Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05513-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05513-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-05513-00
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
7 de noviembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202405513-00
Actor: Jorge Enrique Arango Arredondo
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Tema: Acción de tutela por mora judicial/procedencia
Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso y ii) seguridad social
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada por Jorge Enrique Arango Arredondo
contra el Tribunal Administrativo de Antioquia.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I.ANTECEDENTES
La solicitud
1. El actor, en nombre propio, presentó acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Antioquia, porque, a su juicio, con ocasión a que “[…] el 04 de
septiembre de 2024 se presentó liquidación del crédito […] no obstante, hasta la
fecha no obra pronunciamiento alguno por parte del depsacho (sic) […]”, en el
proceso ejecutivo identificado con el número único de radicación
2
Núm. único de radicación: 110010315000202405513-00
Actor: Jorge Enrique Arango Arredondo
050012333000202100572-00, vulneró sus derechos fundamentales invocados
supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3. Señaló que, el 3 de marzo de 2021, presentó demanda ejecutiva para que
Colpensiones, cumpliera lo ordenado por el Tribunal Administrativo de Antioquia en
el proceso identificado con número único de radicación
0500123330002014000215800, para que se reliquidara su pensión.
4. Adujo que, el 2 de mayo de 2024, conoció de la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, en la que resolvió sobre la falta de prosperidad
de las excepciones propuestas por Colpensiones, ordenando continuar con la
ejecución y condena en costas a Colpensiones.
5. Indicó que, el 28 de agosto de 2024, el Tribunal Administrativo de Antioquia,
adicionó la sentencia de 2 de mayo de 2024.
6. Señaló que, el 4 de septiembre de 2024, presentó liquidación de crédito, al que
el Tribunal Administrativo de Antioquia, dio traslado el 12 de septiembre de 2024.
Presentó una corrección aritmética de la liquidación de crédito y la ampliación de
medida cautelar, el 17 de septiembre de 2024.
7. Manifestó que, el 26 de septiembre de 2024, presentó memorial de impulso
procesal ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, y que a la fecha no ha
obtenido respuesta alguna por parte del accionado.
La solicitud de tutela
Pretensiones
8. El actor solicitó en su escrito de tutela1:
1 Transcripción literal del texto.
3
Núm. único de radicación: 110010315000202405513-00
Actor: Jorge Enrique Arango Arredondo
“[…] Que se TUTELEN los derechos a la DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL
EFECTIVA en conexidad con el DEBIDO PROCESO y la SEGURIDAD SOCIAL, que se
estiman vulnerados por H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA. Asi mismo
se adopten las siguientes medidas de protección.
PRIMERO: Se ordene al H. Tribunal Administrativo de Antioquia a dar trámite a la
liquidación de crédito, radicada el pasado 04 de septiembre de 2024, en el proceso
identificado con numero (sic) radicado 05001233300020210057200 […]”.
9. Como fundamento de su solicitud, consideró lo siguiente2:
“[…] el 26 de septiembre de 2024 se presento (sic) memorial de impulso procesal
ante el el H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, no obstante hasta la
fecha no obra pronunciamiento alguno por parte del depsacho (sic), lo que
consecuencialmente retrasa la materialización de las ordenes judiciales impuestas a
COLPENSIONES, por lo que, considero que se han vulnerado mis derechos que
como ciudadano tengo a la ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA/ DERECHO A LA
TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA en
conexidad con el DEBIDO PROCESO y la SEGURIDAD SOCIAL […]”.
Actuación
10. El Despacho sustanciador, mediante auto de 17 de octubre de 2024: i) admitió
la acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo
de Antioquia; y iii) vinculó a la Administradora Colombiana de Pensiones-
Colpensiones, en calidad de tercero con interés legítimo, concediéndole el término
de tres (3) días para que rindiera informe sobre el particular.
