Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-05500-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-05500-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2024-05500-01
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
13 de febrero de 2025
Demandante: Juliana María Moreno Leguízamo.
Demandados: Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión No. 6 y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05500-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá D.C., trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05500-01
Demandante: JULIANA MARÍA MORENO LEGUÍZAMO
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR – SALA DE
DECISIÓN No. 6, DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS
NACIONALES – DIAN, Y CNSC.
Tema: Tutela contra providencia de la misma naturaleza.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte accionante contra
la sentencia proferida el 14 de noviembre de 2024 por el Consejo de Estado,
Sección Primera.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo1
La señora Juliana María Moreno Leguizamo, actuando en nombre propio, inició
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión No.
6, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – en adelante DIAN, y la
Comisión Nacional del Servicio Civil – en adelante CNSC2, en la que pretende el
amparo de sus derechos fundamentales de acceso a cargos públicos, al debido
proceso, a la defensa, y al trabajo, en consonancia con el principio de confianza
legítima.
Lo anterior, con ocasión de las providencias proferidas por la autoridad judicial
accionada el 13 de septiembre y 2 de octubre de 2024, dentro de la acción de tutela
con radicado 13001-33-33-016-2024-00091-00/01, y el Oficio No. 100151185-2877
del 20 de septiembre de 2024 expedido por la DIAN.
1.2. Pretensiones
Con base en lo expuesto, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
1 Índice 002 de Samai.
2 La cual fue radicada el 11 de octubre de 2024- Índice 001 de Samai.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
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Demandante: Juliana María Moreno Leguízamo.
Demandados: Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión No. 6 y otros
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[…] 2. SE ORDENE al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLIVAR, limitar la
decisión del fallo de tutela de segunda instancia a efectos inter partes, de modo que
de forma expresa la orden de realizar una nueva audiencia de escogencia de
vacantes se limite única y exclusivamente al accionante Rafael Ignacio Bermúdez
Torres, o en su defecto se deje sin efectos el fallo proferido por dicha autoridad
judicial. En subsidio de esta que se ordene incluir la ciudad de Sogamoso en la nueva
audiencia de escogencia de vacantes.
3. SE ORDENE a la DIAN mantener incólume y válida la escogencia de la ubicación
geográfica de la vacante que realice en la audiencia pública llevada a cabo del 04 al
06 de junio de 2024, en la que libremente escogí la ciudad de Sogamoso y que
conforme a los resultados de dicha audiencia, esta fue la ciudad asignada a la
suscrita.
4. Se mantenga incólume y valido mi nombramiento en periodo de prueba en el
empleo GESTOR I, identificado con la OPEC 198333 en la Dirección Seccional de
Impuestos y Aduanas de Sogamoso-Despacho.
5. Se ordene a la DIAN adelantar las gestiones para posesionarme en el empleo
GESTOR I en la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Sogamoso-
Despacho, teniendo en cuenta que, acepte el nombramiento en periodo de prueba
realizado a través de la Resolución 000139 de 15 de agosto de 2024 (acto
administrativo en firme, que surte efectos jurídicos y es de obligatorio cumplimiento),
y considerando el término de la prórroga que ya había solicitado para tomar
posesión del empleo3.
1.3. Hechos
La señora Juliana María Moreno Leguizamo, se inscribió a la Convocatoria DIAN
2022, cuyo proceso de selección fue adelantado por la CNSC, en el empleo de nivel
profesional, denominación Gestor I, Código 301, Grado 1, No. OPEC 198333,
superando las respectivas etapas del proceso de selección, esto es la verificación
de requisitos mínimos, la presentación de las pruebas, y la realización de los
exámenes médicos.
A través de la Resolución 2024RES-400.300.24-039676, se conformó y adoptó la
lista de elegibles para proveer catorce vacantes definitivas del empleo denominado
GESTOR I, Código 301, Grado 1, identificado con el Código OPEC No. 198333, del
Nivel Profesional de la planta de personal de la DIAN, la cual cobró firmeza el 15 de
mayo de 2024, y en la que según se evidencia ocupó el segundo lugar.
Las vacantes inicialmente ofertadas se ubicaban geográficamente en las ciudades
de Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Valledupar, Riohacha, Medellín, Ipiales,
Cali, Buenaventura, o Bogotá D.C., mismas que con posterioridad fueron
modificadas mediante aviso del 13 de febrero de 2024 publicado en la página web
de la Comisión Nacional del Servicio Civil, conforme se ilustra a continuación:
3 Transcripción literal con posibles errores.
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Afirmó que, estando en firme la lista de elegibles, la DIAN la citó a la audiencia de
escogencia de vacante, la cual se llevó a cabo del 4 al 6 de junio de 2024 de manera
virtual, seleccionando como primera opción el municipio de Sogamoso, y de
segunda el municipio de Yopal.
Mediante Resolución 000139 del 15 de agosto de 2024, fue nombrada en periodo
de prueba en el empleo denominado GESTOR I, ubicado en la Dirección Seccional
de Impuestos y Aduanas de Sogamoso, acto administrativo que le fue comunicado
el 20 de agosto de la misma anualidad.
El 2 de septiembre de 2024 aceptó el nombramiento en el respectivo cargo y solicitó
prórroga para posesionarse el 2 de diciembre de la misma anualidad, habida cuenta
que su lugar de residencia era en la ciudad de Bucaramanga.
Indicó que, el señor Rafael Ignacio Bermúdez Torres, quien ocupó la tercera
posición dentro del proceso de selección para el empleo Gestor I, Código 301,
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Grado 1, interpuso acción de tutela contra la DIAN y la CNSC solicitando el amparo
de sus derechos fundamentales, y como consecuencia de ello, se ordenara a la
DIAN realizar nuevamente la audiencia de escogencia de vacantes de la OPEC
198333, teniendo en cuenta para el efecto las ciudades inicialmente ofertadas.
La acción de tutela mencionada correspondió por reparto al Juzgado Décimo Sexto
Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena que, mediante sentencia del 2 de
agosto de 2024, aclarada a través de auto del 30 de agosto de la misma anualidad
resolvió:
Como fundamento, el citado Despacho precisó que, modificar de manera arbitraria
la ubicación geográfica de los empleos a proveer a través de la convocatoria DIAN
2022, cambia sustancialmente las aspiraciones de los integrantes de la OPEC
198333, toda vez que no es dable considerar irrelevante el lugar en el que un
concursante prestará sus servicios si supera el respectivo proceso de selección.
