Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-05475-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-05475-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2024-05475-01
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
24 de abril de 2025
Demandante: Sandra Marcela Lambraño Pacheco
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Cuarta, Subsección A
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05475-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Veinticuatro (24) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05475-01
Demandante: SANDRA MARCELA LAMBRAÑO PACHECO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN CUARTA, SUBSECCIÓN A
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial. Revoca para
declarar la improcedencia por falta de relevancia
constitucional
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La sala decide la impugnación instaurada por la parte vinculada contra la
sentencia del 14 de febrero de 2025, a través de la cual la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado accedió al amparo solicitado y, en
consecuencia, dispuso lo siguiente:
SEGUNDO: En consecuencia, DÉJASE SIN EFECTO la providencia del 10 de
septiembre de 2024 proferida por la Subsección A de la sección Cuarta del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-37-040-2023-00102-
00/01.
TERCERO: ORDÉNASE a la Subsección A de la sección Cuarta del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca que, dentro de los diez (10) días siguientes a
la notificación de esta sentencia, profiera una providencia de reemplazo en la
que analice los requisitos de admisibilidad del dictamen pericial en su
integridad.
…
I. ANTECEDENTES
1.1. La petición de amparo
Mediante escrito presentado el 10 de octubre de 2024, la señora Sandra
Marcela Lambraño Pacheco presentó la acción de tutela contra el Juzgado
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Demandante: Sandra Marcela Lambraño Pacheco
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Cuarta, Subsección A
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05475-01
Cuarenta Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y la Subsección A de la
Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y
de acceso a la administración de justicia.
La parte actora consideró vulneradas dichas garantías constitucionales con
ocasión de las providencias del 12 de agosto y del 10 de septiembre de 2024,
mediante las cuales se negó el decreto de un dictamen de auditoría contable y
tributaria y, se confirmó el proveído inicial, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-37-040-2023-00102-00/01,
formulado por la actora en contra de la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN).
1.2. Pretensiones
En consecuencia, la parte actora pretende:
1. Se tutelen a la suscrita SANDRA MARCELA LAMBRAÑO PACHECO, los
derechos a un DEBIDO PROCESO, IGUALDAD y ACCESO A LA
ADMINISTRACION DE JUSTICIA, vulnerados por el JUZGADO CUARENTA
ADMNISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C., dentro
del Proceso de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECH con
Radicado: N° 11001-33-37-040-2023-00102-0 y EL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCION CUARTA,
MAGISTRADA PONENTE: AMPARO NAVARRO LÓPEZ, Radicado: N°
11001-33-37-040-2023-00102-01.
2. Como consecuencia de la anterior decisión de Tutela, se REVOQUE el
AUTO de FECHA 12 DE AGOSTO DE 2024, proferida por el JUZGADO
CUARENTA ADMNISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE BOGOTA
D.C. y el AUTO de FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 que confirmo la
decisión, proferido por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA, SECCION CUARTA, MAGISTRADA PONENTE:
AMPARO NAVARRO LÓPEZ, Radicado: N° 11001-33-37-040-2023-00102-01
3. Por lo anterior, se ordene la INCORPORACION del dictamen pericial de
fecha 22 de febrero de 2023, realizado por el Dr. PABLO SEGUNDO
ROMERO MARTINEZ.
1.3. Hechos
Sostuvo que, mediante Resolución 90001 del 29 de mayo de 2012, la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN sancionó a la accionante porque
encontró que esta se prestó como proveedora ficticia de la sociedad
Agroganadería S.A.S., y simuló operaciones inexistentes con dicha sociedad.
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Mencionó que, posteriormente, a través de la Resolución 15291026550871 del
25 de octubre de 2022, la DIAN suspendió el Registro Único Tributario (RUT) de
la actora con fundamento en la aludida resolución.
Añadió que el 15 de noviembre de 2022, la actora presentó una solicitud ante la
Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria de la DIAN para que se
retirara su nombre de la lista de proveedores ficticios, con fundamento en el
artículo 671 del Estatuto Tributario que establece que dicha anotación podrá ser
levantada luego de transcurridos cinco (5) años, la cual fue negada mediante
oficio 100169410-01019.
