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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-05512-01

Fecha
13 de febrero de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-05512-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, pero por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-05512-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

13 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-05512-01
Referencia: Acción de tutela
Actores: GUSTAVO TORRES HERNÁNDEZ Y OTRA.

TESIS: SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA QUE DECLARÓ
IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO, PERO POR LAS
RAZONES EXPUESTAS EN LA PRESENTE PROVIDENCIA. LOS
ACTORES CARECEN DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA,
COMOQUIERA QUE NO SE HICIERON PARTE COMO SUCESORES
PROCESALES DENTRO DE LA ACCIÓN EJECUTIVA EN LA QUE FUE
PROFERIDA LA PROVIDENCIA CUESTIONADA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, IGUALDAD Y
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra

la sentencia de 25 de noviembre de 2024, mediante la cual la

SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO DE

ESTADO1 declaró improcedente la solicitud de amparo.

1
En adelante la Sección Tercera.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-05512-01
Actores: GUSTAVO TORRES HERNÁNDEZ Y OTRA.

I. ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

Los señores GUSTAVO y PATRICIA TORRES HERNÁNDEZ en

calidad de herederos de la señora MARÍA CRISTINA HERNÁNDEZ

DE TORRES (Q.E.P.D.), actuando a través de apoderada judicial, en

ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la

Constitución Política, solicitaron la protección de sus derechos

fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la

administración de justicia, los cuales estiman vulnerados por el

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR2 al haber proferido la

providencia de 29 de abril de 2024, dentro de la acción ejecutiva

identificada con el número único de radicación 13001-33-33-010-

2010-00034-01.

I.2.- Hechos

Señalaron que su padre, el señor GUSTAVO TORRES HERNÁNDEZ

(Q.E.P.D.), laboró al servicio de la fuerza pública como capitán de

2
En adelante el Tribunal.

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3

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corbeta y, como consecuencia de su retiro definitivo, la CAJA DE

RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES3 le reconoció una

asignación de retiro, la cual fue sustituida con posterioridad a su

señora madre la señora MARÍA CRISTINA HERNÁNDEZ DE

TORRES (Q.E.P.D.) en calidad de cónyuge supérstite.

Manifestaron que, a través de derecho de petición, la señora MARÍA

CRISTINA HERNÁNDEZ DE TORRES (Q.E.P.D.) solicitó a CREMIL

el reajuste de la asignación de retiro de conformidad con el IPC

ordenado en el artículo 14 de la Ley 100 de 19934, solicitud que fue

denegada.

Aseguraron que, la señora MARÍA CRISTINA HERNÁNDEZ DE

TORRES (Q.E.P.D.) presentó demanda de nulidad y restablecimiento

del derecho contra CREMIL con el fin de discutir la legalidad del acto

administrativo aludido y obtener el reajuste de la asignación de retiro

con base en el IPC.

3
En adelante Cremil.
4
"Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones".

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4

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Indicaron que, el proceso fue identificado con el número único de

radicación 13001-33-33-010-2010-00034-00 y atribuido para su

trámite en primera instancia al JUZGADO DÉCIMO

ADMINISTRATIVO DE CARTAGENA5 que, mediante sentencia de

5 de septiembre de 2011, declaró la nulidad del acto administrativo

y, en consecuencia, ordenó a CREMIL efectuar el reajuste de la

asignación de retiro para los años 1997 a 2004, aplicando la

prescripción cuatrienal.

Mencionaron que, en cumplimiento de la sentencia, CREMIL expidió

la Resolución núm. 4287 de 30 de julio de 2012, mediante la cual

ordenó el reajuste de la asignación de retiro, pero al efectuar la

liquidación decidió prescribir todas las mesadas anteriores a la

ejecutoria de la sentencia.

Indicaron que, la señora MARÍA CRISTINA HERNÁNDEZ DE

TORRES (Q.E.P.D.) presentó demanda en ejercicio de la acción

ejecutiva contra CREMIL, con el fin de obtener el pago del reajuste

ordenado en la sentencia.

5
En adelante el Juzgado.

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Revelaron que el citado proceso fue atribuido para su trámite en

primera instancia al JUZGADO que, mediante sentencia de 31 de

octubre de 2022, declaró no probadas las excepciones y ordenó

seguir adelante con la ejecución.

