (iv) que sean impostergables, pues si se
aplazaran la protección sobre los derechos se tornaría ineficaz por inoportuna
2.5. Caso concreto
Al revisar el escrito introductorio, la contestación de la tutela y las pruebas
aportadas, se encuentra que el señor Francisco José Mendoza Gutiérrez inició sus
13 La posesión contenida, entre otras, en el fallo del 30 de junio de 2016, Rad. 2016-00617-00, M.P.
Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. En el mismo sentido, se pronunció la Sala en las sentencias
del Consejo de Estado, del 10 de septiembre de 2015. C.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. No. 13001-
23-33-000-2015-00440-01 y del 21 de julio de 2016. C.P. Rocío Araújo Oñate. Rad 66001-23-33-
000-2016-00293-01.
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estudios de Derecho en la Corporación Universitaria Americana el 4 de febrero de
201914 y obtuvo su grado el 22 de marzo de 202415.
El 27 de mayo de 2024 le fue expedida al señor Francisco José Mendoza Gutiérrez
la tarjeta profesional, la cual tenía la siguiente anotación «Observaciones: De
conformidad con la Ley 1905 de 2018 y el PCSJA24-11985 de 2024, esta tarjeta
profesional tendrá vigencia provisional hasta la publicación de los resultados de la
primera prueba.» de acuerdo con el certificado de vigencia No. 2679591 del 27 de
agosto de 202416.
Posteriormente, el accionante expuso que, conforme a certificado de vigencia No
2868408 del 7 de octubre de 202417, su tarjeta profesional 428913 expedida el 27
de mayo de 2024 no se encontraba vigente, la cual tenía la siguiente anotación:
«Observaciones No vigente por la no acreditación de la aprobación del examen de
Estado de la ley 1905 de 2018, conforme a lo dispuesto en el artículo 1 de la
Resolución URNAR24-158 de 2024».
14 De acuerdo con la sentencia SU 128-24 de la corte constitucional el accionante es destinatario de
la Ley 1905 de 2018 el estudiante que comenzó a cursar el pregrado en Derecho con posterioridad
a la promulgación de la Ley 1905 de 2018.
15Índice 008 Aplicativo Samai 23_RECIBEMEMORIAL_Memorial_Anexo2
CONSEJOSUPERIO_8_20241028071648212 reporte de graduados del programa de derecho,
periodo académico 2024-1.
16 Indice 002 Aplicativo Samai -6ED_Certificadoagosto27d(.pdf) NroActua 2.
17 Indice 002 Aplicativo Samai 7ED_CertificadoNovigenci(.pdf) NroActua 2.
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La suspensión de la vigencia de la tarjeta profesional, se efectuó conforme a lo
dispuesto en el artículo 1 de la Resolución URNAR24-158 de 2024, expedida el 30
de agosto de 2024, por el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, mediante el cual se ordenó:
«SUSPENDER la vigencia de las tarjetas profesionales de los abogados con
anotación provisional, conforme lo dispuesto en el artículo 11 del Acuerdo PCSJA24-
12162 de 2024».
El artículo 11 del Acuerdo PCSJA24-12162 del 9 de abril de 202418, establece:
«Artículo 11 Transitorio. Tarjeta profesional con anotación de vigencia provisional.
El abogado destinatario de la Ley 1905 de 2018 podrá solicitar, sin la acreditación de
aprobación del Examen de Estado para Abogados, el trámite de registro y expedición
de la tarjeta profesional de abogado, la cual contendrá la denominación "Provisional'
y tendrá vigencia hasta la publicación final de los resultados de la prueba aplicada el
26 de mayo de 2024.
Parágrafo. El abogado con tarjeta profesional con anotación de vigencia provisional
que haya aprobado el Examen de Estado para Abogados señalado en la Ley 1905 de
2018, podrá solicitar la expedición de la tarjeta profesional de abogado sin anotación
de provisionalidad, para lo que deberá adelantar el trámite de cambio descrito en el
artículo 6 de este Acuerdo.»
El accionante adujo que la transgresión de sus derechos fundamentales al trabajo,
al mínimo vital, al principio de confianza legítima, tiene origen en la suspensión de
18«Por el cual se establecen normas para la inscripción en el Registro Nacional de
Abogados, expedición de la tarjeta profesional de abogado y se dictan otras disposiciones».
