Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-05518-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-05518-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2024-05518-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
30 de enero de 2025
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Radicado: 11001 03 15 000 2024 05518 01
Demandantes: Luz Mery Guzmán Henao
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES (E)
Bogotá, D. C., treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2024 05518 01
Demandantes: Luz Mery Guzmán Henao
Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío y Juzgado Séptimo
Administrativo del Circuito de Armenia
Temas: Impugnación. Tutela contra providencia judicial. Medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho. Defectos: sustantivo, fáctico
y por desconocimiento del precedente. Sanción moratoria por pago
incompleto, reajuste o reliquidación de cesantías.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala la impugnación presentada por la demandante contra la sentencia del
7 de noviembre de 2024, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado,
mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela de la referencia por falta
de relevancia constitucional.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del mecanismo previsto en el artículo 86 de la Constitución Política, la
señora Luz Mery Guzmán Henao, por conducto de apoderado judicial, promovió
demanda en orden a que se amparen sus derechos fundamentales al trabajo en
condiciones dignas y justas, a la seguridad social, al debido proceso, a la igualdad, al
mínimo vital y a la dignidad humana, los cuales considera conculcados con las
sentencias proferidas el 19 de diciembre de 2023 y el 23 de agosto de 2024, por el
Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Armenia y el Tribunal Administrativo
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Demandantes: Luz Mery Guzmán Henao
del Quindío, respectivamente, dentro del proceso 63001 33 33 006 2021 00245 00/01,
que denegaron el reconocimiento de una sanción moratoria.
Como consecuencia de lo anterior, pidió dejar sin efectos la sentencia de segunda
instancia y ordenarle al ad quem emitir una nueva decisión en la que se le reconozca
el pago de la sanción moratoria aplicable al caso, en los términos de la Ley 1071 de
2006, por la mora en el pago completo de sus cesantías definitivas.
1.1.2. Los hechos
El apoderado de la señora Guzmán Henao indicó los siguientes:
i) La accionante prestó sus servicios como docente desde el 13 de septiembre de
1984 hasta el 24 de enero de 2021, en la Institución Educativa Enrique Olaya Herrera.
ii) El 15 de enero de 2021, la Secretaría de Educación Municipal de Armenia aceptó
su renuncia mediante la Resolución 0057. Posteriormente, por medio de la Resolución
0499 de 2021, la entidad le reconoció el pago de $ 185.510.622 COP, por concepto de
cesantías definitivas, pero se le descontaron $ 61.370.467 COP, derivados de lo ya
cancelado por cesantías parciales, quedando como saldo líquido la suma de
$ 124.140.155 COP.
No obstante, dentro de los valores descontados como pagados, se le retuvo la suma
de $ 17.250.867 COP, según una certificación emitida por el Juzgado Segundo Laboral
del Circuito de Armenia, valor que nunca fue recibido por ella, configurándose un pago
incompleto de sus cesantías definitivas.
iii) Por lo anterior, impetró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que
le correspondió al Juzgado Séptimo Administrativo de Armenia, bajo el radicado 63001
33 33 006 2021 00245 00.
iv) El 19 de diciembre de 2023, el aludido despacho judicial expidió sentencia de
primera instancia, a través de la cual accedió parcialmente a las pretensiones
deprecadas, declarando la nulidad de las Resoluciones 0499 de 2021 y 1500 de 2021,
junto con la cancelación de $ 17.250.867 COP, por concepto de cesantías definitivas
dejadas de pagar; sin embargo, denegó lo relativo al pago de la sanción moratoria que
prevé la Ley 1071 de 2006, por no ser procedente al caso concreto.
v) Contra la anterior decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación, bajo
los mismos argumentos expuestos en la demanda inicial, en aras de que se le
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reconociera la sanción moratoria derivada del pago incompleto de sus cesantías
definitivas.
vi) El 23 de agosto de 2024, el Tribunal Administrativo del Quindío confirmó la
decisión de primer grado, en el sentido de negar el reconocimiento de la aludida
sanción, con el sustento de que esta solo procede en casos de pago tardío de las
cesantías y no en situaciones de reliquidación o reajuste de estas.
