Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05521-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05521-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-05521-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
30 de octubre de 2024
1
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05521-00
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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., treinta (30) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05521-00
Accionante: Karol Tatiana Grajales Pachón
Accionado: Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la
Justicia del Consejo Superior de la Judicatura
Temas: Acción de tutela por presunta vulneración de los derechos
fundamentales al trabajo, mínimo vital, libre desarrollo de la
personalidad y libertad de escoger profesión u oficio, por no extender
vigencia de tarjeta profesional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela instaurada por la señora Karol Tatiana Grajales
Pachón, en nombre propio, en contra de la Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura.
ANTECEDENTES
La accionante pretende el amparo de los derechos fundamentales al trabajo, al
mínimo vital, al libre desarrollo de la personalidad y a la libertad de escoger
profesión u oficio, los cuales considera transgredidos por la entidad antes
mencionada.
HECHOS
Manifestó que no se pudo inscribir al examen de Estado 2024 I, dado que se
graduó el 25 de enero de 2024, dos días después de que se cerrara dicha etapa.
El 22 de marzo de esta anualidad recibió tarjeta profesional con carácter
provisional. El 27 de junio del presente año se registró para presentar el examen
que se llevó a cabo el 20 de octubre del año en curso.
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Que el 25 de julio de 2024 presentó demanda declarativa verbal de mayor cuantía
por responsabilidad extracontractual, en representación de los señores Diana
Patricia Jiménez González, Amparo González Garibello, Katerin Cañaveral
González y Julián Andrés Jiménez González, le correspondió al Juzgado 1.° Civil
del Circuito de Armenia, Quindío.
Que el 2 de octubre de 2024 revisó la página SIRNA y se percató que su tarjeta
profesional se encontraba no vigente, por la no acreditación de la aprobación del
examen de Estado. Por lo cual, ese mismo día elevó solicitud ante la autoridad
accionada, en aras de que se activara la tarjeta, hasta que se conocieran los
resultados del examen 2024-II, la cual fue negada el 8 de igual mes y año.
Considera que la desactivación de la tarjeta profesional le transgrede los
derechos fundamentales al trabajo, al mínimo vital, al libre desarrollo de la
personalidad y a la libertad de escoger profesión u oficio, dado que no puede
actuar en el proceso que se encuentra en curso en el Juzgado, so pena de incurrir
en una sanción disciplinaria y, tampoco, puede representar a más personas.
Agregó que no acreditó la aprobación del examen 2024- I, dado que no le fue
posible inscribirse a dicha prueba, por no estar graduada.
PRETENSIONES
Solicita que se amparen los derechos invocados y, en consecuencia, se ordene
a la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia activar
de manera provisional la Tarjeta Profesional núm. 424.794, hasta que se
obtengan los resultados del examen que se llevó a cabo el 20 de octubre de 2024.
TRÁMITE DEL PROCESO
La acción de tutela fue recibida por reparto en el despacho del consejero ponente,
donde el 16 de octubre de 2024 se dispuso su admisión y se ordenó la notificación
de la accionada.
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POSICIÓN DE LA ACCIONADA
La Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del
Consejo Superior de la Judicatura señaló que mediante Acta núm. 31476 del
6 de marzo de 2024 inscribió a la accionante en el Registro Nacional de Abogados
y le asignó la Tarjeta Profesional de Abogado núm. 424.794 con carácter
provisional.
Señaló que por medio de las resoluciones núm. URNAR24-123 del 30 de julio y
URNAR24-158 del 30 de agosto de 2024 admitió a la accionante para aplicar al
examen 2024- II y suspendió la vigencia de la tarjeta con anotación provisional.
Trajo a colación sentencias de la Corte Constitucional1 y del Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B2 donde se consideró que el Consejo Superior
de la Judicatura no tenía competencia para regular, expedir y/o extender la tarjeta
profesional con vigencia provisional.
Manifestó que no se trasgreden los derechos invocados por no extender la
vigencia de la tarjeta profesional, pues existe un amplio campo en el que la
accionante puede ejercer su profesión por estar inscrita en el Registro Nacional
de Abogados.
