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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05567-01

Fecha
7 de febrero de 2025
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05567-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 14 de noviembre de 2024, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado y, en su lugar, NEGAR el amparo constitucional presentado por la parte actora, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-05567-01

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

7 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., siete (7) de febrero de dos mil veinticinco (2025).

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05567-01

Accionante: VÍCTOR ALFONSO PRETEL GUTIÉRREZ

Accionado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTRO

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA POR VULNERACIÓN DEL DERECHO DE PETICIÓN – la
respuesta de las peticiones debe ser de fondo, por lo que esta tiene que ser clara, precisa,
congruente y consecuente / CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO
– se configura al haberse acreditado la comunicación de la respuesta de fondo a la petición.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Corresponde a la Sala resolver la impugnación interpuesta por la parte accionante
contra la sentencia del 14 de noviembre de 2024, mediante la cual la Sección Cuarta
del Consejo de Estado negó el amparo constitucional solicitado1.

I. A N T E C E D E N T E S

La demanda

1. El 16 de octubre de 2024, el señor Víctor Alfonso Pretel Gutiérrez presentó acción
de tutela en contra de la Presidencia de la República y el Alto Comisionado para la
Paz, al considerar vulnerado su derecho fundamental de petición.

Hechos relevantes

2. El 15 de noviembre de 2022 el Juzgado Séptimo Penal Municipal con Funciones
de Control de Garantías de Buenaventura ordenó la captura del accionante dentro
del proceso identificado con el radicado No. 76109-60-00-000-2021-0087-00, la cual
se llevó a cabo el 30 de septiembre de 2023 y fue legalizada el 1° de octubre de la
misma anualidad por el Juzgado Quinto Penal Municipal con Función de control de
Garantías de Buenaventura, quien impuso la medida de aseguramiento restrictiva
de la libertad en establecimiento carcelario.

1 Que ingresó para fallo el 18 de diciembre de 2024.

1

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05567-01
Accionante: Víctor Alfonso Pretel Gutiérrez
Accionado: Presidencia de la República y otro
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

3. A través de la Resolución 211 del 21 de julio de 2023, la Presidencia de la
República reconoció al demandante como vocero de la estructura armada
organizada de alto impacto “Los Espartanos”, para adelantar negociaciones con el
Gobierno Nacional en relación con la violencia en la zona de influencia de esa
organización en el municipio de Buenaventura.

4. El 11 de septiembre de 2024, el señor Pretel Gutiérrez, mediante escrito, le
solicitó a la Presidencia de la República y a la Oficina del Alto Comisionado para la
Paz que le fuese suspendida la medida de aseguramiento impuesta en su contra,
de conformidad con lo previsto en la Ley 2272 de 2022, por su condición de vocero
de paz, sin que a la fecha de la presentación de la demanda hubiese tenido
respuesta de las mencionadas entidades.

Pretensiones

5. La parte accionante solicita lo siguiente:

“PRIMERO: TUTELAR el derecho a la petición y, en consecuencia, ordenar a
los accionados a emitir respuesta frente a la solicitud.”.

Fundamentos de la demanda de tutela

6. La parte tutelante alega que toda actuación que inicie cualquier persona ante las
autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23
de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo y que la respuesta al
derecho de petición debe ser de fondo, clara y congruente con lo solicitado,
elementos esenciales que en su caso no se han respetado, dado que las entidades
accionadas no le respondieron su petición del 11 de septiembre de 2024.

Trámite en primera instancia

7. Mediante auto del 18 de octubre de 2024, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado admitió la tutela de la referencia y ordenó notificar al Departamento
Administrativo de la Presidencia y al Alto Comisionado para la Paz. De igual forma,
vinculó como tercero interesado en las resultas del proceso al Juzgado Quinto Penal
Municipal de Control de Garantías de Buenaventura.

8. El 31 de octubre de 2024, el accionante allegó memorial solicitando la vinculación
al proceso de la Fiscalía General de la Nación, la Fiscalía Segunda Especializada
de Buenaventura y la Fiscalía Cuarta Seccional de Buenaventura, al considerar que
el ente acusador no da aplicación a la Ley 2272 de 2022. Solicitud que fue negada
por el juzgador de tutela de primera instancia, en razón a que la pretensión de
amparo constitucional versa sobre la vulneración del derecho fundamental de
petición, sumado a que de los hechos descritos en la acción no dan cuenta de una
presunta vulneración atribuible a la Fiscalía.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05567-01
Accionante: Víctor Alfonso Pretel Gutiérrez
Accionado: Presidencia de la República y otro
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

Intervenciones

9. El Juzgado Quinto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías,
frente a las actuaciones adelantadas en el proceso con el radicado 76109-60-00-
000-2021-0087-00 indicó que, el 1° de octubre de 2023, le fue asignado por reparto
ese asunto para realizar la legalización de la captura por orden judicial, tramitar la
formulación de imputación y resolver la solicitud de medida de aseguramiento en
contra del señor Víctor Alfonso Pretel Gutiérrez.

