Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-05551-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-05551-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-05551-01
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
13 de febrero de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05551-01
Demandante: Alberto Enrique Ariza Villa
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá D.C, trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05551-01
Demandante: ALBERTO ENRIQUE ARIZA VILLA
Demandado: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL Y OTRO
Tema: Tutela contra providencia judicial. Providencia sin firmas de
integrantes de la sala de decisión. Defecto procedimental.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante contra la
providencia de 14 de noviembre de 2024, dictada por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, que resolvió:
«Primero: Declarar improcedente la acción en relación con los argumentos relativos a la
notificación del fallo disciplinario y la prescripción de la acción, y negar el amparo solicitado
en lo demás, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.»
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 16 de octubre de 2024, la parte actora interpuso acción de tutela contra la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial y el Consejo Seccional de Disciplina Judicial del Cesar
por estimar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a
la administración de justicia. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«1. (…)
2. Dejar sin efecto los fallos de febrero 27 de 2023 de la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial del Cesar, febrero 28 de 2024 de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, el
auto de esta por medio del cual se negó a dar trámite a la solicitud de nulidad por parte de
la Sala de la Corporación y dio por ejecutoriado el fallo inconstitucional pronunciado en mi
contra.
3. Ordenar a los accionados que dicten la sentencia conforme a los parámetros
constitucionales que se establezcan por el juez constitucional.».
2. Hechos
De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
Del trámite de la tutela con radicado 2019-0001
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Demandante: Alberto Enrique Ariza Villa
El 30 de enero de 2019, el señor Jhan Carlos Toloza Vides presentó
acción de tutela contra la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia
Administrativa, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Civil del Circuito de
Chiriguaná, en la que cuestionó el fallo de 21 de agosto de 2018, proferido dentro de
un proceso disciplinario promovido contra la Alcaldesa del municipio de Chiriguaná,
Zunilda Toloza.
El 1 de febrero de 2019, Alberto Enrique Ariza Villa, en condición de Juez Civil del
Circuito de Chiriguaná, previo a admitir la tutela, requirió al accionante para que
aportara los fallos de primera y segunda instancia cuestionado y para que informara
la dirección de notificación del Procurador Delegado que conoció en primera instancia
el proceso disciplinario. para ello, concedió término de 2 días. El 6 y 11 de febrero de
2019, la Secretaría del Juzgado notificó el requerimiento.
El 12 de febrero de 2019, admitió la acción de tutela y ordenó a la Procuraduría
Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa que rindiera informe sobre los
hechos de la tutela, en término de 2 días hábiles. Asimismo, delegó al accionante la
notificación del auto admisorio a la Procuraduría, porque no se contaba con la
dirección de notificación.
El 12 de febrero de 2019, el señor Jhan Carlos Toloza Vides remitió las providencias
de primera y segunda instancia proferidas por la Procuraduría; el 18 y 20 de febrero
de 2019, mediante los Oficios Nros. 0212, 0213 y 0214, se notificó la admisión de la
tutela; el 22 de febrero de 2019, el señor Jhan Carlos Toloza Vides aclaró que la
dirección de la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa había
sido allegada desde la presentación de la tutela y que en la respuesta al oficio del 6
de febrero de 2019 también se encontraba consignada; el 22 de febrero de 2019, la
Secretaría del Juzgado envió lo relacionado con la tutela a la Procuraduría y el 25 de
febrero de 2019, la Procuraduría General de la Nación solicitó que se rechazara la
tutela.
El 25 de febrero de 2019, el Juzgado Civil del Circuito de Chiriguaná decretó la nulidad
a partir del auto admisorio, debido a que no se había vinculado a la señora Zunilda
Toloza Pérez, quien tenía interés en el resultado del proceso. El 27 de febrero de
2019, se notificó el auto que decretó la nulidad a las partes y el mismo día la señora
Zunilda Toloza Pérez presentó memorial en el que intervino en el trámite de amparo.
El 28 de febrero de 2019, el Juzgado Civil del Circuito de Chiriguaná profirió
sentencia de tutela, en la que accedió al amparo constitucional y, en consecuencia,
dejó sin efecto la decisión de la Procuraduría General de la Nación del 21 de agosto
de 2018.
Del proceso disciplinario contra el Juez Civil del Circuito de Chiriguaná
El 14 de marzo de 2019, el señor Eduardo Emilio Esquivel López, en calidad de alcalde
encargado del municipio de Chiriguaná, presentó queja contra el juez Alberto Enrique
Ariza Villa, titular del Juzgado Civil del Circuito de Chiriguaná, por las presuntas
irregularidades en el trámite de la acción de tutela con radicado 2019-0001,
interpuesta por Jhan Carlos Toloza Vides en contra de la Procuraduría Primera
Delegada para la Vigilancia Administrativa.
En síntesis, la queja se fundamentó en los siguientes aspectos: (i) el juez no observó
las reglas de reparto aplicables a las acciones de tutela masivas, establecidas en el
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artículo 2.2.3.1.3.1 del Decreto 1834 de 2015, al no remitir el asunto a
los juzgados que habían emitido fallo en un caso similar; (ii) desconoció la existencia
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 2019-0004, en trámite ante el
Tribunal Administrativo de Valledupar, promovido por la señora Zunilda Toloza Pérez
contra la Procuraduría General de la Nación; (iii) emitió el fallo de tutela por fuera de
los términos legales, dado que el asunto fue recibido el 30 de enero de 2019 y la
sentencia se registró el 28 de febrero del mismo año; y (iv) omitió vincular al
gobernador de Valledupar y al alcalde de Chiriguaná, pese a que eran terceros con
interés en el proceso.
El 11 de diciembre de 2020, el ponente de la decisión, integrante de la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial del Cesar, formuló pliego de cargos contra el señor
Ariza Villa, en su condición de Juez Civil del Circuito de Chiriguaná, por incurrir en la
falta disciplinaria prevista en el artículo 196 de la Ley 734 de 2002, por violación del
deber contenido en el numeral 16 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en
concordancia con lo previsto en el inciso 4 del artículo 86 de la Constitución Política y
el inciso 1 del artículo 29 del Decreto 2591 de 1991.
Dicha infracción se relacionaba con la mora en proferir la decisión de la acción de
tutela interpuesta por Jhan Carlos Toloza Vides contra la Procuraduría Primera
Delegada para la Vigilancia Administrativa. Lo anterior con fundamento en que el juez
recibió el expediente el 30 de enero de 2019 y profirió el fallo el 28 de febrero del
mismo año, con lo cual excedió en 21 días hábiles el término máximo de 10 días
previsto en la Constitución Política. En consecuencia, determinó que el funcionario
debió haber fallado el asunto a más tardar el 13 de febrero de 2019. De igual forma,
ordenó la terminación y archivo respecto de los demás reproches alegados.
El 2 de febrero de 2021, el señor Ariza Villa presentó sus descargos, en los que expuso
que: (i) antes de admitir la acción de tutela, requirió al actor para que indicara la
dirección en la que podía ser notificada la entidad accionada y allegara las decisiones
proferidas por la Procuraduría que cuestionaba, especialmente, porque dicha entidad,
por lo general, no contestaba las tutelas interpuestas en su contra; (ii) solicitó allegar
los fallos reprochados, pues la documentación solicitada era necesaria para que el
fallador contara con todos los elementos de juicio al momento de tomar una decisión;
(iii) decretó la nulidad de lo actuado con el fin de integrar en debida forma el
contradictorio, porque no había vinculado a la señora Zunilda Toloza Pérez, frente a
lo cual sostuvo es que una decisión que fue adoptada en ejercicio de su autonomía
judicial y no resultaba irrazonable; (iv) debido a la declaratoria de nulidad y conforme
con el artículo 134 del Código General del Proceso, la contabilización de los términos
para proferir el fallo se reiniciaba y; (v) el tema objeto de la tutela era la adecuación
de la decisión de la Procuraduría General de la Nación a la Convención Interamericana
de Derechos Humanos, un asunto novedoso que justificaba la necesidad de contar
con las decisiones objeto de tutela.