Por último, indicó que la señora Grajales no acreditó que obra como apoderada
o en representación de los demandantes del proceso civil extracontractual con
radicado 63001-31-03-001-2024-00206-00 que cursa en el Juzgado 1.° Civil del
Circuito de Armenia.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
A la Sala le corresponde decidir sobre la acción de tutela puesta a consideración
de la Sala, para lo cual se abordarán los siguientes temas: I) generalidades de la
acción de tutela; II) requisito para acceder a la expedición de la tarjeta profesional,
destinatarios de la Ley 1905 de 2018 y III) caso concreto.
1 SU 128 de 2024
2 Consejero Ponente: César Palomino Cortés, radicado No. 11001-03-15-000-2022-03874-01.
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I) Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable.
II) Requisito para acceder a la expedición de la tarjeta profesional,
destinatarios de la Ley 1905 de 2018
Los artículos 4.° y 5.° del Decreto Ley 196 de 1971 consagran que para ejercer
la profesión se requiere estar inscrito como abogado; para realizar dicho registro
es necesario haber obtenido el título correspondiente; y quien actúe como
abogado deberá exhibir su tarjeta profesional.
La Ley 1905 de 20183 estableció que los estudiantes de derecho que iniciaron
sus estudios después del 28 de junio de ese año, para obtener la tarjeta
profesional además de los requisitos exigidos en las normas legales vigentes,
deberán aportar certificación de aprobación del examen de Estado.
El Consejo Superior de la Judicatura expidió el Acuerdo PCSJA22-11985 de
2022, el cual estipuló que, los destinatarios de la ley antes citada “podrán
solicitar, sin la acreditación del certificado de aprobación del examen, su
inscripción en el Registro Nacional de Abogados y la expedición de la Tarjeta
Profesional de Abogado que tendrá vigencia provisional hasta la publicación de
los resultados de la primera prueba”; adicionalmente, el parágrafo transitorio 2
del artículo 2.°, señaló que “[l]as Tarjetas Profesionales de Abogados que se
expidan bajo las condiciones del parágrafo anterior, contendrán la
denominación “Provisional”. Asimismo, el parágrafo transitorio 3.° del citado
artículo precisó que las personas que obtengan la tarjeta profesional de
abogado con anotación de vigencia provisional deberán presentar el examen de
3 “Por la cual se dictan disposiciones relacionadas con el ejercicio de la profesión de abogado”.
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Estado y acreditar su aprobación con el fin de que les sea expedida la tarjeta
profesional de abogado definitiva.
El Consejo Superior de la Judicatura mediante el Acuerdo núm. PCSJA23-
12127 del 22 de diciembre de 2023, dio apertura a la etapa de inscripciones
para la presentación del examen de Estado, cuya convocatoria fue del 26 de
diciembre de 2023 al 23 de enero de 2024. La prueba se llevó a cabo el 26 de
mayo del año en curso.
El Acuerdo núm. PCSJA24-12162 del 9 de abril de 2024, derogó el Acuerdo
PCSJA22-11985 de 2022 y estableció la tarjeta profesional con vigencia
provisional para los destinatarios de la Ley 1905 de 2018.
La Corte Constitucional en la sentencia SU 128 de 2024 inaplicó el artículo11
transitorio del Acuerdo PCSJA24-12162 de 9 de abril de 2024, al considerar que
el Consejo Superior de la Judicatura no tenía competencia para regular y
expedir la tarjeta profesional con vigencia provisional. El 30 de agosto de 2024,
la Unidad expidió la Resolución núm. URNAR24-158, mediante la cual dio
cumplimiento a la decisión antes mencionada.
El Consejo Superior de la Judicatura mediante el Acuerdo núm. PCSJA24-
12188 del 30 de mayo de 2024, dio apertura a la etapa de inscripciones para la
presentación del examen de Estado 2024-II, cuya convocatoria se llevó a cabo
desde el 6 de junio hasta el 4 de julio del presente año. La Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia publicó lista de admitidos e
inadmitidos para presentar el examen el 20 de octubre del presente año a través
de la Resolución núm. URNAR24-123 del 30 de julio.
