Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-05503-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-05503-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-05503-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
5 de diciembre de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05503-00
Accionante: Alberto Sepúlveda Marines y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., cinco (5) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2024-05503-00
Demandante ALBERTO SEPÚLVEDA MARINES Y OTROS
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ, SALA PRIMERA DE
DECISIÓN
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Causales generales y
especiales de procedibilidad. Defectos: Procedimental y
desconocimiento del precedente judicial. Medio de control de
reparación directa por privación injusta de la libertad. Cambio de
precedente en el trámite del proceso. Cargas probatorias nuevas. La
carga de la prueba.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado, decidir en primera
instancia, la acción de tutela incoada por Alberto Sepúlveda Marines y otros, de
conformidad con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 9 de octubre de 20241, Alberto Sepúlveda Marines y otros, a través de apoderado
judicial, interpusieron acción de tutela contra la Sala Primera de Decisión del
Tribunal Administrativo del Caquetá, por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de
justicia, con ocasión a la sentencia del 6 de marzo de 2024 que revocó la decisión
de condena y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda en el medio de
control de reparación directa nro. 18001-33-33-001-2015-00007-00/01.
En consecuencia, formularon las siguientes pretensiones:
«1. TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la
administración de justicia violados a través de la sentencia del 6 de marzo de 2024,
proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ dentro del proceso de
reparación directa (…) radicado número 18001-33-33-001-2015-00007-01.
2. Como consecuencia de la decisión de amparo, dejar sin efectos la sentencia del 6 de
marzo de 2024 dictada por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ, dentro del
proceso de reparación directa adelantado contra la NACIÓN- FISCALÍA FENERAL DE
LA NACIÓN (…)
3. Ordenar al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ que en el perentorio término
de ocho (8) días, profiera la sentencia de reemplazo, atendiendo las previsiones
contenidas en esta acción tutelar y las recomendaciones que el Honorable CONSEJO
DE ESTADO tenga a bien hacer»2 (Sic para toda la cita)
2. Hechos
En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
1 Consultado a través del sistema de gestión judicial del Consejo de Estado: Samai (índice 2).
2 Páginas 8 y 9 de la acción de tutela. Expediente digitalizado. Samai, índice 2.
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Accionante: Alberto Sepúlveda Marines y otros
Hechos relativos al proceso penal:
2.1. En auto del 3 de marzo de 2009, la Fiscalía Primera Especializada de Bogotá
vinculó mediante indagatoria, al señor Alberto Sepúlveda Marines a una
actuación penal por los delitos de desplazamiento forzado, homicidio y
secuestro extorsivo y ordenó su captura.
La captura se llevó a cabo el 5 de marzo de 2009 y se le impuso medida de
aseguramiento de detención preventiva como posible autor del delito de
rebelión en concurso con concierto para delinquir agravado. Esta
determinación fue ratificada el 12 de febrero de 2010 en auto de calificación
del mérito sumarial.
Posteriormente, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Florencia profirió
sentencia el 25 de mayo de 2011 en la que absolvió al procesado por el delito
de rebelión y revocó la medida de aseguramiento. Esta determinación fue
confirmada el 27 de agosto de 2012 por el Tribunal Superior del Caquetá, Sala
Penal. Se relacionan los apartes relevantes de la sentencia penal:
«3.2. Alberto Sepúlveda Marines
En la indagatoria el procesado expresó que alias (...) <reinsertado que testificó ante el CTI>
lo obligaba a realizar viajes con remesas. Borracho, explica, lo encañonaba con la pistola y
por miedo en razón al área donde vivía [Llanos de Yarí, San Vicente del Caguán] le tocaba
ejecutar la tarea. En vista pública mantuvo su dicho que le tocó atender por una sola vez la
orden de la guerrilla de transportar elementos.
(...) El encartado (...) sostuvo que obligado le tocaba cumplir órdenes de los comandantes
subversivos. Esta afirmación no está alejada del haz probatorio si la analizamos dentro del
contexto socio político del lugar donde vivía. La única persona que lo menciona teniendo
contactos con las FARC es (...), aseverando que el restaurante donde comía la guerrilla
pertenecía a la agrupación ilegal, empero aclara que esto lo supe por comentarios de “Yeimi”,
expresando además que un hijo del implicado fue reclutado por las FARC y por esta razón el
sindicado desesperado para obtener información iba a los campamentos de la guerrilla.
En las anteriores circunstancias debemos creerle al sindicado que su relación con las FARC
además de ocasional lo fue bajo constreñimiento, no existía voluntad de querer contribuir con
el fin de la agrupación alzada en armas.
La coacción y la influencia que las FARC ejercían en los pobladores de la vasta zona de
Ciudad de Yarí son palmarias. Así lo pusieron de presente testigos que pertenecieron a la
organización expresando que las órdenes impartidas por ellos debían cumplirse de lo contrario
habría represalias (...).
De otra parte, el implicado expresó que le tocó transportar remesa a la guerrilla obligado y
[reinsertado] afirmó que lo miró en los campamentos averiguando por el hijo que se lo había
llevado el grupo ilegal. En uno y otro caso la conducta de SEPÚLVEDA MARINES estuvo
determinada por las condiciones sociopolíticas de la comarca donde vivía. Al igual que el
anterior sindicado, no había en él el propósito de formar parte de las FARC.
Acorde con lo dicho, más allá de cualquier otra consideración particular, destacamos la falta
de elementos de juicio con vocación probatoria de sustentar una sentencia condenatoria.
Independientemente a que se acepte o no la prueba de descargo, que se le descalifique por
interesada o cualquier otra censura, denotamos es la ausencia de medios de prueba que
llevan a colegir racionalmente que ALBERTO SEPÚLVEDA MARINES verdaderamente
formaba parte de las FARC. Esta orfandad probatoria, por obvias razones, se extiende al delito
de concierto para delinquir porque este cargo se hizo consistir en razón de la pertenencia del
sindicado a las FARC. Será absuelto.»
El señor Sepúlveda Marines permaneció privado de la libertad desde el 17 de
marzo de 2009 hasta el 27 de mayo de 2011.
Hechos relacionados con el medio de control de reparación directa Nro.
18001-33-33-001-2015-00007-00/01.
2.2. Por lo anterior, el 13 de enero de 2015 el señor Alberto Sepúlveda Marines y
sus familiares promovieron demanda de reparación directa contra la Nación,
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Rama judicial y la Fiscalía General de la Nación para que se declarara su
responsabilidad administrativa y patrimonial por el daño antijurídico que
padecieron, con ocasión a la privación de la libertad de que fue objeto el señor
Alberto Sepúlveda Marines y, para que se les condenara al consecuencial
pago de perjuicios materiales e inmateriales.
2.3. Del asunto conoció en primera instancia el Juzgado Primero Administrativo de
Florencia (Expediente nro. 18001-33-33-001-2015-00007-00).
Mediante sentencia del 16 de agosto de 2018 esta autoridad judicial accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda; en consecuencia (i) declaró
probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de la
Rama Judicial y de oficio la falta de legitimación en causa por activa de María
Luisa Ruiz Pérez y de Nórida Yureny Sepúlveda Ruíz; (ii) declaró la
responsabilidad extracontractual y administrativa de la Fiscalía General de la
Nación por la detención injusta del señor Alberto Sepúlveda Marines; (iii)
condenó a la Fiscalía General de la Nación a pagar perjuicio morales y
materiales respecto de algunos demandantes, según los reconocimientos y
tasación contenida en la sentencia; y (iv) condenó en costas a la parte
demandada.
