Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05528-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05528-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-05528-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
21 de noviembre de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05528-00
Demandante: Wilson Fernando Muñoz Espitia
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05528-00
Demandante: WILSON FERNANDO MUÑOZ ESPITIA
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
Temas: Derecho de petición. Solicitud de información relacionada con el
equipo médico asesor del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. Carencia actual
de objeto.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por el señor Wilson Fernando Muñoz Espitia, de conformidad con lo
dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 15 de octubre de 20241, el señor Wilson Fernando Muñoz Espitia, actuando en
nombre propio, interpuso acción de tutela contra el Consejo Superior de la
Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Unidad de Recursos
Humanos y la Dirección Administrativa de la División de Seguridad y Salud en el
Trabajo, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad y de
petición junto con el principio de confianza legítima, por ausencia de respuesta a la
solicitud que elevó el 24 de abril de 2024, de la cual, a la fecha de presentación de
esta acción no tenía respuesta.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“[…]
PRIMERA: Se solicita respetuosamente a ustedes señores Magistrados, AMPARAR los
derechos fundamentales de PETICIÓN e IGUALDAD, y el criterio de CONFIANZA LEGÍTIMA
de acuerdo con lo planteado en el presente escrito.
SEGUNDA: Se le ordene a los ACCIONADOS, dar respuesta a la petición de entregar la
información solicitada por el Director de la Unidad de Infraestructura Física, en el término de
(48) horas siguientes a la notificación del fallo y de la forma ampliamente unificada expuesta
por la Corte Constitucional para tales efectos.
TERCERA: Teniendo en cuenta que ya se ha amparado el derecho constitucional de petición
en el que el accionado es el Dr. NELSON ORLANDO JIMÉNEZ PEÑA DIRECTOR UNIDAD
RECURSOS HUMANOS, solicito respetuosamente, ordenarle que, en lo sucesivo se
entregue la información solicitada sin que el servidor Judicial WILSON FERNANDO MUÑOZ
ESPITIA deba acudir a la administración de justicia para obtener el amparo correspondiente.
1 Samai, índice 2 y 3.
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Demandante: Wilson Fernando Muñoz Espitia
CUARTA: Se solicita respetuosamente que su despacho realice pronunciamiento sobre la
vulneración de los derechos fundamentales de PETICIÓN e IGUALDAD, aun cuando se
produzca la carencia del objeto. […]”
2. Hechos
Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. El 24 de abril de 2024, el señor Wilson Fernando Muñoz Espitia, quien se
desempeña como Director de la Unidad de Infraestructura Física de la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, presentó petición dirigida a la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Unidad de Recursos Humanos
y Dirección Administrativa de la División de Seguridad y Salud en el Trabajo
solicitando información relacionada con el equipo médico que participó en la
expedición del Memorando DEAJRHM24-403 del 5 de abril de 2024. En la
petición que presentó solicitó la siguiente información:
“1. Certificado (s) Médico (s) suscrito (s) por todos y cada uno de los integrantes del equipo
médico asesor del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Unidad de Recursos
Humanos que participaron en la conclusión “el servidor judicial es competente, apto física
y mentalmente para ejecutar el rol y las responsabilidades que le han sido asignadas.”
2. Nombres y apellidos completos e identificación de todos y cada uno de los integrantes
del equipo médico asesor del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Unidad
de Recursos Humanos que concluyó que “el servidor judicial es competente, apto física
y mentalmente para ejecutar el rol y las responsabilidades que le han sido asignadas.”
3. Nombre de la Universidad que profirió el título en medicina de todos y cada uno de los
integrantes equipo médico asesor del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la
Unidad de Recursos Humanos que concluyó que “el servidor judicial es competente, apto
física y mentalmente para ejecutar el rol y las responsabilidades que le han sido
asignadas.”
4. Número del Registro en el Colegio Médico o agremiación médica competente de todos y
cada uno de los integrantes equipo médico asesor del Sistema de Seguridad y Salud en
el Trabajo de la Unidad de Recursos Humanos que concluyó que “el servidor judicial es
competente, apto física y mentalmente para ejecutar el rol y las responsabilidades que
le han sido asignadas.”
