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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-05556-01

Fecha
13 de febrero de 2025
Consejero ponente
Wilson Ramos Giron

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-05556-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia impugnada, conforme a la parte motiva. 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. 4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-05556-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Giron

13 de febrero de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05556-01
Demandante: Flor Teresa Rubio Colmenares

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05556-01
Demandante: FLOR TERESA RUBIO COLMENARES
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A,
Y OTROS

Tema: Tutela contra providencias dictadas en acción de la misma
naturaleza y en proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
Improcedente

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la demandante contra la sentencia del 28
de noviembre de 2024, mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Quinta, dispuso:

PRIMERO: Declárase la cosa juzgada constitucional en cuanto a la controversia planteada contra el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C y el Juzgado Quince Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y,
en lo demás, declárase improcedente la acción de tutela presentada por la señora Flor Teresa Rubio
Colmenares.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 16 de noviembre de 20241, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de
apoderada, la señora Flor Teresa Rubio Colmenares pidió la protección de sus derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la seguridad social, al mínimo vital, a
la seguridad social, a la salud, a la vida y a la dignidad humana.

A juicio de la demandante, la vulneración de sus garantías superiores se presenta con
ocasión de las providencias (i) del 12 de octubre de 2000, con la que el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, decidió en segunda instancia el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho 25000-23-25-000-1997-43957-00/01; (ii) del 12
de septiembre de 2005, con el que la Sala Transitoria de Decisión 2D de esta
Corporación resolvió el recurso extraordinario de súplica 11001-03-15-000-2000-06685-
00; (iii) del 30 de noviembre de 2022, dictada en segunda instancia en el expediente
11001-33-35-015-2017-00281-00/01 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C; (iv) del 2 de junio de 2023, mediante la cual el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección A, declaró improcedente la tutela 11001-03-15-
000-2023-01952-00; y (v) del 28 de julio de 2023, con la que esta Colegiatura, Sección
Tercera, Subsección C, confirmó la del 2 de junio anterior.

1 Índice 1 de Samai, bajo el radicado 11001-03-15-000-2024-05556-00.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05556-01
Demandante: Flor Teresa Rubio Colmenares

2. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

• Que se acceda a amparar los derechos fundamentales de mi poderdante […] reconocimiento de la
condición más beneficiosa, conforme a la SENTENCIA del JUZGADO OCTAVO DEL CIRCUITO DE
FAMILIA DE BOGOTÁ, D.C., dentro del proceso de radicado 110013 110008 2023 00733 00 de fecha
15 de septiembre de 2024 […].

• En consecuencia, se acceda a las pretensiones incoadas en la JURISDICCION DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN LOS PROCESOS AQUÍ DESCRITOS, MAS EXACTAMENTE
EN LAS SEGUNDAS INSTANCIAS LLEVADAS A CABO EN EL PROCESO 97—43957, 1809/99 y
11001-03-15-000-2000-06685-01 y EN EL PROCESO 11001333501520170028100 CON RESPECTO
A LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO RESOLUCION ADP 016419 DEL 10/12/2015, de la
RESOLUCION 2208 del 27 de febrero de 1996 [y] de LA RESOLUCION 67 del 16 de ENERO de 1997,
ÉSTO FUNDAMENTADO EN LA SENTENCIA del JUZGADO OCTAVO DEL CIRCUITO DE FAMILIA
DE BOGOTÁ, D.C., dentro del proceso de radicado 110013 110008 2023 00733 00 de fecha 15 de
septiembre de 2024, donde se DECLARO LA UNIÓN MARITAL DE HECHO ENTRE MI PODERDANTE
Y EL SR. CARLOS JESUS RUSSI FAJARDO (Q.E.P.D.), ATENDIENDOLOS PRINCIPIOS DE
IMPRESCRIPTIBILIDAD Y RETROACTIVIDAD.

• Se proceda a realizar pronunciamientos al respecto de lo descrito en el acápite de hechos (numerales 1 y
2) del CONSEJO DE ESTADO – SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- SECCIÓN SEGUNDA
– SUBSECCION “A” Y EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCION SEGUNDA
– SUBSECCION “C”, como quiera de los fallos de instancias mencionados en la presente.

