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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05516-00

Fecha
7 de febrero de 2025
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05516-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, de la ANI, del Distrito de Santiago de Cali, de la Defensoría del Pueblo, de la Procuraduría General de la Nación, de la Concesionaria Rutas del Valle SAS y del Consorcio Constructor Nueva Malla Vial del Valle, de conformidad con las razones expuestas. SEGUNDO: ACCEDER a las solicitudes de desvinculación presentadas por la Presidencia de la República y el Consorcio Estructuración ICEACSA -BONUS, por los motivos dados en esta providencia. TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo de tutela solicitado por el Consejo Comunitario del Guabal, en relación con la pretensión de suspensión de los efectos de la Certificación No. 965 de 19 de septiembre de 2018, la Certificación No. 1043 de 12 de octubre de 2018 y la Resolución No. ST-1306 de 18 de agosto de 2022 de la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior. CUARTO: NEGAR el amparo de tutela solicitado por el Consejo Comunitario del Guabal, por la aparente vulneración de los derechos a la consulta previa, debido proceso, mínimo vital, salud y dignidad humana conforme con lo expresado en esta decisión. QUINTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier 15 de 16 Radicación: 11001-03-15-000-2024-05516-00 Demandante: Consejo Comunitario del Guabal Demandado: Presidencia de la República y otros Referencia: Acción de tutela. Primera instancia Decisión: Declara improcedente y niega ______________________________________________________________________________________________________________ recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin13. SEXTO: De no ser impugnada esta providencia, por Secretaría, REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión. SÉPTIMO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-05516-00

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

7 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá DC, 7 de febrero de 2025

Radicación: 11001-03-15-000-2024-05516-00
Demandante: Consejo Comunitario de Comunidades Negras de la Vereda
“El Guabal” (Jamundí)
Demandado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de Primera instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA POR ACCIÓN U OMISIÓN DE AUTORIDAD PÚBLICA | Requisitos
de procedencia de la acción de tutela | Derechos de consulta previa y debido proceso.

Síntesis del caso: La parte demandante instauró acción de tutela para que, en amparo de
sus derechos, entre otros, de consulta previa y debido proceso, se suspendieran los efectos
de unos actos administrativos, en los que no se incluyó a los demandantes en un proceso
de consulta previa.

De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver, en
primera instancia, la acción de tutela presentada por el Consejo
Comunitario de Comunidades Negras de la Vereda “El Guabal” contra el
Presidente de la República, la Dirección Nacional de Consulta Previa del
Ministerio del Interior, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el
Concesionario Rutas del Valle SAS, el Consorcio Constructor EPC y la Nueva
Malla Vial de Valle del Cauca.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás
vinculados.

1.1. Posición de la parte actora

1. El 9 de octubre de 2024, el Consejo Comunitario de Comunidades
Negras de la Vereda “El Guabal”, mediante su representante legal, presentó
una acción de tutela contra el Presidente de la República, la Dirección
Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, la Agencia Nacional
de Infraestructura (ANI), el Concesionario Rutas del Valle SAS, el Consorcio
Constructor EPC y la Nueva Malla Vial de Valle del Cauca, por la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales a la consulta previa, debido
proceso, mínimo vital, salud, dignidad humana, “territorio” y “buena fe” por
la ejecución del proyecto “Nueva Malla Vial del Valle del Cauca – Corredor
Accesos Cali – Palmira, Unidad Funcional 3” y “Construcción de la Nueva

1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de

2021 y Acuerdo No. 80 de 2019 de esta Corporación.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2024-05516-00
Demandante: Consejo Comunitario del Guabal
Demandado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Declara improcedente y niega
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Vía Bicentenario, ubicada entre la avenida Ciudad de Cali y el Municipio de
Jamundí”.

2. A título de amparo constitucional, la parte demandante solicitó (se
trascribe):

“1. TUTELAR los derechos fundamentales a la CONSULTA PREVIA; AL TERRITORIO,
DEBIDO PROCESO; LA BUENA FE, EL CONSENTIMIENTO PREVIO, LIBRE E
INFORMADO, MINIMO VITAL; SALUD; DIGNIDAD HUMANA y además de la
protección de la autonomía territorial, y el principio de distinción y otras reglas
que resulten vulnerados según el presente procedimiento constitucional en el
marco de los DOS PROYECTOS ARRIBA DETERMINADOS.

En consecuencia, suspender los efectos jurídicos de los actos administrativos
aquí enunciados, los cuales fueron expedidos por la Dirección de la Autoridad
Nacional de Consulta Previa, medida que debe sostenerse hasta tanto no se
lleve a cabo la visita de verificación tantas veces solicitadas, así como la
caracterización adecuada de nuestra comunidad, y se verifique
correctamente la presencia de mi comunidad étnica en este, nuestro territorio
que está siendo afectado directamente con las actividades de los proyectos
también tantas veces llamados.

2. GARANTIZAR el derecho a la Consulta Previa a mi comunidad del Consejo
Comunitario de Comunidades Negras de Guabal, en consecuencia, ORDENAR
a la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa realizar las DOS
CONSULTAS PREVIAS que nos han sido arrebatadas: la certificada en el año
2018 y la certificada en el 2022, incluyéndonos con pleno derecho a dicho
espacio de participación, sin ninguna condición.