La anterior decisión fue impugnada por el accionante y por la DIAN. Recursos
resueltos por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión No. 6, mediante
fallo del 13 de septiembre de 2024, en el que decidió:
4
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Ello, al considerar que, al haberse cambiado por parte de la DIAN las ubicaciones
geográficas de las plazas a proveer, varió las reglas de la convocatoria de manera
injustificada lo cual provocó que quienes aspiraron a alguna de las vacantes que se
suprimieron en el desarrollo del concurso, se afectaran en relación con su proyecto
de vida profesional y personal, que se pretendía desarrollar en alguna de aquellas
ubicaciones geográficas.
Mediante memorial radicado el 23 de septiembre de 2024, la accionante solicitó
aclaración de la sentencia cuestionada, en razón a que en la parte considerativa se
indicó que la orden emitida en la acción de tutela promovida por el señor Rafael
Ignacio Bermúdez Torres, recaía única y exclusivamente respecto de éste, sin
embargo, en el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia de segunda
instancia, se ordenó a la DIAN realizar una nueva audiencia de escogencia de
vacante con las ubicaciones geográficas ofertadas de manera inicial; situación que
se extendió a los demás elegibles a quienes se les conminó a realizar una nueva
audiencia.
La anterior solicitud, fue resuelta por la entidad mediante auto del 2 de octubre de
2024 en el sentido de negar la aclaración.
En cumplimiento del fallo de tutela referido se expidió el Oficio No. 100151185-2877
del 20 de septiembre de 2024, dictado por el Subdirector de Gestión del Empleo
Público de la DIAN en el que se le, informó a la accionante que los términos de
aceptación de nombramiento y toma de posesión de los elegibles de la OPEC
198333 nombrados mediante la Resolución No. 000139 de 15 de agosto de 2024,
se suspenderían hasta tanto «no se agote la etapa de audiencia pública para la
escogencia de vacante de un empleo ofertado con vacantes localizadas en
diferentes ubicaciones geográficas»
Finalmente, indicó que mediante Oficio No. 100151185-3078 del 3 de octubre de
2024, la DIAN le comunicó vía correo electrónico una nueva citación de audiencia
para escoger las vacantes ofertadas conforme a la ubicación geográfica y la
modificación realizada, la cual se realizaría de manera virtual entre el 30 de octubre
y el 1º de noviembre de 2024.
A juicio de la accionante, la anterior situación le impide que pueda escoger de nuevo
la ciudad de Sogamoso, ya que, esta ciudad no se encontraba enlistada dentro de
las iniciales y al obligarla a realizar otra audiencia de escogencia de vacante le
causa un perjuicio irremediable, además de desconocer el acto administrativo
mediante el cual fue nombrada en el empleo Gestor I en la Dirección Seccional de
Impuestos y Aduanas de Sogamoso (Resolución No. 000139 de 15 de agosto de
2024).
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1.4. Fundamentos de la vulneración
La accionante señaló que, la sentencia proferida por el Tribunal accionado vulnera
sus derechos fundamentales al debido proceso, trabajo, confianza legítima, acceso
a cargos públicos, en razón a que, obliga a la entidad a que realice una nueva
audiencia de escogencia de vacantes, sin tener en cuenta que, ya se había surtido
una audiencia para tal fin, hecho que puso de presente en su escrito de intervención
al interior de la acción de tutela iniciada por el señor Rafael Ignacio Bermúdez , y en
el que solicitó que la decisión que se adoptara no le ocasionara un perjuicio y se
respetara la escogencia de la vacante que ya había efectuado.
Refirió que, con ocasión a la orden impartida en el fallo de tutela de segunda
instancia, la DIAN suspendió los términos de aceptación de nombramiento y
posesión de los elegibles de la OPEC 198333 nombrados mediante la Resolución
No. 000139 del 15 de agosto de 2024 lo que, en su sentir, vulnera su derecho
fundamental al debido proceso, ya que, a través del Oficio No. 100151185-2877 del
fecha 20 de septiembre 2024, se desconoció que la vacante que eligió se
encontraba ubicada en la ciudad de Sogamoso.
Aseveró que la Resolución No. 000139 de 15 de agosto de 2024, a través de la cual
fue nombrada en periodo de prueba en el empleo denominado GESTOR I, ubicado
en la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas del municipio de Sogamoso, es
un acto administrativo que se presume legal y conforme al artículo 238 de la Carta
Política, solamente la Jurisdicción Contencioso Administrativa podrá suspender sus
efectos.
Indicó que en la nueva audiencia de escogencia ya no puede optar por la ciudad de
Sogamoso, pues esta fue eliminada al no estar ofertada inicialmente.
Refirió que en su caso particular se configura un perjuicio irremediable, pues como
consecuencia de la orden proferida en el fallo de tutela de segunda instancia de
realizar nuevamente la audiencia de escogencia de vacantes con las establecidas
inicialmente, la DIAN suspendió los términos de aceptación de nombramiento y toma
de posesión en el empleo para el cual fue nombrada en la Dirección Seccional de
Impuestos y Aduanas de Sogamoso.
Así mismo, señaló que, en virtud de la referida orden, se dejó sin efectos el acto a
través del cual se efectuó su nombramiento en el empleo denominado GESTOR I,
OPEC 19833, lo cual le genera un riesgo inminente, que trasgrede además sus
derechos fundamentales al debido proceso, y de defensa, como quiera que no se le
otorgó la posibilidad de ser escuchada.