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su tarjeta profesional, dado que, es ilógico y contradictorio, que se le aplicara la
condición de la presentación del examen de idoneidad – Aplicación 2024-1, que se
realizó el 26 de mayo de 2024, toda vez que le fue imposible presentarlo, toda vez
que no fue inadmitido por el mismo Consejo Superior de la Judicatura, al no
encontrarse graduado de abogado y solicitó que se le aplique la excepción de
inconstitucionalidad, de acuerdo con lo expuesto por la Corte Constitucional en
sentencia SU-128 de 2024.
Sobre esta consideración, la Sala advierte que el señor Francisco José Mendoza
Gutiérrez no es beneficiario de la medida establecida por la Corte Constitucional en
la providencia SU-128 de 202419.
En el presente asunto, los reproches de la parte actora están orientados a debatir
sobre la legalidad de la suspensión de su tarjeta profesional provisional, por parte
del Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados
y Auxiliares de la Justicia, efectuada por la Resolución No. URNAR24-158 de 30 de
agosto de 2024, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 del Acuerdo
PCSJA24- 12162 de 2024. Al respecto, se pone de presente que la acción de tutela
no es la vía idónea para discutir sobre la validez de tales actos administrativos.
En este sentido, el señor Francisco José Mendoza Gutiérrez cuestiona la
Resolución No. URNAR24-158 de 2024, proferida por el Consejo Superior de la
Judicatura, por medio de la cual se suspendió la vigencia de su tarjeta profesional
de abogado, y sus argumentos están orientados a discutir sobre la legalidad del acto
administrativo mencionado. Por esta razón, la Sala considera que la petición de
amparo es improcedente, porque para cuestionar la decisión tomada en el referido
acto administrativo, el ordenamiento jurídico tiene establecido varios medios de
control.
En efecto, en el presente asunto, se observa que el accionante para el momento
que solicitó su tarjeta profesional (8 de mayo de 2024) tenía pleno conocimiento que
no fue admitido a presentar el examen de Estado, Aplicación I-2024, puesto que fue
notificado mediante correo electrónico el 16 de febrero del 2024. Además, el artículo
11 del Acuerdo PCSJA24- 12162 del 9 de abril 2024, que disponía que las tarjetas
profesionales de abogado que contenía la denominación «provisional» tendrá
vigencia hasta la publicación final de la prueba aplicada el 26 de mayo de 2024, se
encontraba vigente.
19 (i) todas aquellas personas graduadas del pregrado en Derecho y destinatarias de la Ley 1905 de
2018 a quienes el Consejo Superior de la Judicatura hubiere expedido tarjeta profesional provisional
y que presentaron la solicitud de tarjeta antes de las cero horas (0:00) del 26 de diciembre de 2023,
fecha en la cual dicha entidad abrió las inscripciones para la primera aplicación del Examen de
Estado, y (ii) todas las personas graduadas del pregrado en Derecho y destinatarias de la Ley 1905
de 2018 que presentaron la solicitud de tarjeta profesional antes de las cero horas (0:00) del 26 de
diciembre de 2023, siempre y cuando satisfagan los demás requisitos vigentes para la expedición
de la tarjeta profesional.
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Sin embargo, no consta dentro del trámite constitucional que el señor Francisco
José Mendoza Gutiérrez al llegarle la tarjeta profesional con la anotación de
«provisional» hasta la publicación de los resultados de la primera prueba, hubiera
presentó reclamación ante la entidad accionada, ni tampoco cuando se le suspendió
la vigencia de la misma.
Por otra parte, es necesario precisar que para desvirtuar la presunción de legalidad
de la citada resolución, que daba cumplimiento a lo ordenado en el artículo 11 del
Acuerdo PCSJA24- 12162 de 2024, la parte actora tiene a su alcance el medio de
control de simple nulidad regulado en el artículo 137 de la Ley 1437 del 2011, por
tratarse de actos administrativos de carácter general; y 138 ibidem, nulidad y
restablecimiento del derecho contra el registro de su tarjeta profesional,
mecanismos que resultan idóneos y eficaces para dejar sin efecto la decisión que
ordenaba suspender la vigencia de las tarjetas profesionales de los abogados con
anotación provisional y proteger los derechos fundamentales que considera en
riesgo.