5. Discriminación de la Especialidad médica de todos y cada uno de los integrantes equipo
médico asesor del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Unidad de Recursos
Humanos que concluyó que “el servidor judicial es competente, apto física y mentalmente
para ejecutar el rol y las responsabilidades que le han sido asignadas.” Incluyendo el
nombre de la Universidad que profirió el título de posgrado.
6. Copia de los Contratos que soportan la relación contractual con la Rama Judicial -
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, de todos y cada uno de los integrantes
equipo médico asesor del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Unidad de
Recursos Humanos que concluyó que “el servidor judicial es competente, apto física y
mentalmente para ejecutar el rol y las responsabilidades que le han sido asignadas.”
7. Copia de los Estudios previos que soportan la relación contractual con la Rama Judicial
• Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, de todos y cada uno de los integrantes
equipo médico asesor del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Unidad de
Recursos Humanos que concluyó que “el servidor judicial es competente, apto física y
mentalmente para ejecutar el rol y las responsabilidades que le han sido asignadas.”
8. Correo electrónico de todos y cada uno de los integrantes equipo médico asesor del
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Unidad de Recursos Humanos que
concluyó que “el servidor judicial es competente, apto física y mentalmente para ejecutar
el rol y las responsabilidades que le han sido asignadas.”
9. Copia de las instrucciones escritas dadas por la Unidad de Recursos Humanos para que
los integrantes equipo médico asesor del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de
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la Unidad de Recursos Humanos realizaran los trámites y análisis necesarios que
conllevaron a la conclusión de “el servidor judicial es competente, apto física y
mentalmente para ejecutar el rol y las responsabilidades que le han sido asignadas.” (Sic
a toda la cita)
2.2. El señor Wilson Fernando Muñoz Espitia informó que a la fecha de radicación
de esta acción de tutela no ha obtenido respuesta a su petición.
3. Fundamentos de la acción
El accionante cuestionó que a la fecha de radicación del escrito de tutela el Consejo
Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Unidad de
Recursos Humanos y la Dirección Administrativa de la División de Seguridad y
Salud en el Trabajo, no ha dado respuesta a la petición que presentó el 24 de abril
de 2024, en la cual solicitaba información relacionada con el equipo médico que
participó en la expedición del Memorando DEAJRHM24-403 del 5 de abril de 2024,
en el que se concluía que: “…el servidor judicial es competente, apto física y mentalmente
para ejecutar el rol y las responsabilidades que le han sido asignadas.”.
Para fundamentar la vulneración de sus derechos fundamentales el actor citó el
artículo 83 y 93 de la Constitución Política de Colombia; las sentencias T-098 de
1994, T-313 de 2006, T-544 de 2015 dictadas por la Corte Constitucional; la
providencia del 8 de marzo de 2018 dictada por el Consejo de Estado en el proceso
Nro. 11001-03-15-000-2018-00332-00; y algunos instrumentos internacionales
como el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos y el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Como antecedente puso de presente que no es la primera vez que el Director de la
Unidad de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
omite contestar en término las peticiones que él presenta, como ejemplo mencionó
que hace algún tiempo tuvo que interponer una acción de tutela para que se le diera
respuesta a otra de sus solicitudes.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Por auto del 18 de octubre de 20242, el despacho ponente admitió la acción
de tutela interpuesta por el señor Wilson Fernando Muñoz Espitia contra el
Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, Unidad de Recursos Humanos y la Dirección Administrativa de la
División de Seguridad y Salud en el Trabajo; se ofició a las partes para que
remitieran con destino a este proceso la constancia de envío del derecho de
petición y la respuesta que se le hubiera dado al mismo; y se dispuso a
efectuar las notificaciones correspondientes.
4.2. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial3, rindió informe en el que
manifestó que mediante Oficio DEAJRH024-1708 del 26 de junio de 2024, el
Director de la Unidad de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial emitió respuesta a la petición del 24 de abril de 2024.