El 28 de febrero de 2022, el magistrado sustanciador del proceso disciplinario declaró
agotada la etapa probatoria y ordenó el traslado para alegar de conclusión,
oportunidad en la que el señor Ariza Villa reiteró los argumentos expuestos en su
escrito de descargos y añadió que: (i) la razonabilidad del plazo debía evaluarse en
función de la complejidad del caso, y; (ii) el análisis contenido en el pliego de cargos
constituía una imputación objetiva que se encuentra prohibida, porque se enfocó
exclusivamente en el cumplimiento estricto del término de 10 días para proferir fallo,
sin considerar la complejidad del asunto.
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El 27 de marzo de 2023, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial
del Cesar profirió sentencia mediante la cual declaró disciplinariamente responsable
al señor Alberto Enrique Ariza Villa, en calidad de Juez Civil del Circuito de Chiriguaná,
la decisión se fundamentó en su omisión al aplicar lo dispuesto en el inciso 4 del
artículo 86 de la Constitución Política y el inciso primero del artículo 29 del Decreto
2591 de 1991, esto es, no haber proferido la sentencia dentro del término de 10 días
previsto en la norma. Asimismo, consideró que el disciplinado no actuó con la
diligencia exigida para resolver la tutela en el término previsto, con lo cual incumplió
el deber consagrado en el numeral 15 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996. En
consecuencia, fue sancionado con la suspensión en el ejercicio del cargo por el
término de un mes, por incurrir en falta grave cometida a título de culpa.
Anotó que estaba demostrado que el señor Ariza Villa, antes de admitir la tutela
requirió a la accionante, no obstante, ese requerimiento implicó una demora en la
admisión de la tutela hasta el 12 de febrero de 2019, cuando debió haber sido admitida
de inmediato. Por ello, consideró que esa actuación no tenía fundamento legal, pues
en el trámite de tutela los jueces pueden solicitar pruebas de oficio sin condicionar la
admisión de la acción. De igual forma, afirmó que no era indispensable, porque la
dirección de la Procuraduría es de conocimiento público y pudo ser obtenida
directamente por el juzgado. Además, que no interrumpía el término perentorio.
En cuanto a la nulidad decretada y el reinició de los términos para proferir fallo de
tutela, señaló que la nulidad procesal no suspende ni interrumpe el término perentorio
de 10 días hábiles. Asimismo, que la vinculación de un tercero no es causal de
interrupción del término en el trámite de tutela, ya que, conforme con el artículo 15 del
Decreto 2591 de 1991, el trámite de la tutela es preferente y debe resolverse con la
mayor rapidez posible. Además que, el juez tenía la obligación de prever la vinculación
de todas las partes necesarias desde el inicio del proceso, sin esperar hasta el
momento del fallo para decretar la nulidad.
Por ello, advirtió que, de conformidad con lo previsto en la sentencia T-465 de 1994,
el término para proferir sentencia en una acción de tutela es perentorio e inmodificable.
Indicó que, el numeral 15 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996 establece que los
jueces tienen la obligación de resolver los asuntos sometidos a su conocimiento dentro
de los términos previstos en la ley, que, la acción de tutela, al ser un mecanismo
preferente para la protección de derechos fundamentales, impone una carga adicional
a los jueces, quienes deben fallarla con la mayor celeridad posible. De ahí que, la
complejidad del caso no eximía a los jueces del cumplimiento de los términos
perentorios y, en todo caso, el análisis de control de convencionalidad puede y debe
realizarse dentro del plazo legal.
En consecuencia, consideró que la mora configuraba una falta disciplinaria porque
afectó la garantía constitucional de una respuesta oportuna en la tutela, alteró el orden
jurídico al retrasar la protección de los derechos fundamentales e impactó la seguridad
jurídica al generar incertidumbre en el proceso judicial. Además, advirtió que la mora
judicial tuvo repercusiones en la estabilidad gubernamental del municipio de
Chiriguaná, porque el fallo tardío de tutela permitió que la señora Zunilda Toloza Pérez
asumiera como alcaldesa sin que existiera una suspensión de los efectos del acto
sancionatorio de la Procuraduría.
El señor Ariza Villa interpuso recurso de apelación contra la decisión con fundamento
en los siguientes argumentos:
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Señaló que el juez instancia de primera instancia se limitó a un análisis
meramente formal, en cuanto al estudio del incumplimiento del término de 10 días
hábiles para resolver la acción de tutela, sin valorar el contexto en el que se desarrolló
el proceso. Indicó que la interpretación de las normas debe hacerse conforme al
principio pro homine, lo que implica que debe preferirse aquella interpretación que
favorezca la protección de los derechos fundamentales.
En cuanto al requerimiento previo de documentación antes de admitir la tutela, sostuvo
que solicitó al accionante que aportara copia de las decisiones de la Procuraduría,
porque estas eran el objeto del cuestionamiento en la tutela. Sostuvo que dicha
solicitud era necesaria para evitar un fallo inhibitorio, porque la tutela no podía ser
rechazada por la falta de documentación. Además, que, en ese momento, la
Procuraduría General de la Nación no se encontraba vinculada al proceso, lo que
impedía exigirle directamente la remisión de pruebas. Finalmente, que la Procuraduría
tenía antecedentes de no responder oportunamente las acciones de tutela, por lo que
el requerimiento realizado buscaba prevenir dilaciones innecesarias en el trámite.
En cuanto a la nulidad decretada, sostuvo que, durante el trámite de la tutela, advirtió
que no había vinculado a la señora Zunilda Toloza Pérez, quien tenía un interés
legítimo en el proceso. Por esta razón, declaró la nulidad en ejercicio de su autonomía
judicial y en garantía del derecho al debido proceso de la mencionada señora.
Además, enfatizó que dicha medida era indispensable para prevenir futuros vicios
procesales, pues su omisión habría llevado a que la nulidad fuera declarada en
instancias superiores, generando una dilación aún mayor en la resolución del caso.
Afirmó que su actuación estaba amparada en la causal de exclusión de
responsabilidad contemplada en el numeral 2 del artículo 28 de la Ley 734 de 2002,
la cual establece que no hay falta disciplinaria cuando el funcionario obra en
cumplimiento de un deber constitucional o legal de mayor importancia que el
sacrificado. Al respecto, manifestó que el deber de garantizar el debido proceso y la
debida integración del contradictorio prevalecía sobre el cumplimiento estricto del
término de 10 días para fallar la tutela.
Por otro lado, cuestionó la valoración de la culpa realizada por la primera instancia,
con fundamento en que: (i) el análisis de culpabilidad fue incompleto, porque no
delimitó si se trataba de culpa consciente o inconsciente, como lo había hecho en los
procesos con radicados 760011102000201202325 01 y 800111020002016 00264 01;
(ii) no se tuvo en cuenta que actuó de buena fe y con la convicción errada e invencible
de que su conducta era conforme a derecho; (iii) su actuación respondió a un conflicto
de deberes en el que tuvo que optar por garantizar el debido proceso, aunque ello
implicara exceder el término perentorio de la tutela, y (iv) sancionar a un juez por
garantizar la justicia material sería irrazonable y generaría un efecto disuasorio
negativo en la función judicial.
El 28 de febrero de 2024, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial profirió
sentencia de segunda instancia que confirmó lo decidido por el a quo.
Expresó que la acción de tutela es un mecanismo sumario, inmediato y preferente
diseñado para la protección de los derechos fundamentales, conforme al artículo 86
de la Constitución y el Decreto 2591 de 1991. Resaltó que el plazo perentorio para
resolver la tutela es de 10 días hábiles contados a partir de la recepción del expediente
por el juez competente. Asimismo, indicó que la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en sentencias como la T-346 de 2012, ha reiterado que este término
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no puede suspenderse ni interrumpirse por actuaciones internas del
juez, salvo en circunstancias excepcionales previstas en la ley.
En cuanto al trámite previo de la admisión de la tutela, resaltó que el escrito inicial fue
presentado por el señor Jhan Carlos Toloza quien realizó un recuento detallado de los
hechos y transcribieron los apartes de la sentencia que consideraba carecían de
validez. De ahí que el juez si contaba con elementos para dar trámite a la acción
constitucional, máxime si se tenía en cuenta que el artículo 31 del Decreto 2591 de
1991 «le da al juez de tutela la facultad para negar una acción constitucional cuando
no cuente con los documentos y material necesario para proferir decisión de fondo».