2.4. Como fundamento de su decisión, el juez manifestó, apoyado en la sentencia
del 26 de agosto de 2015 (rad. 39950), que por regla general estos casos debían
analizarse bajo el régimen objetivo de responsabilidad. No obstante, analizó
el asunto particular bajo el régimen subjetivo, porque consideró que en el
proceso estaba acreditada la falla en el servicio atribuible a la Fiscalía General
de la Nación porque la imposición de la medida de aseguramiento se sustentó
en declaraciones rendidas por reinsertados de las FARC que debieron ser
utilizadas con criterio apenas orientador, dado que carecían de valor
probatorio. Luego, correspondía al ente investigador corroborar y ratificar la
información que aportaron los declarantes, pero como no adelantaron esas
gestiones, estimó el juez, que el daño alegado era atribuible a la Fiscalía a
título de falla en el servicio.
En relación con las pruebas que sustentaron la anterior declaración, en la
sentencia se lee:
«si bien al plenario no se aportó copia de todas las actuaciones adelantadas en la
investigación penal, se conoce a través de la sentencia absolutoria de fecha 25 de mayo
de 2011, que las declaraciones rendidas por reinsertados de las FARC ante
funcionarios de la Policía Judicial del CTI, y que sirvieron de fundamento para el inicio
o apertura de la investigación en contra del demandante y otras personas, únicamente
debieron ser utilizadas como criterio orientador de la investigación, más no como
fundamento de decisiones judiciales que afectaron derechos fundamentales,
careciendo de valor probatorio para efectos de sustentar la sentencia condenatoria,
como claramente fue expuesto por el fallador».
2.5. La Fiscalía General de la Nación y la parte demandante apelaron la sentencia
de primera instancia. La entidad condenada manifestó que la medida de
aseguramiento se orientó bajo los principios de razonabilidad,
proporcionalidad y los presupuestos legales para imponerla. Expuso que la
medida preventiva era una carga que correspondía asumir al procesado
debido a que su proceder permitió que se estableciera una relación con el
delito investigado. Además, precisó que las declaraciones rendidas por los
reinsertados sirvieron como criterio orientador de la investigación y fueron
corroboradas en debate público por los denunciantes.
Por otro lado, los demandantes expusieron su inconformidad frente al
reconocimiento integral de los perjuicios morales.
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2.6. En sentencia del 6 de marzo de 2024, la Sala Primera de Decisión del Tribunal
Administrativo del Caquetá revocó la decisión de primera instancia, y en su
lugar, negó las pretensiones de la demanda.
El tribunal argumentó que la parte demandante no cumplió con la carga de la
prueba frente a la antijuridicidad del daño, pues no aportó la providencia que
impuso la medida de aseguramiento, lo que le impidió verificar si la
determinación fue ilegal, irrazonable o abiertamente desproporcionada y, por
ello, imputable a las entidades demandadas.
Advirtió que el demandante no atendió a las cargas mínimas probatorias que
le correspondían, omisión que dejó a la autoridad judicial sin la posibilidad de
examinar la antijuridicidad del daño alegado y, que ante la falta de acreditación
de los elementos de la responsabilidad del Estado, lo correspondiente era
negar las pretensiones de la demanda.
Relativo a la posibilidad de decretar pruebas de oficio antes de la sentencia,
sostuvo que «estas proceden únicamente cuando se dirijan a “esclarecer puntos oscuros
o difusos de la contienda”, por lo que en el sub examine al no tratarse de alguna
documental que aclare alguna circunstancia de la situación fáctica expuesta, sino que es
a partir de esta que se establece la responsabilidad, no podría acudir la Sala a la
oportunidad probatoria que prevé la norma».
La decisión de segunda instancia registró el salvamento de voto de la
magistrada Yaneth Reyes Villamizar, quien consideró que se le impuso al
demandante el cumplimiento de una carga probatoria que no exigía la
jurisprudencia vigente al momento de la presentación de la demanda, por lo
que, ante el cambio de precedente, el juez de la causa debió ejercer sus
poderes probatorios de oficio para integrar la prueba documental echada de
menos, en procura de la protección del derecho al debido proceso de las
partes.
3. Fundamentos de la acción
La parte actora argumentó que la acción de tutela supera el examen general de
procedibilidad porque: (i) agotó todos los recursos judiciales ordinarios disponibles
y no proceden los extraordinarios (subsidiariedad); (ii) la acción se interpuso dentro
de un término razonable comoquiera que la sentencia acusada cobró ejecutoria el
18 de abril de 2024 (inmediatez) y (iii) la situación presenta una relevancia
constitucional debido a la grave violación de derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia.
Sobre la relevancia constitucional, la parte accionante agregó que el Tribunal
Administrativo del Caquetá: (i) les impuso una carga probatoria que no era exigible
al momento en que promovieron la demanda; (ii) aplicó de manera rígida las
consecuencias probatorias de la supuesta omisión en lugar de haber analizado el
caso bajo el título de daño especial, como lo hizo la Sección Tercera del Consejo
de Estado en un caso similar (exp. 56474); (iii) desconoció el principio de iura novit
curia porque no analizó el caso bajo el régimen objetivo, como había sido pedido
en la demanda; y (iv) omitió el decreto de la prueba de oficio.
En cuanto al fondo del asunto, en el escrito de tutela se indicó que la sentencia del
6 de marzo de 2024 comporta o adolece de defecto procedimental y de
desconocimiento del precedente judicial con fundamento en las siguientes
consideraciones:
3.1. Desconocimiento del precedente judicial. El tribunal accionado no tomó en
consideración que en casos como el que se analiza, donde no obra la
providencia de imposición de la medida de aseguramiento, la Sección Tercera
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del Consejo de Estado ha optado por surtir el análisis de la responsabilidad
del Estado bajo el título de imputación del daño especial y condenar a las
demandadas. Así ocurrió en la sentencia del 18 de noviembre de 2022,
proferida en el proceso de reparación directa nro. 25000-23-26-000-2009-00615-
01 (56474).
Advirtió que en el caso que ahora se analiza se demostró la concreción de un
daño especial respecto del procesado privado de la libertad, pero las pruebas
no fueron valoradas por el tribunal accionado.
3.2. Defecto procedimental absoluto y por exceso ritual manifiesto. La
sentencia acusada incurre en este defecto por dos razones: (i) exigir la
aportación de una prueba que para la fecha de la presentación de la demanda
no era necesaria a efectos de declarar la responsabilidad del Estado; y (ii) por
omitir el decreto oficioso de la prueba a pesar de la clara afectación del
derecho de acceso a la administración de justicia que ello representaría.
El tribunal accionado erró al aplicar la ratio de la sentencia SU072 de 2018
para decidir el caso particular, pues ello implicaba el análisis de medios de
prueba que no obraban en el plenario porque no eran necesarios cuando se
interpuso la demanda, dado que no interesaba al proceso determinar la
legalidad de la medida de aseguramiento. Bastaba con probar que la persona
estuvo privada de la libertad y que fue absuelta porque el hecho no existió, el
sindicado no lo cometió, la conducta no constituía punible o por aplicación del
in dubio pro reo.