Así mismo, ORDENAR a la misma institución que se lleve a cabo un informe de
las posibles afectaciones socioambientales, económicas y socioeconómicas
generadas por la negación a nuestro derecho a la consulta, en el marco de los
dos proyectos, presentando al despacho y a nuestra comunidad, el remedio a
adoptar.

3. GARANTIZAR el derecho al consentimiento previo, libre e informado de mi
comunidad afrodescendiente, organizada como Consejo Comunitario de
Comunidades Negras de Guabal, que está siendo afectada directamente con
las actividades de los proyectos aquí enunciados; por ende, ORDENAR a la
Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa llevar a cabo, con
carácter obligatorio, los dos (2) procesos de consulta previa que nos han sido
negados y que deben obtener el consentimiento de las comunidades
afrodescendientes aquí demandantes.

4-° REITERAR al gobierno nacional la obligación que tiene de cumplir de buena
fe el convenio 169 de la OIT, tal como lo establece nuestro ordenamiento
constitucional.

5. VINCULAR oficiosamente a la Defensoría del Pueblo Nacional y a la
Procuraduría General de la Nación, SIN hacerlo a través de sus delegados
territoriales, en razón a que estos nunca ejercieron sus funciones en defensa de
nuestros derechos. Los órganos nacionales deben pronunciarse sobre los
hechos y circunstancias referidas y probadas en la presente acción de tutela,
en su papel de garante de nuestros derechos fundamentales.”

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
destacan los siguientes:

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-05516-00
Demandante: Consejo Comunitario del Guabal
Demandado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Declara improcedente y niega
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4. 1) El Consejo Comunitario de la comunidad de “El Guabal” se
encuentra ubicado en el municipio de Jamundí (Valle del Cauca), fue
inscrito en la Base de Datos del Registro Público Único Nacional de Consejos
Comunitarios, Formas y Expresiones Organizativas y Organizaciones de Base
de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del
Ministerio del Interior, mediante Resolución No. 230 del 11 de octubre de
2019, y se designó como su representante legal a Álvaro Javier Velasco
Caicedo.

5. 2) La Agencia Nacional de Infraestructura – ANI y el Distrito de
Santiago de Cali suscribieron el Convenio Interadministrativo de
Colaboración No. CI-007 de 2020, el cual tenía por objeto la cesión en
calidad de administración temporal, a título gratuito y en el estado que se
encontraran, de las franjas de las vías descritas así "Intercambiador Sameco
y Avenida Bicentenario”, con el fin de que fueran intervenidas en virtud de
un contrato de concesión en la modalidad de Asociación Público Privada –
APP.

6. 3) Como consecuencia del mencionado convenio, la ANI y la
Concesionaria Rutas del Valle SAS suscribieron el contrato de concesión bajo
la modalidad de APP No. 1 de 2021, el cual pretendía (se trascribe) “el
otorgamiento de una concesión que, bajo el esquema de Asociación
Público Privada en los términos de la Ley 1508 de 2012, permita llevar a cabo
financiación, elaboración de estudios y diseños definitivos, gestión
ambiental, gestión predial, gestión social, construcción, rehabilitación,
operación y mantenimiento del proyecto Nueva Malla Vial del Valle del
Cauca - Corredor Accesos Cali y Palmira de acuerdo con el Apéndice
Técnico 1 de la Minuta del Contrato”. Dicho contrato se ejecutaría a través
de unas unidades funcionales así: (UF1) Malla Vial del Valle del Cauca hacia
el norte desde el tramo Yumbo – Palmira; (UF2) Malla Vial del Valle del Cauca
hacia el sur desde el tramo Cali – Palmira; (UF3) Avenida Bicentenario; (UF4)
Ye de Villa Rica – Jamundí; (UF5) Sameco – Cencar, glorieta Las Américas –
Yumbo.

7. 4) Previo a la suscripción de los aludidos negocios jurídicos, la ANI
solicitó al Ministerio del Interior, que certificara si había presencia de
comunidades étnicas en el área del proyecto de APP de iniciativa pública
denominada Nueva Malla Vial de Valle del Cauca, específicamente, en la
etapa (se trascribe) “Av. Ciudad Cali – prolongación hasta Jamundí tramo
2.2. Av Ciudad de Cali cruce con el rio Jamundí hasta la intersección con la
vía panamericana (PK9+400-PK15+675.49)”.

8. 5) Mediante Certificación No. 965 de 19 de septiembre de 2018, la
Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior indicó que en el área
consultada se registraba presencia de las Comunidades Negras

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-05516-00
Demandante: Consejo Comunitario del Guabal
Demandado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Declara improcedente y niega
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denominadas "Consejo Comunitario del Corregimiento Bocas del Palo” y
"Consejo Comunitario del Corregimiento San Isidro”. Además, mencionó que
no se registraba la presencia de comunidades Indígenas, ROM, ni minorías.

9. 6) La ANI también solicitó al Ministerio del Interior, que certificara si
había presencia de comunidades étnicas en el área del proyecto de APP
de iniciativa pública Nueva Malla Vial de Valle del Cauca, específicamente,
en el tramo (se trascribe) “Construcción de la segunda calzada desde la Ye
de Villa Rica hasta Jamundí”.

10. 7) Mediante Certificación No. 1043 de 12 de octubre de 2018, la
Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior indicó que en el área
consultada se registraba presencia del "Consejo Comunitario del
Corregimiento San Isidro”. Además, mencionó que no se registraba la
presencia de comunidades Indígenas, ni ROM.