Precisó que, en abril de 2023 promovió un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la DIAN para que se declarara la nulidad de
la Resolución 15291026550871 y el oficio 100169410-01019. Así mismo,
solicitó que se levantara la suspensión de su RUT y se le eliminara de la lista de
proveedores ficticios.
Refirió que, en el trámite de la audiencia inicial, el Juzgado Cuarenta
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, mediante auto del 12 de agosto
de 2024, negó la incorporación del dictamen de auditoría contable y tributaria
que allegó la accionante junto con su demanda ordinaria. Esto, pues consideró
que esa prueba era impertinente e inconducente, ya que el profesional que la
realizó llevó a cabo un análisis de derecho que no le correspondía.
Señaló que interpuso recurso de apelación contra esa decisión pues, a su juicio,
la prueba era pertinente, conducente y útil para el proceso, dado que “relaciona
los términos en materia tributaria respecto a las sanciones que no deben versar
más allá del término y por lo cual es pertinente también demostrar las
afectaciones y los daños que se materializaron con esta decisión”.
Indicó que, en providencia del 10 de septiembre de 2024, la Subsección A de la
Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la
decisión de primera instancia, pues el perito contable arribó a la conclusión de
que la DIAN infringió el artículo 671 del Estatuto Tributario al mantener a la
accionante como proveedora ficticia pasados los cinco (5) años, de manera que
efectuó apreciaciones propias del juez; por tal motivo, dicha autoridad judicial
sostuvo que la prueba era inconducente.
De la revisión del aplicativo Samai, se observa que la anterior providencia se
notificó por estado del 11 del mismo mes y año en que se profirió y su
notificación también se envió vía electrónica en la misma fecha.
1.4. Sustento de la petición
La parte actora sostuvo que las providencias emitidas por las autoridades
judiciales accionadas incurrieron en defecto fáctico, porque realizaron una
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indebida valoración probatoria del dictamen de auditoría contable y tributaria
respecto del cual se negó su incorporación al expediente.
Expuso que, en relación con este defecto, la Corte Constitucional en la
sentencia T-1065 de 2006 ha señalado que se presenta cuando resulta
evidente que se omitió decretar pruebas que eran necesarias, en el evento en
que no se aprecia el acervo probatorio o el mismo se valora inadecuadamente o
en aquellas decisiones que se basan en una prueba obtenida ilícitamente.
Indicó que se realizó una mala valoración del contenido de la prueba, llevándola
a omitir un dictamen pericial que es fundamental para el proceso, ya que dicho
medio de prueba es conducente, pertinente y útil para el proceso, pues con él
pretendía demostrar los perjuicios económicos que sufrió con ocasión de la
decisión de la DIAN de negar su levantamiento del RUT y de no eliminarla de la
lista de proveedores ficticios una vez transcurridos los cinco (5) años.
Mencionó que el dictamen contiene valoraciones sobre el artículo 671 del
Estatuto Tributario porque la controversia se deriva de este fundamento, en
atención a que la DIAN impuso una sanción que sigue transcurriendo en el
tiempo, ocasionado así unos perjuicios económicos.
1.5. Trámite en primera instancia
Mediante auto del 16 de octubre de 2024, se admitió la solicitud de amparo y,
en consecuencia, se ordenó la notificación de las autoridades demandadas y, a
su vez, se vinculó como tercero a la DIAN.
1.6. Contestaciones
1.6.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A
Esta autoridad judicial solicitó declarar la improcedencia de la acción, puesto
que la accionante pretende reabrir el debate sobre el decreto del dictamen
pericial, pese a que ese asunto ya fue zanjado por el juez natural de la causa.
Indicó que la acción de tutela no puede dar lugar a una instancia adicional al
proceso ordinario.
1.6.2. Juzgado Cuarenta Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
Esta autoridad judicial solicitó negar el amparo, puesto que su decisión se
fundamentó en una valoración probatoria adecuada del dictamen pericial,
respecto del cual consideró que no cumplía con los criterios legales para ser
incorporado al expediente porque en él se realizaron apreciaciones jurídicas.