1.1.3. Fundamentos de la acción de tutela: defectos invocados
La parte actora adujo que las sentencias acusadas incurrieron en los defectos
sustantivo, fáctico y por desconocimiento del precedente, los cuales sustentó, grosso
modo, de la siguiente manera:
1.1.3.1. Defecto sustantivo, porque los jueces de instancia aplicaron
incorrectamente la Ley 1071 de 2006 e interpretaron erróneamente que la situación de
la señora Luz Mery Guzmán Henao se trataba de una reliquidación y no de un pago
incompleto, el cual fue el fundamento para denegar el reconocimiento de la sanción
moratoria.
1.1.3.2. Defecto fáctico, en tanto que se valoraron erróneamente las pruebas
allegadas al proceso, puesto que el descuento de $ 17.250.867 COP no era una
diferencia en la liquidación de las cesantías, sino un descuento indebido que generó
un pago incompleto de estas. Por lo tanto, desde que se configuró este pago parcial
surgió la mora reclamada.
1.1.3.3. Defecto por desconocimiento del precedente, toda vez que la Corte
Constitucional1 y el Consejo de Estado2 han sido claros en su jurisprudencia al
establecer que la sanción moratoria es aplicable tanto en casos de retraso total como
de pago incompleto.
1.2. Actuación procesal
La presente acción de tutela fue admitida mediante auto del 18 de octubre de 2024, en
el que se ordenó la notificación personal, como demandados, del Tribunal
Administrativo del Quindío y del Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial
1 Citó la Sentencia SU-098 de 2018.
2 Citó la sentencia del Consejo de Estado del 17 de octubre de 2017, proferida dentro del expediente
08001 23 33 000 2012 000171 01 (2839-14).
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de Armenia; y, como terceros con interés directo, de la Nación (Ministerio de
Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales) y del municipio de Armenia.
1.3. Contestación de la demanda
El Tribunal Administrativo del Quindío guardó silencio. Sin embargo, se allegaron las
siguientes contestaciones:
1.3.1. La juez séptima administrativa de Armenia3 precisó que la acción de tutela
de la referencia es improcedente, ya que los fundamentos esgrimidos se derivan de la
insatisfacción de la accionante respecto a una decisión judicial. Además, precisó que
el acervo probatorio presentado no es suficiente para sostener que ese despacho haya
vulnerado alguno de los derechos invocados, máxime cuando no se aportó prueba,
siquiera sumaria, que demuestre la supuesta violación del debido proceso, pues tanto
las etapas como las decisiones adoptadas en el litigio cuestionado se encuentran
debidamente ajustadas a la ley y a la Constitución.
1.3.2. El Ministerio de Educación Nacional,4 por conducto del jefe de la Oficina
Jurídica, solicitó declarar improcedente la presente acción de amparo, pues no se
satisface el requisito de relevancia constitucional.
1.3.3. Sentencia impugnada
El Consejo de Estado, Sección Quinta, con ponencia del magistrado Omar Joaquín
Barreto Suárez, profirió la sentencia del 7 de noviembre de 2024, a través de la cual
declaró improcedente la acción de tutela incoada por la señora Luz Mery Guzmán
Henao, al considerar que no cumplía con el requisito de relevancia constitucional, ya
que se pretende reabrir el debate legal y probatorio que se efectuó en segunda
instancia.
Además, explicó que la controversia planteada por la parte accionante no está
relacionada con el alcance, contenido o aplicación de un derecho fundamental, sino
con la aplicación normativa de la Ley 1071 de 2006 y el análisis interpretativo realizado
por la autoridad demandada sobre el asunto, que tiene un contenido netamente
económico, como es la sanción moratoria. Por lo tanto, se aparta del objetivo de la
3 Índice 9 de SAMAI.
4 Índice 10, ibidem.
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acción de amparo, que tiene como fin la protección de las garantías fundamentales
cuando estas se vean vulneradas o amenazadas, lo cual no ocurre en este caso.