Aseveraron que, inconforme con la anterior decisión, CREMIL

formuló recurso de apelación ante el TRIBUNAL que, en providencia

de 29 de abril de 2023, revocó la decisión del a quo y, en su lugar,

declaró probada la excepción de pago y, en consecuencia, declaró la

terminación del proceso.

I.3. Fundamentos de derecho

A juicio de los actores, la autoridad judicial accionada incurrió en el

defecto fáctico, debido a que no valoró en debida forma el título

ejecutivo, esto es, la sentencia de 5 de septiembre de 2011 proferida

por el JUZGADO, mediante la cual se le ordenó a CREMIL efectuar

el reajuste de la asignación de retiro a partir del 1o. de enero de

2005.

Manifestaron que el TRIBUNAL omitió la valoración del auto que

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ordenó librar mandamiento ejecutivo por la suma de $52.666.461,

más los intereses moratorios causados desde el 11 de febrero de

2012 hasta que se efectuara el pago total de la obligación.

Afirmaron que la decisión cuestionada incurrió en el defecto

sustantivo, al desconocer el artículo 422 del Código General del

Proceso, aplicable a los procesos ejecutivos adelantados por la

jurisdicción contenciosa administrativa, toda vez que la sentencia que

ordenó el reajuste de la asignación de retiro contenía una obligación

expresa, clara y exigible, por lo que la entidad ejecutada debía

reajustar la asignación de retiro desde el año 1997 hasta el 2004

desde el 1o. de enero de 2005 en adelante, ya que respecto de dicho

período no se decretó prescripción alguna.

Aseguraron que: “[…] se debe proteger la legalidad y la preservación

del orden jurídico, so pretexto de dar cumplimiento estricto a un

título ejecutivo, el juez de la ejecución no puede desconocer

garantías ius fundamentales ni patrocinar la materialización de

ilegalidades, en razón que por regla, el juez de la ejecución debe

ceñirse al contenido del título […]”.

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Finalmente, reprocharon la condena en costas y agencias en derecho,

por cuanto la acción ejecutiva fue promovida con ocasión a una

sentencia judicial que cumplió con los requisitos de un título ejecutivo

y, por lo tanto, el TRIBUNAL interpretó en indebida forma el artículo

365 del Código General del Proceso.

I.4.- Pretensiones

Los actores solicitan el amparo de sus derechos fundamentales

invocados como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] Con fundamento en los hechos relacionados y teniendo en
cuenta que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLIVAR, SALA DE
DECISIÓN No. 7, vulneró los derechos fundamentales de mis
representados, por configurarse VIA DE HECHO, que transgrede
el derecho al DEBIDO PROCESO, constituido por el principio de
legalidad, de la seguridad jurídica, de igualdad, buena fe, principio
universal de favorabilidad laboral, al incurrir en DEFECTO
SUSTANTIVO, POR VIOLACIÓN DEL PRECEDENTE
JURISPRUDENCIAL, y DEFECTO FACTICO, POR VIOLACIÓN
AL DEBIDO PROCESO CONSTITUCIONAL, valoración de las
pruebas, solicito respetuosamente a los Señores Magistrados de
tutela, dejar sin efecto la providencia proferida por TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE BOLIVAR, SALA DE DECISIÓN No. 7, de
fecha 29 de abril de 2024, notificada a las partes con fecha 06 de
septiembre de 2024 […]” (Destacado pertenece al texto).

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I.5. Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL señaló que la solicitud de amparo debe

denegarse, en tanto al proceso cuestionado se le impartió el trámite

procesal pertinente, pues se realizó el análisis jurídico, fáctico y

probatorio propuesto por los actores.

Aseguró que no había lugar a que la entidad ejecutada realizara el

reajuste de la asignación de retiro de la cual era beneficiaria la

ejecutante con posterioridad al 31 de diciembre de 2004, máxime

cuando dicha disposición no fue señalada en la sentencia judicial que

sirvió de título ejecutivo.

Indicó que: “[…] no hay lugar al pago de las diferencias resultantes

entre el reajuste reconocido con base en el principio de oscilación y

lo que debió reconocerse de acuerdo a los índices de Precios al

Consumidor en los años en los que se realizó el reajuste (desde el

año 1997 hasta el año 2004), debido a que fueron declaradas

prescritas en la sentencia judicial, ya que si bien el derecho al

reajuste de la asignación no prescribió, siendo procedente reajustar

la pensión de beneficiaria de la actora con base en el IPC, las

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mesadas pensionales causadas durante dicho periodo sí prescriben

[…]”.