Aseveró que la Resolución No. 000139 de 15 de agosto de 2024, solo puede ser
suspendida o anulada por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo,
evidenciándose así la vulneración a su derecho fundamental al trabajo y de acceso
6
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a cargos públicos, al haber superado de manera satisfactoria todas las etapas del
concurso de méritos.,
Precisó que en su caso, se evidencia la configuración de los elementos del perjuicio
irremediable: i) inminencia, en tanto que la DIAN ya está dando cumplimiento a la
orden del fallo reprochado, a tal punto que la nueva audiencia a la que fue citada,
se llevó a cabo entre el 30 de octubre y el 1º de noviembre de 2024; existiendo una
fecha cierta y próxima a suceder, ii) es grave al dejar sin efectos de manera arbitraria
e injustificada el acto administrativo por medio del cual se nombró en el respectivo
empleo, y iii) se requieren medidas urgentes e impostergables, al estimar que no
cuenta con mecanismos de defensa diferentes a la presente acción, que es la única
herramienta para solicitar la adopción de medidas urgentes para la protección de
sus derechos.
Adujo que, a pesar de haber intervenido en la acción de tutela anterior y en la que
solicitó al Despacho que la decisión que se adoptara no le fuera desfavorable, ni
tampoco se le generara algún tipo de perjuicio o afectación a sus derechos,
respetando en todo caso la escogencia de la vacante que de manera previa había
realizado, el tribunal accionado omitió tener en cuenta tales argumentos
1.5. Trámite de la acción de tutela
Mediante providencia de 22 de octubre de 2024, el magistrado ponente admitió la
acción de tutela y ordenó notificar como accionados al Tribunal Administrativo de
Bolívar4, a la Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC5, y a la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN6, para que, si lo consideraban del caso,
intervinieran en el presente trámite tutelar.
Asimismo, dispuso la vinculación, como terceros con interés jurídico en el resultado
del proceso, a los señores Rafael Ignacio Bermúdez Torres7, Juan Carlos Villarreal
Morales8, Humberto Mariño Prada9, Luisa Fernanda Medina Pacheco10, Carolina
Duque Cardozo11, Ligia María Burgos Figueroa12, Beatriz Rodríguez Villabona13,
Juan Sebastián Aguillón Jiménez14, Jaider Losada Salgado15, María Fernanda
4 Notificación realizada a los correos electrónicos: stadcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co;
sgtadminbol@notificacionesrj.gov.co; Índice 7 Samai.
5 Notificación realizada al correo electrónico:notificacionesjudiciales@cnsc.gov.co; Índice 7 Samai.
6 Notificación realizada a los correos electrónicos: notificacionesjudicialesdian@dian.gov.co; Índice
7 - Samai.
7 Notificación realizada al correo electrónico: rafber20@hotmail.com; Índice 11 - Samai.
8 Notificación realizada al correo electrónico: juancarlosvm19935@gmail.com; Índice 11 - Samai.
9 Notificación realizada al correo electrónico: betokms@hotmail.com; Índice 11 - Samai.
10 Notificación realizada al correo electrónico: luisafda421@gmail.com; Índice 11 - Samai.
11 Notificación realizada al correo electrónico: carolinaduque06@gmail.com; Índice 11 - Samai.
12 Notificación realizada al correo electrónico: mariaburgosf@gmail.com; Índice 11 - Samai.
13 Notificación realizada al correo electrónico: betyrv@gmail.com; Índice 11 - Samai.
14 Notificación realizada al correo electrónico: sebas_agj@hotmail.com; Índice 11 - Samai.
15 Notificación realizada al correo electrónico: : jaiderl0317@gmail.com; Índice 11 - Samai.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
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Demandante: Juliana María Moreno Leguízamo.
Demandados: Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión No. 6 y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05500-01
Campo Ospina16, Edward Morales Maldonado17, Deisy Milena Delgado Cacua18,
Luisa Fernanda Silva Riveros19, y Daniel José Gafaro García20, al Consorcio Mérito
DIAN 06/202321, y al Juzgado Décimo Sexto Administrativo del Circuito de
Cartagena22.
Por último, ordenó vincular a las personas que integran la lista de elegibles para
proveer el empleo denominado GESTOR I, Código 301, Grado 1, identificado con
el Código OPEC No. 198333, en el Proceso de Selección DIAN 2022, para lo cual
se efectuó la publicación del auto admisorio de la tutela en la página web de esta
Corporación23 y de la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC24.
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:
1.6.1. Juzgado Décimo Sexto Administrativo del Circuito de Cartagena25
El ponente de la sentencia proferida dentro de la acción de tutela con radicado
13001-33-33-016-2024-00091-00 luego de hacer un recuento del trámite impartido
dentro de la respectiva acción, señaló que, la queja constitucional instaurada por la
señora Juliana María Moreno Leguízamo va dirigida contra las actuaciones surtidas
en la segunda instancia ante el Tribunal Administrativo de Bolívar, de tal manera
que, no tuvo injerencia alguna en la vulneración alegada.
1.6.2. Consorcio Mérito DIAN 06/202326
Allegó escrito en el que manifestó que, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo No.
08 de 2022, el Acuerdo modificatorio No. 24 de 2023, y el artículo 30 de la Ley 909
de 2004, la Comisión Nacional del Servicio Civil suscribió con dicha entidad el
contrato No. 478 de2023, cuyo objeto consistía en: «Realizar las fases de los cursos
de formación y evaluaciones y de los exámenes médicos y de aptitudes psicofísicas del
16 Notificación realizada al correo electrónico: mafedany@hotmail.com; Índice 11 - Samai.
17 Notificación realizada al correo electrónico: : edwardmorales2012@hotmail.com; Índice 11 -
Samai.
18 Notificación realizada por aviso, según da cuenta la información registrada en los índices 23 y 24
del aplicativo Samai.
19 Notificación realizada al correo electrónico: admin16cgena@cendoj.ramajudicial.gov.co; Índice 7 -
Samai.
20 Notificación realizada por aviso, según da cuenta la información registrada en los índices 23 y 24
del aplicativo Samai.
21 Notificación realizada a los correos electrónicos: juridicoproyecto@areandina.edu.co; Índice 11 -
Samai.
22 Notificación realizada al correo electrónico: admin16cgena@cendoj.ramajudicial.gov.co; Índice 7 -
Samai.
23 Índice 10 - Samai.
24 Índice 24 - Samai.
25 Índice 10 de Samai.
26 Índice 13 de Samai.
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Demandante: Juliana María Moreno Leguízamo.
