Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-05515-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-05515-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2024-05515-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
23 de enero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de enero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202405515-01
Actora: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN
Demandada: Subsección A de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca
Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito
general de procedencia de relevancia constitucional
Derechos Fundamentales Invocados: i) Igualdad y ii) debido proceso
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la actora contra la sentencia de
tutela de 14 de noviembre de 2024 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, por medio de la cual negó la solicitud de tutela.
La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la
Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.
I.ANTECEDENTES
La solicitud
1.La actora, obrando mediante apoderado, presentó acción de tutela contra la
Subsección A de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 7 de junio de 2024, en el proceso
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Actora: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN
adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el número único de radicación 11001-33-37-040-2021-
00289-01, vulneró sus derechos fundamentales invocados supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3.Señaló que, Nova Mar Development S.A., presentó demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, con el fin de que se declarara la nulidad
de las resoluciones núms. 6283-001421 del 12 de agosto de 2019, 684-000879 del
17 de junio de 2020, 6283-001422 del 12 de agosto de 2019 y 684-000880 del 17
de junio de 2020; y a título y restablecimiento del derecho solicitó “[…] la devolución
del pago de lo no debido realizado por Nova Mar por la autorretención del CREE
correspondientes a los períodos 7° y 8° del año gravable 2014 por valor total de
setenta millones ciento noventa y cuatro mil pesos ($70.194.000), en razón a la
falta de competencia temporal de la Autoridad Tributaria para resolver los Recursos
de Reconsideración y de la configuración del Silencio Administrativo Positivo,
ambas consecuencias jurídicas derivadas de la inexistencia de las Resoluciones
que resolvieron los Recursos de Reconsideración debidamente notificadas dentro
del término perentorio y preclusivo de un (1) año contado a partir de la presentación
de los Recursos de Reconsideración […]”.
4.El Juzgado Cuarenta Administrativo del Circuito de Bogotá, mediante sentencia
de 31 de mayo de 2023, resolvió declarar probada la caducidad del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho.
5.La Subsección A de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante sentencia de 7 de junio de 2024, resolvió lo siguiente:
“[…] PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 31 de mayo de 2023, proferida por el
Juzgado Cuarenta (40) Administrativo del Circuito de Bogotá. En su lugar se
dispone:
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“PRIMERO: DECLÁRESE probado el surgimiento del silencio administrativo
positivo establecido en el artículo 734 del Estatuto Tributario, con ocasión de los
recursos de reconsideración interpuesto en contra de las 6283-001421 y 6283-
001422 del 12 de agosto de 2019; con lo cual se entiende fallado a favor del
recurrente el recurso de reconsideración interpuesto por NOVA MAR
DEVELOPMENT S.A.
SEGUNDO: DECLÁRASE la nulidad de los actos administrativos demandados, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, DECLÁRESE que la U.A.E.
DIAN ésta obligada a devolver el pago de lo no debido realizado por Nova Mar por
la autorretención del CREE correspondientes a los períodos 7° y 8° del año gravable
2014 por valor total de $70.194.00, junto con la liquidación de los intereses
corrientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 863 del Estatuto Tributario.
SEGUNDO. Sin condena en costas en segunda instancia.
TERCERO. De conformidad con lo previsto en el artículo 205 de la Ley 1437 de
2011, modificado por el artículo 52 de la Ley 2080 de 2021, NOTIFIQUESE
electrónicamente la presente providencia a las partes a los correos electrónicos
informados dentro del proceso, y al Ministerio Público, al Dr. Nairo Alejandro
Martínez Rivera al correo namartinez@procuraduria.gov.co;
CUARTO. SE INFORMA que, para la radicación de los memoriales a que haya lugar
deberá utilizarse la ventanilla virtual https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8087/;
QUINTO: En firme el presente proveído, y hechas las anotaciones correspondientes,
devuélvanse el expediente al Juzgado de origen […]”.
6.La Subsección A de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca consideró lo siguiente:
“[…] En síntesis, debe tenerse en cuenta que, para la presentación de toda
demanda interpuesta bajo el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, la parte interesada cuenta con un término perentorio de cuatro (4) meses,
contado a partir del día siguiente en que la parte tenga conocimiento del mismo, es
decir, a la notificación, comunicación, ejecución o publicación del acto
administrativo a demandar, para acudir ante la Jurisdicción Contencioso
Administrativo; dicho término se suspenderá hasta por 3 meses, en caso de
acudirse a la conciliación prejudicial así el objeto de la acción verse sobre temas
que no sean susceptibles de conciliación, donde el tiempo suspendido volverá a
contarse una vez sea expedida constancia de trámite conciliatorio o se finalice el
término de suspensión, lo que suceda primero, caso en el cual continúa el conteo
del lapso otorgado por el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, por el tiempo restante
que faltase al momento de solicitarse la conciliación, para así cumplirse los 4 meses
de caducidad.
Ya en el caso concreto se tiene que, las Resoluciones No. 684-000879 y Resolución
No. 684-000880 del 17 de junio de 2020, actos administrativos demandados, fueron
notificadas por conducta concluyente a través de un correo electrónico de fecha 06
de julio de 2021, por lo tanto, para interponer el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho dentro de la oportunidad y tiempo diseñado por la
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norma procesal (Ley 1437 de 2011), en principio, la parte actora debía haber acudido
ante la jurisdicción a más tardar el 07 de noviembre de 2021.
Ahora es preciso observar que, el día 07 de noviembre de 2021, correspondió a un
día no hábil, pues esta fecha correspondía a un día domingo, día en el cual, la Rama
Judicial no presta el servicio de atención al público. Al respecto, surge el interrogante
correspondiente a ¿entonces en que día vence el término para presentación
oportuna de la demanda? Este cuestionamiento encuentra respuesta en el artículo
62 del Código de Régimen Político y Municipal, el cual prevé lo siguiente: […]”.