Cuestionó que la actora utilizara la acción de tutela como una tercera instancia.
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1.6.3. DIAN
Esta vinculada solicitó que se declare la improcedencia de la acción, pues la
parte actora no cumplió con la carga argumentativa necesaria para demostrar la
configuración del defecto fáctico.
1.7. Fallo impugnado
Mediante sentencia del 14 de febrero de 2025, la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado accedió al amparo solicitado y, en
consecuencia, dejó sin efecto la providencia del 10 de septiembre de 2024
proferida por la Subsección A de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 11001-33-37-040-2023-00102-00/01.
Por lo anterior, ordenó a la autoridad judicial que, dentro de los diez (10) días
siguientes a la notificación de la sentencia, profiriera una providencia de
reemplazo en la que analizara los requisitos de admisibilidad del dictamen
pericial en su integridad.
Como motivación de la decisión anterior, el a quo sostuvo que se cumplían los
requisitos generales de procedencia, así:
…i) la accionante indicó de manera clara los hechos y las razones en que se
fundamenta la acción; ii) el asunto es de evidente relevancia constitucional
porque se afirma la vulneración de los derechos fundamentales al debido
proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia, y es posible
identificar el vicio o defecto en el que habría incurrido la providencia acusada
(fáctico). Además, los argumentos expuestos por la accionante en sede de
tutela son distintos a los que fueron abordados y resueltos dentro del proceso
ordinario; iii) se encuentra cumplido el requisito de subsidiariedad porque la
accionante utilizó todos los mecanismos judiciales a su alcance para obtener
la protección de sus derechos fundamentales; iv) la solicitud se presentó en
un término prudencial (inmediatez), puesto que la decisión de segunda
instancia se notificó el 11 de septiembre de 2024, y la tutela se presentó el 10
de octubre de 2024, es decir, dentro del término de los seis meses precisado
tanto por esta corporación…como por la Corte Constitucional… y v) no se
trata de una decisión proferida en sede de tutela.
A su vez, señaló que solo se pronunciaría respecto de la providencia de
segunda instancia demandada pues fue la que le puso fin a la controversia
relacionada con el decreto de la prueba pericial.
Indicó que, efectuada la revisión del dictamen de auditoría contable y tributaria,
si bien es claro que el perito ―quien es contador público y abogado― sí se
pronunció sobre asuntos de derecho – lo cual no es admisible por el artículo
226 del CGP-, lo cierto es que en el dictamen también se hizo una tasación de
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los perjuicios económicos que sufrió la accionante por la presunta omisión de la
DIAN de eliminar su nombre del listado de proveedores ficticios cuando ya
había fenecido el término de los cinco (5) años de que trata el artículo 671 del
Estatuto Tributario.
Evidenció que con el dictamen pericial también se pretendieron acreditar los
presuntos perjuicios que sufrió la actora con ocasión de la decisión de la DIAN,
y dicho medio de prueba en esa etapa judicial podía decretarse e incorporarse
al proceso, pues en la etapa de valoración de la prueba las autoridades
judiciales podrían apreciar y desechar lo que correspondiera.
Consideró que el hecho de que se hubiese mantenido la negativa de incorporar
el dictamen pericial al expediente, sin advertir que en él no solamente se
tocaron puntos de derecho, sino que también se refirieron aspectos
relacionados con la tasación de perjuicios, conllevó una vulneración del derecho
fundamental al debido proceso y defensa de la accionante.
1.8. Impugnación
Mediante escrito enviado el 4 de marzo de 2025, el subdirector de
Representación Externa (e) de la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN) impugnó el fallo de primera instancia1 por los siguientes
motivos:
Solicitó que se revoque el fallo impugnado y que en su lugar se declare
improcedente la acción de tutela por no cumplirse con los requisitos
establecidos para la procedencia de la acción contra providencia judicial,
específicamente el de relevancia constitucional.
Precisó que la providencia del 10 de septiembre de 2024 no incurrió en un
defecto fáctico, por lo que no existe vulneración alguna sobre los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante.