Correspondía al juez de la causa, en garantía del derecho de acceso a la
administración de justicia, equilibrar la balanza procesal frente a los cambios
jurisprudenciales que afectan las reglas de la prueba y no limitarse a
evidenciar la falta en la actividad probatoria, pues «los jueces no pueden ser
convidados de piedra, meros espectadores. La ley les ha dotado de amplias facultades
destinadas a la recta impartición de justicia en donde deben propender por la
materialización de los derechos al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la
administración de justicia (…). No se entiende por qué no decretan la prueba de oficio
para mejor proveer, evitando la expedición de sentencias inhibitorias o negatorias de las
pretensiones por obstáculos apenas procesales».
Por lo anterior, el Tribunal Administrativo del Caquetá es irracional y
desproporcionado, pues aplicó una tesis jurisprudencial que modificó las
cargas probatorias en casos de privación injusta de la libertad y luego niega
las pretensiones de la demanda por no cumplirla.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. En auto del 16 de octubre de 2024, el despacho ponente admitió la acción de
tutela interpuesta por Alberto Sepúlveda Marines, Ximena Yulieth Sepúlveda
Ruiz, Prika Dayana Sepúlveda Ruiz, Luisa Fernanda Sepúlveda Ruiz, Nórida
Yureny Sepúlveda Ruiz, Luis Alberto Sepúlveda Ruiz, Marcela Sepúlveda
Quintero, Jhon Fabio Sepúlveda Quintero, Moisés Sepúlveda Quintero,
Ferney Sepúlveda Quintero, Leidy Jhoana Sepúlveda Quintero, Gloria Inés
Sepúlveda Quintero, Arnulfo Sepúlveda Marines, Luz Mary Sepúlveda
Marines, Deisy Sepúlveda Marín y Paola Andrea Marinez Cuellar, contra la
Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo del Caquetá.
Además, vinculó, en calidad de terceros, (i) a la Rama Judicial y a la Fiscalía
General de la Nación (demandadas dentro del proceso de reparación directa); (ii) a
los señores Myriam Quintero Mosquera, Nidia Sepúlveda Quintero y Marly
Isabel Sepúlveda Quintero (demandantes en dicho proceso); (iii) al Juzgado
Primero Administrativo de Florencia (autoridad que dictó sentencia de primera
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instancia); y (iv) a los demás demandantes, demandados y terceros que
participaron dentro del proceso nro. 18001-33-33-001-2015-00007-00/01,
entregándoles copia de la demanda y de los anexos.
En el auto se ofició al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Florencia
para que surtiera la notificación de las personas que actuaron como
demandantes en el proceso ordinario y para que remitiera la copia digitalizada
del proceso ordinario analizado. También se ofició a la parte accionante para
que remitiera las direcciones de notificación de estas personas con el
propósito de surtir de manera íntegra la notificación de los terceros.
4.2. Mediante memorial del 18 de octubre de 2024, el apoderado de los
accionantes relacionó los datos de contacto de los demandantes del proceso
ordinario que no obran como accionantes en esta tutela y que fueron
vinculados como terceros en el auto admisorio.
Informó que la señora Marly Isabel Sepúlveda es una persona en condición de
discapacidad que vive con su señora madre Miryam Quintero Mosquera, por
lo que la notificación se podía surtir a través de esta última.
4.3. La Fiscalía General de la Nación, a través de profesional especializada de la
Dirección de Asuntos Jurídicos, solicitó ser desvinculada del proceso
constitucional dada la falta de legitimación en la causa por pasiva para
satisfacer las pretensiones de la demanda.
Como argumento subsidiario indicó que, el fallo cuestionado se fundamentó
en el análisis de los presupuestos legales de imposición de la medida de
aseguramiento, pero no se aportó al proceso la prueba de la falla en el servicio,
por lo que el incumplimiento de esta carga probatoria llevó a la decisión
razonable de negar las pretensiones de la demanda.
También advirtió que la tutela no cumple con el requisito de subsidiariedad
debido a que los accionantes no explicaron por qué, aunque existían otros
mecanismos idóneos para exponer esta controversia, como el recurso
extraordinario de revisión, no hizo uso de ellos.
Finalmente, la Fiscalía dijo que la acción de tutela no cumple con la carga
argumentativa mínima porque el actor no acreditó la configuración de los
defectos invocados contra la sentencia.
4.4. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Florencia, por conducto
de la titular del despacho, manifestó que el trámite procesal y la sentencia de
primera instancia se fundamentaron en el marco jurídico pertinente y vigente.
Además, aportó el enlace web para acceder al expediente ordinario analizado
y la constancia de notificación de la acción de tutela a los terceros.
4.5. El Tribunal Administrativo del Caquetá, por conducto de la magistrada
ponente de la sentencia acusada, solicitó que se declare la improcedencia de
la acción de tutela por no satisfacer el requisito de relevancia constitucional.
Dijo que lo pretendido por la actora era reabrir el debate jurídico ante su
desacuerdo con la premisa jurídica y fáctica de la sentencia, objetivo que no
se acompasa con la naturaleza de la acción de tutela.
Advirtió que los demandantes en el proceso ordinario incumplieron su deber
probatorio y esa omisión llevó a que se negaran las pretensiones de la
demanda. Insistió en que se valoraron las pruebas, se estudió la jurisprudencia
aplicable y la normativa pertinente, pero la consecuencia es el incumplimiento
de la carga de la prueba.
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Agregó que los poderes probatorios de oficio del juez no tienen por propósito
enderezar o recaudar las pruebas que por negligencia o deficiencia no aportó
la actora, pues esa facultad busca esclarecer puntos oscuros de la
controversia.
4.6. El despacho ponente registró proyecto de fallo que se discutió en la Sala del
14 de noviembre de 2024, pero no alcanzó la mayoría requerida. Por lo
anterior, se emitió auto de la misma fecha en el que se dispuso el sorteo de
dos conjueces.
El sorteo se llevó a cabo el 19 de noviembre de 2024 y, según consta en el
acta, fueron designados los doctores Juan de Dios Bravo González y
Humberto Aníbal Restrepo Vélez, a quienes se les comunicó la decisión al día
siguiente.
El proceso pasó nuevamente al despacho informando la anterior gestión, el 21
de noviembre de 2024.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19913, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin
embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales4
y especiales5 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional6 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen
de los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para
no desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de
3 Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
4 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado
todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos
fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez);
iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en
sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.
5 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii)
defecto por violación directa de la Constitución.
6
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
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legalidad, cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al
debido proceso. Por tal motivo, la procedencia de la acción contra providencias
judiciales exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la
sentencia judicial objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los
requisitos debe restringirse únicamente a los argumentos planteados por los
intervinientes en el proceso.
3. Planteamiento del problema jurídico
Considerando que la acción de tutela se interpone contra una sentencia, la Sala
debe, en primer lugar, analizar si cumple con todos los requisitos generales de
procedencia.
En caso de superar este análisis, corresponderá a la Sala determinar si al proferir
la sentencia del 6 de marzo de 2024, en el medio de control de reparación directa
nro. 180013333001-2015-00007-01, la Sala Primera de Decisión del Tribunal
Administrativo del Caquetá incurrió en defecto procedimental y en desconocimiento
del precedente judicial al revocar la sentencia condenatoria de primera instancia y
en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.