3. Hechos

Del expediente la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

3.1 Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 25000-23-25-000-1997-
43957-00/01

La demandante era compañera permanente del señor Carlos Jesús Russi Fajardo, quien
devengada pensión de invalidez y murió el 20 de abril de 1992, motivo por el cual ella
pidió la sustitución pensional, lo que le fue negado por la entonces Caja Nacional de
Previsión Social (Cajanal), a través de Resolución 2208 del 27 de febrero de 1996,
confirmada con Resolución 67 del 16 de enero de 1997.

La tutelante promovió acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la
desaparecida CAJANAL (a la que se le asignó el número de radicación 25000-23-25-
000-1997-43957-00/01), para que fuera declarada la nulidad de los actos administrativos
y se le reconociera la prestación negada en sede administrativa, pretensiones a las que
accedió el 16 de abril de 1999 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección C.

Inconforme la parte demanda en ese proceso apeló y el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, con sentencia del 12 de octubre de 2000 revocó la decisión de
primera instancia.

3.2 Recurso extraordinario de súplica 11001-03-15-000-2000-06685-00

Contra el fallo que decidió en segunda instancia la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho 25000-23-25-000-1997-43957-00/01, la actora interpuso
recurso extraordinario de súplica previsto en el artículo 2º de la Ley 954 de 2005

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05556-01
Demandante: Flor Teresa Rubio Colmenares

(radicado 11001-03-15-000-2000-06685-00) para que se dejara sin efectos y se ordenara
la sustitución pensional reclamada, trámite que desestimó el Consejo de Estado, Sala
Transitoria de Decisión 2D, con providencia del 12 de septiembre de 2005, al considerar
que la demandante no cumplió la carga argumentativa y probatoria que exigía el
ordenamiento jurídico para obtener la anulación de la providencia judicial cuestionada.

3.3 Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 11001-33-35-015-2017-
00281-00/01

El 20 de noviembre de 2015 la demandante presentó una nueva petición ante la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Seguridad Social (UGPP), con el fin de que se le sustituyera la pensión que en vida
devengaba Carlos Jesús Russi.

Mediante Resolución ADP16419 del 10 de diciembre de 2015, la UGPP denegó lo
solicitado con el argumento de que las normas vigentes a la fecha de la muerte de aquel
no contemplaban la posibilidad de sustituir la pensión a la compañera permanente.

La tutelante promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la
UGPP (a la que se le asignó el número de radicación 11001-33-35-015-2017-00281-
00/01), para que se declarara la nulidad de la Resolución ADP16419 del 10 de diciembre
de 2015 y se le reconociera la sustitución pensional.

Del asunto conoció el Juzgado 15 Administrativo de Bogotá que con sentencia del 11 de
mayo de 2020 accedió a lo pretendido, sin embargo, la parte demandada apeló y el 30
de noviembre de 2022, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C, la revocó para declarar la cosa juzgada, ya que sobre el particular ya se
había promovido el proceso 25000-23-25-000-1997-43957-00/01.

3.4 Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-01952-00/01

La señora Flor Teresa Rubio Colmenares presentó acción de tutela 11001-03-15-000-
2023-01952-00/01 contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, la Sala
Transitoria de Decisión 2D de esa Corporación y el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, con el fin de que se dejaran sin efectos
las providencias que decidieron los expedientes 25000-23-25-000-1997-43957-00/01,
11001-03-15-000-2000-06685-00 y 11001-33-35-015-2017-00281-00/01, toda vez que le
asistía el derecho a que se le sustituyera la pensión de invalidez que devengaba el señor
Carlos Jesús Russi Fajardo (q. e. p. d.).

Mediante sentencia del 2 de junio de 2023 el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, declaró improcedente la tutela (i) porque no cumplía la exigencia de
inmediatez respecto de las providencias del 12 de octubre de 20002 y del 12 de septiembre
de 20053, pues la acción se promovió un lapso considerable después de que se notificaron
esas decisiones, y (ii) por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional en cuanto
a la sentencia del 30 de noviembre de 2022, ya que tenía como finalidad reabrir la
controversia desatada en el proceso 11001-33-35-015-2017-00281-00/01.