[…]
“[…] Ahora es preciso mencionar, que la parte actora dentro de su escrito de
demanda no alegó el haber presentado solicitud de conciliación extrajudicial ante
el Ministerio Público; de igual manera, no se observa dentro del expediente
documento alguno que infiera la realización ante la Procuraduría General de la
Nación, de audiencia de conciliación. Por tanto, entiende la Sala que dentro del
proceso que hoy nos ocupa, no fue agotado la etapa de conciliación extrajudicial
por lo cual el término de caducidad no se vio suspendido de manera alguna.
Teniendo en cuenta lo antes expuesto, al establecerse por la Sala de decisión que
las Resoluciones No. 684-00879 y 684-00880 de 17 de junio de 2020 fueron
notificadas el día 06 de julio de 2021, de conformidad con el literal d) del numeral 2º
del artículo 164 del CPACA, el contribuyente tenía como término máximo para acudir
ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa para demandar dicho acto hasta el
día 08 de noviembre de 2021; en el expediente ésta probado que la presente
demanda fue interpuesta en fecha del 08 de noviembre de 2021.
En ese orden es claro que, la demanda que hoy nos ocupa fue interpuesta dentro
del término dispuesto por el legislador para ello en el literal d) del numeral 2º del
artículo 164 del CPACA., por lo que se entiende que la actora interpuso la demanda
de la referencia dentro del término legal dispuesto para ello.
3.3.3. Determinar la procedencia el silencio administrativo positivo del artículo 734
del Estatuto Tributario al no ser resuelto en tiempo el recurso de reconsideración
presentado por la demandante el 11 de octubre de 2019, en contra de las
Resoluciones No. 6283-001421 y 6283-001422 del 12 de agosto de 2019 […]”.
[…]
“[…] En el presente asunto se tiene que los recurso de reconsideración interpuestos
por la sociedad actora en contra de las Resoluciones No. 6283-001421 y 6283-
001422 del 12 de agosto de 2019, por medio de las cuales se resolvió negar la
solicitud de devolución y/o compensación por concepto de pago de lo no debido
en la declaración de autorretención en la fuente mensual del Impuesto sobre la
Renta para la Equidad - CREE por los periodos 7º y 8º del año gravable 2014,
respectivamente, fueron interpuestos el día 11 de octubre de 2019; por tanto, se
entiende que la administración al apego de los dispuesto por el artículo 732 del
Estatuto Tributario, estaba en el deber de resolver dichos recursos dentro del año
siguiente a su interposición, es decir, debía haber proferido su decisión antes del día
11 de octubre de 2020 […]”.
[…]
“[…] Así las cosas, es claro que el reconocimiento del silencio administrativo
positivo está condicionado a que la Administración resuelva el recurso dentro del
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año siguiente a su interposición, de tal forma que, una vez ocurrido el presupuesto
legal, y por mérito de la ley, el recurso se entiende fallado a favor del contribuyente.
Por tanto, al probarse que la Administración notificó por conducta concluyente el
contenido de las Resoluciones No. 684-00879 y 684-00880 de 17 de junio de 2020,
solo hasta el día 06 de julio de 2021, es evidente que transcurrió más de un año
contado entre la fecha de presentación de los recursos de reconsideración (11 de
octubre de 2019), más exactamente, un año, tres meses y 5 días (Descontando el
tiempo de suspensión de términos por la emergencia del COVID 19), con lo cual se
configuró el silencio administrativo positivo establecido en el artículo 734 del
Estatuto Tributario, con lo cual se entiende fallado a favor del recurrente el recurso
de reconsideración interpuesto por NOVA MAR DEVELOPMENT S.A. en contra de
las Resoluciones No. 6283-001421 y 6283-001422 del 12 de agosto de 2019.
En virtud de lo anterior, los argumentos de apelación de la entidad demandada están
llamados a prosperar en esta oportunidad por lo que se revocará la sentencia de
primera instancia proferida el 31 de mayo de 2023, por el Juzgado Cuarenta (40)
Administrativo del Circuito de Bogotá adscrito a la Sección Cuarta, y en su lugar se
declarará probado el surgimiento del silencio administrativo positivo, declarándose
a su vez la nulidad de los actos administrativos demandado, y a título de
restablecimiento del derecho, se declarará que la U.A.E. DIAN ésta obligada a
devolver el pago de lo no debido realizado por Nova Mar por la autorretención del
CREE correspondientes a los períodos 7° y 8° del año gravable 2014 por valor total
de $70.194.000, junto con la liquidación de los intereses corrientes, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 863 del Estatuto Tributario […]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
7.La actora solicitó en su escrito de tutela:
“[…] A. Se tutele en favor de mi representada los derechos fundamentales al debido
proceso en congruencia con los principios de la buena fe, confianza legítima y
seguridad jurídica, vulnerados con la sentencia proferida por parte de la Corporación
accionada, al incurrir en el defecto material o sustantivo por inaplicación de la norma
e interpretación errónea de la ley.
B. Como consecuencia de lo anterior, solicito se ordene al Tribunal Administrativo
de Cundinamarca -Sección Cuarta, que dentro del término de cuarenta y ocho horas
(48) siguientes a la notificación de la sentencia de la presente acción: (i) proceda a
revocar la sentencia de segunda instancia proferida el 7 de junio de 2024, dentro del
proceso judicial de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación N.º 11001-
33-37-040-2021-00289-01 instaurado por la sociedad Nova Mar Developmente S.A.,
y (ii) ordene proferir un nuevo fallo en el que de aplicación directa de los artículos
563, 564, 565 inc. 2 y subsiguientes del Estatuto Tributario en los términos
señalados en la presente tutela, declarando que los actos administrativos acusados
fueron bien notificados a la dirección registrada e informada por el apoderado y en
consecuencia entre a revisar la legalidad de los actos demandados desde el punto
de vista sustancial […]”.
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8.La actora en su escrito de tutela indicó que la Subsección A de la Sección Cuarta
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en un defecto sustantivo por
la falta de aplicación de normas jurídicas y en un defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial.
Actuación
9.El Despacho de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante auto de 18
de octubre de 2024: i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó notificar a los
magistrados de la Subsección A de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca; y iii) vinculó a Nova Mar Development S.A., y al Juzgado Cuarenta
Administrativo del Circuito de Bogotá concediéndoles el término de tres (3) días para
rendir informe.
Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo
10.La Subsección A de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca consideró lo siguiente:
“[…] En virtud de lo anterior, es evidente que el fallo hoy objeto de acción de tutela,
no vulneró los derechos al debido proceso e igualdad, ya que el mismo está basado
en los hechos y pruebas expuestos dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
No. 11001-33-37-040-2021-00289-01, así como de la normatividad procesal
tributaria acorde al caso en cuestión, con lo cual es irrebatible que la presente acción
de tutela debe ser declarada improcedente, o en su defecto, no se ampare los
derechos fundamentales invocados […]”.
11.El Juzgado Cuarenta Administrativo del Circuito de Bogotá señaló lo siguiente:
“[…] Estudiado el contenido de la tutela, se observa que la DIAN ataca
exclusivamente el contenido del fallo del 07 de junio de 2024 proferido por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca -Sección Cuarta, Sección A, por medio de la cual
se revocó la sentencia de primera instancia proferida el 31 de mayo de 2023 por el
Juzgado 40 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá en la que se declaró
probada la caducidad del medio del control y se dio por terminado el proceso; y en
su lugar declaró el silencio administrativo positivo establecido en el artículo 734 del
E.T. con ocasión de los recursos de reconsideración interpuestos en contra de las
resoluciones 6283-001421 y 6283-001422 del 12 de agosto de 2019 y señaló que
se entienden fallados a favor de Nova Mar Development SA.
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Al punto, como la tutela planteada por la DIAN no ataca el contenido del fallo
proferido por el Juzgado 40 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, y el
principio de obediencia ordena acatar lo ordenado por el superior, esta juez no se
pronunciará sobre los cargos planteados en la tutela contra sentencia judicial […]”.
12.Nova Mar Development S.A., afirmó lo siguiente:
“[…] La acción de tutela promovida por la Autoridad Tributaria no cumplió los
requisitos mínimos de procedibilidad, al propender por ventilar una discusión
netamente jurídica y, por tanto, carente de relevancia constitucional.
El Honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca no incurrió en un defecto
sustantivo al haber considerado que la Autoridad Tributaria se encontraba en la
obligación de remitir la citación para notificarse de las resoluciones que resolvieron
los recursos de reconsideración interpuestos por Nova Mar en contra de los actos
administrativos que negaron las devoluciones de los pagos de lo no debido de las
autorretenciones mensuales en la fuente de los períodos 7° y 8° del impuesto sobre
la renta para la equidad- CREE del año gravable 2014.
El Honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca no incurrió en una
transgresión del precedente fijado por el Consejo de Estado al haber concluido que
las resoluciones que resolvieron los recursos de reconsideración debían ser
notificados a la dirección electrónica informada por Nova Mar en su Registro Único
Tributario […]”.
La sentencia impugnada
13.La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia de 14 de
noviembre de 2024, resolvió lo siguiente:
“[…] 1. Denegar las pretensiones formuladas por la Unidad Administrativa Especial
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en atención a la parte motiva
de esta determinación judicial […]”.
14.Como fundamento de su decisión consideró que:
“[…] A partir de lo anterior, la Sala encuentra que el tribunal demandado concluyó
que las Resoluciones 684-879 y 684-880 del 17 de junio de 2020 debieron notificarse
electrónicamente dentro del año siguiente a la interposición de los recursos de
reconsideración que desataron y ello no aconteció, por ende, se originó el silencio
administrativo positivo de que trata el artículo 734 del Estatuto Tributario, lo que
imponía acceder a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho 11001-33-37-040-2021-00289-00/01.
Para la Sala, contrario a lo aseverado por la demandante, la anterior conclusión de
la autoridad accionada constituye un análisis razonable del ordenamiento jurídico, en
particular, de las normas citadas en los párrafos precedentes, pues el parágrafo 2º
del artículo 565 del Estatuto Tributario señala de manera expresa que cuando el
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contribuyente actúe por conducto de apoderado, «la notificación se surtirá a la
dirección de correo físico, o electrónico que […] tenga registrado en el Registro Único
Tributario (RUT)», regla en virtud de la cual la empresa Nova Mar Development SA
debió ser notificada en la cuenta virtual consignada en el RUT de su apoderado, lo
cual no aconteció, pues, se reitera, se remitieron los respectivos citatorios a su
dirección física (Calle 73 núm. 8-60 de Bogotá).
Además, aunque el inciso 2º del artículo 565 del Estatuto Tributario establece que las
decisiones que desaten recursos deben comunicarse personalmente, para lo cual ha
de enviarse un citatorio al contribuyente en aras de que acuda dentro de los 10 días
siguientes, so pena de comunicarlas por edicto, la notificación a la sociedad Nova Mar
Development SA debía ser electrónica, en atención al artículo 4º del Decreto 491 de
2020 (que establece que «la notificación o comunicación de los actos administrativos
se hará por medios electrónicos»), máxime cuando los oficios 131000201402-000642
y 131000201402-000643 del 19 de junio de 2020 fueron devueltos por la empresa de
mensajería 4-72 porque la sede de la referida compañía «estaba cerrada por
aislamiento», de lo que se colige que no fueron conocidos por esta.
Es de anotar que de acogerse el criterio de la tutelante, consistente en que la
notificación a la sociedad Nova Mar Development SA debía realizarse en los términos
del inciso 2º del artículo 565 del Estatuto Tributario, se desconocería las disposiciones
emitidas en el marco de la pandemia derivada del COVID 19, que establecen que la
notificación de los actos administrativos es electrónica en aras de contribuir al
aislamiento ordenado en la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, con la que el
Ministerio de Salud y Protección Social decretó la emergencia sanitaria.
En ese orden de ideas, se constata que el trámite que surtió la DIAN para notificar las
Resoluciones 684-879 y 684-880 del 17 de junio de 2020 no atendió las normas
señaladas anteriormente, de ahí que fuera dable deducir, como lo hizo la autoridad
accionada, que no se comunicaron correctamente dentro del año siguiente a la
interposición de los recursos de reconsideración que desataron, lo que derivó en la
configuración del silencio administrativo positivo, conforme a los artículos 73212 y
73413 del Estatuto Tributario […]”.