Señaló que la respuesta le fue transferida al señor Wilson Fernando Muñoz
Espitia por el Sistema de Gestión de Correspondencia y Archivo de
Documentos Oficiales SIGOBius, herramienta utilizada para el manejo de la
2 Samai, índice 5.
3 Samai, índice 9, 10 y 11.
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correspondencia de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y sus
Seccionales (como evidencia del registro en SIGOBius se allegó una captura de
pantalla poco legible), a su vez, anexó copia del Oficio DEAJRHO24-1708 del
26 de junio de 2024.
Añadió que para garantizar el derecho fundamental al debido proceso le fue
notificada la respuesta (Oficio DEAJRH024-1708 del 26 de junio de 2024) al
señor Muñoz Espitia el 23 de octubre de 2024, a los correos electrónicos:
wilsonfernandomunoz@hotmail.com y wmunoze@deaj.ramajudicial.gov.co, direcciones
electrónicas que fueron aportadas por el servidor, se indicó que se adjuntaba
la constancia de envío de la mencionada comunicación.
Finalmente concluyó que se dio una respuesta clara, concisa y de fondo a la
petición presentada, por lo que la presente acción resulta improcedente al
tratarse de un hecho superado sobre el cual no puede predicarse la amenaza
o perjuicio irremediable frente al derecho presuntamente vulnerado.
4.3. La Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura4, señaló que no es
posible endilgar responsabilidad a esa autoridad pues el actor no aporta
pruebas de que hubiese radicado la solicitud a través de los canales
institucionales. Adicionalmente lo pretendido por el actor se centra en solicitar
información del grupo de profesionales médicos en los que se apoyó la Unidad
de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
para expedir el memorando DEAJRH24-403, lo cual escapa de la órbita de esa
colegiatura.
Dijo que al no haber tenido conocimiento de la petición no le asiste compromiso
en la presunta trasgresión, por lo que quien debe dar cumplimiento al fallo es
la autoridad responsable de la vulneración de los derechos fundamentales. De
ahí que, no le asiste responsabilidad solidaria por las actuaciones u omisiones
de los Consejos Seccionales de la Judicatura, ni de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y sus Seccionales.
Por último, indicó que su vinculación en este proceso configura la llamada
“vinculación aparente” y en consecuencia solicitó ser desvinculada de este
trámite constitucional.
4.4. El 18 de noviembre de 20245, el señor Wilson Fernando Muñoz Espitia
allegó memorial dirigido al despacho sustanciador, manifestando que el 23 de
octubre de 2024 recibió un correo electrónico de parte de la Unidad de
Recursos Humanos en el que se le adjuntó el Oficio DEAJRHO24-1708 del 26
de junio de 2024 por medio del cual se le daba respuesta a su petición del 24
de abril de 2024, y adicionalmente mencionó que se le indicaba que la
respuesta le había sido transferida hace algún tiempo por el sistema de
Gestión de Correspondencia y Archivo de Documentos Oficiales SIGOBius.
Señaló, que si bien en la captura de pantalla que se le adjuntó al correo
electrónico se menciona que el oficio fue enviado por SIGOBius el 26 de junio,
lo cierto es que se remitió el 28 de junio de 2024 fecha en la cual se encontraba
incapacitado por la Clínica Nuestra Señora de la Paz (incapacidad Nro. 14950),
4 Samai, índice 12.
5 Samai, índice 19.
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y con posterioridad tuvo varias complicaciones de salud mental que le
impidieron revisar la plataforma de SIGOBius por donde se afirma que se le
habría enviado el documento.
Manifestó que al no haber conocido el oficio de respuesta con anterioridad a
la notificación que se dio con el correo electrónico del 23 de octubre de 2024
presentó la acción de tutela de la referencia para que se le amparara el
derecho fundamental de petición. Por lo que, remitía este memorial para
informar al despacho ponente que ya se le dio respuesta a su petición.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19916, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin
embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. Planteamiento del problema jurídico
De acuerdo con los antecedentes y pretensiones de la acción de tutela, corresponde
a la Sala determinar si operó la figura de la carencia actual de objeto por hecho
superado, debido a que, en el trámite de la acción el Consejo Superior de la
Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Unidad de Recursos
Humanos adelantó gestiones tendientes a garantizar el derecho fundamental de
petición del señor Wilson Fernando Muñoz Espitia.