La decisión fue impugnada por la demandante y confirmada el 28 de julio de 2023 por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, con fundamento en los mismos

2 Que decidió en segunda instancia el proceso 25000-23-25-000-1997-43957-00/01.
3 Que desató el recurso extraordinario de súplica 11001-03-15-000-2000-06685-00.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05556-01
Demandante: Flor Teresa Rubio Colmenares

argumentos expuestos por el a quo.

4. Fundamentos de la acción de tutela

La accionante cuestiona las providencias (i) del 12 de octubre de 2000, con la que el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, decidió en segunda instancia el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 25000-23-25-000-1997-43957-00/01;
(ii) del 12 de septiembre de 2005, con la que la Sala Transitoria de Decisión 2D de esta
Corporación desató el recurso extraordinario de súplica 11001-03-15-000-2000-06685-
00; (iii) del 30 de noviembre de 2022, dictada en segunda instancia en el expediente
11001-33-35-015-2017-00281-00/01 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C; (iv) del 2 de junio de 2023, mediante la cual el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección A, declaró improcedente la tutela 11001-03-15-
000-2023-01952-00; y (v) del 28 de julio de 2023, con la que la Sección Tercera,
Subsección C, de esta Colegiatura confirmó la sentencia del 2 de junio anterior.

La demandante sostuvo que las anteriores decisiones judiciales deben dejarse sin
efectos, pues es una persona de la tercera edad que padece de graves quebrantos de
salud y no recibe mesada alguna para sufragar sus necesidades básicas, las cuales
cubría en parte con ayuda de sus hijos y conocidos.

Que las providencias atacadas desconocieron las prerrogativas que le asistían como
compañera permanente del causante de la pensión. Que las mujeres con esa calidad
tienen derecho a ser beneficiarias en sustitución de las pensiones de sus parejas cuando
dependen económicamente de estas, en virtud del principio de igualdad, pues así aplica
para las mujeres casadas.

5. Intervenciones

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, adujo
que «compart[ía] la tesis de procedibilidad de la tutela», pues ello permitía demostrar que la
sentencia de 30 de noviembre de 2022, con la que decidió en segunda instancia la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho 11001-33-35-015-2017-00281-00/01,
se ajustaba al ordenamiento jurídico por atender las normas pertinentes y analizar en
debida forma las pruebas que allí obraban.

La UGPP pidió que se declarara improcedente la solicitud de amparo por no cumplir con
el requisito general de inmediatez, pues las sentencias cuestionadas se profirieron hace
más de 6 meses, lo que impedía efectuar un análisis de fondo de esas decisiones,
máxime cuando no se evidenciaba una situación de vulnerabilidad, pues la tutelante
devengaba una pensión de vejez, reconocida a través de Resolución 11414 del 3 de
junio de 2004.

Que no era dable sustituirle a la actora la pensión de invalidez del señor Carlos Jesús
Russi Fajardo, pues «ostenta la calidad de casada» con otra persona, de manera que las
decisiones administrativas y judiciales que le negaron la prestación no contrariaron el
sistema normativo.

El Juzgado 15 Administrativo de Bogotá solicitó que se denegaran las pretensiones de
la acción de tutela. Efectuó un recuento de las actuaciones surtidas en el proceso 11001-
33-35-015-2017-00281-00/01 y concluyó que no era posible atribuirle desconocimiento
de los derechos fundamentales invocados por la accionante.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05556-01
Demandante: Flor Teresa Rubio Colmenares

Las Subsecciones A y C de la Sección Tercera del Consejo de Estado guardaron
silencio, a pesar de que fueron notificados del auto admisorio de la acción de tutela de la
referencia.