Asimismo, que estaba demostrado que el accionante no allegó la información
requerida, por lo que lo procedente, de acuerdo con el artículo 56 ibidem, era rechazar
la acción de tutela y no acceder a admitirla un día antes de que feneciera el término
para pronunciarse de fondo.
En síntesis, afirmó que del estudio del trámite que el disciplinado dio a la tutela Nro.
2019-001 era posible concluir que el juez dilató injustificadamente la admisión de la
tutela y la decisión de fondo, porque: (i) los documentos que solicitó el 1 de febrero de
2019 para admitir la tutela, no eran necesarios y, en todo caso, los debió requerir al
admitir la acción; (ii) en el escrito de tutela se había aportado la dirección física y
electrónica de la entidad accionada; (iii) declaró la nulidad después de vencido el
término perentorio para proferir fallo, y (iii) por ello, profirió el fallo 21 días después de
vencido el término para proferir la sentencia de tutela.
Con fundamento en lo anterior, concluyó que estaba demostrado la falta al deber
objetivo de cuidado del juez Ariza Villa, máxime si se tenía en cuenta que en su
condición de juez tenía el conocimiento que debía emitir fallo de fondo dentro de los
10 días hábiles siguientes a la recepción del expediente de tutela.
Por ello, afirmó que la primera instancia no hizo un análisis meramente formal, sino
que fundamentó la responsabilidad disciplinaria en la afectación de los derechos
fundamentales, pues «esgrimió los argumentos fácticos y jurídicos que le permitieron
concluir que la conducta fue típica, ilícita sustancialmente y que fue cometida con culpa
grave.».
Sobre el particular, expresó que una conducta que llame la atención de la jurisdicción
disciplinaria será sustancialmente ilícita cuando, además de infringir el deber
funcional, afecte el adecuado funcionamiento del Estado y sus fines constitucionales,
incluyendo la garantía de los principios, derechos y deberes fundamentales. De ahí
que, sobre el juez Ariza Villa recaía el deber funcional de pronunciarse en el término
previsto en la ley, sin embargo, no lo hizo, sin que se estructure una justificación válida
o un eximente de responsabilidad.
Adicionalmente, sostuvo que en el derecho disciplinario la culpa solo es sancionable
cuando es grave o gravísima, siendo esta última aquella que deriva de ignorancia
supina, desatención elemental o violación manifiesta de normas de obligatorio
cumplimiento. De modo que, en el pliego de cargos se debe incluir de manera clara la
tipicidad, ilicitud sustancial e imputación subjetiva, debiendo calificarse la culpa como
grave o gravísima sin necesidad de especificar si era consciente o inconsciente.
De ahí que, desde la formulación de cargos, se explicó que la culpa atribuida era
grave, al haberse omitido el deber de cuidado al resolver una acción de tutela fuera
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del término legal, sin que existiera prueba que justificara dicha conducta
o exonerara al disciplinable de responsabilidad.
En este sentido, descartó la alegación de que la culpa atribuida quedaba sin análisis
suficiente, pues se acreditó que su investidura exigía la observancia del deber de
cuidado que cualquier juez, en su misma posición, habría cumplido.
Asimismo, advirtió que no resultaba admisible la alegación del disciplinado sobre la
existencia de un error invencible que excluyera su responsabilidad, pues estaba
demostrado que su conducta derivó de una omisión en el deber de cuidado, pues el
disciplinable, al conocer que las acciones de tutela deben resolverse en un plazo
máximo de 10 días, incumplió esta exigencia sin que pudiera argumentarse una
responsabilidad objetiva, ya que su actuar fue evaluado bajo los parámetros de
culpabilidad propios del régimen disciplinario.
Finalmente, desestimó la alegación sobre una «paradoja moral» o un supuesto error
de prohibición, pues las irregularidades en el trámite constitucional, como la demora
en la admisión y la solicitud de datos innecesarios, evidenciaron una inobservancia de
las normas que reglamentan este tipo de procesos.
Esa decisión fue notificada al accionante el 22 de marzo de 2024.
De la nulidad alegada por el accionante frente a las sentencias que impusieron
sanción disciplinaria
El 1 y 5 de abril de 2024, el señor Ariza Villa presentó dos escritos, en nombre propio
y mediante su apoderado, en los que solicitó nulidad de la sentencia disciplinaria, con
fundamento en que la sentencia proferida por la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial no fue suscrita por los magistrados que la profirieron. De ahí que, se incumplió
con la obligación prevista en el Código General del Proceso y, por ello, la providencia
carecía de validez.
Manifestaron que la sentencia de 28 de febrero de 2024 no había sido notificada, lo
que impedía su ejecutoria y generaba la prescripción de la acción disciplinaria. Al
respecto, precisaron que, de acuerdo con los artículos 100 y 101 de la Ley 734 de
2002 y los artículos 120 y 121 del Código General Disciplinario, la sentencia debía
notificarse por edicto, salvo que el destinatario hubiera autorizado expresamente la
notificación electrónica, con prueba de recepción efectiva. Como en este caso no se
notificó por edicto, consideraron que no se había perfeccionado la notificación y que,
al haber transcurrido cinco años desde el 28 de febrero de 2019, la acción disciplinaria
había prescrito el 27 de febrero de 2024.
Asimismo, reiteró los argumentos expuestos en el proceso disciplinario, entre los que
destacó que no se especificó la modalidad de la culpa (consciente o inconsciente), lo
que impidió un estudio adecuado del deber subjetivo de cuidado.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en providencia del 3 de mayo de 2024
negó la solicitud de nulidad, para lo cual sostuvo que la falta de firmas no afectaba la
validez de la sentencia, pues esta había sido discutida y aprobada en la sesión de
Sala Nro. 013 del 28 de febrero de 2024, lo que fue certificado por la Secretaría.
Además, indicó que la notificación de la sentencia sin todas las firmas no generaba
nulidad, porque los peticionarios podían haber solicitado una copia con todas las
firmas a la Secretaría de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
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Demandante: Alberto Enrique Ariza Villa
En cuanto a la prescripción de la acción disciplinaria, anotó que la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial sí tenía competencia para emitir el fallo, porque la sentencia de
primera instancia, proferida el 27 de marzo de 2023, interrumpió el término de
prescripción conforme con el artículo 33 de la Ley 1952 de 2019, modificado por la
Ley 2094 de 2021. Asimismo, aclaró que la notificación se realizó conforme a la Ley
2213 de 2022, que estableció la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de
2020, permitiendo la notificación personal por correo electrónico. De ahí que, la
notificación se surtió el 22 de marzo de 2024 con prueba de recibo, por lo que no era
necesario el edicto.
Finalmente, aclaró que, en la segunda instancia, bajo el principio de limitación, la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial solo revisa la actuación de la primera
instancia con base en los argumentos de apelación. En el caso, el proceso disciplinario
contra el señor Ariza Villa se adelantó bajo la Ley 734 de 2002, y los cambios de la
norma posteriores sobre la definición de culpa no fueron considerados por la primera
instancia no podían ser aplicados en dicha fase, toda vez que, de hacerlo, se estaría
incurriendo en una extralimitación y en una vulneración del debido proceso al mezclar
normas de diferentes legislaciones de manera arbitraria «lex tertia».
En consecuencia, ordenó que la secretaría de esa corporación remitiera copia integra
del 28 de febrero de 2024, en la que constaba que fue suscrita por todos los
magistrados. Esa decisión fue notificada el 21 de mayo de 2024.
De la petición de 15 de abril de 2024 y de la acción de tutela 2024-02581-00
El accionante radicó petición ante la Secretaría Judicial de la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial el 15 de abril de 2024, en la que pidió aclaraciones relacionadas
con las firmas de los magistrados que participaron en la sentencia de 28 de febrero
de 2024. Ante la falta de respuesta, el 11 de octubre de 2024, presentó acción de
tutela en la que solicitó la protección del derecho fundamental de petición, debido
proceso y de acceso a la administración de justicia.