4. La acción de tutela cumple con todos los requisitos generales de
procedencia cuando se interpone contra providencias judiciales
La Sala encuentra satisfechos en este caso los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. Esto debido a
que la petición de amparo:
(i) Tiene relevancia constitucional, ya que acusa la vulneración de los derechos
fundamentales de los accionantes ante el exceso rigor con el que se aplicó el
cambio de precedente y la omisión en el despliegue de los poderes probatorios
de oficio para traer al proceso los medios de prueba necesarios para analizar
la antijuridicidad del daño. Además, por no consultar la posibilidad de analizar
el caso bajo el título de imputación de daño especial como lo ha hecho la
Sección Tercera del Consejo de Estado en asuntos similares.
(ii) Se realizó una descripción clara de los hechos y pretensiones de la demanda.
(iii) Contra la providencia no proceden recursos ordinarios ni extraordinarios que
permitan la garantía de los derechos fundamentales invocados.
(iv) La petición de amparo se presentó en un plazo razonable, considerando que
la sentencia acusada se profirió el 6 de marzo de 2024 y se notificó en correo
electrónico enviado a los sujetos procesales el día 11 de abril de ese año 7,
mientras que la petición de amparo se promovió el 9 de octubre de 2024.
(v) No se discute una sentencia de tutela.
En cuanto al presupuesto de subsidiariedad debe agregar esta Sala que el recurso
extraordinario de revisión no es idóneo para pretender la garantía de los derechos
invocados por la parte actora, porque los argumentos expuestos en la acción de
tutela no se enmarcan en ninguna de las causales de revisión consagradas en el
artículo 250 de la Ley 1437 de 2011. Luego, se descarta la prosperidad de este
argumento de improcedencia invocado por la Fiscalía General de la Nación.
7 Expediente digitalizado del medio de control de reparación directa objeto de análisis. Archivo denominado
«14ConstanciaEjecutoria». Samai, índice 10.
8
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5. El Tribunal Administrativo del Caquetá incurrió en defecto procedimental
al proferir la sentencia del 6 de marzo de 2024 en el proceso analizado
5.1. Los accionantes consideran que el Tribunal Administrativo del Caquetá
incurrió en defecto procedimental absoluto y por exceso ritual manifiesto al
proferir la sentencia del 6 de marzo de 2024 en la que negó las pretensiones
de la demanda. Manifestaron que este defecto se fundamenta en dos
argumentos: el primero es que se exigió la aportación de una prueba que no
era necesaria para condenar al Estado en el momento en que se presentó la
demanda y el segundo acusa la omisión del despliegue de los poderes
probatorios de oficio del juez para procurar que se integrara al proceso la
prueba necesaria para surtir el análisis que exigía la nueva tesis
jurisprudencial y así garantizar el derecho de acceso a la administración de
justicia de las partes.
5.2. En cuanto al alcance del defecto procedimental, la Corte Constitucional ha
indicado que encuentra fundamento en los artículos 29 y 228 de la
Constitución Política en los que se consagran los derechos al debido proceso,
de acceso a la administración de justicia y el principio de prevalencia del
derecho sustancial.
Este defecto tiene dos modalidades: el procedimental absoluto y el
procedimental por exceso ritual manifiesto. El primero de ellos se materializa
cuando el proceso se tramita sin respetar las formas propias de cada juicio.
En la sentencia T-044 de 2022, la Corte Constitucional expuso, sin vocación
de exhaustividad, tres eventos en los que se concreta este defecto. Para
efectos del análisis que nos ocupa, esta Sala se permite destacar el siguiente:
«(iii) cuando se desconocen las garantías mínimas del debido proceso8, particularmente,
en aquellos eventos en los que el operador judicial limita irrazonablemente los derechos
a la defensa y contradicción de los sujetos procesales, presentándose por ello evidentes
fallas que no pueden ser imputables a la persona y que, sin embargo, tienen un efecto
decisivo en la resolución del asunto controvertido9»
La segunda modalidad (por exceso ritual manifiesto) ocurre cuando el juez limita
el derecho sustancial al no aplicar correctamente la norma procesal
correspondiente, o cuando sobrepasa las formalidades procesales, haciendo
nugatorio un derecho10.
A ese respecto, el Tribunal Constitucional aclara que, en tales situaciones, la
aplicación de los procedimientos por parte del juez actúa como un obstáculo
para la efectividad del derecho sustancial, lo que conlleva a una denegación
de justicia debido a la exigencia rigurosa e inflexible de requisitos formales o
a una excesiva severidad en la evaluación de las pruebas.
Conviene en este punto precisar que, para la Corte Constitucional, el exceso
ritual manifiesto, cuando se analiza en materia probatoria, puede comportar
también un defecto fáctico si es que el juez de la causa omitió el decreto y
práctica de una prueba de oficio que sería crucial para esclarecer un aspecto
difuso del litigio.
En específico, al analizar el exceso ritual manifiesto en eventos relacionados
con las facultades probatorias de oficio del juez, la jurisprudencia
constitucional ha indicado que se presenta cuando, a pesar de la existencia
8 «Cfr. Sentencias SU-159 de 2002, T-331 de 2008, T-719 de 2012 y SU-355 de 2017»
9 «Cfr. Sentencias T-674 de 2013 y SU-061 de 2018.»
10 Corte Constitucional. Sentencias T-268 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; T-301 de 2010, M.P.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-893 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, Sentencias T-327 de 2011,
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-591 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y T-213 de 2012, M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva.
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de dudas sobre hechos determinantes del litigio, cuya veracidad puede
inferirse de manera razonable a partir del acervo probatorio, el juez no ordena
la práctica de las pruebas que podrían demostrar dichos hechos.
En la sentencia T 113 de 2019, al referirse a la caracterización de los defectos
fáctico y procedimental por exceso ritual cuando el juez de la causa no
despliega sus facultades probatorias, la Corte Constitucional, precisó:
«…en las actuaciones de la administración de justicia debe prevalecer la aplicación del
derecho sustancial, lo que implica que al momento de interpretar la ley procesal, el juez está
obligado a tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los
derechos reconocidos en las normas sustanciales. Por consiguiente, las formas no deben
convertirse en un obstáculo para la efectividad del derecho sustancial, sino que deben
propender por su realización, más aún cuando la exigencia documental refiere a asuntos
respecto de los que existe soporte probatorio en el respectivo trámite judicial. Asimismo, el
exceso ritual manifiesto en materia de exigencia probatoria puede comportar un defecto
fáctico, en aquellos casos en que se omita la práctica de una prueba de oficio para aclarar un
asunto difuso del debate, a pesar de que de los otros medios de prueba puedan inferirse los
hechos que sustentan la pretensión correspondiente.»
5.3. Establecido lo anterior, se recuerda que, en la sentencia del 6 de marzo de
2024, el Tribunal Administrativo del Caquetá - Sala Primera de Decisión,
revocó la decisión de condena parcial de primera instancia, para en su lugar,
negar las pretensiones de la demanda como consecuencia del alegado
incumplimiento de la carga de la prueba que correspondía a la parte
demandante.
Previo a exponer la argumentación en la que el ad quem sustentó la anterior
conclusión probatoria, es importante considerar que al proceso analizado se
aportaron los siguientes medios de prueba:
(i) La providencia del 12 de febrero de 2010 en la que se calificó el mérito
del sumario, se llamó a juicio al señor Sepúlveda Marines por el delito de
rebelión en concurso con concierto para delinquir agravado y se precluyó
la investigación por homicidio, secuestro y desplazamiento forzado.