[…]
“[…] La demandante señala que el fallo cuestionado desconoce el criterio
jurisprudencial del Consejo de Estado, según el cual la dirección consignada en la
solicitud de devolución de tributos debe corresponder a la establecida en el RUT, y
como ello no aconteció en relación con la empresa Nova Mar Development SA, no
era obligatoria la notificación electrónica, por ende, debía intentarse la personal.
Al analizar la sentencia invocada por la demandante, se observa que en ella se decidió
en segunda instancia un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que
se controvirtieron actos administrativos emitidos en el 2013, lo que denota que la
situación fáctica allí debatida es disímil a la del expediente 11001-33-37-040-2021-
00289-00/01, pues las Resoluciones cuestionadas en este asunto se emitieron en
vigencia de las normas expedidas durante la pandemia desencadenada por el virus
COVID 19, las cuales no existían cuando se profirió el pronunciamiento invocado.
Asimismo, se constata que en el fallo en el que la actora funda el desconocimiento del
precedente se concluyó que cuando existiera discrepancia entre las direcciones
reportadas en la solicitud de devolución de impuestos y las consignadas en el RUT,
lo procedente era realizar las comunicaciones en estas últimas, premisa que no fue
atendida por la DIAN en relación con la empresa Nova Mar Development SA, ya que
no envió la respectiva comunicación al correo electrónico registrado en el RUT de su
apoderado, tal como se advirtió en precedencia.
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Es de anotar que en el pronunciamiento aludido el Consejo de Estado, Sección
Cuarta, no estableció una regla de que la discrepancia de direcciones del
contribuyente relevara a la DIAN de notificar de manera electrónica las decisiones que
emitiera, sino que debía hacerlo a la consignada en el RUT, lo cual, se reitera, no
atendió la accionante frente a la sociedad Nova Mar Development SA […]”.
La impugnación
15.La actora impugnó la sentencia proferida por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado. En ese orden de ideas expresó lo siguiente:
“[…] La sala de tutela pasa por alto que el defecto sustantivo es evidente en
el presente asunto y no puede considerarse una interpretación razonable de
las normas que regulan la notificación de las decisiones emitidas por la
autoridad tributaria, pues en el asunto no se aplicó correctamente el
parágrafo 1 del artículo 1.6.1.21.13 del DUR 1625 de 2016 (Decreto 2277 de
2012, modificado por el art 2 del Decreto 2877 de 2013) en concordancia con
la evidente inaplicación del parágrafo 2 del artículo 565 del Estatuto
Tributario, donde se busca la protección del derecho fundamental a la
igualdad y los principios constitucionales a la confianza legítima, seguridad
jurídica y buena fe de mi representada.
El fallo de tutela analizó la sentencia cuestionada y analizo el expediente de nulidad
y restablecimiento del derecho, encontrando que por medio de las Resoluciones
6283-1421 y 6283-1422 del 12 de agosto de 2019, la DIAN negó las solicitudes
presentadas el 14 de junio de 2019 por la empresa Nova Mar, para el reintegro de
lo pagado por concepto del impuesto CREE en los períodos 7 y 8 del año gravable
2014, respectivamente.
El Consejo de Estado no debió confirmar una presunta irregularidad en la
notificación pues esto configura una indebida interpretación normativa, adicional a
haberse vulnerado en forma flagrante los derechos fundamentales de la
Administración por desconocer la debida notificación que se realizó de las
resoluciones que resolvieron los recursos de reconsideración interpuestos en
cumplimiento de la ley […]”.
[…]
“[…] Para el caso objeto de estudio se evidencia lo desarrollado por la
Administración Tributaria en concreto, observando que la notificación se surtió de
acuerdo con las normas que reglamentan el asunto, esto es, el envío de las
citaciones para la notificación personal a la dirección procesal el 19 de junio de
2020, con el objeto de notificar las Resoluciones Nos. 684-000879 y 684-000880
del 17 de junio de 2020, por medio de las cuales se resolvieron recursos de
reconsideración, a partir del día siguiente hábil se comienzan a contar los términos
de diez (10) días para su presentación.
La empresa de mensajería de servicios postales 4/72, intenta realizar la entrega de
las citaciones en dos oportunidades como lo ordena su protocolo, esto es el martes
23 y miércoles 24 de junio de 2020, sin éxito, certificando para el caso como motivo
de devolución “CERRADO”.
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El 07 de julio la misma anualidad se cumple el término establecido en la ley, al no
comparecer el citado para la notificación personal, el 08 de julio de 2020 se realiza
la fijación por edicto en lugar público visible de la entidad con el contenido de la parte
resolutiva del acto administrativo, fijándolo por diez (10) días como lo señala la
norma, quiere decir hasta el 22 de julio de 2020, como consecuencia quedó
ejecutoriado el acto administrativo el 23 de julio de la misma anualidad.
De lo manifestado anteriormente obran en los antecedentes administrativos, la
aludida citación, pruebas de remisión de la citación y edicto diligenciado, reiterando
que la notificación de las resoluciones por medio de las cuales se resolvieron los
recursos de reconsideración se realizó en los veintiún (21) días tal cual lo señala las
disposiciones tributarias, salvaguardando el debido proceso y el derecho a la
defensa de los contribuyentes. Sin violación alguna de los artículos 565, 730, 732 y
734 del Estatuto Tributario.
Por lo anterior el Consejo de Estado-Sección Cuarta incurre en un grave yerro de
interpretación y aplicación normativa en vulneración flagrante del derecho
fundamental al debido proceso de mi representada en concordancia con los
principios de la seguridad jurídica, igualdad, confianza legítima, buena fe y debido
proceso.
2. El fallo de tutela incurrió en defecto sustantivo o material por cuanto
desconoció con su interpretación la correcta aplicación de las normas que
señalan las formas de notificación de los actos expedidos por la administración.
