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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05509-01

Fecha
7 de febrero de 2025
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05509-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 7 de noviembre de 2024, por la Sección Quinta del Consejo de Estado. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-05509-01

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

7 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D.C., siete (7) de febrero de dos mil veinticinco (2025).

Radicación: 11001-03-15-000-2024-05509-01

Accionante: VIVIANA ROSA PÉREZ ATEHORTÚA

Accionado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS – Procedencia
excepcional / SUBSIDIARIEDAD – Requisito de procedibilidad de la acción de tutela /
SUBSIDIARIEDAD – No se cumple en el caso concreto.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Corresponde a la Sala resolver la impugnación interpuesta por la parte accionante
en contra de la sentencia del 7 de noviembre de 2024, mediante la cual la Sección
Quinta del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción de tutela de la
referencia1.

I. A N T E C E D E N T E S

La demanda2

1. El 9 de octubre de 20243, Viviana Rosa Pérez Atehortúa, actuando en
nombre propio, presentó demanda de tutela4 en contra del Consejo Superior de la
Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial, por la presunta
vulneración de su derecho fundamental a la igualdad y el desconocimiento del
principio del mérito, con ocasión de la expedición de la Resolución CJR24-0345 del

1
Que ingresó para fallo el 6 de diciembre de 2024, índice 3 del expediente
11001031500020240550901 de Samai.
2
Documento denominado “2ED_Demanda(.pdf) NroActua 2”, que obra en el índice 2 del expediente
11001031500020240550900 de Samai.
3
Ver el documento denominado “3ED_CorreoElectronico(.pdf) NroActua 2”, que obra en el índice 2
del expediente 11001031500020240550900 de Samai.
4
Inicialmente esta acción constitucional fue repartida a la Corte Suprema de Justicia – Sala de
Casación Penal; sin embargo, mediante auto del 10 de octubre de 2024, el proceso fue remitido por
competencia a esta Corporación. Al respecto, ver el documento denominado “4ED_Auto(.pdf)
NroActua 2”, que obra en el índice 2 del expediente 11001031500020240550900 de Samai.

1

Radicación: 11001-03-15-000-2024-05509-01
Accionante: Viviana Rosa Pérez Atehortúa
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura
Referencia: Acción de tutela (Segunda Instancia)

16 de septiembre de 2024, por medio de la cual se confirmó el concepto
desfavorable respecto de la solicitud de traslado formulada por la accionante.

Hechos relevantes

2. La accionante ocupa actualmente, en propiedad, el cargo de sustanciador en
el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Fundación, Magdalena.

3. Según indicó, presentó solicitud ante el Consejo Seccional de la Judicatura
del Magdalena, pidiendo que se le trasladara al Juzgado Primero de Pequeñas
Causas Laborales de Santa Marta para ocupar el cargo de sustanciador,
argumentando que necesita estar cerca de su padre, quien es un señor de la tercera
edad que presenta algunos quebrantos de salud.

4. La referida entidad, mediante Oficio CSJMAOP24-41 del 24 de enero de
2024, emitió concepto desfavorable frente al traslado solicitado, por considerar que
la accionante no satisfizo los requisitos previstos en la normativa para la
procedencia del traslado por motivos de salud de un familiar. Ante tal determinación,
la peticionaria interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, apelación.

5. El recurso de reposición fue resuelto a través de la Resolución CSJMAR24-
68 del 14 de febrero de 2024, en la que se dispuso no reponer la decisión
cuestionada, con fundamento en argumentos similares a los expuestos inicialmente,
y se concedió el recurso de apelación.

6. La Unidad de Administración de Carrera Judicial resolvió el recurso de
alzada, mediante la Resolución CJR24-0258 del 11 de julio de 2024, en la que
decidió confirmar el concepto desfavorable de traslado emitido por el Consejo
Seccional de la Judicatura del Magdalena. Además, consideró que ésta última
dependencia omitió estudiar el requisito de afinidad entre cargos al momento de
resolver la solicitud de traslado presentada por la accionante, por lo que se dispuso,
en el numeral segundo, “conceder el recurso de reposición respecto del aspecto de
afinidad, únicamente”.

7. La accionante presentó solicitud de aclaración frente al numeral segundo de
la anterior decisión, la cual fue resuelta mediante Resolución CJR24-0299 del 23 de
agosto de 2024, en la que se aclaró el referido numeral, en el sentido de indicar que
contra dicha decisión “procede” el recurso de reposición, únicamente, respecto al
cumplimiento de los requisitos de afinidad entre el cargo de origen y el de destino.