Por último, el a quo indicó que, en cuanto al presunto desconocimiento del precedente,
la parte actora no identificó la providencia que consideró desatendida, puesto que
simplemente se refirió a cuestiones genéricas acerca de dicho defecto para destacar
que la falta de aplicación de la jurisprudencia pertinente vulneró gravemente los
derechos de Luz Mery Guzmán Henao. Así mismo, que la parte actora tampoco
cumplió con la respectiva carga argumentativa de establecer la regla o subregla de
derecho presuntamente desconocida en cuanto a la sentencia SU 098 de 2018 y el
motivo por el cual resultaba aplicable a su caso en particular.
1.5. Impugnación
El apoderado de la señora Luz Mery Guzmán Henao, inconforme con la decisión de
primer grado, formuló impugnación bajo los siguientes argumentos:
i) El asunto sí tiene relevancia constitucional, en tanto que el caso no se reduce
únicamente a una controversia legal o económica, sino que afecta derechos
fundamentales de la accionante, tales como el mínimo vital, la seguridad social y la
dignidad humana de una persona en condición de vulnerabilidad por su edad y
dependencia económica.
ii) No se está buscando reabrir el debate esgrimido, sino subsanar errores
judiciales que dejaron desprotegida a la accionante, dado que ya no cuenta con más
recursos o acciones judiciales para hacer valer sus derechos.
iii) Contrario a lo manifestado por el a quo, en la demanda sí se identificaron las
sentencias cuyo desconocimiento se aduce, tales como la proferida por el Consejo de
Estado bajo el radicado 08001 23 33 000 2012 000171 01 (2839-14) y por la Corte
Constitucional SU-098 de 2018, que establece que el desconocimiento del precedente
puede configurar una vulneración de derechos fundamentales.
iv) No se está reabriendo una tercera etapa, pues las instancias judiciales
ordinarias no garantizaron una protección completa de los derechos de Luz Mery
Guzmán Henao, dado que reconocieron el monto adeudado, pero no analizaron ni
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sancionaron la mora parcial, como tampoco valoraron cómo la mencionada tardanza
afectó el mínimo vital y la dignidad humana de la accionante.
v) El Consejo de Estado desestimó que la actora es una persona de la tercera
edad y que, por ende, es sujeto de especial protección constitucional, ignorando el
marco normativo que exige una protección reforzada para las personas mayores.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 Constitucional y el inciso 2, artículo 25
del Acuerdo n.º 080 de 20195, según el cual «[l]as tutelas que sean de competencia
del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a
reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso
Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el
magistrado a quien le haya correspondido el reparto», esta Subsección es competente
para conocer de la presente impugnación, propuesta contra el fallo de tutela proferido
por la Sección Quinta de esta corporación.
2.2. Cuestión previa
Si bien el presente asunto se dirige contra las decisiones proferidas en primera y
segunda instancia del 19 de diciembre de 2023, por el Juzgado Séptimo Administrativo
de Armenia, —que le reconoció a la señora Luz Mery Guzmán Henao la suma de
$ 17.250.867 COP, por concepto de cesantías definitivas dejadas de pagar, y negó la
sanción moratoria deprecada—, y del 23 de agosto de 2024, por el Tribunal
Administrativo del Quindío, mediante la cual confirmó la decisión anterior; lo cierto es
que fue esta última autoridad judicial la que definió el asunto objeto de controversia,
por lo que el análisis de la posible vulneración de los derechos fundamentales alegados
recaerá sobre el pronunciamiento de segundo grado.
2.3. Problema jurídico
5Por medio del cual se modificó el reglamento interno del Consejo de Estado.
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Consiste en dilucidar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con los
requisitos de procedencia para controvertir la sentencia del 23 de agosto de 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 63001 33 33 006 2021 00245 01.
En caso afirmativo, se analizará, en segundo lugar, si con la adopción de la referida
providencia se vulneraron los derechos fundamentales al trabajo en condiciones
dignas y justas, a la seguridad social, al debido proceso, a la igualdad, al mínimo vital
y a la dignidad humana de la señora Luz Mery Guzmán Henao.