Demandados: Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión No. 6 y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05500-01
Proceso de Selección DIAN 2022, para proveer empleos en vacancia definitiva
pertenecientes al sistema específico de carrera administrativa de la planta de personal de
la unidad administrativa especial dirección de impuestos y aduanas nacionales – DIAN.»
Refirió que, de acuerdo a lo anterior, dicho consorcio sería competente únicamente
para atender las reclamaciones, peticiones y acciones judiciales dentro de la
ejecución de los cursos de formación y evaluaciones y de los exámenes médicos y
de aptitudes psicofísicas del proceso de selección DIAN 2022, cumpliendo con los
principios rectores de la convocatoria y en el tiempo establecido en el cronograma;
ello en aplicación de la interpretación realizada por la Corte Constitucional mediante
sentencia C-1175 de 2005.
Afirmó que, acorde con lo expuesto y una vez revisadas las pretensiones de la
tutela, se evidencia que versan sobre el cambio de la ubicación geográfica del
empleo escogido por la accionante y por ende, indicó que es importante aclarar que
el tema en relación no hace parte de las obligaciones contenidas en el contrato No.
478 de 2023, por tanto, dicho consorcio no tiene conocimiento del motivo por el cual
se produjeron los cambios geográficos en la OPEC 198333, a la que se hace
referencia en el escrito de amparo.
Por último, refirió que, conforme a lo establecido en el artículo 86 de la Constitución
Política, la acción de tutela no es el medio adecuado para reclamar la protección de
los derechos fundamentales cuando estos resultan infringidos por la expedición de
un acto administrativo. En consecuencia, el proceso judicial que se surte ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo es el escenario natural para la
reivindicación de los derechos fundamentales conculcados en este contexto.
Lo anterior, al considerar que, a través del citado mecanismo, los interesados
pueden reclamar no solo el control de legalidad correspondiente, sino, además, el
restablecimiento de los derechos fundamentales que hayan sido vulnerados.
1.6.3. Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC27
Rindió informe en el que indicó que, obrando en el marco de sus competencias,
expidió las correspondientes listas de elegibles, entre las cuales se encuentra la
conformada por la Resolución 10812 del 03 de mayo de 2024 «Por la cual se
conforma y adopta la Lista de Elegibles para proveer catorce (14) vacante(s)
definitiva(s) del empleo denominado GESTOR I, Código 301, Grado 1, identificado
con el Código OPEC No. 198333, del Nivel Profesional del Sistema Específico de
Carrera Administrativa de la planta de personal de la Unidad Administrativa Especial
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, Proceso de Selección DIAN
2022 - Ingreso», y dentro de la cual, la señora Juliana María Moreno Leguizamo
ocupó la posición (2).
27 Índice 14 de Samai.
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Demandados: Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión No. 6 y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05500-01
Respecto a la audiencia pública para la escogencia de vacantes, indicó que la DIAN
tiene la facultad de administrar su planta de personal de conformidad con la
normativa establecida para el efecto, y que la programación y celebración de las
audiencias públicas para la escogencia de las mismas son realizadas por dicha
entidad; lo que significa que la comisión no tiene injerencia alguna al respecto.
Con fundamento en lo anterior, solicitó que se desvincule de la presente acción,
teniendo en cuenta que se advierte una falta de legitimación en la causa por pasiva,
reiterando que, si bien es cierto que la CNSC llevó a cabo el proceso de selección
para proveer los empleos vacantes de la planta de personal de la DIAN, también lo
es que dicha comisión no tiene competencia para administrar la planta de personal
de dicha entidad, ni tiene la facultad nominadora o incidencia alguna en la
expedición de sus actos administrativos.
1.6.4. UAE – Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN28
Indicó que, mediante Oficio No. 100202151-00403 del 20 de diciembre de 2023
(previo a la expedición de la lista de elegibles), la DIAN solicitó a la Comisión
Nacional del Servicio Civil -CNSC, dar aplicación a lo dispuesto en el parágrafo 5°
del artículo 9° del acuerdo CNT2022AC00000 del 29 de diciembre de 2023, solicitud
que a juicio de la accionante vulnera sus derechos fundamentales en razón a que
cercena la posibilidad de obtener la ciudad de su preferencia a sabiendas que se
encuentra en una posición favorable en la lista de elegibles.
Indicó que, al momento de realizar la convocatoria DIAN 2022, se identificó que las
necesidades del servicio en donde se requerían ser provistas las catorce vacantes
ofertadas para la OPEC 198333, empleo Gestor I Código 301 Grado 01, para el cual
concursó la accionante, se encontraban expresamente en las ciudades de
Barranquilla, Bogotá D.C, Buenaventura, Cali, Cartagena, Ipiales, Medellín,
Riohacha, Santa Marta, Valledupar; sin embargo, ello tuvo un giro inesperado
cuando se evidenció que la DIAN, en virtud de su naturaleza de“Planta global y
flexible”, sufrió unos cambios estructurales en su planta de personal.
Precisó que, teniendo en cuenta el ejercicio de planta mínima, la distribución de la
planta de personal a julio de 2023, el uso de las listas de elegibles del concurso
1461 de 2020, la concentración del recaudo y de la actividad comercial en las
principales aglomeraciones urbanas del país, se redistribuyeron las plazas del
concurso 2497 de 2022, teniendo en cuenta la necesidad de fortalecer las
direcciones seccionales en cuya jurisdicción se encuentran las principales
aglomeraciones, buscando proveer el personal requerido y la estandarización del
número de empleos en los distintos procesos de acuerdo con los contribuyentes de
28 Índice 16 de Samai.
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Demandante: Juliana María Moreno Leguízamo.
Demandados: Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión No. 6 y otros
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sus jurisdicciones, para alcanzar un mayor recaudo y reducir la brecha fiscal en el
país.
Refirió que, mediante Oficio No. 100151185-1556 de fecha 14 de junio de 2024, la
Subdirección de Gestión de Empleo Público comunicó a los elegibles de la OPEC
198333 a la cual pertenecen el señor Rafael Ignacio Bermúdez Torres y la señora
Juliana María Moreno Leguizamo, el “Resultado de Audiencia Pública para
Escogencia de vacante de un empleo ofertado con catorce vacantes localizadas en
diferentes ubicaciones geográficas”, en la que se observó que al señor Rafael
Ignacio Bermúdez Torres le correspondió la ciudad de Ibagué y a la señora Juliana
María Moreno Leguizamo le correspondió la ciudad de Sogamoso.