(ii) La sentencia penal absolutoria a favor del procesado que data del 25 de
mayo de 2011 y la sentencia del 27 de agosto de 2012 en la que el
Tribunal Superior del Caquetá confirmó la decisión de absolución.
(iii) La constancia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de que el
señor Alberto Sepúlveda Marines ingresó al establecimiento carcelario el
17 de marzo de 2009 y salió en libertad por orden de autoridad judicial el
27 de mayo de 2011.
Con fundamento en este acervo probatorio, el tribunal accionado emitió la
siguiente valoración fáctica:
«(…) resulta necesario analizar las razones expuestas por la fiscalía para acceder a la medida
de aseguramiento, al igual que el respeto por las formas procesales y materiales para su
imposición, así como verificar la existencia real de los fines que pretendían servirse con ella,
la proporcionalidad de su extensión temporal y la razonabilidad de la decisión de imponerla.
Se resalta que al plenario únicamente se allegó la copia de la resolución de acusación
mediante la que se calificó el mérito sumarial y se vinculó al señor ALBERTO SEPULVEDA
MARINES al proceso, sin que obre la decisión mediante la cual se ordenó la imposición de la
medida de aseguramiento, por lo que no es posible verificar si esta hubiese radicado en una
decisión abiertamente desproporcionada y/o violatoria de los procedimientos legales; ello a fin
de definir si resultó injusta y generadora de un daño antijurídico imputable a las entidades
demandadas.
Así pues, al advertirse la ausencia en el plenario de dicha providencia, no es posible efectuar
el estudio de si aquella cumplió con los requisitos legales para decretarse la privación de la
libertad (…).
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En ese entendido, le correspondía a la parte demandante acreditar que las decisiones
conforme a las cuales se privó de la libertad al señor SEPÚLVEDA MARINES fueron
desproporcionadas o injustas, lo que no ocurrió; no pudiendo la Sala entrar a suplir la
deficiencia probatoria observada, como quiera que el numeral 5 del artículo 162 del CPACA
dispone que corresponde al demandante peticionar las pruebas que pretende hacer valer y,
en todo caso, aportar aquellas que se encuentren en su poder. Mandato legal que obligaba a
la parte actora a observar unas cargas probatorias mínimas que no fueron cumplidas. Así las
cosas, se tiene que la Sala carece de los elementos para examinar la antijuridicidad del daño.
Así como lo explicó el Consejo de Estado en sentencia de unificación del 15 de agosto de
2018 (…)
Ahora bien, no pasa por alto la Sala que el artículo 187 del CPACA (sic) establece la
posibilidad de decretar pruebas de oficio antes de proferirse la sentencia; empero, estas
proceden únicamente cuando se dirijan a "esclarecer puntos oscuros o difusos de la
contienda", por lo que en el sub examine al no tratarse de una documental que aclare alguna
circunstancia de la situación fáctica expuesta, sino que es a partir de esta que se establece la
responsabilidad, no podría acudir la sala a la oportunidad probatoria que prevé la norma.
Finalmente, se advierte que si bien es cierto para el momento en el cual se presentó la
demanda este tipo de casos era examinado bajo el régimen objetivo, también lo es que la
jurisprudencia actual impone la necesidad de examinar dichos asuntos en sede de
antijuridicidad del daño, es decir si la privación -independientemente de cómo se justifique
posteriormente la decisión por la cual se recobró la libertad- fue impuesta con arreglo o no a
la norma entonces vigente. Y es que en ello radica, precisamente, la antijuridicidad del daño
en casos de privación de la libertad por orden judicial: si la privación correspondió al
cumplimiento de los requisitos legales respectivos, es una carga que el detenido debe soportar
y que, en consecuencia, no es antijurídica; y solo si se impuso en ausencia de uno o unos de
esos requisitos se torna en antijurídica, en razón a que el ciudadano no tiene por qué soportar
una privación en condiciones no autorizadas por la ley.
En consecuencia, al no haberse acreditado por la parte actora la antijuridicidad del daño cuya
reparación se pretende, procederá la Sala a revocar la sentencia de primera instancia por
medio de la cual se accedió a las pretensiones de la demanda, para, en su lugar, negarlas.»
(Destaca la Sala)
5.4. Establecido el anterior contexto, para esta Sección, el Tribunal Administrativo
de Caquetá incurrió en defecto procedimental en sus dos facetas, absoluto y
por exceso ritual manifiesto. Esto se debe a que atribuyó a la parte
demandante las consecuencias del incumplimiento de la carga de la prueba a
pesar de que, en el momento de promover la demanda, la aportación de la
providencia que imponía la medida de aseguramiento no era un elemento de
convicción necesario para declarar la responsabilidad del Estado por privación
injusta de la libertad.
En este sentido, la accionada adoptó un nuevo precedente para resolver el
caso sin reconocer que esto conllevaba responsabilidades probatorias
adicionales para la parte actora que no eran exigibles cuando se interpuso la
demanda ni cuando se surtieron las etapas de aportación, petición, decreto y
práctica de las pruebas.
Estima la Sala que el cambio de las reglas jurisprudenciales para analizar la
responsabilidad del Estado en eventos de privación de la libertad exigía que
el juez de la causa valorara las nuevas cargas probatorias que implicaba su
aplicación y tomara las medidas necesarias para salvaguardar los derechos
fundamentales de las partes.
Así pues, atendiendo a las particularidades de este caso, se estima que era
razonable que el juez de la causa al advertir que las pruebas obrantes en el
proceso no eran suficientes para surtir el análisis de conformidad con las
nuevas reglas de decisión establecidas con el cambio de precedente, hiciera
uso de sus poderes probatorios de oficio para traer al proceso el medio de
prueba relevante, para este caso, la providencia que impuso la medida de
aseguramiento. No así, que impusiera las consecuencias de esa omisión a la
demandante cuando inicialmente no era su carga.
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A continuación, se expondrán de manera más específica los fundamentos
fácticos y jurídicos de las anteriores afirmaciones.
5.5. En el curso del proceso ordinario analizado ocurrió un cambio de
precedente que afectó la carga probatoria de las partes. La demanda de
reparación directa fue promovida el 13 de enero de 201511. Para ese momento
las reglas de decisión sobre el análisis de la responsabilidad del Estado por
privación injusta de la libertad estaban determinadas por la sentencia de
unificación del 17 de octubre de 2013 (rad. 23354). En esta providencia se
optó por aplicar de manera preferencial el régimen objetivo de responsabilidad
por daño especial para casos de responsabilidad del estado por privación de
la libertad.