Señaló que no se cumple con la relevancia constitucional porque la actora no
cumplió con la carga argumentativa necesaria al reiterar los argumentos que
había presentado en el recurso de apelación interpuesto en el proceso
ordinario, lo cual conlleva que la acción sea utilizada como instancia adicional,
desconociéndose así la naturaleza propia de esta vía constitucional.
Frente a dicho presupuesto hizo referencia a la sentencia SU 573 de 2019 de la
Corte Constitucional.
Manifestó que la parte accionante pretende utilizar esta acción para discutir
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Notificado el 27 de febrero de 2025.
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asuntos meramente legales que ya fueron objeto de debate del juez ordinario, lo
que resulta improcedente.
Agregó que no existe un defecto fáctico debido a que la decisión adoptada por
las autoridades judiciales estuvo ajustada con lo señalado por la Ley. En
relación con dicho punto, hizo referencia al contenido de las providencias
dictadas en ambas instancias.
Destacó que nunca hubo configuración de este yerro debido a que, tal como fue
determinado por las autoridades judiciales, la prueba no es conducente.
Señaló que esta situación evidencia que la intención de la parte accionante es
reabrir una discusión que ya fue dirimida en sede ordinaria y utilizar la acción de
tutela como una tercera instancia, situación que torna improcedente la acción
de tutela debido a que la actora pretende inmiscuirse en la competencia e
independencia de los jueces ordinarios.
Precisó que, dentro de las circunstancias alegadas por la parte accionante no
se logra establecer algún tipo de vulneración al debido proceso u otro derecho
fundamental, puesto que, el actuar de la autoridad judicial estuvo ajustado a
derecho y fue realizado de manera motivada.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
La sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra la
sentencia de primera instancia, en atención a lo consagrado por el Decreto
2591 de 19912, el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por
el Decreto 333 de 2021, así como por el artículo 25 del Acuerdo 080 de 2019,
de la Sala Plena de esta corporación.
2.2. Problema jurídico
De conformidad con los antecedentes, corresponde a la sala determinar si hay
lugar a confirmar, revocar o modificar la providencia de primera instancia
conforme a lo planteado por la parte impugnante.
Por tanto, en el evento de superarse los requisitos generales de procedencia,
se analizará si no se vulneraron los derechos fundamentales de la parte actora
con la providencia del 10 de septiembre de 2024, que confirmó el auto de
primera instancia que negó el decreto de un dictamen de auditoría contable y
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Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política.
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tributaria, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 11001-33-37-040-2023-00102-00/01, formulado por la actora en contra
de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
2.3. Caso concreto
La señora Sandra Marcela Lambraño Pacheco presentó la acción de tutela
contra la Subsección A de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, los
cuales consideró vulnerados con ocasión de la providencia del 10 de
septiembre de 2024, que confirmó el auto de primera instancia que negó el
decreto de un dictamen de auditoría contable y tributaria, dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-37-040-2023-
00102-00/01, formulado por la actora en contra de la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (DIAN).
Para tal efecto, invocó la configuración de un defecto fáctico porque, a su juicio,
se realizó una indebida valoración probatoria del dictamen de auditoría contable
y tributaria respecto del cual se negó su incorporación al expediente, que
conllevó la omisión de dicho medio de prueba, pese a que es conducente,
pertinente y útil para el proceso.
Esto, en atención a que, si bien dicho dictamen incluyó asuntos de derecho
sobre el artículo 671 del Estatuto Tributario, pretendía también demostrar los
perjuicios económicos que sufrió con ocasión de la decisión de la DIAN de
negar su levantamiento del RUT y de no eliminarla de la lista de proveedores
ficticios una vez transcurridos los cinco (5) años.
El a quo accedió al amparo solicitado al considerar que se vulneraron los
derechos fundamentales al debido proceso y defensa de la accionante, puesto
que, con la providencia acusada, se mantuvo la negativa de incorporar el
dictamen pericial al expediente sin advertir que en él no solamente se tocaron
puntos de derecho, sino que también se refirieron aspectos relacionados con la
tasación de perjuicios.