Como consecuencia de lo anterior, fue proferida la Resolución No 000139 de fecha
15 de agosto de 2024, por medio de la cual se efectuaron los nombramientos en
periodo de prueba de la OPEC 198333 y particularmente de la señora Juliana María
Moreno Leguizamo en el despacho de la Dirección Seccional de Impuestos y
Aduanas de Sogamoso.
Ante los fallos judiciales proferidos por el Juzgado Décimo Sexto Administrativo del
Circuito de Cartagena y el Tribunal Administrativo de Bolívar Sala de Decisión No.
06, dentro de la acción de tutela impetrada por el señor Rafael Ignacio Bermúdez
Torres, en cumplimiento de los fallos de tutela antes mencionados, la UAE-DIAN a
través de la Subdirección de Gestión de Empleo Público remitió a la CNSC el Oficio,
por medio del cual se solicitó la modificación de las plazas en el aplicativo SIMO, a
las ciudades inicialmente ofertadas, decisión que fue adoptada sin considerarse que
ya existía un acto administrativo de carácter definitivo (resolución de nombramiento)
que había definido la actuación y que la única manera de considerarse que existiese
un error debía ser subsanado ante la jurisdicción contencioso administrativa.
Indicó que, en cumplimiento del fallo proferido por el Tribunal Administrativo de
Bolívar Sala de Decisión No. 06, se comunicó a los elegibles de la OPEC 198333 el
desarrollo de una nueva audiencia pública de escogencia de vacantes a través de
Oficio No 100151185-3078 de fecha 03 de octubre de 2024, la cual se llevaría a
cabo a través del aplicativo SIMO a partir del 30 de octubre de 2024 y hasta el 01
de noviembre de 2024, con las ciudades que fueron ofertadas inicialmente en el
marco de la convocatoria, y en las que claramente no se encuentra incluido el
municipio de Sogamoso, y que fue escogido por la accionante en la primera
audiencia realizada.
Bajo las anteriores consideraciones, refirió que el Tribunal Administrativo de Bolívar
Sala de Decisión No. 06, se excedió en sus facultades de juez constitucional al emitir
el pronunciamiento realizado, en razón a que las acciones de tutela solo tienen
efectos “inter Partes”, por lo que lo efectos “Inter Comunis” solo se encuentra
reservados para las altas cortes, y por ende, en el caso particular, la decisión recayó
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en todos los integrantes dela OPEC 198333 a la cual pertenecen los accionantes
que impulsaron las respectivas acciones.
Conforme a lo expuesto, solicitó que se denieguen las pretensiones elevadas por la
accionante.
1.6.5. Beatriz Elena Rodríguez Villabona29
En calidad de participante del Concurso DIAN 2022, allegó escrito en el que precisó
que, con el cambio de las ubicaciones geográficas que realizó la DIAN el 13 de
febrero de 2024, se eliminaron las 4 vacantes ofertadas para la ciudad de Bogotá,
perdiendo así la posibilidad de ocupar alguna de las ofertadas en su ciudad de
residencia, la cual tenía altas posibilidades de acceder teniendo en cuenta que
dentro de la lista de elegibles ocupó el 5º lugar. Sin embargo, para no quedar fuera
del concurso, continuó con todas las etapas y participó de la audiencia de
escogencia de ubicación geográfica, donde fue adjudicada a la ciudad de Yopal.
Por lo anterior solicita, se nieguen las pretensiones formuladas por la accionante y
en su lugar, se mantenga incólume en su integralidad el fallo proferido por el Tribunal
Administrativo de Bolívar.
1.6.6. Carolina Duque Cardozo30
En calidad de vinculada como tercero con interés directo en el resultado del proceso,
allegó memorial en el que manifiesta que se encuentra inscrita en el Proceso de
Selección DIAN 2022 en la modalidad de ingreso al empleo denominado Gestor I,
Código 301, Grado 01, código de la ficha TH-GH-3010, identificado con número
OPEC 198333.
Refirió que, para los participantes de dicho proceso de selección se creó una
expectativa legítima de desarrollar las funciones del empleo en las ubicaciones
geográficas inicialmente ofertadas y que estaban estipuladas al momento de la
inscripción y se mantuvieron sin modificación durante varias etapas del proceso, y
al ordenar que se realice la audiencia de selección de sede con estas ubicaciones
geográficas el tribunal no está vulnerando los principios de buena fe y confianza
legítima, al contrario, está devolviendo a los elegibles las expectativas legítimas y
las condiciones establecidas inicialmente en el empleo seleccionado.
Por lo anterior solicita, se nieguen las pretensiones formuladas por la accionante.
1.6.7. Ligia María Burgos Figueroa31
29 Índice 17 de Samai.
30 Índice 18 de Samai.
31 Índice 19 de Samai.
12
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En calidad de participante del Concurso DIAN 2022, allegó escrito en el que
manifestó que, se inscribió para el cargo seleccionado por la accionante, indicando
que no resultan válidas las modificaciones a las condiciones realizadas de manera
inicial, ya que ello resulta vulnerador de los derechos fundamentales de los
participantes.
Hizo un recuento de las etapas surtidas al interior del concurso, precisando que,
debido a los cambios inesperados e irregulares respecto de las ciudades, durante
la última etapa muchos participantes decidieron ejercer la acción de tutela para
obtener la protección de sus derechos, ordenándose a través de diferentes fallos
tanto a la DIAN como a la CNSC restablecer la totalidad de las ubicaciones
geográficas inicialmente ofertadas e incluso convocar nuevamente a audiencia
pública de escogencia de plazas; por lo que solicita que en el presente asunto se
nieguen las pretensiones formuladas por la accionante y en consecuencia, se
mantenga incólume el fallo proferido por el tribunal accionado.