11. 8) El 12 de marzo de 2019, se llevó a cabo una reunión entre los
Consejos Comunitarios de San Isidro y El Guabal, en la que este último
aceptó la propuesta presentada por el Consejo Comunitario de San Isidro
de (se trascribe) “cubrir al Consejo comunitario del Guabal dentro del
proceso de consulta previa por el Proyecto de APP de iniciativa pública
Nueva Malla Vial del Valle del Cauca”.

12. 9) El 20 de marzo de 2019, se llevó a cabo la reunión de consulta previa
en las etapas de preconsulta y apertura con la comunidad perteneciente
al Consejo Comunitario de San Isidro para los proyectos relacionados con la
nueva malla vial de Valle del Cauca. A dicha reunión asistió y participó el
Consejo Comunitario del Guabal.

13. 10) El 13 de junio de 2019, se adelantó la consulta previa en las etapas
de análisis, identificación de impactos, formulación de medidas de manejo
y formulación de acuerdos. En esa reunión se protocolizaron los acuerdos a
los que se llegó con los Consejos Comunitarios de San Isidro y el Guabal.

14. 11) El 27 y 29 de abril de 2022, el Consejo Comunitario de
Comunidades Negras del Guabal, por medio de su representante legal
radicó unas peticiones con el fin de solicitar una verificación de campo de
carácter urgente, de algunos proyectos, entre los que se encontraba la
Nueva Malla Vial de Valle del Cauca. El Ministerio del Interior, a través del
Oficio No. OFI2022-12226-DCP-2700 de 10 de junio de 2022, dio respuesta en
el sentido de indicar que estaba en procedencia y determinación la
posibilidad de realizar una consulta previa. Además, señaló que se llevaron
a cabo las gestiones necesarias para realizar un análisis jurídico,
cartográfico, geográfico y espacial, en conjunto con la consulta en las
bases de datos institucionales de comunidades étnicas y, en consideración

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-05516-00
Demandante: Consejo Comunitario del Guabal
Demandado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Declara improcedente y niega
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del contexto cartográfico y geográfico del proyecto y de las comunidades,
para así identificar la posible afectación de dinámicas territoriales o
prácticas de grupos étnicos con la ejecución de las actividades del
proyecto.

15. 12) La Concesionaria Rutas del Valle SAS solicitó al Ministerio del Interior
un pronunciamiento sobre la procedencia de una consulta previa con
comunidades étnicas, para el proyecto (se trascribe) “Áreas Adicionales
para el proyecto Contrato de Concesión bajo el esquema de APP No. 1 de
2021 “Nueva Malla Vial del Valle del Cauca – Corredor Accesos Cali –
Palmira, Unidad Funcional 3 “Construcción de la Avenida Bicentenario,
ubicada entre la Avenida Ciudad de Cali y el Municipio de Jamundí” – Antes
“Proyecto de APP de Iniciativa Pública Nueva Malla Vial del Valle del
Cauca, Corredor 2: Av. Ciudad de Cali prolongación hasta Jamundí – Tramo
2.1. Av. Ciudad de Cali cruce con el Río Jamundí (Pk0+000 – Pk9+400) –
Tramo 2.2. Av. Ciudad de Cali cruce con el Río Jamundí hasta la intersección
con la vía panamericana (Pk9+400 – Pk15+675.49)”.

16. 13) Mediante Resolución No. ST-1306 de 18 de agosto de 2022, la
Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del
Interior resolvió que procedía la consulta previa con los Consejos
Comunitarios del Corregimiento de San Isidro, de Las Dos Aguas de Cajascal
y de Bocas de Palo. Adicional a ello, indicó que no procedía la consulta
previa con comunidades Indígenas, ni Rom para el mencionado proyecto.

17. 14) El 13, 17 y 22 de abril de 2023, se realizaron unas reuniones entre la
ANI y el Consejo Comunitario del Guabal en las que se realizó una
presentación respecto de la estructuración y el trazado de la Unidad
Funcional 3 del proyecto a ejecutarse, se revisó la matriz de impacto y
medidas de manejo con base en las obras que podrían afectar a la
jurisdicción del Consejo Comunitario del Guabal, y se indicó que esa matriz
se presentaría en la reunión de seguimiento de acuerdos.

18. 15) El 26 de abril de 2023, se llevó a cabo una reunión de seguimiento
de acuerdos entre la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior,
el Consejo Comunitario del Guabal, la Concesionaria Rutas del Valle SAS, el
Consorcio Constructor EPC y la interventoría del proyecto, y una delegada
de la ANI, en la cual se presentó ante el Consejo Comunitario del Guabal
una matriz de impacto y medidas de manejo.

19. 16) El 28 de junio de 2023, se adelantó otra reunión de seguimiento de
acuerdos entre el Ministerio del Interior y el Consejo Comunitario del Guabal,
en el marco del proyecto de la nueva malla vial de Valle del Cauca en
relación con la unidad funcional 4. En la reunión se consignaron estas
conclusiones:

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-05516-00
Demandante: Consejo Comunitario del Guabal
Demandado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Declara improcedente y niega
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“4.1 La comunidad del Consejo Comunitario de Guabal presentará una
propuesta económica a la Concesionaria Rutas del Valle S.A.S el próximo 16 de
julio de 2023, buscando igualdad con el proceso consultivo con la comunidad
del consejo comunitario San Isidro, la cual tendrá su correspondiente discusión
por parte de los ejecutores del proyecto. Una vez se realice la discusión de
dicha propuesta entre comunidad del Consejo Comunitario Guabal y
Concesionaria Rutas del Valle S.A.S - ANI, los resultados deberán presentarse en
una reunión de consulta previa con presencia de la DANCP.