6. Sentencia impugnada

El Consejo de Estado, Sección Quinta, mediante sentencia del 28 de noviembre de 2024,
declaró (i) la cosa juzgada constitucional sobre las providencias cuestionadas que fueron
dictadas en los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho 25000-23-25-000-
1997-43957-00/01 y 11001-33-35-015-2017-00281-00/01 y en el recurso extraordinario
de súplica 11001-03-15-000-2000-06685-00, dado que ya habían sido cuestionadas en
la acción de tutela 11001-03-15-000-2023-01952-00/01; e (ii) improcedente la tutela
respecto a los reproches expuestos contra la UGPP (por no satisfacer la exigencia de
subsidiariedad para el reconocimiento de la prestación) y de los dictados en la acción de
tutela 11001-03-15-000-2023-01952-00/01 por su naturaleza.

Que la demandante pedía que se dejaran sin efectos las providencias que decidieron en
segunda instancia los expedientes 25000-23-25-000-1997-43957-00/01 y 11001-33-35-
015-2017-00281-00/01 y el recurso extraordinario de súplica 11001-03-15-000-2000-
06685-00, sin embargo, ellas ya habían sido controvertidas en la tutela 11001-03-15-
000-2023-01952-00/01, decidida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
A, el 2 de junio de 2023, en el sentido de declararla improcedente4, por ende, se configuró
el fenómeno de la cosa juzgada constitucional.

Frente a las pretensiones planteadas en contra de la UGPP, sostuvo que no era dable
ordenar el reconocimiento de la sustitución pensional pretendida, dado que para ello el
ordenamiento jurídico preveía otro instrumento judicial, por ende, la tutela no cumplía el
requisito de subsidiariedad. Además, explicó que la solicitud de amparo tampoco era
procedente para cuestionar las sentencias dictadas en la acción de tutela 11001-03-15-
000-2023-01952-00/01, porque la jurisprudencia constitucional señala que mediante el
amparo no pueden cuestionarse fallos emitidos en trámites de la misma naturaleza.

7. Impugnación

La tutelante impugnó el fallo de primera instancia, al estimar que se debía emplear las
potestades ultra y extrapetita de las que goza el juez de tutela en aras de garantizar los
derechos fundamentales los cuales, dice, fueron vulnerados por las providencias
cuestionadas, puesto que en ellas no se tuvo en cuenta la situación de vulnerabilidad
manifiesta en la que se encuentra, pues además de ser una persona de la tercera edad,
padecía quebrantos de salud que hacían impostergable una decisión de fondo.

Que no aconteció la cosa juzgada respecto a la sentencia de segunda instancia emitida
en el proceso 11001-33-35-015-2017-00281-00/01, por cuanto «claro es que no son las
mismas mesadas pensionales, no son los mismos actos administrativos y los fundamentos
fácticos no son los mismos».

4 Sentencia confirmada el 28 de julio de 2023 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C.

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Demandante: Flor Teresa Rubio Colmenares

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si, en los términos de la impugnación, se debe
confirmar, modificar o revocar la sentencia de primera instancia, dictada por el Consejo
de Estado, Sección Quinta, que declaró (i) la cosa juzgada constitucional respecto de las
pretensiones relacionadas con las providencias dictadas en los procesos de nulidad y
restablecimiento del derecho 25000-23-25-000-1997-43957-00/01, 11001-33-35-015-
2017-00281-00/01 y en el recurso extraordinario de súplica 11001-03-15-000-2000-
06685-01, e (ii) improcedente la tutela para cuestionar los fallos que desataron la acción
de amparo 11001-03-15-000-2023-01952-00/01.

La Sala anticipa que su análisis se limitará a las providencias cuestionadas, comoquiera
que en la impugnación no se hizo mención a la improcedencia de la tutela decretada por
el a quo en relación con la UGPP. En ese orden de ideas, se confirmará el fallo
impugnado, pero en razón a que (i) se configura la temeridad respecto de las decisiones
censuradas emitidas en los expedientes 25000-23-25-000-1997-43957-00/01, 11001-03-
15-000-2000-06685-01 y 11001-33-35-015-2017-00281-00/01, y (ii) la tutela es
improcedente para cuestionar los fallos que decidieron el trámite constitucional 11001-
03-15-000-2023-01952-00/01 por no colmar la exigencia de inmediatez.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá: (i) a la actuación temeraria, (ii) la
inmediatez y, finalmente, (iii) al análisis del caso concreto.