Intervención de la demandada y el tercero con interés legítimo
11. La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, solicitó su
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, al considerar que
los asuntos de su competencia están relacionados con la Administración del
Régimen de Prima Media con Prestación Definida en materia pensional, pero no
tiene la competencia administrativa y funcional para pronunciarse respecto de la
tutela, asunto que, de acuerdo con el argumento, es competencia del Tribunal
Administrativo de Antioquia. Además, al considerar que esa entidad no tiene
competencia, señaló que no hay funcionario competente para atender lo relativo a
la solicitud de tutela.
2 Transcripción literal del texto.
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Núm. único de radicación: 110010315000202405513-00
Actor: Jorge Enrique Arango Arredondo
12. El Tribunal Administrativo de Antioquia remitió el enlace del proceso ejecutivo
identificado con el número único de radicación 050001233300020210057200.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
13. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991 3, por el
cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de
6 de abril de 20214 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de
20195, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
14. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Cuestión previa
15. La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta
necesario precisar el presupuesto procesal sobre la legitimación en la causa por
pasiva, para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el
alcance del contenido de la sentencia.
3 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
4 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
5 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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Actor: Jorge Enrique Arango Arredondo
16. Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa
por pasiva, señala expresamente lo siguiente:
“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que
presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado
en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su
autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio
de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la
acción se tendrá por ejercida contra el superior.
Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como
coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere
hecho la solicitud […]”.
17. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de
noviembre de 2006, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en los
siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia
T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque
otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las
pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una
calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el
proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al
demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el
actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y
sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de
garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa
para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en
dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se
surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la Constitución
como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción de tutela se
promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares por
la acción u omisión que provoque la violación de los derechos fundamentales de
las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto." [7]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma
Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado
no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por pasiva
de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar
la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige
el daño […]”.
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Núm. único de radicación: 110010315000202405513-00
Actor: Jorge Enrique Arango Arredondo
18. La Sala advierte que la Administradora Colombiana de Pensiones-
Colpensiones- solicitó su desvinculación, por cuanto, a su juicio, carece de
legitimación en la causa por pasiva.
19. Al respecto, es preciso indicar que dicha autoridad fue vinculada como tercero
con interés, al ser responsable de dar cumplimiento total de la sentencia proferida
por la Sala Primera de Decisión del Tribunal de Antioquia dentro del proceso con el
número único de radicación “[…] 05001 2333 000 2014 02158 […]”, por lo que le
asiste interés.
20. En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la jurisprudencia
anteriormente citada, la Sala concluye que a la Administradora Colombiana de
Pensiones- Colpensiones- le asiste interés en la decisión de tutela que esta Sala
profiera.
21. En tal virtud, la Sala declarará no probada la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva formulada por la Administradora Colombiana de Pensiones-
Colpensiones-.
Problema jurídico
22. En el caso sub examine, el problema jurídico que debe resolver la Sala consiste
en determinar si se debe proteger el derecho fundamental al debido proceso y a la
seguridad social invocados por el actor, los cuales considera vulnerados con ocasión
a que “[…] el 04 de septiembre de 2024 se presentó liquidación del crédito […] no
obstante, hasta la fecha no obra pronunciamiento alguno por parte del depsacho
(sic) […]”, en el proceso ejecutivo identificado con el número único de radicación
05001233300020210057200.
23. Para resolver el anterior interrogante esta Sala analizará los siguientes temas:
i) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al debido
proceso; ii) el derecho a la seguridad social; iii) el derecho a la administración de
justicia y el debido proceso frente a la mora judicial; iv) análisis del caso concreto; y
finalmente v) las conclusiones de la Sala.
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Actor: Jorge Enrique Arango Arredondo
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso
24. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
25. Atendiendo a que, la Corte Constitucional6 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y
se logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud
del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que
ha resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa
y preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la
protección de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes
y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P)
[…]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
seguridad social
26. Visto el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
6 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
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“[…] La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará
bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de
eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la ley.
Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social.
El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la
cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios en la
forma que determine la ley.
La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de
conformidad con la ley.
No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad Social
para fines diferentes a ella.
La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su
poder adquisitivo constante […]”.
27. De igual manera, la Corte Constitucional frente al derecho fundamental a la
seguridad social ha dicho lo siguiente:5
“[…] El artículo 48 de la Constitución Política consagra el derecho a la seguridad
social bajo una doble connotación: i) como derecho fundamental; y ii) como un
servicio público de carácter obligatorio que se presta bajo la dirección, coordinación
y control del Estado6.
Esta garantía fundamental “surge como un instrumento a través del cual se le
garantiza a las personas el ejercicio de sus derechos fundamentales cuando se
encuentran ante la materialización de algún evento o contingencia que mengüe su
estado de salud, calidad de vida y capacidad económica, o que se constituya en un
obstáculo para la normal consecución de sus medios mínimos de subsistencia a
través del trabajo”7. Su fundamentalidad se sustenta en el principio de dignidad
humana en virtud del cual “resulta posible que las personas afronten con decoro las
circunstancias difíciles que les obstaculizan o impiden el normal desarrollo de sus
actividades laborales y la consecuente recepción de los recursos que les permitan
ejercer sus derechos subjetivos”8 […]”.
El derecho de acceso a la administración de justicia y el debido proceso
frente a la mora judicial
28. La jurisprudencia constitucional al referirse a la afectación del derecho al acceso
a la administración de justicia, por mora en el trámite de los procesos judiciales, ha
señalado que “[…] quien presenta una demanda, interpone un recurso, formula una
impugnación o adelanta cualquier otra actuación dentro de los términos legales,
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Actor: Jorge Enrique Arango Arredondo
estando habilitado por ley para hacerlo, tiene derecho a que se le resuelva del
mismo modo, dentro de los términos legales dispuestos para ello […]”7.
29. No obstante lo anterior, como lo sostuvo esta Sala en la providencia de 14 de
abril de 20168, reiterada mediante la sentencia de 18 de mayo de 20179, “[…] el no
cumplimiento de los términos por parte del operador judicial, no implica
automáticamente la vulneración de los derechos fundamentales, pues, pese a que
es obligación de la autoridad acatar los tiempos establecidos por la normativa
aplicable, también lo es que debe dar prevalencia al derecho sustancial sobre el
formal y no sacrificar irrazonablemente la justicia como valor superior y principio
constitucional […]”.
30. En las providencias citadas supra, se reiteró la postura de la Corte
Constitucional en las que se ha establecido que cuando se alega la vulneración de
derechos fundamentales por mora judicial, es indispensable analizar las causas que
dieron origen a esta10, con el fin de determinar si dicha mora obedece a temas como
la complejidad del asunto en estudio, la naturaleza de los hechos investigados o la
interposición de recursos y solicitudes, entre otros. Al respecto, la Corte
Constitucional, en la sentencia T-230 de 201311, afirmó:
“[…] La jurisprudencia también ha señalado que, atendiendo la realidad del país, en
la gran mayoría de casos el incumplimiento de los términos procesales no es
imputable al actuar de los funcionarios judiciales. Así, por ejemplo, existen procesos
en los cuales su complejidad requiere de un mayor tiempo del establecido en
las normas y en la Constitución para su estudio, para valorar pruebas o para
analizar la normatividad existente. Por ello, la Jurisprudencia ha destacado que
cuando la tardanza no es imputable al actuar del Juez o cuando existe una
justificación que explique el retardo, no se entienden vulnerados los derechos
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. En este sentido, en
7 Ver, entre otras, Corte Constitucional, sentencia T-1154 de 18 de noviembre de 2004, M.P. Alfredo Beltrán
Sierra.
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de abril de
2016, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001031500020150216000.