Avocó conocimiento de esa acción de tutela el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, correspondió el radicado 2024-02581-00 y el 5 de julio de 2024,
declaró hecho superado, porque se demostró que el 31 de mayo de 2024, la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial envió la respuesta al accionante.
Esa decisión fue impugnada por el accionante, con fundamento en que lo resuelto en
la contestación no tenía soporte jurídico y el 22 de agosto de 2024, la Sección Quinta
del Consejo de Estado confirmó la decisión de primera instancia.
3. Argumentos de la acción de tutela
El señor Alberto Enrique Ariza Villa cuestiona, de un lado, las providencias que
resolvieron el proceso disciplinario adelantado en su contra por mora en proferir
sentencia de tutela, en condición de Juez Civil del Circuito de Chiriguaná y que
impusieron sanción consistente en suspensión en el ejercicio del cargo por el término
de un mes, por incurrir en falta grave cometida a título de culpa y, del otro, las
providencias que negaron el incidente de nulidad y la petición del 15 de abril de 2024,
ambas dirigidas a que se corrigiera la presunta omisión de las firmas de los integrantes
de la Sala de Decisión que profirió la sentencia disciplinaria sancionatoria.
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Demandante: Alberto Enrique Ariza Villa
En relación con la sentencias del proceso disciplinario, alegó que la
sanción disciplinaria impuesta fue fundamentada en aplicación de responsabilidad
objetiva, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 734 de 2002, que
prohíbe este tipo de imputación en el derecho disciplinario. Además, resaltó que, en
la decisión sancionatoria, no se realizó un análisis riguroso del elemento subjetivo de
la conducta, omitió la determinación de la culpabilidad individual del disciplinado.
Asimismo, sostuvo que la infracción al deber objetivo de cuidado fue asimilada
erróneamente a la culpa, sin precisar en qué consistió la infracción al deber subjetivo
de cuidado, lo cual, adujo, desconoció la norma aplicable.
Manifestó que, en la providencia cuestionada, no se valoraron las circunstancias del
caso ni se aplicó el análisis requerido para establecer la culpabilidad individual
conforme con los principios de dignidad humana y debido proceso, consideró que, la
presunción de inocencia fue desconocida, en tanto, se impuso sanción sin demostrar
la existencia de dolo o culpa en el comportamiento atribuido. De igual forma, señaló
que la omisión de un examen detallado sobre la capacidad de previsibilidad del
disciplinado y su posibilidad real de evitar el resultado habría derivado en una decisión
arbitraria y contraria a los postulados constitucionales.
Sostuvo que la providencia cuestionada carece de una motivación suficiente para
justificar la sanción impuesta, toda vez que, en el fallo de primera instancia, la
imputación subjetiva habría sido derivada exclusivamente de la presunta infracción al
deber objetivo de cuidado, sin precisar los elementos psicológicos y volitivos que
estructuran la culpabilidad en materia disciplinaria. Y, a pesar de que en la
impugnación se solicitó la aplicación del principio de integración normativa con el
derecho penal, en la decisión de segunda instancia guardó silencio respecto a dichos
planteamientos. Asimismo, echó de menos el análisis a si el reproche de culpabilidad
se basa en culpa consciente o inconsciente.
Expuso que no se aplicaron las normas más favorables vigentes al momento de los
hechos, porque la Ley 2094 de 2021 introdujo modificaciones en materia de
culpabilidad en el derecho disciplinario, específicamente, el artículo 29 de esa ley, que
establece que la infracción al deber objetivo de cuidado no es suficiente por sí sola
para estructurar la culpa disciplinaria, sino que, debe demostrarse el elemento
subjetivo de reproche, que, a pesar de que esta norma estaba vigente para el
momento en que se profirió la sentencia de segunda instancia, su aplicación habría
sido indebidamente omitida, lo cual afectó el principio de favorabilidad y el debido
proceso del disciplinado.
Resaltó que la providencia de segunda instancia fue notificada de manera
extemporánea y en desconocimiento de las normas que regulan el procedimiento
disciplinario. Además, que esa circunstancia incidió en el vencimiento del término de
prescripción de la acción disciplinaria, que operó antes de la notificación efectiva de
la decisión sancionatoria, lo que impide su ejecución, por lo que debió prosperar la
solicitud de nulidad, de conformidad con los «artículos 21 de la Ley 734 de 2002, 22
de la Ley 1952 de 2019 y 1 del Código General del Proceso». Además, se señaló que
la falta de notificación impidió al sancionado ejercer los recursos que la ley otorga, lo
que afectó su derecho de defensa y contradicción.
Frente a los trámites y solicitudes posteriores a las sentencias disciplinarias
sostuvo que, en el curso del proceso, su defensa interpuso incidente de nulidad con
fundamento en la existencia de vicios sustanciales y procedimentales en la decisión
sancionatoria, sin embargo, dicha solicitud fue negada mediante un auto de
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sustanciación y no por auto interlocutorio, lo cual afirma contraviene las
normas procesales aplicables. Por ello, consideró que la decisión de no tramitar en
debida forma el incidente de nulidad, impidió que se analizara de fondo la afectación
del debido proceso y la vulneración de los derechos fundamentales del sancionado.
Resaltó que la sentencia de segunda instancia no cobró ejecutoria porque solo fue
suscrita por uno de los magistrados, sin cumplir con los requisitos de «fondo y forma
para la producción de un fallo judicial en contra de las sentencias C-641 de 2002,
ratificada, para la materia disciplinaria, y C-1076 de 2002. Y T-282A de 2012 de la
Corte Constitucional.»
Anotó que, en el trámite del proceso disciplinario, se privilegiaron formalismos
procesales excesivos en detrimento del derecho sustancial, con lo cual se configuró
un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto. En particular, resaltó que
el acceso efectivo a la administración de justicia fue restringido al negarse la nulidad
solicitada sin motivación suficiente, con lo que se cerró la posibilidad de que la
autoridad judicial revisara de manera integral la legalidad de la sanción impuesta,
máxime, si se tiene en cuenta que la autoridad judicial accionada desconoció el
principio de integración en materia de remisión a las normas de notificación de
providencias.
Advirtió que la sentencia de segunda instancia fue considerada ejecutoriada sin que
se hubiera surtido la notificación debida, lo que afectó el ejercicio del derecho de
contradicción y defensa del sancionado. Expuso que la notificación de las decisiones
judiciales es un requisito esencial del debido proceso y que su omisión impide que la
providencia sancionatoria produzca efectos jurídicos válidos.
4. Trámite previo
El 17 de octubre de 2024, el despacho sustanciador de primera instancia admitió la
acción de tutela, ordenó notificar al demandante y a la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Cesar. Adicionalmente, al
señor Eduardo Emilio Esquivel López, como tercero interesado.
5. Oposiciones
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial solicitó que se declare improcedente
la presente acción de tutela, porque no cumple con los requisitos generales de
procedencia de acción de tutela contra providencia judicial. De forma subsidiaria,
solicitó que se nieguen las pretensiones de amparo, pues no incurrió en los requisitos
específicos de acción de tutela contra providencia judicial.
Afirmó que el accionante pretende utilizar la acción de tutela como una instancia
adicional para discutir nuevamente los argumentos que fueron resueltos en el proceso
disciplinario.
Explicó que la sanción disciplinaria impuesta al accionante fue debidamente
fundamentada y se produjo en observancia de las normas aplicables, concretamente,
del artículo 196 de la Ley 734 de 2002, en concordancia con el numeral 15 del artículo
153 de la Ley 270 de 1996, normas mediante las cuales se calificó la falta disciplinaria
como grave y se impuso una suspensión de un mes en el ejercicio del cargo, en virtud
de la existencia de culpa grave. Asimismo, anotó que la sanción disciplinaria impuesta
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no fue fundamentada en un esquema de responsabilidad objetiva, sino
que se realizó un análisis conforme con las disposiciones del Código Disciplinario
Único.
Además, advirtió que no era viable realizar un análisis de la culpabilidad bajo los
criterios del Código Penal, toda vez que la Ley 734 de 2002 contiene una definición
suficiente de la culpa en materia disciplinaria en el artículo 44 de la Ley 734 de 2002.