2. La actuación temeraria

El artículo 385 del Decreto 2591 de 1991 establece que la actuación es temeraria cuando,
sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la
misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales. También señala que,
en ese caso, todas las solicitudes se rechazarán o decidirán desfavorablemente.

Es decir, en el trámite de una acción de tutela, la actuación temeraria se concreta en la
indebida utilización de este mecanismo de protección. Hay temeridad cuando existe (i)
identidad fáctica en relación con otra acción de tutela; (ii) identidad de demandante, en
cuanto la otra acción de tutela se presenta por la misma persona o su representante; (iii)
identidad del sujeto demandado, y (iv) falta de justificación para interponer la nueva
acción. Así lo establece la jurisprudencia de la Corte Constitucional6, que a la letra dice:
(i) La identidad de partes, es decir, que ambas acciones de tutela se dirijan contra el mismo
demandado y, a su vez, sean propuestas por el mismo sujeto en su condición de persona natural, ya
sea obrando a nombre propio o a través de apoderado judicial, o por la misma persona jurídica a través
de cualquiera de sus representantes legales;

(ii) La identidad de causa petendi, o lo que es lo mismo, que el ejercicio simultáneo o sucesivo de la
acción se fundamente en unos mismos hechos que le sirvan de causa;

5 Artículo 38. Actuación temeraria. Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea
presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán
desfavorablemente todas las solicitudes. El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela
respecto de los mismos hechos y derechos será sancionado con la suspensión de la tarjeta profesional al menos por
dos años. En caso de reincidencia, se le cancelará su tarjeta profesional, sin perjuicio de las demás sanciones a que
haya lugar.
6 Ver, entre otras, las sentencias T-067 de 2005, T-312 de 2006 y SU-713 de 2006.

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Demandante: Flor Teresa Rubio Colmenares

(iii) La identidad de objeto, esto es, que las demandas busquen la satisfacción de una misma
pretensión tutelar o el amparo de un mismo derecho fundamental;

(iv) Por último, y como se dijo anteriormente, a pesar de concurrir en un caso en concreto los tres (3)
primeros elementos que conducirían a rechazar la solicitud de tutela, el juez constitucional tiene la
obligación a través del desarrollo de un incidente dentro del mismo proceso tutelar, de excluir la
existencia de un argumento válido que permita convalidar la duplicidad en el ejercicio del derecho de
acción.

La figura de la temeridad censura la intención fraudulenta de la persona que ejerce
injustificadamente la misma tutela ante varios jueces. El fundamento de la norma que
sanciona la temeridad se encuentra en los artículos 83 y 95 de la Constitución Política, que,
por una parte, obligan a los particulares y a las autoridades públicas a actuar con base en el
principio de buena fe, y, por otra, imponen el deber de «respetar los derechos ajenos y no
abusar de los propios y colaborar en el buen funcionamiento de la administración de la justicia».

Según la Corte Constitucional, la temeridad, en últimas, «busca que en el curso de una
acción de tutela quienes intervengan como demandantes lo hagan con pulcritud y transparencia,
resultando descalificado cualquier intención de engaño hacia la autoridad pública»7.

3. La inmediatez

La inmediatez es un requisito de procedibilidad que el juez debe examinar, antes de
pasar al estudio de las causales específicas de tutela contra providencia judicial, con el
fin de determinar si la demanda se ha presentado de manera oportuna.

La inmediatez, en todo caso, no es un término de caducidad que limite el ejercicio de la
acción de la tutela. Es más bien un requisito que busca que la acción se presente en un
término razonable, esto es, desde el mismo momento en que el afectado tiene
conocimiento de la violación o amenaza de los derechos fundamentales. Justamente, la
exigencia tiene razón de ser porque la acción de tutela es un medio excepcional para la
protección pronta y eficaz de derechos fundamentales y, por ende, se espera que el
interesado la ejerza en un tiempo razonable y prudencial y sin demora.

Ese mismo entendimiento ha sido expuesto por la Corte Constitucional, que ha señalado
que debe existir un término razonable entre la ocurrencia de la vulneración o puesta en
riesgo de los derechos fundamentales del interesado y la presentación de la demanda8,
en la medida en que la naturaleza misma de este medio de defensa judicial no solo tiene
que ver con la urgencia, sino también con el respeto a la seguridad jurídica y a los
derechos de los terceros que pudieran resultar afectados.