4.2 Tanto la delegada de la Concesionaria Rutas del Valle S.A.S como las
autoridades del Consejo Comunitario Guabal concluyen que resultado del
recorrido realizado el día 1 de junio de 2023, la comunidad no identificó
impactos del proyecto en la UF4 adicionales a los ya establecidos en el proceso
de consulta previa de 2019. En este sentido, y teniendo en cuenta que no se
identificaron impactos adicionales del proyecto incluyendo las modificaciones
contempladas en la Resolución Número ST- 1184 de julio de 2022, no se hace
necesario la implementación de medidas de manejo de prevención,
mitigación, corrección o compensación sobre esta Unidad Funcional 4.

4.3 Sobre el estado del licenciamiento ambiental del proyecto, los delegados
de la Concesionaria Rutas del Valle SAS informaron que con respecto a la UF3
ya se radicó a la ANLA la solicitud de licencia ambiental y se está a la espera
del pronunciamiento por parte de dicha entidad. Con respecto a la UF4 se está
a la espera de radicar la solicitud de licencia ambiental ante la ANLA y la
respectiva visita de campo de esta entidad.”

20. 17) El 10 de septiembre de 2024, se adelantó una nueva reunión de
seguimiento de acuerdos entre el Ministerio del Interior y el Consejo
Comunitario del Guabal, en el marco del proyecto de la nueva malla vial
de Valle del Cauca – Accesos Cali Palmira – Avenida Bicentenario. En dicha
reunión se plasmaron las siguientes conclusiones:

“El CCCN El Guabal solicita a la Concesionaria se instalen las señalizaciones de
la vía Veraneras-Guabal, por el alto flujo vehicular de las volquetas doble
troque y vehículos relacionados con la obra, para evitar accidentalidad y
proteger la vida de las comunidades del Consejo Comunitario El Guabal.

El Consejo Comunitario El Guabal propone una mesa de seguimiento para
revisar el proceso de selección de empleabilidad teniendo en cuenta el
enfoque diferencial. (...)

En la presente jornada de trabajo se revisaron los acuerdos del Componente
Socio-Cultural y Económico, quedando pendiente por revisar el componente
ambiental.

La concesionaria solicita al CCCN El Guabal presentar avance en los ejes del
fortalecimiento productivo e infraestructura.

El CCEN El Guabal solicita a la Autoridad Nacional de Consulta Previa,
Defensoría del Pueblo, Personería Municipal, Secretaría de asunto Étnicos
Municipal y Departamental, Agencia Nacional de Infraestructura y
Concesionaria Rutas del Valle, que se revise los acuerdos protocolizados en el
2019 de la consulta previa de la Malla Vial en la cual el CCCN El Guabal
participó en el escenario de la consulta previa y dejando claridad que la
compensación que se le asignó al CCCN El Guabal no es la satisfactoria por la
dimensión de los impactos que está generando el proyecto en estos
momentos, y a su vez que el CCCN de San Isidro no está siendo impactado en
la mayor dimensión que está afectado el CCCN El Guabal."

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Demandante: Consejo Comunitario del Guabal
Demandado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Declara improcedente y niega
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El Ministerio del Interior expresa al CCCN El Guabal que deben de radicar la
solicitud en el correo servicioalciudadano@mininterior.gov.co”

21. 18) En las pruebas y anexos que se aportaron al expediente no hay
constancia de que el Consejo Comunitario del Guabal haya radicado la
solicitud a la que se hizo referencia en la transcripción del párrafo anterior,
ante el Ministerio del Interior.

22. El fundamento de la vulneración radicó en la falta de reconocimiento
de la parte actora como una comunidad étnica afectada por la ejecución
del proyecto de la nueva malla vial de Valle del Cauca.

23. La parte demandante indicó que cuando se realizó la consulta previa
con el Consejo Comunitario de San Isidro no se les dio el trato de afectados
directos, sino de invitados a las reuniones.

24. Señaló que fueron inducidos a aceptar la ejecución del proyecto,
pero que realmente fueron engañados, ya que existía un pacto entre
autoridades públicas y las empresas privadas para evitar el ejercicio pleno
de los derechos de esa comunidad.

25. En ese orden, consideraron que, ante la afectación que estaban
sufriendo con las obras adelantadas, se debería llevar a cabo la consulta
previa con esa comunidad, con una participación directa, que no limitara
el ejercicio de sus derechos.

1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados2

26. La Presidencia de la República rindió un informe a través del que
solicitó su desvinculación de la acción de tutela pues no era la autoridad
encargada de la identificación, consulta y protección de comunidades
ancestrales, ya que esa función recaía en la Dirección de la Autoridad
Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior. De manera subsidiaria,
solicitó que se declarara que dicha autoridad no ha vulnerado los derechos
fundamentales de la parte demandante.