2.4. Sobre la acción de tutela contra providencias judiciales
La jurisprudencia constitucional6 ha evolucionado en torno a la consideración de la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha
desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia C-590
de 2005,7 en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen
referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales
específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia del amparo una
vez cotejada la validez de su interposición.
De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las
siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que se cumpla el
requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; iv) que
cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que esta
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales del solicitante del amparo; v) que la parte actora
identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración como los
6 Sentencias C-543 de 1992, T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de
1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003,
T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
7Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.
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derechos trasgredidos y que hubiere alegado tal violación en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible; y vi) que no se trate de sentencias de tutela.
Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser
precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza
«excepcional».
En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad,
aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes:
defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución. La Corte hizo especial hincapié en el hecho de que
para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de las
anteriores causales o defectos.
2.5. Análisis de la Sala. Caso concreto
La Sección Quinta de este máximo tribunal, en la sentencia del 7 de noviembre de
2024, declaró la improcedencia de la acción de tutela por falta de relevancia
constitucional, al estimar que los argumentos expuestos por la parte actora son
estrictamente de connotación legal y económica. Por lo tanto, concluyó que se
pretende una tercera instancia.
Sin embargo, sobre este punto, esta Subsección estima que se debe revocar tal
decisión y, en su lugar, estudiar a fondo los reparos que sustentan esta acción de
amparo, en la medida en que, si prosperan, se demostraría la violación de los derechos
fundamentales al trabajo en condiciones dignas y justas, a la seguridad social, al
debido proceso, a la igualdad, al mínimo vital y a la dignidad humana de la señora Luz
Mery Guzmán Henao, quien, además, es una persona de la tercera edad y, por ende,
de especial protección constitucional.
Asimismo, revisados los demás requisitos generales de procedencia, se advierte que
estos se cumplen a cabalidad, puesto que la acción de tutela se interpuso dentro del
plazo de inmediatez, no se cuestiona un fallo de igual naturaleza y la demanda
contiene argumentos sólidos con los que se pretende demostrar la vulneración de las
precitadas prerrogativas.
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2.5.1. Decisión de los defectos invocados
La señora Luz Mery Guzmán Henao, por conducto de apoderado judicial acusa la
sentencia del 23 de agosto de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del
Quindío, dentro del proceso 63001 33 33 006 2021 00245 01, de haber violado sus
derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas y justas, a la seguridad
social, al debido proceso, a la igualdad, al mínimo vital y a la dignidad humana, por la
negativa en el reconocimiento de una sanción moratoria, lo cual derivó en la
materialización de los defectos sustantivo, fáctico y de desconocimiento del
precedente.
Pues bien, en primer lugar, en cuanto al defecto sustantivo aducido, la accionante
precisó que con la referida decisión, el tribunal de segunda instancia aplicó
incorrectamente la Ley 1071 de 2006 e interpretó erróneamente que la situación de la
señora Guzmán Henao se trataba de una reliquidación y no de un pago incompleto, el
cual fue el fundamento para denegar el reconocimiento de la sanción moratoria.
En segundo lugar, adujo que se incurrió en el defecto fáctico, pues se valoraron
erróneamente las pruebas allegadas al proceso, puesto que el descuento de la suma
de $ 17.250.867 COP no era una diferencia en la liquidación de las cesantías, sino una
deducción indebida que generó un pago incompleto de estas. Por lo tanto, desde que
se configuró este pago parcial surgió la mora reclamada.
De acuerdo con lo anterior, y en vista de que los referidos yerros están intrínsicamente
relacionados, la Sala los desatará de la siguiente manera:
El artículo 5.° de la Ley 1071 de 2006, que modificó la Ley 244 de 1995, establece que
«[e]n caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores
públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al
beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el
pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del
término previsto en este artículo».
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Por su parte, y en lo atinente al reconocimiento de dicha sanción, las Subsecciones A8
y B9 de esta Sección han establecido diáfanamente que la referida penalidad no es
aplicable a los casos derivados de reliquidaciones o reajustes de cesantías, toda vez
que estos corresponden a derechos en disputa litigiosa que, per se, no implican un
retardo en el pago de la prestación ni tal supuesto se acompasa con lo previsto en la
norma, pues, se itera, el referido artículo 5.° de la Ley 1071, solamente, procede
cuando hay mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales.