3. Carencia actual de objeto por hecho superado
La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata,
oportuna y adecuada de derechos fundamentales ante situaciones de amenaza o
vulneración, por la acción u omisión de las autoridades o de los particulares. Su
finalidad, entonces, es evitar que una amenaza a un derecho fundamental se
materialice, o una vez la vulneración ya se ha producido hacer que cese.
Por ende, cuando los hechos que motivaron la acción desaparecen o cuando no
hay forma de resarcir el daño ya producido, la tutela pierde su razón de ser.
Cualquier pronunciamiento al respecto carecería de fundamento. Este fenómeno ha
sido denominado por la jurisprudencia constitucional como carencia actual de objeto
6 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
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dividido en tres escenarios: (i) hecho superado7; (ii) daño consumado8 y (iii)
situación sobreviniente9
Sobre esta clasificación, desde sus inicios la Corte Constitucional en Sentencia T-
494 de 1993, precisó lo siguiente:
“(…) la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la “carencia actual de objeto”
para identificar este tipo de eventos y, así, denotar la imposibilidad material en la que se
encuentra el juez de la causa para dictar alguna orden que permita salvaguardar los intereses
jurídicos que le han sido encomendados. Sobre el particular, se tiene que éste se constituye
en el género que comprende el fenómeno previamente descrito, y que puede materializarse a
través de las siguientes figuras: (i) “hecho superado”, (ii) “daño consumado” o (iii) de aquella
que se ha empezado a desarrollar por la jurisprudencia denominada como el acaecimiento de
una “situación sobreviniente”.
La primera de estas figuras, regulada en el artículo 26 del decreto 2591 de 1991, comprende
el supuesto de hecho en el que, entre el momento en que se interpone la demanda de amparo
y el fallo, se evidencia que, como producto del obrar de la entidad accionada, se eliminó la
vulneración a los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar la conducta solicitada
(ya sea por acción o abstención) y, por tanto, (i) se superó la afectación y (ii) resulta inocua
cualquier intervención que pueda realizar el juez de tutela para lograr la protección de unos
derechos que, en la actualidad, la accionada ha dejado de desconocer.
La segunda de las figuras referenciadas consiste en que a partir de la vulneración
iusfundamental que venía ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que con la
acción de tutela se pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la
vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez de tutela imparta
una orden al respecto.
Para finalizar, se ha empezado a diferenciar por la jurisprudencia una tercera modalidad de
eventos en los que la protección pretendida del juez de tutela termina por carecer por completo
de objeto y es en aquellos casos en que, como producto del acaecimiento de una “situación
sobreviniente” que no tiene origen en el obrar de la entidad accionada, la vulneración
predicada ya no tiene lugar, sea porque el actor mismo asumió una carga que no le
correspondía, o porque, a raíz de dicha situación, perdió interés en el resultado de la litis.”
(Subrayas fuera del texto)
Así pues, la carencia actual de objeto por hecho superado se configura en los casos en que,
en el lapso transcurrido entre la radicación de la acción de tutela y la expedición de la
sentencia, la entidad demandada adelantó las acciones tendientes a cesar la vulneración de
los derechos fundamentales, lo que por sustracción de materia hace inocuo cualquier
pronunciamiento u orden del juez de tutela para lograr el amparo de los derechos.
Como lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia SU-274 de 2019 “ante la alteración o
el desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la vulneración de los derechos
fundamentales objeto de estudio, la solicitud pierde su eficacia y sustento, así como su razón
de ser como mecanismo extraordinario y expedito de protección judicial”.
De allí que, una vez desaparece el supuesto de hecho que motivó la presentación de la
solicitud de amparo, sería inocua cualquier determinación del juez constitucional, ya que “la
materia o amenaza cesa porque ha tenido lugar un evento que conlleva a la conjuración del
daño, la satisfacción del derecho o la inocuidad de las pretensiones”.
4. Del trámite impartido por la autoridad accionada. Carencia actual de
objeto por hecho superado
4.1. El accionante alegó la vulneración de sus derechos fundamentales a la
igualdad y de petición junto con el principio de confianza legítima, por la
7 Cfr. Corte Constitucional, Sentencias: SU 540 de 2007, T-678 de 2011 T-597 de 2015, T-669 de 2016 y T-
624 de 2016 T-021 de 2017.