La consideración del fallo de tutela proferida por el Consejo de Estado fue la misma
que arribo el Tribunal Administrativo de Cundinamarca al señalar el silencio
administrativo positivo indicando que la DIAN soslayó comunicar en debida forma la
citación para la notificación personal al correo electrónico de Nova Mar S.A en el RUT,
como lo dispone el inciso 4 del artículo 563, parágrafo 4 del artículo 565 del E.T., el
artículo 4 del Decreto 491 de 2020 y la Resolución No. 30 del 30 de abril de 2020, que
refiere la notificación de manera electrónica al demandante al correo aportado en el
RUT, ante la imposibilidad material de que asistiera personalmente a la dirección física
informada y a la sede de la DIAN […]”.
[…]
“[…] Evidenciando con esto que, tanto en términos de la Corte Constitucional como
del Consejo de Estado, en el asunto de la referencia, es procedente la acción de
tutela, puesto que como se observa, existe una inaplicación de la norma especial
para resolver el problema jurídico planteado, una interpretación irrazonable de los
preceptos normativos citados en el fallo objeto de esta acción.
Por tanto, mi representada efectuó la notificación de las resoluciones que resolvieron
los recursos de reconsideración interpuestos en observancia del procedimiento
Tributario, sin que se trasgredieron los términos para resolver las mismas y con
funcionario con competencia para ello, en consecuencia, los actos administrativos se
profirieron con sujeción de las normas reguladoras de la materia.
Reiterando que la Administración siguió estrictamente las formas de notificación de
las actuaciones, esto es que las providencias que decidan recursos se notificarán
personalmente, o por edicto si el contribuyente, responsable, agente retenedor o
declarante, no compareciere dentro del término de los diez (10) días siguientes,
contados a partir del día siguiente de la fecha de introducción al correo del aviso de
citación y el edicto de que trata esta misma norma se fijará en lugar público del
despacho respectivo por el término de diez (10) días y deberá contener la parte
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resolutiva del respectivo acto administrativo tal como ocurrió en el caso objeto de
estudio y descrito en el punto anterior […]”.
16.Adujo que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial al señalar que “[…] Con la decisión
adoptada desconoce el precedente jurisprudencial que el Consejo de Estado sobre el
alcance de las normas citadas precisó1: «En virtud del principio de especialidad, la
reglamentación anterior opera con carácter preferente respecto de la materia
objeto de la misma que, además de la forma de radicación, diligenciamiento y
documentos adjuntos, dispone exigencias específicas respecto del registro único
tributario del titular del saldo a favor y ordena plena identidad entre la dirección
reportada en el mismo y la informada en la solicitud de devolución. Desde esa
perspectiva, se entiende que la dirección señalada en dicha solicitud no puede
provenir de la libre elección del contribuyente, sino simplemente ajustarse a
la reportada en el RUT del solicitante, como parámetro unívoco, obligatorio y
excluyente de la ubicación de aquel para todos los efectos, entre ellos, las
notificaciones de los actos proferidos en el trámite de devolución, de modo que la
exigencia de la misma no expresa un formalismo arbitrario en desmedro del
derecho sustancial, sino, por el contrario, una regla de procedimiento que integra
la forma propia del trámite de devolución y valida el ejercicio de ese derecho en el
marco del debido proceso. […]”.
17.La actora concluyó señalando que:
“[…] Siendo ello así, consideramos que la dirección registrada en el RUT de la
sociedad al momento de las solicitudes de devolución de ninguna manera puede
ser sustituida por ninguna otra. Por tanto y al ser una disposición especial se torna
obligatoria su aplicación al proceso administrativo en particular y tiene sentido,
porque otorga certeza y seguridad jurídica sobre la dirección a la cual se deben
notificar los actos administrativos dentro del proceso de devoluciones que se está
tramitando.
En ese sentido, el Consejo de Estado11 ha considerado que esta dirección se
constituye en un «parámetro unívoco, obligatorio y excluyente de la ubicación de
aquel para la notificación de estos, entre ellos, las notificaciones de los actos
proferidos en el trámite de devolución, de modo que la exigencia de la misma no
expresa un formalismo arbitrario en desmedro del derecho sustancial, sino, por el
contrario, una regla de procedimiento que integra la forma propia del trámite de
devolución y valida el ejercicio de ese derecho en el marco del debido proceso».
1 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN CUARTA. Consejera
ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO. Radicación número: 05001-23-33-000-2014-00707-
02(23790). Bogotá D. C., nueve (9) de julio de dos mil veinte (2020)
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Es un principio de derecho que cuando la norma es clara no se deberá interpretar
de ninguna otra manera a como está escrito de manera literal, lo cual evita que el
intérprete desborde el contenido claro de la norma y atente contra la seguridad
jurídica; lo cual ocurre en este caso, por lo que la norma citada, no admite
interpretaciones distintas.
Por lo expuesto es claro que la sentencia de tutela desconoce el precedente
aplicable al caso estudiado, por cuanto existe identidad en los fundamentos fácticos
y jurídicos, por tanto, si el despacho la hubiera aplicado la decisión hubiera sido
igualmente distinta […]”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
18.Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con
los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19912, por el cual se
reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de
20213 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 20194, que asigna
a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
19.La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Problema jurídico
20.Corresponde a la Sala establecer: si, en efecto, es procedente la acción de tutela,
acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
2 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
3 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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acción de tutela contra providencias judiciales, concretamente si se cumplió con el
requisito general de procedencia de relevancia constitucional.
21.Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los
siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a providencias
judiciales; ii) requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela
cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) marco normativo y desarrollo
jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad; v) análisis del caso
concreto y finalmente las vi) conclusiones de la Sala.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
22.Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena5, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.
Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales
23.Esta Sección adoptó6 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 20057, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de
los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.
24.Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedencia de esta acción constitucional,
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María
Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María
Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
7 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un
perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la
existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto
de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la
vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.
25.De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”8 que encaje en dichos parámetros.
26.Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedencia, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que
este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso,
seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
27.El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 20149.
Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela en el caso concreto
28.La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida
por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito general de
procedencia de relevancia constitucional.