8. Frente a la decisión del 11 de julio de 2024 la parte actora presentó recurso
de reposición, en relación con el requisito de afinidad. Recurso que fue resuelto de
manera desfavorable mediante Resolución CJR24-0345 del 16 de septiembre de
2024, toda vez que, en virtud de la tabla de afinidades establecida en el Acuerdo
PSCJA17-10754 de 2017, no se contempla el cargo ejercido por la peticionaria.
Contra dicha decisión no procede recurso alguno y, alega la accionante, “es el
requisito que ha impedido el traslado”.

2

Radicación: 11001-03-15-000-2024-05509-01
Accionante: Viviana Rosa Pérez Atehortúa
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura
Referencia: Acción de tutela (Segunda Instancia)

Pretensiones

9. La accionante solicita lo siguiente (transcripción literal, con posibles errores
incluidos):

“1. Tutelar el derecho fundamental de igualdad y el principio de mérito.
2. Ordenar al Consejo Superior De (sic) La (sic) Judicatura Unidad De (sic)
Administración De (sic) Carrera Judicial revocar el concepto desfavorable del
requisito de afinidad.”

Fundamentos de la demanda de tutela

10. La parte accionante alegó la vulneración de su derecho fundamental a la
igualdad y al principio del mérito, por considerar que la decisión de la Unidad de
Administración de Carrera Judicial, de confirmar el concepto desfavorable a la
solicitud de traslado por ella formulada, no tuvo en cuenta que sí se cumplen todos
los requisitos para el traslado y, en particular, el requisito de afinidad entre el cargo
ocupado actualmente y el cargo al que aspira ser trasladada.

11. Al respecto, explicó que el artículo 13 de la Ley 2220 de 2022 establece que
los juzgados promiscuos también pueden conocer de asuntos laborales. En esa
misma línea, se refirió al Auto 556 de 2023, en el que la Corte Constitucional resolvió
un conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado Promiscuo Municipal de María la Baja
y el Juzgado Séptimo Administrativo de Cartagena. En dicha decisión, la Corte
determinó que el Juzgado Promiscuo Municipal de María la Baja era el competente
para tramitar procesos de naturaleza laboral cuya cuantía no excediera de 20
salarios mínimos. En ese sentido, la accionante indicó que, si bien en dicha decisión
se resolvió un tema atinente a la competencia, “debería entrarse a estudiar como
analogía”, a partir de lo cual, asegura, se podría colegir que “sí existe afinidad entre
el Juez de Pequeñas Causas Laborales y el Juez Promiscuo Municipal”.

12. Finalmente, sobre la procedencia de la acción y el cumplimiento del requisito
de subsidiariedad, manifestó que acude a la tutela como mecanismo transitorio,
para evitar que se nombre en propiedad a otro servidor judicial de carrera en el
cargo al cual aspira ser trasladada, lo cual, a su juicio, constituiría un perjuicio
irremediable.

Trámite de la demanda de tutela

13. Mediante auto del 16 de octubre de 20245, el despacho sustanciador de
primera instancia admitió la demanda de tutela, ordenó notificar al Consejo Superior
de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial, y vinculó al Consejo
Seccional de la Judicatura del Magdalena, al Juzgado Segundo Promiscuo
Municipal de Fundación y al Juzgado Primero de Pequeñas Causas Laborales de

5
Documento denominado “14Autoqueadmite_ADMITE_20240550900VIVIANARO(.pdf) NroActua
4”, que obra en el índice 4 del expediente 11001031500020240550900 de Samai.

3

Radicación: 11001-03-15-000-2024-05509-01
Accionante: Viviana Rosa Pérez Atehortúa
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura
Referencia: Acción de tutela (Segunda Instancia)

Santa Marta como terceros con interés en el resultado del proceso. Además, tuvo
como pruebas los documentos aportados con la solicitud de amparo.

Intervenciones

14. El Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de
Carrera Judicial6 solicitó que se niegue el amparo solicitado. Sostuvo que no existió
ninguna vulneración de derechos fundamentales de su parte, en tanto que la
decisión de confirmar el concepto desfavorable de traslado, emitido por el Consejo
Seccional de la Judicatura de Magdalena, fue adoptada con fundamento en las
disposiciones legales y reglamentarias que rigen el sistema de traslados de los
servidores judiciales. Además, argumentó que las decisiones cuestionadas no
desconocieron el derecho a la igualdad ni el principio del mérito, pues, acceder al
traslado solicitado sin el cumplimiento de los requisitos previstos en las normas
vulneraría el derecho a la igualdad de los demás integrantes de la lista de elegibles
que optaron por el mismo cargo, así como de los demás servidores que soliciten
traslado.