1.6.8. Luisa Fernanda Silva Riveros32
Mediante memorial allegado al plenario, indicó que, si bien la accionante alega la
vulneración de sus derechos fundamentales, en virtud de la modificación de la
ubicación geográfica realizada respecto a las vacantes ofertadas a través de la
convocatoria adelantada por la DIAN y la CNSC, lo cierto es que la señora Juliana
María no acreditó que su lugar de residencia se encuentre ubicado en la ciudad de
Sogamoso donde aspira ser posesionada, ni ostentar alguna condición de especial
protección constitucional, de lo cual se deriva que su motivación obedece a
expectativas personales que surgieron de la decisión desproporcionada de la DIAN
de cambiar las reglas del Proceso de Selección DIAN 2022 – Ingreso - OPEC
198333, respecto a la ubicación de las vacantes convocadas.
Precisó que, desconoce la accionante que el nombramiento es un acto condición,
que requiere de la posesión para surtir plenos efectos, por lo tanto, el solo
nombramiento no le atribuye ningún derecho subjetivo, argumento que refuerza la
inexistencia de la vulneración de los derechos fundamentales invocados.
Por lo anterior solicita que se «rechace por improcedente» la acción de tutela
presentada por la señora Moreno Leguizamo o en su defecto se acoja la postura del
Tribunal Administrativo de Bolívar en el sentido de mantener las ubicaciones
iniciales de las vacantes convocadas para la OPEC 198333 del Proceso de
Selección DIAN 2022 – Ingreso (Valledupar, Santa Marta, Riohacha, Medellín,
Ipiales, Cartagena de Indias, Cali, Buenaventura (2), Bogotá (4) y Barranquilla); y
en caso de que el fallo resuelte favorable a la señora Juliana María, sus efectos se
limiten únicamente respecto de ella.
32 Índices 20 y 21 de Samai.
13
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1.6.9. Juan Sebastián Aguillón Jiménez33
Allegó escrito de oposición a las pretensiones, señalando que, se inscribió en el
Proceso de Selección DIAN 2020 modalidad de ingreso al cargo Gestor I, TH-GH-
3010 OPEC 198333 con 14 vacantes, ocupando el treceavo lugar mediante lista de
elegibles con Resolución 10812 del 3 de mayo de 2024.
Refirió que, con el cambio de ubicaciones geográficas que realizó la DIAN en febrero
13 de 2024, se eliminaron las 4 vacantes ofertadas para la ciudad de Bogotá,
perdiendo así la posibilidad de ocupar alguna de ellas. Sin embargo, para no quedar
fuera del concurso, continuó con todas las etapas y participó de la audiencia de
escogencia de ubicación geográfica, en donde seleccionó la ciudad de Arauca.
Afirmó que, al ingresar a la página web de la DIAN, se encuentra publicado el Plan
Anual de Vacantes 2024, donde se evidencia claramente que para el empleo
denominado Gestor I, Código 301, Grado 01, de la ficha TH-GH-3010, se
encuentran algunas de las ciudades inicialmente ofertadas, incluyendo las cuatro
vacantes para Bogotá, que es lugar donde actualmente reside.
Por lo anterior solicita que se nieguen las pretensiones formuladas por la accionante
en la tutela mencionada en el asunto y en su lugar, se mantenga incólume en su
integralidad el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Bolívar.
1.6.10. Los demás intervinientes y vinculados a la presente acción, pese a estar
debidamente notificados de la existencia del presente asunto, no se pronunciaron
sobre la acción de tutela.
1.7. Sentencia de primera instancia34
El Consejo de Estado, Sección Primera, dictó sentencia el 14 de noviembre de 2024,
en la que se declaró improcedente el mecanismo constitucional instaurado, al
considerar que en el caso debatido no concurren los elementos para que proceda
la acción de la referencia contra la sentencia de tutela proferida el 13 de septiembre
de 2024, y el auto de 2 de octubre de la misma anualidad.
Lo anterior, al estimar que en el presente asunto no se cumple con ninguno de los
supuestos establecidos por la Corte Constitucional mediante sentencia SU-627 de
2015, en la que se admitió de manera excepcional la procedencia de la acción de
tutela contra providencias de la misma naturaleza.
Aunado a lo expuesto señaló que, en el proceso de la referencia tampoco se
advierte que la demandante alegara y demostrara alguna situación de fraude o que
la autoridad judicial accionada hubiere procedido de manera arbitraria e irregular, al
33 Índice 31 de Samai.
34 Índice 36 de Samai. Cuaderno de primera instancia.
14
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punto que haga necesaria la intervención de otro juez constitucional para analizar
si fueron vulnerados o no los derechos fundamentales invocados por la accionante.
En cuanto al Oficio No. 00151185-2877 de 2024, expedido por la DIAN, precisó que,
a través de este se impartió cumplimiento a la sentencia de tutela proferida bajo
radicado 13001-33-33-016-2024-00091-00/01, por lo cual coligió que los
argumentos expuestos por la señora Julia María Moreno Leguizamo al cuestionar
el referido Oficio, pretenden en realidad controvertir los efectos del fallo de tutela
proferido el 13 de septiembre de 2024.
Así mismo, decidió negar las solicitudes de desvinculación presentadas por la
Comisión Nacional del Servicio Civil, y el Consorcio Mérito DIAN 06/2023, al estimar
que la primera de ellas fue identificada por la accionante como uno de los causantes
de la vulneración de sus derechos; y la segunda suscribió el contrato No. 478 de
2023 para desarrollar las fases del curso de formación y evaluación de los
exámenes médicos y de aptitudes psicofísicas dentro del Proceso de Selección
DIAN 2022.
1.8. Impugnación35
La parte actora impugnó la decisión adoptada por el a quo, aduciendo que, la
decisión contenida en el numeral primero de la parte resolutiva del fallo de tutela de
segunda instancia proferido por el Tribunal Administrativo de Bolívar es contraria a
la ley, infringe el ordenamiento jurídico, contraviene la Constitución Política, y causa
un daño antijurídico, toda vez que, el acto administrativo mediante el cual fue
nombrada en periodo de prueba en el empleo denominado Gestor I, ubicado en la
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Sogamoso, se encuentra en firme,
conforme a lo dispuesto en los artículos 87, 88 y 91 del CPACA.
Reiteró que la Resolución 000139 de 15 de agosto de 2024, es de obligatorio
cumplimiento, ya que goza de legalidad.