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 8 de mayo de
2017, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001 03 15 000 2016-03244-01
10 Al respecto, también la Sala, en la sentencia de 7 de febrero de 2008 Expediente núm. 2007-01377-00, C.P.:
doctor Marco Antonio Velilla Moreno), sostuvo que: “no toda dilación en la decisión equivale a mora o a
negligencia, dadas las condiciones estructurales, que producen congestión y lentitud en los despachos
judiciales y que no se puede a través de la acción de tutela ordenar a los jueces el impulso procesal o
pronunciamiento de fondo en los asuntos sometidos a su conocimiento, “por cuanto se perdería la finalidad
para la cual fue creada la tutela y, se desnaturalizaría su función, eminentemente protectora de derechos
fundamentales, si se permitiera que fuera utilizada como un mecanismo para alterar el turno de un proceso
judicial, so pretexto de resolver, con efectos inter partes, los problemas estructurales de congestión que
aquejan a la Rama Judicial pues, es sabido que sus efectos son erga omnes ya que, a todos, por igual, afecta
el notable incremento del tiempo que demanda la decisión, con carácter definitivo, de los asuntos y
controversias que se someten a su consideración...” (Sentencia T-256 de 17 de marzo de 2004).
11 Corte Constitucional, sentencia T-230 de 18 de abril de 2013, M.P. Luís Guillermo Guerrero Pérez
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Núm. único de radicación: 110010315000202405513-00
Actor: Jorge Enrique Arango Arredondo
la Sentencia T-803 de 2012, luego de hacer un extenso recuento jurisprudencial
sobre la materia, esta Corporación concluyó que el incumplimiento de los términos
se encuentra justificado (i) cuando es producto de la complejidad del asunto y dentro
del proceso se demuestra la diligencia razonable del operador judicial; (ii) cuando se
constata que efectivamente existen problemas estructurales en la Administración de
Justicia que generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial; o (iii)
cuando se acreditan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la
resolución de la controversia en el plazo previsto en la Ley. […]”. (Resaltado de la
Sala).
31. Asimismo, la Corte Constitucional ha considerado que la mora judicial es una
figura contraria a los derechos fundamentales y al debido proceso, y se evidencia
cuando: “[…] (i) se presenta un incumplimiento de los términos señalados en la ley
para adelantar alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo razonable que
justifique dicha demora, como lo es la congestión judicial o el volumen de trabajo; y
(iii) la tardanza es imputable a la omisión en el cumplimiento de las funciones por
parte de una autoridad judicial […]”12.
32. En suma, cuando en la acción de tutela se alega la vulneración de derechos
fundamentales por mora judicial, esta prospera, excepcionalmente, solo cuando se
demuestra que: i) se está ante un caso de dilación injustificada; ii) cuando se
acredita que el funcionario judicial no ha sido diligente y que su comportamiento es
el resultado de una omisión en el cumplimiento de sus funciones; iii) por el contrario,
cuando la mora está justificada en la complejidad del asunto, en problemas
estructurales de la administración de justicia o cuando las circunstancias
imprevisibles no permiten que el caso se resuelva dentro del término legal, no hay
lugar a acceder a las pretensiones de la acción de tutela.
Análisis del caso concreto
33. El actor, en nombre propio, presentó acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Antioquia, porque, a su juicio, con ocasión a que “[…] el 04 de
septiembre de 2024 se presentó liquidación del crédito […] no obstante, hasta la
fecha no obra pronunciamiento alguno por parte del depsacho (sic) […]”, en el
proceso ejecutivo identificado con el número único de radicación
050012333000202100572-00, vulneró sus derechos fundamentales invocados
supra.
12 Corte Constitucional, sentencia T-186 de 28 de marzo de 2017, M.P. María Victoria Calle Correa.
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Núm. único de radicación: 110010315000202405513-00
Actor: Jorge Enrique Arango Arredondo
34. Visto el marco normativo y los precedentes jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.
35. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas en el proceso, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los
términos del artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las
reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para
efectos de decidir lo que en derecho corresponda, en relación con el problema
jurídico planteado en la acción de tutela.