I.6.- Intervinientes

I.6.1.- El JUZGADO, vinculado en calidad de tercero con interés

directo en las resultas del proceso, se limitó a remitir el expediente

digital del proceso objeto de análisis, sin realizar pronunciamiento

alguno frente al fondo del asunto.

I.6.2.- CREMIL, vinculado en calidad de tercero con interés directo

en las resultas del proceso, manifestó que no existe vulneración de

los derechos fundamentales, ya que la parte actora tuvo a su

disposición los medios judiciales de defensa en los que se le garantizó

el debido proceso y el acceso a la administración de justicia.

Señaló que la acción de tutela resulta improcedente, habida cuenta

que las providencias que se profirieron dentro del medio de control

de nulidad y restablecimiento del derecho y la acción ejecutiva, no

fueron proferidas de forma arbitraria o caprichosa y, por el contrario,

se expidieron de conformidad con el ordenamiento jurídico.

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II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La SECCIÓN TERCERA mediante sentencia de 25 de noviembre de

2024, declaró improcedente el amparo al considerar que no se

encontró satisfecho el requisito general de la relevancia

constitucional.

Señaló que los argumentos expuestos en la solicitud de amparo no

cumplen con la carga argumentativa mínima exigida y, además,

están encaminados a revivir la controversia zanjada por el juez

natural de la causa en segunda instancia y, con ello, convertir el

mecanismo constitucional en una tercera instancia del proceso

ordinario.

Sostuvo que los fundamentos jurídicos que sustentaron la decisión

cuestionada provienen de una interpretación razonable y no merecen

reproche alguno desde el punto de vista constitucional.

Finalmente, adujo que en relación con la condena en costas dicha

pretensión es de contenido económico, circunstancia que no

comporta la vulneración de ningún derecho fundamental y, por ende,

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escapa del ámbito de protección del juez de tutela.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó la sentencia proferida por la SECCIÓN

TERCERA, manifestando su desacuerdo con la motivación de la

decisión, pues, a su juicio, dentro de la actuación judicial se logró

probar el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional, ya

que la solicitud de amparo identifica los supuestos facticos de la

demanda ejecutiva, las pretensiones, la carga argumentativa y

probatoria.

Recalcaron que lo pretendido con la acción de tutela es la protección

del debido proceso y acceso a la administración de justicia, por la

afectación del reconocimiento de los incrementos sobre la base de

liquidación de la mesada pensional teniendo en cuenta las diferencias

por concepto de IPC para los años 1997 a 2004, las cuales

modificaron la base de la asignación de retiro a partir del 1o. de enero

de 2005, esto con el fin de mantener el poder adquisitivo.

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Arguyeron que: “[…] el juez de tutela es el salvaguarda de los

derechos fundamentales que han sido vulnerados por las

autoridades judiciales que han proferidos fallos, y que lesionan los

intereses de quien a ellos acuden. Para el caso objeto de

impugnación el accionante se le sigue violentando el derecho al

debido proceso y el derecho a la igualdad, por todo lo anterior queda

demostrado que el fallo impugnado sigue configurando un defecto

sustantivo y factico, al manifestar que el accionado (Tribunal

Administrativo de Bolívar) ha incurrido en una indebida valoración

de las decisiones emitidas en el proceso de nulidad y

restablecimiento del derecho […]”.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

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y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

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elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

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c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

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… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera
del texto)

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En el presente asunto, la Sala advierte que la parte actora pretende

que se deje sin efecto la providencia de 29 de abril de 2024,

proferida por el TRIBUNAL dentro de la acción ejecutiva identificada

con el número único de radicación 2010-00034-01.

A la citada providencia la parte actora le atribuye la vulneración de

sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al

acceso a la administración de justicia, habida cuenta que, a su juicio,

la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos fáctico y

sustantivo.