Expresó que no incurrió en desconocimiento del precedente judicial, pues, si bien el
accionante citó las sentencias proferidas en los procesos con radicados Nros.
760011102000201202325 01 y 800111020002016 00264 01, en los que se abordó el
estudio de la culpa consciente e inconsciente, ello no implica que el presente caso
deba ser resuelto en el mismo sentido, pues las circunstancias son diferentes,
máxime, si se tenía en cuenta que la Ley 734 de 2002 no prevé esas categorías.
Consideró que no incurrió en un exceso ritual manifiesto, porque la negativa de la
solicitud de nulidad se ajustó a las reglas procesales vigentes y, aunque el accionante
pretendía que su solicitud de nulidad fuera admitida con base en el Código General
del Proceso, las normas disciplinarias no contemplan esa posibilidad, por lo que no
existía una obligación de integrar dicho código. De modo que, la solicitud de nulidad
fue resuelta en debida forma mediante auto del 3 de mayo de 2024.
En cuanto a las presuntas irregularidades en la notificación de la sanción y la
prescripción de la acción disciplinaria, explicó que la notificación fue realizada
conforme con la ley y que el término de prescripción de la acción disciplinaria fue
interrumpido con la decisión de primera instancia, proferida el 27 de marzo de 2023,
de acuerdo con el artículo 33 de la Ley 2094 de 2021.
La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Cesar guardó silencio.
6. Intervención de los terceros con interés
El señor Eduardo Emilio Esquivel López no se pronunció.
7. Sentencia de primera instancia
El 14 de noviembre de 2024, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
profirió sentencia de primera instancia.
Sostuvo que los argumentos atinentes a la notificación irregular de la sentencia y la
prescripción de la acción disciplinaria no cumplía con los requisitos mínimos de
procedencia, porque «en el escrito de tutela no se precisó el sustento de esa
afirmación ni las razones que lo llevaron a esa conclusión» o el defecto en que incurrió
la autoridad judicial demandada. De modo que, no cumplió con el requisito de
relevancia constitucional, máxime si se tenía en cuenta que se trataba de un asunto
meramente legal y lo pretendido era utilizar este mecanismo como una instancia
adicional.
Frente a los demás los argumentos, afirmó que superaban los requisitos generales de
procedibilidad, al estar dirigidos a cuestionar irregularidades procesales con posible
impacto en los derechos fundamentales del disciplinado.
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En cuanto al desconocimiento del precedente judicial, encontró que la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial sí realizó un estudio sobre la culpabilidad del
disciplinado, con fundamento en el cual concluyó que la falta se configuró a título de
culpa grave, lo que implicaba que no se aplicó un análisis de responsabilidad objetiva.
Resaltó que, en la sentencia cuestionada, se señaló que el accionante tenía el deber
funcional de conocer y aplicar los términos perentorios establecidos en la norma que
reglamenta la acción de tutela, y que la omisión en la expedición oportuna de la
sentencia no podía justificarse bajo ninguna causal exonerativa de responsabilidad
disciplinaria.
Respecto a la nulidad procesal, advirtió que la solicitud formulada por el disciplinado
fue resuelta mediante auto del 3 de mayo de 2024, en el cual se rechazó la petición
con fundamento en la aplicación del Código Disciplinario Único. De igual forma, la
autoridad judicial demandada explicó que no era aplicable lo previsto en el Código
General del Proceso, porque que la norma especial en materia disciplinaria no prevé
la posibilidad de interponer nulidades después de la sentencia de segunda instancia.
En consecuencia, concluyó que no se configuró un defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto, pues se garantizó el derecho de defensa y contradicción del
disciplinado durante todo el proceso. Asimismo, manifestó que la sanción disciplinaria
fue impuesta con observancia de los principios de debido proceso, y que no se
acreditó la existencia de una vulneración grave de derechos fundamentales que
justificara la concesión del amparo constitucional.
8. Impugnación
La accionante impugnó la decisión de primera instancia con fundamento en los
siguientes argumentos:
• Prescripción de la acción disciplinaria: Sostuvo que, en el presente
caso, por aplicación del principio de favorabilidad previsto en la
Constitución Política, se debe aplicar el término de prescripción de la
acción disciplinaria de 5 años contados a partir del momento en que
ocurrió la falta disciplinaria, de conformidad con el artículo 30 de la Ley
734 de 2002.
De modo que, si los hechos que dieron origen a la sanción disciplinaria
ocurrieron el 28 de febrero de 2019, la acción se inició mediante auto de
apertura del 26 de marzo de 2019 y la sentencia de segunda instancia se
ejecutorió el 2 de abril de 2024, se evidenciaba que el término de
prescripción fue superado antes de la ejecutoria de la decisión
sancionatoria. En consecuencia, era procedente la declaratoria de
prescripción de la acción y, por ello, la revocatoria de la sanción impuesta.
Asimismo, advirtió que no era procedente la interrupción de la prescripción
en los términos de la Ley 1952 de 2019 y la Ley 2094 de 2021, porque
esas disposiciones no pueden aplicarse retroactivamente en perjuicio del
disciplinado, lo que conllevaría a desconocer el principio de favorabilidad
constitucional.
Para sustentar esa afirmación, citado la sentencia T-625 de 1997, en la
que se enfatizó que el desconocimiento del principio de favorabilidad en
procesos disciplinarios constituye una violación del debido proceso y una
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vía de hecho y la sentencia SU-126 de 2022, que determinó que
la prescripción debe analizarse bajo la norma más beneficiosa para el
disciplinado, incluso si la disposición favorable ha sido promulgada con
posterioridad a los hechos.
Finalmente, indicó que, de conformidad con lo previsto en la Ley
Estatutaria de Administración de Justicia la ejecutoria de la sentencia
comenzaría a contarse a partir de la fecha de notificación.
• Irregularidades en la notificación de la sentencia de segunda
instancia: insistió que la sentencia de segunda instancia fue notificada de
manera irregular, en la medida en que no contó con la firma de todos los
magistrados que participaron en la decisión. De modo que, dicha
irregularidad afectó la validez de la decisión, porque la notificación de una
providencia sin las formalidades exigidas por la ley no puede surtir efectos
jurídicos.
Al respecto, resaltó que el artículo 279 del Código General del Proceso
establece que las providencias no tienen valor ni efecto jurídico hasta que
hayan sido suscrita por el juez o magistrados respectivos. Así mismo, que
el artículo 288 ibidem establece las irregularidades en la firma de
providencias, en el sentido de señalar que la falta de firmas se entiende
saneada cuando sea suscrita por la mayoría de los integrantes de la sala
respectiva.
Aunado a lo anterior, resaltó que la falta de firma de todos los magistrados
introduce una incertidumbre sobre la autenticidad de la decisión, lo que
afecta el principio de publicidad y la seguridad jurídica del disciplinado,
máxime, si se tiene en cuenta que una decisión judicial solo adquiere
firmeza cuando ha sido debidamente suscrita y notificada conforme a las
disposiciones procesales vigentes.
Asimismo, consideró que existió una conducta desleal de secretario de la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial al notificar la sentencia sin firmas
y, por ello, carente de efectos jurídicos. Además, que su actuación omitió
la existencia de un salvamento de voto.
De igual forma, anotó que para el momento en que se profirió la decisión
se encontraba vigente la legislación anterior de la Ley Estatutaria de
Administración de Justicia, por lo que no contaba con la «potestad para
reglamentar la firma de sus decisiones ni para contradecir las normas procesales
so pena de contrariar el ordenamiento jurídico y la jerarquía de las normas .»
Además, anotó que si bien la decisión cuestionada pudo ser adoptada con
el voto de la mayoría de los integrantes de la sala, ello no exime la
obligación de que las firmas de los integrantes sean plasmadas en el acto
formalizado, pues «el quórum es un requisito para la validez de la deliberación,
pero las firmas son un requisito esencial para la materialización y autenticidad
del acto jurídico.».
Concluyó que al no ser válidamente notificada la sentencia, no puede
considerarse interrumpido el término de prescripción.