Lo anterior implicaba que al demandante le correspondía probar que había
sido objeto de una medida privativa de su libertad en el trámite de un proceso
judicial y que el proceso concluyó con decisión favorable a su inocencia, sin
que fuera necesaria ni determinante la demostración de un error en la
imposición de la medida preventiva12. Respecto de las cargas probatorias de
las partes, en la sentencia de unificación, se dijo:
«Por consiguiente y atendiendo a la argumentación formulada dentro del presente proveído,
se impone concluir que el actor no estaba en la obligación de soportar el daño que el Estado
le irrogó, el cual debe ser calificado como antijurídico, calificación que determina la
consecuente obligación para la Administración de Justicia ─concretamente para la Fiscalía
General de la Nación─ de resarcir a dicha persona por ese hecho; frente a estos casos, en
forma reiterada, se ha señalado:
“La Sala reitera que en casos como éste no corresponde a la parte actora acreditar
nada más allá de los conocidos elementos que configuran la responsabilidad: actuación
del Estado, daño antijurídico e imputación, extremos que se encuentran suficientemente
acreditados en el expediente, pues fue una decisión de la Administración de Justicia,
en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, la que determinó que los señores (…) y
(…) tuvieren que estar privados de la libertad, a quienes más adelante les fue precluida
la investigación. En cambio, es a la parte accionada a quien le correspondía demostrar,
mediante pruebas legales y regularmente traídas al proceso, si se había dado algún
supuesto de hecho en virtud del cual pudiere entenderse configurada una causal de
exoneración: fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o culpa exclusiva y
determinante de la víctima y ocurre que ninguna de estas eximentes ha sido acreditada
en el plenario”». (Subraya propia)
A ese respecto, también resulta ilustrativa la sentencia del 31 de mayo de 2016
(Rad. 40394), proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, en la que se indicó:
«Aunado a lo anterior, esta Corporación en reiterada jurisprudencia ha manifestado que en
relación con la responsabilidad que le asiste al Estado por los casos de injusta privación de la
libertad -aún en aquellos casos en los que se analiza la absolución de una persona
penalmente encartada por aplicación del principio in dubio pro reo-, se debe dar aplicación a
una responsabilidad de carácter objetivo, en la que no es necesaria la demostración de que
la autoridad judicial incurrió en un error, y en la que la administración de justicia podrá
exonerarse sólo si demuestra que existió culpa exclusiva de la víctima o el hecho exclusivo y
determinante de un tercero. Al damnificado le basta con demostrar que contra él se impuso
una medida privativa de su libertad en el trámite de un proceso judicial, que dicho proceso
culminó con decisión favorable a su inocencia, así como el daño surgido de la situación de la
detención, para que con esa demostración surja a cargo de la administración la obligación de
indemnizar los perjuicios sufridos por el ciudadano.» (Subraya propia)
11 Expediente ordinario de reparación directa nro. 18001-33-33-001-2015-00007-01. Archivo denominado
«04CuadernoPpal1», página 97.
12 A ese respecto, se pueden consultar las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 24 de mayo de 2017, proceso nro. 44001-23-
31-000-2011-00091-01(46261). M.P. Hernán Andrade Rincón; Subsección A. Sentencia del 24 de mayo de
2017, proceso nro. 44001-23-31-000-2011-00091-01(47288). M.P. Hernán Andrade Rincón.
12
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Las anteriores reglas de decisión variaron estando en curso el proceso sub
examine. En primer lugar, fue proferida la sentencia SU 072 de 201813 en la
que la Corte Constitucional manifestó que en estos eventos no era dable
privilegiar un determinado régimen de responsabilidad sino que correspondía
al juzgador establecerlo de acuerdo con las particularidades del caso, pero
estableció la necesidad de estudiar «independientemente del título de atribución que
se elija, si la decisión adoptada por el funcionario judicial penal se enmarca en los
supuestos de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad».
Posteriormente, en la sentencia de unificación del 15 de agosto de 2018
(Rad. 46497), la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado
modificó su jurisprudencia en un sentido similar al establecido por el Tribunal
Constitucional. Indicó que en estos casos era necesario identificar la
antijuridicidad del daño y verificar si el privado de la libertad actuó con culpa
grave o dolo. Sin embargo, esta sentencia fue dejada sin efectos en fallo de
tutela del 15 de noviembre de 201914 ante el indebido análisis del hecho de la
víctima como eximente de responsabilidad del Estado.
Estas dos providencias constituyen el cambio de precedente en el análisis de
la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad y, como se
ve, suponen un cambio en las cargas probatorias de las partes. El principal
cambio y el que importa a efectos de resolver este caso es que la providencia
que impone la medida privativa de la libertad ahora adquiere un papel
relevante debido a que es con fundamento en esta que se surte, por regla
general, el análisis de la antijuridicidad del daño o de la irrazonabilidad,
legalidad y proporcionalidad de la privación de la libertad.
Con lo anterior queda evidenciado el cambio de precedente que ocurrió en el
trámite del proceso ordinario y la imposición de las cargas probatorias que ese
cambio significó. Ahora, no se discute que el nuevo precedente (SU072 de 2018)
era aplicable de manera inmediata a los casos el curso, pues es claro que los
efectos de las sentencias de unificación de la Corte Constitucional son por
regla general, retrospectivos. Es decir que se aplican inmediatamente a los
procesos en curso, salvo que la autoridad judicial haya definido los efectos en
otro sentido. Así lo estableció ese tribunal en la sentencia T-044 de 202215 y
en la sentencia SU406 de 201616. Lo que resulta cuestionable es que el juez
13 La Secretaría de la Corte Constitucional registra que la sentencia fue comunicada al juez de tutela el 11 de
septiembre de 2018 y en la misma fecha se envió la copia de la decisión a la Relatoría de esa Corporación.
Cfr. https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/consultat/consulta.php?campo=rad_codigo&date3=2017-01-
01&date4=2024-11-13&radi=Radicados&palabra=T6304188&radi=radicados&todos=%25
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. Magistrado
Ponente: Martín Bermúdez Muñoz. Proceso nro. 11001-03-15-000-2019-00169-01.
15 Al respecto en la sentencia, se lee «82. En la Sentencia SU-406 del año 2016, la Corte se refirió
explícitamente al cambio del precedente jurisprudencial y su aplicación en el tiempo. En esta decisión, luego
de precisar que “el cambio de una determinada posición jurisprudencial por el respectivo órgano de cierre
implica una modificación en la interpretación jurídica, es decir, del contenido normativo de determinada
disposición”, esta Corporación señaló que los nuevos precedentes deben aplicarse de forma “general e
inmediata”; en otras palabras, retrospectivamente. Con todo, en la misma decisión esta Corporación aclaró
que, “no obstante que la aplicación general e inmediata de un nuevo precedente fijado por un órgano de
cierre de la jurisdicción vincula a la administración de justicia como una garantía del principio de igualdad,
tal regla general no puede pasar por alto el contenido material de la misma igualdad al que se hizo referencia
anteriormente, y que conduce a que cada situación sea observada a la luz de las circunstancias
particulares”.»
16 Al respecto en la sentencia, se lee: « 7.8.1.6. Todo lo dicho, permite concluir que las reglas fijadas en las
providencias proferidas por los órganos de cierre, en cuanto autoridades de unificación de jurisprudencia,
definen el contenido normativo de los textos jurídicos, es decir, de la ley en sentido amplio, y, con ello,
vinculan a los órganos inferiores jerárquicamente, y a sí mismos, a determinada interpretación, lo cual se
justifica, como ya se anotó, “con base en los fundamentos constitucionales invocados de igualdad, buena
fe, seguridad jurídica, a partir de una interpretación sistemática de principios y preceptos constitucionales”
Así las cosas, la jurisprudencia fijada por los órganos de cierre se convierte en aplicable de manera general
e inmediata, en sentido horizontal y vertical. A partir de ello, la lectura de la normatividad debe hacerse a la
luz de los lineamientos y definiciones establecidas por el tribunal de cierre, sin perjuicio de las reglas
establecidas para efectos de que de manera excepcional una autoridad judicial pueda apartarse del
precedente judicial.