Igualmente, se pone de presente que el actor no acreditó que hubiera acudido ante
la autoridad accionada mediante los mecanismos otorgados por el procedimiento
administrativo, solicitando que se extendiera la vigencia provisional de su tarjeta
profesional como abogado, ni reclamación relacionada con la aplicación de la
Resolución No. URNAR24-158 de 2024 a su situación en particular. En tal sentido,
se advierte que el señor Francisco José Mendoza Gutiérrez puede elevar estas
solicitudes ante la entidad accionada y, contra el pronunciamiento que brinde el
Consejo Superior de la Judicatura, contará con la posibilidad de promover los
mecanismos judiciales respectivos, como por ejemplo el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 de la ley 1437 de
2011. Esto, en caso de que la respuesta otorgada sea desfavorable a sus intereses.
Aunado a lo anterior, es pertinente agregar que, el accionante presentó la prueba
de idoneidad, el 20 de octubre de 2024 y conforme a lo expuesto en la Resolución
URNAR24-228 del 27 de diciembre de 2024 «Por la cual se publican los resultados
del examen de Estado para abogados de la Ley 1905 de 2018 (Aplicación 2024-II)»
se observa en el numeral 3725, que el señor Francisco José Mendoza Gutiérrez
identificado con cédula de ciudadanía 11794539 reprobó el examen, a saber:
En el artículo tercero de la citada resolución, se indica que contra la misma,
únicamente, procede el recurso de reposición de conformidad con el Acuerdo
PCSJA19-11257 de 2019 y el artículo 13 del Acuerdo PCSJA24-12163 de 2024, el
cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación,
en la forma y términos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
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De conformidad con la reiterada jurisprudencia constitucional, la acción de tutela es
procedente, pese a existir otro medio de defensa judicial, cuando el amparo se
interpone para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
Si bien es cierto, el señor Francisco José Mendoza Gutiérrez argumentó que la
suspensión de la tarjeta profesional con anotación de provisional, le impidió
continuar ejerciendo su profesión y poder sostener a su núcleo familiar,
especialmente a su hermano que está en situación de discapacidad. En este asunto,
la Sala no encuentra que se configure tal evento, pues el accionante no aportó
prueba que demostrara que, al momento de interponer el amparo constitucional
estuviera actuando como representante judicial de terceros, ni que fuera la persona
encargada de sustentar a su núcleo familia.
Ahora bien, el accionante argumentó y aportó con el escrito de tutela, una
constancia secretarial del Juzgado Primero de Familia de Quibdó de la sentencia 55
del 10 de agosto de 2023, proceso adjudicación de apoyo con número de radicado
27001311000120230005300, el cual una vez consultado en la página web de la
rama judicial, en la sentencia consta que el señor Francisco José Mendoza
Gutiérrez fue designado como apoyo de su hermano en condición de
discapacidad20, no existe circunstancia que le impida acatar sus obligaciones
legales, puesto que para asumir el cargo cumple con los requisitos que se requiere
como son: persona natural, mayor de edad y su posesión ante el juez que hizo la
designación21.
Además, es relevante mencionar que, en el proceso de adjudicación de apoyo, si
bien es cierto no se puede observar el escrito de la demanda o solicitud, en el
memorial agregado al expediente el 3 de mayo de 2023, suscrito por la Procuradora
Luz Eugenia Hernández Marín, al presentar su concepto favorable con la
designación como persona de apoyo al señor Francisco José Mendoza Gutiérrez,
tuvo en cuenta como hechos que el accionante contaba con otra profesión como
tecnólogo en Minería, así:
20 Índice 02 Aplicativo Samai 8ED_COPIAAUTENTICASENTEN(.pdf) NroActua 2 Consultado en la
página web de la rama judicial, Consulta de procesos nacional unificada se observa demanda de
adjudicación de apoyo bajo radicado No. 27001311000120230005300.
21 Artículo 44 a 47 de la Ley 1996 de 2019 Por medio de la cual se establece el régimen para el
ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad.
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Circunstancia que, permite concluir que al momento del proceso el accionante
contaba con otra fuente de ingreso, su profesión tecnólogo de minería, puesto que,
para esa fecha tampoco se había graduado de abogado.
Dentro del trámite constitucional el accionante no expuso que se encontrara en
alguna situación cuya vulneración de garantías constitucionales sea inminente y
requiera, adopción de medidas de protección transitorias e impostergables, por
tanto, de la intervención excepcional del juez de tutela.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala revocará la sentencia de primera instancia,
para, en su lugar, declarar improcedente la acción constitucional por cuanto no
superó el requisito de subsidiariedad..
III. FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 7 de noviembre de 2024, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Cuarta, para en su lugar DECLARAR
IMPROCEDENTE de la acción de tutela formulada por el señor Francisco José
Mendoza Gutiérrez, por contar con otros mecanismos judiciales.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
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TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de radicación en el siguiente link
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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