15. De otro lado, aseguró que la acción de la referencia resulta improcedente por
no cumplir con el requisito de subsidiariedad, dado que con ella se busca cuestionar
la legalidad de un acto administrativo, para lo cual existen otros mecanismos
idóneos como el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el cual,
además, prevé la posibilidad de que se decreten medidas cautelares con el fin de
obtener una protección inmediata a los intereses de la accionante. Asimismo,
aseguró que en el presente caso no se demostró la existencia de un perjuicio
irremediable.

16. El Juzgado Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Santa Marta7
rindió informe sobre los hechos objeto de la controversia. Al respecto, manifestó que
en ese despacho existen dos cargos de sustanciador. El primero de ellos, ocupado
en propiedad por Massiel Agustina Cervantes Pardo desde el 29 de abril de 2022.
El segundo, creado a partir del 11 de enero de 2024 mediante Acuerdo PCSJA23-
12124 del 19 de diciembre de 2023, en el que fue nombrado, en provisionalidad,
Andrés Iván Varela Forero, el mismo día en que se creó el cargo.

17. En relación con este último cargo, explicó que mediante el Oficio
CSJMAOP24-816 del 2 de agosto de 2024, el Consejo Seccional de la Judicatura
de Magdalena remitió a ese despacho el Acuerdo CSJMAA24-16 del 31 de enero
de 2024, a través del cual se adoptó la “Lista de elegibles conformada para proveer
exclusivamente la vacante de Oficial Mayor o Sustanciador de Juzgado Municipal
Grado Nominado del Juzgado Primero de Pequeñas Causas Laborales de Santa
Marta que se encuentra vacante de forma definitiva”. Asimismo, indicó que el 25 de

6
Documento denominado “19RECIBEMEMORIAL_CJO247197pdf(.pdf) NroActua 8”, que obra en el
índice 8 del expediente 11001031500020240550900 de Samai.
7
Documento denominado “21_MemorialWeb_Respuesta-1100103150002024(.pdf) NroActua 10”,
que obra en el índice 8 del expediente 11001031500020240550900 de Samai.

4

Radicación: 11001-03-15-000-2024-05509-01
Accionante: Viviana Rosa Pérez Atehortúa
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura
Referencia: Acción de tutela (Segunda Instancia)

septiembre de 2024, se expidió el Oficio CSJMAO24-1085, dando alcance al primer
oficio mencionado.

18. En consecuencia, ese despacho procedió a expedir la Resolución 26 del 9
de octubre de 2024, por medio de la cual se nombró, en propiedad, a Nilsson Andrés
Espinosa Álvarez en el cargo de sustanciador, pues fue el único aspirante que
conformó la mencionada lista de elegibles. El referido acto administrativo de
nombramiento fue comunicado al interesado el 21 de octubre de 2024. En ese
sentido, a la fecha en que dicho despacho rindió informe con destino al proceso de
la referencia, estaba transcurriendo el término de ocho (8) días para que el
destinatario del acto aceptara o declinara su nombramiento.

19. El Consejo Seccional de la Judicatura del Magdalena8 indicó que, como
tercera interesada, se atiene a lo que se resuelva en el proceso. De igual forma,
advirtió que la competencia de los consejos seccionales de la judicatura se limita a
emitir y comunicar las listas de elegibles junto con los “conceptos favorables de
traslados”. En ese sentido, dado que la pretensión de la demanda de tutela consiste
en que se ordene al Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración
de Carrera Judicial que revoque el concepto desfavorable de traslado, el Consejo
Seccional no tendría competencia para resolver el asunto, ni sería responsable por
las acciones u omisiones que la parte actora considera como vulneradoras de sus
derechos fundamentales. Por lo anterior, aseguró que carece de legitimación en la
causa por pasiva.

20. El Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Fundación no se pronunció
en el trámite de la referencia.

La sentencia de primera instancia9

21. Mediante sentencia del 7 de noviembre de 2024, la Sección Quinta del
Consejo de Estado declaró improcedente el amparo constitucional invocado, por no
satisfacer el requisito de subsidiariedad. En ese sentido, se advirtió que la
inconformidad de la accionante frente a la Resolución CJR24-0345 del 16 de
septiembre de 2024, radica en que la decisión negativa a su requerimiento se
hubiese sustentado en que no cumplió con uno de los requisitos establecidos en el
Acuerdo PCSJA17-10754 de 2017, puntualmente, el relativo a la afinidad entre el
cargo que desempeña y aquel hacia el cual pretende el traslado.