10. Como consecuencia de lo anterior el despacho le impartió medida de
aseguramiento restrictiva de la libertad en establecimiento penitenciario al
accionante.

11. La Presidencia de la República solicitó que se negaran las pretensiones de la
demanda de tutela en razón a que, contrario a lo manifestado por el accionante, su
petición fue resuelta a través del oficio OFI24-00181975 / GFPU 13020000 del 25
de septiembre de 2024, en la que se le indicó que la consecuencia jurídica de la
designación como vocero es la suspensión de las órdenes de captura que se emitan
con posterior a esa designación, más no la suspensión de afectaciones a la libertad,
lo que evidenciaba que no había cometido ninguna omisión, por lo que afirmó que
no vulneró del derecho de petición de la parte actora.

12. De igual forma, precisó que allegaba como anexo la trazabilidad del documento
digital en el que constaba la remisión de la respuesta emitida al peticionario a las
direcciones electrónicas relacionados en el escrito radicado por el demandante,
atendiendo lo previsto en la Ley 2213 de 2022 que faculta este tipo de notificaciones.

La Oficina del Alto Comisionado para la Paz guardó silencio, pese a que se le
notificó del auto admisorio de la acción de tutela de la referencia.

La sentencia de primera instancia

13. Mediante sentencia del 14 de noviembre de 2024, la Sección Cuarta del Consejo
de Estado negó la solicitud de vinculación de la Fiscalía Segunda Especializada y
Cuarta Seccional de Buenaventura en el trámite constitucional; amparó el derecho
fundamental de petición del demandante y le ordenó a la Consejería Comisionada
de Paz de la Presidencia de la República que, dentro de las 48 horas siguientes a
la notificación de la decisión, le comunique al accionado el oficio OFI24-00181975 /
GFPU 13020000 del 25 de septiembre de 2024.

14. Indicó que el 11 de septiembre de 2024, el tutelante les solicitó a las autoridades
accionadas suspender la medida de detención en establecimiento carcelario, en
razón a su calidad de vocero de paz y en cumplimiento de la Ley 2272 de 2022, sin
obtener respuesta, según lo afirmado por el accionante. Al respecto precisó que, si
bien con la demanda no se allegó copia de la mencionada petición, en la
contestación remitida por la Presidencia de la República se reconoció que, en

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Accionante: Víctor Alfonso Pretel Gutiérrez
Accionado: Presidencia de la República y otro
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

efecto, esta fue presentada y respondida a través del oficio OFI24-00181975 / GFPU
13020000 del 25 de septiembre de 2024, para lo cual allegó un cuadro con la
trazabilidad del documento.

15. La Sala consideró que pese a lo señalado por la entidad accionada, en el
expediente no reposaba prueba alguna que permitiera inferir que se le notificó al
accionante el oficio OFI24-00181975 / GFPU 13020000; omisión de la que coligió
que se vulneró el derecho fundamental de petición, como quiera que el ejercicio de
esa prerrogativa involucra que la respuesta sea comunicada de manera efectiva.

La impugnación

16. La Presidencia de la República argumentó que la respuesta a la petición sí fue
comunicada oportunamente el 25 de septiembre de 2024 y como evidencia de ello
se allegó como anexo, junto con la contestación de la demanda, la trazabilidad de
los documentos relacionados con esa petición, por lo cual solicitó que se revocara
el fallo de primera instancia.

17. Además, expuso que el documento anexo denominado “Trazabilidad
Documento Digital” lo emite el sistema de gestión documental empleado por la
entidad, ESCRIBE, el cual emite una constancia que permite verificar el efectivo
envío de la contestación. Prueba que en el curso del proceso no fue tachada de
falsa, por lo que no comparte la decisión del a quo al no darle ninguna validez.

18. De igual forma, para acreditar el envío efectivo del oficio OFI24-00181975 /
GFPU 13020000 del 25 de septiembre de 2024 al accionante y atendiendo la
solicitud elevada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, señaló que se le
solicitó al área de sistemas de la entidad que evidenciara el trámite surtido respecto
de la petición en mención, por lo que esta dependencia emitió el certificado
CERT24-004580 / GFPU 13083000 del 27 de noviembre de 2024, el cual establece
el envío y recepción efectiva de la respuesta y anexa este documento.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

19. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela
es un mecanismo de defensa judicial al cual puede acudir toda persona para obtener
la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de las autoridades o de los
particulares en los casos que señale la ley.