13
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de la causa como director del proceso no valorara si la aplicación de la nueva
regla sacrificaba intensamente el derecho al debido proceso de las partes.
A ese respecto, conviene recordar que en la sentencia SU 406 de 2016, la
Corte Constitucional analizó una acción de tutela contra la sentencia de
segunda instancia proferida en un proceso ejecutivo. Los accionantes
argumentaron la violación de sus derechos fundamentales porque el fallo dejó
de lado las excepciones de mérito con fundamento en un precedente del año
2004, aunque, a su juicio, la decisión debía atender a la jurisprudencia del año
2001, ya que era el precedente vigente cuando se propusieron las
excepciones. Por lo anterior, la Corte Constitucional estimó pertinente analizar
en el acápite 7.8. de su fallo, «El precedente jurisprudencial como garantía de igualdad
en la aplicación de la ley. Cambio del precedente judicial y su aplicación en el tiempo». Esta
Sala se permite, relacionar el siguiente aparte de la sentencia que es relevante
en el análisis que hoy nos ocupa:
«Lo anterior significa que la realización de la igualdad material en la administración de justicia,
exige que el precedente no ha de aplicarse de forma automática e irreflexiva, de manera que,
si por un lado, ante casos semejantes debe darse el mismo tratamiento legal, por el otro, frente
a casos distintos se dé un trato diferenciado, cuando ello resulte razonablemente justificado 17.
Es decir que, ante el presupuesto de la vinculación general e inmediata de la jurisprudencia,
deben tenerse en cuenta las condiciones sustanciales y procesales de cada caso para evitar
que, so pretexto de la aplicación formal del precedente, se desconozcan derechos
fundamentales. De modo que, en tanto que la garantía del principio de igualdad no obedece
a un quantum matemático, la aplicación de la jurisprudencia debe atender las situaciones
particulares del caso, para que, cuando éstas lo ameriten y con una adecuada sustentación,
el operador judicial adopte las medidas necesarias para que la aplicación del precedente se
corresponda con la garantía de los derechos fundamentales de los sujetos procesales.»
(Subraya la Sala).
En el caso particular, el tribunal aplicó de manera rígida e inflexible el
fenómeno de la carga de la prueba y las consecuencias de no haberla
cumplido. Como ya se narró, en la sentencia se estableció de acuerdo con el
nuevo precedente que la providencia que impuso la medida de aseguramiento
era necesaria para analizar la antijuridicidad del daño, pero el documento no
obraba en el proceso y quien tenía la carga de traerlo al proceso era la parte
demandante. Como no cumplió con esa carga, negó las pretensiones de la
demanda.
No obstante, el ad quem debió considerar que cuando se surtió la etapa
probatoria de petición, aportación, decreto y práctica de la prueba, la
providencia en la que se impuso la medida de aseguramiento no era un
requisito necesario para declarar la responsabilidad del Estado (régimen
objetivo). Es con la nueva tesis jurisprudencial que este medio de prueba se
hace necesario para el análisis de la antijuridicidad del daño y que se exige a
la parte demandante procurar su inserción al proceso.
En ese entendido, no se compadece con los derechos al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia que se castigue a la parte demandante
por no aportar un medio de prueba que no era necesario cuando interpuso la
demanda y cuando se surtió la etapa probatoria del proceso. Hubiera sido
preferible que el tribunal valorara las nuevas cargas probatorias que exigía el
Lo anterior significa que la realización de la igualdad material en la administración de justicia, exige que el
precedente no ha de aplicarse de forma automática e irreflexiva, de manera que, si por un lado, ante casos
semejantes debe darse el mismo tratamiento legal, por el otro, frente a casos distintos se dé un trato
diferenciado, cuando ello resulte razonablemente justificado»
17 «Al respecto esta Corporación desde sus primeros años sostuvo en la Sentencia C-221 de 1992 sobre el
principio de igualdad que éste “es objetivo y no formal (…) Con este concepto sólo se autoriza un trato
diferente si está razonablemente justificado (…) Se supera también, con la igualdad material, el igualitarismo
o simple igualdad matemática”. Este alcance ha sido reiterado en fallos más recientes como en las
Sentencias T-262 de 2009, T-387 de 2012 y T-386 de 20123, entre otras.»
14
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nuevo precedente y echado en falta este relevante medio de prueba procurara
traerlo al proceso en despliegue de sus poderes probatorios de oficio y de su
rol de director del proceso, sin sacrificar las garantías procesales y
sustanciales.
5.6. Así pues, es posible concluir que el Tribunal Administrativo del Caquetá
incurrió en una clara omisión al no ejercer sus facultades probatorias de oficio
para traer al proceso el medio de prueba necesario a efectos de analizar la
antijuridicidad del daño alegado, dadas las reglas de decisión establecidas en
el nuevo procedente. Esta omisión, priorizó las formalidades sobre la
substancia e impidió la debida protección de los derechos constitucionales de
los aquí accionantes.
En la sentencia acusada la autoridad judicial manifestó que, en este caso no
estaban dadas las circunstancias para decretar pruebas de oficio, porque
estas solo procedían «cuando se dirigen a esclarecer puntos oscuros o difusos de la
contienda, por lo que en el sub examine al no tratarse de una documental que aclare alguna
circunstancia fáctica de expuesta, sino que es a partir de esta que se establece la
responsabilidad, no podía acudir la Sala a la oportunidad probatoria que prevé la norma.»
Esta Sala no comparte la anterior afirmación. Según el análisis que hasta aquí
se ha surtido el despliegue de los poderes probatorios del juez aparece
justificado en la necesidad de esclarecer los puntos oscuros del debate como
lo eran las razones en las que se sustentó la medida de aseguramiento. Si
bien en el ejercicio del poder probatorio es razonable cuidar que esta potestad
no afecte el equilibrio procesal ni implique asumir el deber probatorio de las
partes, cierto es que en el caso concreto lo que implicaba su ejercicio era
precisamente la nivelación de las cargas probatorias ante el cambio de
jurisprudencia.
Sobre ese asunto, conviene recordar que el artículo 213 del CPACA consagra
la posibilidad de que el juez de la causa decrete pruebas de oficio, entre otras
oportunidades, cuando el proceso está para sentencia para «esclarecer puntos
oscuros o difusos de la contienda». Respecto de esta regulación, la Corte
Constitucional en la sentencia T-113 de 201918, indicó que, aunque en
principio el CPACA impone la carga probatoria a las partes, también permite
que el juez redistribuya la carga de la prueba y decrete pruebas de oficio para
«esclarecer la verdad y contar con los elementos de convicción necesarios para resolver
el fondo de la controversia.»
Respecto de los poderes probatorios del juez y su relación con el fenómeno
de la carga de la prueba, la Corte agregó:
«En cuanto a las pruebas de oficio y la distribución de la carga de la prueba, la jurisprudencia
constitucional ha respaldado su legitimidad, partiendo de la idea de que la búsqueda de la
verdad es un imperativo para el juez y un presupuesto para la obtención de decisiones
justas19. En particular, la Corte ha establecido que el principio del onus probandi como
exigencia general de conducta prevista por el Legislador no se refleja como irrazonable ni
desproporcionada, pues responde a fines constitucionalmente legítimos, como son ejercer los
derechos con responsabilidad y colaborar con el buen funcionamiento de la administración de
justicia, contribuir al esclarecimiento de la verdad en el marco de un proceso judicial, asegurar
la prevalencia del derecho sustancial y velar por la vigencia de un orden justo20.