Ahora bien, el Tribunal Administrativo del Quindío, en la sentencia del 23 de agosto de
2024, la cual es objeto de tutela, al resolver el caso de la señora Luz Mery Guzmán
Henao, concluyó lo siguiente:
En ese orden, conforme a los apartes normativos aquí expuestos (Ley 244 de
1995 modificada por Ley 1071 de 2005) no se prevé la posibilidad de obtener
el pago de la sanción moratoria frente al reajuste de las cesantías, pues la
normativa ha sido clara en señalar de forma expresa que la misma constituye
una sanción por el pago tardío de las cesantías definitivas o parciales, y en
efecto no constituye una prestación accesoria a las cesantías, sino más bien
excepcional supeditada al incumplimiento del pago de las cesantías dentro de la
oportunidad legal, es decir, la sanción por mora no está condicionado (sic) al
reconocimiento de la cesantía, ocurriendo de pleno derecho por el incumplimiento
del pago por parte del empleador dentro de los términos de Ley y como se expuso,
la jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado determina la
improcedencia de la sanción acá estudiada cuando se discute el monto a
pagar de las cesantías.
En este orden de ideas, debe indicarse que si bien la inconformidad que expone
la parte demandante en su recurso recae sobre la decisión de primera instancia
de no acceder a la sanción moratoria por la diferencia surgida con ocasión de la
reliquidación de sus cesantías definitivas, la misma no se torna procedente, habida
cuenta que el reconocimiento de las cesantías definitivas de la actora fue resuelto
mediante las Resolución (sic) N° 0499 del 19 de marzo de 2021 y 1500 del 30 de
agosto de 2021, actos administrativos respecto de los cuales no se reclamó
que dicho desembolso hubiera sido tardío, cobrando firmeza tal decisión.
Se precisa que los términos destinados al pago oportuno de las cesantías
definitivas y parciales, se encuentran establecidos para el pago inicial de la
prestación y en el sub examine se reclama respecto de su reajuste ordenado
mediante sentencia judicial, por tanto, ello no puede equipararse a la cancelación
inoportuna de las cesantías, como pretende demostrarlo la parte actora, pues, se
itera, la discusión se limita a un descuento que no se debió de realizar y el
cual se ordenó cancelar, por lo que surgió una diferencia en la liquidación
8 Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 24 de agosto de 2023,
proferida dentro del expediente 08001 23 33 000 2013 00632 02 (5312-2019), con ponencia del
magistrado Jorge Iván Duque Gutiérrez.
9 Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 10 de febrero de 2022,
expedida en el expediente 25000 23 42 000 2018 02833 01 (0612-2021), con ponencia de la magistrada
Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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de las cesantías definitivas, circunstancia que no se encuentra enmarcada
dentro de los supuestos normativos para que se genere dicha penalidad.
(Negritas fuera del texto original)
De acuerdo con lo anterior, en el caso bajo examen no se vislumbra la existencia del
defecto sustantivo alegado, puesto que la interpretación que el tribunal le dio a la Ley
1071 de 2006 es razonable y se acomoda a los múltiples pronunciamientos emitidos
por el Consejo de Estado en cuanto a la improcedencia de la sanción moratoria
derivada del reajuste y/o reliquidación de las cesantías definitivas o parciales,
comoquiera que lo que determina su materialización es el hecho de que no se hayan
pagado en tiempo.10
Ahora bien, en cuanto al defecto fáctico, la Sala tampoco lo encuentra demostrado, ya
que el descuento de $ 17.250.867 COP del total de las cesantías definitivas
reconocidas a través de la Resolución 0499 del 19 de marzo de 2021, proferida por la
Secretaría de Educación de Armenia, derivó en una disputa judicial que dio lugar a la
sentencia hoy cuestionada a través de la acción de tutela de la referencia, suma que
fue reconocida tanto por el Juzgado Séptimo Administrativo de Armenia, en la
sentencia del 19 de diciembre de 2023, como por el Tribunal Administrativo del
Quindío, en la decisión que hoy se censura. Dicho de otro modo, la valoración
probatoria realizada por el mencionado tribunal no fue caprichosa ni extralimitó los
criterios de la sana crítica.