20. Dentro de este contexto, en el caso sub examine, en la sentencia del 14 de
noviembre de 2024, la Sección Cuarta amparó el derecho de petición del accionado,
al considerar que no existía prueba de que la entidad demandada hubiese remitido
la comunicación de la respuesta a la solicitud presentada por la parte actora,
conclusión de cuestiona la Presidencia de la República, al afirmar que con la

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Accionante: Víctor Alfonso Pretel Gutiérrez
Accionado: Presidencia de la República y otro
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

contestación de la demanda de tutela se allegó prueba de la trazabilidad de esa
petición en la que se evidencia el envío de la respuesta y, de igual forma, para
reforzar este argumento, remitió un certificado emitido por la oficina de sistemas de
la entidad en el que se precisa el envío y recepción del documento en mención a la
cuenta de correo informada en el escrito presentado por el accionante.

21. Así las cosas, le corresponde a la Sala determinar si, en efecto, el oficio OFI24-
00181975 / GFPU 13020000 del 25 de septiembre de 2024 le fue comunicado al
tutelante y, en virtud ello, establecer si se le vulneró o no su derecho de petición.

22. En relación con el derecho de petición, resulta importante señalar que la Corte
Constitucional ha establecido sus elementos básicos, los cuales son los siguientes:

“De conformidad con el artículo 23 de la Constitución Política, toda persona
tiene derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades por
motivos de interés general o particular y a obtener una pronta resolución2. Esta
garantía permite asegurar la efectividad de otros derechos de rango legal o
constitucional, por lo que ha sido considerada por la jurisprudencia como un
derecho de tipo instrumental3, en tanto que es uno de los principales
mecanismos con los que cuenta la ciudadanía para exigir de las autoridades el
cumplimiento de sus deberes4. El núcleo de este derecho se encuentra en tres
elementos: (i) la posibilidad de formular la petición, (ii) la respuesta de fondo y
(iii) la resolución dentro del término legal respectivo.

El primer elemento buscar brindar a toda persona la garantía efectiva y cierta
de poder presentar solicitudes respetuosas ante las autoridades5, sin que se
puedan abstener de recibirlas y tramitarlas. El segundo elemento implica que el
destinatario de una solicitud debe resolver de fondo las peticiones interpuestas,
de forma clara, precisa y congruente. Y el tercer elemento refiere a que se debe

2 Cita del original: El derecho de petición también procede con carácter excepcional contra
organizaciones privadas, como lo señala el inciso 2° del mismo precepto constitucional, y lo
desarrolla, entre otras, el artículo 32 del CPACA.
3 Cita del original: En las sentencias C-748 de 2011 y T-167 de 2013, esta Corte manifestó que: “el
derecho de petición se considera también un derecho instrumental, puesto que es un vehículo que
permite y facilita el ejercicio de muchos otros derechos, tanto fundamentales como sin esa
connotación. Igualmente ha resaltado la Corte que esta garantía resulta esencial y determinante
como mecanismo de participación ciudadana, dentro de una democracia que se autodefine como
participativa”. En igual sentido, la sentencia C-951 de 2014 insistió en que “(…) esta Corporación se
ha pronunciado en incontables ocasiones sobre el derecho de petición. En esas oportunidades ha
resaltado la importancia de esa garantía para las personas, toda vez que se convierte en un derecho
instrumental que facilita la protección de otros derechos, como, por ejemplo, la participación
política, el acceso a la información y la libertad de expresión”. Énfasis conforme con el texto
original.
4 Cita del original. El derecho de petición, según la jurisprudencia constitucional, tiene una doble
finalidad. Así, por una parte, permite que los interesados formulen peticiones respetuosas a las
autoridades y, por la otra, garantiza una respuesta oportuna, eficaz, congruente y de fondo con lo
solicitado. Por tal motivo, la Corte ha indicado que, “(…) dentro de sus garantías[,] se encuentran (i)
la pronta resolución del mismo, es decir[,] que la respuesta debe entregarse dentro del término
legalmente establecido para ello; y (ii) la contestación debe ser clara y efectiva respecto de lo pedido,
de tal manera que permita al peticionario conocer la situación real de lo solicitado”. En este contexto,
este tribunal también ha sostenido que a este derecho se adscriben tres elementos de realización:
“(i) la posibilidad de formular la petición, (ii) la respuesta de fondo y (iii) la resolución dentro del
término legal y la consecuente notificación de la respuesta al peticionario”. Corte Constitucional,
sentencias T-376 de 2017, T-206 de 2018, entre otras.
5 Cita del original: Como ya se dijo, igualmente frente a los particulares en los casos establecidos
por la ley.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05567-01
Accionante: Víctor Alfonso Pretel Gutiérrez
Accionado: Presidencia de la República y otro
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

dar respuesta en el término legal establecido, incluyendo la obligación de
notificar la respuesta al peticionario de manera idónea y conforme con las
ritualidades previstas en la ley”6.