Los disensos de los actores, radican en que la autoridad judicial

accionada incurrió en el defecto fáctico, debido a que no valoró en

debida forma: i) el título ejecutivo, esto es, la sentencia de 5 de

septiembre de 2011 proferida por el JUZGADO mediante la cual se

le ordenó a CREMIL efectuar el reajuste de la asignación de retiro a

partir del 1o. de enero de 2005 y, ii) el auto que ordenó librar

mandamiento ejecutivo por la suma de $52.666.461, más los

intereses moratorios causados desde el 11 de febrero de 2012 hasta

que se efectuara el pago total de la obligación.

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Asimismo, afirmaron que la decisión cuestionada incurrió en el

defecto sustantivo, al desconocer el artículo 422 del Código

General del Proceso, aplicable a los procesos ejecutivos adelantados

por la jurisdicción contenciosa administrativa, toda vez que la

sentencia que ordenó el reajuste de la asignación de retiro contenía

una obligación expresa, clara y exigible, por lo que la entidad

ejecutada debía reajustar la asignación de retiro desde el año 1997

hasta el 2004 desde el 1o. de enero de 2005 en adelante, ya que

respecto de dicho período no se decretó prescripción alguna.

Finalmente, reprocharon la condena en costas y agencias en derecho,

por cuanto la acción ejecutiva fue promovida con ocasión a una

sentencia judicial que cumplió con los requisitos de un título ejecutivo

y, por lo tanto, el TRIBUNAL interpretó en indebida forma el artículo

365 del Código General del Proceso.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la

SECCIÓN TERCERA que, mediante sentencia de 25 de noviembre

de 2024, declaró improcedente la acción de tutela por considerar que

no se acreditó el requisito general de la relevancia constitucional.

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Inconforme con lo anterior, la parte actora impugnó la decisión

proferida en primera instancia, manifestando su desacuerdo con la

motivación de la decisión, pues, a su juicio, dentro de la actuación

judicial se logró probar el cumplimiento del requisito de relevancia

constitucional, ya que la solicitud de amparo identifica los supuestos

facticos de la demanda ejecutiva, las pretensiones, la carga

argumentativa y probatoria.

Además, resaltaron que lo pretendido con la acción de tutela es la

protección del debido proceso y acceso a la administración de

justicia, por la afectación del reconocimiento de los incrementos

sobre la base de liquidación de la mesada pensional teniendo en

cuenta las diferencias por concepto de IPC las cuales modificaron la

base de la asignación de retiro a partir de 1o. de enero de 2005, esto

con el fin de mantener el poder adquisitivo.

Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a

resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe

confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual se

verificará si se cumplen los presupuestos generales de procedibilidad

de la acción de tutela contra providencia judicial; y, de ser así, se

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establecerá si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos

deprecados e incurrió en los defectos alegados.

En ese sentido, en primera medida le corresponde a la Sala

determinar si los actores están legitimados en la causa por activa

para promover la acción de tutela de la referencia.

De la legitimación en la causa por activa en las acciones de

tutela

El artículo 86 de la Constitución Política establece que toda persona

podrá ejercer la acción de tutela en nombre propio o mediante

apoderado para obtener la protección inmediata de sus derechos

fundamentales.

En relación con la legitimación en la causa por activa, el artículo 10°

del Decreto 2591 de 19916 preceptúa:

“[…] Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela
podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de

6
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.

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representante. Los poderes se presumirán auténticos.

También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular
de los mismos no esté en condiciones de promover su propia
defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse
en la solicitud.

También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los
personeros municipales […]”.

De la norma transcrita, se desprende que quien promueve acción de

tutela puede hacerlo i) en nombre propio, actuando por sí mismo o

mediante apoderado, o ii) a través de la figura de la agencia oficiosa,

caso en el cual se debe manifestar expresamente tal circunstancia,

además de demostrar las razones por las cuales el agenciado no está

en capacidad de ejercer su propia defensa.

La Corte Constitucional ha establecido que la legitimación en la causa

por activa constituye un presupuesto de la sentencia de fondo, en la

medida en que se analiza la calidad subjetiva de las partes respecto

del interés sustancial que se discute en el proceso de tutela, de modo

que el derecho cuya protección se persigue debe ser propio del

demandante y no de otra persona7.