Sin embargo, el juez, como director del proceso, debe estar atento a dar cumplimiento a su
misión en el marco del Estado Social y Democrático de Derecho, ya sea al acudir a sus
atribuciones oficiosas en el decreto y práctica de pruebas, o para distribuir de forma razonable
la carga probatoria, según la posición en la que se encuentren las partes en cada caso.
(…)
18 Ver acápite denominado «Facultades oficiosas de los jueces y posibilidad de decretar pruebas de oficio en
el proceso contencioso administrativo»
19 «Sentencias T-264 de 2009 y T-213 de 2012.»
20 «Sentencia C-086 de 2016; M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.»
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Así pues, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación 21, el funcionario deberá
decretar pruebas oficiosamente: (i) cuando a partir de los hechos narrados por las partes y de
los medios de prueba que estas pretendan hacer valer, surja en el funcionario la necesidad
de esclarecer asuntos indefinidos de la controversia; (ii) cuando la ley le marque un claro
derrotero a seguir; o (iii) cuando existan fundadas razones para considerar que su inactividad
puede apartar su decisión del sendero de la justicia material 22.» (Subraya propia)
De acuerdo con lo anterior, la argumentación que expuso el juez de la causa
para justificar la negativa del despliegue de sus poderes oficiosos no se
acompasa con el alcance que la Corte Constitucional le ha dado a esta figura
en su jurisprudencia. En lugar de estudiar su aplicación en el marco de las
particularidades del caso concreto, donde era clara la necesidad de que se
equilibraran las cargas probatorias para emitir una decisión de fondo, el juez
optó por un entendimiento rígido de sus facultades probatorias y del fenómeno
de la carga de la prueba.
La autoridad judicial acusada se limitó a constatar que la carga de la prueba
incumplida estaba en cabeza de la parte demandante y dejó de utilizar
activamente sus facultades constitucionales y legales para establecer la
verdad y dictar una sentencia justa en la que primara el derecho sustancial, en
cumplimiento del artículo 228 de la Constitución.
5.7. En este punto es importante precisar que la anterior declaración no debe
interpretarse como un mandato que obliga al juez a suplir las cargas
probatorias ante la inactividad de las partes ni como un respaldo para activar
indiscriminadamente las facultades oficiosas del juez en materia de pruebas.
Cada caso debe ser analizado por el juzgador con base en sus
particularidades. Sin embargo, en la situación específica no se observa que la
omisión en la aportación de la providencia que impuso la medida privativa de
la libertad sea consecuencia de la negligencia, descuido o inacción de los
demandantes, sino de que en el curso del proceso cambiaron las reglas de
decisión de los casos de responsabilidad del Estado por privación injusta de
la libertad, lo que implicó una variación en las cargas probatorias.
Así pues, el juez de la segunda instancia, en su calidad de director del proceso,
debió utilizar sus poderes probatorios de oficio para garantizar el cumplimiento
del artículo 228 de la Constitución Política que consagra que en el servicio de
justicia debe primar el derecho sustancial.
5.8. De acuerdo con lo dicho, esta Sala considera que la sentencia del 6 de marzo
de 2024 incurrió en defecto procedimental absoluto y por exceso ritual
manifiesto, porque el Tribunal Administrativo del Caquetá aplicó el nuevo
precedente al caso particular sin valorar si las nuevas reglas contenidas en
éste sacrificaban intensamente las garantías procesales. Esa omisión llevó a
que aplicara con rigurosidad las consecuencias del incumplimiento de la carga
de la prueba sin considerar que la aportación del medio de convicción que
echó en falta no era exigible a la parte actora cuando radicó la demanda (año
2015), sino con el cambio de jurisprudencia en el año 2018.
Aunque estas nuevas cargas podían haberse equilibrado en ejercicio de sus
poderes probatorios de oficio, el tribunal decidió no ejercerlas bajo una
argumentación que no se estima suficiente si se compara con la intensa
afectación del derecho al debido proceso que ello implicó.
21
«Esta subregla fue formulada originalmente por la sentencia T-264 de 2009 y reiterada en la sentencia T-
950 de 2011.»
22 Sentencia T-264 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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6. Por sustracción de materia esta Sala no observa la necesidad de pronunciarse
de fondo frente al defecto por desconocimiento del precedente judicial.
Se recuerda que su alegación se fundamentó en que en el caso particular se
debió tener en cuenta una sentencia de la Sección Tercera del Consejo de
Estado en la que tampoco se había aportado la providencia que impuso la
medida de aseguramiento y el juez de la causa decidió analizar el caso bajo
el régimen objetivo, pero aquí ya se estableció que el juez debe procurar traer
ese elemento de prueba al proceso en ejercicio de sus facultades oficiosas.
7. Conclusión
En virtud de lo expuesto, esta Sección concederá la protección constitucional de los
derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de Alberto
Sepúlveda Marines y otros.
En consecuencia, dejará sin efectos la sentencia del 6 de marzo de 2014, proferida
por la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo del Caquetá en el
proceso de reparación directa nro. 18001-33-33-001-2015-00007-00/01, para que, esta
autoridad haga uso de la facultad oficiosa que le concede la Ley y dicte una
sentencia de reemplazo, contando con los elementos de juicio suficientes, para
decidir sobre la antijuridicidad de la medida de aseguramiento de la que fue objeto
el señor Alberto Sepúlveda Marines.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia de los señores Alberto Sepúlveda Marines, Ximena
Yulieth Sepúlveda Ruiz, Prika Dayana Sepúlveda Ruiz, Luisa Fernanda
Sepúlveda Ruiz, Nórida Yureny Sepúlveda Ruiz, Luis Alberto Sepúlveda Ruiz,
Marcela Sepúlveda Quintero, Jhon Fabio Sepúlveda Quintero, Moisés
Sepúlveda Quintero, Ferney Sepúlveda Quintero, Leidy Jhoana Sepúlveda
Quintero, Gloria Inés Sepúlveda Quintero, Arnulfo Sepúlveda Marines, Luz
Mary Sepúlveda Marines, Deisy Sepúlveda Marín y Paola Andrea Marinez
Cuellar, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
2. En consecuencia, dejar sin efectos la sentencia del 6 de marzo de 2024,
proferida por la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo del
Caquetá, en el medio de control de reparación directa nro. 18001-33-33-001-
2015-00007-01.
3. Por lo anterior, ordenar a la Sala Primera de Decisión del Tribunal
Administrativo del Caquetá que, en el término de veinte (20) días contados a
partir de la notificación de esta providencia, haga uso de la facultad oficiosa
que le concede la Ley y dicte una sentencia de remplazo, contando con los
elementos de juicio suficientes, para decidir sobre la antijuridicidad de la
medida de aseguramiento de la que fue objeto el señor Alberto Sepúlveda
Marines.
4. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
5. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
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6. De no ser impugnada la presente providencia, enviarla a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente Salva el voto
Salva el voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO JUAN DE DIOS BRAVO GONZÁLEZ
Conjuez
(Firmado electrónicamente)
HUMBERTO ANIBAL RESTREPO VÉLEZ
Conjuez
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
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