23. De igual forma, la Corte Constitucional7 ha indicado que existen unos
parámetros para determinar en qué casos las peticiones son resueltas de fondo. Lo
anterior en los siguientes términos:

“Respecto de la materialización de este derecho, las salas de revisión de la
Corte han delimitado los parámetros requeridos para entender que una petición
se resolvió de fondo. En efecto, se ha señalado que se cumple con la citada
obligación, cuando la respuesta es ‘(i) clara, esto es, inteligible y contentiva de
argumentos de fácil comprensión; (ii) precisa, de manera que atienda
directamente lo pedido sin reparar en información impertinente y sin incurrir en
fórmulas evasivas o elusivas; (iii) congruente, de suerte que abarque la materia
objeto de la petición y sea conforme con lo solicitado; y (iv) consecuente con
el trámite que se ha surtido, de manera que, si la respuesta se produce con
motivo de un derecho de petición [formulado] dentro de un procedimiento del
que conoce la autoridad de la cual el interesado requiere la información, no
basta con ofrecer una respuesta como si se tratara de una petición aislada o
[nueva], sino que, si resulta relevante, debe darse cuenta del trámite que se ha
surtido y de las razones por las cuales la petición resulta o no procedente”’8.

24. A su vez, a través de la sentencia SU 191 de 2022, la Sala Plena de la Corte
Constitucional señaló que este derecho puede ser vulnerado en dos escenarios.

“i) se evidencie que no se ha otorgado respuesta dentro del término legal
previsto para cada tipo de petición; o ii) en aquellos casos en los que, no
obstante haberse emitido la respuesta, la misma no puede ser calificada como
idónea o adecuada de acuerdo con la solicitud9, sin que esto último signifique
que la respuesta implique acceder, necesariamente, a lo requerido10”.

25. Así las cosas, después de revisar el expediente de tutela, se evidencia que no
existe copia de la solicitud presentada por el señor Víctor Alfonso Pretel Gutiérrez a
las entidades accionadas, en el sentido de requerirlas para que fuese suspendida
la medida de aseguramiento impuesta en su contra, de conformidad con lo previsto
en la Ley 2272 de 2022, por su condición de vocero de paz; sin embargo, la
Presidencia de la República reconoce la existencia de esta petición, la cual afirmó

6 Sentencia T 066 de 2024.
7 Ibidem.
8 Cita del original: Corte Constitucional, sentencias T-329 de 2021, T-206 de 2018, entre otros.
9 Cita del original: La jurisprudencia ha sido enfática en afirmar que no basta la mera existencia de
algún tipo de respuesta formal, sino que por el contrario es necesario que la autoridad o el particular
responda de manera exhaustiva y completa lo que se le solicita, sin que ello, como se ha reiterado
en múltiples ocasiones implique acceder a lo que el peticionario pretenda. Es decir, una respuesta
se entenderá como idónea o adecuada cuando sea oportuna, completa y debidamente notificada al
peticionario. Al respecto pueden consultarse, entre otras, las Sentencias T-249 de 2001, M.P. José
Gregorio Hernández Galindo; T-466 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, y T-814 de 2005,
M.P. Jaime Araujo Rentería.
10 Cita del original: Sentencias T-242 de 1993 M.P. José Gregorio Hernández Galindo; C-510 de
2004 M.P. Álvaro Tafur Galvis; T-867 de 2013 M.P. Alberto Rojas Ríos; C-951 de 2014 M.P. Martha
Victoria Sáchica Méndez; y T-058 de 2018 M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05567-01
Accionante: Víctor Alfonso Pretel Gutiérrez
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Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

haber respondido a través del oficio OFI24-00181975 / GFPU 13020000 del 25 de
septiembre de 2024, comunicado en la misma fecha al peticionario.

26. Con la contestación de la demanda de tutela, la Presidencia de la República
remitió copia del oficio OFI24-00181975 / GFPU 13020000 del 25 de septiembre de
2024 en el que se informó lo siguiente:

“De acuerdo con las directrices impartidas por el Señor Consejero Comisionado
de Paz, le informo que la figura de Gestor de Paz está reglamentada por la Ley
975 de 2005 y el Decreto 1175 de 2016, mientras que la figura de VOCERO de
una estructura armada organizada de crimen de alto impacto, se encuentra
reglamentada en el parágrafo 1, artículo 5 de la Ley 2272 de 2022.