Refirió que, la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Bolívar constituye
fraude, al generar una situación manifiestamente contraria a un principio del
ordenamiento superior, en especial al principio de juez natural, entendido como el
juez competente, llamado a conocer el asunto determinado por expresa disposición
constitucional y legal. Principio que se encuentra íntimamente ligado con el debido
proceso, el de legalidad y el acceso a la administración de justicia.
Acto seguido, reiteró los argumentos expuestos en el escrito de amparo señalando
que, resulta evidente la vulneración de sus derechos fundamentales ya que de
manera arbitraria y fraudulenta el Tribunal Administrativo de Bolívar dejó sin efectos
35 Índice 42 de Samai. Cuaderno de primera instancia. La sentencia se notificó el 8 de octubre de
2024 a través de correo electrónico, mientas que el escrito contentivo de la impugnación fue radicado
el 9 siguiente. En ese sentido, se tiene que fue oportuna la interposición de la impugnación.
15
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su nombramiento en el empleo denominado GESTOR I ubicado en la Dirección
Seccional de Impuestos y Aduanas de Sogamoso, impidiéndole ejercer su defensa
frente a dicha decisión.
Con fundamento en lo expuesto, solicitó se revoque el fallo de tutela proferido el 14
de noviembre de 2024, y en su lugar, se amparen sus derechos constitucionales
señalados como vulnerados.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por señora
Juliana María Moreno Leguizamo contra la sentencia del 14 de noviembre de 2024,
proferida por la Sección Primera de esta corporación, de conformidad con el Decreto
2591 de 1991, el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y
el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.
2021, y el Acuerdo 080 de 2019.
2.2. Problema jurídico
Conforme lo establecido en los antecedentes, la pretensión invocada por la parte
accionante, el material probatorio recaudado y la decisión emitida en primera
instancia, corresponde a la Sala definir si confirma, modifica o revoca la sentencia
proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera, el 14 de noviembre de 2024.
Para lo cual, se deberán abordar los siguientes interrogantes:
• ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra de providencias judiciales?
En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá lo siguiente:
• ¿El Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión No. 6 vulneró los
derechos fundamentales al acceso a cargos públicos, al debido proceso, a la
defensa, y al trabajo, en consonancia con el principio de confianza legítima,
con ocasión de las providencias proferidas el 13 de septiembre y 2 de octubre
de 2024, dentro de la acción de tutela con radicado 13001-33-33-016-2024-
00091-00/01, y el Oficio No. 100151185-2877 del 20 de septiembre de 2024
expedido por la DIAN.?
Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes
asuntos: i) el criterio de la Sección sobre procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales; ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva; y de superarse,
iii) el caso concreto.
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2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 36
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 37 y declaró su
procedencia38.
Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y
iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento
de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado,
sin que se analice el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo
o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.
Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.4.1. Tutela contra decisión de tutela
La Corte Constitucional, en sentencia SU-627 del 1º de octubre de 2015, precisó la
improcedencia de la acción de tutela interpuesta contra decisiones de la misma
naturaleza por cuanto «la resolución del conflicto se prolongaría indefinidamente en
desmedro tanto de la seguridad jurídica como del goce efectivo de los derechos
fundamentales».
36 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María
Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
37 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
38 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».
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Por lo tanto, en los términos del referido precedente, al admitirse una nueva acción
de tutela se instituiría un recurso adicional para la insistencia en la revisión de un
proceso ya concluido, lo que es contrario a la Constitución y a las normas que
reglamentan la materia, ya que, una vez culminado el trámite procesal
correspondiente, opera el fenómeno de la cosa juzgada constitucional.
Sin embargo, en la misma providencia, la Corte Constitucional aclaró que,
excepcionalmente, procede la acción de tutela contra providencias proferidas en
ejercicio de la acción de amparo constitucional, bajo los siguientes parámetros:
[…]
4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata de
un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra la
sentencia proferida dentro de él o contra una actuación previa o posterior a ella.
4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la
de que no procede.
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido
proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas
de Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de
dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional.
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal
de la República, la acción de tutela puede proceder de manera
excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno
de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con
los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta identidad
procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de
manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de
tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y
(iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la
situación.
4.6.3. Si la acción se de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela
diferentes a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con anterioridad
o con posterioridad a la sentencia.
4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la
omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los
terceros que serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela
sí procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para
su revisión.
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4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de
lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción
de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho
fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato,
y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera
excepcional39” (Negrillas fuera de texto).
Como se lee, el máximo órgano constitucional ha aceptado de manera excepcional
la procedencia de este mecanismo de amparo contra una providencia de tutela,
siempre que se compruebe de manera clara y suficiente que la sentencia acusada
fue producto de un fraude.
Así, además de cumplirse con los demás requisitos previstos para la procedencia
de la acción de tutela contra providencia judicial, es necesario que el accionante
demuestre la configuración de una situación fraudulenta y que no exista otro medio
ordinario o extraordinario para resolver esa situación.
2.5. Caso concreto
De entrada, la Sala advierte que la solicitud de amparo de la referencia no se
relaciona con una de aquellas hipótesis establecidas por la jurisprudencia en la que
de manera excepcional es procedente el mecanismo constitucional contra una
providencia de la misma naturaleza; es decir, que con motivo de un fraude se
hubiere producido cosa juzgada fraudulenta, como pasa a explicarse:
En el caso bajo análisis, el reparo de la accionante se dirige contra las providencias
proferidas por la autoridad judicial accionada el 13 de septiembre y 2 de octubre de
2024, dentro de la acción de tutela con radicado 13001-33-33-016-2024-00091-
00/01, y el Oficio No. 100151185-2877 del 20 de septiembre de 2024 expedido por
la DIAN.
Conforme se dejó expuesto en los antecedentes de la presente providencia,
mediante la sentencia que se cuestiona, la autoridad judicial accionada modificó el
numeral 2º de la sentencia proferida por el Juzgado Décimo Sexto del Circuito de
Cartagena, en el sentido de ordenar a la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales – DIAN, modificar la ubicación geográfica del empleo denominado
Gestor I, TH-GH-3010, correspondiente a la OPEC No. 198333 del concurso de
Selección Dian – 2022, con las plazas establecidas inicialmente en el acuerdo que
dio lugar a la convocatoria, a fin de que se adelantara audiencia pública de
escogencia de vacante.