7
Sentencia T-086 de 2010; M.P. Jorge Ignacio Pretelt Caljub.

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Ahora bien, conforme con las piezas procesales del expediente digital

que se encuentra en el aplicativo de consulta Samai8, así como del

escrito de tutela y las pruebas obrantes en el plenario, se observa

que la madre de los actores, la señora MARÍA CRISTINA

HERNÁNDEZ DE TORRES (Q.E.P.D.) en calidad de cónyuge

supérstite del señor GUSTAVO TORRES HERNÁNDEZ (Q.E.P.D.)

solicitó a CREMIL el reajuste de la asignación de retiro de

conformidad con el IPC ordenado en el artículo 14 de la Ley 100 de

1993.

El proceso aludido fue atribuido para su trámite en primera instancia

al JUZGADO que, mediante sentencia de 5 de septiembre de 2011,

ordenó a CREMIL efectuar el reajuste de la asignación de retiro para

los años 1997 a 2004, aplicando la prescripción cuatrienal.

No obstante, al estar inconforme con la liquidación efectuada por la

entidad, la señora MARÍA CRISTINA HERNÁNDEZ DE TORRES

(Q.E.P.D.) presentó demanda en ejercicio de la acción ejecutiva

contra CREMIL, la cual fue atribuida para su trámite en primera

8
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=130013333010201000
034011300123

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instancia al JUZGADO que, mediante sentencia de 31 de octubre de

2022, declaró no probadas las excepciones y ordenó seguir adelante

con la ejecución.

La anterior decisión, fue apelada por la entidad ejecutada ante el

TRIBUNAL que, en providencia de 29 de abril de 2023, revocó la

decisión del a quo y, en su lugar, declaró probada la excepción de

pago y, en consecuencia, declaró la terminación del proceso.

Asimismo, la Sala advierte que la señora MARÍA CRISTINA

HERNÁNDEZ DE TORRES (Q.E.P.D.) falleció el 27 de julio de 20239,

es decir, estando en trámite el recurso de apelación.

Así las cosas, se tiene que, en principio, las legitimadas en la causa

para promover la presente acción de tutela eran la señora MARÍA

CRISTINA HERNÁNDEZ DE TORRES (Q.E.P.D.) y CREMIL, por

cuanto fungieron como parte demandante y demandada,

respectivamente.

9
Según consta en el Registro civil de defunción aportado junto con los anexos de la demanda.
Expediente digital índice núm.. 002 aplicativo Samai.
https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=1100103150002024055
12001100103

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Sin embargo, la solicitud de amparo de la referencia fue promovida

por los señores GUSTAVO y PATRICIA TORRES HERNÁNDEZ

quienes si bien acuden como herederos de la señora HERNÁNDEZ

DE TORRES (Q.E.P.D.), no figuran como partes o sucesores

procesales de la accionante dentro de la acción ejecutiva identificada

con el número único de radicación 13001-33-33-010-2010-00034-

01, objeto del presente estudio.

Al respecto, se advierte que esta Sala ha considerado que la

legitimación en la causa por activa de quien promueve acción de tutela

contra providencia judicial y alega la vulneración de sus derechos

fundamentales, está determinada por la participación en el

proceso judicial cuya revisión depreca en ejercicio del amparo

constitucional.

Así lo sostuvo esta Sala en la sentencia de 27 de abril de 201710, en

la que se indicó:

“[…] En ese orden de ideas, la controversia gira en torno a
establecer si la mencionada autoridad judicial quebrantó los
referidos derechos fundamentales del accionante, con la

10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P: doctor Roberto
Augusto Serrato Valdés. También se puede ver sentencia de 27 de abril de 2017, expediente 11001 03
15 000 2016 02676 00. C.P. Hernando Sánchez Sánchez.

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providencia cuestionada.
Ahora bien, antes de entrar a examinar el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial, de acuerdo con la jurisprudencia
trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala
Plena de esta Corporación, resulta necesario determinar
la legitimación en la causa por activa, en tanto que uno de
los derechos alegados como vulnerados es el del debido
proceso.
Sobre el particular, la Sala ha sido del criterio según el cual,
quien promueva una acción de tutela con el propósito de buscar
la protección del derecho fundamental al debido proceso,
presuntamente vulnerado con ocasión de las providencias o
actuaciones que se surtan en el trámite de un proceso judicial,
debe acreditar que es o fue parte en el mismo [11].
Lo anterior, atendiendo lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, artículo 10, que
determina que en la acción de tutela la legitimidad para actuar
está radicada en la persona vulnerada o amenazada en uno
de sus derechos fundamentales, quien ejercerá la acción,
directamente o a través de apoderado, debidamente
acreditado [12].
Lo anterior cobra relevancia en el sub lite, toda vez que el objeto
de la acción de amparo es el de controvertir y dejar sin efecto el
numeral segundo de la parte resolutiva de la providencia del 3
de marzo de 2016, dictada en el medio de control de nulidad
electoral bajo el radicado (…); pues de ésta es que el actor deriva
la vulneración, en primer lugar, del derecho fundamental al