8 Cfr. Corte Constitucional, Sentencias: SU 225 de 2013, T-011 de 2016 y T-082 de 2006.
9 Cfr. Corte Constitucional, sentencias: T-988 de 2007, T-585 de 2010, T-200 de 2013, T-481 de 2016 y T-
158 de 2017.
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ausencia de respuesta a la solicitud que elevó el 24 de abril de 2024 a la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Unidad de Recursos Humanos
y la Dirección Administrativa de la División de Seguridad y Salud en el Trabajo,
en la que ponía de presente que en el memorando DEAJRHM24-403 del 5 de
abril de 2024 el equipo médico asesor del Sistema de Seguridad y Salud en el
Trabajo de la Unidad de Recursos Humanos concluyó que: “[…] las tareas
asignadas al rol de responsabilidades del cargo no sobrepasan las capacidades ni los
tiempos requeridos para ejecutar la labor, aun teniendo en cuenta las condiciones de
salud del ingeniero Wilson Muñoz. Concluyen que, el servidor judicial es competente,
apto física y mentalmente para ejecutar el rol y las responsabilidades que le han sido
asignadas.”, razón por la cual, el peticionario solicitó información en nueve
puntos, relacionada con el equipo médico asesor del Sistema de Seguridad y
Salud en el Trabajo de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial que
colaboró en la elaboración del mencionado acto (Samai, índice 2).
4.2. Sería del caso pasar a establecer si las acciones u omisiones del Consejo
Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
Unidad de Recursos Humanos y la Dirección Administrativa de la División de
Seguridad y Salud en el Trabajo desconocieron los derechos fundamentales a
la igualdad y de petición junto con el principio de confianza legítima del actor,
si no fuera porque durante el trámite de esta acción la autoridad accionada
cumplió con el requerimiento que se pretendía.
Esto dado que, de conformidad con el informe que rindió la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial se puso de presente que mediante Oficio
DEAJRHO24-1708 del 26 de junio de 2024, la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, a través del Director de la Unidad de Recursos
Humanos, dio “Respuesta a Derecho de Petición: Solicitud de información, del 24
de abril de 2024” , respecto de la cual se mencionó que fue informada al señor
Muñoz Espitia a través de la plataforma SIGOBius y de la cual se le notificó a
través de correo electrónico el 23 de octubre de 2024 (Samai, índice 9 y 10).
A su vez, el oficio en el cual se dio respuesta a la petición del accionante,
respondió la solicitud brindando la siguiente información: (i) que la
intermediación en riesgos laborales está reglada por el artículo 1° del estatuto
orgánico del sector financiero, Decreto 663 de 1993, para señalar que AON
como proveedor en gestión de riesgos y consultor de seguros y reaseguros,
soluciones de recursos humanos y servicios de outsourcing, presta sus
servicios a empresas públicas y privadas asentadas en el territorio colombiano
como corredor de seguros, y (ii) que AON cuenta con un plus de servicios en
el sistema de riesgos laborales consistentes en la Gestión Estratégica ante la
ARL, acompañamiento en Seguridad y Salud en el Trabajo, seguridad
industrial, medicina preventiva, salud laboral, todos ellos soportados en un
equipo multidisciplinario de profesionales altamente calificados que direcciona
y ejecuta la estrategia de consultoría global en Riesgos Laborales, y aclarando
que si bien es cierto que este es un servicio complementario está debidamente
reglado por el artículo 2.2.4.10.1. y siguiente del DUR del sector trabajo que
exige un debido licenciamiento.
Frente a los nueve requerimientos del señor Muñoz Espitia se contestó en los
siguientes términos:
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Solicitudes realizadas en la petición Respuesta Oficio DEAJRHO24-1708 del 26 de junio de
del 24 de abril de 2024 2024
1. “Certificado (s) Médico (s) suscrito (s) “Respuesta. Acorde con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley
por todos y cada uno de los integrantes 1755 de 2015, me permito solicitarle, aclare la solicitud, lo
del equipo médico asesor del Sistema de anterior, puesto que, no resulta claro a qué documento hace
Seguridad y Salud en el Trabajo de la referencia (sic) al certificado médico, habida cuenta que, no es
Unidad de Recursos Humanos que claro, que documento solicita.”
participaron en la conclusión “el servidor
judicial es competente, apto física y
mentalmente para ejecutar el rol y las
responsabilidades que le han sido
asignadas.”