Ahora, la Sala Plena de esta Corporación estableció que seis meses, contados a partir
de la notificación de la providencia judicial cuestionada, es un término razonable para
ejercer la acción de tutela, en consideración a «la naturaleza del acto jurisdiccional, los
plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios contra
las mismas, el derecho a la tutela judicial efectiva y la necesidad de que las situaciones jurídicas
resueltas logren certeza y estabilidad»9.

7 Sentencia T-507 de 2011.
8 Sentencia T- 123 de 2007.
9 Sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014. Ex. Nº 11001-03-15-000-2012-02201-01, demandante: Alpina

Productos Alimenticios S.A., C P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05556-01
Demandante: Flor Teresa Rubio Colmenares

4. Análisis el caso concreto

4.1 Temeridad

La Sala advierte que en el sub examine se presentan los elementos que dan lugar a la
configuración de la temeridad, pues la señora Flor Teresa Rubio Colmenares ya había
presentado ante el Consejo de Estado la tutela 11001-03-15-000-2023-01952-00/01 para
controvertir las providencias que decidieron los expedientes 25000-23-25-000-1997-
43957-00/01, 11001-03-15-000-2000-06685-01 y 11001-33-35-015-2017-00281-00/01.
De hecho, aquel asunto constitucional fue tramitado y decidido en primera y segunda
instancia por las Subsecciones A y C de la Sección Tercera de esta Corporación, en su
orden, en el sentido de declararla improcedente.

Pues bien, de la comparación de las acciones de tutela, encuentra la Sala lo siguiente:

Identidad de partes. En la presente demanda de tutela y en la 11001-03-15-000-2023-
01952-00/01 coinciden los extremos procesales, pues las 2 fueron presentadas por la
señora Flor Teresa Rubio Colmenares contra el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C.

Identidad fáctica. Tanto en la tutela que aquí se estudia como en la 11001-03-15-000-
2023-01952-00/01 se cuestionan las providencias que decidieron en segunda instancia
los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho 25000-23-25-000-1997-43957-
00/01 y 11001-33-35-015-2017-00281-00/01 y la providencia que desató el recurso
extraordinario de súplica 11001-03-15-000-2000-06685-01.

Identidad de objeto. En esencia, las pretensiones planteadas por la demandante en este
asunto constitucional coinciden con las del 11001-03-15-000-2023-01952-00/01, pues en
ambas cuestiona las providencias que decidieron en segunda instancia los procesos de
nulidad. En efecto, en las 2 tutelas la señora Flor Teresa Rubio Colmenares solicitó dejar
sin efectos las determinaciones judiciales emitidas en los expedientes 25000-23-25-000-
1997-43957-00/01, 11001-33-35-015-2017-00281-00/01 y 11001-03-15-000-2000-
06685-01, porque a su juicio vulneraban sus derechos fundamentales al negarle el
reconocimiento de la sustitución pensional que reclama y no atender su situación de
debilidad manifiesta.

Se encuentra, entonces, acreditada la identidad de partes, identidad fáctica e identidad
de objeto entre las demandas de tutela presentadas por la señora Flor Teresa Rubio
Colmenares, por lo tanto, está configurada la actuación temeraria, de ahí que se imponga
confirmar la sentencia impugnada sobre el particular, pues no expuso argumentos que
justifiquen la instauración de la tutela de la referencia.

En este punto, debe advertirse que la cosa juzgada constitucional se configura cuando
una tutela comparte identidad de partes, hechos y objeto con otra previamente decidida,
y la temeridad acontece cuando además de los referidos presupuestos, el demandante
no justifica en debida forma esa presentación múltiple de acciones de amparo, como
acontece en el sub lite, pues la señora Flor Teresa Rubio Colmenares no indicó los
motivos por los cuales instauró de la tutela de la referencia para controvertir las mismas
providencias que censuró en la tutela 11001-03-15-000-2023-01952-00/01 y tampoco se
evidencia que hayan acontecido situaciones fácticas posteriores a la emisión de la
providencia que desató en segunda instancia ese trámite constitucional.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05556-01
Demandante: Flor Teresa Rubio Colmenares

En ese orden de ideas, como la jurisprudencia constitucional10 ha señalado que la temeridad
se configura cuando además de concurrir identidad de partes, hechos y objeto entre acciones
de tutela, se constata la omisión justificar esa múltiple presentación de amparos
constitucionales, la Sala constata que en el sub lite, además de la cosa juzgada
constitucional aconteció ese fenómeno procesal.