22. Así las cosas, se consideró que la solicitud de amparo resultaba
improcedente, en tanto que la parte actora cuenta con el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho para cuestionar el acto administrativo que considera
vulnerador de sus derechos fundamentales.

8
Documento denominado “25RECIBEMEMORIAL_Memorial_OFICIOCSJMAOP241225p(.pdf)
NroActua 11”, que obra en el índice 11 del expediente 11001031500020240550900 de Samai.
9
Documento denominado “31Sentencia_20240550900VivianaRo(.pdf) NroActua 15”, que obra en el
índice 15 del expediente 11001031500020240550900 de Samai.

5

Radicación: 11001-03-15-000-2024-05509-01
Accionante: Viviana Rosa Pérez Atehortúa
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura
Referencia: Acción de tutela (Segunda Instancia)

23. Por último, se indicó que, a efectos de evitar la consumación del presunto
perjuicio irremediable alegado, la demandante cuenta con la posibilidad de solicitar
el decreto de medidas cautelares ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo dentro del trámite de un proceso ordinario, de manera no se está en
presencia de una situación que amerite la intervención del juez constitucional.

La impugnación10

24. Contra la decisión precitada la parte accionante presentó escrito de
impugnación y señaló que “ratificaba” los fundamentos expuestos en su escrito de
demanda.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

25. La Subsección confirmará el fallo impugnado, porque considera que la acción
de tutela no satisface el requisito de subsidiariedad, como se pasará a explicar a
continuación.

26. El inciso tercero del artículo 86 de la Constitución Política11, así como el
artículo 6° del Decreto 2591 de 199112, precisan el carácter subsidiario de la acción
de tutela, por cuanto ésta sólo es procedente cuando no se dispone de otro medio
de defensa judicial.

27. En ese sentido, la acción de tutela resulta procedente como mecanismo de
protección definitivo cuando el presunto afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, o cuando, existiendo ese medio, este carece de idoneidad o
eficacia para proteger de forma adecuada, oportuna e integral los derechos
fundamentales en el caso concreto. Asimismo, procede como mecanismo
transitorio, cuando la acción de tutela se interponga para evitar la consumación de
un perjuicio irremediable a un derecho fundamental. En este último evento, el
accionante deberá ejercer la acción principal en un término máximo de 4 meses a
partir del fallo de tutela, y la protección se extenderá hasta tanto se produzca una
decisión definitiva por parte del juez ordinario 13.

10
Documento denominado “33_MemorialWeb_Recurso-impugnaciAn(.pdf) NroActua 20”, que obra
en el índice 20 del expediente 11001031500020240550900 de Samai.
11
“Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.
“(…).
“Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable” (se
destaca).
12
“ARTÍCULO 6 Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:
“1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios
será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se
encuentra el solicitante” (se destaca).
13
Corte Constitucional, Sentencia T-149 del 9 de mayo de 2023, M.P. Alejandro Linares Cantillo.

6

Radicación: 11001-03-15-000-2024-05509-01
Accionante: Viviana Rosa Pérez Atehortúa
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura
Referencia: Acción de tutela (Segunda Instancia)

28. En el presente caso, la accionante invoca la protección de su derecho
fundamental a la igualdad y el principio del mérito, los cuales estima vulnerados con
ocasión de la expedición de la Resolución CJR24-0345 del 16 de septiembre de
2024, a través de la cual se resolvió un recurso de reposición y se confirmó el
concepto desfavorable de traslado por razones de salud, emitido por la Unidad de
Administración de Carrera Judicial mediante la Resolución CJR24-0299 del 23 de
agosto de 2024. Lo anterior significa que, por vía de tutela, la accionante pretende
controvertir el contenido de un acto administrativo.

29. Al respecto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha definido que, por
regla general, la acción de tutela es improcedente para controvertir actos
administrativos, en atención a: i) la existencia de mecanismos de autotutela para
discutir los actos ante la propia Administración; ii) la existencia de medios judiciales
ordinarios establecidos para controvertir las actuaciones de la administración en el
ordenamiento jurídico; iii) la presunción de legalidad que las reviste; y iv) la
posibilidad de que, a través de las medidas cautelares o provisionales, se adopten
remedios idóneos y eficaces de protección de los derechos en ejercicio de los
mecanismos ordinarios14.

30. En este contexto, la Sala advierte que la accionante tenía a su disposición la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, a través del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, para discutir la legalidad del acto
administrativo frente al cual se encuentra inconforme.

31. En efecto, el artículo 13815 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo16, dispone que toda persona que se crea lesionada
en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se
declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y que se le
restablezca su derecho. De modo que, si la accionante estimaba que la Resolución
CJR24-0345 del 16 de septiembre de 2024 vulneraba su derecho a la igualdad o el
principio al mérito, debió formular una demanda, en ejercicio del medio de control
ya mencionado, en lugar de acudir a la acción de tutela.