27. La Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del
Ministerio del Interior consideró que no ha vulnerado los derechos
fundamentales reclamados por la parte demandante toda vez que, de los
hechos narrados en el escrito de tutela, no se derivaban acciones u
omisiones de esa dirección que afectaran a la comunidad que solicitaba la

2 Mediante Auto de 22 de octubre de 2024, el despacho (1) admitió la demanda de la referencia, (2) tuvo como

demandados al Presidente de la República, a la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior, a la
Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), al Concesionario Rutas del Valle SAS, al Consorcio Constructor EPC y al
Consorcio Nueva Malla Vial del Valle del Cauca, (3) vinculó en calidad de terceros con interés al Departamento
de Valle del Cauca, al Distrito de Cali, al Municipio de Jamundí, a la Agencia Nacional de Tierras y al Consorcio
ICEACSA-BONUS, y (4) negó la medida provisional solicitada.
Mediante Auto de 21 de enero de 2025, con el fin de evitar futuras nulidades procesales en la presente acción de
amparo, se ordenó la vinculación de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación.

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Demandante: Consejo Comunitario del Guabal
Demandado: Presidencia de la República y otros
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Decisión: Declara improcedente y niega
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protección. Adicional a ello, indicó que la parte demandante no especificó
en qué consistían las posibles afectaciones que aparentemente se
causaron, no se allegó prueba de las mismas, ni se mencionó la existencia
de un perjuicio irremediable que debería evitarse o un daño actual
ocasionado por dicha autoridad.

28. Adicional a lo anterior, solicitó su desvinculación de la acción de
tutela, por considerar que no fue la autoridad causante de la vulneración
de derechos.

29. La ANI indicó que debía ser desvinculada de la acción de tutela por
ausencia de legitimación pasiva en la causa, ya que entre sus funciones no
se encontraba la de adelantar trámites relacionados con consulta previa.
Además, estableció que ha actuado de conformidad con el ordenamiento
jurídico y no ha vulnerado los derechos fundamentales de los demandantes.

30. El Distrito de Santiago de Cali expresó que su relación con el asunto
consistió en la suscripción de un convenio interadministrativo con la ANI,
para la cesión de infraestructura específica para adelantar un proyecto de
construcción, operación, mantenimiento y administración de la Avenida
Bicentenario. Aunado a ello mencionó que la presente controversia se
ocasionó en vías o predios de la jurisdicción del municipio de Jamundí. En
virtud de lo expuesto la autoridad distrital consideró que carecía de
legitimación pasiva en la causa, motivo por el que solicitó su desvinculación
de la acción de tutela.

31. La Defensoría del Pueblo – Regional Valle del Cauca solicitó su
desvinculación de la presente acción de tutela pues consideró que carecía
de legitimación pasiva en la casusa en atención a que no existía relación
entre dicha autoridad y la vulneración de derechos alegada.

32. La Procuraduría General de la Nación remitió un escrito a través del
que solicitó que se declarara que esa autoridad no ha vulnerado los
derechos fundamentales de la parte actora, ni tiene la competencia para
pronunciarse sobre sus pretensiones.

33. La Concesionaria Rutas del Valle SAS señaló que la certificación sobre
la presencia y afectación de comunidades étnicas se encontraba en
cabeza del Ministerio del Interior, a través de la Dirección de Consulta Previa.
En consecuencia, indicó que dicha concesionaria no estaba llamada a
responder las pretensiones de la acción de tutela, ni estaba legitimada para
pronunciarse o adelantar procesos de consulta previa. Por lo anterior solicitó
que se declarara la ausencia de vulneración de derechos fundamentales.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-05516-00
Demandante: Consejo Comunitario del Guabal
Demandado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Declara improcedente y niega
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34. El Consorcio Constructor Nueva Malla Vial del Valle señaló que existían
unos causes legales como las peticiones, los procedimientos que se
adelantaban ante la Dirección de Consulta Previa del Ministerio de Interior
y los medios de control establecidos en la Ley 1437 de 2011, a través de los
cuales la comunidad podía exponer las aparentes afectaciones y solicitar lo
pretendido a través de la acción de tutela. Adicional a ello indicó que había
falta de legitimación pasiva en la causa pues no era el llamado a atender
las pretensiones planteadas a través de la acción de tutela y que, en todo
caso, no vulneró los derechos fundamentales reclamados.

35. El Consorcio Estructuración ICEACSA-BONUS señaló que celebró con
la ANI un contrato de consultoría especializada para el proyecto Nueva
Malla Vial de Valle del Cauca, el cual se terminó definitivamente por el
cumplimiento cabal de su objeto. Por lo anterior, solicitó su desvinculación
de la acción de tutela.

36. El Departamento de Valle del Cauca, el municipio de Jamundí, la
Agencia Nacional de Tierras y el Consorcio Constructor EPC3, pese a haber
sido debidamente notificados, guardaron silencio.

3. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Procedencia de la acción de tutela. 2.2. Fijación de la controversia. 2.3.
Verificación de afectación a derechos fundamentales. 2.4. Conclusión.

2.1. Procedencia de la acción de tutela

37. En el presente caso, se cumplieron los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela porque esta se orientó a obtener la
protección de los derechos fundamentales4 a la consulta previa, debido
proceso, mínimo vital, salud y dignidad humana.

38. La comunidad demandante es titular de los derechos invocados
como violados, por lo cual, se tiene por acreditada la legitimación activa en
la causa5.