La DIAN impugnó esta decisión al afirmar que no se acreditó el requisito de la
relevancia constitucional, en tanto que la parte actora no cumplió con la carga
argumentativa necesaria, ya que reiteró los argumentos de su recurso de
apelación, lo que conlleva que pretenda utilizar la acción de tutela como una
instancia adicional y reabrir el debate del juez natural. Agregó que tampoco se
configuró el defecto fáctico alegado porque, como fue determinado en la
providencia demandada, la prueba no es conducente.
Para resolver, se considera:
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Una vez revisado el contenido de la impugnación presentada se encuentra que,
si bien el a quo sostuvo que se cumplía el presupuesto de la relevancia
constitucional, lo cierto es que no acredita el mencionado requisito por lo
siguientes motivos:
En primera instancia, se consideró que la parte accionante logró acreditar dicho
presupuesto porque “…se afirma la vulneración de los derechos fundamentales
al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia, y es posible
identificar el vicio o defecto en el que habría incurrido la providencia acusada
(fáctico). Además, los argumentos expuestos por la accionante en sede de
tutela son distintos a los que fueron abordados y resueltos dentro del proceso
ordinario…”.
Sin embargo, para establecer si un asunto cuenta con relevancia constitucional
no basta con hacer la simple indicación de su cumplimiento como lo señaló el
juez constitucional de primer grado, pues como presupuesto general de la
acción de tutela “…supone justificar razonablemente la existencia de una
restricción prima facie desproporcionada a un derecho fundamental, que no es
lo mismo que una simple relación con aquel…”3. De igual manera, se precisa
que dicho requisito tiene tres finalidades, a saber:
… (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional4 y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad5; (ii) restringir el ejercicio
de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los
derechos fundamentales6 y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se
convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de
los jueces7.
Por tanto, en la controversia que se plantea en el marco de una acción de tutela
debe advertirse su trascendencia constitucional pues, de lo contrario, el juez
constitucional tendría que inmiscuirse en cuestiones que desbordan su
competencia y podrían desnaturalizar el carácter excepcional y especial de la
solicitud de amparo.
Así, se observa que, en relación con la presunta configuración del defecto
fáctico, tal planteamiento no cumple con la carga argumentativa necesaria para
dar por superado el presupuesto de la relevancia constitucional, en atención a
que lo planteado por la accionante corresponde a una reiteración del recurso de
apelación que formuló en el trámite del proceso ordinario.
3
Sentencia SU573 de 2019.
4
“Sentencia C-590 de 2005.”
5
“Al respecto, ver las sentencias T-335 de 2000, T-1044 de 2007, T-658 de 2008...”.
6
“Sentencia C-590 de 2005.”
7
“Sentencia T-102 de 2006.”
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Adicionalmente, se advierte que no basta con indicar que durante el trámite
procesal se valoró indebidamente una prueba como lo fue el dictamen pericial,
puesto que dicha apreciación o estimación probatoria se efectúa al momento de
decidir de fondo la controversia ordinaria. Cuestión distinta es que se niegue el
decreto de la prueba en mención, esto sí, por no cumplir con el requisito de la
conducencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 218 y 219 del
CPACA8 y el artículo 226 del CGP9.
Por lo que, para la Sala, no resultan constitucionalmente relevantes los
reproches que expuso la parte actora en relación con la presunta configuración
del aludido defecto fáctico, puesto que, más allá de tratarse de una posible
indebida valoración del dictamen pericial (como lo plantea la accionante), lo que
ocurrió fue que la prueba no fue admitida por no cumplir con los requisitos de
ley para que fuera decretada.
En efecto, en la providencia de segunda instancia cuestionada se indicó que
“…que no son admisibles los dictámenes periciales que versen sobre puntos de
derecho, pues es al Juez a quien le corresponde resolver sobre los puntos de
derecho que se presentan en la demanda y su contestación…”.