8 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P
Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
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Acerca del requisito general de procedencia de la relevancia constitucional
29.Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5 de agosto de
201410, al referirse al requisito general de procedencia de relevancia constitucional,
sostuvo lo siguiente:
“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos
puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte
Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa
para efectos de esta sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos
fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía
funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [11]; por otro, evita que la
acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones” [12].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales
de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos
elementos necesarios [13].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa de la actora para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la
afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración
de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que la
actora tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para
que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o
declarar improcedente el amparo constitucional [14].
10 Ut supra página 6.
[11] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[12] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[13] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[14] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará
la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido
del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial
trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la
Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de
los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la
procedencia de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”
16
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El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en
una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de
tutela se derive que esa es la pretensión de la actora, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a
derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad
o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones
carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende
discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia
constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [15]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos
que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa
al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada
en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha
reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso
constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [16].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la
protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [17]; el derecho a
presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el
principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el
derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de
juicios secretos. […]”.
[…]
“[…] Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia
constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el
asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan
desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de
defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera
grave el equilibrio procesal entre las partes.
3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de prosperidad
de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de las altas Cortes,
tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013:
[…]”. (Resaltado por la Sala).
[15] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[16] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[17] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
17
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30.De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional ha señalado18:
“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘que el asunto
objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto
puesto a consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para la
interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo
eficaz, así como para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales.”19
Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la improcedencia
de la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los intereses moratorios,
un asunto de relevancia constitucional. En aquella ocasión la Corte advirtió:
“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia –
Sala Laboral-, por cuanto se negó el reconocimiento y pago de los intereses
moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en reiterada jurisprudencia, ha venido
sosteniendo que los mencionados intereses no proceden cuando se trata de reajustes
pensionales, sino que los mismos sólo se causan cuando la entidad obligada al pago
de la pensión entra en mora de reconocer la prestación o una vez reconocida la
misma, retrasa el pago de las mesadas correspondientes.
Más allá de las condiciones personales de la actora, quien no demuestra la calidad
de sujeto de especial protección, la primera apreciación que puede hacerse, es que
el asunto que nos ocupa tiene, en principio, una relevancia de tipo legal, y que aún
haciendo una interpretación armónica del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 junto
con las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 13 (derecho a la
igualdad), artículo 25 (derecho al trabajo), artículo 48 (derecho a la seguridad social)
y el artículo 53 (derecho a la situación más favorable al trabajador y al pago oportuno
y reajuste de las pensiones) del Estatuto Superior, se llegaría a la conclusión de que
el contenido de dicho artículo, por el sólo hecho de derivarse de postulados
constitucionales no tiene ‘per se’ vocación de derecho fundamental.”20
En esta ocasión, la Corte acoge y reitera el citado pronunciamiento máxime teniendo
en cuenta que el sujeto que aduce la vulneración no demuestra, ni siquiera
sumariamente, un perjuicio irremediable que haga de este caso, un asunto de
relevancia constitucional que permita el estudio de fondo, menos aún si se tiene en
cuenta que los jueces ordinarios laborales reconocieron la indexación de la mesada
pensional y negaron, bajo argumentos sólidos y no caprichosos, los intereses
moratorios sobre la indexación […]”.
31.En ese orden de ideas, el requisito general de procedencia de la relevancia
constitucional se acredita cuando: i) en el caso bajo estudio por parte del juez
constitucional se involucra la amenaza o vulneración de derechos fundamentales y
ii) cuando el actor en su escrito de tutela cumple con satisfacer una carga
argumentativa mínima de establecer las razones jurídicas por las cuales la autoridad
18 Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
19 Corte Constitucional, sentencia T-635 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
20 Ibidem.
18
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judicial demandada incurrió en algunas de las causales especiales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales, y trajo como consecuencia la
afectación de los derechos fundamentales.
32.La Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 202221 precisó, en relación
con el alcance del requisito general de procedencia de relevancia constitucional,
cuáles eran los deberes del juez constitucional:
[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
(…)
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
(…)
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en literal
e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
(…)
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto carece
de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás proceda
la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún derecho
fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra providencias
judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii)
21
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
19
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pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que
implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia
constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción de
tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho fundamental y no a
reabrir la discusión definida ante los jueces ordinarios.
(…)
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida pues
no se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales
69. Como ya se indicó, la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada con especial
rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se
presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental, producto
de una actuación arbitraria. Por este motivo, no basta con mencionar una
vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, sino que se requiere demostrar: (i) su existencia, (ii)
su carácter desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para entender
acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional
[…]». (Resaltado por la Sala).
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso
33.Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
34.Atendiendo a que, la Corte Constitucional22 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
22 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
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propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
igualdad
35.Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta
y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.
36.Atendiendo a que la Corte Constitucional23 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
23 Corte Constitucional, Sentencia C178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
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adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de igualdad
ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.
Análisis del caso concreto
37.La actora, obrando mediante apoderado, presentó acción de tutela contra la
Subsección A de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 7 de junio de 2024, en el proceso
adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el número único de radicación 11001-33-37-040-2021-
00289-01, vulneró sus derechos fundamentales invocados supra.
38.Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.
39.La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes, de
conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 del
Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza
que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en
derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados en el
escrito de tutela y en la impugnación.
Acervo y análisis probatorios
40.Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo siguiente:
40.1. Copia digital del proceso adelantado en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 11001-33-37-040-2021-00289-01.
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Núm. único de radicación: 110010315000202405515-01
Actora: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN
Solución del caso concreto
Análisis del cumplimiento del requisito general de procedencia de relevancia
constitucional
41. Para la Sala, el presente asunto no se encuentra comprendido dentro de los que
la jurisprudencia constitucional ha identificado como de clara relevancia
constitucional. La actora en su escrito de tutela indicó lo siguiente24:
“[…] La sentencia objeto de esta acción incurrió en defecto sustantivo o
material por la no aplicación del Art. 565 del E.T., como tampoco del Art.
1.6.1.21.13 parágrafo 1 del DUR 1625 de 2016 […].