[11] Sobre el particular, la Sala se pronunció en ese sentido, reiterando dicho criterio en varias acciones
de tutela promovidas por los electores de la señora Johana Chaves García, que interpusieron numerosas
solicitudes de amparo, tendientes a controvertir las decisiones tomadas en el medio de control de
nulidad electoral, radicado con el número (acumulados) 2014-00057-00 y 2014-00083-00, demanda
promovida por el señor Yorgin Harvey Cely Ovalle y otro. Ver: Consejo de Estado. Sección Primera.
Sentencia de 12 de febrero de 2015. Radicado: 2014-03603-00. Actor: Daul Monroy Mendoza. C.P.:
Dra. María Elizabeth García González; Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 12 de febrero
de 2015. Radicado: 2014-03802-00. Actor: Carmen Cecilia Rodríguez Guerrero. C.P.: Dra. María
Elizabeth García González; Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 19 de febrero de 2015.
Radicado: 2014-04113-00. Actor: Julio Edgar Cuesta Areiza. C.P.: Dra. María Elizabeth García González;
Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 19 de febrero de 2015. Radicado: 2014-03870-00.
Actor: Dora Silva Ordúz. C.P.: Dra. María Elizabeth García González; Consejo de Estado. Sección
Primera. Sentencia de 5 de marzo de 2015. Radicado: 2014-03803-00. Actor: Deryan Johan Monsalve
Barajas. M.P.: Dr. Marco Antonio Velilla Moreno.
[12] Respecto de la legitimación en la causa, la jurisprudencia constitucional explicó que la razón de
ser de la exigencia de acreditar el interés para demandar en tutela, obedece “al verdadero significado
que la Constitución de 1991 le ha dado al reconocimiento de la dignidad humana, en el sentido de que,
no obstante las buenas intenciones de terceros, quien decide si pone en marcha los mecanismos para
la defensa de sus propios intereses, es sólo la persona capaz para hacerlo” (Subrayado y negrilla fuera
de texto).

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debido proceso, y, como consecuencia de ello, de los de buena
fe y de elegir y ser elegido; sin que él se hubiere constituido
como parte en el mismo.
En efecto, de la revisión del expediente contentivo del medio de
control de nulidad electoral (…), la Sala pudo determinar que el
actor no fue quien promovió tal acción ni realizó solicitud alguna
de coadyuvancia, razón por la que no puede ser considerado
como parte en ese proceso.
En ese orden de ideas, de conformidad con la jurisprudencia
arriba citada respecto de la legitimación en la causa y con base
en el criterio prohijado por la Sala, solo podrían promover una
acción de tutela por la vulneración del derecho
fundamental al debido proceso con ocasión de las
decisiones que se profieran en el respectivo medio de
control, quienes ostenten la calidad de partes en el
mismo, […].
Así las cosas, en razón a que el actor no ostenta ninguna de esas
calidades, no se encuentra legitimado para promover la
presente acción de amparo, en tanto no es titular del
derecho fundamental al debido proceso cuya vulneración
depreca; por lo que se declarará la falta de legitimación
en la causa por activa […]” (Resaltado es del texto
original).

En el mismo sentido, esta Sala en providencia 29 de julio de 202113,

señaló:

“[…] En ese sentido, quienes ostentan la legitimación en la causa
por activa para cuestionar las providencias proferidas dentro del
trámite del incidente de desacato objeto de estudio son las
personas respecto de las cuales se tramitó el incidente de
desacato, que en este caso resultaron sancionadas y conminadas
a cumplir la orden de tutela, es decir, los señores i) Darío Antonio
Valen Trujillo, en calidad de Director del Establecimiento
Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad y Carcelario de Alta
Seguridad de Popayán – EPAMSCAS Popayán; ii) Mauricio Iregui

13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P: doctor Hernando
Sánchez Sánchez. expediente 11001-03-15-000-2021-03712-00.