Para ello, el tribunal demandado hizo referencia del contenido de la mencionada
prueba pericial para, con ello, establecer que en este se efectuó un análisis
jurídico tendiente a concluir que la DIAN vulneró el artículo 671 del Estatuto
Tributario, lo cual correspondía a valoraciones que debe realizar el juez en la
sentencia que resuelva el fondo de este asunto y no al perito.
8
ARTÍCULO 218. PRUEBA PERICIAL. <Artículo modificado por el artículo 54 de la Ley 2080 de
2021. El nuevo texto es el siguiente:> La prueba pericial se regirá por las normas establecidas
en este código, y en lo no previsto por las normas del Código General del Proceso.
Las partes podrán aportar el dictamen pericial o solicitar al juez que lo decrete en las
oportunidades establecidas en este código.
El dictamen pericial también podrá ser decretado de oficio por el juez.
Cuando el dictamen sea aportado por las partes o decretado de oficio, la contradicción y
práctica se regirá por las normas del Código General del Proceso”.
“ARTÍCULO 219. PRÁCTICA Y CONTRADICCIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL SOLICITADO
POR LAS PARTES. <Artículo modificado por el artículo 55 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo
texto es el siguiente:> Cuando el dictamen pericial sea solicitado por las partes, su práctica y
contradicción, en lo no previsto en esta ley, se regulará por las normas del dictamen pericial
decretado de oficio del Código General del Proceso.
…
9
ARTÍCULO 226. PROCEDENCIA. La prueba pericial es procedente para verificar hechos que
interesen al proceso y requieran especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos.
Sobre un mismo hecho o materia cada sujeto procesal solo podrá presentar un dictamen
pericial. Todo dictamen se rendirá por un perito.
No serán admisibles los dictámenes periciales que versen sobre puntos de derecho, sin
perjuicio de lo dispuesto en los artículos 177 y 179 para la prueba de la ley y de la costumbre
extranjera. Sin embargo, las partes podrán asesorarse de abogados, cuyos conceptos serán
tenidos en cuenta por el juez como alegaciones de ellas.
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Demandante: Sandra Marcela Lambraño Pacheco
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Cuarta, Subsección A
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05475-01
A su vez, se encuentra que la parte actora tampoco explicó el motivo por el cual
la referida prueba pericial sí resultaba conducente, es decir, por qué dicho
medio probatorio era adecuado para demostrar el hecho aludido a pesar de
pronunciarse de manera indebida sobre asuntos de derecho en cuanto a la
aplicación del artículo 671 del Estatuto Tributario.
Al respecto, debe recordarse que la prueba judicial es un medio procesal que
permite llevar al juez el convencimiento de los hechos que son materia u objeto
del proceso y, por ende, le permite tomar una decisión fundada en una
determinada realidad fáctica.
De manera que, un desacuerdo en relación con las conclusiones a las que
arribó la autoridad judicial de la causa, no puede ser razón para que el juez
constitucional intervenga en la protección de los derechos fundamentales,
puesto que, aceptar lo contrario, sería invadir la órbita del competente natural.
Por tanto, este juez constitucional no puede atribuirse las facultades del
funcionario judicial de instancia, lo cual está prohibido, en tanto que implicaría
un menoscabo de los principios de autonomía judicial y de juez natural; además
porque la acción de tutela no es un “juicio de corrección” de la estimación o
valoración probatoria que compete al juez natural.
Así las cosas, para el caso concreto, no es evidente la tensión entre derechos
fundamentales en contraste con lo decidido por la autoridad judicial
demandada, que amerite la intervención del juez constitucional, en tanto que, la
acción de tutela no se encuentra instituida para resolver asuntos de tal
naturaleza legal.
En consecuencia, se revocará el fallo de tutela impugnado para declarar la
improcedencia de la acción de tutela por no cumplir el requisito de la relevancia
constitucional.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: Revócase la sentencia del 14 de febrero de 2025, a través de la
cual la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado accedió
al amparo solicitado, para en su lugar, declarar la improcedencia de la
acción de tutela por no cumplir el requisito de la relevancia constitucional.
SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los terceros en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
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Demandante: Sandra Marcela Lambraño Pacheco
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Cuarta, Subsección A
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TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
Salva voto
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
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