[…]
“[…] Lo primero que debo advertir es que las solicitudes de devolución resueltas
mediante los actos demandados en el proceso que concluyó con el fallo objeto de
esta acción fueron radicadas por intermedio de apoderado y por lo tanto la
notificación de los actos que resolvieron los recursos de reconsideración
interpuestos fueron debidamente notificados a la dirección aportada por el
apoderado especial Dr. JUAN CAMILO DE BEDOUT GRAJALES, informando
únicamente la dirección física para efecto de surtir las notificaciones Calle 73 N.º 8-
60 de la ciudad Bogotá D.C. Esta dirección corresponde efectivamente a la que se
efectuó la notificación personal o por edicto de las resoluciones que resolvieron los
recursos de reconsideración, siguiendo el procedimiento de que tratan los incisos
segundo y tercero del artículo 565 y 569 del Estatuto Tributario y de ello dan cuenta
las pruebas que obran en los expedientes administrativos.
Resultando desacertado considerar como lo hizo la providencia que la notificación
se produjo por conducta concluyente, pues la misma se realizó sin violación al
debido proceso y en observancia de los artículos 732 y 565 de Estatuto Tributario,
figura que no es aplicable en el sub examine, si se tiene en cuenta que la notificación
de los actos administrativos desde el inicio del procedimiento y que culmino a través
del edicto, previa citación, se encuentran ajustadas a derecho, pues como quedó
demostrado, las citaciones para notificarse del recurso de reconsideración fueron
enviadas a la dirección informada por el apoderado de la sociedad, y ante su no
comparecencia se fijó el edicto como señala el artículo 565 del E.T […]”.
[…]
“[…] De lo manifestado anteriormente obran en los antecedentes administrativos, la
aludida citación, pruebas de remisión de la citación y edicto diligenciado, reiterando
que la notificación de las resoluciones por medio de las cuales se resolvieron los
recursos de reconsideración se realizó en los veintiún (21) días tal cual lo señala las
disposiciones tributarias, salvaguardando el debido proceso y el derecho a la
defensa de los contribuyentes. Sin violación alguna de los artículos 565, 730, 732 y
734 del Estatuto Tributario.
24 Transcripción literal del texto.
23
Núm. único de radicación: 110010315000202405515-01
Actora: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN
En tal sentido, el procedimiento establecido en el artículo 565 del E.T., es claro y la
Administración para el caso en concreto lo aplicó en su integridad, en los casos en
que el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, no compareciere
dentro del término de los diez (10) días siguientes, contados a partir del día siguiente
de la fecha de introducción al correo del aviso de citación […]”.
[…]
“[…] Incurrió en defecto sustantivo o material por cuanto desconoció con su
interpretación la correcta aplicación de las normas que señalan las formas de
notificación de los actos expedidos por la administración […]”.
[…]
“[…] Señala la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo que ante la prohibición
general para los habitantes de Colombia de salir de sus hogares, la DIAN debía,
como lo dispone el inciso 4 del artículo 563, parágrafo 4 del artículo 565 del ET, el
artículo 4 del Decreto 491 de 2020 y la Resolución No. 30 de 30 de abril de 2020,
notificar de manera electrónica al demandante al correo aportado en el RUT, ante la
imposibilidad material de que asistiera personalmente a la dirección física informada
y a la sede de la DIAN.
Así las cosas, se tiene que el Tribunal no tuvo en cuenta que la Resolución 000038
del 30 de abril de 2020, por la cual se implementa la notificación electrónica en la
DIAN, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 563, 564, 565 y 566-1 del
Estatuto Tributario, se implementó de forma gradual […]”.
[…]
“[…] Por lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Cuarta
incurrió en defecto material o sustantivo al proferir la sentencia de fecha 7 de junio
de 2024, por indebida e irracional aplicación de los artículos 563, 564 y 565 del
Estatuto Tributario.
Teniendo en cuenta que a pesar de que la DIAN notificó los fallos de los recursos
de reconsideración a la dirección informada por el apoderado especial de la
sociedad, quien fue el que presentó la solicitud de devolución objeto de discusión,
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca consideró una notificación irregular
[…]”.
42.Adujo que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial al señalar que “[…] Con la decisión
adoptada por el Tribunal se desconoce el precedente jurisprudencial que el Consejo
de Estado sobre el alcance de las normas citadas precisó25: «En virtud del principio
de especialidad, la reglamentación anterior opera con carácter preferente respecto
de la materia objeto de la misma que, además de la forma de radicación,
diligenciamiento y documentos adjuntos, dispone exigencias específicas respecto
25 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN CUARTA.
Consejera ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO. Radicación número: 05001-23-33-000-2014-
00707-02(23790). Bogotá D. C., nueve (9) de julio de dos mil veinte (2020)
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Núm. único de radicación: 110010315000202405515-01
Actora: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN
del registro único tributario del titular del saldo a favor y ordena plena identidad
entre la dirección reportada en el mismo y la informada en la solicitud de
devolución. Desde esa perspectiva, se entiende que la dirección señalada en
dicha solicitud no puede provenir de la libre elección del contribuyente, sino
simplemente ajustarse a la reportada en el RUT del solicitante, como
parámetro unívoco, obligatorio y excluyente de la ubicación de aquel para todos
los efectos, entre ellos, las notificaciones de los actos proferidos en el trámite de
devolución, de modo que la exigencia de la misma no expresa un formalismo
arbitrario en desmedro del derecho sustancial, sino, por el contrario, una regla de
procedimiento que integra la forma propia del trámite de devolución y valida el
ejercicio de ese derecho en el marco del debido proceso. […]”.
43.La actora en su escrito de tutela concluyó señalando que:
“[…] Siendo ello así, consideramos que la dirección registrada en el RUT de la
sociedad al momento de las solicitudes de devolución de ninguna manera puede
ser sustituida por ninguna otra. Por tanto y al ser una disposición especial se torna
obligatoria su aplicación al proceso administrativo en particular y tiene sentido,
porque otorga certeza y seguridad jurídica sobre la dirección a la cual se deben
notificar los actos administrativos dentro del proceso de devoluciones que se está
tramitando.