Además, tal como lo resolvió el ad quem, no había lugar a reconocer la sanción
moratoria deprecada, máxime, porque en el proceso ordinario no se alegó que el pago
de las cesantías reconocidas a través de las Resoluciones 0499 del 19 de marzo de
2021 y 1500 del 30 de agosto de 2021. Por consiguiente, los defectos sustantivo y
fáctico referidos no prosperan.
10 Sobre el particular, el Tribunal Administrativo del Quindío, en la sentencia tutelada, citó, entre otras,
las siguientes providencias como sustento de su decisión: i) sentencia del 6 de octubre de 2022, con
radicado 17001-23-33-000-2018-00189-01 (0845-2022), proferida por la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado; ii) sentencia de unificación CE-SUJ-SII-012-2018 de 18 de julio de
2018, expediente 73001-23-33-000-2014-00580-01, proferida por la Sección Segunda del Consejo de
Estado; iii) sentencia del 17 de octubre de 2017, expediente 08001- 23-33-000- 2012-00171-01 (2839-
2014) emitida por la Sección Segunda, Subsección B, de esta colegiatura; iv) sentencia del 9 de febrero
de 2023, con radicado 25000-23-42-000-2019-00444-01 (0062-2021) C.P: César Palomino Cortés.
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Radicado: 11001 03 15 000 2024 05518 01
Demandantes: Luz Mery Guzmán Henao
En tercer y último lugar, en cuanto al defecto por desconocimiento del precedente,
en el que se le endilga al Tribunal Administrativo del Quindío que no tuvo en cuenta,
de un lado, la sentencia del 17 de octubre de 2017, proferida por el Consejo de Estado
bajo el radicado 08001 23 33 000 2012 000171 01 (2839-14) y, de otro lado, la SU-
098 de 2018 de la Corte Constitucional, esta Subsección advierte que tampoco se
configura, ya que tales providencias no versaron sobre el reconocimiento de la
pluricitada sanción moratoria por pago incompleto de las cesantías o por la
reliquidación y/o reajuste, como ocurre en este caso.
Al contrario, en la Sentencia SU-098 de 2018, la Corte fijó reglas tendientes al principio
de favorabilidad en cuanto a la aplicación de normas generales a situaciones jurídica
de personas —en ese asunto, docentes— pertenecientes a un régimen exceptuado
como lo es el magisterio, en especial, sobre la aplicación de la Ley 50 de 1990 para el
reconocimiento de la sanción moratoria por falta de afiliación al Fomag y el retardo en
el pago de la prestación en la oportunidad señalada por la ley.
A su vez, en la sentencia del 17 de octubre de 2017, la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado denegó el reconocimiento y pago de una sanción
moratoria a un exempleado de la Contraloría Distrital de Barranquilla, luego de
encontrar que sus cesantías habían sido canceladas oportunamente, a pesar de que
existieron diferencias en el valor reconocido y un pago inoportuno de estas, no
conllevaba a la materialización de la mora alegada.
En consecuencia, el mencionado defecto tampoco prospera.
3. Conclusión
Con los anteriores argumentos, la Sala revocará la sentencia del 7 de noviembre de
2024, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que declaró
improcedente la acción de tutela de la referencia por falta de relevancia constitucional,
y, en su lugar, denegará el amparo deprecado por la señora Luz Mery Guzmán Henao.
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Radicado: 11001 03 15 000 2024 05518 01
Demandantes: Luz Mery Guzmán Henao
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero. Revocar la sentencia del 7 de noviembre de 2024, proferida por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, que declaró la improcedencia de la presente acción de
tutela. En su lugar,
Segundo. Denegar el amparo invocado por la señora Luz Mery Guzmán Henao, de
acuerdo con lo expuesto en este proveído.
Tercero.- Ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior sentencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES (e)
Firmado Electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
DLAR
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.
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