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Tarquino, en calidad de Representante Legal del Consorcio
Fondo de Atención en Salud PPL 2019 – 2020; iii) Andrés Ernesto
Díaz Hernández, en calidad de Director de la Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios – USPEC; y iv) Mariano De La Cruz
Botero Coy, en la calidad de Director del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario – INPEC, último frente al cual el
Tribunal Administrativo del Cauca resolvió revocar la sanción
impuesta.

Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia, T-1020 de 30
de octubre de 200314, manifestó que la acción de tutela es un
medio de defensa que se encuentra al alcance de todas las
personas y que la legitimidad para interponerla radica en la
persona afectada, quien podrá presentarla directamente o por
quien actúe en su nombre.
[…]

En ese orden de ideas, para la Sala no se advierte que la
USPEC tenga un interés directo y particular respecto al
amparo que se solicita ante el juez constitucional que
permita establecer que el derecho fundamental
presuntamente vulnerado sea propio del actor, razón por
la cual esta Sala no puede emitir un pronunciamiento de
fondo, para establecer si en el presente caso concreto
hubo o no la afectación de su derecho fundamental.

En ese sentido, se considera que, en el caso sub examine,
la USPEC carece de legitimación en la causa por activa
[…]” (Resaltado por la Sala).

De acuerdo a lo anterior, la Sala ha sido enfática en señalar que, para

acreditar el requisito de la legitimación en la causa por activa en las

acciones de tutela contra providencias judiciales, se requiere que los

actores hayan sido parte del respectivo proceso judicial que

reprochan, con el fin de que, como inferencia lógica, puedan alegar

14
Corte Constitucional, sentencia T-1020 de 30 de octubre de 2003, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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que se vulneraron sus derechos fundamentales.

Corolario a lo anterior, es claro que los actores en el presente asunto

carecen de legitimación en la causa por activa para formular

solicitud de amparo contra las providencias cuestionadas, por cuanto

no demuestran que se hayan hecho parte dentro del proceso judicial

en el que fueron proferidas.

Ahora bien, la Sala destaca que el hecho de que la señora MARÍA

CRISTINA HERNÁNDEZ DE TORRES (Q.E.P.D.) hubiese fallecido

durante el trámite de la acción ejecutiva, no legitima de manera

automática a los actores para interponer la presente acción como

eventuales beneficiarios y herederos de la fallecida, comoquiera que

aquellos debieron solicitar su reconocimiento como parte dentro del

proceso objeto de amparo a través de la figura de sucesión procesal

prevista en el artículo 68 del Código General del Proceso, lo cual no

ha ocurrido.

Lo anterior, en razón a que el fallecimiento de la señora MARÍA

CRISTINA HERNÁNDEZ DE TORRES (Q.E.P.D.) ocurrió el 27 de

julio de 2023, mientras que la última providencia proferida dentro de

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la acción ejecutiva, aquí cuestionada, es de 29 de abril de 2024, lo

que significa que los actores contaron con más de 9 meses para

intervenir dentro de la actuación judicial cuestionada y solicitar ser

reconocidos como sucesores procesales de la fallecida.

En efecto, aun cuando los actores dentro del trámite de la acción de

tutela de la referencia aseguraron actuar en calidad de herederos de

la señora MARÍA CRISTINA HERNÁNDEZ DE TORRES (Q.E.P.D.)

no obra prueba dentro del expediente ni tampoco se advierte

actuación alguna en el aplicativo de consulta Samai en el que se

evidencie que estos solicitaron hacerse parte dentro del citado

proceso, ni que el JUZGADO o el TRIBUNAL les haya reconocido

como sucesores procesales dentro del mismo.

Es del caso resaltar que dicha postura ha sido acogida por esta Sala

en otras oportunidades, en sentencia de 7 de septiembre de 202315,

por medio de la cual se declaró la falta de legitimación en la causa

por activa de la allí actora, quien pretendía cuestionar las

providencias proferidas dentro de un medio de control de nulidad y

15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. (E) Nubia Margoth
Peña Garzón, sentencia de 7 de septiembre de 2023 identificada con el número único de radicación
110010315000-2023-04321-00.