En ese sentido, el Consejo de Estado11 ha considerado que esta dirección se
constituye en un «parámetro unívoco, obligatorio y excluyente de la ubicación de
aquel para la notificación de estos, entre ellos, las notificaciones de los actos
proferidos en el trámite de devolución, de modo que la exigencia de la misma no
expresa un formalismo arbitrario en desmedro del derecho sustancial, sino, por el
contrario, una regla de procedimiento que integra la forma propia del trámite de
devolución y valida el ejercicio de ese derecho en el marco del debido proceso».
Es un principio de derecho que cuando la norma es clara no se deberá interpretar
de ninguna otra manera a como está escrito de manera literal, lo cual evita que el
intérprete desborde el contenido claro de la norma y atente contra la seguridad
jurídica; lo cual ocurre en este caso, por lo que la norma citada, no admite
interpretaciones distintas.
Por lo expuesto es claro que sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
desconoce el precedente aplicable al caso estudiado, por cuanto existe identidad en
los fundamentos fácticos y jurídicos y por tanto, si el despacho la hubiera aplicado
la decisión hubiera sido igualmente distinta.
En concreto, el Consejo de Estado26 en sentencia del 9 de julio de 2020, resolvió un
caso similar en el que el problema jurídico que se resolvió fue la notificación de los
actos que resolvieron la devolución de saldos a favor y la prevalencia de dirección
informada en el Rut (citada con antelación en el presente escrito) […]”.
26 Consejo de Estado. Sentencia del 19 de julio de 2020, Exp. 23790, CP. Stella Jeannette Carvajal Basto.
25
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Actora: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN
44.Para la Sala el asunto controvertido por la actora ya fue objeto de estudio por la
autoridad judicial accionada y la acción de tutela contra providencia judicial no
constituye una tercera instancia que permita reabrir el debate resuelto por el juez
natural, sino que tiene por objeto verificar si la entidad judicial accionada incurrió en
la vulneración de derechos fundamentales.
46.Además de lo anterior, para la Sala, la actora plantea la afectación de los
derechos fundamentales indicados supra que tiene su origen en últimas en un
debate estrictamente legal, económico y probatorio el cual ya fue expuesto dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y fue decidido por el juez
natural de la causa, por lo que no le corresponde al juez constitucional hacer un
pronunciamiento adicional, toda vez que ello implicaría desconocer el principio de
autonomía e independencia judicial y desnaturalizaría el mecanismo constitucional
convirtiéndolo en una instancia adicional.
47.Ahora bien, precisado lo anterior, se advierte que a través de la sentencia de
unificación SU – 215 de 2022, señaló que la simple enunciación de la vulneración
de un derecho fundamental y la asociación de dicha afectación con la configuración
de un defecto es insuficiente para tener por acreditado el cumplimiento del requisito
general de procedencia de la relevancia constitucional. A juicio del máximo Tribunal
de lo Constitucional es indispensable que el caso en cuestión: (i) tenga la “[…]
entidad de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental […]; (ii) que el alcance de la controversia “[…]
no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas […]”; y (iii) que en el escrito
de tutela se “[…] justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales […]”.
48.La Sala considera que la discusión que se expone a través del escrito de tutela,
siguiendo lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia antes transcrita,
no tiene trascendencia constitucional porque el núcleo de la controversia se
encuentra limitado a asuntos meramente legales, probatorios y económicos cuya
competencia se encuentran en cabeza del juez de lo contencioso administrativo.
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49.Para la Sala, la controversia planteada por la actora es de naturaleza puramente
legal, económica y probatoria; y no gira en torno al contenido, alcance y goce de los
derechos fundamentales indicados supra.
50.En ese orden de ideas, la Sala considera que la acción de tutela busca cuestionar
el criterio de interpretación probatoria de la autoridad judicial accionada, es decir, la
actora acude al juez constitucional buscando la corrección del criterio jurídico del
juez natural y reabrir un debate legal y probatorio concluido que escapa de la órbita
de competencia del juez constitucional. Si bien es cierto, la actora alega la
vulneración de los derechos fundamentales indicados supra, el criterio de la
relevancia constitucional, no se determina con su mera enunciación, sino mediante
la acreditación expresa y razonable de una presunta amenaza o vulneración del
mismo, lo cual no aconteció en el caso sub examine.
51.Los supuestos de vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso
y a la igualdad, enunciados por la actora, no se evidencia en el caso sub examine,
toda vez que el proceso de nulidad y restablecimiento de derecho se adelantó ante
el juez competente, en respeto de las formas propias del proceso, y se respetó el
derecho de presentar y controvertir las pruebas allegadas. Además, no concurre
una situación de amenaza o alguna causal de vulnerabilidad que amerite la
actuación del juez constitucional, no se trata de amparar el derecho fundamental de
un sujeto de especial protección constitucional.
52.En ese orden de ideas, para la Sala alegar un presunto desconocimiento de
principios o garantías superiores, en el marco de un debate de carácter legal,
económico y probatorio, no es una circunstancia que habilite por sí misma la
procedencia de la tutela contra una providencia judicial.
53.De conformidad con lo anteriormente expuesto, para la Sala no se cumple con
el requisito general de procedencia de relevancia constitucional dentro del marco de
la acción de tutela contra providencias judiciales, en la medida que, si bien la actora
enuncia la trasgresión de los derechos fundamentales al debido proceso y a la
igualdad esa presunta afectación tiene su origen en un debate estrictamente legal,
económico y probatorio.
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Conclusiones de la Sala
54.Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte motiva
de esta sentencia, la Sala revocará la sentencia de tutela de 14 de noviembre de
2024 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por medio de la cual
negó la solicitud de tutela y, en su lugar, declarará la improcedencia del amparo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de tutela de 14 de noviembre de 2024 proferida
por la Sección Cuarta del Consejo de Estado y, en su lugar, DECLARAR la
improcedencia de la solicitud de tutela que presentó la actora contra la autoridad
judicial accionada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm.
2591 de 1991, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
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Actora: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
Sigue leyendo
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