Acervo y análisis probatorios
36. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra:
36.1 Escrito de tutela e informe rendido por el tercero vinculado.
36.2 Copia del expediente del proceso ejecutivo identificado con el número único
de radicación 050012333000202100572-00.
Solución del caso concreto
Análisis de la presunta mora judicial
37. La Sala abordará el reparo que propuso el actor relacionado con una presunta
mora judicial, la cual fundamentó en que, “[…] Se ordene al H. TRIBUNAL
ADMINISTRATVIO DE ANTIQOUIA a dar tramite (sic) a la liquidación de crédito,
radicada el pasado 04 de septiembre de 2024, […]”, en el proceso ejecutivo con
número de radicado 050012333000202100572-00.
38. Al abordar de fondo el asunto puesto a consideración por el actor en el presente
trámite de tutela, advierte la Sala que, dentro del proceso ejecutivo identificado con
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el número único de radicación 05001233100020140215800, se han realizado las
siguientes actuaciones13:
39. Del recuento procesal realizado supra, la Sala advierte que, en efecto el actor
presentó la liquidación del crédito 26 de septiembre de 2024 y que a la fecha esto
no ha sido resuelto, lo que en principio implicaría que se configuró la mora judicial
que señaló el actor.
40. Sin embargo, resulta necesario recordar que el no cumplimiento de los términos
por parte del operador judicial, no implica automáticamente la vulneración de los
derechos fundamentales, pues, pese a que es obligación de la autoridad acatar los
tiempos establecidos por la normativa aplicable, también lo es que existen
circunstancias que justifican la mora en la decisión del asunto.
41. De conformidad con lo expuesto supra, la Sala advierte que, si bien el Tribunal
accionado a la fecha no ha proferido la respectiva providencia, no es posible concluir
que la referida tardanza sea atribuible a la falta de diligencia del Tribunal
13 Cfr.
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=2500023410002014005260025
00023
13
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Actor: Jorge Enrique Arango Arredondo
Administrativo de Antioquia, toda vez que se advierte que: i) el actor presentó el 26
de septiembre de 2024, corrección de liquidación del crédito, frente a la cual, el
Tribunal en actuación reciente, esto es, el 22 de octubre de 2024, corrió traslado a
la parte contraria de conformidad con el procedimiento previsto por la Ley;
42. En ese orden de ideas es evidente que la autoridad judicial accionada no ha
sido negligente en el trámite del proceso objeto de estudio, sino que, en razón a la
corrección de la liquidación del crédito y al trámite que debe impartir al respecto, no
ha sido posible que el Tribunal resuelva la solicitud de la referencia.
43. En ese sentido, la Sala advierte que la tardanza que el actor reprocha con la
presente acción de tutela se enmarca en uno de los supuestos en los que la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado han considerado
justificada la mora judicial; es decir, cuando se acreditan otras circunstancias
imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la controversia en el plazo
previsto en la Ley.
44. En consecuencia, la Sala negará el amparo solicitado por el actor en la presente
acción de tutela, en razón a que no se advierte que la tardanza del Tribunal
Administrativo de Antioquia para definir la controversia jurídica planteada fuese
desproporcionada, irracional o injustificable, toda vez que la situación por la cual no
se ha resuelto el asunto corresponde a la corrección de la liquidación del crédito
que se presentó dentro del proceso ejecutivo y al trámite que se debe impartir al
respecto.
Conclusiones de la Sala
45. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala negará la solicitud de tutela que presentó el actor
contra la autoridad judicial accionada.
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Núm. único de radicación: 110010315000202405513-00
Actor: Jorge Enrique Arango Arredondo
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva formulada por la Administradora Colombiana de Pensiones–
Colpensiones, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NEGAR la solicitud de tutela que presentó el actor contra la autoridad
judicial accionada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el
artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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