39. La Sala pasa a analizar la legitimación pasiva en la causa6, respecto
de los demandados.

3 El Departamento de Valle del Cauca, el municipio de Jamundí y la Agencia Nacional de Tierras fueron

notificados a través de mensaje de datos enviado el 25 de octubre de 2024.
Por otro lado, el Consorcio Constructor EPC fue notificado a través de mensaje de datos enviado el 21 de
noviembre de 2024.
4 Decreto 2591 de 1991. Artículo 2, en concordancia con el artículo 5 y los numerales 2 y 3 del artículo 6 ibídem.
5 Decreto 2591 de 1991. Artículos 10 y 13, en concordancia con el artículo 1 ibídem.
6 Ídem

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-05516-00
Demandante: Consejo Comunitario del Guabal
Demandado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Declara improcedente y niega
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40. Frente al Ministerio del Interior - Autoridad Nacional de Consulta Previa,
la Sala encuentra que dentro del marco de sus competencias7 se encuentra
la de dirigir en coordinación con las entidades y dependencias
correspondientes los procesos de consulta previa que se requieran de
conformidad con la ley, razón por la cual para el caso en concreto, su
participación resultó directamente relacionada con el objeto de
vulneración de los derechos fundamentales de la comunidad, dentro de los
cuales se encuentra el derecho fundamental a la consulta previa, motivo
por el que se despachará desfavorablemente la solicitud de desvinculación
presentada.

41. Respecto de la ANI, el Distrito de Santiago de Cali, la Concesionaria
Rutas del Valle SAS y el Consorcio Constructor Nueva Malla Vial del Valle, la
Sala considera que sí tienen legitimación pasiva en la causa,en la medida
en que fueron demandados dentro del presente proceso y en consideración
a que hacen parte de los contratos que tienen relación con la consulta
previa que se reclama, motivo por el que les asiste interés en lo que se
decida en la presente sentencia.

42. En relación con la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de
la Nación, se tendrán como legitimadas por pasiva en la causa pues fueron
vinculadas por tener interés en la presente controversia y ante la existencia
de pretensiones concretas en su contra.

43. Por último, respecto de las solicitudes de desvinculación presentadas
por la Presidencia de la República y el Consorcio Estructuración ICEACSA-
BONUS, se accederá a las mismas, comoquiera que actualmente no se
advierte una relación directa de dichas autoridades con el objeto de la
tutela y de sus competencias no se deriva un interés en la decisión a
adoptarse.

44. Frente al requisito de subsidiariedad8 la Corte Constitucional9 precisó
(se trascribe):

“Este tribunal ha considerado que el análisis del requisito de subsidiariedad de
las acciones de tutela instauradas por pueblos étnicamente diferenciados
debe tener en cuenta sus condiciones particulares. En ese sentido, ha tomado
como elementos relevantes para el análisis, como lo resaltó hace poco
[Sentencia T-172 de 2019], las siguientes circunstancias: i) la discriminación
histórica que han sufrido [Sentencia T-247 de 2015]; ii) las cargas excesivas que
soportan las comunidades para el acceso a la administración de justicia
derivadas de su ubicación geográfica, las condiciones socioeconómicas que
enfrentan y las dificultades en el acceso a la asesoría jurídica y representación
judicial [Sentencia T-380 de 1993]; iii) la caracterización de los pueblos

7 Dichas competencias fueron desarrolladas mediante Directivas Presidenciales No. 10 de 7 de noviembre de 2013

y No 8 de 9 de septiembre de 2020 por medio de las cuales se expidieron las guías para la realización de la consulta
previa, en donde se determinó que era el Ministerio del interior, a través de su Dirección de Consulta previa, el
principal responsable de los procesos de consulta a las comunidades étnicas.
8 Decreto 2591 de 1991. Artículo 6 (numeral 1).
9 Corte Constitucional. Sentencia SU-121 de 2022.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-05516-00
Demandante: Consejo Comunitario del Guabal
Demandado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Declara improcedente y niega
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[étnicamente diferenciados] como sujetos de especial protección
constitucional [Sentencias T-282 y 235 de 2011]; y iv) la jurisprudencia
constitucional como fuente principal de desarrollo de los derechos de tales
colectividades [Sentencia T-247 de 2015].”

45. Pese a lo anterior, se hizo una distinción respecto de las tutelas que
pretendían cuestionar actos del Ministerio del Interior relacionados con la
certificación de presencia de comunidades étnicas, en el siguiente sentido
(se trascribe):

“La acción de tutela es improcedente para desvirtuar la legalidad de actos
administrativos del Ministerio del Interior que certifican la presencia de
comunidades indígenas y que, en consecuencia, se imponen a los
particulares que pretenden explotar recursos en territorios étnicos el deber de
adelantar, bajo los lineamientos del Ministerio del Interior, el proceso
consultivo correspondiente. En estos casos, la improcedencia se debe a que
no se satisface el requisito de subsidiariedad ni se advierte la existencia de un
perjuicio irremediable”

46. Así, frente a dicho requisito, la Sala considera que se debe declarar la
improcedencia de la acción de tutela respecto de la pretensión consistente
en “suspender” los efectos jurídicos de la Certificación No. 965 de 19 de
septiembre de 2018, la Certificación No. 1043 de 12 de octubre de 2018 y la
Resolución No. ST-1306 de 18 de agosto de 2022 de la Dirección de Consulta
Previa del Ministerio del Interior.

47. Lo anterior pues como lo estableció la Corte Constitucional en la
Sentencia SU-121 de 2022, por regla general la acción de tutela no procede
contra actos administrativos de certificación de presencia de comunidades
étnicas, y pese a que los demandantes consideraron que las obras de la
administración perturbaban su autonomía territorial y étnica, lo cierto fue
que no se demostró la existencia de un perjuicio irremediable que permitiera
la intervención del juez de tutela en el presente asunto.