III) Caso concreto
En síntesis, la señora Karol Tatiana Grajales Pachón solicita la protección de los
derechos fundamentales al trabajo, al mínimo vital, al libre desarrollo de la
personalidad y a la libertad de escoger profesión u oficio, los cuales considera
transgredidos por la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la
Justicia, por no extender la vigencia de la Tarjeta Profesional núm. 424.794, hasta
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que se publiquen los resultados del examen de Estado que se adelantó el 20 de
octubre de 2024.
Del material probatorio aportado al plenario se tiene que la señora Grajales:
• Inició sus estudios de derecho en la Corporación Universitaria
Empresarial Alexander Von Humboldt el 27 de enero de 2020 y se graduó el 25
de enero de 2024.
• El 1.° de marzo de 2024 realizó la preinscripción del trámite de inscripción
y expedición de la tarjeta profesional.
• La Unidad de Registro Nacional de Abogados mediante Acta núm. 31476
del 6 de marzo de 2024 inscribió a la accionante en el Registro Nacional de
Abogados y le asignó la Tarjeta Profesional de Abogado con vigencia provisional
núm. 424.794, hasta la publicación de los resultados de la primera prueba que se
llevó a cabo el 26 de mayo del año en curso.
• La accionante fue admitida para presentar el examen de Estado aplicación
2024- II que se llevó a cabo el 20 de octubre de 20244 se le asignó el número de
registro 4512.
• El 2 de octubre de 2024 la accionante le solicitó a la Unidad activar la
Tarjeta Profesional de Abogado núm. 424.794 hasta que se publiquen los
resultados del examen de Estado aplicación 2024- II. El 8 del mismo mes y año
la accionada negó la petición bajo el argumento de que la tarjeta solo tendría
vigencia hasta que se publicaran los resultados del primer examen, es decir, el
30 de agosto de 2024. Además, indicó que el Consejo Superior de la Judicatura
en cumplimiento del mandato legal debe exigir la aprobación de la evaluación
“para levantar la suspensión de su tarjeta profesional”. impart
La Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del
Consejo Superior de la Judicatura en el informe que rindió precisó que no le asiste
competencia para extender la vigencia de una tarjeta provisional, tal y como lo
4 Anexo 1 de la Resolución núm. URNAR24-123 “lista de admitidos a la presentación del examen de Estado
señalado en la Ley 1905 de 2018” página 67.
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consideró la Corte Constitucional5 en la Sentencia SU 128 de 2024 donde inaplicó
por inconstitucional el artículo 11 del Acuerdo núm. PCSJA24-12162 de 9 de abril
de 2024.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala observa que la negativa de la extensión
de la vigencia de la Tarjeta Profesional de Abogado núm. 424.794 no transgrede
los derechos invocados por la accionante, sino que atiende la jurisprudencia tanto
de la Corte Constitucional como de esta corporación, donde se ha establecido
que la configuración de la categoría de abogados provisionales recae
exclusivamente en cabeza del Congreso de la República y no de la accionada.
De ahí que, acceder a la petición de extender o prorrogar la vigencia de la tarjeta
que se le otorgó a la accionante implicaría impartir una orden que excede las
competencias de la accionada, lo cual no es procedente.
Tampoco se evidencia que la no extensión de la vigencia de la Tarjeta Profesional
le vulnere a la accionante los derechos invocados, ya que, si bien no puede
representar a terceros, lo cierto es que, su inscripción en el Registro Nacional de
Abogado- SIRNA, la habilita para ejercer la profesión en cierto campo laboral.
En consecuencia, se negará el amparo invocado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero: Negar la acción de tutela instaurada por la señora Karol Tatiana
Grajales Pachón, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
5 SU 128 de 2024
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Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza
la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
HAPC
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