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restablecimiento del derecho en el cual no se había hecho parte, por

lo que a pesar de que podría ser la eventual beneficiaria de la pensión

del causante, objeto de debate, debía en primer término acudir a la

figura de la sucesión procesal dentro del proceso controvertido. En la

citada sentencia se precisó lo siguiente:

“[…] 1. Ahora bien, el hecho de que el señor José Vicente López
Sánchez hubiese fallecido durante el trámite del proceso
ordinario no legitima a la señora Norma Patricia Lara González
para interponer la presente acción como eventual beneficiaria
de la pensión del fenecido, como quiera que no se hizo parte
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento a través de la
figura de la sucesión procesal prevista en el artículo 68 del
Código General del Proceso.

2. Lo anterior, en razón a que el fallecimiento de su cónyuge
ocurrió el 30 de abril de 2021 y la providencia objeto de censura
por vía constitucional se profirió el 28 de febrero de 2023. Es
decir, contó con más de un año para intervenir dentro del
proceso ordinario y solicitar que fuera reconocida como
sucesora procesal del finado. Sin embargo, no lo hizo.

3. Por último, vale la pena resaltar que, mediante la sentencia
de 3 de octubre de 201916, esta Sala de Decisión estudió un
caso idéntico al presente y señaló lo siguiente:

«Así las cosas, en razón a que la señora Blanca Stella Cañón
de Aguas no ostenta ninguna de esas calidades, en tanto no es
titular del derecho fundamental al debido proceso cuya
vulneración depreca, debe la Sala declarar, sin lugar a dudas,
la falta de legitimación en la causa por activa.

Por ende, y ya que el extremo demandante no se hizo parte en
el respectivo medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicación 81001-33-31-001-2016-00175-01
16
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 3 de
octubre de 2019. Exp. N° 11001-03-15-000-2019-01826-01(AC). C.P.: Roberto Augusto Serrato
Valdés.

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cuya decisión ataca vía tutela, forzoso resulta concluir que, en
definitiva, no se encuentra legitimado por activa en el sub
examine.

Ahora bien, el hecho de que el señor Wilbert Saúl Aguas Cañón
hubiese fallecido durante el trámite del proceso ordinario no
legitima a la señora Blanca Stella Cañón para interponer la
presente acción como eventual beneficiaria, como quiera que
no se hizo parte dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento a través de la figura de la sucesión procesal
prevista en el artículo 68 del Código General del Proceso.

Lo anterior en razón a que el fallecimiento de su hijo ocurrió el
20 de enero de 2018 y la providencia objeto de censura por vía
constitucional se profirió el 28 de marzo de 2019. Es decir,
contó con más de un año para intervenir dentro del proceso
ordinario y solicitar que fuera reconocida como sucesora
procesal del finado. Sin embargo, no lo hizo. Ello pone de
presente que en el asunto bajo estudio tampoco se satisface el
requisito de subsidiariedad, menos aun cuando el mismo
transcurso del tiempo sin hacerse parte del proceso descarta la
eventual ocurrencia de un perjuicio irremediable.

Como consecuencia de ello, en el sub judice, al no encontrarse
acreditado el requisito exigido en el artículo 10º del Decreto
Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991 , como tampoco el de
subsidiariedad, la Sala de Decisión revocará la sentencia de 3
de julio de 2019, proferida por la Sección Segunda, Subsección
B, del Consejo de Estado, impugnada por la señora Blanca
Stella Cañón de Aguas, y en su lugar declarará la
improcedencia de la acción de amparo promovida por la señora
Cañón de Aguas, en contra de la sentencia de 28 de marzo de
2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca, por
los motivos señalados en la presente sentencia, como en efecto
se dispondrá en su parte resolutiva». [Subrayado de la Sala]
[…]”

En ese orden de ideas, la Sala concluye que la solicitud de amparo

no cumple con el requisito previsto en el artículo 10 del Decreto 2591

de 1991, pues no se acreditó el presupuesto de la legitimación en la

causa por activa de la parte actora.

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En consecuencia, se confirmará la decisión del a quo que declaró

improcedente la solicitud de amparo presentada por los actores, pero

por las razones expuestas, como en efecto se dispondrá en la parte

resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, pero por las

razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

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Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 13 de febrero de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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