Así mismo, en la referida providencia se dejó indicado que, en caso de que la
referida audiencia ya se hubiere realizado, debería convocarse a una nueva
39 Corte Constitucional, Sentencia SU-627 de 2015, M.P. Mauricio González Cuervo.
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audiencia dentro de los 10 días siguientes a la notificación; situación que debía ser
informada a todos los integrantes de la lista de elegibles del denominado empleo.
Lo anterior al considerar que, al haberse cambiado por parte de la DIAN las
ubicaciones geográficas de las plazas a proveer, varió las reglas de la convocatoria
de manera injustificada lo cual provocó que quienes aspiraron a alguna de las
vacantes que se suprimieron en el desarrollo del concurso, se afectaran en relación
con su proyecto de vida profesional y personal.
A juicio de la accionante, la orden emitida por el tribunal accionado vulnera sus
derechos fundamentales en razón a que, conmina a que se realice una nueva
audiencia de escogencia de vacantes, sin tener en cuenta que, ya se había surtido
una audiencia pública en la que de manera voluntaria había escogido la ciudad de
Sogamoso.
En este orden consideró que, la decisión adoptada debió dirigirse única y
exclusivamente frente al señor Rafael Ignacio Bermúdez Torres, quien fungió como
accionante dentro de la acción de tutela con radicado 13001-33-33-016-2024-
00091-00/01, y no de tal manera que todos los elegibles tengan que realizar
nuevamente una audiencia para escoger la vacante al empleo para el cual
aspiraron.
Así, y pese a que la accionante es reiterativa en señalar que la autoridad judicial
accionada con la decisión adoptada vulneró sus derechos fundamentales; evidencia
la Sala que la misma no precisó ningún hecho que constituya fraude, pues solo se
limitó a iterar los argumentos expuestos en el escrito de contestación presentado en
la tutela anterior, tal como lo manifestó en los hechos de la presente, y en el que
solicitó además, se respetara la escogencia de la vacante que había efectuado.
De otro lado, y si bien la señora Juliana María es enfática en señalar que la
Resolución No. 000139 de 15 de agosto de 2024, a través de la cual fue nombrada
en periodo de prueba en la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas del
municipio de Sogamoso, es un acto administrativo que además de encontrarse en
firme goza de total validez, y por lo cual, no puede ser dejado sin efectos en
cumplimiento de una orden de tutela advierte la Sala que dicha inconformidad debió
ser alegada por la accionante en el proceso constitucional anterior, y al cual fue
vinculada en calidad de tercero con interés directo en el resultado de la acción.
Por último, y con relación a la inconformidad planteada por la accionante, con
relación al Oficio No. 100151185-2877 del 20 de septiembre de 2024 expedido por
la DIAN, se hace menester precisar que como bien lo dejó señalado la Sección
primera de esta corporación en la sentencia impugnada, a través de éste la entidad
solo dio cumplimiento a la orden judicial que le fue impartida por parte del tribunal
accionado, sin que dicho acto por sí solo genere una vulneración a los derechos
fundamentales de la accionante.
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
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Demandante: Juliana María Moreno Leguízamo.
Demandados: Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión No. 6 y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05500-01
Ello, si tiene en cuenta que en el escrito de amparo no se esgrimió argumento alguno
que permita acreditar una situación que torne procedente la solicitud de amparo
elevada; máxime cuando lo pretendido por la señora Moreno Leguizamo es
controvertir los efectos del fallo de tutela del 13 de septiembre de 2024.
Aunado a lo anterior, debe precisarse que, la simple afirmación relativa a que la
autoridad accionada vulneró sus derechos fundamentales no es causa suficiente
para dar cabida a la excepción de la regla general consistente en que las acciones
de tutela no proceden contra decisiones de la misma naturaleza.
Así mismo, de los hechos expuestos en la acción de tutela de la referencia, no se
evidencia elemento alguno que lleve a la conclusión que, en el proceso
constitucional cursado con radicado 13001-33-33-016-2024-00091-00/01, se
hubiese incurrido en una conducta fraudulenta, circunstancia que le correspondía
alegar y demostrar en grado de plenitud probatoria a la parte actora.
Ello, en cumplimiento de lo advertido por la Corte Constitucional en sentencia SU
727 de 2015 con ponencia del magistrado Mauricio González Cuervo, en la cual se
indicó que «la cosa juzgada debe ceder cuando se encuentra plenamente probada
la ilegalidad de una decisión por parte de las autoridades disciplinarias competentes,
como el fraude a la ley o un fraude procesal».
Sobre la configuración del fraude, el máximo tribunal constitucional, en la sentencia
antes mencionada, reconoció que aquel puede ser cometido por una parte, por
ambas o por el juez que conoce el asunto, por lo que amerita la intervención del
juez constitucional para evitar que una orden fraudulenta se materialice. Dicha
actuación debe predicarse de los sujetos procesales al interior de la acción
constitucional.
En este punto, la Sala considera importante señalar que, en el sustento de la
providencia proferida por la autoridad judicial accionada, no se encuentra vicio
alguno producto de una situación fraudulenta; además que la parte actora no aporta
prueba clara y suficiente de la existencia de dicha situación para que proceda el
principio fraus omnia corrumpit.
En consecuencia, al no haberse acreditado una circunstancia que haga posible el
estudio de fondo del caso en la acción de la referencia, esta Sala confirmará la
decisión de primera instancia adoptada por la Sección Primera de esta colegiatura,
por no superar el requisito general de procedibilidad concerniente a que no se trate
de una tutela contra una sentencia de la misma naturaleza, ni haberse cumplido con
los requisitos exigidos por la Corte Constitucional para flexibilizar tal exigencia.
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Demandante: Juliana María Moreno Leguízamo.
Demandados: Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión No. 6 y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05500-01
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 14 de noviembre de 2024 por el
Consejo de Estado, Sección Primera, en cuanto declaró improcedente el presente
mecanismo, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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