2. “Nombres y apellidos completos “Respuesta. El equipo médico asesor asignado por el corredor
e identificación de todos y cada uno de los de seguros AON RISK para la Rama Judicial está conformado
integrantes del equipo médico asesor del por los doctores Fabio Moreno Herrera, identificado con cedula
Sistema de Seguridad y Salud en el de ciudadanía No.79268132 y Jully Contreras Lemus,
Trabajo de la Unidad de Recursos identificada con cedula de ciudadanía No. 52.962.633.”
Humanos que concluyó que “el servidor
judicial es competente, apto física y
mentalmente para ejecutar el rol y las
responsabilidades que le han sido
asignadas.”
3. “Nombre de la Universidad que profirió el Respuesta. Acerca de la información profesional de cada uno
título en medicina de todos y cada uno de de los médicos, esta puede ser consultada en el Registro Único
los integrantes equipo médico asesor del Nacional de Talento Humano en Salud, el cual es el sistema de
Sistema de Seguridad y Salud en el información definido por el Ministerio de Salud y Protección
Trabajo de la Unidad de Recursos Social, del talento humano en salud que cumple con los
Humanos que concluyó que “el servidor requisitos establecidos en la Ley 1164 de 2007, proceso con el
judicial es competente, apto física y cual se entiende que dicho personal se encuentra autorizado
mentalmente para ejecutar el rol y las para el ejercicio de una profesión u ocupación del área de la
responsabilidades que le han sido salud. Para acceder a dicho registro puede ingresar al Enlace
asignadas.” web: […] De igual manera, específicamente para el ejercicio de
actividades en seguridad y salud en el trabajo, la Ley 1562 de
2012 en su artículo 23 y las resoluciones 754 de 2021,
modificada por la resolución 1151 de 2022 del Ministerio de
Salud y Protección Social, reglamentan las licencias de Salud
Ocupacional, las cuales se anexan a este oficio.”
4. “Número del Registro en el Colegio “Respuesta. Como se mencionó en el punto anterior, conforme
Médico o agremiación médica competente a la Ley 1164 de 2007, el Colegio Médico colombiano es quien
de todos y cada uno de los integrantes realiza la correspondiente inscripción en ReTHUS, lo cuál puede
equipo médico asesor del Sistema de ser constatado en enlace web mencionado en el numeral
Seguridad y Salud en el Trabajo de la anterior.”
Unidad de Recursos Humanos que
concluyó que “el servidor judicial es
competente, apto física y mentalmente
para ejecutar el rol y las
responsabilidades que le han sido
asignadas.”
5. “Discriminación de la “Respuesta. Conforme a lo expuesto en los numeral 3 y 4, la
Especialidad médica de todos y cada uno información acá solicitada puede consultarse en enlace […]”
de los integrantes equipo médico asesor
del Sistema de Seguridad y Salud en el
Trabajo de la Unidad de Recursos
Humanos que concluyó que “el servidor
judicial es competente, apto física y
mentalmente para ejecutar el rol y las
responsabilidades que le han sido
asignadas.” Incluyendo el nombre de la
Universidad que profirió el título de
posgrado.”
6. “Copia de los Contratos que soportan la “Respuesta.
Con base en lo señalado precedentemente se
relación contractual con la Rama Judicial debe manifestar que no es posibles (sic) enviar copia de los
– Dirección Ejecutiva de Administración contratos a los que usted hace alusión dado que no existe
Judicial, de todos y cada uno de los ninguna relación contractual entre el grupo interdisciplinario de
integrantes equipo médico asesor del profesionales, que prestan el servicio plus de riesgos laborales
Sistema de Seguridad y Salud en el en el negocio de intermediación de seguros con la Rama
Trabajo de la Unidad de Recursos Judicial Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.”