48. Ahora bien, respecto de las pretensiones relacionadas con la
realización de la consulta previa con la comunidad demandante, se tendrá
por superado el requisito bajo estudio, habida cuenta de que no se puede
desconocer que la comunidad demandante es sujeto de especial
protección constitucional, razón por la cual se entiende que la acción de
tutela resulta ser el mecanismo judicial idóneo para defender sus intereses.

49. En relación con el requisito de inmediatez10, este se satisface, ya que,
de conformidad con el escrito de tutela, la presunta vulneración se presentó
con ocasión de una situación que es continúa y es actual11, como lo es, la
ejecución del proyecto establecido en el contrato de concesión bajo la
modalidad de APP No. 1 de 2021, respecto del cual se alegó que no se
adelantó el proceso de consulta previa por parte de las accionadas y que

10 Decreto 2591 de 1991. Artículo 6 (numeral 4).
11 Corte Constitucional. Sentencia T 246 de 2015.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-05516-00
Demandante: Consejo Comunitario del Guabal
Demandado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Declara improcedente y niega
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generaron una aparente vulneración a los derechos fundamentales de los
demandantes.

2.2. Fijación de la controversia

50. Establecer si la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior,
la ANI, el Distrito de Santiago de Cali, la Concesionaria Rutas del Valle SAS, y
el Consorcio Constructor Nueva Malla Vial del Valle vulneraron los derechos
a la consulta previa, debido proceso, mínimo vital, salud y dignidad humana
del Consejo Comunitario de la Comunidad del Guabal, con ocasión de las
obras que se ejecutan en desarrollo del proyecto establecido en el contrato
de concesión bajo la modalidad de APP No. 1 de 2021.

2.3. Verificación de afectación a derechos fundamentales

51. La Sala negará la solicitud de amparo por encontrar que no fueron
vulnerados los derechos reclamados, tal y como pasa a explicarse.

52. La Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior ha expedido
distintas certificaciones y resoluciones12, en donde constató la presencia de
las comunidades étnicas y la procedencia de la consulta previa en el área
donde se ejecutarían las unidades funcionales 3 y 4 del contrato de
concesión bajo la modalidad de APP No. 1 de 2021. Pese a ello no estableció
que entre dichas comunidades se encontrara y se afectara a la Comunidad
del Guabal.

53. En este punto es necesario recordar que, cuando se expidieron las
Certificaciones No. 965 de 19 de septiembre de 2018 y No. 1043 de 12 de
octubre de 2018, el Consejo Comunitario del Guabal aún no se había inscrito
en la Base de Datos del Registro Público Único Nacional de Consejos
Comunitarios, Formas y Expresiones Organizativas y Organizaciones de Base
de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del
Ministerio del Interior, pues esto solo ocurrió hasta el 11 de octubre de 2019.

54. Posteriormente, cuando se expidió la Resolución No. ST-1306 de 18 de
agosto de 2022 ya existía tal inscripción, pero la Dirección de Consulta Previa
del Ministerio del Interior no consideró que el Consejo Comunitario del
Guabal, sufriera una afectación con las obras a ejecutarse y, en
consecuencia, que respecto de esa comunidad fuera necesario agotar el
trámite de consulta previa.

55. Tampoco debe perderse de vista que al expediente de tutela se
aportó un acta de reunión en el que se acordó que el Consejo Comunitario

12 Certificaciones No. 965 de 19 de septiembre de 2018, No. 1043 de 12 de octubre de 2018 y la Resolución No. ST-

1306 de 18 de agosto de 2022

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-05516-00
Demandante: Consejo Comunitario del Guabal
Demandado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Declara improcedente y niega
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de San Isidro (se trascribe) “cubrir[ía] al Consejo comunitario del Guabal
dentro del proceso de consulta previa por el Proyecto de APP de iniciativa
pública Nueva Malla Vial del Valle del Cauca”.

56. En virtud de lo anterior lo primero que se logra advertir es que no existía
una obligación de adelantar el trámite de consulta previa con el Consejo
Comunitario del Guabal, en la medida en que el Ministerio del Interior no
certificó que fuera una población que se viera afectada por las obras a
adelantarse y que fuera necesario llevar a cabo una consulta previa.

57. Pero además de eso, se evidenció que el mismo Consejo Comunitario
del Guabal aceptó una propuesta presentada por el Consejo Comunitario
San Isidro consistente en que este último cobijaría la participación de los 2
consejos comunitarios en el proceso de consulta previa.

58. Ahora bien, al margen de lo anterior, lo cierto es que la Sala logró
advertir que los derechos reclamados por la parte demandante no se vieron
afectados pues en todo caso, el Consejo Comunitario del Guabal sí asistió a
las reuniones de consulta previa para la ejecución del proyecto de la malla
vial del Valle y participó en las mismas.

59. Tan es así que en reuniones como la de consulta previa en etapas de
análisis, identificación de impactos, formulación de medidas de manejo y
formulación de acuerdos que se realizó el 13 de junio de 2019 se
protocolizaron unos acuerdos a los que se llegó con los Consejo
Comunitarios de San Isidro y el Guabal y en la reunión de seguimiento de
acuerdos llevada a cabo el 26 de abril de 2023 se presentó una matriz de
impacto y medidas de manejo con base en las obras que podrían afectar
al Consejo Comunitario del Guabal.