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• Definición insuficiente de la culpa en el régimen
disciplinario: Manifestó que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
aplicó responsabilidad objetiva, al sancionar al disciplinado sin realizar un
análisis adecuado de su culpabilidad. Mencionó que el artículo 44 de la
Ley 734 de 2002 establece que la culpabilidad en el ámbito disciplinario
se atribuye a título de dolo o culpa grave pero no desarrolla las
subcategorías de culpa (consciente o inconsciente). De ahí que, debió
realizarse una remisión al Código Penal para adelantar el estudio de las
referidas subcategorías. Además, señaló que no se explicó cómo se
diferenció la culpa grave de una culpa leve o inexcusable. Por lo anterior,
concluyó que se configuró una falta de motivación en la determinación de
la culpabilidad.
Expresó que, de acuerdo con el principio de legalidad, la culpabilidad en
el régimen disciplinario debe analizarse de manera individualizada, para
evitar que una sanción se imponga sin la debida fundamentación en la
conducta del disciplinado. No obstante, la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial omitió realizar un análisis diferenciado de la culpa, lo que ha
conducido a una imputación desproporcionada y contraria a los principios
del derecho sancionador.
En respaldo de esta postura, citó jurisprudencia de la Corte Constitucional
y del Consejo de Estado, en la que se ha determinado que no puede
imponerse una sanción disciplinaria sin un análisis detallado de la
intencionalidad del disciplinado. Asimismo, dijo que el derecho
disciplinario, como manifestación del derecho sancionador, no admite la
aplicación de responsabilidad objetiva, por lo que cualquier imputación
debe estar respaldada por un estudio riguroso de la conducta reprochada.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
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providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional1,
para lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el
amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales2 y específicas3 de
procedencia de la acción de tutela.
Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración
de justicia en el trámite del proceso disciplinario que se cuestiona por esta vía.
En el presente caso, la parte actora controvierte dos trámites dentro del proceso
disciplinario, así:
(i) La sentencia de segunda instancia del 28 de febrero de 2024, mediante la
cual se confirmó la sanción disciplinaria impuesta al accionante4.
(ii) El auto del 3 de mayo de 2024, mediante el cual se resolvió la solicitud de
nulidad formulada por el disciplinado, con posterioridad a las decisiones de
instancia5.
En el anterior contexto, la Sala, empezará por analizar tanto los requisitos generales
como específicos de procedencia de la acción de tutela en relación con la providencia
del 3 de mayo de 2024, pues de la eventual prosperidad de los cargos formulados
contra el incidente de nulidad dependerá la necesidad o no de emitir pronunciamiento
en relación con la sentencia del 28 de febrero de 2024. Por lo tanto, solo en caso de
que no se encuentre acreditada la configuración de algún defecto frente a la
1 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del
pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en
esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando
se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando
al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se destaca)
2
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad
procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la
parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela. 3
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de
los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental
y, (viii) violación directa de la Constitución. 4
Por su parte, respecto de la sentencia de segunda instancia del 28 de febrero de 2024, advirtió que, en la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial aplicó un esquema de responsabilidad objetiva, al sancionar al accionante sin realizar un análisis completo
y adecuado de la culpabilidad. Sobre este punto, sostuvo que, si bien el artículo 44 de la Ley 734 de 2002 establece que la
culpabilidad en el ámbito disciplinario se atribuye a título de dolo o culpa grave, en la providencia sancionatoria no se desarrollaron
las subcategorías de culpa (consciente o inconsciente). Además, que para garantizar un análisis riguroso y garantizar una
determinación adecuada de la culpabilidad, debió efectuarse una remisión al Código Penal, lo que no ocurrió en el presente caso. Asimismo, que no se explicó de forma suficiente por qué la falta fue endilgada bajo la modalidad de culpa grave, ni se justificó
en qué términos se diferenciaba de una falta leve o gravísima. 5
En relación con la providencia del 3 de mayo de 2024, el accionante sostuvo que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
incurrió en: (i) defecto procedimental y violación directa de la Constitución, al desconocer el principio de favorabilidad y aplicar
de manera errónea las normas sobre prescripción de la acción disciplinaria. De modo que, la sanción fue impuesta a pesar de
haberse superado el término de prescripción. Asimismo, cuestionó que en esta providencia se haya aplicado de manera
retroactiva la Ley 1952 de 2019 y la Ley 2094 de 2021, con el fin de justificar una interrupción del término prescriptivo en perjuicio
del disciplinado; (ii) se desconoció que la sentencia sancionatoria, proferida el 28 de febrero de 2024, fue notificada de manera
irregular, porque no contó con la firma de todos los magistrados que participaron en la decisión.
De ahí que, al resolver la solicitud
de nulidad en el auto del 3 de mayo de 2024, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial desconoció que esa irregularidad
afectaba la validez del fallo sancionatorio, pues, conforme a las disposiciones procesales vigentes, una providencia judicial solo
adquiere firmeza cuando ha sido debidamente suscrita y notificada. 15
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providencia que resolvió el incidente de nulidad, descenderá con el
estudio de procedencia de la acción de tutela respecto del fallo disciplinario de
segunda instancia.
Así las cosas, (i) en primer lugar, la Sala analizará si la presente acción de tutela
cumple con los requisitos generales de procedencia contra providencias judiciales
para cuestionar el auto del 3 de mayo de 2024. En caso afirmativo, determinará si la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial incurrió en defecto procedimental alegado.
(ii) En caso de que el defecto procedimental no se encuentre acreditado, la Sala
pasará a determinar si la presente acción de tutela cumple con los requisitos generales
de procedencia contra providencias judiciales para cuestionar la sentencia del 28 de
febrero de 2024, en caso de que los supere, entrará a determinar si la autoridad
demandada incurrió en los defectos invocados por no efectuar un análisis adecuado
de la culpabilidad del disciplinado en la decisión sancionatoria.
Del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela para cuestionar la providencia del 3 de mayo de 2024
(i) Requisito general de relevancia constitucional
La Sala anota que la acción de tutela cumple con el referido requisito general porque
la parte actora invoca la protección de los derechos fundamentales al debido proceso
y al acceso a la administración de justicia, se sustentan con suficiencia las razones
por las que la decisión judicial cuestionada afecta dichos derechos, no se trata de un
asunto de mera legalidad o económico y los cuestionamientos tienen que ver con la
ratio decidendi. Tampoco se emplea el mecanismo como una instancia adicional, en
el entendido que, contra el auto de 3 de mayo de 2024 no proceden recursos.
Además, en caso de que se configure alguno de los requisitos especiales de tutela
contra providencia judicial, se estaría afectando el derecho al debido proceso de la
parte actora, en la medida que se estaría desconocimiento las normas que
reglamentan las formalidades y notificaciones de las sentencias.
Se cumple con el (ii) Requisito general de subsidiariedad, porque la parte actora no
cuenta algún otro medio de defensa idóneo para la defensa de los derechos que
invoca vulnerados. En igual sentido, el (iii) Requisito general de inmediatez se
satisface, pues, el ejercicio de la presente acción de tutela resulta oportuno, toda vez
que la providencia de 3 de mayo de 2024 fue notificada el 21 de mayo de 2024, y el
ejercicio de acción de tutela tuvo lugar el 16 de octubre de 2024.
En lo demás, la Sala encuentra que se encuentran satisfechos los demás requisitos
generales de procedencia, si se tiene en cuenta que la accionante alega una (iv)
irregularidad que genera un efecto determinante y afecta los derechos fundamentales
de la parte actora; (v) la parte actora identificó de manera razonable los hechos que
generaron la vulneración y, (vi) no se está cuestionando sentencias de tutela.
Por lo que la Sala pasa a analizar si los defectos alegados contra la providencia de 3
de mayo de 2024 se encuentran o no configurados.
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Del defecto procedimental6 en el caso concreto
El accionante sostiene que la providencia de 3 de mayo de 2024, que resolvió la
solicitud de nulidad presentada por el actor contra la decisión de segunda instancia
del 28 de febrero de 2024 adolece de defecto procedimental, por cuanto, a pesar de
que puso de presente las irregularidades de la sentencia disciplinaria, no fueron
resueltas en debida forma.