Humanos que concluyó que “el servidor
judicial es competente, apto física y
mentalmente para ejecutar el rol y las
responsabilidades que le han sido
asignadas.”
8
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05528-00
Demandante: Wilson Fernando Muñoz Espitia
Solicitudes realizadas en la petición Respuesta Oficio DEAJRHO24-1708 del 26 de junio de
del 24 de abril de 2024 2024
7. “Copia de los Estudios previos que “Respuesta. Conforme a lo señalado en el numeral anterior no
soportan la relación contractual con la es posibles entregar copias de los estudios a los que usted hace
Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de alusión, dado que no existe ninguna relación contractual entre
Administración Judicial, de todos y cada el grupo interdisciplinario de profesionales, que prestan el
uno de los integrantes equipo médico servicio plus de riesgos laborales en el negocio de
asesor del Sistema de Seguridad y Salud intermediación de seguros con la Rama Judicial Dirección
en el Trabajo de la Unidad de Recursos Ejecutiva de Administración Judicial”
Humanos que concluyó que “el servidor
judicial es competente, apto física y
mentalmente para ejecutar el rol y las
responsabilidades que le han sido
asignadas.”
8. “Correo electrónico de todos y “Respuesta. Los correos del equipo médico asesor asignado
cada uno de los integrantes equipo por el corredor de seguros AON RISK para la Rama Judicial son
médico asesor del Sistema de Seguridad para el doctor Fabio Moreno Herrera,
y Salud en el Trabajo de la Unidad de fabio.moreno@aon.com.co y para la doctora Jully Contreras
Recursos Humanos que concluyó que “el Lemus medicosgsst@deaj.ramajudicial.gov.co”
servidor judicial es competente, apto
física y mentalmente para ejecutar el rol y
las responsabilidades que le han sido
asignadas.”
9. “Copia de las instrucciones “Respuesta. Conforme a lo señalado en los numerales
escritas dadas por la Unidad de Recursos precedentes no es posibles entregar copias de las instrucciones
Humanos para que los integrantes equipo a las que usted hace alusión, dado que no existe ninguna
médico asesor del Sistema de Seguridad relación contractual entre el grupo interdisciplinario de
y Salud en el Trabajo de la Unidad de profesionales, que prestan el servicio plus de riesgos laborales
Recursos Humanos realizaran los en el negocio de intermediación de seguros con la Rama
trámites y análisis necesarios que Judicial Dirección Ejecutiva de Administración Judicial”
conllevaron a la conclusión de “el
servidor judicial es competente, apto
física y mentalmente para ejecutar el rol y
las responsabilidades que le han sido
asignadas.”
Adicionalmente, el 23 de octubre de 2024 la Profesional Universitaria Zaida
Francisca Castañeda Pinzón remitió, con destino a dos correos electrónicos
identificados con el nombre de Wilson Fernando Muñoz Espitia, y copia a los
funcionarios Claudia Alexandra Briceño Mejía y Nelson Orlando Jiménez
Peña, comunicación electrónica titulada “Notificación respuesta Derecho de
Petición oficio DEAJRHO24-1315”, en la cual, se le informó al señor Muñoz
que se le adjuntaba el Oficio DEAJRHO24-1708 del 26 de junio de 2024 por
medio del cual se le dio respuesta a la petición del 24 de abril de 2024,
adicionalmente se mencionó que “[…] la respuesta se había transferido a su usuario
por el Sistema de Gestión de Correspondencia y Archivo de Documentos Oficiales -
SIGOBius, herramienta institucional, tal como se muestra en el siguiente pantallazo.”,
captura de pantalla que si bien no resultaba tan clara para identificar el registro
de la respuesta de la petición ni la fecha en que se notificó 10, fue confirmado
con la información que brindó el accionante en el memorial del 18 de
noviembre de 2024.