32. Ahora bien, esta Subsección no pasa por alto que, en el escrito de demanda,
la parte actora explicó que acudió a la tutela como mecanismo transitorio, ante la
supuesta posibilidad de que se configure un perjuicio irremediable, consistente en
que el cargo para el cual solicitó traslado, sea ocupado de manera definitiva por

14
Corte Constitucional, Sentencia T-405 de 2018. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
15
A cuyo tenor: “Artículo 138.Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea
lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la
nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también
podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas
en el inciso segundo del artículo anterior. // Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto
administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al
particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y
cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su
publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término
anterior se contará a partir de la notificación de aquel.”
16
Ley 1437 de 2011.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-05509-01
Accionante: Viviana Rosa Pérez Atehortúa
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura
Referencia: Acción de tutela (Segunda Instancia)

parte de otro servidor judicial que solicite traslado a ese cargo, o por cualquier otro
integrante de la lista de elegibles.

33. Sobre este aspecto, resulta importante precisar que, en el marco de los
procesos declarativos que se adelantan ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, existe la posibilidad de solicitar el decreto de medidas cautelares,
con el fin de “proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la
efectividad de la sentencia”17 y, por esa vía, obtener la realización del derecho
sustancial. En línea con lo anterior, la Corte Constitucional se ha referido a las
características básicas de este tipo de medidas, en los siguientes términos:

“(a) El ámbito de aplicación de las medidas cautelares, conforme al artículo 229
del CPACA, se extiende a todos los procesos declarativos que se adelanten
ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Por lo tanto, el juez puede
decretarlas a petición de parte, antes de la notificación del auto admisorio o en
cualquier estado del trámite, cuando lo estime necesario para la protección y
garantía provisional del objeto del proceso o para la efectividad de la sentencia;

(b) El artículo 230 de esa normativa estableció que las medidas cautelares
pueden ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión. En este
sentido, el juez puede (a) suspender provisionalmente los efectos de un acto
administrativo y (b) suspender un procedimiento o una actuación de cualquier
naturaleza;

(c) El artículo 231 fija las condiciones para la procedencia de la medida cautelar
de suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo, cuando se
pretenda su nulidad;

(d) El artículo 232 establece que no se requerirá prestar caución cuando se trate
de la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos; y,

(e) Finalmente, las medidas cautelares pueden ser ordinarias o de urgencia. Las
primeras podrán adoptarse antes de la notificación del auto admisorio de la
demanda o en cualquier estado del proceso, mientras que las segundas podrán
dictarse desde el momento en que se presente una solicitud en ese sentido y
sin necesidad de notificar previamente a la contraparte.”18

34. De igual forma, en la sentencia SU-691 del 201719, la Corte concluyó que,
por regla general, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo cuenta con los
instrumentos procesales idóneos y eficaces para garantizar la protección de los
derechos fundamentales.

35. Bajo este contexto, la Sala considera que, en el sub lite, la accionante
contaba con mecanismos de defensa judicial de carácter ordinario, a través de los
cuales podía ventilar las pretensiones formuladas en la presente acción de tutela,

17
Artículo 229 del CPACA.
18
Corte Constitucional, Sentencia T-149 del 9 de mayo de 2023, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
19
Corte Constitucional, Sentencia SU-691 del 23 de noviembre de 2017, M.P. Alejandro Linares
Cantillo.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-05509-01
Accionante: Viviana Rosa Pérez Atehortúa
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura
Referencia: Acción de tutela (Segunda Instancia)

aunado a que dichos mecanismos resultan idóneos para obtener la protección de
los derechos fundamentales de la demandante, al prever, no solo la posibilidad de
obtener una sentencia que resuelva de fondo el asunto, sino también la existencia
de medidas precautelativas con el fin de asegurar la garantía y eficacia de los
derechos fundamentales.

36. Así las cosas, la Sala concluye que en el presente caso no se satisface el
requisito de procedibilidad de la subsidiariedad, en tanto que la accionante busca
discutir el contenido de un acto administrativo sin haber agotado primero los
mecanismos ordinarios para la protección de sus derechos, sumado a que no se
advierte la existencia de un perjuicio irremediable que no pueda ser conjurado con
las herramientas propias del proceso ordinario. Por lo anterior, se confirmará el fallo
de primera instancia, en el que se declaró la improcedencia de la acción de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 7 de noviembre de 2024, por la
Sección Quinta del Consejo de Estado.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

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