Lo anterior, porque la autoridad judicial demandada al resolver el incidente de nulidad
se limitó a indicar que: (i) la falta de firmas no afectaba la validez de la sentencia, pues
esta había sido discutida y aprobada en la sesión de Sala Nro. 013 del 28 de febrero
de 2024, lo que fue certificado por la Secretaría; (ii) la notificación de la sentencia sin
todas las firmas no generaba nulidad, porque los peticionarios podían haber solicitado
una copia con todas las firmas a la Secretaría de la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial; (iii) no se había configurado la prescripción de la acción disciplinaria, porque
la Comisión Nacional de Disciplina Judicial sí tenía competencia para emitir el fallo,
porque la sentencia de primera instancia, proferida el 27 de marzo de 2023 y, (iv) la
notificación de la providencia se realizó conforme con la Ley 2213 de 2022, que
estableció la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020, permitiendo
la notificación personal por correo electrónico.
Al efecto, el actor insistió en que la sentencia disciplinaria no fue suscrita por la
totalidad de los magistrados que intervinieron en su adopción, en contravía de lo
dispuesto en los artículos 278 y 288 del Código General del Proceso (CGP), a su
juicio, al no contar con todas las firmas, la sentencia carece de validez y no podría
surtir efectos jurídicos, generándose así la nulidad de la sanción disciplinaria
impuesta; sumado a lo anterior, alega la indebida notificación de la providencia, ambos
argumentos dirigidos a señalar que en su caso se configuró la prescripción de la
acción disciplinaria, a partir de lo cual, aduce la vulneración de sus derechos y
garantías fundamentales con una decisión que califica como un defecto
procedimental.
Sobre este punto, conviene decir que, el artículo 143 de la Ley 734 de 2022 (vigente
en el momento de los hechos y en que inició el proceso disciplinario), norma
reproducida en el artículo 202 de la Ley 1952 de 2019, estableció:
«Artículo 143. Causales de nulidad. Son causales de nulidad las siguientes:
1. La falta de competencia del funcionario para proferir el fallo.
2. La violación del derecho de defensa del investigado.
3. La existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso.
(…)».
A efecto de determinar si en el presente caso se configura el defecto procedimental
alegado, la Sala se permite relacionar las actuaciones que se encuentran
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Se precisa que, ocurre el defecto procedimental cuando el juez actúa completamente al margen del procedimiento establecido.
La jurisprudencia constitucional, ha reconocido dos modalidades de defecto procedimental, uno absoluto, que se produce cuando
el funcionario judicial se aparta por completo del procedimiento legalmente establecidos para el trámite de un asunto concreto,
bien sea porque: i) sigue un trámite totalmente ajeno al pertinente y en esa medida equivoca la orientación del asunto, u ii) omite
etapas sustanciales del procedimiento establecido, afectando el derecho de defensa y contradicción de una de las partes del
proceso. Y un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, que tiene lugar cuando el funcionario arguye razones formales
a manera de un impedimento, que sobrevienen en una denegación de justicia .
No obstante, en definitiva, el desconocimiento del procedimiento debe tener unos rasgos adicionales para configurar el defecto
bajo estudio: a) debe ser un error trascendente que afecte de manera grave el derecho al debido proceso y que tenga una
influencia directa en la decisión de fondo adoptada y, b) debe ser una deficiencia no atribuible al afectado.
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debidamente acreditadas y probadas con la revisión de la totalidad del
expediente disciplinario que se allegó al presente trámite:
• La sentencia de 28 de febrero de 2024, proferida por la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial, que se encuentra en el expediente digital aportado por la
accionada, únicamente fue firmada por el magistrado ponente, así:
• El 15 de abril de 2024, el accionante presentó petición ante el Secretario
de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en la que solicitó lo
siguiente:
«1. Se ha observado que la providencia que confirma decisión publicada
en el asunto de la referencia de fecha 28 de febrero de 2024 únicamente
contiene una firma escaneada del ponente, sin indicar ni poder determinar
la fecha en que fue colocada ni su trazabilidad. Por favor, certifique que
las firmas de los demás magistrados que debían firmarla no están ni fueron
incluidas en la sentencia publicada y fue publicada en tal condición.
2. Certificación de que la sentencia o providencia publicada no contiene
ninguna firma digital ni electrónica de los magistrados correspondientes.
3. Confirmación de si se anunció algún salvamento de voto por parte de
los magistrados.
4. Explicación de por qué se publica la decisión con la sola firma
escaneada del ponente sin incluir las de los magistrados que debían
ratificar con su firma la sentencia.
5. Certificación de si se utiliza la firma electrónica para firmar las
sentencias y, en caso afirmativo, explicación sobre por qué la providencia
en cuestión aparece publicada sin firma de los magistrados
correspondientes utilizando este método.
6. Solicitamos también que certifique que la providencia mencionada se
publicó sin las firmas de los magistrados correspondientes.
7. Certificación de que la providencia mencionada se publicó en
condiciones que no garantizan la existencia integridad, autenticidad y
fecha de las firmas de los magistrados que debían firmarla, conforme a los
protocolos establecidos.
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8. Certificación de que la sentencia confirmatoria publicada mencionada
solo contiene una firma escaneada del ponente, sin determinación de la
fecha en que fue colocada ni de su trazabilidad.»
• El 30 de mayo de 2024, la Secretaría Judicial de la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial respondió la petición, en el sentido de señalar que la
Sala Plena de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en sesión del
11 de agosto de 2021, decidió que se autorizaba que el trámite de
notificación se surtiera únicamente con la firma del ponente, porque « la
providencia ya fue discutida y aproada en Sala y de ello se da fe con el
levantamiento del acta, la cual es firmada por el Presidente y la Secretaría
Judicial».
Asimismo, señaló que «(…) en el texto del oficio a través del cual se notificó la
providencia de fecha 28 de febrero de 2024, se consignó que esta había sido
aprobada en la sala 13 (…)». De igual forma, informó que el magistrado Julio
Andrés Sampedro Arrubla anunció salvamento de voto.
• El 1 y el 5 de abril de 2024, el accionante, en nombre propio y mediante
su apoderado, presentó solicitud de nulidad de la sentencia de segunda
instancia, entre los argumentos expuestos, señaló que la sentencia de
segunda instancia carecía de validez. Al respecto, explicó que no cumplió
las formalidades previstas en el Código General del Proceso, pues no fue
suscrita por todos los magistrados que dictaron esa decisión ni existía
constancia secretarial de que las mismas fueron realizadas de forma
electrónica, de ahí que, en los términos del artículo 288 del Código
General del Proceso, la autoridad judicial debía proferir sentencia
nuevamente.
En el escrito radicado por parte del apoderado judicial, solicitó declarar la
prescripción de la acción disciplinaria, con fundamento en que «deberá
procederse a extinguir la acción disciplinaria por prescripción, de conformidad
con los artículos 29 numeral 2º de la Ley 734 de 2002, teniendo en cuenta que
no opera la caducidad, pues la misma fue derogada por la Ley 1952 de 2019 -
artículo 265- a partir del 28 de diciembre de 2023, por lo que resulta más
favorable la norma sobre prescripción actualmente vigente, obviamente sin
aplicar desfavorablemente la interrupción del término prescriptivo por
proferimiento de la sentencia de primera instancia». (sic)
Por su parte, en el escrito radicado por el disciplinado indicó que
coadyuvaba al escrito presentado por su apoderado judicial.
• El 3 de mayo de 2024, el ponente de la decisión profirió auto en el que,
respecto al incumplimiento de la formalidad de las firmas de todos los
magistrados, informó que:
«(…) debe precisar este Magistrado que dicho aspecto no hace parte del
contenido del fallo y que tampoco genera duda o influye en su validez,
pues la providencia fue discutida y aprobada en sesión de Sala No. 013,
llevada a cabo el 28 de febrero de 2024, situación certificada por la
Secretaría Judicial, con la constancia de ejecutoria remitida a los sujetos
procesales al momento de notificar el citado proveído.