4.2 Inmediatez

La señora Flor Teresa Rubio Colmenares también cuestiona los fallos de tutela (i) del 2
de junio de 2023, con el que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A,
declaró improcedente la acción 11001-03-15-000-2023-01952-00/01; y (ii) del 28 de julio
de 2023, con el que la Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación confirmó
la decisión inicial, con el argumento de que no tuvieron en cuenta que le asistía el derecho
de acceder a la sustitución de la pensión que devengaba su compañero permanente
Carlos Jesús Russi Fajardo (q. e. p. d.), en virtud del principio de igualdad, máxime
cuando se encontraba en una situación de vulnerabilidad manifiesta.

Para la Sala la acción de tutela no cumple el requisito general de inmediatez respecto de
los fallos aludidos en el párrafo precedente. En efecto, consultado el trámite constitucional
11001-03-15-000-2023-01952-00/01 se evidencia que la sentencia del 28 de julio de 2023
fue notificada el 14 de agosto siguiente, en atención al numeral 2 del artículo 20511 del
CPACA, ya que la comunicación electrónica se remitió el 8 del mismo mes y año,

Por su parte, la tutela fue presentada el 16 de noviembre de 202412, esto es, un año, un
año, 3 meses y 2 días después de notificarse el fallo de tutela de segunda instancia
cuestionado, término que supera el plazo límite previsto por la Sala Plena de esta
Corporación para formular el amparo constitucional contra providencias judiciales.

La Sala no desconoce que no siempre el simple transcurso del tiempo puede llevar al
juez a concluir que la tutela se ha presentado de forma tardía, toda vez que pueden existir
circunstancias especiales que no solo justifiquen que la acción de tutela no se haya
presentado en un término razonable, sino que demuestren que el hecho o la omisión que
vulnera los derechos fundamentales sean permanentes, persisten en el tiempo y hacen
que la violación sea siempre actual.

En los escritos de tutela e impugnación la actora afirma estar en una situación de
vulnerabilidad, porque es una persona de la tercera edad y padece de afecciones de
salud, no obstante, no acreditó que esas situaciones le hayan impedido promover la tutela
dentro de los seis (6) meses siguientes a la notificación de la providencia de tutela de
segunda instancia cuestionada.

Lo anterior es suficiente para que la Sala confirme la decisión de primera instancia que
declaró improcedente la solicitud de amparo en relación con los fallos de tutela
censurados, pero porque no colma la exigencia de la inmediatez.

En ese orden de ideas, la Sala evidencia que la tutela de la referencia (i) incurre en
temeridad respecto de las providencias cuestionadas emitidas en los expedientes 25000-
23-25-000-1997-43957-00/01, 11001-03-15-000-2000-06685-01 y 11001-33-35-015-

10 Sentencia T-407 de 2022, M. P. José Fernando Reyes Cuartas.
11 «La notificación electrónica de las providencias se someterá a las siguientes reglas:[…] 2. La notificación de la

providencia se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío del mensaje y los
términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación».
12 Índice 1 de Samai, bajo el radicado 11001-03-15-000-2024-05556-00.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05556-01
Demandante: Flor Teresa Rubio Colmenares

2017-00281-00/01, por cuanto ya las había reprochado en la tutela 11001-03-15-000-
2023-01952-00/01; y (ii) es improcedente en cuanto a las sentencias que decidieron este
trámite constitucional por no colmar la exigencia de inmediatez, motivo por el cual se
confirmará la sentencia impugnada, pero por las razones aquí expuestas.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. FALLA

1. Confirmar la sentencia impugnada, conforme a la parte motiva.

2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

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