60. Posteriormente, en la reunión de seguimiento de acuerdos de 28 de
junio de 2023, se acordó que el Consejo Comunitario del Guabal presentaría
una propuesta económica a la Concesionaria Rutas del Valle SAS con el fin
de lograr un punto de igualdad con el Consejo Comunitario de San Isidro.
Además, se concluyó que después de una visita de campo no se
evidenciaron impactos adicionales con la ejecución de las obras de la
unidad funcional 4, a las ya establecidas en el proceso adelantado en 2019.

61. E incluso, se adelantó otra reunión de seguimiento de acuerdos el 10
de septiembre de 2024, en la que el Consejo Comunitario del Guabal puso
de presente algunas inconformidades tales como el alto flujo vehicular de
carga pesada por las vías de acceso a su territorio, los procesos de selección
para la empleabilidad con un enfoque diferencial y su desacuerdo con la
compensación asignada a ese consejo comunitario.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-05516-00
Demandante: Consejo Comunitario del Guabal
Demandado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Declara improcedente y niega
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62. Habida cuenta de lo anterior, la Sala considera que no existió
vulneración alguna al derecho fundamental de consulta previa por parte de
las accionadas ya que, pese a que el Consejo Comunitario del Guabal
consideró que no se agotó dicho proceso, de acuerdo con las pruebas
aportadas, se evidenció que se han sostenido reuniones en el marco de la
consulta previa que tienen como objeto la protección, preservación y
respeto por la comunidad demandante.

63. En ese sentido, no se puede concluir que haya vulneración alguna de
su identidad cultural, estructura social, sistema económico, costumbres,
creencias y tradiciones distintivas comoquiera que:

64. (1) la parte demandante no allegó medios de prueba suficientes que
demostraran que las obras se ejecutaran dentro del territorio de esa
comunidad.

65. (2) Contrario a lo sostenido por la parte demandante, se evidenció
que sí se agotó el proceso de consulta previa con esa comunidad.

66. (3) De las reuniones adelantadas se han implementado matrices de
impacto, acuerdos y conclusiones que permiten evidenciar que la
comunidad ha sido escuchada y se le ha dado una participación directa
en pro y garantía de sus derechos.

67. (4) Existe una carencia probatoria por parte de los demandantes ya
que, pese a que en el escrito de tutela se incluyeron unas fotografías con el
fin de exponer las afectaciones que han sufrido, lo cierto es que no fue
posible determinar que dicha afectación efectivamente se dio como
consecuencia de las obras adelantadas y, en todo caso, tampoco existe
evidencia que ese aspecto se haya puesto de presente ante las autoridades
encargadas del proyecto en ejecución.

68. Finalmente, se debe precisar que a pesar de que se hizo referencia a
una aparente omisión respecto de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría
General de la Nación en la defensa de los derechos de la comunidad
demandante, lo cierto es que no se observa tal vulneración en la medida
en que no son las autoridades que se encargan de adelantar los trámites de
consulta previa, o que intervienen en el desarrollo y ejecución de las obras
y, en todo caso, tampoco se evidenció que la parte demandante solicitara
ante dichas autoridades la intervención en defensa de los derechos de los
que solicitó la protección.

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Demandante: Consejo Comunitario del Guabal
Demandado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Declara improcedente y niega
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2.4. Conclusión

69. Con fundamento en las razones expuestas, la Sala considera que no
es procedente la acción de tutela respecto de la pretensión de suspensión
de actos administrativos de certificación de presencia de comunidades
étnicas, ni se configuró la vulneración alegada toda vez que no se probó un
desconocimiento de los derechos fundamentales de la comunidad
demandante ya que las actuaciones realizadas por las autoridades
accionadas sí garantizaron los derechos de la comunidad demandante en
la ejecución del proyecto en cuestión.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación de la Autoridad
Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, de la ANI, del Distrito
de Santiago de Cali, de la Defensoría del Pueblo, de la Procuraduría General
de la Nación, de la Concesionaria Rutas del Valle SAS y del Consorcio
Constructor Nueva Malla Vial del Valle, de conformidad con las razones
expuestas.

SEGUNDO: ACCEDER a las solicitudes de desvinculación presentadas por la
Presidencia de la República y el Consorcio Estructuración ICEACSA -BONUS,
por los motivos dados en esta providencia.

TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo de tutela solicitado por el
Consejo Comunitario del Guabal, en relación con la pretensión de
suspensión de los efectos de la Certificación No. 965 de 19 de septiembre
de 2018, la Certificación No. 1043 de 12 de octubre de 2018 y la Resolución
No. ST-1306 de 18 de agosto de 2022 de la Dirección de Consulta Previa del
Ministerio del Interior.

CUARTO: NEGAR el amparo de tutela solicitado por el Consejo
Comunitario del Guabal, por la aparente vulneración de los derechos a la
consulta previa, debido proceso, mínimo vital, salud y dignidad humana
conforme con lo expresado en esta decisión.

QUINTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier

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Demandante: Consejo Comunitario del Guabal
Demandado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Declara improcedente y niega
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recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin13.

SEXTO: De no ser impugnada esta providencia, por Secretaría, REMITIR
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

SÉPTIMO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

13 secgeneral@consejodeestado.gov.co

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