Por lo antes anotado se considera que, la misma fue aprobada por la
mayoría de la Sala No. 013 del 28 de febrero de 2024. Así las cosas, el
notificarle el contenido de la sentencia sin la totalidad de las firmas de los
Magistrados, no genera per se la nulidad de la Sentencia, pues se indicó
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que esta fue aprobada y en caso tal, podían realizar un requerimiento de
información, que bien pudo resolverse con una petición a la Secretaría de
la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, para que les fuera remitida
una copia de la decisión con todas las firmas.»
Si bien resolvió que la petición de nulidad era improcedente, ordenó «2.-
Remitir al peticionario copia íntegra de la providencia del 28 de febrero de
2024, es decir, suscrita por todos los Magistrados que participaron en la
decisión.»
En este punto, conviene precisar que, el tanto el artículo 181 de la Ley 734 de 2022,
como el artículo 262 de la Ley 1952 de 2019, remiten en los aspectos no regulados al
procedimiento ordinario.
En ese sentido, de conformidad con, el artículo 279 del CGP dispone las formalidades
que deben guardar las providencias judiciales, entre las que se encuentra que la
providencia que deba firmarse por los jueces o magistrados que profirieron la decisión.
En cuyo inciso final prevé «En todas las jurisdicciones, ninguna providencia tendrá
valor ni efecto jurídico hasta tanto hayan sido pronunciadas y, en su caso, suscrita por
el juez o magistrados respectivos.». (se destaca)
Así mismo, el artículo 288 ibidem, que trata sobre las irregularidades en la firma de
providencias, agrega que:
«Artículo 288. Irregularidades en la firma de providencias. Cuando un juez colegiado
profiera una providencia que no haya sido suscrita por todos sus integrantes, mientras
conserve el expediente deberá subsanar la irregularidad de oficio o a petición de parte.
Una vez notificada la providencia, la irregularidad se entenderá saneada siempre que
haya sido firmada por la mayoría de los integrantes de la sala respectiva. De lo
contrario, se enviará el expediente o sus copias a la sala que la profirió, para que subsane
el defecto o la profiera nuevamente.»
(Se destaca)
Según las anteriores disposiciones, (i) ninguna providencia tiene efecto jurídico sino
ha sido suscrita por el juez o magistrados respectivos. Circunstancia que se encuentra
acreditada en el presente asunto y, (ii) cuando una providencia no ha sido firmada por
todos los magistrados que debían suscribirla y la providencia ha sido notificada, si fue
firmada al menos por la mayoría de los integrantes de la sala, la irregularidad se
entiende saneada, no obstante, si no se alcanza la mayoría, se deberá remitir el
expediente a la misma sala para que corrija el defecto o dicte una nueva providencia.
Circunstancia que también resulta enmarcarse en el caso concreto, pues, la
providencia únicamente fue firmada por el magistrado ponente y no fue suscrita por
los otros cinco integrantes de la sala de decisión.
De hecho, a pesar de que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial al resolver el
incidente de nulidad ordenó remitir la providencia con la totalidad de las firmas al actor,
visto el expediente digital del proceso disciplinario que se allegó al presente trámite
(en el que obran las actuaciones realizadas en primera y segunda instancia e inclusive
el trámite de la nulidad y la contestación a las peticiones realizadas por el actor), en la
actualidad la sentencia de segunda instancia de fecha 28 de febrero de 2024 no
cuenta con la firma de todos los magistrados que participaron en su adopción.
Dicho de otro modo, no consta en el expediente que la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial haya remitido copia de la providencia debidamente firmada, como
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lo ordenó en su propia decisión, del 3 de mayo de 2024, en la que indicó
que se debía suministrar al accionante una copia íntegra de la sentencia suscrita por
todos los magistrados que participaron en la decisión.
En este sentido, no obra prueba alguna que acredite que la sentencia de segunda
instancia de fecha 28 de febrero de 2024 haya sido debidamente suscrita por todos
los magistrados que participaron en su adopción.
Sin que la respuesta de la Comisión Nación de Disciplina Judicial, según la cual, «la
Sala Plena de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en sesión del 11 de agosto de 2021,
decidió que se autorizaba que el trámite de notificación se surtiera únicamente con la firma
del ponente, porque “la providencia ya fue discutida y aproada en Sala y de ello se da fe con
el levantamiento del acta, la cual es firmada por el Presidente y la Secretaría Judicial”», sea
suficiente para sustituir el requisito de la firma y considerar válida la providencia
judicial, pues, un acuerdo aun cuando sea de la Sala Plena de la Corporación, no
modifica normas de procedimiento, ni puede desconocer las normas procesales que
son de generales y de obligatorio cumplimiento para todos los operadores judiciales,
en este caso, las previsiones de los artículos 279 y 288 del Código General del
Proceso.
De modo que, la falta de firma de todos los magistrados, o de al menos la mayoría,
que conforman el órgano de decisión, la autoridad judicial demandada desconoció lo
previsto en los artículos 279 y 288 del Código General del Proceso, que, establecen
la obligatoriedad de la suscripción de las providencias judiciales por parte de los jueces
o magistrados que las profirieron.
En este sentido, la referida omisión debió ser advertida y corregida por la autoridad
judicial competente con ocasión al incidente de nulidad que interpuso el actor, lo cual
no ocurrió, pues como se dijo, a pesar de que en el auto que resolvió dicho incidente
dispuso remitir al interesado copia integra de la providencia con la firma de todos los
magistrados, no dio cumplimiento a su propia decisión, lo que permite concluir que la
decisión que negó la nulidad propuesta constituye un defecto procedimental, pues las
firmas de las providencias se trata de un requisito sustancial de la decisión judicial que
se encuentra establecido de forma clara en el artículo 288 del Código General del
Proceso, por consiguiente, al tratarse de una decisión que, a la fecha, «no tiene valor,
ni efecto jurídico», en la actualidad no irradia efectos frente al actor.
En ese sentido, en atención a que la irregularidad no fue subsanada, en los términos
del referido articulo 288 del Código General del Proceso, la mejor manera de amparar
el derecho fundamental al debido proceso del accionante es ordenar a la autoridad
judicial demandada «(…) [proferir] nuevamente» la decisión con el lleno de los requisitos
legales, de modo que, pueda ser considerada pronunciada y oponible a las partes.
En consecuencia, en el presente caso se impone dejar sin efecto el auto del 3 de mayo
de 2024, para en su lugar, ordenar a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que,
subsane la irregularidad que se encontró acreditada y resuelva sobre los demás
aspectos propuestos en el incidente de nulidad, de modo que, en los términos del
artículo 288 del Código General del Proceso, disponga proferir una nueva sentencia
en la que resuelva el recurso de apelación contra la decisión sancionatoria de primera
instancia.
Por lo anterior, la Sala revocará la sentencia de primera instancia, proferida por la
Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado; en su lugar, amparará el
derecho fundamental al debido proceso del señor Alberto Enrique Ariza Villa, en
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consecuencia, dejará sin efecto el auto del 3 de mayo de 2024, proferido
por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y ordenará a dicha entidad que, dentro
de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta providencia, resuelva
nuevamente el incidente de nulidad, en el que tenga en cuenta la parte motiva de la
presente providencia.
Finalmente, se precisa que, ante la prosperidad del defecto procedimental invocado,
la Sala se releva de pronunciarse en relación con los demás cargos invocados, pues,
no procede el estudio de procedencia ni de requisitos específicos frente a la sentencia
del 28 de febrero de 2024, en el entendido que, las decisiones que el juez del proceso
disciplinario adopte al resolver el incidente de nulidad generarán efectos directos
sobre esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Revocar la sentencia de primera instancia proferida por la Sección Segunda,
Subsección A del Consejo de Estado, en su lugar,
2. Amparar el derecho al debido proceso del señor Ariza Villa, respecto a las
pretensiones en contra de la providencia del 3 de mayo de 2024, en consecuencia,
3. Dejar sin efecto la providencia del 3 de mayo de 2024, proferida por la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial y.
4. Ordenar a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que, dentro de los diez (10)
días siguientes dicte decisión de reemplazo en la que tenga en cuenta la parte motiva
de la presente providencia.
5. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
6. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Aclara voto
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador
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