Sin embargo, se precisa que si bien el Oficio DEAJRHO24-1708 le fue remitido
al accionante el 28 de junio de 2024 a través de SIGOBius, el señor Muñoz
Espitia puso de presente que para esa fecha se encontraba incapacitado y que
con posterioridad había tenido varias complicaciones de salud mental que le
impidieron revisar esa plataforma (esta Sección se reserva los diagnósticos
mencionados), por lo que, afirmó que conoció el contenido del Oficio que dio
respuesta a todas sus solicitudes el 23 de octubre de 2024, cuando recibió el
correo electrónico de la Unidad de Recursos Humanos. De ahí que, esta Sala
10 Samai, índice 11.
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Demandante: Wilson Fernando Muñoz Espitia
entiende que sólo fue hasta esta última fecha que efectivamente la respuesta
a su petición le fue notificada.
Por lo que, lo pretendido por el señor Wilson Fernando Muñoz Espitia era que
el Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, Unidad de Recursos Humanos y la Dirección Administrativa de la
División de Seguridad y Salud en el Trabajo le diera respuesta a la petición del
24 de abril de 2024. En este sentido, dado que las pretensiones planteadas
por la actora ya fueron atendidas tal como se evidenció, y como fue reiterado
por el accionante al manifestar: “[...] el suscrito informa que si se ha respondido el
derecho de petición sobre el cual se solicitó la tutela respectiva 11001-03-15-000-
2024-05528-00.”, carece de objeto emitir un pronunciamiento de fondo en razón
a que la solicitud de amparo perdió cualquier motivo que la justifique.
4.3. Por último, se encuentra necesario hacer énfasis en un elemento del derecho
fundamental de petición, como lo es el término de respuesta. Se recuerda que
el artículo 14 de la Ley 1755 de 201511 relativo a los términos para resolver
las distintas modalidades de peticiones, establece que toda petición deberá
resolverse dentro de los 15 días siguientes a su recepción; salvo las peticiones
de documentos que deberán ser resueltas dentro de los 10 días siguientes a
su recepción y las peticiones en donde se eleven consultas a la autoridad en
relación con las materias a su cargo, que serán resueltas dentro de los 30 días
siguientes a haber sido recibidas.
La misma norma precisa que en el evento de que no sea posible resolver la
petición en los plazos establecidos, la autoridad debe informarle al peticionario
tal situación antes del vencimiento del término señalado, caso en el cual se
indicarán los motivos de la demora y el plazo razonable en el que se le
resolverá, el cual, no puede superar el doble del inicialmente previsto. De ahí
que la Sala prevendrá a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
Unidad de Recursos Humanos y la Dirección Administrativa de la División de
Seguridad y Salud en el Trabajo, para que, en lo sucesivo, de respuesta y
notifique en debida forma los derechos de petición conforme los términos y
plazos establecidos en la Ley 1755 de 2015, a fin de evitar que en el futuro se
repitan los hechos que dieron lugar a la presentación de esta acción de tutela.
5. Conclusión
Por las razones expuestas, la Sala declarará la carencia de objeto de la acción de
tutela interpuesta por el señor Wilson Fernando Muñoz Espitia ya que a la fecha no
existe vulneración o amenaza al derecho fundamental invocado por la parte actora
respecto del Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, Unidad de Recursos Humanos y la Dirección Administrativa
de la División de Seguridad y Salud en el Trabajo dado que esta autoridad atendió
de fondo la solicitud presentada.
Y se prevendrá a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Unidad de
Recursos Humanos y la Dirección Administrativa de la División de Seguridad y
Salud en el Trabajo, para que, en lo sucesivo, de respuesta y notifique en debida
11 “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.”
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05528-00
Demandante: Wilson Fernando Muñoz Espitia
forma los derechos de petición conforme los términos y plazos establecidos en la
Ley 1755 de 2015.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Declarar la carencia de objeto de la acción de tutela interpuesta por el señor
Wilson Fernando Muñoz Espitia, dados los motivos expuestos en la parte
motiva de esta providencia.
2. Prevenir a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Unidad de
Recursos Humanos y la Dirección Administrativa de la División de Seguridad
y Salud en el Trabajo para que, en lo sucesivo, de respuesta y notifique en
debida forma los derechos de petición conforme los términos y plazos
establecidos en la Ley 1755 de 2015, a fin de evitar que en el futuro se repitan
los hechos que dieron lugar a la presentación de esta acción de tutela.
3. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
4. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
5. De no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador
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