Teniendo en cuenta lo anterior, y de acuerdo con las calidades del señor
VICTOR ALFONSO PRETEL GUTIERREZ identificado con cédula de
ciudadanía Nro. 1.111.748.329, reconocido como vocero mediante Resolución
211 de 2023, no es posible hacer trámite de su solicitud, puesto que la
consecuencia jurídica de la designación como vocero es la suspensión de las
órdenes de captura que se emitan con posterioridad a la designación, más no
la suspensión de afectaciones a la libertad.

(…)”.

27. De igual forma, se allegó un documento con la trazabilidad del trámite de la
petición, emitido por el sistema de gestión documental utilizado por la accionada,
para dar cuenta de la comunicación de la anterior respuesta. Esto de la siguiente
forma:

28. En relación con esta información, la Sección Cuarta del Consejo de Estado no
consideró suficiente el reporte generado por el sistema de gestión documental como
prueba de la comunicación de la respuesta a la petición presentada por el
accionante.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05567-01
Accionante: Víctor Alfonso Pretel Gutiérrez
Accionado: Presidencia de la República y otro
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

29. Ahora, en el trámite de la impugnación en contra de la sentencia de tutela de
primera instancia, además de los documentos remitidos como anexos junto con la
contestación de la demanda, la Presidencia de la República allegó un certificado de
la oficina de sistemas de esa entidad, CERT24-004580 / GFPU 13083000, del 27
de noviembre de 2024, en el que se informaba que, después de llevar a cabo la
revisión de los registros de LOG del correo electrónico, se dejaba constancia que la
respuesta había sido enviada desde el correo No_Responder@presidencia.gov.co,
el 25 de septiembre de 2024, a las 9:45:15, con el asunto: “EMAIL SOLICITUD DE
MEDIDA DE ASEGURAMIENTO VICTOR ALFONSO PRETEL GUTIÉRREZ
EXT24-00146494”, al correo tutelasnotificaicones20@gmail.com -buzón del
remitente de la petición- y que este mensaje se entregó exitosamente. Como
sustento de lo afirmado se anexó el respectivo registro.

30. Así las cosas, la Subsección considera que el contenido de la respuesta dada a
través del oficio OFI24-00181975 / GFPU 13020000 del 25 de septiembre de 2024
cumple con los parámetros para concluir que la petición presentada por el
accionante fue resuelta de fondo, al ser clara, precisa, congruente y consecuente,
en la medida en la que se le indicó al peticionario que no era posible tramitar la
suspensión de su medida de aseguramiento, después de diferenciar las
características de las figuras de los gestores de paz y de los voceros de estructuras
armadas, siendo aplicable para el caso del señor Pretel Gutiérrez, la consecuencia
jurídica de la suspensión de las órdenes de captura que se emitan con posterioridad
a la designación, más no la suspensión de afectaciones a la libertad vigentes.

31. De la misma manera, una vez revisado el documento de trazabilidad en el
trámite de la petición, complementado con el certificado emitido por la oficina de
sistemas de la entidad -que se aportó en trámite de la impugnación-, soportado en
el log de su correo electrónico, que da cuenta de los eventos relacionados con la
comunicación de la respuesta a la solicitud elevada por el tutelante, la Sala
determina que el oficio OFI24-00181975 / GFPU 13020000 le fue remitido al
peticionario el 25 de septiembre de 2024.

32. En ese orden de ideas, si la petición fue radicada el 11 de septiembre de 2024
y la respuesta fue comunicada el 25 del mismo mes y año, es claro para esta
instancia de impugnación que la Presidencia de la República no vulneró el derecho
fundamental de petición, como quiera que (i) el pronunciamiento de la entidad se
dio dentro del lapso de los quince (15) días de que trata el artículo 14 de la Ley 1755
de 2015, (ii) existe prueba idónea de que fue comunicada al peticionario y (iii)
constituye una manifestación que, a pesar de ser adversa a los intereses subjetivos
del accionante, es congruente y de fondo al sentido y alcance de la solicitud
planteada por la parte interesada.

33. Por consiguiente, la Sala revocará la decisión de primera instancia y en su lugar
negará el amparo del derecho fundamental de petición formulado por el accionante.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05567-01
Accionante: Víctor Alfonso Pretel Gutiérrez
Accionado: Presidencia de la República y otro
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 14 de noviembre de 2024, proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado y, en su lugar, NEGAR el amparo
constitucional presentado por la parte actora, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

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